En la
antesala de las negociaciones de la novena ronda de los consejos de salarios,
los lineamientos propuestos por el Ejecutivo generaron críticas de trabajadores
y empresarios. La inflación estimada hace dudar de que la recuperación
anunciada no termine en pérdida. El gobierno prefirió no señalar a los que
podrían pagar mejor, pero anunció que no se opondrá si terminan aceptando aumentos
mayores a los pautados.
Por un lado, los trabajadores exigen una mayor recuperación de la
pérdida salarial ocurrida en la ronda «puente» del año pasado, en el entendido
de que no se asegura que esta ocurrirá al final del período. En la otra vereda,
las cámaras empresariales sostienen que se vulneró lo pactado en la última
ronda y plantean la necesidad de una reducción de los laudos mínimos en algunos
sectores para asegurar su continuidad. Mientras tanto, el gobierno defiende sus
lineamientos al indicar que mantiene un equilibrio por ser criticado por ambas
partes, aunque no sea este el único indicador que mira para la definición de
los ajustes.
El punto de partida de las
negociaciones para la mayoría de los sectores, de un conjunto que involucra a
unos 465 mil trabajadores, es el de una pérdida del 4,2 por ciento del salario
real y un compromiso de recuperación. A principios de julio, el Poder Ejecutivo
planteó los lineamientos salariales para la presente ronda. En ellos se
definieron ajustes diferentes a partir de la dispar afectación que la pandemia
produjo en los distintos sectores de actividad, según la propia definición del
gobierno: se consideró a algunos como «muy afectados por la pandemia» y a otros
como «menos o poco afectados» –en ningún caso se determinaron sectores a los
que les fue bien–. A su vez, dentro de los que sufrieron menos o poco, el
gobierno pautó ajustes diferenciales según se trate de microempresas o no.
Para las actividades consideradas muy
afectadas, principalmente sectores asociados al turismo, la pauta del gobierno
plantea una nueva ronda puente por un año, en la que solo habría un ajuste
salarial a mitad del período, muy por debajo de la inflación esperada. La
pérdida de salario real acumulada entre ambas rondas puente para los
trabajadores de estos rubros estaría entre el 7,5 y el 8 por ciento. Son
sectores que abarcan a unos 50 mil asalariados, en los cuales, según sostuvo a Brecha el
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, «es imposible una
recuperación en menos de un año», aunque tampoco está asegurada una
recuperación posterior. En cuanto a los lineamientos para los sectores menos o
poco afectados, la propuesta es que se haga un convenio por dos años en el que
se establezcan ajustes semestrales considerando la inflación esperada (según la
estimación gubernamental) y una recuperación de la pérdida salarial de la ronda
pasada. La recuperación prevista para el final del convenio sería de un 1,1 por
ciento para los trabajadores de las microempresas –más de 3 por ciento de
recuperación quedaría para el siguiente período– y del 1,6 por ciento para el
resto, que también debería esperar a la siguiente ronda para completar la recuperación.
Según dijo al semanario la economista
Alejandra Picco, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, la
propuesta del Ejecutivo es insuficiente, ya que, por las estimaciones de
crecimiento para los próximos años, es muy difícil que se cumpla el compromiso
de recuperar todo lo perdido en lo que queda de gobierno. A su vez, sostuvo que
la diferenciación de pautas según el tamaño de la empresa no tiene
justificación económica y sienta un peligroso precedente de ruptura del
criterio de negociación por sector de actividad, ya que «no hay argumento
técnico demostrado de que en todos los sectores a las empresas más chicas les
fue peor» y que, en todo caso, debería ser el propio sector de actividad el que
definiera cómo manejar las diferentes realidades intrasectoriales que pudieran
existir. Agregó que la propuesta parece un guiño al sector empresarial, que ha
planteado en varias oportunidades las heterogeneidades que hay entre empresas a
nivel sectorial como argumento para ir hacia una negociación por empresa.
