Fiscales desbordados, sospechosos procedimientos técnicos, casos nunca aclarados, cifras engañosas. Circunstancias que se atraviesan cuando se intenta averiguar en qué concluyen los homicidios perpetrados por la Policía.
El Cacun corrió descalzo hasta donde
pudo. Le acertaron cuatro tiros en el camino. En el jean oscuro
quedaron las perforaciones de entrada y de salida de dos balazos a la altura de
los muslos. Un disparo le alcanzó la zona escapular y otro la yugular por el
costado derecho del cuello. Iba sin remera porque era verano. Cuatro policías
de particular lo habían perseguido algunas cuadras, disparándole en el
trayecto. En el parte dijeron que un rato antes habían visto al perseguido (y a
otros tres) conduciendo un Volkswagen Bora negro. Dijeron también que, al
advertir la presencia de la Policía, los ocupantes se perdieron de vista,
disparando desde el vehículo. Al Cacun –que se llamaba Javier Pérez y tenía 21
años– lo ubicaron luego, después de descubrir el Bora estacionado en una
vivienda de la zona. El parte dice que lo persiguieron «pie a tierra» con
«intercambio de disparos», hasta que se desvaneció a los pocos metros. Los
propios policías, que pertenecían a la Zona Operacional IV, se encargaron de
llevarlo hasta el hospital en el mismo automóvil que había participado de la
persecución inicial. No permitieron que ingresaran acompañantes. En el Saint
Bois no fue posible reanimarlo. El episodio ocurrió el 17 de enero de 2018,
sobre las 21 horas, en una zona de pasajes estrechos del barrio Lezica. Hasta
ahora no había sido relatado.
La Policía Científica encontró dos
armas en el Bora. El auto, además, tenía un orificio de proyectil en el
paragolpes. En la guantera había una estampita de la virgen María, unas cuantas
monedas de diez, pendrives con música, un cepillo de dientes,
preservativos y un frasco de aceite para motos. El vehículo que habían
utilizado los policías, en cambio, solo pudo ser periciado en la sede de Zona
IV (en Santín Carlos Rossi), porque –se supone– hasta ahí fue llevado después
de dejar el cuerpo en el hospital. Le ubicaron un orificio de disparo en el capó.
«En su interior no se ubican más indicios de interés para este equipo», dejaron
escrito los de Policía Científica. Los peritos balísticos, por su parte,
determinaron que solo una de las armas halladas en el Bora había sido
utilizada. Afirmaron que las cuatro armas de los policías tenían indicios de
haber sido disparadas ese día.
Hubo varios testigos. Todos dicen
–básicamente– que Javier fue acribillado. Dicen también que quienes intentaron
socorrerlo fueron agredidos brutalmente; que los policías lo llevaron «a
patadas al hospital» y que la Policía Científica nunca fue a inspeccionar el
lugar. Dos meses después del episodio, uno de los testigos le dijo al fiscal
Juan Gómez en audiencia: «La Técnica [Policía Científica] nunca fue ahí. Yo
tengo en mi casa 22 cápsulas guardadas, que juntamos con los vecinos, que si
usted me da la oportunidad de traerlas, se las traigo». Otro declaró: «El Cacun
no era un santo, pero tampoco era un asesino ni un violador. Lo mataron como a
un bicho porque ese día no quiso parar». A continuación, aseguró haber
escuchado al joven decir, meses antes, que agentes de particular de la Zona IV
estaban cobrando «pases» y obligaban a los delincuentes del barrio a compartir
el botín. «Sospecho que, por la manera en que lo mataron, la Policía le quiso
tapar la boca», concluyó.
A la pregunta insistente de un
testigo acerca de por qué no fue la Policía Científica al lugar de la muerte,
el fiscal Gómez –el segundo en intervenir en el caso– contestó, desorientado:
«Mire, usted no me conoce. Pero esta fiscalía no esconde nada. Yo no intervine
al inicio del caso, si hubiera intervenido, quizás habría adoptado otro tipo de
medidas. Ahora es tarde. Me extraña que no haya ido la Técnica, me extraña que
usted tenga los casquillos y que ningún policía se haya encargado de
levantarlos. Para mí todo es extraño». Y preguntó: «¿Usted se compromete a
agregar las cápsulas que tiene a los efectos de que sean analizadas?». Y las
cápsulas llegaron. El 26 de agosto de 2019 –un año y ocho meses después de lo
ocurrido–, un informe del Departamento de Policía Forense determinó que las 21
vainas recogidas por los vecinos salieron de las armas de los cuatro policías.
