La huelga general del 27 de junio de 1973

 

La excepcionalidad de la respuesta al golpe de Estado en Uruguay, las posiciones en juego, las fallas y los aciertos de la huelga, la relación entre los partidos políticos y los sindicatos, las condiciones del levantamiento y el proceso posterior.

Históricamente, la huelga general de 15 días contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue la mayor movilización del pueblo uruguayo en defensa de la Constitución y las instituciones democráticas del país. En la historia contemporánea, las huelgas generales con una duración de 15 días o más han sido excepcionales. En el siglo XX fueron cuatro: en Francia en 1968 y 1995, en Polonia en 1980 y en Uruguay en 1973.

La huelga general del 13 al 30 de mayo de 1968 en Francia comenzó con una protesta estudiantil en la Universidad de Nanterre y la del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 1995 se debió al rechazo de los funcionarios públicos a una reforma de la seguridad social. La huelga general del 14 al 31 de agosto de 1980 en Polonia se inició en los astilleros de Gdansk por el reclamo del derecho de organización sindical y de huelga.

Huelgas generales prolongadas como las mencionadas significan un gran sacrificio de los trabajadores y la población. Salvo algunos servicios básicos, se cortan las comunicaciones, el suministro de alimentos, de combustibles, etcétera. Por eso, más allá del factor detonante y el desenlace, estas huelgas solo ocurren si cuentan con un estado de conciencia colectivo a favor, es decir, causas muy sentidas por la gran mayoría de la población.

De ahí que no suelen comenzar con un único hecho o una sola convocatoria ni tener todos sus aspectos planificados con anticipación. Una movilización social de esta magnitud no es fácilmente controlable: atraviesa etapas de desarrollo con altos y bajos hasta su inevitable declinación. Pueden decaer por agotamiento o ser concluidas por las fuerzas sociales o políticas que tengan a esa altura la capacidad de dirigirlas.

Algunos atribuían los sucesos de 1980 en Polonia a agentes contrarrevolucionarios, pero unos infiltrados no pueden gestar, por si solos, una huelga de 10 millones de trabajadores, expuestos durante 17 días a privaciones y a una dura represión, si no existen condiciones sociales y políticas insostenibles. La huelga condujo al reconocimiento de Solidaridad, el primer sindicato independiente en los regímenes comunistas de entonces.

La rebelión en la escuela de sociología tampoco explica la movilización que paralizó Francia en 1968. La huelga pareció causar un vacío de poder cuando el presidente Charles de Gaulle se fue del país, pero nadie pudo o quiso sustituirlo y comenzó a declinar. La Confederación General del Trabajo, la organización sindical de mayor fuerza, bajo la orientación del Partido Comunista Francés, decidió que la huelga era solo reivindicativa y la concluyó con un acuerdo salarial.

 

La huelga de 1995 en Francia se inició en el transporte y los ferrocarriles estatales, se expandió rápidamente y se convirtió en una movilización contra el plan neoliberal del primer ministro Alain Juppé. En el apogeo de las acciones, con unas marchas sin precedentes en el país, el gobierno retiró la polémica reforma. Desde entonces, la huelga fue decayendo sola hasta que, en vísperas de Navidad, las confederaciones mayores la levantaron sin más.

La huelga general de 1973 en Uruguay es celebrada en cada nuevo aniversario, pero ha sido poco analizada críticamente, como ocurre con otros acontecimientos del pasado reciente. A pesar de que las investigaciones históricas han incorporado una gran cantidad de testimonios y documentos, subsisten versiones contradictorias y referencias equivocadas, que causan confusión y dificultan el esclarecimiento y el análisis de los hechos.

ACUERDOS Y DIFERENCIAS

La disolución del Parlamento el 26 de junio no dejó lugar a dudas sobre el avasallamiento de la Constitución y las instituciones democráticas ni sobre la respuesta del movimiento sindical. Algunos discutieron si la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) se reunió antes o después de las ocupaciones, pero era una resolución ratificada por el movimiento sindical desde 1964 en adelante que nadie puso en cuestión. Ahí actuó la conciencia colectiva que mencionamos anteriormente.

Ahora bien, la situación de ese momento requería, sin duda, una evaluación política de sus condiciones. Es obvio que esta valoración no podía haberse hecho antes del golpe de Estado y se tuvo que ir definiendo en el curso mismo de la huelga general.

En el primer día, dirigentes de la CNT recorrieron las fábricas para apreciar la disposición de los trabajadores y algunos miembros del Partido Comunista de Uruguay (PCU), que eran mayoría en la dirección de la convención, auscultaron la posibilidad de que la huelga durara tres o cuatro días. Esto originó las primeras discusiones sobre la posición de la dirección sindical.

En la CNT se expresaron básicamente dos enfoques. Mientras que el PCU consideró que debía ser solo una acción demostrativa del rechazo popular al golpe de Estado, otros sectores se planteaban desarrollar el mayor potencial de lucha posible para que los militares tuvieran que negociar una salida política. De cierta manera, fue una continuación de las discusiones anteriores sobre el plan de lucha de la CNT y la posible huelga general.

