Como les fue a los malla oro y al peloton en 2022

 

El dato

Durante el año 2022, la rentabilidad de los grandes exportadores, medida a través del índice de excedente bruto de la industria exportadora calculado por el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó su valor promedio más alto en la comparación histórica. En este contexto, el salario real, que mide el poder de compra de los trabajadores, no logró iniciar su recuperación hacia valores de 2019 y todavía se encuentra fuertemente rezagado en su recuperación.

El contexto

¿Cómo fue la performance del producto interno bruto (PIB)?

Durante este año, el PIB de Uruguay superó las expectativas de crecimiento y finalmente superó los valores previos a la pandemia. Esto implica que el conjunto de ingresos generados por la economía durante el año 2022 superará en cerca de 4% a los generados durante el año 2019.

¿Cuál fue el patrón de crecimiento?

Este nuevo nivel de producto se logró profundizando el modelo de crecimiento instalado desde la salida de la pandemia. En sus componentes de la demanda, esto se logró con un fuerte protagonismo del sector exportador, que alcanzó niveles récord; una recuperación de la inversión, fundamentalmente asociada a las grandes inversiones de UPM y obras conexas, y con una lenta recuperación del consumo que recién alcanzará, con un rezago importante, niveles similares a 2019, pese a tener un producto mayor.

¿Cómo se comportaron los ingresos de los hogares?

De forma consistente, los ingresos de los hogares también se recuperaron muy lentamente. Esta debilidad estuvo asociada al estancamiento de los niveles salariales en niveles significativamente menores que los prepandemia, a menores niveles de jubilaciones y pensiones y al estancamiento en la creación de empleo durante el año.

Cabe destacar que durante el año se produjo incluso una gran paradoja. Pese al auge histórico del sector agroexportador durante el primer semestre del año, los ingresos de los hogares del interior del país, donde se encuentran fuertemente localizadas las principales cadenas agroexportadoras, retrocedieron.¹

¿Qué pasó con la pobreza?

A pesar del crecimiento económico, la pobreza monetaria en el primer semestre de 2022 no mejoró respecto a 2021 y todavía se encuentra por encima de los valores de 2019. Además, la pobreza infantil en el tramo de 0 a 6 años incluso pudo haber subido.²

¿Qué pasó con el sector público?

Por su parte, el sector público procesó un ajuste que, según las proyecciones del gobierno en la última Rendición de Cuentas, mejorará el resultado global del sector público no monetario, sin considerar a los cincuentones, en aproximadamente 1,0% del PIB entre 2019 y 2022. La caída coincide con la baja proyectada para el pago de remuneraciones y pasividades (0,5% cada una, totalizando aproximadamente 700 millones de dólares).³

¿Qué sucedió con la inflación?

Durante el año la inflación se encontró fuera del rango meta establecido por el BCU, alcanzando por momentos prolongados valores acumulados de 12 meses cercanos a la barrera psicológica del 10%. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas sinceró sus expectativas de inflación para este año y el siguiente, ajustándolas a 8,5% y 6,7%, respectivamente. Ambos valores se encuentran por fuera del rango meta del BCU.⁴

¿Qué se espera para el 2023?

Durante los últimos meses del año 2022 las condiciones externas extraordinarias comenzaron a mostrar ciertas señales de agotamiento. Además, se desató una polémica en torno al rol de la política monetaria en el “atraso” en el valor del dólar en la plaza local y sus efectos en la rentabilidad del sector exportador.⁵ Durante el tercer trimestre del año reportado por el BCU, los principales motores del crecimiento enlentecieron su ritmo y la economía se encuentra al borde del estancamiento.

¿Cuál será el rol de la política económica al acercarse a las elecciones? ¿Cuán importante será la disminución de IRPF y el IASS? ¿Cómo continuará la política monetaria? ¿Cómo influirá el fin de la obra de UPM en el empleo? ¿Y el inicio de las actividades de la planta en el producto? ¿Qué sucederá con la inflación? ¿Cómo afectará el cambio de la política Covid Cero en China su tasa de crecimiento? ¿Cómo evolucionarán los precios de los bienes que exportamos e importamos? Sobran interrogantes, así que nos seguiremos reencontrando con los “Gráficos de la semana” en 2023.