En 2018, el caso de Pérez era uno más
del montón. En ese momento, nadie sabía que la Zona IV era un nido de
corrupción. La banda de policías que operaba en esa jurisdicción fue
desbaratada por una investigación de la fiscal de Rosario, Ana Laura Roses, a
mediados de 2019 (véase «El salvaje Oeste», Brecha,
7-VI-19). Roses formalizó la acusación contra seis integrantes de Zona IV por
extorsión, abuso de funciones, privación de libertad, peculado y asociación
para delinquir. Entre ellos, uno de los agentes que disparó contra Pérez en
Lezica aquella noche. Sin conocer la investigación de Roses, en una de las
audiencias con Gómez, uno de los testigos del caso de Pérez dijo el nombre
completo del policía en cuestión y lo señaló como el líder del grupo de
perseguidores. Hasta el día de hoy, sin embargo, la fiscalía no ha vinculado
los casos. La muerte de Pérez sigue sin aclararse.
PERDÍ LOS PASOS
Justo es decir que otras
contingencias intervinieron. En aquel momento, hacía pocos meses que había
entrado en vigencia el Nuevo Código del Proceso Penal y Gómez tenía pendientes
de resolución más de 500 casos. La segunda fiscalía de homicidios fue creada recién
a fines de 2018, a cargo de Mirta Morales. Desde mayo de 2020, el fiscal no
investiga más, pues ahora se desempeña como adjunto al fiscal de Corte y los
casos que tenía a cargo pasaron a la jurisdicción de la fiscal Adriana Edelman
(incluso el de Pérez).
Al consultarle sobre los resultados
de las investigaciones de los casos de homicidios que involucran a policías,
Gómez resumió: «Yo le diría que, en la enorme mayoría de los casos, la Policía
actuó conforme a la norma. En casos contados con los dedos hubo excesos y
fueron sancionados. Y algunos otros están en investigación. Pero en la mayoría,
en una apreciación provisoria, la actuación estuvo dentro de los parámetros
legales. Es decir, de defensa de su vida o de defensa de la vida de terceros.
Pero en una apreciación provisoria, porque muchos se siguen investigando». El
fiscal señaló que, a su entender, no existen dificultades particulares en la
investigación de este tipo de hechos: «Hay un cúmulo enorme de trabajo de la
Policía Científica, que tiene que atender no solo esos casos, sino levantar
huellas en un hurto, hacer pericias en accidentes, atender otras competencias.
Son variadas las causas por las cuales puede demorarse una investigación. Y
también, claro, el exceso de trabajo de los fiscales. Es todo una cadena, hay
que estar en el baile para saber lo que es. A mí me gustaba bailar, pero ya
hasta los pasos perdí».
LA MOSQUETA
Los abatidos –esas figuras elusivas
de la crónica roja– esconden muchas historias que no han sido debidamente
contadas. Episodios intrincados como el de Lezica no son la regla, pero son
bastante frecuentes. No existen datos públicos, certeros, respecto a las
muertes violentas ocurridas por intervención de la Policía en Uruguay. El
Ministerio del Interior (MI) produce dos tipos de datos al respecto. Por un
lado, el Centro de Comando Unificado recopila información «en caliente» a
través de las distintas seccionales en todo el país, datos que son de utilidad
para el trabajo policial de corto plazo. Por su parte, el Observatorio sobre
Violencia y Criminalidad analiza los casos con algo más de profundidad. Por esa
razón la información «policial» y la información «técnica» pueden incluso
diferir. Pero, en todo caso, ninguna de estas informaciones suelen hacerse
públicas. El observatorio no publica el número de homicidios cometidos por
policías en sus informes oficiales. Adopta, para ello, un criterio particular:
asume como homicidios solamente los casos en los que la Justicia determinó que
hubo responsabilidad penal de los funcionarios. Es decir, si la Justicia
determina que hubo un homicidio culposo, el caso se suma a la cuenta de los
homicidios generales. En caso contrario, las muertes de civiles se consideran
–de suyo– como sucedidas en el marco de la legítima defensa policial.
