lunes, 31 de julio de 2023

Una perspectiva economica para los trabajadores uruguayos. Entrevista a la economista Alejandra Picco

 

«El gobierno deja un país más desigual y con mayor exclusión»

La coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte analizó el panorama económico nacional y fue categórica al afirmar que el Gobierno dejará como legado un país «con más cantidad de pobres»

Picco también sostiene que habrá una fuerte concentración de la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes, lo que «condiciona nuestro futuro»; por tanto, aquello de 'los mejores cinco años de nuestras vidas' en realidad pasó a ser «un país más segmentado», con «mayor exclusión» y «mayor desigualdad social».

¿Cómo se refleja el crecimiento del 4.9% de la economía en los salarios y el empleo? ¿Las y los trabajadores en particular y la población en general se han visto beneficiados de esa mejora?

Creo que justamente hay un desacople entre la trayectoria que ha tenido la economía y la que vienen mostrando el salario y el empleo; y esto es lo que se refleja en definitiva en ese desacople entre la trayectoria que ha tenido la actividad económica post pandemia y el bienestar económico de los hogares y la trayectoria de indicadores sociales como la pobreza en el proceso de recuperación post 2020. Retomando las cifras, en 2020 la actividad económica tuvo una caída de algo más de 6%, pero en los dos años posteriores creció 5,3% y 4,9%, de manera que hoy el país genera una producción total, una riqueza, superior a la que se producía previo a 2020. Sin embargo, el salario (componente fundamental en los ingresos de los hogares) cayó en términos medios durante 3 años y todavía no volvió a tener los niveles que tenía previo a la pandemia. En materia de empleo, si bien la recuperación fue mucho más rápida -y nos sorprendió para bien a la mayoría de los analistas-, hoy tenemos una cantidad de ocupados, y fundamentalmente tasas de empleo y desempleo, superiores a las que teníamos en 2019, y también tenemos un mercado de trabajo distinto. En esas diferencias, en algunos aspectos ha presentado algunas mejoras en cuanto a calidad del empleo -como es el caso del registro a la seguridad social- pero, en otras aristas, como es el caso de los ingresos laborales, ha empeorado. No solamente por la caída que tuvo el salario real que antes te mencioné, sino porque hoy tenemos un porcentaje de trabajadores ocupados con niveles salariales muy bajos e insuficientes, superior -en cantidad pero también en porcentaje- que el que teníamos en 2019. Entonces, en definitiva, estas trayectorias distintas y las diferentes velocidades de recuperación de la actividad económica, el empleo y el salario, lo que marcan es un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso y una transferencia de riqueza desde los asalariados hacia otros sectores de la sociedad, en la medida en que la masa salarial -que es algo así como lo que percibe el conjunto de los asalariados y por tanto, se nutre de lo que sucede tanto con el salario como con el empleo-, representa hoy un porcentaje menor de la producción total.

¿Qué impacto tiene en la economía de nuestro país que haya 100.000 trabajadores más que en 2019 que ganan menos de 25 mil pesos?

