Recordar a los mártires de chicago; en sus oficios, en sus palabras.

 

Cada 30 de abril, día del trabajador rural; al césar lo que es del césar.

 

El estado como actor fundamental en consagración y reconocimiento de derecho de los trabajadores y trabajadoras, es irremplazable. La ley, por su importancia jurídica y por su significación cultural para nuestra sociedad es, desde hace más de un siglo una herramienta para la promoción de derechos; herramienta que ha caído en un leve desuso por estos tiempos;  la legislación laboral puede y debe recobrar vigor para que todas y todos seamos cada día más dignos.

El día del trabajador rural es fruto de una disposición legislativa, de una actitud del estado, que salda (en parte) la deuda histórica con un colectivo de trabajadoras y trabajadores largamente postergados.

Por ley número 19.000  publicado en el diario oficial el 21 de noviembre de 2012 se estableció al 30 de abril de cada año, como el día del trabajador rural.

Seguidamente el texto de la ley:

 

“Artículo 1º. Declárase el 30 de abril de cada año "Día del Trabajador Rural", como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país.”

 

Nuevo seguro de paro flexible, resolucion número 97 del 22 de abril de 2021

 

Salarios vigentes en la industria de la construccion

 

El desempleo subió a 11,1%; volvió a aumentar el subempleo y la informalidad

 

El índice de desempleo subió cuatro décimas en febrero de este año respecto de enero, y se ubicó en 11,1%, según datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Montevideo el indicador subió nueve décimas respecto del mes anterior y alcanzó en febrero a 10,8%, mientras que en el interior subió una décima, de 11,2% a 11,3%. En hombres, el desempleo cayó una décima y se ubicó en 8,9%, pero en mujeres subió casi un punto porcentual, de 12,6% a 13,5%.

El informe del INE también indica que el teletrabajo volvió a crecer en febrero y se ubicó en 11%, tras haber tenido una caída en enero, al pasar de 11,3% a 9,9%.

En tanto, la tasa de empleo cayó en febrero a 54,9%, tres décimas menos que la de enero. En Montevideo cayó a 55,8 y en el interior subió una décima y se ubicó en 54,3%. Según los datos del INE, el subempleo continúa ascendiendo rápidamente y este mes se ubicó en 10,2%, cuando en enero fue de 9,6% y en diciembre de 2020, de 8,4%. También persiste el crecimiento de las personas que trabajan sin registro en la seguridad social, que ascendió a 22,6%, cuando en enero fue de 22,4% y en diciembre, de 21,2%.

Por su parte, la tasa de actividad bajó dos décimas respecto de enero y se ubicó en febrero en 61,7%. Este indicador en Montevideo fue de 62,5% y en el interior, de 61,2%.

Además, el INE informa que el promedio de tiempo efectivo de trabajo durante la ocupación principal de quienes tienen empleo se ubicó en 32,5 horas por semana, lo que muestra una suba respecto de enero (29,7 horas). Este indicador había caído fuertemente en abril de 2020, a 25,5 horas, al inicio de la pandemia, y luego fue paulatinamente volviendo a valores previos.

(Tomado de La Diaria, publicado el 13 de abril de 2021)

 

Horas libres para vacunarse contra el Coronavirus, ley 19947

 

Hugo Bai: “Sin una reforma profunda de la Caja Militar, será complejo discutir cualquier otro cambio en las jubilaciones”

 

El delegado del PIT-CNT en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) habló sobre los puntos que critican del diagnóstico del gobierno y advirtió por la “legitimidad social” de la futura reforma previsional.

¿Cuáles son los aspectos principales que no comparten del diagnóstico sobre el sistema de seguridad social hecho por el gobierno –que no votó el PIT-CNT en la CEES–?

Me centraría en tres puntos, los más importantes para nosotros. La Caja Militar, donde creemos que el diagnóstico debería tener un énfasis mucho más marcado, que estamos frente a un problema muy profundo, y diría de otra naturaleza respecto de los otros subsistemas de la seguridad social. Lo vinculado al régimen de ahorro individual [las AFAP], donde tenemos diferencias porque partimos de un diagnóstico diferente: a nuestro juicio el sistema fracasó en varias dimensiones relevantes. Lo tercero son los énfasis demasiado marcados en los aspectos vinculados a la sostenibilidad económico-financiera, que no están bien balanceados con los logros en materia de cobertura y suficiencia que el sistema ha logrado conquistar en los últimos años.