En el análisis del PCU, un golpe militar constituía una crisis del aparato del Estado y la huelga general sería insurreccional si se daban las condiciones, que incluían la presencia de una división en las Fuerzas Armadas.1 De lo contrario, había que continuar la acumulación de fuerzas hasta que se dieran tales condiciones. En junio, el PCU comprobó que no había diferencias entre los militares2 y se reafirmó en la idea de evitar una lucha decisiva.

Con el antecedente de la dictadura de Gabriel Terra, de 1933, el PCU llegó a creer, incluso, que no sería ilegalizado.3 Pero, al igual que otros sectores políticos, el PCU subestimó el alcance del golpe de Estado. No lo consideró capaz de destruir a aquel movimiento popular y en 1975, cuando llegó su turno, era tarde para reaccionar.

 

Los sectores representados por la Corriente y la Resistencia Obrero Estudiantil, en minoría dentro de la CNT, tampoco consideraron que la huelga pudiera ser insurreccional ni que hubiera que recurrir a la violencia. La discusión se centró entonces en cómo y hasta dónde llevar esa confrontación en defensa de las instituciones democráticas.

OPCIONES TÁCTICAS CLAVE

La CNT presentó en cinco puntos la demanda de restablecimiento de las libertades y los derechos avasallados. Los mensajes paralelos de Liber Seregni, el Frente Amplio, el Partido Nacional y las iglesias avalaron los objetivos y el carácter nacional de la huelga general.

En la discusión de la CNT surgieron situaciones y diferencias que incidieron inevitablemente en la eficacia de la huelga. La no aplicación de decisiones que habían sido discutidas antes del golpe y algunas decisiones inapropiadas fueron las más importantes, además de causas imprevistas o inesperadas, que siempre ocurren en situaciones similares.

Desde la decisión tomada por la CNT en 1964, una comisión integrada por Gerardo Cuesta, Gerardo Gatti, Héctor Rodríguez y Vladimir Turiansky estudió situaciones que se podrían dar en la huelga general. Entre otras medidas, la comisión definió la manera de actuar en el transporte y evaluó opciones con las reservas de combustible en la refinería de ANCAP.4

En el transporte, los ómnibus debían funcionar en las primeras horas de la mañana para facilitar el acceso y la ocupación de los lugares de trabajo. Cumplida esta función, los vehículos no debían retornar a los estacionamientos habituales, sino ser guardados en fábricas ocupadas, para que no fueran usados para restablecer las actividades.

Sin embargo, los ómnibus volvieron a los talleres. Incluso allí los trabajadores propusieron inhabilitarlos de alguna manera, pero la dirección sindical no lo aceptó. A esto se agregó la deserción de dirigentes clave del gremio. El PCU intentó subsanarlo con viejos militantes, pero fue insuficiente. A pesar de las acciones callejeras que se hicieron para impedirlo, propietarios y soldados restablecieron el transporte al quinto día de huelga.

La dictadura se centró entonces en las fábricas ocupadas. Había coincidencia en evitar el choque con los militares, pero mientras el comando de la CNT recomendó dirigirse a los locales sindicales luego del desalojo, la Corriente planteó reanudar la ocupación una vez que los militares se retiraran, pues en la mayoría de los casos no podían permanecer en ellas.

La segunda orientación fue más eficaz porque los sindicatos estaban intervenidos y los locales, cerrados. Entre el lunes 2 y el martes 3 de julio, las fábricas fueron reocupadas, incluso con más participantes, lo que hizo fracasar la Operación Desalojo. El miércoles 4, la dictadura emitió un decreto que habilitó despidos en masa sin indemnización y comenzó a organizar plebiscitos sobre la huelga general en cada lugar de trabajo.

Una Cronología documentada publicada por el PCU en 1989 le adjudicó erróneamente a la CNT el boletín titulado A los trabajadores en lucha, en el que se planteó la reocupación de las fábricas.5 En su recopilación sobre la huelga, el historiador Álvaro Rico constata que hubo diferencias entre la CNT y la Corriente en este tema, pero reitera el error.6

La referencia sobre la autoría de ese boletín se encuentra en un libro publicado en Buenos Aires en 1974, bajo la firma de Hugo Lustemberg,7 elaborado con los volantes, los boletines y los documentos recogidos por los Grupos de Acción Unificadora durante la huelga general. La redacción del boletín A los trabajadores en lucha estuvo a cargo de militantes sindicales de esta organización integrante de la Corriente.

DECISIÓN SINDICAL O DE PARTIDO

En la madrugada del 27 de junio, los trabajadores de ANCAP ocuparon la refinería de La Teja, que tenía en ese momento los tanques de gasolina llenos. Una cuestión clave de la huelga era quién controlaba, cómo y para qué el suministro del combustible.

