Es lo mismo, pero no es igual
31 • ene. •
2018 | Escribe: Hugo
Barretto Ghione en Nacional
La
movilización de productores rurales “autoconvocados”, que en estos días ocupa
parte de la atención de los medios de comunicación, los gremios y el gobierno,
parece por momentos sumida en cierta acumulación de objetivos o reclamos de
distinta índole que conviene discernir. Desde una parte de los sectores
involucrados se ha tratado de centrar la cuestión en el discurso sobre la falta
de rentabilidad y lo gravoso de la carga impositiva, pero esos postulados que
pretenden ordenar y racionalizar la plataforma coexisten con propuestas y
puntos de vista que, amplificados por el uso de las redes sociales –esa especie
de asamblea virtual de gremialistas–, permiten conocer con más detalle y
profundidad las mentalidades y las concepciones de fondo que emergen con
llaneza casi naíf.
Aparece así
una panoplia de referencias críticas a las políticas sociales que implementa el
gobierno dicha de la peor manera –por su tono discriminador a los
beneficiarios–, y hasta no ha faltado la explicitación de prejuicios hacia los
inmigrantes de origen centroamericano radicados recientemente, que se parecen
demasiado a las posiciones formuladas por ciertas corrientes ideológicas
europeas ultranacionalistas. Lo caricaturesco de estas expresiones, que mueven
más bien a la risa y el olvido, no debe ocultar que su irrupción en la sociedad
uruguaya, tan liberal y pluralista como parece, deja desnuda la eventual
existencia de resabios del pasado en sectores de la población mayormente
apoyados en sus reclamos por los partidos de la oposición.
En estas
múltiples derivaciones que presenta la reacción de parte de los productores
figura una que merece un comentario con particular detenimiento. Se trata de la
propuesta, que en algún momento se hizo valer en las asambleas de productores,
de hacer piquetes en la vía pública. A juicio de esos gremialistas, se estaría
ante una acción similar a la que efectúan –esporádicamente, porque no son
habituales, contra todo lo que parece– las organizaciones sindicales en ocasión
de la huelga.
Si bien la
ejecución de la medida por los productores no se materializó y al parecer la
idea ha perdido entidad –pese a que no queda claro el alcance que tiene la
“vigilia” que se anuncia–, no conviene dejar de advertir este acto de verdadera
prestidigitación que hace que una medida típica de resistencia y lucha de los
asalariados pase a manos de los propietarios o empleadores.
Hay, por
parte de quienes sostienen esta posibilidad, una incomprensión básica de la
finalidad que se les reconoce a las distintas organizaciones sociales o
intermedias y de las reglas que regulan su funcionamiento. En principio, debe
concordarse en que es elemental para el sistema democrático contar con la
existencia de organizaciones intermedias entre el individuo y el Estado, de
modo que por medio de ellas el ciudadano pueda postular y defender los derechos
e intereses que tiene como participante de ciertos colectivos no solamente
gremiales y sindicales, sino también religiosos, ambientales, regionales,
mutuales, etcétera. En el marco de la legalidad, esas organizaciones
contribuyen a dotar a la persona de un sentido muy fuerte de pertenencia e
identidad con su entorno más inmediato, y, sin recaer en corporativismo alguno,
aportan dinamismo y una forma genuina de representación sectorial.
https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/1/es-lo-mismo-pero-no-es-igual/#_=_
Una mirada
muy lineal podría llevar a sostener que las distintas organizaciones, como
pueden ser los productores (palabra que funciona como sinónimo de “empleadores”
o “empresarios”) y los sindicatos, cuentan con instrumentos similares para
patrocinar y sostener sus aspiraciones. Así, en la superficie, parece lo mismo
un piquete aplicado por los productores/ empresarios en una ruta que uno
implementado por empleados sindicalizados en la puerta de la planta industrial.
Efectivamente,
es “lo mismo” si lo vemos desde el plano de la actividad que desarrollan: los activistas
en uno y otro caso ocupan el espacio público e informan en general acerca de
sus reivindicaciones, e incluso pueden, como dice el Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con las
organizaciones de trabajadores, “incitar abierta, pero pacíficamente, a los
demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo”, aunque sin obstaculizar
de ningún modo su ingreso. En este margen, el piquete “no puede ser considerado
como acción ilegítima”, dice la OIT.
