Willian Rosa, presidente electo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (Gremio de los Fiscales)
El presidente electo de la Asociación
de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Willian Rosa, conversó con la diaria sobre el sentido de la justicia en la práctica cotidiana de la
Fiscalía, las desigualdades existentes entre los imputados, el margen de
discrecionalidad que puede tener un fiscal, la dinámica patológica de trabajo y
el rol del gremio en la mejora de las condiciones de trabajo de los fiscales.
Willian Rosa nació el 17 de noviembre
de 1987 en Paso Libindo, una localidad a unos 100 kilómetros de Tacuarembó y
100 kilómetros de Melo. Al decir de Rosa, “en el medio de la nada”. Tiene tres
hermanos por parte de madre y siete por parte de padre. Pasó su infancia
acompañando a su padre, peón rural, entre estancias y establecimientos rurales
y en una escuela que no superaba los 15 alumnos. Hasta 1996 no había visto un
partido de fútbol en la tele. Después de hacer el liceo en la ciudad de
Tacuarembó se fue a Montevideo para estudiar Derecho, se recibió a los 24 y a
los 25 ingresó en la Fiscalía, donde trabajó con el equipo del fiscal Rodrigo
Morosoli en Tacuarembó (2013-2015), en la fiscalía de Libertad (2015-2016), en
Las Piedras (2016-2017) y desde 2018 es fiscal adscripto en Montevideo, en la
fiscalía de Flagrancia de 3er Turno a cargo de Silvia Pérez.
El miércoles 22 de diciembre
resultó electo presidente de la AMFU para el período 2021-2022 con el apoyo de
148 fiscales de los 275 que participaron de la jornada electoral.
Para Rosa estar al frente del gremio implica “poner las manos y el cuerpo” sin
medir las consecuencias personales.
¿Por qué decidió
estudiar abogacía?
Crecí en un contexto muy pobre, donde
hay un montón de injusticias y pensé que siendo abogado podía luchar por la
justicia. Se me metió esa idea en la cabeza teniendo diez años e hice todo el
liceo pensando en eso, no tenía otra cosa en mente más que ser abogado. No
había visto un abogado ni por televisión. Ahora está más actualizado, pero
cuando yo era chico había un desfasaje con la llegada de la tecnología. El
primer partido de fútbol que vi por televisión fue de la Copa de
Confederaciones de 1996, en Las Toscas de Caraguatá, que es como el centro de
toda esa zona; me acuerdo de que estaban pasando el partido en un bar. En las
estancias donde íbamos con mi padre el patrón tenía televisión, agarraba la
televisión brasileña, porque es Tacuarembó pero más hacia el lado de Rivera.
Estar en ese lugar, a 100 kilómetros de una ciudad, te condiciona la forma en
la que te crías y en la que vivís todo.
¿Cómo ve ahora esa
posibilidad de hacer justicia a través de la abogacía?
Un 9 de mayo, que es el Día del
Abogado en Uruguay, estaba en la Fiscalía pensando en eso, y llegan a la
audiencia tres mujeres que había citado por una usurpación. Cuando las veo con
los hijos en la falda y les fui a tomar la declaración me desarmé. Venía
preparado para decirles que hay una persona con derecho de propiedad y que se
metieron de forma inapropiada. Cuando les digo eso me dicen “tiene razón,
doctor”. La reflexión que me queda es esa, la de tener razón, la de actuar
ajustado a derecho, pero que no sea justo. Eran tres mujeres con sus hijos que
se estaban quedando en la calle. Esas cosas muchas veces te dan un cimbronazo y
te interpelan todo el tiempo sobre qué es lo que estamos haciendo. Yo estoy
trabajando con la doctora Silvia Pérez, que es mi jefa en Montevideo, y ella
siempre me dice que a veces uno se pone piedeletrista, pero tiene que tener,
desde su rol, un enfoque que tenga un resultado justo, procurar la justicia
desde el lugar que uno tiene. Por más que tenga que ceñirse a lo que dice la
ley, uno tiene una discrecionalidad, y dentro de esa discrecionalidad tiene que
buscar que exista justicia, pensar en las víctimas, que el castigo que reciba
una persona por el delito sea proporcional al daño que cometió. Esos enfoques
siempre tienen que estar, recurrir a lo que pensaba antes, cuando tenía un
ideal, y ajustarlo dentro de lo posible a su actualidad.