El Ejército necesitaba la nafta para sus vehículos y, sobre todo, para el desalojo de las fábricas. En las previas de la huelga, se manejó la posibilidad de mezclar el combustible refinado con el crudo para impedir su uso inmediato, algo que no implicaba un enfrentamiento violento con los militares y tampoco lo inutilizaba para el futuro.

«En el nivel de confrontación definido en ese momento por la dirección de la huelga, no estaba planteado llegar a ese tipo de medidas», expresó el entonces dirigente de la Federación ANCAP Daniel Baldassari, integrante del PCU. Para Baldassari, «la mezcla habría favorecido la represión, sin un resultado favorable para el movimiento en su conjunto».8

El sábado 30, en una operación muy planificada y cautelosa, el Ejército entró y tomó el control de la refinería. Los trabajadores intentaron apagar gradualmente la planta, pero fueron detectados por los militares y obligados a mantener la producción.

El martes 3, un cortocircuito en el exterior de la planta interrumpió la refinación y apagó la llama de la chimenea. Al sonar todas las alarmas y desconocer el motivo, los militares huyeron del lugar. De vuelta, los funcionarios fueron militarizados y buscados casa por casa para reanudar la actividad, que demoró una semana en ser restablecida. El apagón de la llama de la refinería, visible desde varios puntos de la capital, y el fracaso de los desalojos fueron dos acontecimientos que fortalecieron la huelga general.

Las publicaciones existentes presentan diferentes versiones sobre la historia del apagón de la refinería. Baldassari afirmó más de una vez que fue una decisión del comando de la CNT,9 pero ahora se lo presenta como una acción decidida y ejecutada por el PCU.

En la recopilación de Rico, «Anónimo» (sic) cuenta que la decisión fue tomada por el dirigente Jaime Pérez, porque los comunistas estaban quedando ante los trabajadores como reacios a la paralización de la refinería.10 En el último libro sobre el PCU, Rico confirma esta versión y describe con lujo de detalles la operación del partido, incluyendo el traslado de los autores del apagón a Colonia, luego a Buenos Aires y, por último, al exilio en Europa.11

Además de ser fiel a los hechos, es relevante saber si fue una acción sindical o del PCU. La confusión entre el sindicato y el partido político es discutida hasta hoy en el movimiento sindical. El sindicato como apéndice de un partido político pierde el apoyo de los trabajadores que no comparten esas ideas y se debilita ante los gobiernos y el sistema político.

REFLEXIÓN CON PERSPECTIVA

Tras la manifestación de todas las fuerzas antigolpistas, el 9 de julio, en el centro de la capital, la declinación de la huelga se hizo inevitable. El 11 de julio, la mayoría de la CNT votó el levantamiento incondicional de la huelga general, sin que se hubieran alcanzado, total o parcialmente, sus objetivos. Se dijo que se pasaba a «una nueva etapa de lucha» y que la dictadura había nacido «herida de muerte» por el amplio rechazo popular.

Las federaciones de la salud (Federación Uruguaya de la Salud [FUS]) y la bebida (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida) junto con el sindicato de FUNSA no acompañaron la manera como fue tomada aquella decisión. En su criterio, «para resolver el levantamiento de la huelga general, debían establecerse previamente, a través de una negociación desde las posiciones de lucha en que se encuentran los trabajadores, las garantías mínimas de funcionamiento y respeto de las organizaciones sindicales».12

Las tres organizaciones sostuvieron que las carencias evidenciadas por algunos gremios se debieron a la falta de planes de lucha apropiados, a la ausencia de una estructura sindical adecuada y de suficientes cuadros intermedios arraigados en la base, así como a la práctica de un sindicalismo economicista, desvinculado de aspectos programáticos.13 «Ningún gremio fue derrotado, fue derrotado un estilo, un método, una concepción del trabajo sindical», concluyeron estos sindicatos, que expresaban la orientación minoritaria en la CNT.

Tras el levantamiento de la huelga general, el golpe de Estado fue más lejos de lo previsto por todos los sectores políticos y desmanteló al movimiento popular, que, sobre todo desde 1968 en adelante, había luchado sin pausas contra el cambio regresivo en el país.

El desconocimiento en la izquierda y los partidos tradicionales, en el Partido Nacional en particular, sobre la evolución de las Fuerzas Armadas uruguayas hizo pensar a muchos que los golpistas no desestimarían una convocatoria a elecciones nacionales en 1976. Sin embargo, a pesar de haber desarticulado a esa altura a todas las organizaciones de izquierda existentes en el país, la dictadura se prolongó por nueve años más.

No fue el desvarío de algunos militares, sino la misión asignada a las Fuerzas Armadas en los manuales del Pentágono.14 Estratégicamente, la dictadura apuntó a destruir la organización y la conciencia política alcanzadas por el pueblo uruguayo. La teoría de los dos demonios intenta ocultarlo, como si la causa del golpe hubiera sido el extremismo militar y la guerrilla, que ya había sido derrotada, y no la resistencia popular al ajuste conservador.

