A pesar de las facetas
distópicas que ofreció el 2020, el panorama con relación al trabajo luego del
impacto del covid no es más que una versión empeorada de la «vieja normalidad».
Casi 40 por ciento de la población ocupada en Uruguay percibe salarios menores
a 25 mil pesos, más de 400 mil trabajadores informales profundizaron su
situación de precariedad y se agravaron las desigualdades de ingresos por
diferencias de edad, género y residencia.
Durante los meses más álgidos de
vigencia de las restricciones a la circulación, en Uruguay alrededor de un 20
por ciento de los trabajadores ocupados tuvo la posibilidad de volcarse de
lleno al teletrabajo. Esto significa aproximadamente 300 mil personas. Las
estimaciones señalaron que, antes de la llegada del virus, solo el 5 por ciento
teletrabajaba de forma habitual: unas 74 mil personas, con lo cual se trató de
un salto importante. En Montevideo, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la cantidad de teletrabajadores fue mayor: entre marzo y abril de 2020,
representó alrededor del 30 por ciento de los ocupados. En el interior, en
cambio, el pico máximo apenas alcanzó el 12 por ciento,1 toda
una prueba de adaptación a un contexto de emergencia.
Mientras tanto, alrededor de 600 mil
trabajadores (casi un 40 por ciento del total de ocupados) vieron sus fuentes
de trabajo afectadas directamente más o menos en el mismo período, pues se
desempeñaban en sectores expuestos a un alto riesgo frente a la pandemia –la
actividad turística, la gastronómica, el comercio–, según la definición que
adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).2 El
núcleo más crítico de los asalariados formales de estos sectores encontró al
menos un colchón en la vieja institución del seguro de paro. En el momento
álgido de la crisis, se contabilizaron más de 180 mil trabajadores amparados,
con un promedio mensual que llegó a registrar 80 mil ingresos. La mayoría
fueron enviados con causal de suspensión y no de despido, toda una demostración
de amortiguación de la emergencia.
Dentro de los afectados directos
cuentan también los trabajadores informales. Según la OIT, un 85 por ciento de
ellos directamente empleados en los sectores de riesgo medio, medio alto y
alto. También un 46 por ciento de trabajadores independientes –no asalariados–,
directamente involucrados en los sectores de riesgo alto. «Muchos de los
empleos de por sí más precarios estarían relativamente más concentrados en
sectores más expuestos», decía un informe de la OIT sobre Uruguay a fines de
2020. La tasa de informalidad en Uruguay era, a fines de 2019, de un 24,8 (se
redujo 16 puntos entre 2004 y 2019):3 es decir, más de 400 mil
personas. El 64 por ciento de ellos eran trabajadores por cuenta propia (el 10
por ciento no poseía local ni inversión); un 27 por ciento se encontraba
subempleado y un 17 por ciento percibía ingresos por debajo de la línea de
pobreza. Aproximadamente 86 por ciento no había alcanzado a completar la
educación secundaria. Toda una muestra de precariedad ante la emergencia.
Es difícil hacer algún balance
positivo respecto al mundo del trabajo luego de la pandemia del covid-19. Lo
cierto es que los 300 mil teletrabajadores, los 600 mil trabajadores afectados
directos y los 400 mil trabajadores informales no necesariamente padecen la
crisis del mismo modo. Ni la progresiva reapertura de la economía despliega, en
el corto o en el mediano plazo, respuestas que puedan considerarse homogéneas.
TELETRABAJADORES
Por lo pronto, la fotografía de 2020
muestra que todavía gran parte de la estructura del mercado laboral en el país
no es pasible de migrar a modalidades virtuales. En uno de los momentos más
acuciantes de la crisis, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas
(CINVE) calculó, para Uruguay, el llamado índice de posibilidad de trabajo a
distancia,4 una herramienta que arroja un porcentaje indicativo
acerca de cuán proclive es determinada ocupación de reconvertirse en una
actividad no presencial. Casi el 60 por ciento de los trabajadores –según el
reporte– presentó dificultades para poder teletrabajar. Además, se señaló que
esta modalidad es especialmente desfavorable para los trabajadores de menores
ingresos y para los informales, respecto a los cuales la imposibilidad del
teletrabajo ascendía al 72 por ciento.