A mediados de julio, la Cámara de
Comercio y Servicios del Uruguay también hizo llegar sus consideraciones sobre
los lineamientos. Según la carta enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, publicada por El País, la cámara entiende que hubo un
incumplimiento del acuerdo pautado respecto al inicio de la recuperación
salarial –debería comenzar en enero de 2022 y no en julio de 2021–, que no se
recogió la heterogeneidad de las situaciones empresariales y tampoco se
contempló lo pautado como correctivo final del acuerdo puente. Sobre las
críticas, Mieres sostuvo que «hablan de que la pauta del gobierno mantiene un
equilibrio razonable», y agregó que, si bien se entendió necesario diferenciar
situaciones, no se quiso sentar un antecedente que implique transformar
radicalmente la forma de negociación. A la vez, sostuvo que no se consideró el
planteo de las cámaras de descontar el correctivo de la ronda pasada porque
esto implicaría «aumentar la pérdida del salario real».
ESTRECHA RELACIÓN
El comienzo de la recuperación salarial para los sectores menos
afectados depende de que se cumplan las estimaciones de inflación hechas por el
gobierno. Dado que cada ajuste semestral incluye un componente de inflación
esperada y uno de recuperación, cabría preguntarse qué tan probable es que se
cumplan las estimaciones del gobierno en cuanto a la inflación y qué sucedería
con la recuperación salarial si la cifra resulta ser mayor a la esperada. El
Ejecutivo proyecta que la inflación para el presente semestre se situará en el
1,8 por ciento. Si bien Mieres aseguró a este semanario que «nadie piensa que
la inflación a fin de año vaya a llegar al 2,5 por ciento» –que es el ajuste
salarial propuesto para el semestre–, las estimaciones del Banco Central del Uruguay
(BCU) publicadas un mes atrás dicen que la inflación será del 2,2 por ciento,
por lo que el porcentaje de recuperación sería menor al anunciado. A su vez,
para los dos años que abarcarían los convenios, la inflación acumulada sería,
según el gobierno, del 10,9 por ciento, pero, nuevamente, el BCU es más
pesimista, estimándola en un 13,2 y la consultora CPA Ferrere, por su parte,
calcula que será de un 15. De modo que la recuperación no solo podría ser menor
a la anunciada, sino que podría darse una nueva pérdida al término de los
convenios.
Para evitar esto, los lineamientos
del Ejecutivo plantean que, en junio de 2023, al finalizar los convenios, se
añada un correctivo que absorbería total o parcialmente la diferencia entre la
inflación efectiva y la estimada. Pero que la corrección fuera parcial o total
dependería de la evolución del empleo sectorial. Para tomar la determinación se
compararía el número de trabajadores existente en cada sector en 2023 y 2019:
si la cantidad de trabajadores registrados en junio de 2023 fuera superior al
98 por ciento del total de junio de 2019, se pagaría el total del correctivo.
Si la cifra fuera menor, el porcentaje del correctivo sería menor (entre el 96
y el 98 por ciento, se pagaría el 80 por ciento del correctivo; menos del 96
por ciento de trabajadores, se pagaría el 60 por ciento). En los casos en que
no se pague el total del correctivo, esa diferencia quedaría para la siguiente
ronda de negociación. Consultada por Brecha, Picco cuestionó que,
en el mejor de los escenarios de empleo posibles, de no cumplirse con las metas
de inflación, recién dentro de dos años comenzaría la recuperación de una parte
del salario real perdido durante el período puente. Y agregó que es discutible
que la variable de empleo sea la mejor para determinar los correctivos, ya que
un sector donde se estén procesando reestructuras o procesos de cambio técnico
podrían reducir el empleo sectorial, aun siendo ramas de actividad con
rentabilidad elevada.
En definitiva, las problemáticas
pautas parecen ser consecuencia de la persecución de objetivos contradictorios.