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1. “Paradoja: ingresos de los hogares caen en Montevideo y el interior pese al crecimiento del PIB y el boom agroexportador”. la diaria. ↩

2. “Gráfico de la semana: ¿Qué pasó con la pobreza en el primer semestre y qué deberíamos estar discutiendo?”. la diaria. ↩

3. “Gráfico de la semana: apuntes sobre la mejora del resultado fiscal”. la diaria. ↩

4. “Gráfico de la semana. Inflación: próximos años también fuera de rango según el MEF”. la diaria. ↩

5. “Gráfico de la semana: ¿Qué pasa con el dólar a nivel local?”. la diaria. ↩

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 26 de diciembre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Gráfico de la semana: ¿Cómo le fue a los malla oro y al pelotón en 2022?. Rentabilidad de grandes exportadores y salario real”. Autor: Santiago Soto.

Navidad de 1972

 

Este 2022 se cumplieron 50 años de varios acontecimientos que marcaron la historia política y religiosa de Uruguay, entre ellos, el asesinato de varios militantes cristianos comprometidos con la transformación social y la celebración de la Navidad en el Penal de Libertad, a cargo de varios líderes religiosos que estaban presos por motivos políticos.

Antes de encontrarse en las cárceles y cuarteles de todo el país, estos militantes, inspirados por diferentes vertientes filosóficas, compartían los mismos sueños e ideales de transformación social y desarrollaban sus prácticas sociales y políticas en diversos contextos. Entre ellos, el Frente Amplio, donde confluyeron referentes de tradición socialista, comunista, cristiana, comunitarista, latinoamericanista y donde la teología de la liberación, la educación popular, la opción por los pobres se respiraban, se practicaban y se cantaban.

Estos movimientos cristianos de liberación eran vistos como la versión cristiana de la subversión y responsables de la infiltración comunista en la iglesia, y contra ellos se desplegó el control y la persecución de los aparatos represivos estatales enmarcados en la doctrina de la seguridad nacional promovida por Estados Unidos.

Cuando el 14 de abril de 1972 miembros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) asesinaron al ministro Armando Acosta y Lara desde los techos de la Iglesia metodista central, la polarización social y política, que también se expresaba en el campo eclesial, no hizo más que aumentar. Dos días después del hecho, la iglesia fue atacada con una bomba por la Juventud Uruguaya de Pie. Ambas acciones colocaron a la Iglesia metodista en el ojo de la tormenta y generaron golpes duros para la comunidad, que fue asediada por los servicios de inteligencia. Se acusó a la iglesia de complicidad con los tupamaros, la pastora Ilda Vence y el presidente de la Iglesia metodista Emilio Castro recibieron duras críticas en la prensa, y la comunidad quedó dividida entre quienes consideraron que la Iglesia era cómplice del atentado y quienes no.

Pocos días después, el arzobispo de Montevideo Carlos Parteli visitó la seccional 20 del Partido Comunista, donde eran velados ocho militantes asesinados el 17 de abril en esa misma sede. El gesto de solidaridad cristiana, que contenía un fuerte cariz político, no hizo más que aumentar la tensión entre la Iglesia y el presidente Juan María Bordaberry –un devoto católico integrista– y provocó reacciones en la derecha, tanto católica como política. Del otro lado, el hito fue vivido como un acto de gran humanidad, que el secretario general del Partido Comunista Rodney Arismendi definió como auténtico y enraizado en el sermón de la montaña.

Mil novecientos setenta y dos también estuvo marcado a fuego por el asesinato de varios jóvenes cristianos que militaban en diversos espacios sociales. En una lista no exhaustiva están Luis Carlos Batalla Piedra Buena, nacido en Treinta y Tres, militante del Partido Demócrata Cristiano, muerto a golpes el 24 de mayo; Juan Diógenes Álvarez Miranda, militante social de la Iglesia luterana de Rivera, asesinado en la bajada de Pena el 10 de junio; Héctor Jurado de Avellaneda, pastor bautista en Estación Atlántida, detenido y herido de muerte el 9 de julio por su supuesta vinculación con el MLN; Joaquín Klüver, militante del Partido Comunista Revolucionario, detenido y ejecutado por la espalda el 6 de diciembre por repartir volantes en una feria, había nacido en Mercedes y tenía formación metodista.1

Pero, así como fue un año de persecución, exilio, detenciones, torturas y muerte, también hubo rendijas de esperanzas, historias de solidaridad, protestas, huelgas, comunión y ayunos.

 

NAVIDAD EN LIBERTAD

Sin quererlo, para la Navidad de 1972 la dictadura había reunido en el Penal de Libertad a un variado y talentoso grupo de músicos y clérigos. Llegadas las fiestas, había una preocupación por las situaciones de depresión entre los presos, que se acentúan en estas fechas. Los pastores, sacerdotes y laicos recluidos a veces tenían la oportunidad de acompañar el dolor de sus compañeros y dar una palabra de aliento. Este grupo ecuménico, que se encontraba semanalmente a orar y a estudiar la Biblia, propuso a las autoridades hacer una misa o culto de Navidad.