Desde el Frente Amplio se planteó que no queda claro el rumbo que se pretende para la seguridad social, ¿comparten esa visión?

Sí. En el diagnóstico se analizan los resultados en materia de cobertura y suficiencia como aspectos positivos del sistema, pero da la sensación de que cayeron del cielo, que no forman parte del paquete asociado al nivel del gasto y los desafíos en materia de sostenibilidad financiera. No desconocemos que esto sea un desafío, pero se plantea que esas reformas desalinearon el gasto en materia de seguridad social cuando son la contracara de un sistema que muestra mejores logros en áreas sociales importantes, como la protección de los adultos mayores y en particular los más vulnerables.

Respecto del diagnóstico que se hace sobre el régimen que gestiona el Banco de Previsión Social (BPS), ¿qué cuestionamientos realizan?

Hay varios, pero destacaría dos. El tema de la prueba de servicios por mecanismos diferentes a lo que es el registro de la historia laboral, donde claramente el documento plantea esto como un problema y lo vemos diferente: previo a 1996 [cuando se realizó la última reforma de la seguridad social] no había historia laboral y por tanto hoy nos encontramos con un problema sin solución: que hay que reconocer servicios por mecanismos que no son los ideales, como testigos o el cómputo de fictos, que son derechos fundamentales de cualquier trabajador para probar su carrera laboral. Discrepamos con que sea un aspecto a corregir, y nos preocupan los cambios que puedan venir respecto de esto. El otro punto son las jubilaciones por invalidez, donde el diagnóstico presenta la información como mostrando la necesidad de una revisión profunda del esquema vigente. Hubo un aumento transitorio [de las jubilaciones por invalidez] y hoy vemos que el sistema lentamente, quizás más lento de lo previsto, converge a un número de altas que en proporción a las altas totales se ubica en una proporción razonable. Por supuesto que puede haber aspectos perfectibles, pero hay que garantizar a todas aquellas personas que no cuentan con condiciones físicas para poder desempeñarse el acceso a una prestación, y vemos con preocupación qué tipos de cambios puedan venir.

El documento también habla sobre las prestaciones no contributivas –que cobran quienes no alcanzaron los requisitos jubilatorios–, ¿esta es la parte más relevante desde lo social de la futura reforma?

Es un aspecto central para cuando se discuta la reforma cómo se diseña el pilar cero. Entiendo que fue el gran ausente en la reforma de 1996 y el diagnóstico debería marcar con más énfasis los cambios en nuestro punto de vista que se hicieron luego, para atender a una cantidad enorme de gente que no llegaba a cumplir los requisitos mínimos para una prestación. Es fundamental la relación entre el pilar no contributivo y lo que tiene que ver con el reconocimiento de un mayor valor de la prestación a partir de la contribución. Vemos con preocupación esto, porque entendemos que determinadas políticas que se instrumentaron en los últimos años fueron en la dirección de fortalecer y potenciar el pilar cero, para dar más cobertura y protección a los sectores más vulnerables, y algunos de esos instrumentos son fuertemente cuestionados. Evidentemente ahí vamos a tener que discutir qué quiere decir un pilar cero fuerte, para ver qué otros pilares se montan por encima de ese seguro universal, que debe ser suficiente y dar garantías de protección a toda la población, pero en especial a los sectores más vulnerables. Será un elemento central de la discusión y en el diagnóstico vemos indicios que nos preocupan.

En estudios recibidos por la CEES se mostraron los subsidios que hay dentro del sistema y, por ejemplo, el nivel de complemento para sueldos medios y altos. ¿Qué posición tienen al respecto?