No podemos saber cuál sería el resultado de la huelga general de no haber existido las carencias indicadas, pero el peso que tuvieron en su desenlace es indudable. Al registro de la resistencia a la dictadura hay que sumarle, con similar rigor, las luchas anteriores, con los errores y las fallas que influyeron en las derrotas sufridas. La finalidad no es juzgar el pasado, sino aprender para mejorar la reconstrucción presente del movimiento popular.

 

1. Entrevista a León Lev en «La huelga general. El 9 de julio. El asalto a El Popular», Colección Popular n.º 1, serie Hechos de la Vida Nacional, fascículo de El Popular, 1988, pág. 53.

2. Declaraciones de José Luis Massera en Las historias que cuentan. Testimonios para una reflexión inconclusa,de Víctor L. Bacchetta, Editorial Instituto del Tercer Mundo, 1993, pág. 43.

3. Álvaro Rico menciona este hecho en El Partido Comunista bajo la dictadura. Resistencia, represión y exilio (1973-1985), de Álvaro Rico et al., Fin de Siglo, 2021, pág. 24.

4. Las historias que cuentan…, óp. cit., pág. 51.

5. Óp. cit., pág. 59.

6. 15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general 27 de junio-11 de julio de 1973, de Álvaro Rico, Fin de Siglo/Sudamericana, 2006, págs. 212 y 670.

7. Uruguay: Imperialismo y estrategia de liberación. Las enseñanzas de la huelga general, de Hugo Lustemberg, Buenos Aires, Achával Solo, 1974, pág. 221. Colección Materiales de la Huelga General, Sitios de Memoria Uruguay, disponible en https://sitiosdememoria.uy/recurso/3554.

8. Las historias que cuentan…, óp. cit., pág. 55.

9. 15 días que estremecieron al Uruguay…, óp. cit., pág. 320, y Las historias que cuentan…, óp. cit., pág. 55.

10. 15 días que estremecieron al Uruguay…, óp. cit., pág. 321.

11. El Partido Comunista bajo la dictadura…, óp. cit., pág. 156.

12. «Condiciones del levantamiento y conducta a seguir», FUS, 11-VII-1973. Colección Materiales de la Huelga General, Sitios de Memoria Uruguay, disponible en https://sitiosdememoria.uy/material/3535.

13. 15 días que estremecieron al Uruguay…, óp. cit., pág. 610.

14. La doctrina de la seguridad nacional, elaborada por Estados Unidos para la Guerra Fría, promovió la intervención de los Ejércitos en los asuntos internos de sus países. Los movimientos sociales de protesta eran considerados por esa doctrina una amenaza potencial a la seguridad.

 

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1899. TITULO ORIGINAL: “LA HUELGA GENERAL DE 1973 Mas allá de las recopilaciones” Autor: Victor Baccheta,  13 de abril, 2022

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Nuevos episodios para una vieja serie

El Parlamento nacional tiene a estudio un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que pretende modificar algunos aspectos del sistema de negociación colectiva en sus dos modalidades de implementación: tripartita, mediante los consejos de salarios, y bipartita, mediante la celebración de convenios colectivos entre organizaciones de trabajadores y empresas, y grupos de empresas u organizaciones empresariales. La iniciativa tiene su razón en el intento de superar las observaciones que los órganos de control del cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han hecho desde 2010 hasta la fecha a ciertos dispositivos de la ley 18.566, de negociación colectiva, de setiembre de 2009, a partir de una queja presentada por las principales cámaras empresariales del país con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores.

Dos aspectos deben distinguirse con precisión para comprender cabalmente el alcance del disenso de los empresarios, puesto que tienen distinta dimensión y significación. Por una parte, plantean un cuestionamiento integral del sistema de relaciones laborales vigente en lo que hace nada menos que al mecanismo de diálogo social y determinación de las condiciones en las cuales se prestará el trabajo dependiente. Por otra, indican una serie de dispositivos puntuales de la ley de negociación colectiva que consideran contrarios a las normas de la OIT.

En lo fundamental, las cámaras empresariales sostienen que el sistema de negociación colectiva vigente lesiona la libertad de negociar de manera libre y voluntaria prescripta por el convenio internacional n.o 98 de la OIT, ya que afirman que el Estado no solamente interviene a través de los consejos de salarios en la resolución de los salarios mínimos (para lo cual se encuentra habilitado por el convenio internacional n.o 131 de la OIT), sino que excede esa atribución e incide de manera decisiva, como si se tratara de un árbitro, en la determinación de los aumentos porcentuales de las remuneraciones que se encuentran por encima del mínimo y en las condiciones de trabajo (licencias especiales, beneficios no salariales, etcétera).

