Intervención de Gerardo Caetano en la Mesa Redonda realizada con motivo del 99 aniversario de la aprobación de la Ley nº 5350 de Jornada Laboral de 8 horas
20 de noviembre de 2014

Agradezco muy particularmente esta invitación, honrosa e inspiradora y al mismo tiempo felicito a la Central por esta iniciativa, que espero realmente, y les ofrezco mi ayuda, que sea el inicio de un proceso de conmemoración del centenario de la Ley de 8 horas.
Esto viene  bien, porque recordar significa volver a pasar por el corazón, y el sentido de la memoria tiene que ver mucho más que ver con el futuro que con el pasado, aunque a veces se equivoquen.
El Presidente Mujica suele señalar que en estos últimos años, que con su chofer le pasa algo bastante curioso. El chofer lo lleva a un lado, a otro y en muchas ocasiones son las conmemoraciones de cien años de algo, un liceo, una escuela, un instituto y un día le preguntó “pero Presidente, que pasó hace cien años”. Y Mujica lo miró y le dijo “¿Qué pasó? Pasó Batlle y Ordóñez”.
Pero en realidad no solamente pasó Batlle y Ordóñez, pasaron muchos, que de alguna manera conformaron un período, que nunca es una fragua personal y que nunca es una fragua sin conflictos, que es una fragua colectiva, donde las personas cuentan mucho, pero donde también los colectivos cuenta de igual manera.
En la segunda mitad del siglo XIX venían inmigrantes. Muchos de ellos venían con sus ideas, pero otros se hicieron españoles o italianos aquí. Porque no venían de Italia o de España, venían de Calabria o de Galicia, venían de las grandes aldeas. Y también muchos de ellos se hicieron anarquistas o socialistas aquí, asociados con los trabajadores.
Cuando la Internacional convoca a la celebración del 1º de Mayo e incorpora en el plan de reivindicaciones las 8 horas, lo hace bajo una propuesta de vida, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir.
Vaya propuesta transformadora que mantiene vigencia, quien de nosotros puede decir hoy que está cumpliendo esa pauta.
En este contexto, en Uruguay estaba todo por hacerse. Era un tiempo de utopías y las utopías eran las más diversas. Por ejemplo, los sindicatos tenían el Centro Internacional de Estudios Sociales, donde se debatía sobre el futuro. El Centro Liberal reunía al primer arzobispo de Montevideo Mariano Soler, para discutir con Pedro Díaz a propósito del vínculo entre la religión y la sociedad. Zorrilla de San Martín inaugurando el monumento a Artigas en la Plaza Independencia demostraba, el 28 de febrero de 1923, que en realidad el tema de los pronósticos complicados, no es un tema de ahora. Y que ya entonces se cometían errores muy grandes porque él en su discurso, cuando se inauguraba el monumento de Ángel Zanelli, dijo que Uruguay en el bicentenario iba a tener entre 35 y 40 millones de personas. Le erró un poco.
Pero en el marco de esas utopías había sindicatos, que ya en el Siglo XIX, por su propia lucha, habían conquistado las 8 horas. Eran los menos.
Y como he escuchado decir muchas veces con sabiduría, los empresarios uruguayos, eran más patrones que empresarios. Historia larga y lamentablemente vigente.
Su núcleo de enriquecimiento pasaba por la sobreexplotación de los trabajadores, que llegaban a trabajar 11, 12, 13, 14, 15 horas, como ha quedado testimoniado es la documentación.
Pero en aquel final del Siglo XIX, en ese Uruguay de las utopías, la cuestión social,  que era vista por los distintos gobiernos como cuestión policial, como algo que había que reprimir, se encontró con una gran transformación en el sistema político. Esa gran transformación está identificada con el acceso de José Batlle y Ordóñez a la Presidencia de la República.
No exclusivamente, hay otros fenómenos que la revelan, la fundación del Partido Socialista, la emergencia dentro del Partido Nacional de sectores con proyección también transformadora, los debates en el campo cultural, en el campo intelectual.
En aquel Uruguay que se transformaba y en el que todo estaba por hacerse, el tema era el porvenir, el tema era el futuro. A Batlle lo acusaban de porvenirismo, de que estaba enfermo de porvenirismo y que pensaba todo para el futuro.
Y ahí, en el novecientos, había dos grandes familias ideológicas. De un lado estaban los liberales conservadores, que creían que el sujeto de la libertad era el individuo, que los derechos preexistían a la política, que no había que impulsar ninguna noción de bien, que había que dejar que el individuo se despegara  porque la felicidad era una cuestión individual. Y por eso recelaban de la democracia y ambientaban un capitalismo duro, donde el Estado no interviniera.
Y del otro lado había otra familia ideológica que era la que podríamos llamar el republicanismo solidarista, que reivindicaba las tradiciones republicanas. Que el individuo no era el único sujeto de las libertades, que también había libertades de los colectivos, que la política era la que fundaba los derechos, que junto con la representación tenía que haber una participación permanente de los ciudadanos, que en esa construcción permanente de una ciudadanía que tenía que ser una ciudadanía para construir, una ciudadanía en tensión con la igualdad, donde la libertad individual solamente se podía registrar en el marco de la libertad de todos, esa vieja tensión entre libertad e igualdad, reivindicaba al Estado como un instrumento de solidaridad y planteaba la idea que los ciudadanos debían ser virtuosos.
En este contexto, de un país de utopías, de un país donde todo estaba por hacerse, Batlle y Ordóñez tiene su primera presidencia, ya había dado señales de transformación, incluso señales de apoyo al movimiento sindical, las grandes huelgas del ´95, las grandes huelgas de 1905 en las que incluyo Batlle y algunas de sus figuras habían reivindicado, contra la prensa conservadora que hubiera agitadores sindicales y que estos fueran extranjeros, porque eso era el porvenir. Porque esa era la simiente de la construcción de una sociedad nueva.
En la primera presidencia el gran tema fue la guerra civil. Y luego Batlle se fue cuatro años a Europa y dejó a un presidente mucho más conservador, aunque también tuvo algunos impulsos sobre todo en materia económica, no tanto en materia social, de transformación, como fue Claudio Williman.
Luego retornó. El Partido Nacional se abstuvo porque había hecho una intentona revolucionaria fracasada en 1910. Y eso habilitó a la emergencia de nuevos partidos, por ejemplo la Coalición Liberal Socialista, que llevó por primera vez a un diputado socialista a la Cámara de Representantes. Les recuerdo, uno en noventa y nueve. Y que sin embargo vaya que Emilio Frugoni hacía y promovía en el Parlamento. Uno en noventa y nueve.
Promoviendo mucho de aquello que se decía, una ley de inspiración socialista y de realización batllista. Un Partido Socialista que tenía un programa mínimo y un programa máximo y que se concebía a sí mismo muchas veces como el partido picana, el partido que estimulaba al batllismo a lo que el batllismo tenía como núcleo de su propuesta política e ideológica, avanzar.
No fue casual que Julio César Grauert cuando construye su agrupación en 1929, una agrupación en la izquierda batllista, le puso como nombre Avanzar.
Eso ya había estado en la historia del batllismo, porque como había dicho Domingo Arena, el programa del batllismo no tiene que tener punto final, porque la mejor página del programa del batllismo, es la página que vendrá. Es la página del porvenir, son los nuevos derechos que se incorporarán como propuesta.
En este contexto, proponer, como lo hizo Batlle y Ordóñez al inicio de la presidencia en 1911, centenares de proyectos de ley transformadores, fue la tónica de un hombre que volvía a la Presidencia de la República –por entonces los períodos presidenciales eran de cuatro años- con una obsesión, que era que esa era la hora del impulso, es la hora del avance, hay que aprovechar estos cuatro años.
Por eso no es casual que esa obsesión encontrara un vínculo de cercanía con un movimiento sindical que ya en 1905 había fundado una primera central sindical, la Federación Obrera Regional Uruguaya, de inspiración fundamentalmente anarquista, pero también con otras corrientes ideológicas.
Y en ese contexto, de un presidente que volvía a avanzar, a no perder tiempo, a impulsar transformaciones en todos los planos. La ley de los liceos departamentales, por la cual se fundaría en cada departamento un liceo público, porque se decía que si era privado no iba a incorporar a los pobres, simiente de una universidad pública por departamento. 19 universidades. O la ley de estaciones agronómicas, que generaba la propuesta de un complejo productivo científico donde el límite entre producción y desarrollo era la clave de la transformación.
Es en este contexto, y no casualmente que el 26 de junio de 1911 Batlle y Ordóñez propone la ley de 8 horas,  que inicialmente era una ley que recogía otros elementos, pero que luego en su discusión, que fue muy larga, costosa dentro del Parlamento, en 1913 fue separada en tres proyectos, uno de los cuales era la ley de 8 horas.
No era la primera ley de ordenamiento de las relaciones del trabajo. En 1903 los círculos católicos de obreros habían impulsado una ley, que no era una ley de 8 horas, pero era una ley de limitación de la jornada laboral. En 1904 un diputado colorado había incorporado aquella ley no tratada. En 1905 Herrera y Roxlo realizan también una propuesta de reglamentación laboral y el propio Batlle en 1906 había promovido una ley de ordenamiento de las relaciones laborales. Pero ninguna de ellas era una ley que propiamente incorporara la jornada de 8 horas. Que era, además de lo que significaba como propuesta concreta, el emblema del internacionalismo de los trabajadores en todo occidente.
La ley que propone Batlle y Ordóñez en el momento del impulso reformista, el 26 de junio, es la primera ley que expresamente incorpora sin matices, la delimitación de la jornada de 8 horas. No incorporaba las 8 horas para los trabajadores rurales. Y debían pasar 100 años para que esta conquista finalmente se estableciera. Pero en la fundamentación se señalaba y se incorporaba la legitimación de las 8 horas, que hacían los trabajadores sindicalizados, 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo, 8 horas para vivir.
La ley se proponía un mes después de un episodio que marcó a fuego aquel debate entre las dos familias ideológicas. Batlle en mayo de 1911 se encontraba con el centenario de la Batalla de Las Piedras, y se encontraba con una huelga tranviaria, huelga que nada menos afectaba a las grandes empresas tranviarias inglesas con sus socios uruguayos, que generó la primera huelga general en la historia del país. Fue toda una señal.
Primero en la celebración de los cien años la prensa conservadora de que en la celebración en Las Piedras se había dado un episodio, un vendedor de naranjas italiano, cuando se entonaba el himno nacional había sido repudiado por un cura, que de un golpe le había sacado el sombrero, al grito de “vos solamente te sacás el sombrero ante el Himno a Garibaldi”. Y al otro día el Presidente de la República, desde el diario El Día firmando con su nombre, dijo que estaba muy mal lo que había hecho ese cura -claro que acá también estaba el anticlericalismo- porque eso era un nacionalismo boxerista, es un patoterismo bajo y que quien sabía si ese trabajador sabía lo que se estaba cantando y que en realidad como pasaba con la Convención del Partido Colorado y en los actos del Partido Colorado, tan importante como el Himno Nacional era La Marsellesa, y ni que hablar del Himno a Garibaldi.
En la Convención del Partido Colorado muy raramente se entonaba el Himno Nacional y siempre se entonaba La Marsellesa, y en los momentos más impactantes, el Himno a Garibaldi.
Y dijo que había que terminar con ese nacionalismo patoteril y hay que ir a un himno que se cante y se baile, incluso que pueda sonar al son de una chacarera. Al otro día, las acusaciones  de antiartiguista, antinacionalista, antipatria pulularon.
Pero si algo faltaba para marcar este momento, se encontró con la huelga tranviaria y en esa huelga el estado Batllista interviene negociando, favoreciendo a la negociación, llegan a un acuerdo, que incumplen las patronales.
Entonces la FORU se reúne en la noche, en el Centro Internacional de Estudios Sociales y decide la huelga general. Terminó a altas horas de la noche y rumbearon para la casa de Batlle y Ordóñez. Batlle estaba remodelando la quinta de Piedras Blancas, entonces estaba viviendo en un apartamento que le habían prestado en la esquina de Uruguay y Andes. Se armó un piquete policial, no dejan pasar a la manifestación de los trabajadores y los trabajadores desbordan el piquete policial y llegan a la casa de Batlle. Sale Batlle con su esposa, Matilde Pacheco y con su hija Ana Amalia al balcón y allí –no había megáfonos-, Ángel Falco, el poeta anarquista se sube al árbol y a los gritos, le explica porque están ahí los trabajadores.
Se hace un silencio y con aquella voz pesada y gangosa, Don Pepe saluda el advenimiento de un nuevo actor social y les dice que en él van a tener el respaldo, siempre y cuando no violen la ley. Que en él van a tener un amigo, que en él van a tener un socio en la construcción de una nueva sociedad. Y la manifestación obrera se disuelve gritando “Viva la huelga general, viva Batlle y Ordóñez”.
Montevideo temblequeaba y al otro día los patrones fueron a hablar con el Presidente que los recibió muy serio y les dijo “miren, aquí los que han incumplido el acuerdo son ustedes y les doy tres días -porque ustedes están haciendo ejercicio de una licitación pública- para que resuelvan este problema, porque si a los tres día no lo resuelven, voy a intervenir, el Estado va a intervenir, y va a exigirles el cumplimiento de la licitación pública”.
Los patrones salieron absolutamente convencidos que aquel hombre era de temer y toda la prensa conservadora planteó que en la Presidencia de la República había un loco socialista que quería destruir el capitalismo en el Uruguay y construir con los trabajadores, una sociedad nueva.
La ley recién sería aprobada más de cuatro años después y entró en vigor recién a comienzos del año ´16.
Hay que ser claros, en el momento que se propone la ley, el cincuenta por ciento de los trabajadores habían conquistado las ocho horas por su lucha, sin ley. Pero en 1913, cuando se desata una crisis económico-financiera internacional que impacta muy fuertemente sobre el Uruguay,  ese cincuenta por ciento bajó a un treinta y tres por ciento.
¿Qué es lo que hizo la ley? La ley proyecto al cien por ciento de los trabajadores urbanos una conquista que muchos de los sindicatos, por su debilidad, no hubieran podido conquistar por sí mismos.
Es la expresión de lo que ha existido siempre, y que ojalá exista siempre y cada vez más, que es el vínculo entre la lucha social y la lucha política. Vínculo en el que, los sindicatos como bien lo han demostrado, el movimiento sindical no puede tener solamente como función, la defensa corporativa de los intereses de los trabajadores afiliados, sino que tiene que generar el rol de representar una propuesta de transformación social global, que incorpore también al conjunto de la sociedad. Y eso genera un vínculo que tiene que ser virtuoso y que tiene que admitir el conflicto, y público entre la lucha social y la lucha política.