La principal fuente de la que abreva
el observatorio es una base de datos que el MI comparte con fiscalía: el
Sistema de Gestión de la Seguridad Pública. Con una particularidad: los datos
son ingresados al sistema por los propios policías. Eso provoca, entre otras
cosas, que los casos que terminan con la muerte de una persona –en el marco de
un robo, por ejemplo– son ingresados al sistema, la mayoría de las veces, con
la carátula de «rapiña» y no de «homicidio». En síntesis, para los policías y
para las cifras oficiales del MI, las muertes violentas provocadas por policías
no se convierten oficialmente en homicidios sino hasta que la investigación
fiscal arribe a una conclusión.
La Policía es –hay que recordarlo– el
principal auxiliar de los fiscales a la hora de investigar los delitos. Según
dijo al semanario Sebastián Pereyra –responsable del área de políticas públicas
de fiscalía–, ese organismo no tiene, de momento, posibilidades de distinguir
entre homicidios cometidos por policías y homicidios cometidos por civiles,
salvo revisando los partes de los hechos criminales uno por uno. De modo que la
fiscalía tampoco produce datos acerca de este fenómeno. No está claro si
comenzar a producirlos favorecería la buena relación entre ambas patas
institucionales de la investigación criminal.
NINGÚN PROBLEMA
La imprecisión de los datos no impide
que surtan efecto político. Dos mil diecinueve fue –hasta ahora– el año que
registró más episodios de personas fallecidas a raíz de intervenciones
policiales (fueron 37). En aquel momento, un dato sobresalía: no hubo funcionarios
responsabilizados penalmente. En abril de ese año (cuando iban 11), el
exministro Eduardo Bonomi dijo en el Parlamento que «[la Policía] no tuvo
ningún problema. Ninguno. Insisto: ninguno». Cuando iban 31, el entonces
candidato a la presidencia por el FA Daniel Martínez dijo: «Este año van 31
delincuentes muertos y ni un solo policía procesado. Por lo tanto, no hagamos
un problema de algo que no es». Se refería a las promesas de mano dura de su
contrincante, el hoy presidente, Luis Lacalle Pou, quien juzgaba que los
funcionarios no estaban siendo debidamente respaldados a la hora de disparar.
En 2019, Bonomi había reconocido, no
obstante, que «pudo haber problemas en el caso de un hombre que atacó con un
machete y la Policía tiró. Y, bueno, el hombre fue abatido, y con muchos
balazos: diez. Esto es un problema». Se refería al caso de Gilberto Pellejero,
un hombre de 41 años que se resistió a un arresto blandiendo un machete y fue
baleado por una decena de funcionarios. Sucedió en enero de 2019. Hasta el día
de hoy, el caso no fue resuelto, pero tampoco fue archivado. Permanece en la
cola de crímenes no aclarados de las fiscalías de homicidios de Montevideo (en
2017, el último informe elaborado al respecto indicaba que solo se había
resuelto un 50 por ciento de los casos). Es que buena parte de los casos –en
especial los más complejos, los que tienen visibilidad pública o los que
cuentan con una defensa de las víctimas activa– permanecen abiertos o su
investigación se dilata más en el tiempo.
MUCHO TRÁMITE
La muerte de Guillermo Marenales, por
ejemplo, tampoco fue esclarecida hasta el momento. Su cuerpo fue hallado en un
cantero del barrio Carrasco Norte en la madrugada del 7 de julio de 2020 (véase
«Buenas
maneras», Brecha, 4-IX-20). Según el protocolo de
autopsia, la muerte fue provocada por un balazo con «una trayectoria de atrás
hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba». La descripción
coincide con la posición en la cual se encontraba el policía que disparó
(sentado en el asiento del conductor de un vehículo particular) y con el relato
de los tres jóvenes que acompañaban al fallecido esa madrugada, que
atestiguaron cómo Marenales corrió al ver al policía desenfundar el arma. El
funcionario que disparó se encontraba –junto a otro colega– custodiando una
vivienda, ambos vestidos de particular y en un auto sin identificación
policial. Los dos dijeron haber disparado porque los jóvenes estaban armados.