La queja presentada ante la OIT comprende también el señalamiento de otros mecanismos de la ley de 2009, como ciertas competencias de carácter (meramente) consultivo del Consejo Superior Tripartito que consideran invasivas de la autonomía de las partes en la elección de los niveles de negociación colectiva; la necesidad de exigir la personería jurídica a los sindicatos, para que sean los receptores de la información de las empresas durante la negociación; la inconveniencia de que el sindicato de rama fuera sujeto negociador de convenios colectivos en empresas que no contaran con una organización sindical, y la derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos, de modo que sus efectos (beneficios acordados) cesen al cumplirse el plazo previsto en esos instrumentos.

Como puede apreciarse, la primera objeción de las cámaras empresariales es sustantiva, puesto que es refractaria a toda intervención del Estado en la negociación colectiva. Y, aunque no llegan a pedir la desaparición de los consejos de salarios –tal como azuzan los liberales de siempre, sosteniendo que se trata de un procedimiento obsoleto, que responde a una realidad productiva que ya no existe–, los limitan severamente, circunscribiéndolos a la fijación de los salarios mínimos y «confiando» en los convenios colectivos (o sea, un ámbito sin la participación del Estado) para dirimir la cuestión salarial y las relaciones laborales en general entre el sindicato o los trabajadores con las empresas. Lo que resulta contradictorio es que, mientras que internacionalmente postulan ese desacuerdo central con el sistema, históricamente registran altísimos niveles de acuerdos tripartitos en los consejos de salarios.

No se necesita ser Funes para recordar el riesgo de esta apuesta de los empresarios al retiro del Estado del fomento de la negociación: cuando en los años noventa del siglo pasado tuvieron en sus manos la oportunidad de negociar bilateralmente, o sea, libres de todo constreñimiento estatal por la falta de convocatoria de los consejos de salarios, no hicieron movimiento alguno –salvo excepciones– en favor de pactar con las organizaciones sindicales, lo que motivó el aumento de la desigualdad social y la rebaja salarial, al punto de que la misma OIT les pidió a los gobiernos de la época que rompieran la inercia y volvieran a promover la negociación y la protección del salario mínimo.

El proyecto del Poder Ejecutivo, a similitud del presentado en 2019 por el gobierno del Frente Amplio, propone calafatear el sistema atendiendo las observaciones que la OIT ha hecho a la ley de negociación colectiva, que en algunos casos se limita a sugerir que se procure un consenso entre los interlocutores, cosa que no ha sido posible en el curso de más de una década. Sin embargo, los voceros empresariales han dicho que, si bien consideran de recibo los cambios que introduce el proyecto, mantendrán la queja ante la OIT, por entender que no satisface sus pretensiones de fondo. Esta posición tiene una consecuencia inmediata: clausura el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y motiva que el PIT-CNT abandone toda posibilidad de admitir los contenidos en el proyecto, ya que consideran que no son aceptables para el interés de los trabajadores y que, en última instancia, no serán suficientes para que los empresarios levanten la queja en trámite en la OIT.

Sea cual fuere el destino del proyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la negativa empresarial a aceptar las reglas del tripartismo en la negociación de los salarios deja abierto el tema de cómo articular políticas laborales que promuevan en serio la negociación colectiva (y no meramente la apelación a una libertad inapresable) frente a un actor que lo único que pretende es que no existan tales políticas, de modo de jugar el partido del solipsismo en lugar del de la deliberación y la búsqueda de consensos en el desnivelado terreno de las relaciones de trabajo.

En el plano de los derechos de quienes trabajan, la posición de los empresarios también es inconsistente, puesto que no puede existir un derecho –como el de la negociación colectiva– cuyo incumplimiento no tenga algún componente de obligatoriedad, ya que un derecho sin garantías se parece más a un reclamo de caridad que a un deber jurídico. Dotar a las organizaciones de trabajadores de herramientas válidas y eficaces para equilibrar relaciones laborales asimétricas por naturaleza es una forma de cumplir con el designio del artículo 57 de la Constitución de promover los sindicatos.

 

Extramuros de estas consideraciones se sitúa, como en «La carta robada», de Edgar Allan Poe, un elemento imperceptible de tan evidente: la democracia no solo tiene una dimensión política, que demanda libertades y reconocimientos, sino también una configuración social y económica, que requiere la autonomía de actores singulares (organizaciones de trabajadores y empleadores), pero también el aseguramiento de unos procesos de negociación que permitan el progreso social y la paz laboral.

Extraido de Brecha N° 1909. titulo original: “NEGOCIACIÓN COLECTIVA Nuevos episodios para una vieja serie” Autor: Hugo Barretto Ghione,  16 de junio, 2022

 

 

Paradojas de este 2022: Entre vacas gordas y bolsillos flacos

 

Una caja de supermercado. Un niño. Su madre. La difícil decisión de optar entre comprar una pasta de dientes o un artículo alimentario por no tener suficiente dinero. No es 2022, sino 2002.