El batllismo tenía un paquete de transformaciones mucho más radical. La ola del impulso reformista, como lo dijo Real de Azúa, fue frenada por los conservadores de adentro del Partido Colorado y por  los conservadores de afuera. A Batlle lo llegaron a llamar el Lenin uruguayo, incluso llegaron a calificar el batllismo como el inquietismo, José Irureta Goyena. El batllismo es peor que el socialismo porque es el inquietismo. El socialismo persigue una quimera, decía José Irureta Goyena, pero una vez que la consiguiera, se quedaría ahí. El inquietismo es peor, porque rema contra el reposo, incorpora permanentemente nuevas demandas. El inquietismo –terminaba su discurso, bajo la aclamación de todos los productores rurales y de los empresarios de la época- es el mal del San Vito, entronado en las alturas del Capitolio.
El batllismo proponía la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, públicas y privadas. ¿Qué pasaría si hoy lo propusiéramos? Seguramente habría una gran conmoción. En el programa del batllismo en los años 20 ya estaba. Y el propio Batlle lo impuso en el diario El Día. La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, con una comisión conformada por los trabajadores y representantes de los gremios del diario El Día, para tramitar responsablemente esa conquista. El trabajador que no tenía una cultura de trabajo, no participaba de las ganancias, pero aquél trabajador que tenía la cultura del trabajo participaba siempre, incluso en momentos difíciles para la empresa.
El batllismo pudo alojar a Julio Cesar Grauert. Julio Cesar Grauert, asesinado durante la dictadura de Terra, llegó a proponer que frente a la lucha entre el capital y el trabajo, para mantener su neutralidad el Estado tenía que favorecer a los débiles y que por eso tenía que darle una compensación económica a los trabajadores en huelga. Y a Grauert lo quisieron echar varias veces del Partido Colorado porque se reconocía como marxista y decía que el marxismo y el batllismo, a pesar de que eran diferentes, tenían grandes posibilidades de diálogo entre sí.
Y Batlle nunca aceptó que expulsaran a Grauert. Más aún, para amenazar decía que nunca lo iban a expulsar, pero además decía que cada vez se convencía más que tenía razón en muchas cosas. Con lo cual el batllismo vivió lo que vivió, las escisiones. En 1913 el riverismo que decían que no eran socialistas, eran colorados. En 1919 el vierismo “nosotros no vamos al soviet”. Y en 1926, la última escisión, el Partido Colorado por la Tradición, el sosismo “nosotros no queremos cambiar las reglas del sistema”.
Lo que quiero decir, para terminar, es que hay un gran error en plantear que aquel momento del impulso reformista se daba irresponsablemente en un contexto de vaca gordas, con un crecimiento económico enorme y que el Uruguay en realidad lo hacía desde una cultura y desde una moral sin exigencia.  Grave error.
La segunda presidencia de Batlle tuvo una crisis económica feroz y la respuesta de Batlle y Ordóñez fue “hay que radicalizar las reformas”.
Desde esta inspiración, que no es una receta, lo que se hizo hace cien años no se debe volver a hacer hoy, aquéllos trabajadores y dirigentes políticos nos lo rechazarían fervorosamente. Hoy los desafíos son otros, pero la inspiración sigue siendo la misma.
La mejor página de cualquier programa para transformar la sociedad siempre estará por venir, los programas de transformación social, la democracia son por definición inacabadas e inacabables. Siempre estará abierta a incorporar nuevos derechos. La agenda de una sociedad nueva no se termina jamás.
Y con esa inspiración, que es tal vez lo más valioso de esa segunda presidencia de Batlle. Y quiero decir con la máxima convicción que hoy, cien años después, es la hora del impulso no es la hora del freno, no es la hora de la administración de lo logrado. No lo justifica el cambio del contexto económico que se perfila, que no va a hacer el mismo, que incluso puede desacelerar el crecimiento y que incluso puede plantear instancias, en algún sentido muy difíciles. No serán más difíciles que la crisis de 1913 y la respuesta de alguien convencido de que la igualdad no es solamente un problema social sino que la igualdad es la clave de la transformación económica, será siempre aquella respuesta que Batlle y Ordóñez con el respaldo de los trabajadores dio en 1913. Y esa es la actitud más responsable que se puede tener en un momento como este.

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados ya es ley

Hoy ya es ley el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con el voto mayoritario de cuatro de los cinco partidos políticos con representación en la cámara de Diputados. Votó en contra de la norma, la Unidad Popular; conglomerado conformado, entre otros, por el grupo 26 de Mazo y el partido Humanista.

La ley del SNIC apunta a aquellas personas dependientes que necesiten de una tercera persona para desarrollar las actividades cotidianas. Se dará prioridad a los menores de edad y a los mayores de 65 años.

Pone especial énfasis en la regulación del mercado en cuanto a los servicios de cuidados destinado a personas dependientes ya sean públicos o privados.

La ley crea varias oficinas y dependencias. Entre ellas la Secretaría Nacional de Cuidados como un órgano ejecutivo de la Junta Nacional de Cuidados. Tendrá como competencia la coordinación y articulación interinstitucional del Sistema. La secretaría a crear funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y tendrá un responsable designado directamente por el Poder Ejecutivo.

La ley ya está en manos del Poder Ejecutivo que ahora procederá a darse el tiempo necesario para su reglamentación.

(Cuesta Duarte)

DISCURSO DE FRUGONI SOBRE LA LEY DE OCHO HORAS

JORNADA DE 8 HORAS
DISCURSO CENTRAL
28 de mayo de 1913

Yo esperaba que algún otro compañero de la Comisión de Trabajo interviniera en este debate antes que yo. Tenía manifestaciones particulares de algunos de ellos que me permitían esperar esa intervención que hubiera sido, indudablemente, muy oportuna y eficaz.
Tócame pues, a mí, con el apremio a que nos obliga esta sesión permanente, hacer algunas consideraciones, que no serán todo lo extensas que yo hubiera deseado porque me voy a ver en la necesidad de resumir, para no imponerle a la Cámara que me escucha el castigo de una atención demasiado prolongada, que le resultará tanto más penosa, cuanto que no son muchas mis aptitudes para revestir de amenidad esta clase de temas.
Confieso que a mí no me tomó de sorpresa la insistencia del señor diputado Rodríguez, en su moción de aplazamiento, moción de aplazamiento que la Cámara parece haber desechado ya, al decretar esta sesión permanente. No me tomó de sorpresa esa moción porque ya sabía yo que la argumentación del señor miembro informante, doctor Vecino, no tendría la virtud de convencer al señor diputado Rodríguez , no porque esa argumentación careciese de fuerza, sino porque bien había podido verse desde el principio de este debate que el encarnizado impugnador había venido dispuesto a no dejarse convencer.
El ha declarado que sufrió un verdadero desencanto, porque esperaba que el señor miembro informante refutara esa moción, y, en cambio, se encontró con que el doctor Vecino se fue al fondo mismo del asunto, lo que ha lamentado, precisamente, porque lo que conviene a la tesis que el impugnador sostiene es que no se vaya al fondo de la cuestión.
Al fondo de la cuestión tendremos que ir, señor Presidente, una vez que las cosas se han planteado en la forma en que acaba de colocarlas la resolución adoptada por la Cámara respecto a la sesión que estamos celebrando. Yo declaro que por lo que respecta al señor diputado Rodríguez, no sufrí ningún desengaño, porque él ha dicho exactamente lo mismo que yo esperaba que dijese. Siempre me pareció inevitable que a raíz de la exposición del señor miembro informante, el diputado Rodríguez manifestara que él continuaba creyendo que el asunto que nos ocupa debía volver nuevamente al seno de la Comisión, para ser objeto de un estudio más detenido, más completo, más acabado.
Yo podría añadir sin que me mueva el prurito de constituirme en profeta, que si el señor diputado Rodríguez volviera a hacer uso de la palabra, después de haber terminado yo de hablar – cosa que me parece, no tendremos el placer de que suceda, en virtud de las manifestaciones hechas al principio de esta sesión por el señor diputado Rodríguez – él diría que continuaba perfectamente convencido de la necesidad de que este asunto se aplace. Y hay más; acaso manifestara que, después de escuchados algunos de los argumentos formulados por mí, está más convencido que nunca de la necesidad de que el asunto se aplace, y hasta que se rechace de inmediato. Porque no puede haber datos suficientes, ni razones bastantes, que consigan mover a los opositores de este proyecto de la posición en que se han colocado.
Últimamente, no eran ya razones lo que reclamaban, sino datos, datos estadísticos, datos que demuestren que la Comisión de Trabajo sabe, por lo menos, algo de lo que pasa en el terreno de la producción en nuestro país. Se el reprochaba al señor miembro informante que no hubiera manifestado a la Cámara cuántos trabajadores hay en la República, dato importantísimo y fundamental, decía el doctor Rodríguez, que todas las Cámaras del mundo exigen, cuando se someten a su consideración leyes de esta naturaleza.
Pero, ¡por Dios! ¡señor Presidente! este recurso de la impugnación se me antoja de una ingenuidad conmovedora, enternecedora, estaría por decir que arranca lágrimas a los ojos; porque según ese criterio, según esa importancia fundamental y decisiva que quiere darse al dato de cuántos son los obreros que hay en nuestra República, resultaría que no se podría adoptar nunca ninguna disposición tendiente a tutelar a los hombres que trabajan en el país, si antes no se sabe a ciencia cierta, con toda exactitud, cuántos son los hombres que necesitan ese amparo.
Para saber si la ley de las ocho horas, por ejemplo, es conveniente o no, es justa o es injusta, es humanan o es inhumana, habría que saber previamente cuántos millares de trabajadores hay en el país. No importa que sepamos que hay unos cuantos millares; tenemos que saber el dato estadístico con toda exactitud, y mientras no tengamos a nuestra disposición los medios de saberlo, tendríamos que dejar que todos esos millares imprecisos e ignorados por la estadística, continúen sufriendo todos los rigores de la explotación, padeciendo todas las injusticias y todas las opresiones, fuera del alcance de la ley, que por lo visto sólo puede intervenir para amparar a los hombres que han tenido la suerte de ser favorecidos con una correspondiente anotación de la estadística que los haga figurar, debidamente registrados, en sus cuadros numéricos.
Yo sé que la estadística es una gran cosa.
No seré yo quien niegue la importancia de la estadística, ni desconozca sus ventajas y los grandes servicios que presta. Ella sirve, sobre todo, para venir en apoyo de nuestras opiniones, para reforzarlas, para darles principalmente una base sólida sobre la constatación de los hechos reales. De ahí que la estadística sea imprescindible para el estudio de muchas de estas cuestiones y que sea imprescindible también para la
confección de muchas leyes; pero la estadística no es el único fundamento ni la única razón de ser de todas las leyes.
Incurriríamos en lo que yo me atrevería a llamar el fanatismo estadístico si creyéramos que un Cuerpo Legislativo no está habilitado para dictar ciertas y determinadas leyes, mientras no tenga en sus manos una estadística completa que indique las proporciones o la magnitud adquiridas por los males que se trata de combatir.
Si la estadística fuera el único fundamento y la única razón de ser de todas las leyes, tendríamos que suprimir de las actividades parlamentaria la parte precisamente más sabia y más fecunda; la parte que se refiere a las leyes de previsión, porque las leyes de previsión tratan de males que todavía no se han producido, es decir, de males que no han podido ser todavía registrados por la estadística.
Por lo demás, aún tratándose de combatir males existentes, si bien la estadística puede ser un auxiliar preciosísimo si no para demostrar a la conciencia pública la necesidad de que se legisle en contra de esos males, la necesidad de que se les ponga remedio, de que se trate de evitarlos, aun cuando la estadística no existiera, siempre tendrían los Cuerpos Legislativos de una nación donde tales llagas existen, el derecho y el deber de legislar a ese respecto.
Así, por ejemplo, en la cuestión del alcoholismo, para que nosotros abriguemos la convicción profunda de que es necesario tomar disposiciones que pongan coto o límite al uso y abuso del alcohol, no es necesario que tengamos a la vista los cuadros estadísticos que nos demuestren cuántas son las personas que en nuestro país padecen los desastrosos efectos de ese flagelo. A nosotros nos basta con saber que hay muchas personas que se encuentran condenadas a las graves consecuencias del alcoholismo; nos basta con saber, porque lo podemos constatar todos los días, que entre nosotros el alcohol también produce los malos efectos que produce en los demás países del mundo; nos basta con saber que el nuestro no es un país de excepción, que pueda sustraerse al determinismo y a la influencia de los factores que obran en los demás países del universo, y sabiendo nosotros que en nuestro país el alcohol tiene por fuerza que producir los mismos desastrosos resultados que produce en todas partes, comprendiendo que en nuestro medio el alcoholismo tiene que extenderse como se extiende en todas las sociedades modernas, nosotros podemos dictar leyes que tiendan a limitar el comercio del alcohol o a reglamentarlo, sin necesidad de que la estadística venga antes a decirnos que los alcoholizados o alcoholistas que hay en la República ascienden a tal número.
Por lo que respecta a la legislación industrial, el caso, en la mayoría de las ocasiones, es exactamente el mismo. Yo recuerdo que al discutirse una de las tantas mociones de aplazamiento que fueron elevadas al seño de la Cámara – yo no sé si por espíritu obstruccionista, ya que los
autores de esas mociones declararon no estar inspirados en ninguna intención de esa clase, pero sí indudablemente con el propósito de que este proyecto no se discutiera o no se continuara discutiendo – recuerdo, decía, que al tratarse una de esas mociones, algún señor diputado manifestaba que antes de pronunciarse a favor de esta ley necesitaba saber, por ejemplo, el dato de cuántos eran los niños y las mujeres que
estaban sometidos a tareas más o menos largas en las industrias del país, cuál era el salario que percibían, cuáles eran las condiciones de trabajo en que sus tareas se desarrollaban.
Los que se manifestaron partidarios de adoptar antes medidas tendientes a reglamentar exclusivamente el trabajo de las mujeres y de los niños, que son, indudablemente, los que más merecen la protección legal, porque son los seres más débiles y más expuestos a los excesos de la explotación capitalista; los que se mostraban partidarios, decía, de esta reglamentación especial, reclamaban, como cosa imprescindible, para poder formar criterio al respecto, el tener a la vista esos datos completos, esa estadística, y parecían ellos declarar, desde luego, que mientras esa estadística no viniera, no estaban habilitados para tratar de que se limitara la jornada de trabajo a las mujeres y a los niños.
No les bastaba tener la constancia de que hay en nuestro país muchas mujeres y muchos niños que trabajan en las industrias; no les bastaba tener la constancia de que hay en nuestro país mueres y niños sometidos a jornadas excesivas de 10 y de 12 horas, según lo constataron algunos distinguidos colegas en una visita que hicieron a cierta fábrica del Sauce, y según podemos constatarlo todos nosotros con extender apenas la mirada en torno nuestro y advertir lo que sucede en el campo de la producción en la misma Capital; era necesario que se supiera a ciencia cierta a qué número ascendían los niños y las mujeres sometidos a esas jornadas excesivas.