En el documental Fe en la resistencia, el pastor Ademar Olivera contó que para la Navidad del 72 se hicieron tres oficios, a los que concurrió buena parte de los presos políticos. Era una comunión democrática, donde los oficiantes y los fieles tenían el mismo atuendo gris, la cabeza rapada y las mantas moras, y compartieron la misma copa y el mismo pan.2

El grupo que hizo el oficio estaba conformado por los sacerdotes José María Bidegain, Salvador Burges, Manuel Dibar, Carlos Fernández, Pier Luigi, Luis Rouve, Solón Veríssimo; los pastores metodistas Miguel Brun, Heber Cardozo y Olivera; el pastor bautista Jorge Valenzuela, y al menos otros diez laicos valdenses, católicos y metodistas:3 «Yo fui ateo toda la vida y te sorprendía la cantidad de gente que sin ser creyente concurría a las ceremonias. Era una forma de salir y estar juntos. Fui a la primera misa y, para mi sorpresa, Raúl Sendic estaba sentado en la primera fila», recordaba Artigas Gandaro, participante de la ceremonia.4

La música y los músicos fueron muy importantes durante esas celebraciones. Heber Cardozo recuerda sus nombres: «Pivel, primer violín del SODRE, Álvaro Botto, concertista de guitarra, Aníbal Sampayo, Oscar Laucha Prieto y un músico de Juan Lacaze, y nosotros con la guitarrita». Fue un momento memorable, se cantó «La noche de los pobres», de los hermanos Santini, «Hemos de vencer», de Martin Luther King y una canción de cuna compuesta por Sampayo sobre la Navidad «que nos emociona hasta el día de hoy, ya que muchos teníamos hijos chicos».

En la ceremonia de aquella Navidad de 1972, los presos del penal –cristianos o no– se dieron a sí mismos un mensaje profundo al cantar «Cuando los Santos vienen marchando», que dice entre sus estrofas: «Él nos dará la libertad, cuando venga a rescatarnos, él nos dará la libertad».

1. Datos tomados del libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría (Fin de Siglo, 2021), de Dahaian Barrales y Nicolás Iglesias.

2. Relato recogido en el documental Fe en la resistencia (2018), de Stephanie Kreher, Nicolás Iglesias.

 

3. Estos momentos fueron recreados en la historia «Comunión de las manos vacías», en el libro Bocas del Tiempo (2007), de Eduardo Galeano, según el relato que le acercó Miguel Brun.

4. Nicolás Iglesias Schneider, «Resistencia o sumisión: las religiones frente al golpe militar», Lento n.º 31, pág. 50.

5. Ídem.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1935. TITULO ORIGINAL: Comunión entre cristianos e izquierdas. Autor: Nicolás Iglesias Schneider, 23 de diciembre, 2022

 

Aumentar los salarios no produce inflación. Lo dijo FMI

 

En un programa de televisión en donde él era el héroe, el 27 de octubre, Emmanuel Macron, rechazó doctamente la idea de una indexación general de los salarios. Y, como tiene por costumbre, el presidente de Francia usó la pedagogía para explicar su posición: «Si se utiliza una indexación automática para toda la cadena de salarios, se consolida el alza de precios y se produce un bucle de precios y salarios que ya no se detiene». La misa estaba dicha y, al parecer, la ciencia había hablado por boca del presidente.

Pero he aquí que el ciclo de precios y salarios que permite a Macron y a la mayoría de los economistas ortodoxos justificar la caída de los ingresos reales, que está afectando a las y los asalariados, es en gran medida un cuento. Ya en el siglo XIX, Karl Marx arremetió contra los economistas progresistas que consideraban innecesarios los aumentos salariales porque serían engullidos por la inflación. Por otra parte, el estudio de los datos de los años setenta muestra que la indexación general de los salarios permitió en gran medida evitar un desastre económico. El colapso del crecimiento y el empleo se dieron más bien cuando se introdujeron medidas desinflacionistas. En este contexto, el bucle de precios y salarios aparece como una figura retórica conservadora encaminada a mantener una distribución de las rentas favorable al capital.

LA (VANA) BÚSQUEDA DE LA ESPIRAL

Un estudio publicado el 11 de noviembre por el departamento de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y escrito por seis economistas confirma el aspecto fantasmal de esta noción y, por lo tanto, su simple función represiva. Este working paper (‘documento de trabajo’) ha examinado los datos de 38 países desarrollados entre el primer trimestre de 1960 y el cuarto trimestre de 2021 en busca del bucle de precios y salarios.