La anécdota marcaría para siempre a un niño, ahora joven, que recientemente la revivió en su memoria a partir de la información presentada por el monitor de Scanntech de mayo de 2022. Este muestra una caída generalizada del consumo minorista de 5% para los primeros meses de este año, pero más profunda, de 9,8%, en artículos de cuidado personal y de 6,5% en artículos de limpieza.1

Durante aquel 2002 la economía uruguaya atravesaría una profunda crisis económica con una gran caída del producto interno bruto (PIB) y las condiciones de vida de las grandes mayorías. Para 2006 todavía era otro país, quedaban 32,5% de pobres, cerca de un millón de uruguayos. Pero hoy no es 2002, es 2022.

El producto se encuentra en proceso de fuerte expansión. El Banco Central del Uruguay acaba de publicar los datos del primer trimestre. Pese a la desaceleración del crecimiento, el PIB se encuentra 2,9% encima del último valor prepandemia y confirma un crecimiento anual por encima de 4%.

El crecimiento de la actividad es generalizado. Sin embargo, el sector exportador en particular presenta sus mejores números históricos impulsados por un huracán de cola a nivel mundial tras la guerra de Ucrania. La rentabilidad de este sector, medida a través del índice de excedente bruto de la industria exportadora, calculado por el Banco Central del Uruguay, o índice malla de oro,2 se encuentra 20 puntos por encima de su promedio histórico. Vivimos tiempos de vacas gordas.

Sin embargo, en la combinación de empleo, salarios y jubilaciones, los ingresos de los hogares se encuentran todavía por debajo de su valor de 2019. El poder de compra de los salarios se encuentra todavía 4,1% debajo de su valor promedio de 2019.3 El salario real está por debajo de esta referencia desde marzo de 2020. Por el lado del empleo, tras el impulso observado durante la segunda mitad de 2021, la mejora se detuvo en 2022. El último dato de abril incluso marcó un leve retroceso para la tasa de empleo frente al mes anterior.

Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), la masa salarial, que acompañó el esfuerzo de la caída del PIB durante la crisis, se encuentra rezagada en su recuperación en relación al PIB. Esto quiere decir que el crecimiento no está llegando de la misma manera a los ingresos de los hogares. Es más, se profundiza la paradoja, ya que los ingresos de los hogares del interior del país, en medio de un boom agroexportador pocas veces visto, se recuperan más lento que en Montevideo. Vivimos tiempos de bolsillos flacos.

El débil escudo de los débiles

Un comentario aparte y especial merece la situación de la pobreza y en particular la pobreza infantil. Los logros de la recuperación en esta materia se encuentran bien rezagados y esto tendrá efectos de largo plazo. Para hacerse una idea, un estudio recientemente publicado por las economistas Ana Balsa y Patricia Triunfo detecta un incremento de los nacimientos de muy bajo peso cercano a 30% en 2020, respecto del año prepandemia.

Frente a esta realidad, la negación de los impactos de la crisis y la autocomplacencia fueron la tónica por parte del equipo económico y el gobierno en general. Primero, con el argumento de que para fines de 2020 la pobreza incremental de inicio de 2020 ya se estaba resolviendo. Segundo, al festejar en el Parlamento que en el primer semestre de 2021 las políticas aplicadas habían logrado más que mitigar los impactos de la pandemia en la pobreza infantil.

La paradoja de un país de vacas gordas y bolsillos flacos, con una débil protección de los débiles y una agenda de reformas estancada, está instalada.

Sin embargo, la realidad mostró que en 2022 solamente uno de cada tres de los 100.000 nuevos pobres había logrado salir de la pobreza. Además, la pobreza infantil todavía se encontraba en 2022 en niveles muy superiores a 2019.

Pese a esto, la prioridad del presidente, de lograrse las metas de crecimiento vigoroso –según sus propias palabras–, está planteada en términos de utilizar los frutos del aumento de la recaudación en disminuir el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). Esta será una política que no afectará positivamente ni a los más pequeños, ni a las personas de menores ingresos.

El malhumor de las paradojas

La paradoja de una economía en fuerte expansión y una apuesta como mucho al empate con las condiciones de vida de algunos años atrás es la fórmula perfecta para el malhumor social. Esto ya se observa en encuestas que revelan un gran cambio de ánimo en la sociedad uruguaya. El presidente, el gobierno, las gestiones en los temas principales de la agenda gubernamental, todos cotizan a la baja en los informes de las encuestadoras.4

Superada la pandemia, el gobierno actual empieza a tener que asumir la responsabilidad de sus acciones. Las acusaciones de intento de generar “trancas” a las medidas contenidas en la ley de urgente consideración, que era el “corazón” de la agenda de reformas del actual gobierno, quedaron atrás en un ajustado referéndum. No hay lugar para las excusas.

Los resultados en sus principales áreas de gestión muestran mucho descontento. El 63% de la población considera que hay “mucha hambre” y 66% que la seguridad “está desbordada”, según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana. La mayoría de la población cree que el desempleo, la inflación y la inseguridad están peores que seis meses atrás, según un reciente estudio de Cifra.