Nosotros venimos haciendo un seguimiento de lo que le hemos dado en llamar los salarios sumergidos desde el año 2010. En ese sentido, lo que hacemos es considerar un umbral arbitrario, que hoy lo ubicamos en los 25 mil pesos líquidos al mes por una jornada de 40 horas semanales, que es lo que consideramos un salario sumergido o insuficiente para ese tiempo de trabajo; y, a partir de ahí, analizamos cuántos trabajadores perciben ingresos menores a ese monto y cuáles son sus características, tanto de los ocupados como de los puestos de trabajo en los que se ubican. Es una foto de la situación en cuanto a ingresos laborales. Y lo que nos muestra esa última foto es que tenemos más de 500 mil ocupados en nuestro país y, dentro de ellos, unos 320 mil asalariados que perciben ingresos inferiores a ese monto en 2022. Y además, vemos que ese porcentaje aumentó -medido en términos constantes en la comparación, obviamente- entre 2019 y 2022. Lo estamos estudiando más de cerca, porque este incremento –de unos 5 puntos porcentuales, tanto para los ocupados como para los asalariados- no se puede explicar solamente por la caída de salario real registrada, sino que hay que ir un poquito más allá y tratar de ver cómo se compuso esa caída media, y también estudiar, en esta recomposición del mercado de trabajo post pandemia, cómo son los ingresos de los puestos de trabajo que se han generado en el proceso de recuperación, en relación a los que había y se perdieron. Creo que esta foto que hacemos es relevante para entender dónde se ubican los ingresos de los ocupados, más allá de la trayectoria que muestre en promedio la evolución del salario y el ingreso de los hogares -que son datos que publica y difunde periódicamente el INE-, y habla tanto de las remuneraciones e ingresos asociados a los puestos de trabajo como de la calidad de vida y el bienestar al que pueden acceder esos trabajadores ocupados. Lo que quiero decir acá es que el hecho de que un trabajador asalariado, por ejemplo, perciba un ingreso inferior a los 25 mil pesos líquidos al mes, por sí solo habla –sin lugar a dudas- de una carencia o deficiencia de ese puesto de trabajo, que tiene que ver con los ingresos que permite alcanzar a quien se desempeña en él. Por otro lado, la calidad de vida y el bienestar al que puede acceder ese trabajador que percibe menos de 25 mil pesos líquidos al mes va a depender no solamente de ese ingreso, sino también de cómo se compone su núcleo familiar, si es el único ingreso del hogar, si es uno de varios, si es el ingreso más bajo, entre otras cosas. Ahora, existe un vínculo importante entre salarios sumergidos, pobreza y otras carencias en el empleo como el no registro a la seguridad social; entonces, si bien el ingreso del trabajador por su trabajo no necesariamente tendría por qué explicar, por ejemplo, el nivel de bienestar que podría alcanzar, no podemos desconocer que hay un vínculo importante entre ambos. Y entonces tenemos que pensar a la política salarial como una política relevante de mejora en las condiciones de vida de las personas y de mejora, por ejemplo, de los niveles de pobreza; algo que usualmente se piensa y se vincula solamente con las transferencias sociales, pero no podemos obviar que aproximadamente la mitad de las personas pobres mayores de edad trabajan. No son pobres porque no trabajen, sino porque seguramente tienen varios problemas asociados al empleo (escasas horas, escasos ingresos, informalidad, etc.). Entonces, la política salarial es una forma de atacar eso. Y es por eso que desde la central se ha insistido en contemplar, de manera especial y con ajustes salariales adicionales, a esos trabajadores que perciben ingresos sumergidos.

¿Qué sucedió con el famoso derrame del que habló el equipo económico y el presidente de la República?

Creo que esa idea del derrame no se verifica. No se ha verificado en nuestro país en el correr de la historia ni tampoco en este contexto, por la sencilla razón de que no todas las personas están en las mismas condiciones para apropiarse de los frutos del crecimiento económico; y, por lo tanto, el accionar de la política pública es central en este sentido. En el mismo sentido que cuando hay una crisis o un shock negativo, no todos están en las mismas condiciones de afrontar la caída. El Estado debe estar atrás de aquellos que se van a ver impactados más negativamente y no tienen recursos propios para afrontarla -ni materiales ni capacidades-. En los momentos de crecimiento pasa lo mismo, pero en el sentido inverso. Por ejemplo, cuando la economía crece, no todas las personas van a poder insertarse en el mercado de trabajo ni van a poder hacerlo en las mejores condiciones con empleos de calidad, porque no todos tienen esas capacidades y habilidades. Y acá es donde entra de manera importante el rol del Estado facilitando eso, llevando adelante políticas –en distintos ámbitos- que propendan a que se dé ese derrame y a que quienes por sí solos no podrían, también se puedan beneficiarse de los frutos del crecimiento.

En un seminario reciente explicaste que durante la pandemia la caída entre sectores de actividad fue muy desigual y que la recuperación también es desigual. ¿Por qué se da ese fenómeno?