Se pone un énfasis desmedido en eso, aunque desde el punto de vista técnico pueda ser un insumo relevante. Habría que subrayar que en la Caja Militar, ese análisis individual da que se recibe ocho veces más de lo aportado, por eso lo que decía de que ese subsistema tiene problemas de otra índole. Volviendo al régimen general, el pacto social que implica el financiamiento de la seguridad social puede nutrirse de diferentes fuentes, y las cotizaciones por el aporte personal y patronal son una. En Uruguay hay impuestos afectados, y nos parece interesante dar la discusión sobre cuán progresivos o no son esos mecanismos tributarios, porque creemos que se debería avanzar para que los sectores que tienen más contribuyan más. Es una fuente legítima de financiamiento de la seguridad social y no debe interpretarse como algo negativo que las personas reciban más de lo que cotizaron. Lo fundamental es que el componente del subsidio vinculado a lo que uno cotizó esté más concentrado en los sectores vulnerables y menos en los de altos ingresos. Si se pretende recargar la totalidad de la sostenibilidad de la seguridad social en los aportes personales y patronales, eso se trasladará como un costo para la contratación y generará un desafío en materia de empleo.

¿Que se destinen siete puntos del IVA que paga toda la población al BPS no logra la progresividad que planteabas como objetivo?

No parece la experiencia más adecuada en ese sentido, y quizás debamos rediscutir una reforma tributaria que implique avances en impuestos directos que graven a los sectores de más capacidad contributiva y reduzca el peso relativo del impuesto indirecto, que tiene componentes más regresivos. Se puede discutir qué impuestos son los más adecuados y cuáles pueden tener como destino específico financiar la seguridad social; lo que sí nos parece es que deben seguir coexistiendo el nivel de cotización de la persona con recursos que vengan de otro lado y no supongan un peso para la contratación laboral.

¿Cuáles son las diferencias de fondo que mencionaste sobre la evaluación del régimen de AFAP?

En primer lugar, creemos que tiene que haber un pilar de ahorro, pero la discusión se lleva a que la única forma de construirlo es a través de cuentas individuales administradas por un privado, y existen modelos alternativos. Entendemos que debe ser un régimen con características diferentes, no privatizado, no con cuentas individuales, con el objetivo de que las generaciones actuales, que son más grandes en términos de activos y pasivos, financien de forma equitativa e intergeneracional el sistema. El sistema implementado en 1996 [cuando se crearon las AFAP y el régimen mixto] fracasó por dos cosas: se preveía una competencia entre privados que iba a ir en beneficio del ahorro de los afiliados, y eso no ocurrió: a 25 años el sistema tiene un oligopolio con rentas extraordinarias para las empresas y afiliados que nunca entendieron el funcionamiento; y en la etapa de desacumulación también se apostaba a la competencia entre privados y hay un monopolio, para peor a pérdida, es decir que la mochila que se quería sacar del Estado se cargó en el Banco de Seguros [única aseguradora que paga las rentas vitalicias en función del ahorro en las AFAP].

¿Qué valoración hacen del análisis que se realiza en el diagnóstico sobre la posición dominante de República AFAP –de propiedad estatal–?

Resulta muy curioso que en lugar de poner el énfasis en los problemas que hubo para que funcione la competencia y para que las AFAP privadas pudieran responder a los incentivos que se fueron diseñando con cambios regulatorios, para que bajaran las comisiones y se promoviera más competencia en beneficio del afiliado –sobre esto no hay referencias importantes en el documento–, hay una marcada preocupación por el riesgo potencial que supondría la posición dominante de República AFAP. Eso está lejos de ser un problema, sino que es el resultado, y en una medida menor a la que cabría esperar, del comportamiento de cada AFAP. Es hasta llamativo que la posición no sea más dominante, si las AFAP privadas cobran tres veces más que la estatal.

¿Cuál es la posición y el diagnóstico que hacen de las cajas paraestatales –Bancaria, Notarial y de Profesionales–?

Todos los subsistemas tienen desafíos por delante, algunos se presentan como críticos. Para nosotros, como carácter general y en una mirada de mediano o largo plazo, es importante la convergencia de todos los sistemas, aunque después haya especificidades de determinado colectivo que puedan ameritar un tratamiento diferente. Cualquiera de los desafíos de estos subsistemas, sobre los que hay que tener una mirada atenta, es incomparable con la situación de la Caja Militar. Al leer el diagnóstico no queda esa sensación. Es como cuando vas a mirar una casa, hay algunas con humedad, otras con problemas de pintura y otra que se está prendiendo fuego, y no desde ayer sino hace 35 años.

¿Cómo juega dentro de ese análisis el hecho de que en 2018 se haya implementado una reforma de la Caja Militar?