Adicionalmente, la agenda del segundo tiempo del gobierno no figura con claridad y se encuentra trancada en rencillas internas y falta de liderazgo en torno a las reformas que se quieren y deben implementar. El caso más claro es quizás la demora en la responsabilidad del gobierno en generar un proyecto de reforma de la seguridad social para que debatan el Parlamento y las organizaciones sociales.

La paradoja de un país de vacas gordas y bolsillos flacos, con una débil protección de los débiles y una agenda de reformas estancada, está instalada. Si el gobierno no da respuesta, como parece ser

la tónica de su convencimiento ideológico, la oportunidad de construir una alternativa para superar el estado actual pertenece a la oposición. Y en eso parecería estar trabajando.

 

Escribe Santiago Soto .Publicado el 18 de junio en La Diaria . Santiago Soto es economista y politólogo, coordinador del centro de estudios Etcétera.

Los homicidios como cuestión política

 

La tasa de homicidios ha crecido de manera significativa en las últimas semanas en Uruguay. A pesar del impacto de la acumulación de casos en pocos días, el comportamiento negativo del fenómeno en este último cuatrimestre tiene antecedentes similares en años recientes. Para un gobierno que luego de dos años de pandemia atribuyó el descenso de la tasa de homicidios a sus buenos oficios y a los instrumentos que, por fin, respaldaban a la Policía, el problema está en que, casi de la nada, tiene que lidiar con un crecimiento de la violencia homicida que le desbarata todos los argumentos. Por otra parte, el Frente Amplio (FA), al ritmo de las noticias policiales, se posiciona con una estrategia reactiva (parecida a la que usó la oposición cuando el FA era gobierno), con el objetivo de erosionar la credibilidad del relato oficial construido durante estos dos años. Si la izquierda pretende ir más allá del mero rédito cortoplacista, en este terreno debe encarnar una actitud de profunda modestia.

Después de dos años (2018 y 2019) que registraron valores extremadamente altos, en 2020 y 2021 la tasa de homicidios tuvo un apreciable descenso. Más allá de algunas dudas metodológicas sobre las formas de clasificación, la tendencia fue real. Pero el gobierno la atribuyó de inmediato al éxito de la nueva política de seguridad: respaldo, realismo, voluntad, coraje fueron algunos de los valores que se deslizaron para entender un cambio tan significativo en los indicadores de delitos. De ese vaporoso espacio, más tarde se pudo transitar a otro más materializable: la Ley de Urgente Consideración (LUC). La LUC es buena, se decía, porque habría servido para bajar la cantidad de delitos. Fue imposible escuchar en ese tiempo algún argumento con fundamento, alguna hipótesis que hiciera pensar en cómo, directa o indirectamente, la pandemia y sus distintas intensidades estaban impactando en los homicidios. El debate público no recibió ningún aporte relativizador, y se optó por construir un discurso de éxito y fortaleza en contraste con los 15 años de gestión frenteamplista. Una estrategia deliberada, vacía y, a la corta, imprudente.

Hoy, cuando los homicidios vuelven a mostrar su rostro más agudo, el gobierno mantiene la línea simbólica y desata su performance: preocupación, reuniones de alto nivel, la actitud de hacerse cargo, la promesa de más presencia policial y el anuncio de un plan cuyas líneas son un misterio. Pero con un añadido: así como el gobierno atribuyó el descenso de la tasa de homicidios al éxito de la gestión, este aumento, según algunas voces del propio gobierno, también sería la consecuencia de ese éxito. El incremento tendría como base la «implacable» política de seguridad, que golpea al microtráfico, encarcela a sus responsables, desabastece el mercado de drogas y, por lo tanto, contribuye a la intensificación de los conflictos. El argumento no es nuevo: lo hemos escuchado en otros momentos, no tan lejanos. Quizá nunca haya sido emitido con ese simplismo y con un regodeo tal en la idea de estar comandando, de verdad, una batalla crucial contra un enemigo poderoso. La «guerra contra las drogas» (o mejor sería decir: contra los escalones más bajos de esas dinámicas) aterriza en el discurso político y se desparrama como prioridad institucional. Pero ¿cómo se puede sostener que una política de seguridad es exitosa cuando la tasa de homicidios aumenta con tal intensidad? ¿Cómo transformar en éxito lo que constituye un irremediable fracaso? ¿Cómo concebir un espacio objetivo de posibilidad para semejantes discursos? No es sencillo responder estas cuestiones. Aunque tal vez puedan identificarse tres procesos simbólicos de larga data que permiten naturalizar este tipo de referencias políticas.