Afirmaron que los perdieron de vista y, después de hacer una recorrida por el
lugar, regresaron al automóvil.
—Como no vimos nada raro, lo que
hicimos fue recoger las vainas de los disparos –le dijo uno de ellos a la
fiscal Edelman durante la indagatoria.
—¿Ustedes levantaron las vainas? –se
sorprendió Edelman.
—Sí. A lo que es una zona complicada,
que, por lo que dicen los vecinos, todos los días hay disparos… Pensamos que
era mucho trámite que viniera Científica y todo eso. No vimos nada raro y
tampoco pensamos que había pasado nada.
—¿Pero cómo es el procedimiento cada
vez que ustedes disparan? –inquirió la fiscal.
—El procedimiento es que cada vez que
se dispara hay que hacer las comunicaciones pertinentes a nuestro oficial y
cuidar la escena –le respondieron.
El cuerpo de Marenales fue ubicado
por una de sus hermanas, algunos minutos después, cargado en una moto y llevado
a una policlínica, a donde llegó sin vida. Ante los canales de televisión, el
abogado del sindicato policial Andrés Ojeda dijo que el fallecido tenía «un
profuso prontuario de anotaciones y antecedentes por rapiñas, ya incluso como
menor». Afirmó que fueron «los delincuentes» los que «la emprendieron a tiros
contra los policías» y estos solo respondieron. Omitió mencionar que los
policías alteraron la escena, que no se encontraron pruebas de intercambios de
disparos, que no se hallaron las huellas de Marenales en el vehículo (tal como
declararon los policías) y que un registro fílmico contenido en el expediente
muestra cómo los funcionarios dispararon cuando el joven ya se había echado a
correr. Esta semana se cumplió un año del episodio, que sigue sin resolverse.
PESADA HERENCIA
«¿Pellejero? Sí, me suena», respondió
la fiscal Edelman cuando fue consultada acerca del caso que, en 2019, era el
único que le preocupaba a Bonomi. «Pero dígame algún detalle más porque tengo
más de uno con ese apellido. Si es el caso en el que un hombre ataca con un
machete a la Policía, sí, es nuestro. Es un caso complejo, que ha pasado por no
sé cuántos fiscales y me terminó llegando a mí. Y la verdad es que lo tengo en
el marco de 900 casos que me derivaron. Yo arranqué mi fiscalía con 875
investigaciones en curso. Y a eso se sumó todo lo que fue viniendo. Lo que
vamos haciendo es atender los casos viejos a medida que nos queda tiempo. De
esos 875, me quedan 94, entre los cuales debe estar ese también. Son
investigaciones que fueron trabajadas y por algo no se resolvieron. Siempre lo
urgente es lo que va pasando en el día a día. Ese es el tema», detalló. En
cuanto al caso de Marenales, dijo que está cerca de emitir una resolución,
aunque hace tiempo que espera un testimonio que no llega. «¿Javier Pérez? No…»,
respondió, finalmente, ante la pregunta por el caso que el fiscal Gómez dejó
inconcluso: «Ese sí que no lo recuerdo».
SE ANIMAN
En el departamento de Artigas la
realidad del crimen no es tan ajetreada como en la capital. Por eso llamó la
atención la forma en la que mataron a Jonathan Rodríguez –de 21 años– en
setiembre de 2020. Los funcionarios fueron advertidos por los vecinos de que dos
jóvenes habían incursionado en un monte a orillas de un camino vecinal. Acudió
un patrullero con tres policías. En el camino se cruzaron frontalmente con la
moto en la que los dos jóvenes regresaban, a alta velocidad, con una oveja
carneada en una mochila. Les dieron la voz de alto, pero hicieron caso omiso.