Para identificarlo, los economistas del FMI optaron por el siguiente método: identificar una aceleración concomitante de los precios y los salarios nominales (los que realmente se pagan) durante al menos tres trimestres seguidos sobre cuatro. Si esta situación se repite durante tres años, el estudio considera que estamos ante un «episodio» que constituye las condiciones de un bucle de precios y salarios. Posteriormente, la cuestión es observar si, como afirma Macron, «ya no se le puede detener». En otras palabras, si el alza de precios y salarios se retroalimenta en el tiempo.

Los datos sobre salarios a veces son difíciles de recopilar. Por tanto, los economistas del FMI se han basado en los salarios del sector manufacturero, disponibles para las décadas del 60 y el 70, si bien los datos de Francia, por ejemplo, no se remontan más allá de 1990. Sin embargo, se dispone de datos bastante fiables de Estados Unidos para el conjunto de ese período. En última instancia, el estudio del FMI identifica 79 episodios de bucles de precios y salarios (100 teniendo en cuenta solo los salarios del sector manufacturero). El documento de trabajo del FMI (n.º 22/221) concluye: «Los bucles de precios y salarios, definidos como una aceleración continua de precios y salarios, son difíciles de identificar en los datos históricos».

El estudio utiliza a continuación el modelo teórico de la curva de Phillips, que vincula salarios y precios, para observar si hay, en este contexto, un aumento de precios que podría explicarse por datos distintos de la productividad y del mercado de trabajo. Porque esa es la base teórica de la espiral de precios y salarios: los aumentos de salarios conducirían a aumentos de precios injustificados que, a su vez, conducirían a aumentos de salarios. No obstante, en promedio, durante los episodios identificados el aumento de los salarios nominales se mantuvo por debajo de lo que sugerirían los niveles de inflación y empleo. Así pues, no son los salarios los que pueden determinar la aceleración de los precios. En otras palabras, concluye el estudio del FMI, «los bucles de precios y salarios, definidos como una aceleración continua de precios y salarios, son difíciles de identificar en los datos históricos».

 

En la inmensa mayoría de los casos, la situación se estabiliza al cabo de dos años, lo que significa claramente que lo que dijo Macron es un error fáctico e intelectual. El error es tanto más grave cuanto que los economistas del FMI han centrado su estudio en casos cercanos al que conocemos hoy, en que los salarios reales caen de manera significativa y el empleo se mantiene bien. Una situación que se detecta en 22 de los 79 episodios identificados. Esquemáticamente, en este caso, el aumento de los salarios nominales es insuficiente cuando la inflación es alta y luego se recupera, pero acaba estabilizándose. Una vez más, aquí, y aún más que en el caso general, no hay efecto de arrastre.

POLÍTICA DE CLASE

Tenemos que ser claros. El estudio del FMI no es en sí mismo un alegato a favor de la indexación salarial, ya que describe fenómenos de ajuste alrededor del equilibrio. Por otro lado, su uso de la curva de Phillips es cuestionable. Pero, sin embargo, permite demostrar que el bucle de precios y salarios no es real, incluso desde una perspectiva ortodoxa, lo que no es nada.

Como suele ocurrir con la economía, los modelos y las teorías no describen la realidad y de ninguna manera permiten una predicción fiable. Por lo tanto, parece que estamos lejos de una ciencia; estamos más bien en la construcción de narrativas útiles en la búsqueda de un determinado orden económico.

 

En la década del 70, la inflación, que fue principalmente el resultado de una caída estructural de la rentabilidad y del carácter monopolista del capitalismo en ese momento, se utilizó para culpar a los asalariados y asalariadas, y, sobre todo, para romper una serie de protecciones en el mundo del trabajo, comenzando por los marcos de negociación colectiva y la indexación salarial. Por lo tanto, el estudio del FMI confirma la inconsistencia de lo que ha sido la narrativa central de los neoliberales durante medio siglo para justificar la contrarrevolución neoliberal.

La desindexación de los salarios solo tiene por objetivo que los y las asalariadas carguen con el coste de la inflación en beneficio del capital. Porque si, en el marco teórico del FMI, el bucle de precio y salario no es identificable, ni siquiera en países donde los salarios han sido o aún están indexados (como Bélgica), entonces la indexación no puede ser el espantapájaros descrito por Macron. Esto es muy importante ya que la doxa económica de la época se basa en este mito de la indexación como fuente del bucle de precios y salarios.