Y bien señor Presidente, yo sostengo que no es imprescindible tener a la vista el dato exacto de cuántos son los niños que en la actualidad se encuentran sujetos a condiciones de trabajo no relacionadas con la debilidad de su organismo, para que abriguemos la convicción de que es forzoso que el legislador intervenga poniendo límites a la explotación del capital; me basta saber que hay fábricas en la República donde los niños y las mujeres trabajan más de nueve y de diez horas, para que yo adquiera la convicción profunda, para que surja de inmediato en mi espíritu la convicción profunda de que el legislador debe preocuparse de la cuestión, poniendo un límite a la jornada de trabajo para amparar a esas débiles víctimas.
Ese es al respecto mi criterio, que creo poder hacer perfectamente extensivo al caso de esta ley sobre la jornada de las ocho horas que no solamente se refiere a los adultos, sino que se refiere también a las mujeres y a los niños, por los cuales tanto demostraban interesarse los mismos impugnadores de este proyecto.
Lo curioso es que quienes reprochaban a la Comisión de Trabajo esta insuficiencia en sus informaciones, incurrían en una flagrante contradicción, porque recuerdo que uno de estos señores diputados, al mismo tiempo que manifestaba, que él no podía votar las ocho horas mientras no tuviera a su vista estadísticas completas respecto a las condiciones de trabajo de los productores en general, en nuestro país, decía que, en cambio, estaba profundamente convencido de que debía legislarse para amparar a los pobres niños que andan vagabundeando por las calles de la metrópoli.
Y bien: esa convicción ese señor diputado la había adquirido sin necesidad de recurrir a los cuadros de la estadística, porque no hay hasta la fecha ninguna estadística que nos indique, a ciencia cierta, cuántos son los niños vagabundos que hay en la Capital, y que hay en la República, y cuáles son, numéricamente expresadas, las condiciones de vida en que se desarrollan su organismo y su espíritu.
De modo, pues, que ellos mismos admitían que se pudieran dictar leyes, leyes tutelares de los seres que merecen y necesitan la protección legal, sin necesidad de partir de la base de estadísticas ciertas, sin necesidad de tener previamente a mano cuadros numéricos y demostrativos.
Por otra parte, a mí me extrañaba también un poco que el señor diputado Rodríguez reclamara con tanta insistencia el dato fundamentalísimo de cuántos son los trabajadores que hay en la República, cuando es de todos los datos que pudieran habérsenos exigido, el más fácil de proporcionar.
En efecto: hay una oficina en el país que se encarga de distribuir entre todos los señores diputados un grueso volumen, el “Anuario Estadístico del Uruguay”, en una de cuyas páginas el señor diputado Rodríguez habría podido encontrar el dato que tan insistentemente reclamaba.
No será un dato de última hora, porque las estadísticas en nuestro país se hacen siempre con cierto retardo, a pesar del complicado organismo de que disfrutamos al respecto, pero es un dato todavía útil, de hace tres o cuatro años.
Está allí el cuadro estadístico del año 1908, en el cual se encontrarán todos los informes que el señor diputado Rodríguez reclamaba. Yo me he tomado el trabajo de transcribirlos para que el señor diputado saque de estos datos, las consecuencias que él cree imprescindibles para la mejor ilustración de su criterio al respecto.
En cuanto a mí, declaro que aun cuando se me demostrara que estos datos no son verdaderos, que son equivocados, no por eso habría echado por tierra mi convicción de que es necesario legislar, cuanto antes, sobre la jornada de trabajo en el país. El censo industrial de 1908 indica que en la República hay establecimientos que, en
conjunto, alcanzan al número de 16.017. De éstos, 11.750 son mercantiles; 2.408 son industriales y 1.859 son mixtos.
El personal que en ellos trabaja ascendía en 1908 a 67.398. De éstos, son dependientes 15.643; éstos caerían comprendidos en la ley que nos proponemos dictar: capataces 1.818; operarios 27.247; aprendices 5.157; peones 14.161; y no especificados 3.368. Trabajan dentro de los establecimientos 56.210; fuera, 11.184; son hombres, 60.264; mujeres, 7.130; menores de 12 años, 1.095; menores de 12 a 18, 10.697; de más de 18, 46.461; no especificaron edad, 9.141.
En Montevideo, los establecimientos son 7.037; de éstos, 1.356 son industriales; 4.692, mercantiles;989, mixtos. El personal asciende a la cantidad de 41.233. De éstos, son dependientes 9.187; capataces, 1.083; operarios, 19.733;aprendices, 3.168; peones, 6.558; sin especificar, 1.504. Son hombres 35.948; mujeres, 5.285; menores de 12 años, 425; de 12 a 18, 6.344; mayores de 18 30.924.
Datos más recientes de la Oficina de Trabajo, los que figuran en el repartido, establecen que hay en Montevideo, 42.000 operarios. Estos son los datos que con tanta insistencia reclamaba el señor diputado Rodríguez y que le parecía que debieron haber sido la base de toda la argumentación del señor miembro informante. Si algún valor tienen estos datos, y es indiscutible que lo tienen, no puede nunca invocarse ese valor en contra de la aplicación de la jornada de ocho horas. Por el contrario, ellos demostrarían que hay en la República, como anteriormente he dicho, varios miles de trabajadores muchos miles de trabajadores que reclaman la pronta implantación de una ley de esta naturaleza.
También se ha pretendido que la Comisión de Trabajo complete la consulta a la encuesta realizada entre los industriales del país. No basta a los impugnadores que los industriales espontáneamente hayan realizado esa investigación y hayan presentado sus resultados a la Cámara; sería necesario que la Comisión de Trabajo, integrada con nuevos elementos, constituyendo una nueva comisión especial de carácter más o menos técnica iniciara ella una nueva investigación sobre la base, tal vez, de un cuestionario especial, y recién entonces la Cámara sabría a qué atenerse respecto a la opinión de los industriales y de los trabajadores.
En cuanto a la opinión de los trabajadores, me parece que hay manifestaciones ya demasiado inequívocas de que la inmensa mayoría de ellos son partidarios de la jornada de ocho horas, para que se pretenda aún que no se conocen a este respecto sus opiniones. Están, por una parte, las manifestaciones de todo orden que se han realizado, algunas de ellas tan importantes como el mitin último que recorrió algunas calles de la población, están, además, las declaraciones individuales que han ido apareciendo, desde que este asunto empezó a agitarse en la Cámara hasta ahora, en las columnas de los diarios, y están finalmente, los datos que nos aporta la estadística industrial, la cual nos enseña que ha habido una gran cantidad de huelgas en nuestro país, desde varios años a esta parte, en todas las cuales se ha reclamado siempre, a veces como condición agregada a otras más, la limitación de la jornada de trabajo.
Todos estos son datos sobrados para que la Cámara tenga la más perfecta persuasión de que los trabajadores de la República quieren la ley de las ocho horas.
En cuanto a la opinión de los industriales, la Cámara la conoce sobradamente también, conoce, es decir, la opinión de los industriales contrarios a la ley de ocho horas, porque, aunque parezca curioso, hay algunos que son partidarios y hay otros, señor Presidente, que aunque se pronuncien en contra de la ley de las ocho horas, no pueden ellos ser, en realidad, adversarios de esa jornada, porque ella está rigiendo en sus propios establecimientos, y está rigiendo por la voluntad de los patrones.
Aunque ahora se manifiesten en contra de la ley de las ocho horas, no pueden ellos alegar inconvenientes para la aplicabilidad de esta ley, cuando sus propios establecimientos nos demuestran que esa jornada es perfectamente aplicable y no perjudica a sus industrias. Es curioso observar cómo la impugnación a estos proyectos que se refieren a la limitación de la jornada de trabajo, recurre en todas partes del mundo, más o menos, a los mismos expedientes.
Cuando se discutía, no hace mucho, en el Parlamento francés, la ley de las diez horas, se reprochaba a la Comisión de Trabajo, a la Comisión informante de aquella Cámara, más o menos lo mismo que se está reprochando a la Comisión de Trabajo de la nuestra. Se echaban de menos, por una parte, datos estadísticos completos y suficientemente copiosos. Por otra parte, se alegaba también que no se había realizado una encuesta en regla, organizada o hincada por la Cámara misma, entre los industriales, entre los comerciantes, entre todos los que pudieran aparecer afectados por la aplicación de la ley.
Por lo que se refiere a la encuesta que entonces se reclamaba, a pesar de que allí también algunas corporaciones industriales y comerciales se habían adelantado a
realizar esa encuesta por su propia cuenta elevando sus resultancias a la Cámara de Diputados, yo recuerdo que se demostró perfectamente la inutilidad de que la Cámara
tomase sobre sí la tarea de iniciar una nueva encuesta, porque iba a resultar lo que ya había resultado en muchas otras ocasiones, que es lo siguiente: La Comisión dictaminante confeccionó un cuestionario interrogando a los industriales sobre sus opiniones personales respecto a los peligros, a las conveniencias, o a los
inconvenientes de la adopción de determinada medida.
Y bien: ¿qué ha resultado en todos los casos en que el Parlamento francés ha hincado y realizado encuestas de esta naturaleza? Que los industriales se han puesto de acuerdo, que han convocado a asambleas a las cuales han asistido todos ellos y han tomado una resolución colectiva. De ahí que todos contestaran al unísono: a las mismas peguntas daban las mismas respuestas, habiendo sido éstas dictadas con carácter de resolución que todos debían acatar.
Podía haber entre ellos alguno que personalmente no opinara lo que la Asamblea había resuelto; pero por espíritu de clase, por espíritu profesional, dirémoslo así, todos
quedaban comprometidos a responder a la encuesta en idéntica forma. Si se deseaba obtener un reflejo de las opiniones personales, un reflejo del criterio de
cada uno de los industriales, esto no podía obtenerse. En realidad, lo que se obtenía era una expresión que traducía la opinión colectiva de los industriales, que era a veces tan sólo la opinión de los de mayor influencia.
Y esto es ni más ni menos, lo que ha sucedido ya en nuestro país, porque es así como se explica que en uno de los alegatos presentados, por nuestros industriales a la Cámara contra la ley de las ocho horas, aparezcan firmando instituciones que han aplicado, desde hace tiempo, esa jornada de trabajo.
Es curioso, en efecto, que firmen ese alegato por el cual se trataría de demostrar que la aplicación de las ocho horas es ruinosa, es desastrosa para la industria y para el
comercio; que la aplicación de las ocho horas trae aparejada la ruina de todas las instituciones, a las cuales se les quiere aplicar, que aparezcan firmando, decía, ese
alegato, por ejemplo, los gerentes de Banco, en los cuales hace ya mucho tiempo que está rigiendo la jornada de ocho horas.
Estos gerentes y los jefes de otras instituciones que han aplicado por su exclusiva y libérrima voluntad la jornada que ahora combaten, si aparecen firmando esa
declaración, es, como decía anteriormente, por simple espíritu de clase, por simple solidaridad profesional, pero no porque personalmente puedan estar convencidos de que esa jornada traiga aparejada la ruina de las instituciones que ellos dirigen, porque si la jornada de las ocho horas implicara la ruina de esas instituciones, hubieran empezado ellos, señor Presidente por no aplicarla.
Se ha hecho otro reproche, no menos injustificado que los que acabo de expresar, a la Comisión informante. Recuerdo que algunos señores diputados se asombraban de que en el informe suscripto por todos nosotros, se dejara sentada la afirmación – que ellos consideraban monstruosa - de que los salarios han disminuido; la afirmación de que de unos años a esta parte los salarios aparecen realmente deprimidos, y sostenían que era esta una aseveración completamente imaginaria y fantástica de la Comisión informante. A este respecto habría mucho que hablar.
Voy a tratar, sin embargo, de ocuparme de este punto lo más someramente que me sea posible, porque tiene importancia, siquiera sea para dejar demostrado, una vez más, que la Comisión de Trabajo ha sido objeto de acusaciones infundadas e injustas.
Verdad es que las estadísticas habían venido demostrando, en muchos países, que durante el siglo anterior los salarios marcaban una línea ascendente.
En la Exposición Universal de París la Dirección del Trabajo presentó un cuadro que representaba la suba de los salarios año por año, desde 1806 a 1908. En Inglaterra la
Sociedad de Estadística demuestra que desde 1850 a 1920 los salarios aumentaron un 78 por ciento,. En Alemania se han hecho constataciones análogas desde el año 65 al año 99. También en Estados Unidos hasta 1891, el Boletín del Departamento de Trabajo acusaba un ascenso continuo.
Pero, por lo pronto hay que tener en cuenta que esa suba es, en gran parte, aparente, en gran parte nominal, porque dado el abaratamiento del oro, la depreciación del oro que trae aparejada la desvalorización de la moneda, dado el encarecimiento de algunos productos y, sobre todo, la valorización de la tierra, al mismo tiempo que iban subiendo los salarios nominales, subía también el precio de los artículos de primera necesidad.
Se ha hecho, sin embargo, el cálculo en algunos países de que este aumento de la vida material alcanzó, durante el siglo pasado, a una tercera parte, mientras que los salarios nominales, considerados en conjunto, han doblado. De manera que quedaría siempre un margen a favor de este aumento de los salarios nominales.
Pero en estos últimos años este margen tiende a desaparecer y ha desaparecido ya, señor Presidente. Desde 1903 se ha notado, en todas partes del mundo, una considerable suba de precios que se ha avalorado en Francia, por el Departamento de Trabajo, en un 20 por ciento, mientras que los salarios nominales sólo pudieron ascender, en este mismo país, a un 10 por ciento. En Estados Unidos, Buchanan observaba en un luminoso informe que desde hacía algunos años hasta la fecha en que él producía ese informe, el salario real venía disminuyendo, es decir, se encarecía la vida para los trabajadores; lo que ellos percibían no alcanzaba ya a compensar el encarecimiento de los artículos necesarios para su subsistencia.
Thorold Rogers, por su parte, sostiene igualmente que la suba de los salarios no compensa la progresividad que se nota en la suba de los precios, es decir, que la línea
ascendente de los salarios no puede seguir la progresiva ascensión de los precios. Y esto es lo que se ha venido observando en estos últimos años en Italia, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos los países donde existen estadísticas perfectamente formuladas, organismos que se ocupan de levantarlas con toda
corrección, y esto es, sin duda alguna, lo que se nota en nuestro medio, donde nadie podrá negar que existe el fenómeno del encarecimiento de la vida.
Nosotros, desgraciadamente, no podemos disponer de estadísticas que nos permitan establecer la relación que existe en la actualidad entre los salarios y los precios, ni las
oscilaciones correlativas que hayan podido seguir unos y otros; pero lo que podemos afirmar, desde luego sin temor de equivocarnos, es que no hay razón alguna para que creamos que nuestro país se sustrae a los factores universales, a los factores que operan en todas partes del mundo.
La carestía de la vida es, por lo tanto, un fenómeno que obedece a factores de carácter internacional, como la depreciación del oro que trae aparejada la desvalorización de la moneda, la disminución del poder adquisitivo de la moneda; y, además, a factores locales, factores particulares propios de cada medio determinado, que contribuyen a agravar el mal; y entre nosotros uno de los factores más importantes es la valorización de la tierra, o mejor, la suba de los alquileres que la determinan, encareciendo la habitación.