De todos modos, no es bueno desatender las tendencias. Teletrabajador y teletrabajadora son
palabras que ingresaron recientemente al nomenclátor de la lengua española.
Pero el año pasado se integraron definitivamente al habla cotidiana. Y también
a la legislación. En abril de 2020, cuando las circunstancias vertiginosas
hicieron del trabajo a distancia una necesidad irremediable, la senadora Carmen
Sanguinetti (Partido Colorado) presentó un proyecto de regulación de esta
actividad en el Parlamento. El texto fue sancionado por la Cámara de Senadores
en octubre, modificado por Diputados en julio de este año y finalmente
promulgado en agosto de este año (ley 19.978).
La ley tiene 15 artículos, que
pretenden regular el teletrabajo. Para sus críticos, como el jurista Hugo
Barreto, nunca hubo una regulación que regulara tan poco. En el mismo sentido
que la bancada opositora, las dos críticas principales de Barreto tienen que
ver con que la norma, en lugar de establecer regulaciones concretas, las
traslada al ámbito de negociación entre el empleador y el empleado. Así ocurre,
según el jurista, con la obligatoriedad o no del empleador en proveer las
herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante el trabajo, con la
determinación precisa de la jornada laboral, de descanso, de la desconexión, o
con la forma de rendir las horas extraordinarias. Tampoco se hace mención
expresa a la posibilidad de dirimir esas definiciones en los ámbitos de
negociación tripartita, lo cual es interpretado por los críticos como una
negación expresa de la negociación colectiva.
Si bien resta conocer la regulación,
la norma va en consonancia con la forma de entender las relaciones laborales de
los socios de la coalición. Al margen de ello, de momento no está claro el
porcentaje de trabajadores que se verían afectados. Si se tienen en cuenta los
estudios llevados adelante a efectos de dimensionar el teletrabajo durante la
pandemia, alcanzaría –en un escenario de máxima– a menos del 20 por ciento de
la población ocupada. Un número abultado, en cierta medida, pues fue tomado en
un contexto por demás extraordinario. Una encuesta reciente de la Asociación de
Profesionales Uruguayos en Gestión Humana, difundida por La Mañana,afirma
queun 71 por ciento de las empresas «trabajará en un formato híbrido», mientras
que un 12,8 por ciento «volverá a la oficina de manera presencial». Al margen
de ello, no existen proyecciones atendibles con relación al futuro inmediato
del teletrabajo en Uruguay.
ASALARIADOS
Más allá de lo concerniente a la
seguridad social,5 las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha
desplegado –vinculadas con los trabajadores afectados por la crisis– fueron, en
gran medida, dirigidas a retirar la presión fiscal sobre los empresarios de los
sectores involucrados o al ofrecimiento de incentivos para la contratación de
personal de forma temporaria, como parte de políticas laborales focalizadas.
Algunos ejemplos visibles tienen que ver con el sector turístico o el comercio
minorista. Asimismo, en materia legislativa se destaca, principalmente, la
aprobación de la Ley de Promoción del Empleo, que establece estímulos fiscales
para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45
años y personas con discapacidad. Si bien la norma fue sancionada con anuencia
de todos los partidos en agosto, hubo señalamientos de la oposición respecto a
que la ley simplemente actualizaba normativas ya aplicadas por el gobierno
anterior, cuando los índices de desocupación eran sensiblemente menores a los
actuales. También se apuntó a que esta herramienta no está orientada a los
problemas macro del empleo. Entre ellos figuraba el tópico de la automatización
de los procesos productivos (y el de la consiguiente calificación de la mano de
obra), que en buena medida asomaban como uno de los principales problemas antes
de la pandemia.
En materia de política salarial, en
tanto, hay menos señales sobre el futuro. Sobre el presente, sabemos que al
inicio de la novena ronda de consejos de salarios –mitad de 2021– el Instituto
Cuesta Duarte estimó una caída acumulada del 4,3 por ciento del salario real.