En una entrevista reciente con un diario dominical, el economista ortodoxo Jean-Hervé Lorenzi todavía podía afirmar que este vínculo era «obvio» y que «la indexación es casi sinónimo de bucle». Pero, en cuanto el bucle no existe, dentro del marco teórico mismo del economista la «evidencia» se derrumba. Por lo tanto, debemos volver a otros elementos: la desindexación de los salarios solo pretende conseguir que las y los asalariados carguen con el coste de la inflación en beneficio del capital. Dado que no hay un efecto dominó identificable, esto simplemente reduce los efectos sobre los costes de producción y protege los beneficios de las empresas.

UNA ECONOMÍA FRÁGIL

Pero, en realidad, esta visión es perdedora y hoy se ve claro. Al bajar el salario real, se lastra la demanda y se contribuye a transformar la crisis inflacionista en recesión. Las empresas más débiles, es decir, las más pequeñas, quedan atrapadas: incapaces de subir sus precios por la debilidad de la demanda, caen en la tenaza de las grandes empresas oligopolistas que imponen sus precios, lo que pesa mucho sobre los costes de producción y los precios de venta para los proveedores.

En la situación actual, la indexación salarial es una herramienta útil. Sin duda debe ir acompañada de otras medidas, como el control de los precios o de impuestos redistributivos sobre los beneficios. Pero la privación de esta herramienta fragiliza claramente tanto la situación social de las y los asalariados como el conjunto de la economía.

Por tanto, la postura pedagógica de Macron, que se aferra a la narrativa ortodoxa dominante, es un engaño. Descalifica una herramienta útil a pesar de que las y los asalariados franceses acaban de sufrir tres trimestres consecutivos de caída de sus salarios medios reales (-2 por ciento durante un año en el tercer trimestre). No es de extrañar, ya que, dos semanas antes, el anfitrión del Elíseo aseguraba hacer de la moderación salarial su prioridad para salvaguardar la competitividad exterior. En esto demuestra una vez más cuál es la realidad de su política económica: la de una política de clase.

Por cierto, el FMI, que apoya esta política e incluso pide que se refuerce, haría bien en escuchar a su grupo de investigación. En este punto, seremos muy pesimistas, porque desde hace varios años la institución ha permanecido encerrada en una doxa que su división de investigación deja en evidencia. Aquí, de nuevo, solo podemos ver un deseo de defender políticas que no son racionales, sino a favor de ciertos sectores del capital.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1932. TITULO ORIGINAL: LA ESPIRAL DE PRECIOS Y SALARIOS, DESMENTIDA POR UN ESTUDIO DEL FMI. Una narrativa conservadora”. Autor: Romaric Godin, 2 de diciembre, 2022

 

 

 

La de las jubilaciones, una reforma depredatoria.

 

La modificación del régimen de causales, aportes y prestaciones jubilatorias –¿en que quedó la prometida y (por otras razones a las expuestas por el gobierno) necesaria reforma del sistema de seguridad social uruguayo?– se anuncia como una de las últimas grandes batallas políticas de este período de gobierno. La última, probablemente, sea la rendición de cuentas que se presentará el próximo año, habida cuenta de que el siguiente es electoral y en esas circunstancias es poco lo que pasa.

Las grandes batallas suelen concernir a los reyes, a los ministros, a los generales, pero, aunque con menos prensa, también a los simples soldados de a pie, que son siempre los que menos ganan y los que más pierden: en este caso, esos soldados son las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso es justo y necesario –aunque no siempre suceda– que ellos participen en su dilucidación, de alguna forma más que como víctimas.

Es en ese carácter que, al haber pasado por las etapas de contribuyente a las arcas fiscales y a más de un instituto jubilatorio durante la mayor parte de mi vida, y ahora, desde hace unos años, de perceptor, me atrevo a establecer aquí mi punto de vista sin ninguna credencial de experto en el tema, sino solamente como posible beneficiado o damnificado.

Dejemos de lado la discusión sobre el sistema previsional, porque eso, que es lo que debería estar en juego, no lo está con el proyecto del gobierno, que, como bien se ha dicho, solo se preocupa de cómo se financian las prestaciones jubilatorias y cuánto de ellas queda cubierto por los aportes que se hacen. Pero, en realidad, ni siguiera eso: de lo que realmente se preocupa es de cuánto queda cubierto por los aportes de los propios «beneficiarios» (las comillas porque muchas veces el beneficio no parece tal).

El objetivo declarado de la reforma emprendida por el gobierno, amparado en su, por ahora, inamovible mayoría parlamentaria –la misma que usufructuó en la comisión de expertos que discutió el tema y pergeñó la propuesta–,2 según el «Compromiso por el país», de la coalición multicolor, era «iniciar un proceso [de] reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político [para] lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad».