Teniendo, pues, la convicción de que nuestro medio no puede sustraerse a la influencia de fenómenos que se dejan sentir en todas partes del mundo, podemos muy bien, entonces, sostener –aunque no tengamos ninguna estadística que nos lo demuestre con la más completa exactitud- que los salarios reales en los últimos años, han disminuido también en nuestro país.
Quiero hacer resaltar, señor Presidente, la diferencia entre salario nominal y salario real, porque esta diferencia es la que nos explica el error en que fácilmente incurren muchos que creen encontrarse frente a una verdadera suba de los salarios cuando han podido constatar que las cifras numéricas de éstos son mayores hoy que hace unos cuantos años.
Es, por otra parte, el error en que incurre en su informe el Director de la Oficina de Trabajo de nuestro país, informe que encuentro en el primer boletín estadístico que
acaba de redactar esa oficina. Nos dice en ese informe ese señor Director, que por una encuesta que él ha realizado entre los trabajadores y lo industriales, ha llegado a la conclusión de que los salarios en el país, de cinco años a esta parte, han aumentado de un 20 por ciento a un 40 por ciento.
No dice más que esto, porque la encuesta no ha aparecido aún. Es una referencia puramente incidental en el informe, y no sé, por consiguiente, cuál es el cálculo en que se ha basado el Director de la Oficina de Trabajo para llegar a esta conclusión, ni sé tampoco cuál es el alcance que debo dar a los términos numéricos, de que nos pone en conocimiento: no sé, en efecto, si él ha querido decir que la suba obtenida por los gremios, por los gremios que han obtenido mejoramiento de salarios, de algunos años a esta parte, oscila de un 20 a un 40 por ciento; ni sé, tampoco, si ha querido decir que el término medio de ese mejoramiento del salario oscile alrededor del 20 al 40 por ciento, aunque me parecería que, para tratarse de un término medio, hay una diferencia demasiado grande entre las dos cantidades enunciadas. Lo que me parece indiscutible – porque se refiere a un hecho que he podido constatar y que podemos constatar todos nosotros-, es que el cálculo o conclusión a que arriba el señor Director del Departamento de Trabajo no es bastante luminoso, porque son muchos los gremios que quedan fuera de ese movimiento ascendente del salario, pues son muchos los que no han logrado mejorar de remuneración.
Admitiendo que esos números se refiriesen a los dos extremos, entre los cuales ha variado el mejoramiento obtenido por varios gremios en sus remuneraciones pecuniarias, tendríamos que saber primero, si son muchos los gremios que han logrado conseguir ese mejoramiento, o si, por el contrario, hay una gran cantidad de gremios en la República, como antes he afirmado, que desde cinco años a esta parte permanecen gozando de los mismos salarios.
A mí me consta, en efecto, que hay una gran cantidad de gremios que no han podido. obtener, desde cinco años a esta parte, mejoramiento alguno en sus remuneraciones. El señor Director del Departamento de Trabajo podrá decirnos que hay algunos gremios que han obtenido ese mejoramiento, y que ese mejoramiento oscila entre el 20 y el 40 por ciento a que se refiere. Desde luego, este 40 por ciento será una cifra de excepción. Es indudablemente, el mejoramiento mayor a que han podido alcanzar en el país algunos gremios que se han encontrado en especialísimas circunstancias, en muy favorables condiciones para conseguir imponerse; pero la inmensa mayoría de los gremios de la República o ha podido alcanzar, de cinco años a esta parte, ni siquiera un 20 por ciento de aumento en sus salarios nominales, y puedo citar muchos gremios importantes que de cinco años a esta parte no han percibido ni siquiera un solo centésimo de aumento en sus salarios.
Tenemos, por ejemplo, todos los gremios marítimos de la Capital, que son muy numerosos y muy importantes, que desde hace más de cinco años vienen percibiendo el
mismo salario que perciben en la actualidad. Hay hasta gremios que dependen del Estado que han permanecido, durante seis o siete años, percibiendo los mismos salarios. Hace apenas quince días que, por una disposición del Poder Ejecutivo, que vino como consecuencia de ciertas gestiones iniciadas por mí en el seno del Parlamento, se ha mejorado la remuneración pecuniaria de los peones de Aduana.
Bien: los peones de Aduana venían percibiendo 29 pesos con 40 centésimos desde hace cinco o seis años, con esta particularidad: que, últimamente, ganaban menos de lo que ganaron antes. Porque cuando las capatacías eran particulares los peones de Aduana ganaban 30 pesos mensuales, y cuando pasaron a ser administradas por el Estado ese sueldo les quedó reducido, por el descuento, a 29 pesos con 30 centésimos.
De modo, pues, que para todos estos gremios, para los gremios marítimos, o para todos esos otros que en cinco o seis años no han podido obtener el aumento de un solo centésimo sobre su sueldo nominal, la disminución del sueldo o salario real es indiscutible; porque mientras el salario para ellos ha permanecido estacionario, la vida
se ha encarecido enormemente; puede calcularse que, de cinco años a esta parte, la vida se ha encarecido en nuestro país en más de un 40 por ciento, en virtud, sobre todo, del encarecimiento de los alquileres, en virtud de la valorización de la tierra. Ya ve, pues, el señor diputado que reprochaba a la Comisión informante que se
atreviera a decir que entre nosotros los salarios están sufriendo una depresión, cómo realmente es así, cómo también entre nosotros se deja sentir ese fenómeno de la
depresión de los salarios que se experimenta en mayor grado precisamente en aquellos medios sociales donde, como sucede en el nuestro, la clase obrera no está
completamente organizada y se halla, por consiguiente, en malas condiciones para oponerse a las tendencias depresivas del capital.
Si mal no recuerdo, el distinguido colega que dirigía este reproche a la Comisión informante, era el señor diputado Salterain. Yo lamento que no se encuentre presente en este instante ese distinguido colega, por quien siento particular aprecio, porque debo manifestar que la actitud de ese señor diputado frente a la ley que estamos discutiendo, no ha podido menos que llenarme de verdadero estupor.
En efecto, de nadie menos que del señor diputado Salterain, podía suponer yo una adhesión a las maniobras oposicionistas desplegadas contra este proyecto; de nadie
menos que del doctor Salterain, señor Presidente, porque si alguien hay en esta Cámara que debiera ser partidario acérrimo, caluroso partidario de esta ley, de la pronta
implantación de esta ley, por convencimiento científico que diga relación con la suerte y la salud de la raza y de las generaciones, ese alguien es el doctor Salterain, que ha fundado entre nosotros la Liga contra la Tuberculosis y e incansable propagandista de la campaña contra ese terrible flagelo de las sociedades modernas.
Yo recuerdo las palabras que en esta misma Cámara pronunciaba no hace mucho, una de las mas altas autoridades médicas del país, el doctor Soca, en un discurso lleno de afirmaciones que venían en corroboración de cuanto hemos dicho siempre nosotros de la vida de nuestros campesinos, de las condiciones de vida del proletariado de nuestra campaña, afirmaciones que yo me permito aconsejar, recomendar, someter a la consideración de los colegas que en esta Cámara sostenían que en nuestra República no existe el problema social ni existe la miseria.
El entonces diputado doctor Soca, después de hacer el más cumplido elogio de las bondades, de la sinceridad, del altruismo del doctor Salterain –elogio al cual adhiero
completamente-, nos decía que la verdadera orientación científica de la higiene moderna no se concreta a las ligas y sanatorios, porque la tuberculosis, como otras enfermedades, tiene su origen en causas que la acción inteligente del hombre puede remover o puede eliminar, y que, mientras estas causas perduren, la acción, el efecto, el resultado de las ligas y sanatorios han de ser siempre muy relativos.
Los países, nos decía, que han logrado disminuir su mortalidad, han echado mano de los medios preventivos, de los medios higiénicos, de los medios de defensa. Han tratado de que el aire, el agua, la luz, se repartan equitativa y fraternalmente; han tratado de mejorar la habitación del pobre, han fiscalizado su alimentación; han tratado de que se aumentara su salario y han disminuido también la jornada de trabajo. Yo recurro, señor Presidente, a las palabras de ese notable médico nacional que se
expresa con la alta y serena imparcialidad de la ciencia, para dar a las mías una autoridad de que carecen, y para demostrar que estas reformas, que tienden al mejoramiento de los trabajadores, no las reclama tan sólo un interés de partido o un espíritu tendencioso cualquiera, como algunos pretenden, principalmente los diputados Prando y Rodríguez, sino que las reclaman por encima de todo, ese innegable interés nacional y ese innegable interés humano que se vinculan al florecimiento de la raza, a la salud de la población, a la disminución de la mortalidad, a la cultura del pueblo, a la capacidad física e intelectual de los que producen la riqueza y elaboran con sus rudas manos constructivas, la grandeza y el provenir de la República. (Aplausos en la barra)
No se repudien, pues, estas reformas, por socialistas, por avanzadas, por revolucionarias, sin antes echarse a considerar, sin antes convencerse de que realmente
no consultan las más elevadas conveniencias nacionales y humanas. Y no se prevenga o no se predisponga contra ellas a ciertos espíritus, diciendo que quienes más
ardientemente proclaman, reclaman e imponen estas reformas, son los socialistas, porque en todo caso lo que habría que probar antes es que los socialistas, al abogar por ellas, no abogamos por algo que real y profundamente conviene, no ya por sus consecuencias futuras, sino por sus mismos efectos inmediatos, a la sociedad entera.
Nosotros, los socialistas, luchamos por el mejoramiento de los trabajadores, abogamos por su elevación material y moral en el deseo de que ellos se capaciten cuanto antes para la defensa de sus intereses de clase y para la realización de la magna misión histórica que a la clase proletaria le está encomendada en los tiempos presentes. Tratamos, pues, de congregar voluntades en torno de estas reformas; tratamos de mover a las masas proletarias en el sentido de sus legítimas conveniencias, despertando en ellas los anhelos de mejoramiento, poniendo en movimiento dentro de su espíritu y de su conciencia el motor de las aspiraciones, haciéndoles ver que deben conquistar siempre nuevas mejoras, que deben luchar por obtener siempre nuevas conquistas, inoculándoles lo que podríamos llamar el ansia de la continua ascensión, y este es nuestro delito, y este es el delito que los conservadores no nos perdonan! Pero los desafiamos a que nos demuestren que una sola de las reformas que nosotros preconizamos no está de acuerdo con los más altos destinos sociales y no se concilia con las más elevadas aspiraciones de la humanidad.
Ellos se esfuerzan en demostrarlo, pero lo único que consiguen, y no siempre tampoco, es demostrar que estas reformas contrarían de inmediato, o amenazan en el porvenir al interés de la clase dominante, con lo cual ponen en evidencia que este interés no se armoniza ya con aquellos altos destinos ni con aquellas elevadas aspiraciones. Estas reformas encierran –esto no lo negamos, esto es indiscutible-, estas reformas encierran, llevan en sí un germen revolucionario, como, por otra parte, lo lleva el progreso mismo, como lo llevan todas las conquistas y todas las manifestaciones de la civilización.
Colocando a los trabajadores en condiciones más favorables a la preparación de su espíritu, a la elevación de su cultura, al desenvolvimiento de sus aptitudes, de sus
facultades morales, a la formación de su conciencia de clase, los capacitan para la defensa de sus propios intereses y para la lucha en pro de los ideales de justicia que
requieren grandes transformaciones económicas. Y este es, precisamente, el temor de los conservadores. ¿Pero este temo puede ser base legítima de la oposición a estas reformas? ¿Es acaso legítimo negar a los trabajadores, por el temor de que se hagan demasiado exigentes, el derecho a condiciones de vida más humanas, más favorables a su educación, a la cultura, a la preparación de su espíritu, al desarrollo de su conciencia, de todas aquellas cualidades que los harán aptos, que los habilitarán para las realizaciones que el ideal espera de ellos? ¿Puede acaso, en los tiempos que corren, pretender ninguna clase que para no poner en peligro sus posiciones, sus privilegios, su preeminencia, se niegue a toda otra clase el derecho de una vida más humana, el derecho a aspirar a un mejoramiento, el derecho de preparase para defenderse contra los avances de la explotación?
No es esta por cierto una pretensión admisible ni defendible a estas alturas, después de todas las declamaciones y promesas democráticas a que los mismos conservadores son tan afectos; y de ahí que entre nosotros los industriales, para oponerse a una ley de esta naturaleza, prefieran no invocar los intereses de su propia clase, sino invocar por una parte las conveniencias de la sociedad, y por otra parte, aunque parezca un sarcasmo, las conveniencias de los trabajadores mismos. En otros países, los industriales han sido más francos y han declarado con toda impudicia que lo que a ellos no les conviene, es, precisamente, que los trabajadores se instruyan, porque los trabajadores instruidos se hacen demasiado exigentes.
En Estados Unidos, no hace mucho, declaraba ante el Instituto Americano del Hierro y del Acero, un poderoso industrial, que la conveniencia de las jornadas largas era que durante todo ese tiempo los operarios no podían hablar de su descontento, es decir, no podían echarse a penar ni a discurrir que se les estaba tratando como a bestias de carga. De manera que el ideal social de esos señores podría definirse así: que haya de una parte una clase de hombres que puedan gozar cómoda y tranquilamente de todas las ventajas del capital y de la explotación, y que haya, de otra parte, sometidos a su férula, otra clase de hombres que sólo tengan tiempo para ocuparse del trabajo que realizan en exclusivo provecho de sus amos.
Pero, señor Presidente, no es éste un ideal confesable cuando se sostienen ciertos principios democráticos, cuando se hacen ciertas declaraciones democráticas y se afirma que en la actualidad, en la sociedad presente, después de las grandes transformaciones políticas impuestas por la Revolución Francesa, todos los hombres son iguales, sin distinción de situación económica, ante las leyes; y todos gozan, sin distinción de situación pecuniaria, de determinados derechos políticos; porque, si toda una enorme fracción del pueblo debe quedar por fuerza condenada a no ocuparse nunca mas que de su propio trabajo, si no ha de tener tiempo más que para pensar en la tarea que realiza en beneficio de sus amos, yo pregunto, ¿cómo puede estar habilitada esa fracción del pueblo para ejercer a conciencia esos fundamentales y preciosos derechos?
Nadie se atrevería a sostener, por lo demás, entre nosotros, que sea justo que los obreros deban permanecer confinados en una completa carencia de aspiraciones, en una absoluta ignorancia, en una falta absoluta también de probabilidades de llegar a preparase algún día para la defensa contra los excesos de la explotación capitalista.
No es justo, ni es tampoco conveniente, como ya lo he dicho, al progreso moral y material de las naciones, porque los hombres que realmente aman a su nación, deben
anhelar que la cultura y el bienestar se difundan lo más posible entre todos los elementos que la integran, y que no quede, por consiguiente, ninguna fracción del
pueblo condenada a esos confinamientos; que no quede ninguna fracción del pueblo proscripta a esa vida hasta la cual no llegan las ventajas ni las luces del progreso;
sometida a lamentables condiciones de opresión y de inferioridad.