La ley también
tiene su legitimidad, si lo vemos como lo que la sociedad consensuó.
Pienso que la inmensa mayoría de las
leyes son totalmente ajustadas, después hay otras leyes que son dadas porque
determinados representantes elegidos por la sociedad consideraron que eso es lo
más oportuno y ese consenso es lo que se vuelca. Nosotros, como operadores
jurídicos, tenemos que cumplir ese mandato. Lo que tiene la ley es que
establece parámetros que no son un silogismo perfecto, que dado A y B tenés que
concluir C. Las premisas tienen determinada permeabilidad y a veces uno,
poniéndole un toque de equidad o de justicia, va a lograr cumplir con la ley y
ser más justo en el dictamen.
¿Recuerda algún
otro caso en que haya tenido ese sentimiento?
Hay muchos casos en los que se
criminaliza la pobreza. A veces uno se pone mal porque tenés una banda que
comete rapiñas y son tipos expertos y no los podés agarrar, y tenés todos los
días adictos a la pasta base que roban un cajón o algo en un supermercado y los
tenés filmados, tenés todas las pruebas, y son personas adictas. A veces tenés
que terminar dictaminando que esa persona sea formalizada, y pensás que tenés
que formalizarla, cuando sería importante para la lucha contra la delincuencia
agarrar a una banda que hace rapiñas, que amenaza gente, que lastima. A veces
el daño que provocan es muchísimo mayor y no podemos contar con los elementos
para formalizarlos; tenés las personas ahí, sentís que son las responsables
pero no tenés las evidencias y tenés que darles la libertad, eso también te
pone mal; cómo ante una persona que tiene menos recursos y posibilidades parece
más fácil aplicar la ley, que con otra que tiene más recursos. Si bien eso no
te condiciona en tu accionar, porque es la función de uno y nos pagan el sueldo
para actuar, por dentro te mueve.
Las condiciones de
las cárceles deben influir en ese sentimiento sobre las decisiones que uno
toma.
Cuando te toca zona 1, que es la que
tiene las cárceles, ves lo que pasa adentro: las violencias, las vulneraciones
de todos los derechos de la persona, es muy shockeante. Cuando vos decís
“bueno, firmá este abreviado” y la persona se va seis meses a la cárcel,
siempre hay que tomarse el momento para pensar. A veces en la vorágine del
trabajo, cuando tenés diez detenidos, es como una picadora de carne. Hay que
tomarse el tiempo para reflexionar, pensar que uno le está proponiendo a
alguien un acuerdo que después termina en que esa persona sea derivada a ese
lugar, eso también es muy movilizador. Hay que tratar de lograr la pena justa,
no ensañarse con una persona, y tener en cuenta a dónde está siendo derivada y
qué consecuencias puede tener eso. Uno está acá para cumplir un rol y lo hace,
pero tener presente esas cosas ayudan a hacerlo mejor.
Pensando en los
acuerdos abreviados en que ha participado, ¿en alguno sintió que el imputado
estaba confesando algo que no había hecho?
No. Hay muchos imputados que utilizan
esa herramienta, dicen “yo voy a agarrar esto porque me quiero ir”, y yo en ese
momento les digo “usted no acepte nada que no cometió”, y ahí enseguida me
dicen “fui yo”. En ese tire y afloje, a veces uno no tiene más elementos y
termina desistiendo de la pretensión. Que alguien haya firmado el acuerdo y que
no fuera, creo que es una tranquilidad que la inmensa mayoría de los fiscales
podemos tener. Después uno sabe cómo es la dinámica y es más fácil saber cuándo
una persona te está diciendo la verdad o te está forzando a conseguir más
evidencia. Hay fiscales que tienen muchísima trayectoria, como Juan Gómez, y la
experiencia te va dando insumos que no son tan jurídicos, sino más bien que
vienen de haber trabajado, y uno los va aprendiendo.