De este «compromiso de campaña», lo de los pasivos vulnerables quedó para otra oportunidad (la reforma no contiene disposiciones al respecto); lo del amplio apoyo político también (la mitad del país está en desacuerdo); la modernidad es discutible; la independencia de los tiempos políticos se sustenta en comprometer decisiones por varias de las décadas siguientes, y tampoco está claro que la propuesta asegure la sostenibilidad financiera, sino solo reducir los aportes de Rentas Generales, aumentando los de los trabajadores, que se prolongan varios años más, y achicando las prestaciones a los pasivos, que se reducen en varios años.

Que la preocupación central no es el equilibrio económico-financiero del sistema lo prueban, claramente, que no haya ningún recurso nuevo para solventarlo, a no ser los aportes por hasta cinco años más de los trabajadores, que la aplicación de la reforma se difiera largamente en el tiempo para no causar terremotos electorales y que, incluso, el gobierno esté dispuesto a reducir ingresos tributarios, como el IASS (impuesto de asistencia a la seguridad social) y el IRPF (impuesto a la renta de las personas físicas) a los mayores contribuyentes (los menores ya están exonerados), lo que agravaría la situación si se tratara de equilibrar ingresos y egresos.

Pero la preocupación no está ahí: no se trata de que no haya recursos para compensar que las uruguayas y los uruguayos ahora viven más (lo que debería celebrarse), sino de que la filosofía del gobierno es que el costo de las jubilaciones lo deben pagar los trabajadores activos y jubilados, y no el conjunto de la sociedad, y mucho menos los malla oro, que seguimos esperando que se pongan a tirar al frente del pelotón y dejen de chupar rueda y sangre de los demás mortales.

Esto se asocia con la idea de déficit que tiene el gobierno respecto de la seguridad social: es déficit todo lo que no salga del bolsillo de los propios trabajadores, con lo cual el sistema de seguridad social, base del añorado Estado de bienestar, se transforma solo en un mecanismo de ahorro forzoso; más que forzoso, porque ni siquiera existe el derecho de poner el dinero donde se quiera y retirarlo cuando se quiera o se necesite.

Es la misma nefasta filosofía que niega al papel del Estado como redistribuidor de la riqueza social y que algún día descubrirá que, por ejemplo, también el sistema de salud, la educación pública y el subsidio a la vivienda son deficitarios, y los suprimirá o reducirá a su mínima expresión para permitir que quede más para los malla oro.

Con este panorama, oponerse a este proyecto regresivo, punta de iceberg de otros futuros, es casi una obligación filosófica que debemos asumir como sociedad, con los recursos que la Constitución escrita por los malla oro nos deje. Y también reclamar que debemos decidirlo entre todas y todos, para lo que tiene que ser posible presentar alternativas y que podamos elegir entre esas alternativas.

Eso, aquí y ahora, solo es posible mediante una reforma constitucional. El pueblo uruguayo tiene ya bastante experiencia en estas cosas, incluso vinculada con este mismo tema y con otros que pueden considerarse análogos: la reforma plebiscitada en 1989, que dispuso que los ajustes de las jubilaciones y las pensiones deben seguir la variación del índice medio de salarios; la de 2004, que estableció la obligatoriedad de que los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable sean prestados exclusiva y directamente por el Estado, y otras. Si es necesario, habrá que recorrer otra vez ese camino.

El Frente Amplio acaba de decidir, en su Plenario Nacional, rechazar la reforma propuesta, y la postura elegida es votar en contra el proyecto en general y no votar «ningún artículo cuya aprobación redunde en una limitación, supresión o retroceso, actual o futuro, de algún derecho vigente para los colectivos y las personas vinculadas a la seguridad social, con excepción de los referidos a las situaciones de privilegio, por ejemplo, la caja militar», lo que quiere decir que votará otros que no tengan ese efecto. Será muy difícil encontrarlos y, en todo caso, el beneficio de tal acompañamiento puede ser pírrico y servirá en cambio para confundir a la gente, lo que este gobierno hace de maravilla. ¿Se volverá a incurrir en el mismo error cometido con la Ley de Urgente Consideración, en aras de demostrar buena voluntad?

 

1. Parafraseando al expresidente estadounidense Bill Clinton (o a su jefe de campaña de 1992, James Carville, el que le pasaba las pistas), que adoptó la muletilla: «La economía, estúpido», para poner en evidencia la incomprensión que tenía su contendiente, el entonces presidente, George Bush (padre: después vendría el hijo, que entendía menos todavía), sobre el por qué sucedían las cosas.