También que los fenómenos asociados a la pandemia han determinado una caída
generalizada del ingreso real de los hogares, del orden de un 6 por ciento,
especialmente de los ingresos laborales. Según la Unidad de Métodos y Acceso a
Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la
República,6 «los ingresos laborales han sido una de las fuentes
de ingresos que se han visto particularmente comprometidas. Casi la mitad de la
población que se encontraba ocupada antes del inicio de la pandemia redujo sus
ingresos laborales durante el año y un 14 por ciento dejó de percibirlos».
Respecto a la estructura de ingresos,
según datos del Cuesta Duarte publicados este mes,7 en 2020
existieron más de 650 mil trabajadores ocupados que recibieron remuneraciones
por debajo de los 25 mil pesos líquidos mensuales por 40 horas semanales
(considerado un «salario sumergido»). Entre ellos, alrededor de 225 mil no
alcanzaron a percibir 15 mil pesos. Fuera de ese 42 por ciento de salarios
bajos, alrededor de 327 mil trabajadores recibieron remuneraciones entre 25 mil
y 35 mil pesos líquidos. Más de 267 mil cobraron mensualmente entre 35 mil y 50
mil, y alrededor de 308 mil recibieron remuneraciones que sobrepasaron los 50
mil pesos por mes.
Según el Cuesta Duarte, casi el 70
por ciento de los trabajadores menores de 25 años percibe salarios sumergidos.
Entre ellos, casi el 20 por ciento son remuneraciones que no alcanzan los 15
mil pesos mensuales. «El análisis muestra que tan solo un 7 por ciento gana
entre 35 mil y 50 mil pesos, mientras que solo un 4 por ciento (cerca de 5 mil
personas) supera esta última cifra», se afirma. A la vez, si una persona tiene
entre 25 y 39 años, la probabilidad de que perciba una remuneración mensual que
no alcance los 25 mil pesos es del 37 por ciento. Y la probabilidad de que gane
más de 50 mil pesos es de 17 por ciento. Respecto a la distribución del ingreso
por franja etaria, el informe concluye: «Los jóvenes no solo enfrentan
desempleo mucho más alto y niveles de informalidad significativamente mayores,
sino que son quienes perciben remuneraciones más bajas, un resultado en
principio esperable por su posible menor formación y capacitación, pero en una
magnitud exageradamente alta que evidencia la inserción excesivamente precaria
de este colectivo en el mercado laboral».
Por lo demás, todos los indicadores
con tendencias desfavorables referentes al mercado laboral (tasa de empleo, de
actividad, de desempleo) tuvieron mayor incidencia en las mujeres.
Especialmente en los tres primeros quintiles de ingresos (los más bajos) y en
el interior del país. La pobreza medida para 2020, por ejemplo, era de 11,3 para
los hombres y de 11,9 para las mujeres. Pero cuando se integran datos
relacionados con la jefatura de hogar, la información es más nítida: el índice
de pobreza de los jefes de hogar es de 6,4 por ciento y de las jefas de hogar
es de 10. Un dato a resaltar tiene que ver con la incidencia del teletrabajo,
que fue significativamente mayor en mujeres que en hombres durante todo 2020.
Pero con una particularidad: «Durante la pandemia, las mujeres de los estratos
más altos resuelven su inserción laboral a través del teletrabajo, mientras las
de estratos más bajos con mayor inserción en sectores vulnerables a la crisis
que generó la covid-19 han sido las principales víctimas del desempleo», señaló
un informe reciente de ONU Mujeres8 con base en datos del INE.
De acuerdo con el estudio, «ello profundiza las desigualdades sociales y
territoriales que resultan de la segregación ocupacional, la segmentación del
mercado laboral y la división sexual del trabajo, que impone una carga de
trabajo no remunerado desproporcionadamente mayor en las mujeres de los
estratos medios y bajos».
INFORMALES
Una nota técnica de la OIT, difundida
en setiembre,9 destacó que las acciones llevadas adelante para
la recuperación del empleo en América Latina aún son insuficientes. Allí se
afirma que, a nivel continental, «en 2021 son las ocupaciones informales las
que están liderando la recuperación parcial del empleo». En este sentido, el
documento calcula que «estas ocupaciones han dado cuenta de alrededor del 70
por ciento o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de
la región». Asimismo, se advierte: «Si bien es prematuro afirmar que se está
observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente
formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, es un riesgo
latente importante».