Este es nuestro patriotismo que, por lo visto, difiere mucho del patriotismo de los conservadores, ya que ellos prefieren colocar el interés de la clase poseedora por encima de las verdaderas y definitivas conveniencias de la nación, identificadas con el interés y con el anhelo de los proletarios conscientes. El progreso, señor Presidente, tiene sus exigencias y sus imposiciones, que no deben alcanzar tan sólo a los proletarios, sino que deben alcanzar también a los capitalistas. Estos se encuentran hoy frente a las reivindicaciones obreras, como los obreros se encontraron antes frente a las máquinas, unas y otras productos necesarios, fatales, y a
su vez factores del progreso humano. Cuando las máquinas comenzaron a desatar contra los obreros una competencia ruinosa y brutal, los obreros – como lo recordaba muy bien el señor miembro informante en uno de sus discursos- por un natural movimiento instintivo, por un movimiento instintivo de conservación , se rebelaron contra las máquinas y realizaron asonadas para destrozarlas.
Luego, comprendieron que si la máquina venía a desalojarlos despiadadamente del taller, lanzándolos a la desocupación, a la miseria y al hambre, ella también, por otra
parte, constituye una nueva fuerza que trae su impulso poderoso a la elaboración del porvenir, y se dieron cuenta, entonces, de que lo que convenía hacer, no era destrozar las máquinas, sino preparar las transformaciones sociales, luchar para que las máquinas llegaran a ser la propiedad de todos, transformándolas así, de terribles adversarios inmediatos en las batallas cotidianas por el pan, en un poderoso, en un fabuloso, en un fecundo aliado del hombre productor. Ellas, desalojando al proletario de los talleres, desalojándolo ruda e inexorablemente, vienen a darle una dura lección, que los proletarios modernos recogen; vienen a enseñarles que deben apresurarse a organizarse en grandes huestes compactas y conscientes, para realizar esas grandes transformaciones sociales en que la máquina sea una fuente inagotable de riquezas a todos accesibles y equitativamente distribuidas entre todos los que contribuyan a producirlas.
Cuando las máquinas aparecen revolucionarias y perturbadoras en el campo de la producción, haciendo sentir al proletario todo el peso inexorable de su ciega
superioridad y absorbiéndolo o incorporándolo en cierto modo a su propio organismo de hierro, surge desde ese momento la necesidad de que el productor se defienda contra el peligro de llegar a transformarse en una máquina humana, porque, para que esas fuerzas creadas por el hombre, sean dominadas por él, y para ponerlas al servicio de los más legítimos intereses humanos, es necesario, es imprescindible que surja y se desarrolle victoriosamente la inteligencia y la conciencia de clase de esos hombres que, no siendo los poseedores de la máquina, están destinados a ser vencidos y sometidos por ella, sin no saben defenderse. Por eso, señor Presidente, ya no se destrozan las máquinas; hoy se prepara el asalto para conquistarlas.
Y bien: los capitalistas deben ver en las reivindicaciones obreras surgidas como una consecuencia del desarrollo de la conciencia proletaria, efectos inevitables del progreso, ante los cuales les toca plegar su obstinada resistencia, convencidos de que si aprovechan de éste no pueden impedir que aquéllas se abran paso.
Tal vez algunos espíritus quietistas y conservadores observarán que son más felices los obreros que se conforman con su suerte que los que aspiran a mejoramientos difíciles de conseguir. No lo pongo en duda, señor Presidente, porque tal vez sea más feliz el hombre salvaje que el hombre civilizado, lleno de preocupaciones y de males desconocidos para el otro, o porque, sin duda, es más feliz la bestia inconsciente que el ser pensante; pero esta conformidad de los satisfechos con su miseria o con su degradación, es precisamente el peso muerto que obstaculiza el avance, que dificulta la marcha de la humanidad. Motor, en cambio, del progreso humano, es la actitud para anhelar y renovar los anhelos, porque lo que mueve al hombre es el impulso, es el deseo de ascender, y esto es, por consiguiente, lo que hace adelantar a los pueblos y a las sociedades.
No es por cierto en beneficio de un país que puede desearse, para todos los hombres que en él trabajan, esa deplorable conformidad, esa lamentable sencillez o simplicidad de costumbres del proletariado de nuestra campaña, que vive una vida puramente bestial; que está condenado a condiciones de existencia completamente inaceptables; que se halla sumido en la más absoluta indigencia moral y material; que percibe salarios irrisorio, retribuciones mezquinas; que se alimentan de una manera absurda, como lo afirmaba el señor diputado Soca en el discurso a que anteriormente he aludido; ¡que casi no se alimenta, señor Presidente!, que vive en el desconocimiento más grande de las más elementales nociones de higiene y de la vida verdaderamente civilizada; que está confinado entre los límites de una existencia hasta la cual no llegan del progreso más que las desventajas, más que los inconvenientes porque no llegan las luces de la cultura universal, los estremecimientos modernos del espíritu humano, y que, por todas estas circunstancias, está expuesto, está destinado no sólo a ser la víctima de torpes y anacrónicos fanatismos políticos –cuyos estallidos sangrientos tanto retardan el desenvolvimiento del país-, sino que está condenado a ser la víctima de enfermedades que, como la tuberculosis, según nos lo demostraba muy bien el doctor Soca, parecerían inconcebibles en esos medios rurales donde el sol y el aire puro, no son, seguramente, lo elementos que escasean.
Por eso decía que no me explicaba la oposición del señor diputado Salterain. No es en beneficio de un país, de sus destinos y de su grandeza bien entendida, que
puede desearse la conformidad y la continuidad de esas pobres víctimas del trabajo, que se encuentran agobiadas bajo condiciones verdaderamente lamentables que están abrumadas para las aptitudes normales del organismo humano; que tienen que desarrollar sus tareas en locales insalubres y antihigiénicos.
Todos hemos leído –son necesidad de habernos dedicado especialmente, como el doctor Salterain lo ha hecho, al estudio de la higiene- todos hemos leído una conferencia muy hermosa del doctor Queraltó, titulada “Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis”, y en esa conferencia hemos hallado la demostración de que esta terrible enfermedad recluta su mayor número de víctimas entre los trabajadores.
Esa conferencia demuestra que si la tuberculosis hace tan grandes estragos entre los proletarios, es en virtud de la naturaleza de ciertas industrias, de lo insalubre de ciertos talleres y de la extensión de las jornadas. Leyendo esa conferencia, ese luminoso folleto, uno se convence de que acotarles la hornada obrera a una gran cantidad de gremios, es alargarles la vida; uno se convence de que disminuyendo el horario de trabajo a los hilanderos, a los tejedores, a los refinadores de azúcar, a los tipógrafos, a los mecánicos, a los zapateros, a una infinidad de gremios más, que el doctor Queraltó enumera y prolijamente estudia, es realmente prolongarles la existencia y combatir, por el más eficaz de los medios la propagación de la tisis en la sociedad.

Y si no bastara todavía la opinión del doctor Queraltó, famoso por diversos conceptos, hay la opinión de un gran número de médicos higienistas, que se pronunciaron a este respecto cuando se discutía en el Parlamento francés la ley sobre la jornada de 10 horas. Y recuerdo, entre otros, el informe de una celebridad mundial, el doctor Calmette, de París, que atribuía la difusión de la tuberculosis entre los trabajadores a lo que él llamaba el “surmenage industrial”, es decir, a lo excesivo de la jornada de trabajo. Es por eso que yo manifestaba que de nadie menos que del doctor Salterain podría haberme imaginado que no fuera un acérrimo partidario de la pronta implantación de esta ley, porque, o se equivocan todos cuantos se han ocupado de higiene social, y el doctor Queraltó y el doctor Soca y el doctor Calmette ignoran lo que dicen, o nuestro distinguido colega ha destruido, sin quererlo, al oponerse a que esta ley se discutiera y continuara su curso normal, ha destruido, sin quererlo, una parte de la meritoria obra que ha realizado entre nosotros, al emprender, con el tesón que todos le hemos admirado y aplaudido, la campaña contra la tuberculosis.
Además, es de lamentarse que este distinguido colega –y con él otros más, que apoyaron sus declaraciones reclamando la pronta reglamentación del trabajo de las mujeres y niños, considerando que esa reglamentación exclusiva para tales débiles víctimas de la explotación industrial debía ser previa al estudio de esta otra cuestión- es lamentable, decía, que no se haya dado cuenta de que la ley de las 8 horas a quienes viene precisamente a beneficiar en primer término, y sobre todo, es a los niños y a las mujeres. Esta beneficio es tanto más importante y señalado cuanto que son las mujeres y los niños –por su debilidad moral y física, por las condiciones de inferioridad en que se encuentran también en el terreno de la producción, en comparación con el adulto-, cuanto que son las mujeres y los niños, repito, quines están en peores condiciones para obtener, por su propio esfuerzo, la limitación de la jornada.
Resulta, por razones fáciles de explicar y comprender, que los gremios que más fácilmente obtienen la limitación de la jornada de trabajo, son los gremios de hombres
adultos, siendo, en cambio, muy difícil que puedan obtener por su solo esfuerzo  esta mejora aquellos gremios que están constituidos en gran parte, por niños y mujeres.
Las mujeres y los niños suelen ser reacios a las organizaciones gremiales, suelen no atreverse a decidirse a constituir asociaciones de resistencia y defensa, por la propia
debilidad de su espíritu, porque esa propia debilidad los hace más conservadores, porque son más timoratos que los hombres, y por otras circunstancias más.
De modo que aquellos gremios constituidos por mujeres y niños, difícilmente realizan movimientos para obtener mejoras, y si los realizan, difícilmente las consiguen. La
presencia de las mujeres y los niños en un gremio hasta suele perjudicar a los adultos, en el sentido del resultado de los movimientos que realizan éstos para obtener
determinada mejora, porque los gremios en los cuales hay mujeres y niños se hallan en peores condiciones que los otros para hacerse fuertes en su actitud de rebeldía en su campaña de mejoramiento.
En efecto, suele suceder que cuando uno de estos gremios se declara en huelga, por ejemplo los obreros de una fábrica o de una industria en la cual trabajan niños y
mujeres, los patrones no tropiezan con mayores dificultades para encontrar quienes  sustituyan, por lo menos provisoriamente, a los que han abandonado el trabajo. Pueden encontrar, por lo general, una buena porción de mujeres y niños en disponibilidad para sustituir a los huelguistas. Y encuentran una cantidad suficiente para sustituir a los niños y mujeres que han abandonado el trabajo y para sustituir asimismo, perentoriamente, aunque solo sea para poder hacer frente a las exigencias más inmediatas de la producción, a los mismos adultos; porque hay en la población siempre una mayor cantidad de niños y mujeres disponibles para ocuparse en cualquier trabajo industrial, que de hombres adultos. De ahí que estos gremios se hallen en condiciones, como anteriormente decía, muy poco propicias para hacer valer, por la virtud de su solo esfuerzo y de su solidaridad, los derechos que les corresponden y para conseguir los mejoramientos a que aspiran.
Por lo demás, los mismos datos de la estadística vienen en apoyo de la afirmación que estoy haciendo. En el repartido que los señores diputados tienen a mano, figura una estadística enviada por la Oficina de Trabajo, en la cual se registran los diversos gremios industriales de Montevideo, indicando las jornadas que rigen para cada uno de esos gremios. Estudiando la parte relativa a la jornada de 8 horas, nos encontramos con que entre una gran cantidad, relativamente una gran cantidad de gremios que ya disfrutan de esa jornada, solamente hay dos en los cuales figuren mujeres y niños, es decir, que la adquisición de esta mejora obtenida por el esfuerzo único y exclusivo de los trabajadores mismos, sólo alcanza a beneficiar a un reducidísimo número de esos seres débiles que son los que más necesitan la disminución de la jornada. Hay tan sólo las telefonistas de la Sociedad Cooperativa Nacional – en la cual las empleadas trabajan 8 horas- lo mismo que las mujeres y los menores de la fábrica de papel. Y son los dos únicos gremios en los cuales las mujeres y los niños gozan de la jornada de 8 horas.
En toda esta larga lista no hay más que esos dos gremios; todos los otros gremios que han conseguido la jornada de 8 horas por su solo esfuerzo, dentro de lo que se ha
llamado el libre desenvolvimiento de las relaciones del capital con el trabajo, son gremios compuestos exclusivamente por hombres adultos. De donde tenemos que la
inmensa mayoría de las mujeres y los niños que están ocupados en las fábricas y en las industrias del país no han podido todavía entrar a disfrutar de esa reducción de la
jornada y no podían conseguirlo nunca tan pronto como podrían conseguirlo los obreros adultos que aún no gozan del horario menor.
Es así como podemos ver que industrias en las cuales trabajan mujeres y niños, se rigen por una jornada mayor de 10 horas y que hay gremios que trabajan a destajo, es decir, con una jornada indefinida o ilimitada, que están constituidos en su inmensa mayoría por niños y mujeres, como sucede con los que elaboran cigarrillos.
Con esto, señor Presidente, deseaba llegar a la conclusión de que ese régimen del libre desenvolvimiento de las relaciones del capital con el trabajo, cuando más puede
conducirnos a esta lamentable anomalía; la anomalía de que entren a gozar primero de la jornada de 8 horas quie nes menos la necesitan y de que no puedan entrar a
conquistarla nunca aquellos que más urgentemente la requieren.
Dejando que impere el régimen del libre desenvolvimiento de esas relaciones, condenamos a las mujeres y a los niños, a lo más débiles seres que son víctimas de la
explotación del capital y son los que necesitan, por tanto, mayor amparo de la ley, a no poder alcanzar nunca la limitación de la jornada, siendo esto una especie de privilegio tan sólo reservado a los gremios de hombres adultos. De manera que la intervención de la ley en este terreno viene a poner término a una anomalía inaceptable. La ley viene a sustituir el injusto y absurdo sistema que se implanta en virtud de ese libre desenvolvimiento de las relaciones del capital con el trabajo, por otro más humano, más lógico, más racional, haciendo extensiva esta ventaja de las 8 horas a todos esos débiles seres que no podían conseguirla nunca por el solo esfuerzo de su solidaridad y de su unión.
Repito, pues, que la implantación de la ley que discutimos, a quienes vendría a beneficiar en más alto grado es a quienes más la necesitan, es a los que más requieren el amparo legal en virtud de su debilidad orgánica y en virtud de las condiciones desfavorables en que se encuentran para luchar y oponerse a los avances de la explotación capitalista.