Se recibió a los
24, se tomó en serio los estudios.
Cuando uno viene de un contexto muy
desfavorable no puede darse el lujo de tomarse un año sabático. Siempre lo
pensé como tener una meta. Vine a Montevideo, estuve en el hogar universitario
de Tacuarembó, que es una beca, tenía la beca del comedor universitario, que
también era una beca de boletos, y la beca del Fondo de Solidaridad. Para
mantenerla teníamos que tener determinado rendimiento y eso es una doble
motivación: por un lado, está la meta de hacer la carrera y, por el otro, esa
condición que uno tiene que si pierde las becas es imposible. Sin esas becas
hoy yo no sería abogado, ni fiscal, ni nada por el estilo.
También se dedica a
la escritura.
Es un hobby constante y paralelo; lo
que escribo lo publico en Instagram, y publiqué un libro a finales de 2017 que
se llama La breve vida del hombre nuevo, que es una
novela, y tiene unos cuentos. Lo publiqué para darme ese gusto y superó las
expectativas que tenía.
En la Comisión Directiva, cuando hay
que enviar una nota al fiscal de Corte, me dicen “dale, vos, que sos escritor”,
saben que en una hora voy a tener un bosquejo de algo.
¿Cómo juega lo
gremial en la carrera personal? Porque uno puede pensar que si se enfrenta a
las autoridades de Fiscalía después puede perder oportunidades.
Si uno se pone a reparar en eso no le
entra a lo gremial. Yo empecé en 2015 en la Comisión Directiva, como adscripto.
Al tiempo se dio la renuncia de Juan Gomez y quedó Gustavo Zubía. A mí me
nombraron como secretario, como para tener un poco de equilibrio entre el
perfil del doctor Zubía, que era bastante combativo respecto de la figura del
fiscal de Corte. Ahí se generó un enfrentamiento natural entre la asociación y
la Fiscalía de Corte, que es la jerarquía. Más allá de que uno piensa que no va
a ser perjudicado, siempre se da ese momento en que uno piensa en eso, que si va
a pedir un traslado capaz que no lo tienen tanto en cuenta como si no tuviera
esa confrontación, pero ese pensamiento yo me lo anulo inmediatamente, porque
lo gremial hay que hacerlo y tiene que haber personas que defiendan los
intereses del colectivo, y esas personas no pueden estar reparando si sí o si
no, temblándole el pulso de si actuar o no actuar por las consecuencias que
pueda tener. Después que uno asume la responsabilidad, tiene que poner las
manos y el cuerpo, y lo que tenga que ser será. Desde el momento en que hice el
quiebre las consecuencias no importan, la situación lo amerita.
Al estar en Montevideo, en una
fiscalía de Flagrancia, uno no tiene tanta exigencia como los compañeros que
son titulares o que son fiscales en fiscalías especializadas o fiscalías del
interior. Uno tiene que tener en cuenta que si tiene un margen más de poder
actuar en lo gremial tiene que agarrar la posta y jugársela. La presidenta,
Mirta Morales, tenía un compromiso tremendo con lo gremial pero estaba al
frente de la Fiscalía de Homicidios y se complica amalgamar las dos tareas. Por
eso está bueno remangarse y tratar de luchar por las condiciones laborales de
los fiscales.
¿Qué es lo más
urgente a resolver en las condiciones laborales de los fiscales?