La pandemia, por sus características, provocó un shock sobre la actividad económica distinto a los que se habían dado previamente -producto de crisis económicas, por ejemplo-, que obviamente no alcanzó a todos los sectores por igual. Y también la recuperación se dio de manera diferencial, porque estos sectores más afectados tardaron más en recuperarse. A esto hay que agregar que durante la crisis, y fundamentalmente en la recuperación, se dieron algunos factores -que se podría decir puntuales- que hicieron que algunos sectores de actividad tuvieran un desempeño distinto y muy bueno, y que, de hecho, fueran estos los sectores que impulsaron la recuperación. Este es el caso por ejemplo de la actividad de la construcción vinculada a la instalación de la nueva planta de UPM y las obras conexas; y también claramente de los sectores agroexportadores que se vieron enfrentados a una fuerte demanda y a precios internacionales particularmente altos en términos históricos. Entonces, mirar esta trayectoria sectorial –que no es homogénea- nos permite entender otras evoluciones; y me parece que de esto también se desprende una fuerte crítica a lo que fue la política salarial desplegada por esta administración, que podemos ver por ejemplo en las propuestas de los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para la negociación salarial de la actividad privada, y que es lo que explica después la evolución del salario real y de la masa salarial. Porque he escuchado muchas veces de parte de actores del gobierno que la caída de salario real era algo inexorable en el marco de la pandemia o que fue enteramente provocado por esta, que no había otra alternativa y que se dio en todo el mundo. Pero lo que yo veo es que en nuestro país tenemos una herramienta –que no todos los países tienen- sumamente potente, como es la negociación colectiva en el marco de los Consejos de Salarios y que, por sus características, podría haber operado de manera distinta; y que fue la política salarial y la propuesta del Ejecutivo para los salarios la que la llevó a donde terminó: una fuerte caída del salario real promedio y una lenta recuperación. A lo que voy es que obviamente ante una parada tan fuerte de la actividad en algunos sectores, era difícil pensar que los ingresos por el trabajo no se vieran afectados. Ahora, la pregunta es: ¿esa política de caída salarial para todos los sectores a rajatabla, que propuso el Ejecutivo en 2020-2021, era la más adecuada, o se podía haber tenido una “intervención más quirúrgica” y analizado si en todos los sectores ameritaba esa caída? En definitiva: ¿era razonable que los trabajadores de la construcción o los del agro vinculados a la exportación y la industria agroexportadora, que tuvieron desempeños muy buenos incluso durante la pandemia, también tuvieran esa caída de salario real? Luego, en el caso de la construcción, por ejemplo, esa caída no se verificó, porque el sindicato logró acordar algo distinto; pero igualmente la vara que puso la propuesta del Ejecutivo de emparejar para abajo condicionó los resultados. ¿Por qué los trabajadores rurales –de ingresos bajos en su gran mayoría, además- tuvieron que afrontar una caída de salario real que todavía no terminaron de recuperar, en un sector que tuvo ganancias extraordinarias en estos años? Eso es lo que me hace pensar que la política salarial se explicó más por una demanda de recomposición de las ganancias de parte de los sectores empresariales que por los efectos de la pandemia. Y lo mismo vemos en la recuperación: ¿por qué el salario real va a tardar tantos años en volver al nivel que tenía previo a la pandemia (los nuevos lineamientos proponen que esto suceda recién a mediados de 2025), si la economía hoy ya produce más en términos medios y el empleo está en niveles superiores a los de 2019? Obviamente, hay sectores que, como decía antes, han tenido más dificultades para recuperarse, pero: ¿es la rebaja salarial la solución a estos problemas? Es obvio que en el caso del comercio de frontera, por ejemplo, no hay rebaja salarial que habilite o haga competitivas esas actividades; pero pensar siempre en el ajuste salarial a la baja como forma de compensar otras debilidades productivas o de empleo a nivel sectorial y, en definitiva, mirar siempre al salario solamente como un costo de producción y no como el ingreso con el que viven la mayor parte de los hogares, no creo que sea una buena opción de política, ni que nos deje en el lugar que queremos como sociedad.

Según un informe elaborado por ustedes desde el ICUDU, los lineamientos del gobierno para la 10a ronda no contemplan ajustes adicionales para los salarios más sumergidos. ¿Esto quiere decir que la brecha entre ricos y pobres seguirá aumentando? ¿Los más pobres serán aún más pobres?