Yo he manifestado varias veces en el seno de la Cámara, y especialmente al fundar algunas de las numerosas mociones de preferencia, que no obtuvieron la aceptación de la misma, manifesté repetidas veces, decía, que la jornada legal de ocho horas es una aspiración de todos los trabajadores de la República, y lo es, no tan sólo de los que no han podido aún arrancarla como una conquista obtenida por su solidaridad y su esfuerzo frente a la tiranía patronal, sino que lo es asimismo de los que, habiéndola obtenido en ese libre desenvolvimiento de las relaciones del capital con el trabajo, no están, sin embargo, seguros de poder conservarla, de mantenerla para siempre, si la ley no se la garantiza, ya que en las fluctuaciones a que está expuesta la situación de nuestros gremios obreros, no es por cierto imposible que las mejoras acordadas o convenidas hoy sean suprimidas mañana, merced principalmente a las ventajas porque para la lucha del capital con el trabajo viene a ofrecer al primero una mayor oferta de brazos, mayor oferta que suele producirse frecuentemente en estas sociedades nuevas donde afluyen las corrientes inmigratorias desde las más remotas regiones del globo. Y es esa consideración la que mueve a muchos gremios, que han obtenido ya la jornada de 8 horas, a muchos gremios que gozan en la práctica de esa jornada, a pronunciarse a favor de la sanción de esta ley e interesarse por su pronto despacho. Y es también citando el caso de esos gremios que han conseguido obtener la limitación de la jornada por su solo esfuerzo, sin necesidad de la intervención de la ley, que se pretende quitar toda importancia a esta que ahora discutimos, observándose que son ya relativamente muchos los obreros que tienen ese horario en la Capital y en el país, pero sin advertirse que ni aun a aquellos trabadores que han conseguido implantar en sus respectivas tareas la jornada de 8 horas, la sanción de esta ley puede resultarles indiferente.
Siempre sería ella una garantía de la conquista realizada, una consagración del hecho hoy expuesto a mil contingencias que lo reducirían a la nada si la ley no lo garantiese, porque sabido es que nuestros gremios obreros, desgraciadamente, no se encuentran todavía organizados en forma que puedan asegurar la estabilidad, la duración, la perdurabilidad definitiva de esta clase de conquistas.
Muchos de nuestros gremios adquieren una organización y una consolidación temporaria, que sólo dura al efecto de algún movimiento en pro de tal o cual mejora, de
tal o cual reforma en las condiciones de su trabajo, para volver a caer nuevamente en la apatía y en la desorganización apenas terminada la agitación de que se trata.
De modo que no es difícil que, aprovechando estas circunstancias, los industriales supriman, de la noche a la mañana, algunas de las conquistas acordadas y el gremio se
vea, cuando menos lo piensa, despojado de las mejoras que consideraba permanentes. Para esto los industriales tienen en su favor dos circunstancias o dos factores
importantísimos por su decisiva eficacia. Tienen, por una parte, el natural desenvolvimiento industrial del país, que pone a los trabajadores a merced de los progresos de la técnica de producción.
En sociedades nuevas, como la nuestra, muchas industrias se establecen de una manera primitiva, casi rudimentaria; pero conforme van adquiriendo cierto desenvolvimiento, conforme van surgiendo condiciones que les aseguran y garantizan su estabilidad, su florecimiento, su prosperidad, entonces comienzan a introducir mejoras, perfeccionamiento en sus maquinarias, en sus medios de producción, y muchas veces basta la introducción de alguna de estas mejoras para dejar, de la noche a la mañana, en la calle, a un buen número de trabajadores.
Tienen, además, en su favor –y esto es lo más importante y lo que más me interesa señalar-, la influencia de los contingentes inmigratorios. Que los industriales se
preocupan de fomentar y de estimular por todos los medios posibles, con la complicidad de los Poderes Públicos, muy mal orientados en lo que al problema de la inmigración se refiere.
En efecto; los industriales tratan de que vengan al país grandes cantidades de inmigrantes, sin preocuparse para nada de la situación de los trabajadores anteriormente
radicados aquí, a los cuales vienen a hacerles una competencia ruinosa los extranjeros que traen costumbres y un nivel de vida inferiores a los que rigen entre los trabajadores residentes; competencia tanto más ruinosa y lamentable –competencia que determina el abaratamiento de la mano de obra, el envilecimiento de los salarios-, competencia tanto más ruinosa, decía, cuanto que esos infelices inmigrantes se ven obligados a permanecer aglomerados en los centros urbanos. Principalmente en la metrópoli, porque los campos que son los que realmente reclaman el concurso de sus brazos laboriosos, esos están acaparados por unos cuantos latifundistas que prefieren poblarlos de animales antes que poblarlos de hombres. Y así tenemos que los industriales –fomentando con el concurso de los dineros públicos, con el concurso del dinero que se les saca a los productores que aquí residen y a quienes vienen a hacerles la competencia los inmigrantes, sobre todo porque sus condiciones de vida no se fiscalizan suficientemente –conspiran contra los verdadero intereses de la Nación, contra los verdaderos intereses sociales, porque ese abaratamiento de la mano de obra, ese envilecimiento de los salarios conseguido con tales procedimiento, se traduce de un modo inevitable y fatal en la depresión de la vida material y moral de los trabajadores que constituyen la inmensa mayoría de los habitantes de la República.
No hace mucho se anunciaba que un conocido constructor había pensado restablecer entre sus operarios la jornada de nueve horas. Si se lo hubiera propuesto seriamente, acaso lo hubiera conseguido; lo hubiera conseguido, sin duda, si el gremio de albañiles se hubiera encontrado en ese mismo instante en la misma situación de desorganización y falta de compañerismo y solidaridad en que se ha encontrado muchas veces.
Felizmente el constructor no llevó adelante sus propósitos, y los operarios a sus órdenes han podido continuar gozando de la jornada de ocho horas. No hubiera sido difícil que al realizar ese propósito, el ejemplo fuese secundado por otros constructores, y todo ese gremio, que desde hace tantos años viene gozando de esa jornada, hubiera perdido tan preciosa conquista.
Podría citar numerosos gremios más – si no quisiera hacer gracia a la Cámara de enumeraciones prolijas y fatigosas- que después de haber obtenido determinadas
mejoras por convenios con sus patrones y por virtud de diversos movimientos, las perdieron de la noche a la mañana, porque los patrones supieron aprovechar las
circunstancias favorables para la recuperación del terreno perdido. Vese, pues, que la ley es provechosa, muy provechosa hasta para los mismos que han
conseguido la jornada de ocho horas sin necesidad de ella, y por fuerza debe ser así cuando hasta en los países donde la clase obrera, lejos de aparecer desorganizada y
caótica –como lo está la nuestra, debido a la diversidad étnica de los elementos adventicios que en gran parte la integran-, se muestra poderosamente organizada, en
fuertes “Trade-Unions”, también se ha sentido la necesidad de la ley.
La legislación del trabajo, como dice muy bien uno de los informes que figuran en este voluminoso repartido, comienza en Inglaterra por el “acta de fábricas”, sin que fueran obstáculo a la implantación de esa acta, ni obstáculo al desarrollo sucesivo de la legislación industrial de ese país, sino, por el contrario, factor de esa implantación y de ese desarrollo, las grandes organizaciones gremiales, los poderosos sindicatos, y sin que fueran obstáculo tampoco el espíritu individualista y la tradición individualista, tan arraigados en esa nación, pero que no impiden que esta legislación industrial vaya adquiriendo, día a día un considerable desenvolvimiento.
En Australia y en Nueva Zelanda –decía el señor Prando –los trabajadores, han podido conseguir las ocho horas, sin necesidad de una ley. Es cierto, señor Presidente. Pero si en las colonias de la Australasia, la ley –excepto en Nueva Zelanda, donde ha intervenido a fijar el horario para los obreros adultos de fábrica y hasta para los
dependientes del comercio-, si en las colonias de Australasia, excepto Nueva Zelanda, la ley no ha tenido necesidad de intervenir para implantar las ocho horas, no es porque en esos países se entienda que no debe intervenir, no tenga el derecho de intervenir para tutelar a los trabajadores de toda edad, no solamente a las mujeres y a los niños, como el señor diputado Prando manifestaba, sino también a las obreras mayores de 18 años.
Si ahí no ha intervenido la ley, es sencillamente porque en esas colonias la costumbre industrial logró, en condiciones especialísimas –que desgraciadamente no se han
reproducido en nuestro país-, logró, digo, implantar y arraigar la jornada de las ocho horas. Ellas pasaron a incorporarse fácilmente a lo que podríamos llamar las costumbres profesionales de esos países; y ese arraigo en las costumbres profesionales es ya un factor que garantiza la estabilidad de la mejora.
Por lo demás, allí existe también el poder incontrastable de las “Trade Unions”, el poder formidable de los grandes sindicatos obreros, que velan por el cumplimiento y por la estabilidad de la conquista, y finalmente, media, asimismo, la circunstancia, -muy importante y muy significativa, porque ella nos demuestra que las ocho horas no
producen los inconvenientes que sus impugnadores les atribuyen –la circunstancia de que no siendo perniciosa, no siendo perjudicial para la producción, no está amenazada por las reacciones del interés industrial.
Pero siempre que ha faltado alguna de estas circunstancias, la ley ha intervenido, y ha intervenido, lo repito, no sólo para tutelar a las mujeres y a los niños, sino para tutelar a los obreros adultos, a los obreros de toda edad, y así vemos, por ejemplo, que en WestAustralia, donde no existen leyes que reglamenten la jornada en las fábricas para los obreros adultos, existe, sin embargo, una ley, a semejanza de lo que sucede en Nueva Zelanda, que establece para los dependientes de almacén un máximum de horas de trabajo por semana.
No es, por otra parte, tan sólo en lo que se refiere a la limitación de la jornada, que la ley ha intervenido en esos países. Allí se ha permitido intervenciones más serias y más fundamentales que la que podría implicar esta limitación del horario obrero, porque allí hay leyes que imponen, para ciertas industrias, la hora de apertura y la hora de clausura de los establecimientos; que establecen el número de extranjeros que puede figurar en cada taller; hay leyes que fijan el horario, que lo limitan estrictamente para determinadas industrias; en Melbourne, por ejemplo, para los tranvías y para los ómnibus; hay leyes que reglamentan el salario; hay leyes que intervienen en los casos de huelga, imponiendo el arbitraje obligatorio; hay leyes que prohíben el trabajo nocturno; hay una gran cantidad de leyes que se refieren al desenvolvimiento de las actividades productivas, y muchas de las cuales significan, lo repito, intervenciones del estado mucho más fundamentales y más graves –si quiere decirse así, para esa libertad individual que tan celosamente se pretende defender ahora, que la intervención que pudiera implicar la aplicación de la ley presentemente discutida.
El doctor Prando cree que el caso de Australia y Nueva Zelanda, ofreciéndonos el ejemplo de una generalización de determinada práctica, relativa a las tareas industriales
sin necesidad de la ley, puede servirle para basar y fundar, o para contribuir a la fundamentación de la tesis que más adelante ha desarrollado, sobre la misión y la
naturaleza de las leyes.
Con autorización de la Mesa, leeré el párrafo pertinente de su discurso. Decía este distinguido colega: “La vez pasada tuve oportunidad de decir en esta Cámara que la ley no puede crear costumbres, ni extirpar vicios, ni premiar virtudes”...
Desde luego me parece conveniente advertir a la Cámara que el señor diputado Prando incurre en una flagrante contradicción.
Hace un momento –hace ya un poco más de un momento, hace casi dos horas- el señor diputado Prando nos decía que en nuestro país hay factores que repudian la
implantación de la jornada de ocho horas; que esta ley quiere encarnar en nuestras prácticas una costumbre que no encaja en nuestro ambiente. Pero yo me permitiría
preguntar a mi distinguido colega...
Sr. Prando_ ¿Me permite una pequeña interrupción?...
Sr. Frugoni _ Sí, señor.
Sr. Prando _ Impuesta por la ley. Lo que quiere decir que los gremios pueden conquistarla, pero la ley no debe imponerla. Y lo mismo que he dicho aquí, podría
generalizarlo.
Sr. Frugoni _ Yo lamento no disponer todavía de la versión taquigráfica del discurso que en esta misma sesión pronunció el señor diputado Prando.
Sr. Prando _ Hay factores que repudian la imposición legal de la jornada uniforme.
Sr. Frugoni _ ...He tratado de copiar en lo posible, sus palabras...
Sr. Prando _ Son exactas.
Sr. Frugoni _ ...y anoté que él había manifestado que hay factores que repudian la costumbre industrial que con esta ley quiere imponerse.
Sr. Prando _ Sí, que repudian la imposición legal de la jornada uniforme; pero que no impiden que los gremios la conquisten con su solo esfuerzo sin que la ley intervenga con carácter imperativo.
Sr. Frugoni _ Pero, señor diputado, para poder decir que una ley choca con el ambiente y repugna al espíritu de una nación, es preciso demostrar que esa ley viene a implantar algo que no concilia con el ambiente mismo...
Sr. Prando _ Precisamente, seño diputado, porque si los gremios no la han conquistado...
Sr. Frugoni _ ...Pero si el señor diputado admite, por el contrario, que lo que esta ley viene a imponer será conseguido fácilmente por la acción de los gremios, nos
encontramos con que esta ley no impone ya algo que repugna al espíritu nacional, que esté en abierta contraposición con el ambiente industrial de nuestro país, sino que viene a imponer una cosa tan natural, tan lógica, tan razonable y que encuadra tan bien en el ambiente industrial de la nación, que los gremios por su solo esfuerzo podrán tenerla mañana o pasado...
Sr. Prando _ Si la ley no crea costumbres, ni extirpa vicio, ni premia virtudes, sino que consagra estados de hecho, existentes, por ser ella la última manifestación de los hechos mismos; vale decir, que hasta tanto esos hechos no se hayan formado dentro de la colectividad, la ley no debe crearlos. Si los gremios no conquistaron la jornada uniforme de ocho horas, con el concurso de todas sus fuerzas, y la ley la impusiera, esa ley vendría a crear una costumbre exótica, desvirtuando así su propia naturaleza.
He ahí la contradicción que encontraba el señor diputado Frugoni en el concepto legal de cómo se debe llegar a la jornada uniforme.
Sr. Frugoni _ Pero si la ley no debiera hacer más que consagrar los hechos ya reconocidos e implantados por la costumbre podríamos prescindir, señor Presidente, de
la ley.
Sr. Prando _ ¡Ah...no! ¡Absolutamente!
Sr. Frugoni _ Es el caso de las colonias de Australasia donde, por estar esta conquista de las ocho horas suficientemente garantida por el poder de las asociaciones gremiales, por el arraigo que la conquista ha conseguido en la costumbre industrial, y por aquella otra circunstancia que yo señalaba a mis distinguidos colegas, se ha considerado que la intervención de la ley no era imprescindible.
Sr. Prando _ Pues es cuando debe aparecer, señor diputado.
Sr. Frugoni _ Pero en esos países, señor Presidente, si alguna de esas tres circunstancias que constituyen la garantía de la conquista real, efectiva, obtenida y
encarnada en la práctica, llegara a faltar, entonces tal vez se consideraría necesaria la ley, como se ha considerado para los dependientes de almacén.