En primer lugar, la construcción del narcotráfico como un significante vacío es una realidad que acumula décadas. Las formas en las que distintos actores estatales lo han enunciado y definido constituye todo un desafío interpretativo, pues allí se anuda la pretensión tanto de objetivarlo como de instrumentalizarlo para justificar omisiones propias. El narcotráfico aparece como un enemigo inabarcable, siempre un paso adelante, que exige mayor conciencia y capacidad de respuesta, o como una guerra sin cuartel que obliga a la sociedad de bien a no retacear esfuerzos. El narcotráfico permitió que la lógica de las equivalencias (ellos y nosotros, el bien y el mal) se instalara en el núcleo de los discursos políticos. En tiempos más recientes, ese significante vacío adquirió la forma de un significante flotante, y el problema del narcotráfico quedó reducido a las dinámicas violentas y territorializadas del microtráfico. Para los discursos conservadores, el problema de las drogas ha sido colocado como un eje central de la causalidad de los fenómenos de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Cuando los gobiernos del FA reconocieron la incidencia del crimen organizado en el país, la oposición de entonces los acusó de poner excusas y de caer en la trampa del prejuicio ideológico. Hoy, aquel repertorio de excusas que tanto rechazo producía es desplegado por el actual gobierno con idénticos argumentos.

En segundo lugar, se ha asumido que hay vidas que no importan. Los jóvenes pobres, enredados en condiciones de vida que restringen todos sus derechos, insertos muchas veces en redes de delito y lógicas de violencia, se vuelven, al mismo tiempo, víctimas y victimarios. Son vidas que se apagan precozmente, destinos trágicos que se acumulan en contextos de proximidad, que no logran la posibilidad de duelos colectivos. Sus muertes son contadas parcialmente en las noticias y se vuelcan en los renglones de la contabilidad de los homicidios como ajustes de cuentas, conflictos entre bandas criminales o rivalidades por drogas. Cada allanamiento, cada cierre de una boca, cada captura o formalización son vividos como un éxito por una política pública incapaz de incidir a fondo en ningún factor de riesgo. A su vez, cada muerte sin nombre es interpretada como un daño colateral de una guerra despiadada que no deja tiempo para la congoja. En ese marco de representaciones, cientos de adolescentes y jóvenes uruguayos pierden la vida al año en medio de una indiferencia generalizada.

Por último, el enfoque policial-penal ha oscilado entre la incidencia de las poblaciones de riesgo (categorías enteras de personas sobre las que pesan los castigos más severos) y la responsabilidad individual a la hora de juzgar una conducta tipificada como delito. Cuando la intención de matar está dada (y esa intención es más probable entre aquellos vinculados con formas organizadas de ilegalidad, según los discursos oficiales), no hay forma de prevenirla. No hay Policía que pueda con eso, se dice a modo de disculpa. Lo curioso es que, para frenar una escalada de homicidios, se presenta un plan cuyo eje es el incremento de la presencia policial en los barrios. Entre el riesgo y la responsabilidad individual, la política ha abandonado por completo las explicaciones que tengan que ver con la incidencia de la desigualdad estructural y la posibilidad de trabajar en escenarios de prevención que tomen en cuenta el desestímulo de la violencia, el incremento del capital social y de los factores de protección, la reducción de las tasas de impunidad y la posibilidad de sanciones alternativas. Nada, absolutamente nada de esto ha estado o está en la agenda, ni siquiera en consideración preliminar.

Se ha señalado, con razón, que el gobierno no tiene un plan en materia de seguridad. En rigor, no lo necesita, porque su estrategia se basa en una concepción hegemónica que ha dominado la escena en Uruguay desde 1995 hasta la fecha, con la Policía en el centro y una política criminal que hace de la cárcel el primer recurso. ¿Es posible imaginar alternativas a este trayecto? Durante 15 años la izquierda tuvo la posibilidad de construir otra perspectiva viable, pero terminó alineada y reforzando las tendencias predominantes. Navegamos bajo un mismo proyecto que se sostiene en una falsa retórica de oposiciones, mientras los problemas de fondo se acumulan y gobiernos como el actual se dedican a trabajar su imagen y desnaturalizar las evidencias. ¿Qué consecuencias políticas tendría un deterioro aún mayor del problema? ¿Acaso un programa más autoritario?

Una concepción alternativa no puede limitarse a la crítica de un ministro débil, desbordado y carente de cualquier argumentación. Tampoco alcanza con postular la necesidad de una política de Estado, pues cuando eso estuvo sobre la mesa –los acuerdos multipartidarios y las negociaciones de la Torre Ejecutiva– el punitivismo avanzó con más facilidad. Sostener cuestiones más instrumentales, como que hay que escuchar a los expertos o ensayar un modelo de gestión más interagencial, puede tener sentido si se apoya en un impulso político distinto, crítico y participativo. Nada de esto se avizora, lamentablemente. Mientras tanto, esas altas tasas de homicidios –esas muertes que no importan– seguirán siendo funcionales a la política predominante.

Extraido de Brecha N° 1904. titulo original: “Los homicidios como cuestión política” Autor: Rafael Paternain,  20 de mayo, 2022