 

2. Ya que estamos con las paráfrasis, el expresidente Dr. Luis Alberto Lacalle de Herrera dijo hace tres décadas, con referencia a los sueldos de los empleados públicos y su productividad: «Ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago» (cita, entre otras, del semanario Búsqueda, 20-X-22). Su hijo, hoy presidente, parece haberle dado al ingenioso e impúdico comentario otro giro, referido a su relación con la oposición y la sociedad civil: del estilo ellos hacen como que pueden opinar y yo hago como que participan.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1932. TITULO ORIGINAL: “¡ES LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTÚPIDOS! Una reforma depredatoria”. Autor: Benjamin Nahoum, 2 de diciembre, 2022

 

 

Propuestas para la impugnación del despido sin causa. Helios Sarthou: La misma palabra en el aula, el foro y la cátedra.

 

El día 5 de diciembre de 2022 la Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA-ALAL) realizo un taller referido a la temática del despido. El taller llevaba por título “Taller jurídico sobre despidos incausados”. La referida actividad fue en homenaje al querido profesor Helios Sarthou.

La Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA-ALAL) me distinguió con el alto honor de integrar el panel de ponentes en la referida actividad, juntamente con el colega ecuatoriano Dr. Rubén Castro, la colega argentina Dra. Ana Paula Lozano y el estimado colega y amigo uruguayo (de la piedra alta) Dr. Manuel Echeverria.

La presentación que realice llevo como título “Propuestas para la impugnación del despido sin causa”, la pueden escuchar a partir de 1:30:00 del video cuyo link adjunto seguidamente:

https://www.youtube.com/watch?v=QUcSI4Rc3Ic

Resta simplemente agradecer a AULA por el alto honor que me han conferido con la posibilidad de evocar la memoria del maestro Sarthou.

Otra seguridad social es posible. Critica a la reforma jubilatoria (III)

 

La ausencia de diálogo social

La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Lejos de calificar el proceso como un ejemplo de diálogo social -tal como lo están planteando los impulsores de la reforma-, hasta el momento no se han desarrollado espacios de diálogo político que busquen construir grandes acuerdos nacionales en un tema tan sensible como la seguridad social.

Ya en el documento aportado por el PIT CNT en su primera comparecencia a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), se cuestionaba la idea que una comisión técnica pudiera constituir el espacio adecuado para articular y alcanzar los acuerdos necesarios. Concretamente, se señalaba que “esta comisión debería trabajar coordinadamente para acompañar y enriquecer el desarrollo del diálogo social y no pretender sustituirlo. Reconociendo la necesidad de dar una discusión informada y con rigurosidad técnica, sabemos que los debates que involucran a la seguridad social y las alternativas en torno a su reforma son esencialmente políticos, lo que exige el involucramiento de toda la sociedad a través de las representaciones sociales ya que refieren —entre otras cosas— a diferentes concepciones normativas sobre justicia y ética.”

Adicionalmente, varios integrantes de la CESS en representación de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno aclararon que su participación era de carácter personal y sus opiniones y posiciones no comprometían a los partidos políticos que los habían designado. Esto contrastó fuertemente con la postura asumida desde el inicio por los representantes del Frente

Amplio, la ONAJPU y el PIT CNT, quienes sí ratificaron que sus posicionamientos dentro de la CESS contaban con el aval político de las organizaciones que los habían designado.

Tal como es concebido desde el movimiento sindical, el diálogo social requiere de interlocutores que verdaderamente representen a sus organizaciones. La búsqueda de acuerdos necesariamente implica intercambio y negociaciones que requieren tiempo y actores representativos que puedan comprometer la posición de sus organizaciones. Además, los técnicos no parecen los actores más adecuados para buscar los necesarios acuerdos políticos. Por ello, lejos de configurar un ámbito de diálogo social, la CESS fue un ámbito de trabajo técnico que aportó insumos valiosos como cualquier otro trabajo académico, pero que claramente no constituye un espacio propicio para alcanzar los acuerdos políticos que se buscan mediante un diálogo social. Más allá de los aportes técnicos, la CESS culminó su trabajo sin lograr acuerdos ni en el diagnóstico del sistema ni en las recomendaciones de reforma.

Una vez concluido el trabajo de la comisión, el Poder Ejecutivo se tomó cerca de 8 meses para presentar sobre fines de Julio, un anteproyecto de ley sin que mediara diálogo de ningún tipo con las organizaciones políticas y sociales. A partir de ese momento, efectivamente se habilitó un espacio de diálogo, intercambio y negociación política entre los partidos que integran la coalición de gobierno, que no incluyó a la oposición ni a los actores sociales más representativos.