Y el ejemplo que el señor diputado nos ponía de las colonias de Australasia, yo lo recojo, señor Presidente; lo recojo para decir que no existiendo entre nosotros esa
circunstancia que garantiza allí la estabilidad de esa mejora, es necesario que la ley intervenga, y que intervenga para imponer algo que todos los gremios, que todos los
trabajadores reclamen, y que, si no han podido conseguir, no es porque repugne al espíritu nacional, o este en abierta contraposición con el ambiente industrial del país,
sino sencillamente porque los gremios no han tenido fuerza bastante para imponerse al capricho y a la tiranía patronales. (¡Muy bien! en la barra)
Sr. Prando _ Examine el caso de las viejas sociedades europeas, en las que las organizaciones gremiales, iniciadas a mediados del siglo XIX, se mantienen con una
fuerza y un empuje que soy el primero en reconocer, y, sin embargo, ni Rusia, ni Austria, ni Alemania, país industrial por excelencia, ni Holanda, ni Bélgica, ni Suiza, ni
España, ni Italia, han tenido la jornada legal.
Quiere decir que si en Australasia y Nueva Zelanda, donde la ley aparece imponiéndola, se ha llegado a esa imposición legal, es porque los hechos preexistentes la reclamaban. Pero donde las costumbres la rechazan, la ley es extraña, es un elemento exótico. Es eso lo que quiero decir.
Sr. Frugoni _ Pero lo que el señor diputado quiere decirnos no es exacto. Por eso no tiene más remido que permitirme una rectificación.
Acabamos de ver precisamente que en ciertos países de la Australasia, la ley no ha tenido que intervenir, porque se trata de una costumbre suficientemente arraigada en las prácticas industriales y garantida por factores que no son la ley, todo lo cual hace innecesaria, superflua la intervención legal; pero en cuanto esos mismos países han
querido implantar una costumbre reclamada por múltiples razones y no ha habido ninguna de esas circunstancias que garantizaran su estabilidad, entonces se ha creído
imprescindible la intervención de la ley.
Sr. Prando _ Que se tiene que violar a cada momento, como en Francia.
Sr. Frugoni _ Y el ejemplo que el señor diputado me pone de las viejas sociedades europeas, de Rusia, de Alemania, de Inglaterra misma, no es precisamente el más
oportuno de los ejemplos, porque si nosotros queremos imitar a otros países que pueden servirnos de modelo en el camino que ahora tratamos de recorrer en materia de
legislación industrial, no vamos a recurrir al ejemplo de Rusia, ni de España; tenemos que recurrir a los ejemplos de los países que más o menos se parecen al nuestro por sus condiciones sociales.
El señor diputado Prando es bastante inteligente para comprender que si en Francia, Inglaterra, Alemania, Austria y Rusia, los obreros no han conseguido las ocho horas, no es porque no las quieran o porque no le convenga a la nación: es sencillamente porque allí hay una vieja organización económica, hay prejuicios económicos profundamente arraigados que no se pueden remover en un día. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos frente a esas viejas sociedades.
Sr. Prando _ Hay factores que lo rechazan: son los factores de nuestro ambiente.
Sr. Frugoni _ Nosotros estamos en iguales condiciones, en las mismas condiciones de los países de la Australasia, que han podido incorporar a sus instituciones legales una gran cantidad de conquistas y mejoras, de adelantos, porque no luchaban con todos los inconvenientes y obstáculos con que esos mismos obreros chocaban en Inglaterra, de donde procedían.
Sr. Prando _ ¿Me permite? ¡He ahí la contradicción! No estamos en las mismas condiciones de los obreros de la Australasia.
Sr. Frugoni _ Pero el señor diputado Prando me quiere sostener a mí que no estamos en las condiciones de los países de Australasia, y pretende que yo admita que estamos en las mismas condiciones de Rusia.
Sr Prando _ No estamos en las condiciones de Rusia y de Alemania, ni de ningún país: tenemos una peculiaridad propia y una individualidad determinada.
Sr. Frugoni _ Una peculiaridad propia que no lo autoriza al señor diputado a decir que si en Francia se ha tardado cuatro meses u ocho años para discutir la ley de las diez horas, nosotros no debemos sancionar en una simple sesión la jornada de ocho horas...
Sr. Prando _ Eso quiere decir que no debemos ir con improvisaciones.
Sr. Frugoni _ El que incurre en una contradicción flagrante, lo repito, es el propio señor diputado Prando. El señor diputado Prando es el que ha traído a colación los
ejemplos. Cuando se le demuestra que sus ejemplos, lejos de darle la razón a él, nos la darían a nosotros, entonces, deja esos ejemplos y acude a otros nuevos.
Sr. Prando _ ¿Me permite? Yo le di el ejemplo de Francia, estudiando cuatro años esta ley de jornada legal.
Sr. Frugoni _ Pero, señor diputado Prando, ¿con qué ejemplo nos quedamos?
Sr. Prando _ Y ¿sabe lo que he querido decir con eso? Que Francia, la liberal Francia, país de las conquistas avanzadas, entre las cuales está la jornada uniforme no ha ido a ella por improvisación: ha ido estudiando el ambiente por medio de encuestas e investigaciones prolijas, y una vez que pudo cerciorarse que la ley consagraría una
costumbre, un estado de hecho preexistente, la dictó pero dictó una ley que está llena de excepciones y que no tiene la rigidez y la inflexibilidad de la nuestra. Nuestro
Parlamento, al imitar a su modelo, el francés, no debía improvisar en esta materia de ir precipitadamente a una solución que hay factores dentro de nuestro país que la
rechazan.
Sr. Frugoni _ Nuestro Parlamento –eso quiere olvidarlo el señor diputado Prando- se viene ocupando de esta cuestión del horario obrero desde hace varios años.
Sr. Ramazo _ Desde 1904, el proyecto Areco fue presentado a esta misma Cámara.
Sr. Frugoni _ Y si en vez de seis años fueran veinte, a esta altura se le harían a la Comisión de Trabajo los mismos reproches que ya se le han hecho; porque en Francia,
donde según el señor diputado, la ley de las diez horas fue objeto de estudios prolijos, detenidos y concienzudos, en Francia, también, cuando se elevó la ley al seno del
Parlamento para discutirla, no faltó quienes dijeran que no estaba suficientemente estudiada y que era necesario realizar una encuesta.
Sr. Prando_ Y los hechos demostraron que tenían razón, porque se está violando a cada momento.
Sr. Frugoni _ Pero el señor diputado Prando, a cada dos palabras que dice, nos deja sentada una contradicción.
Sr. Prando _ ¡Absolutamente!
Sr. Frugoni _ Antes nos decía que en Francia la ley de las 10 horas fue prolija y concienzudamente estudiada. Ahora dice que los hechos han demostrado que tenían
razón los que en el seno del Parlamento francés sostenían que la ley no había sido objeto de bastantes estudios.
Sr. Prando _ Me está dando la razón, precisamente, ¿sabe por qué? Porque a pesar de todos esos estudios se ha llegado a una solución incompleta.
Sr. Frugoni _ El señor diputado presenta estas cosas con un criterio demasiado unilateral. El señor diputado quiere por fuerza, deliberadamente, desentenderse de una
gran cantidad de factores que intervienen en Francia, y en todas las viejas sociedades, para que las leyes, por más humanitarias que sean, cuando se trata de las relaciones del capital con el trabajo, no se puedan implantar.
Sr. Prando _ Es una afirmación gratuita, señor diputado.
Sr. Frugoni _ No es una afirmación gratuita; es esa la enseñanza que nos proporcionan la historia de los movimientos obreros y la simple observación de los hechos sociales. El señor diputado Prando no podrá negarme que hay una gran cantidad de leyes sumamente justas, de una justicia indiscutible, que no han podido adaptarse en los países más adelantados del mundo. ¿ En virtud de qué? En virtud de las resistencias que ofrecen los prejuicios, los intereses preexistentes o los derechos adquiridos.
Sr. Prando _ Es una afirmación completamente gratuita la primera que ha hecho el señor diputado.
Sr. Frugoni _ Ese es, exactamente el caso de Francia. En Francia no ha podido demostrarse que la ley que limita la jornada de trabajo a diez horas sea una ley injusta,
absurda, contraria en esencia a las prácticas industriales y contraria al interés de la producción. Por el contrario: se dejó acabadamente demostrado que esa ley venía a
solucionar grandes molestias industriales, porque, por o pronto, a pesar de que el señor diputado Prando quiere ver en la ley de las diez horas la ventaja de su diversidad, de su elasticidad, por lo pronto, precisamente, venía esa ley a uniformar la situación de los operarios dentro de la organización de los talleres franceses, porque establecía un límite para toda clase de trabajadores equiparando los hombres adultos con los menores y las mujeres.
De modo que militaban poderosísimas razones a favor de las diez horas, a pesar de las cuales se las impugnó calurosamente, a pesar de lo cual su sanción ha sido
empeñosamente obstaculizada, a pesar de los cual, hubo, para levarlas adelante, que hacer grandes concesiones. Pero todo ¿por qué? Porque eran resistidas por intereses
antiguos, arraigados, y resistidas también por grandes preocupaciones y prejuicios de
carácter económico.
En cambio, tenemos el ejemplo altamente luminoso y significativo de las colonias inglesas de Australasia. Vemos allí una raza que con sólo trasladarse de un medio a otro, con sólo ir a plantar su tienda en un país donde no existe todavía la vasta, complicada y fuerte organización de los prejuicios y los intereses anteriores, con sólo hacer eso, implanta ya mejoras y conquistas que en su país de origen nunca habría podido adoptar. Es la misma raza, es la raza inglesa que se traslada de las Islas Británicas a las colonias de la Oceanía, y esa raza impone en Oceanía leyes que en Inglaterra nunca han podido adoptarse, no porque no estén de acuerdo con el espíritu de la raza misma, no por cierto porque contraríen el espíritu de la nación , y sean repudiadas por el ambiente industrial de Inglaterra, sino porque en Inglaterra hay un enorme cúmulo de factores que se oponen a su implantación y que la imposibilitan. Es por eso que las naciones europeas en toda esta clase de reformas tienen que proceder con paso más lento que nosotros. Nosotros podemos adoptar, con más facilidad que ellas, una gran cantidad de mejoras, de reformas justas, humanas, hermosas, si puede decirse así, mientras que aquéllas, con ser sociedades más cultas y más civilizadas que la nuestra, no han podido todavía incorporar a sus instituciones esas reformas, porque hay intereses, hay derechos adquiridos, hay instituciones, hay vallas insalvables que impiden que esas reformas se implanten.
Yo, señor Presidente, voy a pedir a la Cámara quiera concederme un pequeño descanso, que puede ser de unos cuantos minutos y que considero tan necesario para los señores representantes que tienen la bondad de escucharme, como para mí.
Sr. Presidente _ La Cámara pasa a cuarto intermedio.
[...]
Continúa con la palabra el señor diputado Frugoni.
Sr. Frugoni _ Había leído un párrafo del discurso del señor diputado Prando, en el cual este distinguido colega exponía su concepto de la ley, que nos ha repetido en el debate que sostuvimos hace algunos instantes.
“¿Por qué queremos anticiparnos nosotros”- añadía el párrafo que he leído- “a imponer el horario uniforme de las ocho horas, que no ofrece ventajas para nadie,
cuando, en la realidad de las cosas, nos vamos aproximando a esa solución?” Es casi lo mismo que con distintas palabras expresaban los industriales en la exposición
de motivos que el señor diputado Rodríguez consideraba imprescindible para el completo conocimiento de este asunto, y cuyo previo repartido exigía, resolviendo a lo
último, sin duda como transacción, repetir más o menos, todos los argumentos de esta exposición, en vista de que la Cámara no había querido ordenar ese previo repartido.
Ese concepto según el cual la ley no puede crear costumbres ni extirpar vicios, ni premiar virtudes; que es una entidad que se esta en la misma costumbre y se va
planeando en ella, etc., ese concepto encierra un sentido quietista y conservador que despoja a la ley jurídica de cuantas virtualidades podrían darle el carácter de un
colaborador, al menos, de las modificaciones sociales, o de un instrumento de reparación y de rectificación puesto al servicio de los anhelos de mejoramiento y de la
necesidad de introducir cambios en las relaciones de la vida colectiva.
Si la ley, como decía yo hace un instante, no ha de ser nunca más que el reflejo, que la constatación de la costumbre, ¿por qué no prescindir de ella?
Por otra parte, si las costumbres han de ser lo único que pueda dar base jurídica, defendible y legítima, a la ley, tendríamos que ella giraría siempre dentro de un mismo
círculo. Desde luego, es ley sería completamente ineficaz, mejor dicho, inexistente, ante lo vicios profundamente arraigados en los medios sociales.
Hace un momento discutía con el señor diputado Prando respecto a las causas por las cuales en algunos países más adelantados que el nuestro no habían llegado aún a
implantarse reformas que nosotros ya hemos incorporado a nuestras instituciones, y en los cuales costaría, por cierto, batallas mucho más grandes, llevar a la práctica algunas de las mejoras que en nuestro país podrían aplicarse sin molestias mayores, y me esforzaba en demostrarle que hay allí costumbres e intereses y también prejuicios y preocupaciones que constituyen una trabazón inexplicable, a través de la cual cuesta mucho abrir paso a las ideas modernas.
Los prejuicios económicos y los intereses conservadores contribuyen enormemente a que todas estas leyes, que se refieren a las relaciones del trabajo y del capital,
encuentren desde el primer instante una formidable resistencia. Pero no son solamente las leyes que se refieren a las relaciones del trabajo con el capital las leyes que tratan de reglamentar, de legislar las condiciones de la producción de los talleres y de las fábricas; hay leyes reclamadas acaso más imperiosamente, si es posible,
por los más indiscutibles motivos vinculados a la conservación de la raza, a la conveniencia física, orgánica, moral e intelectual de las generaciones, que, sin embargo,
no pueden tener aplicación en esas viejas sociedades, porque se opone a ellas, no por cierto un espíritu de equidad, no por cierto el temor de que resulten desquiciadoras o contrarias a los verdaderos progresos del país, sino porque ellas vienen a contrariar interese, intereses de orden material, que parecería no debieran colocarse nunca por encima de los intereses de orden moral, pero que, sin embargo, desgraciadamente, suelen ser en estas cuestiones los que priman y los que deciden.
Un distinguido colega me recordaba, en el pequeño cuarto intermedio que nos hemos permitido, que en Francia la lucha contra el alcoholismo choca con grandes obstáculos debido sencillamente a que hay comprometidos en esa lucha grandes intereses, grandes intereses capitalistas.
No se puede, por ejemplo, prohibir la producción del ajenjo, que tantos estragos produce en la población de Francia, porque hay muchos capitales, muchos interese
industriales y comerciales, y fiscales también, ligados a esa producción, y quedarían, por tanto, comprometidos todos esos intereses si el legislador quisiera en un buen
momento, velando por la salud y por la conservación de la raza francesa, dictar enérgicas y radicales prohibiciones.