Creo que son esas dinámicas de
trabajo extenuantes que se dan en los turnos únicos en sedes que son
complicadas por la cantidad de casos, por la complejidad o porque son de
frontera. El nuevo código impone también investigación, flagrancia, juicios,
toda esa dinámica con los fiscales como corriendo siempre detrás de la
urgencia. Lo más urgente es el diseño de todo eso, la posibilidad de
reacondicionarlo, porque está repercutiendo en la salud, sobre todo en la salud
emocional, de los fiscales. Son cosas que tenés que atender en todo momento,
por lo que no te permite descansar, ni tener un poco de tiempo para reflexionar
sobre la tarea. Hubo defectos de implementación en la organización interna, lo
dijimos desde que está el nuevo código. Otro problema son los recursos, pues no
se ha dotado a la Fiscalía de infraestructura, sobre todo de recursos humanos y
de infraestructura para llevar adelante esta tarea: con la cantidad de fiscales
y fiscalías suficientes, con fiscales suplentes, con infraestructura edilicia,
con edificios aptos para llevar adelante la tarea de la investigación
preliminar. La criminalidad apunta también a que la integridad física de los
fiscales esté corriendo peligro, y no se previeron los recursos para que en
cada sede haya un circuito de cámaras, un custodio que este todo el tiempo en
que esté actuando la fiscalía. Todas esas son previsiones que no se hicieron y
que pesan a la hora de llevar adelante la función. Son presiones laborales. Uno
ve que los números [de imputaciones] van creciendo, pero esos números crecen a
costa del esfuerzo de los fiscales, en esa dinámica patológica de trabajo.
¿Por qué cree que
el presupuesto de Fiscalía está congelado desde hace cinco años?
Son decisiones del sistema político
que impactan directamente en el trabajo de los fiscales e impactan
institucionalmente en la Fiscalía, por eso nosotros hemos ido a reclamar lo que
corresponde. Lo que pasa es que si después lo que se ve es que la Fiscalía
tiene una eficiencia de números, parece como que todo funciona. Si ves los
recursos humanos y las condiciones en las que se logra esa eficiencia de
números, ahí te das cuenta de que se necesita una inyección y un rediseño en la
forma en la que se está llevando adelante la tarea.
Hay pedidos, como
el de la eliminación de los turnos únicos, que ni siquiera llegaron a
discutirse.
Eso se viene proponiendo desde que
está el nuevo código, lo propusimos en el presupuesto y ni siquiera fue
analizado, lo mismo con los cargos letrados suplentes. Hay dinámicas dentro de
la organización que después terminan como el caso de la Fiscalía de Artigas,
donde hay una fiscal adscripta a cargo de un turno, cuando tendría que haber
tres fiscales. Esa persona está llevando adelante toda la actividad de la
Fiscalía, estando de turno, con los casos en curso y las investigaciones.
¿Cuándo se va a solucionar? ¿Dónde está el trámite de las venias para hacer las
gestiones? Y ahí uno piensa: “Apuren porque esto porque no es saludable”. Lo
mismo cuando en un turno único falta un titular o un fiscal adscripto, eso
repercute enormemente, porque los funcionarios que quedan no pueden tomarse
licencia, ni tener días libres, ni descanso 30 días al mes.
¿Qué evaluación
hace del proceso electoral?
Yo puedo ser presidente porque hubo
un cambio de estatutos que igualó a todos los fiscales dentro del gremio, que
era una reivindicación que veníamos haciendo. Dentro del gremio los fiscales
tenían determinadas castas, lo que era incompatible con la dinámica gremial, y
se reformó el estatuto para que todos los asociados puedan ser electores y
elegibles. Eso fue fundamental porque por más que yo tuviera la trayectoria que
tuviera, si no era fiscal de Montevideo no podía estar al frente del sindicato.
Raúl Iglesias (quién lideró la segunda lista más votada) en el momento que se
postuló no era fiscal de Montevideo, era fiscal departamental. Que se haya
podido hacer el voto electrónico le dio accesibilidad para que cualquier fiscal
desde cualquier lugar del país pudiera votar. Eso democratizó, y la
participación es una muestra de eso. De 299 habilitados votaron 275 personas,
casi 90%. Las dos listas que estamos en la Comisión tenemos un fin común,
queremos mejorar las condiciones de todos los compañeros, y para eso el trabajo
tiene que ser mancomunado.
(Fuente: La Diaria ,26 de diciembre de 2020.Escrbe: Pablo Manuel
Méndez.El titulo y el primer párrafo fueron adaptados, sin cambiar
su contenido)
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