Cuando los jóvenes ya dejaban atrás al patrullero, los policías dispararon.
«Aún restan pericias para determinar cuántos funcionarios dispararon –afirma la
abogada Miredi Biscarra–. Lo que te puedo decir es que hay un impacto de bala
en el cráneo de Jonathan que le entra por la nuca y le sale por el ojo.»
Por distintas razones, la
investigación recién comenzó en 2021. La fiscal Sabrina Massaferro
–recientemente designada para el departamento– no quiso adelantar a Brecha detalles
del caso. Resta saber por qué razón los policías consignaron en el primer parte
policial que la moto terminó en la cuneta por un despiste del conductor y no
acusaron haber disparado. O por qué la Policía Científica tampoco consigna la
herida por arma de fuego en su primera incursión, detalle que solo fue
determinado por la médica que examinó al fallecido en el hospital. «El otro
problema que tuvimos fue que, en forma inmediata, salió el exministro Larrañaga
a decir que era un caso de legítima defensa», recuerda la abogada. «Podría
haber sido el hijo de los propios vecinos que llamaron a la Policía –agregó–. Y
la persona que acompañaba a Jonathan en la moto zafó porque venía con la cabeza
hacia un lado. Igual, luego del episodio se fue de la ciudad.»
No había pasado un mes. El 11 de
octubre, en la madrugada, la Policía de Tránsito de Artigas solicitó apoyo para
detener al conductor de un vehículo que conducía a alta velocidad por la
ciudad. Los policías intervinientes no hallaron la forma de detenerlo y la
emprendieron a tiros. Dispararon siete veces e hirieron de gravedad a uno de
los ocupantes. La fiscalía imputó abuso de funciones y lesiones graves por
considerar que la respuesta fue desproporcionada. El abogado de uno de los policías,
Daniel Volpi, consultado por el semanario, opinó: «Estos casos fueron
excepcionales. Según mi opinión, [ocurren] porque la Policía se siente más
respaldada desde la aparición de la LUC [Ley de Urgente Consideración]. Se
animan a tirar. En esta persecución a unos gurises “malenseñados”, que
recorrieron varios barrios de la ciudad, se vio claro. Algo que no era común».
A su juicio, hay mérito para el delito de abuso de funciones, pero no para el
delito de lesiones graves, puesto que el Departamento de Balística no pudo
determinar de qué arma salió la bala que hirió de gravedad a uno de los
jóvenes.
LA GRAN DUDA
Hay un patrón: la mayoría de los
casos de personas «abatidas» registrados en los últimos años se dan a partir de
un «intento de rapiña» a los policías. En muchos casos, los asaltantes intentan
llevarse la moto de los funcionarios, por ejemplo, y terminan muertos. La gran
mayoría de las muertes violentas protagonizadas por policías este año se
corresponden con esa situación. Otro patrón recurrente es que los policías, en
gran parte de los episodios, visten de civil. Al fiscal Carlos Negro, que está
al frente de la Fiscalía de Homicidios de Primer Turno desde abril, hasta ahora
le tocaron dos casos. El 2 de mayo, un policía de civil mató a una persona que
intentaba rapiñar a dos mujeres en La Teja. Y, el 9 de junio, otro policía
–también vestido de civil y cumpliendo funciones de sereno– mató a un asaltante
armado que intentó ingresar al predio custodiado. «Los que me han tocado no
tienen dificultad ninguna. Son casos en los que el policía se defiende o
defiende a terceros», dijo Negro al respecto. En ninguno de los dos casos se
presentó un defensor de las víctimas.
Según el exdirector de la Policía
Nacional Mario Layera, este tipo de situaciones tiene que ver con el
controvertido artículo 41 de la Ley de Procedimiento Policial (Permanencia e
indivisibilidad de la función policial). «No lo han querido sacar», dijo Layera
a Brecha. Y detalló: «Ese concepto significa que yo soy policía, a
cualquier hora, en cualquier parte del territorio nacional. Y tengo la
obligación de proceder. Mi posición es que ese artículo se debe sacar. Es un
concepto que viene del pasado. Yo quisiera que la Policía responda solamente
cuando está en ejercicio exacto de la función. No las 24 horas. Porque ahí
surgen un montón de dudas. Y lo peor que puede haber es que haya una gran
duda».