Volviendo al concepto que de la ley nos ha explayado el señor diputado Prando – concepto que encierra, como decía, un sentido quietista y conservador, que despoja a la regla jurídica de toda eficacia y de toda importancia como colaboradora, como facilitadora del progreso social, como si la ley no debiera ser nunca la expresión del
anhelo al mejoramiento humano, si no pudiera traducir nunca las aspiraciones de reformas necesarias, impuestas por diversos y múltiples factores materiales y morales
que se debaten en la brega por su consecución -; volviendo a ese concepto, he de decir que de acuerdo con él, la ley, limitándose a reflejar los hechos consumados, no tendría otro efecto más que el de defender las instituciones preexistentes, de revestirlas de un carácter de legalidad y de legitimar y consolidar, por consiguiente, los derechos adquiridos, por injustos que sean esos privilegios, por inhumanos, por ilógicos, por anacrónicos que resulten.
Declaremos que la costumbre es ley, y no elaboremos nuevos Códigos que serán inútiles y superfluos, si la única ley que ha de regirnos es la de la costumbre. Si hemos
de limitarnos a codificar la costumbre, que está hecha en gran parte de tradición, o sea, la inmovilidad en la inquietud constante de la existencia humana, muchas veces no haremos más que oponer el dique de las cosas de ayer al curso natural de la vida; muchas veces no haremos más que personificar, encarnar, estratificar al pasado en las leyes, para sostenerlo en el presente ante el empuje del futuro que avanza. Así parecieron comprenderlo, por lo demás, los propios autores de esa teoría que el
señor diputado Prando ha desarrollado en breves párrafos y ya por diversas ocasiones en el seno de esta Cámara, teoría que da a las leyes como única base las costumbres y hace del derecho un producto natural y espontáneo que va surgiendo, sin dolor, de las entrañas de la vida colectiva, plasmándose sobre los hechos consumados y las prácticas generales.
Ellos aconsejan, en efecto, sin ser absolutamente contrarios a las codificaciones –y su contradicción consiste precisamente, en no ser contrarios del todo-, ellos aconsejan
proceder con mucha cautela, con mucha parsimonia, y no intentar una codificación hasta que la conciencia jurídica del pueblo de donde juzgan emanado el derecho- no
haya llegado a cierta madurez en sus manifestaciones externas. Porque las codificaciones están expuestas, según Savigny, que es uno de los representantes más
autorizados de esa escuela, a dos peligros: o a adelantarse a la conciencia  jurídica del pueblo – y entonces corren el riesgo de no ser aplicadas, porque el pueblo no tendrá capacidad suficiente para comprenderlas y aplicarlas- o, en cambio, a no seguir la evolución de esta conciencia jurídica, a quedar rezagadas ante el desenvolvimiento de ésta, y entonces constituyen ellas un obstáculo a la expansión natural del derecho en el pueblo que las soporta.
Bien, señor Presidente, en mi concepto este último es el verdadero peligro temible.
Es real ese peligro de que las codificaciones, de que las legislaciones lleguen a ser, en determinados instantes del desenvolvimiento, del proceso histórico de una nación,
retrancas, obstáculos a ese mismo desenvolvimiento, porque quedan retrasadas ante la evolución natural del derecho y de la conciencia jurídica; porque surgen relaciones
nuevas en el seno de la sociedad, entre las diversas clases en que la sociedad se divide, relaciones que es necesario contemplar y a veces encauzar; porque surgen nuevas
necesidades, porque surgen nuevas fuerzas y nuevos intereses determinantes de otras orientaciones de la idea de derecho. La codificación que ha querido ceñirse
estrictamente a la costumbre del momento, sin reparar en que esta costumbre se halla ya en las postrimerías de su permanencia o se halla combatida por fuerzas poderosas, no tardará en transformarse en un obstáculo a la marcha de las sociedades hacia más altos y humanos destinos.
Por eso un ilustre escritor socialista, que fue profesor de la Universidad de Viena, escribe en una obra notable que es toda ella la más luminosa demostración de que se
debe legislar siempre con vistas hacia el porvenir y no hacia el pasado: “Las tres grandes obras legislativas de la época moderna, el Código Civil prusiano, el Código
Civil francés y el austriaco, se realizaron al finalizar una época que con justicia fue llamada de las luces, pues nunca la humanidad se sintió más libre del peso de las
tradiciones, y nunca las altas clases y sus directores intelectuales se mostraron tan favorables a las clases bajas populares, como en el siglo de las luces. Los autores de
aquellos tres Códigos se dejaron influir por aquel espíritu magnánimo de humanidad que desprecia el delirio del momento, y compilaron, por tal modo, ciertas obras
legislativas, las cuales (especialmente el Código Civil prusiano y austriaco) se anticiparon no poco al desenvolvimiento social de las naciones respectivas. Tal es, en
verdad, la función del legislador, ya que sólo mediante una anticipación como esa se halla en situación de asegurar, por largo tiempo, vida e importancia a su obra.” Y
más abajo añade: “Los jurisconsultos que se encuentran bajo el influjo de las opiniones históricas, con dificultad podrán alcanzar un éxito semejante.”
Conviene advertir que no soy, como no lo es el autor de quien acabo de leer estos párrafos, partidario de la escuela del Derecho Natural, contra cuyos postulados y cuyas
conclusiones surgiera la escuela histórica, cuyos altos representantes son Burke, Savigny, Putcha, etc.; pero el reconocer los errores de aquélla, no mi impide reconocer
los de ésta, que tuvo méritos indiscutibles a la consideración de los espíritus modernos.
Ella tuvo, indudablemente, el mérito de sacar al derecho, que los racionalistas dogmáticos mantenían en el terreno de la abstracción, haciéndolo descender al terreno
práctico de la historia; tuvo asimismo el mérito de fijar los hechos históricos de un modo exacto, exponiéndolos con el sentido correspondiente a la época a que
pertenecían, y tuvo, finalmente, el mérito grandísimo de sustituir la entidad abstracta del hombre jurídico, el tipo del “hombre ideal” objeto del derecho, dotado de facultades imprescriptibles, que se mantiene inmutable en medio de la continua mudanza del mundo, por una representación mas positiva, más real, del hombre mismo; de sustituir esa concepción abstracta del hombr4e que se sustrae a las variaciones del tiempo y se coloca por encima de la influencia de las diversas modificaciones sociales, por el tipo del hombre “histórico y social”, que habiendo recibido una actividad en potencia, toma parte en el movimiento universal y varía al influjo de las cosas, de las contingencias que lo rodean. Pero el hecho de reconocer todos estos méritos de la escuela histórica, no me impide reconocer que ella ha incurrido en los errores y exageraciones propios del espíritu reaccionario que la informa y le dio origen.
Esa escuela puede, sin duda, contar entre sus precursores a Maquiavelo, a Vico y en cierto modo a Montesquieu; pero, como observa muy bien un autor italiano, fueron las declamaciones y las realizaciones de la Revolución Francesa, en su odio contra las reliquias del pasado, las que determinaron que ella adquiriese conciencia de sí misma y afirmase su existencia propia, tratando de poner un dique a los afanes de renovación que la escuela racionalista estimulaba, y constituyendo como una especie de baluarte opuesto a los principios, a los postulados, a las teorías en que los pensadores de Francia fundaban todas sus innovaciones.
Al interpretar el derecho, estas dos escuelas parten de bases distintas, pero hay un momento en que ambas coinciden; puedo decir que hay errores que son comunes a
ambas y, sobre todo, ambas tienen esto de igual: que pueden servir perfectamente para justificar y legitimar los mayores abusos, los más insostenibles privilegios, los más
absurdos e injustos derechos adquiridos. Mientras en Francia, dice ese autor italiano a que antes he aludido, se perseguía un ideal social que se cría debía ser obra exclusiva de la razón, y se sucedían con este motivo y en virtud de este criterio las constituciones a las constituciones, comenzó a formarse en Europa esta otra escuela y comenzó a levantarse en el seno del Parlamento inglés la voz de un gran orador, Burke, a quien se le llamara el Mirabeau de la contrarrevolución, organizando una reacción contra las teorías en que se inspiraban los revolucionarios de Francia y oponiéndoles la teoría histórica sobre la formación y desarrollo de las constituciones.
Al interpretar históricamente el derecho y el Estado, Burke llamaba locura y delito a toda profunda modificación del sistema de derecho vigente, aunque estas profundas
modificaciones respondiesen a nuevas relaciones entre las clases sociales, a cambios operados en la potencialidad relativa de esas fuerzas, o fuesen imperiosamente
reclamadas por nuevas necesidades de la vida colectiva.
De este mismo modo de pensar han sido sus continuadores alemanes, quienes, según Menger, el autor que anteriormente he citado, “al compenetrarse de la interpretación orgánica del derecho y del Estado, olvidaban con demasiada facilidad que los huracanes y los terremotos forman también parte del regular desenvolvimiento de la naturaleza, lo mismo que el lento prosperar de los animales y de las plantas.” Este escritor, después de demostrar que ambas escuelas se fundan en errores inadmisibles, cuya magnitud se agrava al referirlos al derecho privado, y después de sostener que los modernos sistemas de este derecho son, no la obra de toda una nación – ya sea por virtud del espíritu popular invisible de que nos habla la doctrina histórica o por virtud de la reflexión y del contrato, según la escuela del derecho natural- sino la obra de las clases privilegiadas, que los impusieron a los desheredados mediante una larga lucha, llega a la conclusión de que ambas doctrinas constituyen importantes tentativas, o, mejor dicho, son defendibles como aspiración.
Indudablemente el error de ambas consiste en considerar como una realidad lo que es un puro ideal y debe ser meta de nuestros anhelos, porque si hoy es imposible admitir que nuestro derecho privado trae su orgánico desenvolvimiento de la conciencia entera de una nación, ni que ésta haya consentido en ese derecho, lo indudable es que debemos aspirar a una organización jurídica, a una legislación que todos admitan como cosa propia o reconozcan como la obra, al menos, de razonables transacciones.
Si refiriéndonos al presente se justifican, de acuerdo con el criterio de estas dos teorías, según anteriormente lo manifestaba, los mayores abusos, las mayores injusticias, las mayores opresiones de una clase sobre la otra, ello no impide que sean apreciables como tentativas si se las relaciona con el porvenir.
Entretanto, señor Presidente, mientras la escuela racionalista abre al legislador el camino de todas las audacias de la innovación, la otra escuela lo mantiene encerrado en
el estrecho círculo de la costumbre y de lo preexistente. Cuando Thibaut quería que se redactase en Alemania, a raíz de las victorias de Napoleón I, un Código Civil General, una legislación vasta y completa para toda Alemania, los que se opusieron a este propósito fueron los representantes de la escuela histórica, encabezados por Savigny, quien manifestaba que la época no era propicia todavía para grandes codificaciones, para la confección de Códigos Civiles completos.
Más adelante fueron asimismo los representantes de esta escuela los que se manifestaron a favor de una codificación general, entendiendo que los momentos
estaban ya maduros para ello, después del trabajo realizado en el criterio jurídico por la escuela a que ellos pertenecían; pero era ese instante el que Menger, el autor que tantas veces he citado, consideraba el menos propicio de todos, precisamente porque la inmensa mayoría de los jurisconsultos de Alemania se habían educado bajo la influencia de la doctrina histórica. Y era el menos propicio porque, como dice él, esos jurisconsultos, entretenidos en el estudio de edades y condiciones pasadas, partidarios acérrimos de las ideas tradicionales, no se habían dado cuenta de los grandes cambios efectuados a principios del siglo XIX en los países de Europa, no habían advertido que el antagonismo entre ricos y pobres se había agravado, no habían notado la aparición, sobre el campo de las actividades colectivas y de las luchas de intereses de clase, de nuevas fuerzas, y sobre todo, de ese nuevo poder histórico social que las clases proletarias creciendo y organizándose, habían llegado a constituir.
Es por eso, añade, que elaboraban un proyecto de Código Civil, que es un atraso comparado con el Código Civil prusiano y el austriaco.
En esto coincide con la opinión de Sorel, quien advierte que cuando más se distingue que la escuela histórica es insuficiente, es poco satisfactoria, es al observar los cambios actuales y al relacionarla con el porvenir, porque los fundadores de ella han dejado el derecho futuro fuera de sus especulaciones.
Por fuerza ha debido ser así, en opinión, de Sorel, porque toda cuestión, toda investigación sobre el porvenir es imposible siguiendo la doctrina histórica.
Reconociendo implícitamente esta deficiencia, Savigny el mismo Savigny, apenas calmado el ardor de las polémicas, había reconocido que en el proceso científico de
nuestros tiempos, se produce una conciliación de los principios opuestos y admitía la importancia de las investigaciones, dando así a su doctrina mayor flexibilidad.
Y los que dando a la ley como única base admisible y legítima, la costumbre, han querido conciliar este concepto con la necesidad de legislar por lo menos fuera de la
costumbre, han tenido que admitir que el legislador tenga el derecho de elaborar leyes siempre que interprete algo, que sin ser una costumbre, expresa una convicción o una aspiración de la generalidad o condensa y da cuerpo a un estado difuso de la opinión.
Vemos, pues, que a merced de estas concesiones –la que acabo de indicar la recojo de un interesante libro del genial Joaquín Costa, muerto no hace muchos años en España-, vemos, pues, decía, que en virtud de todas estas rectificaciones, esa doctrina, que en un principio quiso hacerse ten férrea, que quiso ceñir, de una manera tan estricta, tan inseparable la ley a la costumbre, se ha ido ampliando, hasta admitir que la ley puede venir, como lo admite Costa, aun cuando no se apoye en el sostén de la costumbre establecida; basta que pueda creerse que ella impondrá algo que no tardaría en llegar a ser por el natural y espontáneo correr de las cosas una costumbre general. Este sería, después de todo, el caso de la ley que discutimos y que el doctor Prando combate a pesar de eso; porque entre nosotros y en todas partes, cada vez que se plantea una de estas nuevas leyes que lesionan algún interés existente, se hacen las mas extremas afirmaciones de la legitimidad inviolable de las costumbres llamadas a desaparecer.
Pero, ¿cómo explicar y cómo justificar dentro de ese criterio estricto, las leyes reformadoras, precisamente las mas justas, las más humanas, las más nobles, la parte
más fecunda de las actividades legislativas de todos los parlamentos del mundo?
La ley que abolió, por ejemplo, la esclavitud, ¿no vino a derogar costumbres? ¿no vino a destruir un antiguo privilegio? ¿no vino a suprimir de golpe un viejo, un anacrónico derecho adquirido? Según el concepto del señor diputado Prando y los que como él opinan, debió haberse esperado a que las cosas evolucionaran por sí mismas y a que los amos se convenciesen, por fin, de lo inicuo de su privilegio, o que los esclavos adquiriesen fuerza bastante y se pusiesen en condiciones de romper, sin la ayuda de nadie, sin la intervención de ley alguna, sus oprobiosas cadenas