Esto quedó de manifiesto meses atrás, cuando diferentes calificadoras de riesgo
y organismos externos sostuvieron que las perspectivas de rebaja de la
inflación dependerían del resultado de las próximas negociaciones salariales,
«en las que el gobierno enfrenta un difícil compromiso entre su promesa de
recuperación de las pérdidas salariales reales y alentar aumentos salariales
moderados para facilitar el proceso de desinflación» (véase «Cartas
marcadas», Brecha, 11-VI-21). Así, el ministro Mieres sostuvo que
uno de los elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de definir los
lineamientos fue que «la pauta no tenga, dentro de lo posible, un componente
inflacionario que vaya en contra de los objetivos, que es la baja de la
inflación».
Por eso no se incluyeron correctivos
intermedios, de este modo se reduciría la indexación salarial. Giuliano
Cantisani, economista de CPA Ferrere, recordó que si bien lo acostumbrado había
sido calcular los ajustes en función de la inflación esperada, también se
incluían correctivos intermedios que garantizaban a los asalariados la
recuperación del salario perdido cuando la inflación terminaba siendo mayor.
Para el economista, el éxito de los trabajadores se juega en buena medida en
esa cancha: la de lograr incluir correctivos intermedios. Sin embargo, para
Cantisani, cumplir con las metas de inflación es primordial, ya que, de lo
contrario, habría al menos tres años consecutivos de caída del salario real y
un correctivo final en julio de 2023 que sería muy importante, lo cual sumaría
presiones inflacionarias para los siguientes años.
SITUACIONES HETEROGÉNEAS
La recuperación salarial también es
cuestionada por su incidencia en la recuperación del mercado laboral. Días
antes a la presentación de los lineamientos, el presidente de la Cámara de
Comercio y Servicios del Uruguay, Alfredo Antía, propuso, en el
informativo Subrayado, que se permitiera la contratación de nuevos
trabajadores con salarios por debajo del laudo acordado, para contemplar así la
situación económica de los rubros más afectados. Si bien Mieres sostuvo que los
lineamientos no van en ese sentido, manifestó que cuando se lleva adelante una
ronda salarial se tiene que tener en cuenta que las pautas no generen una
pérdida de puestos de trabajo y que si las dos partes comparten la evaluación
de que es necesario tomar ese tipo de medidas, «no nos vamos a oponer».
Para la economista del Instituto
Cuesta Duarte, el diagnóstico de que el crecimiento del empleo depende de la
caída del salario es erróneo. «¿Hasta dónde tenemos que rebajar el salario para
conseguir empleo?», disparó. Además, criticó que en los lineamientos no haya un
reconocimiento de que hubo sectores que no se vieron afectados por la pandemia,
o a los que incluso les fue bien, como los vinculados a la agroexportación, a
las tecnologías de la información o las industrias químicas. «Después podemos
discutir si son muchos o pocos, si fueron siempre los mismos o fueron
cambiando, pero primero hay que reconocer que los hubo.» Al respecto, el
ministro reconoció que la determinación de los sectores fue problemática, pero
aseguró que, independientemente de ello, si las partes acuerdan aumentos
superiores a los pautados, el gobierno no va a oponerse.
Sobre el mercado laboral y las
situaciones heterogéneas en los sectores, Cantisani, explicó que los últimos
datos dieron buenas señales de recuperación, aunque todavía hay unos 35 mil
ocupados menos respecto a febrero de 2020. Según la estimación de la
consultora, la actividad económica general regresaría a los niveles prepandemia
en el segundo trimestre del año que viene. Sin embargo, en el presente, las
actividades primarias (agro, pesca y minería) y la construcción lideran el
crecimiento económico, ubicándose 7,3 y 5,2 por ciento por encima del promedio
de 2019, respectivamente. Esto se explicaría por el incremento de la demanda externa
y los altos precios internacionales, en el primer caso, y por las obras de
infraestructura vinculadas a la segunda planta de UPM, en el segundo. En menor
medida, los servicios financieros también superaron los niveles prepandemia. En
el otro extremo, los servicios en general y en particular los vinculados al
turismo, se encuentran un 8 por ciento por debajo del nivel prepandemia.
(Brecha numero 1864. Autor: Luciano Costabel, 13 agosto de 2021. Titulo original “Lo prometido es deuda”