Aunque las evidencias para Uruguay
indican que la informalidad tiende a extenderse en momentos de recesión, las
conclusiones de la OIT no pueden trasladarse directamente, de momento, por
falta de datos actualizados. Pero algo curioso ocurrió con el empleo informal
en el último año. Los trabajadores no registrados en la seguridad social
representan, en Uruguay, un estoico 25 por ciento de la población activa (casi
400 mil personas). El porcentaje de informalidad que divulgó el INE para 2020,
sin embargo, estuvo extrañamente en el entorno del 20 por ciento. De acuerdo
con el Cuesta Duarte, en el informe citado, «dado el importante rol desempeñado
por el seguro de desempleo, que ofreció protección al sector formal de la economía,
la caída se concentró entre los trabajadores informales […] naturalmente, este
descenso no obedece a un mejor desempeño del empleo formal, sino a una fuerte
disminución de los ocupados no cotizantes [informales] cuyos empleos se
resintieron a partir del confinamiento».
Los trabajadores informales fueron
las víctimas predilectas de la crisis económica desatada por el covid-19, en
razón de que cursaron la pandemia sin respaldo y con posibilidades nulas de
teletrabajar. Teóricamente, en porcentaje, representan un mayor número de
personas que las incluidas en aquel sector que pudo acogerse al teletrabajo y
supera en cantidad a todos los trabajadores que contaron con un ingreso mínimo
proveniente del seguro de paro. De momento, sin embargo, no hay noticias de
políticas laborales de gran escala respecto a ellos. Desde el PIT-CNT se
apuesta por que los nuevos puestos de trabajo que se creen en el período
poscrisis sean formales, de manera que el porcentaje de no registro en la
seguridad social continúe bajando y la tasa de empleo se mantenga. De no mediar
políticas específicas, hay pocas probabilidades de que esto ocurra, puesto que
hay evidencia en cuanto a que la informalidad crece de forma contracíclica. En
este sentido, esperan saber qué ocurrirá cuando se termine el plazo de las
extensiones de los seguros de paro que aún continúan vigentes. En la medida en
que los trabajadores formales no retornen a sus puestos, puede que el
porcentaje histórico de informalidad retorne.
1. «Encuesta continua de hogares. Actividad, empleo
y desempleo». Instituto Nacional de Estadística. Abril de 2021.
2. «Uruguay. Impacto de la covid-19 sobre el
mercado de trabajo y la generación de ingresos», Andrés Marinakis
(coordinador). OIT. Setiembre de 2020.
3. «Covid-19: Los límites a la informalidad en
tiempos de distancia social», Daniela de los Santos, Inés Fynn. Razones
y personas. Abril de 2020.
4. «Coronavirus y las vulnerabilidades de la Red de
Protección Social en Uruguay». CINVE, Informe n.º 8. Marzo de 2020.
5. Los seguros de desempleo significaron el gasto
más elevado del Fondo Covid al 31 de diciembre de 2020. Representó alrededor de
0,4 puntos del PBI.
6. «Una evaluación y lecciones aprendidas de las
respuestas epidemiológicas, el impacto social y de las medidas de mitigación
social ante la crisis del covid-19 en Uruguay: aciertos, oportunidades perdidas
y asimetría de la respuesta social». UMAD, FCS. Agosto de 2021.
7. Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo
y la nueva Ley de Promoción del Empleo. Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT.
Octubre de 2021.
8. «Análisis del impacto de la pandemia en el
mercado laboral, la desigualdad y la pobreza, según el género». ONU Mujeres.
Abril de 2021.
9. «Empleo e informalidad en América Latina y el
Caribe: una recuperación insuficiente y desigual», Roxana Maurizio. Nota
técnica. Serie Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. OIT. Setiembre
de 2021.
(Titulo
original: “ EL trabajo en el Uruguay luego de la pandemia.No tan cyborg” .Autor:
Venancio Acosta 29 octubre, 2021 Publicado en Brecha numero 1875)