Hasta aquí
el dato objetivo: observado el fenómeno en su facticidad y sin otra
consideración, es “lo mismo” una movilización o piquete en tanto lo ejecute un
sindicato o una gremial u organización de empleadores autoconvocados.
Pero siendo
lo mismo, no es igual
En todos los
casos, la OIT ha estimado que el piquete es una modalidad de la huelga, sujeta
en consecuencia al marco normativo que corresponda en cada país y en las
condiciones que establecen sus pronunciamientos. Pero el organismo no hace
referencia alguna a las acciones gremiales que pueden patrocinar las
organizaciones de empleadores, como son los productores.
Hay una
razón de fondo que explica que no deben recibir el mismo tratamiento una
movilización de sindicatos que una de productores/empleadores, como la que se
ha planteado en estos días. Para ello debe repararse en la finalidad específica
de los sindicatos y del tipo de representación que ejercen: constituyen una
asociación de quienes deben comprometer su trabajo a favor de otro para obtener
su sustento, y por esa circunstancia ocupan una posición de subordinación en el
plano económico que los hace individualmente vulnerables frente a las
imposiciones de condiciones de trabajo y medidas disciplinarias que pueda
aplicar quien está ubicado en una posición de empleador.
Toda la
estructura legal montada “a favor” del trabajador –fijación de salarios
mínimos, limitación horaria y, en lo que hace al tema de hoy, libertad sindical
y medidas de acción gremial– tiene como fundamento último esa radical diferenciación
entre los sujetos que trabajan de manera subordinada y los que revisten como
empleadores, acordando a los primeros una especie de “contrapoder” de tipo
colectivo de reconocimiento constitucional e internacional como derecho
fundamental.
Como contrapartida
de esa diferenciación económica, social y, en ocasiones, cultural, el Estado
constitucional en todas partes ha reconocido instrumentos de presión –como la
huelga en todas sus modalidades, que incluye movilizaciones y piquetes
pacíficos– que no pueden ser transpuestos mecánicamente a otros colectivos
sociales, como las organizaciones de productores, sean prósperos o estén en
crisis. Esos medios de acción gremial propios de los sindicatos no han sido
graciosamente obsequiados por el aparato jurídico, sino que debieron ser
trabajosamente conquistados en uno de los capítulos más dignificantes de la
historia social contemporánea. Son instrumentos de autodefensa laboral en pugna
con la mercantilización del trabajo.
El Estado
social del siglo XX, a partir de las constituciones de Querétaro (1917) y
Weimar (1919), y, en nuestro caso, la Constitución de 1934, quebró la igualdad
formal de todos los ciudadanos cuando reconoció ciertos derechos –la libertad
sindical, fundamentalmente– a favor de quienes, siendo iguales en el plano
civil y político, debían en el orden económico trabajar de manera subordinada y
ponerse a la orden y bajo el poder del empleador.
Por ello no
tiene nada de transgresor al orden institucional la realización de huelgas y
piquetes por trabajadores dentro del marco normativo vigente, y, en cambio, la
realización de piquetes por empresarios/ productores debe ser medida con un
rasero distinto, mucho más riguroso. No tienen necesidad alguna de
compensación, porque el poder económico que ostentan es suficiente y muchas
veces exorbitante.
El
desconocimiento supino tanto del dato social esencial, como es la posición
“subalterna” del trabajador en la producción y en el mercado, como de la
especificidad que por esa causa se le reconoce para la protección y la garantía
de sus derechos en el constitucionalismo social moderno, provoca la confusión
de la que adolecen quienes entienden que los medios de acción gremial deben ser
“iguales” para “todos”, sean trabajadores o empleadores.
Ubicados en
esta racionalidad, poco importa si concurren a sus asambleas y movilizaciones
en 4 x 4, como se ha ironizado. Podrían ir a pie, y nada cambiaría. Pero si
vamos a hablar de igualdad con los trabajadores deberíamos empezar por otro
lado, que no parece ser el favorito de los autoconvocados.
Sobre el autor
Barreto es
profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad
de la República
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