Por lo tanto, si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio, aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.

Extraído de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.

Otra seguridad social es posible. Critica a la reforma jubilatoria (II)

La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio, aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.   

Desde el comienzo de la discusión, el movimiento sindical planteó la necesidad de adoptar una visión amplia e integral del sistema de seguridad social, que abarcara otras dimensiones de la protección social como atención a la primera infancia, profundizar en el sistema de cuidados y una mayor inversión social para las personas con discapacidad. Lejos de ser un obstáculo para alcanzar acuerdos, ampliar la agenda de temas a considerar contribuye a garantizar un progresivo mayor despliegue del Estado de Bienestar que, al tiempo de atender la sostenibilidad económico financiera del régimen jubilatorio, suponga un avance en diversas dimensiones de la matriz de protección social en las que el país se encuentra rezagado.

Una reforma integral de la seguridad social para las próximas décadas no puede obviar cambios en su matriz de financiamiento. El gobierno optó por no discutir los ingresos del sistema y las diversas inequidades en torno al financiamiento. Se desestimaron diversas propuestas formuladas por el PIT CNT como revisar diversas exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, reequilibrar las mucho mayores contribuciones del trabajo y en relación a los aportes del capital e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio. 

Sobre la Caja Militar, el subsistema más deficitario e inequitativo de todos, la reforma planteada propone que los militares continúen retirándose a edades bajísimas y en algunos casos con el doble del salario, durante los próximos 10 años. Este tipo de transiciones o incluso más largas, imprescindibles para los trabajadores y trabajadoras amparados por el régimen general, resultan inaceptables en el caso de la Caja Militar. Para dar verdadera legitimidad social al proceso, este subsistema requiere cambios más urgentes y profundos, en relación a los previstos para el resto de la población.     

Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Se propone un aumento en la edad mínima de retiro sin contemplar desigualdades, y una mayor exigencia de años cotizados para acceder a la jubilación, que implicarán un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad.

El proyecto de reforma no solo no plantea cambios relevantes en cuanto a la articulación entre los pilares contributivo y no contributivo, sino que propone un suplemento solidario que, si bien tiende a focalizar subsidios entre los sectores de menor ingreso relativo, plantea un mecanismo de ajuste que implicará que se vaya debilitando a medida que pasa el tiempo. Esta “licuación” o debilitamiento del suplemento solidario va en dirección opuesta a las transformaciones que requiere el sistema a mediano y largo plazo. Dada las debilidades y precariedad del mercado laboral y la tendencia a una mayor desigualdad y exclusión de sectores con menores calificaciones y habilidades que tienden a transformarse en obsoletas, el sistema de protección social en general y jubilatorio en particular precisa fortalecer cada vez más los pilares no contributivos que garantizan los derechos de la población más vulnerable. Con esta propuesta en particular, la reforma propuesta plantea consolidar a mediano y largo plazo un régimen cada vez más contributivo, que tiene de erosionar los componentes solidarios y redistributivos del sistema.  

Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años de edad y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales. Además, las estimaciones presentadas muestran que no es correcto lo afirmado por los impulsores de la reforma, cuando señalan que las personas deberán jubilarse más tarde pero que no percibirán jubilaciones más bajas a las que otorga en régimen vigente a edades más tempranas. El análisis muestra que alguien que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con $ 36.700, pasará a retirarse a los 65 años de edad con unos $ 28.400, una diferencia superior a $ 8.000 que representa una caída de 23% en el haber jubilatorio mensual.

Otra de las diferencias centrales con la reforma propuesta refiere a la visión sobre el desempeño del régimen de capitalización individual durante estos 26 años y la necesidad de una reforma estructural de este pilar. El PIT CNT propone eliminar las AFAP y trasformar el actual régimen en un pilar de ahorro administrado profesionalmente por una agencia estatal especializada sin fines de lucro. 

Por último, la propuesta de reforma tiene serios problemas de diseño, al plantear cambios muy drásticos entre trabajadores con apenas unos días o meses de diferencia en su edad. Concretamente, se plantea que mientras alguien nacido en 1972 pueda jubilarse en 2032 a los 60 años de edad bajo el régimen vigente, una persona nacida en 1973 tenga condiciones totalmente diferentes: enfrentará una edad mínima de retiro de 63 años por lo que recién podrá jubilarse en 2036, con una ponderación de 65% del régimen propuesto y solo un 35% del régimen vigente.

Extraído de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.