De 1985 a 2018 pasaron 33 años para hacer una reforma, y fue muy tibia en términos de lo que llevó conseguir hacerla, por ejemplo, dejó a la mitad de los militares dentro del viejo sistema. Lo que decimos desde el movimiento sindical es que si no reformamos la Caja Militar va a ser complejo discutir otro tipo de reformas en las jubilaciones. Si por motivos políticos se sostienen privilegios y desigualdades injustificables, vamos a quedar empantanados en un punto que no llevará a un buen final de este proceso. Lo decimos con claridad: si no hay una reforma urgente y muy profunda de la Caja Militar, será compleja cualquier otra reforma.

En el diagnóstico que hizo el gobierno se cuestiona la prestación complementaria patronal (PCP) de la Caja Bancaria. ¿Cómo ven esa financiación asociada al negocio financiero?

Acerca de la Caja Bancaria, nos parece que el diagnóstico no ponderó adecuadamente lo que transmitió su dirección y los análisis actuariales que entregó. A partir de la reforma de 2008, que fue muy drástica e importante, hubo una serie de etapas que se vienen cumpliendo, y mientras todos los subsistemas van hacia décadas en que la asistencia financiera será mayor, en la Caja Bancaria es a la inversa. Obviamente, esto está asociado al ingreso de la PCP, sobre lo que sí se tiene una mirada muy crítica en el diagnóstico. Nosotros pensamos que más allá de cómo la PCP opera hoy dentro del sistema financiero, son el tipo de medidas o fuentes que deberían estar presentes, sobre todo en el régimen general, para financiar a los sectores más vulnerables. Son los mecanismos que deberíamos discutir como sociedad para ver cómo vamos a seguir financiando la protección de los adultos mayores ante los desafíos demográficos.

(12 de abril de 2021 · Escribe Mathías da Silva en La Diaria)

Feria judicial extraordinaria hasta el 30 de abril inclusive

Acordada Nº 8106

 

En Montevideo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintiuno, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores Tabaré Sosa Aguirre, -Presidente-, Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle Sánchez, Luis Tosi Boeri y John Pérez Brignani, con la asistencia de su Secretario Letrado doctor Gustavo Nicastro Seoane;

DIJO:

I) Que la Acordada Nº 8105 del 25 de marzo de 2021, declaró Feria Judicial Extraordinaria el lapso comprendido entre los días cinco y doce de abril del año en curso.

II) Que las circunstancias que motivaron la referida decisión se mantienen incambiadas y en el día de ayer el Sr. Presidente de la República ha anunciado que se mantienen vigentes las medidas actualmente en vigor hasta el 30 de abril próximo del corriente año.

ATENTO:

A lo dispuesto en el art. 239 num. 2 de la Constitución de la República, art. 55 num. 6 de la Ley Nº 15.750 y Ley Nº 19.879,

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA,

R E S U E L V E:

1º.- Prórrogar el término de vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria dispuesta por la Acordada Nº 8105 del 25 de marzo de 2021 hasta el día 30 inclusive del corriente mes de abril de 2021. 

2º.- Comuníquese y publíquese en la página web del Poder Judicial.

 

Régimen de audiencias individuales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atendiendo a los anuncios del Poder Ejecutivo.

 

Las audiencias, prórrogas de audiencias y nuevas citaciones fijadas se reprograman de acuerdo al siguiente cronograma:

Aquellas previstas para el 29, 30 y 31 de marzo se han reprogramado en el mismo horario para el 3, 4 y 5 de mayo, respectivamente.

En tanto que las agendadas para el 5 de abril pasan al 6 de mayo; del 6 de abril al 7 de mayo; del 7 de abril al 10 de mayo; del 8 de abril al 11 de mayo; del 9 de abril al 12 de mayo; del 12 de abril al 13 de mayo; del 13 de abril al 14 de mayo; del 14 de abril al 18 de mayo; del 15 de abril al 19 de mayo y del 16 de abril al 20 de mayo; del 20 de abril al 21 de mayo; del 21 de abril al 24 de mayo; del 22 de abril al 25 de mayo; del 23 de abril al 26 de mayo; del 26 de abril al 27 de mayo; del 27 de abril al 28 de mayo; del 28 de abril al 31 de mayo; del 29 de abril al 1 de junio, y del 30 de abril al 2 de junio. 

 (Información extraída del portal oficial)