PROFUSOS ANTECEDENTES
En abril, el turno de la fiscal de
homicidios Mirta Morales registró tres muertes provocadas por policías. Murió
un hombre que se había atrincherado en una pensión del Cordón, en medio de un
incendio, y agredió con un cuchillo a un bombero. Un joven en auto fue
perseguido por varios móviles policiales desde Nuevocentro Shopping hasta
Avenida Italia y Ricaldoni: lo mataron de un tiro en la cabeza desde el
patrullero. El tercer caso fue particularmente difícil de digerir. Un policía
de civil intentó defenderse de dos asaltantes que le robaron la moto. Ellos
dispararon dos veces. Él, 13. Cerca de allí, Fernando Sellanes y su novia esperaban
el ómnibus. Una bala sorprendió al joven por la espalda y salió a la altura del
rostro. Sobre el primer caso, Morales lo archivó argumentando que la actuación
fue «correctísima». Sobre el segundo, le quedan dudas, porque hay quien dice
que el conductor estaba armado (aunque no se encontró evidencia que lo
confirmara). Sobre el tercer caso, dice: «Me está costando bastante. Por la
complejidad y por la dinámica de trabajo, que hace que no me pueda concentrar
en un solo caso».
Puesto que la bala entró y salió del
cuerpo, la fiscalía no ha podido determinar de qué arma salieron los disparos
que mataron a Fernando. Sindy, su pareja –que fue baleada en la pierna–, está
segura de que fueron del arma del policía por las circunstancias del tiroteo y
por la cantidad de disparos. Aunque la fiscal Morales asume que el caso está
«bastante avanzado», ha tenido que disponer más pericias para determinar el
origen de la bala. «Si yo hubiera podido extraer del cuerpo de la persona un
proyectil y lo hubiera podido cotejar con alguna de las armas involucradas:
bingo. Pero cuando no tenés eso, tenés que ser más cauto, porque es una cosa
muy delicada. En este caso, lo trágico fue que la víctima era un muchacho que
estaba en la parada esperando el ómnibus para ir a trabajar. Realmente
terrible. Pero es real que también el contexto era violento. En eso, no mintió
el policía. Fue una rapiña muy violenta», dijo Morales al semanario. «A veces
las cosas no son blancas o negras», reflexionó. «Yo le llamo “efecto CSI”. A
veces se piensa que las cosas son muy sencillas de resolver. Pero hay grises,
hay matices. Porque imputar al grito de la tribuna no se puede. Tenés que hacer
justicia por la muerte de una persona, pero a la vez le estás quitando la
libertad a otra. Entonces todo tiene que ser muy correcto. Y no es tan sencillo
como quisiéramos.»
«Si no me defiendo, me van a matar.
Si no hago algo, me van a matar, dije. Entonces desenfundé mi arma e hice los
disparos», afirmó en su declaración ante el fiscal de flagrancia el policía
acusado por la muerte dramática de Sellanes. Es defendido –él también– por un
abogado del sindicato policial. «Después pedí apoyo.» Y agregó: «Cuando corto
el teléfono viene uno y me dice: “Mirá, allá en la esquina hay una persona que
está baleada”». La pareja de Fernando denunció que el policía se dirigió al
lugar y los amenazó nuevamente con el arma, pensando que eran delincuentes. Una
vez finalizado el relato, se da el siguiente intercambio en fiscalía:
—¿Cuántos años hace que es policía?
–preguntó el fiscal.
—Hace nueve años.
—¿Ha tenido algunas otras situaciones
de este tipo?
—Tuve, sí.
—¿En qué circunstancias?
—Parecidas. Pero me pude defender.
—¿Terminó alguien herido en ese caso?
—Sí, terminaron los dos delincuentes
abatidos.
—¿Abatidos quiere decir muertos?
—Sí.
—¿Cuándo fue?
—El 24 de agosto de 2020.
Publicado
en Brechael 9 julio de 2021.Escrito por
Venancio Acosta