Desde hace varios años -décadas, te diría- el movimiento sindical viene promoviendo ajustes salariales más elevados y diferenciales para los salarios más bajos. Esto ha corrido por los carriles de la negociación durante bastante tiempo (fue promovido inicialmente en los acuerdos de Consejos de Salarios por los sindicatos) y también ha sido recogido –en distinta medida- por parte de las distintas administraciones de gobierno. Incluso durante esta administración se continuó en algún momento con esta política. El objetivo es claro y tiene que ver con apuntalar los niveles salariales más bajos, afectando de manera diferencial tanto los niveles salariales como a quienes los perciben. Y de hecho, en los momentos en que se llevó adelante esa política de manera más agresiva entre 2010 y 2015, vemos impactos importantes en materia salarial: los salarios más bajos crecieron mucho más que el resto en este período, y eso hizo que se alcanzaran buenos resultados en materia distributiva, avances en cuanto a disminución de los niveles de pobreza y mejora en los indicadores generales de distribución de los ingresos. Obviamente esto fue producto, además, de la implementación de otras políticas públicas que fueron en la misma línea, pero no se puede desconocer el rol de la política salarial al respecto. En el actual contexto, donde justamente son los indicadores sociales y de bienestar los que están mostrando más dificultades para recuperarse, nos parecía más que pertinente volver a hacer esta diferenciación que, en definitiva, fue planteada al Ejecutivo, pero hubo una respuesta negativa al respecto que creo que se explica por lo que decía antes, de mirar a los salarios más como un costo para los empresarios que como el ingreso de quienes viven del trabajo, y dimensionar el impacto que eso tiene en la vida de las personas.

¿Cuál es el legado que dejará el equipo económico actual al futuro gobierno? ¿Se puede hacer una especie de balance y proyección del año y medio que aún resta en materia de economía y trabajo?

Pienso que la próxima administración se va a encontrar con una economía más rica o que genera más riqueza -ya que logró sortear la caída de la pandemia y superar los niveles de producción previos-, pero más desigual: con una mayor cantidad de trabajadores que perciben salarios muy bajos y que, por ende, el trabajo no les permite salir de la pobreza o mejorar de manera sostenible sus niveles de bienestar; con niveles de empleo mayores pero problemas relevantes en materia de empleo -y por eso el empleo sigue siendo uno de los principales problemas que ven los uruguayos en el actual contexto- que tienen que ver con los ingresos, pero también con la percepción de inseguridad sobre la estabilidad de esos empleos; con más cantidad de personas pobres y una fuerte concentración de la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes, que condiciona en buena medida nuestro futuro; un país más segmentado, con una mayor exclusión y desigualdad social.

Extraido de Caras y Caretas número 1128 del 28 de julio de 2023. Autor: Alfredo Percovich. Título original: “El gobierno deja un país más desigual y con mayor exclusión”

Salarios minimos para trabajadores rurales

 

Los compañeros del Sindicato de Peones de Estancia (SIPES/ UNATRA/ PIT-CNT) y los compañeros Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA/UNATRA/ PIT-CNT)  han informado sobre los aumentos de salarios para los trabajadores rurales, especialmente para los trabajadores  de Ganadería y Agricultura de Secano, y para los trabajadores del Arroz. Lo publicamos aquí para que todas y todas puedan acceder a su conocimiento y consulta permanente.



 

domingo, 30 de julio de 2023

Taller: Hacia la décima ronda de consejo de salarios

 

El día viernes 28 de julio de 2023 se desarrolló por parte del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche (STTL/FTIL/PIT-CNT), un taller donde se abordaron temas vinculados con los consejos de salarios; de cara a la décima ronda de consejo de salarios.

A continuación les dejamos el contenido de dicho taller, acompañado con el link para acceder al vídeo que contiene dicha charla.

Contenido del taller:

Parte 1
Conceptos generales

1- Norma que regula los Consejo de Salarios.
2-¿ Que son los Consejos de Salarios?
2- Lo que se puede negociar en los Consejo de Salarios.
3- Cinco conceptos fundamentales.
4- Conformación de las delegaciones.
5-¿Que son los lineamientos?
6- ¿Cómo se decide en los Consejos de Salarios?
Parte 2
Análisis de las pautas

1- Comentarios generales
2-Ajustes salariales con pérdidas menores al 2%
3- Ajustes salariales con pérdidas mayores al 2%
4- Cláusulas no salariales.
5- Perdida de participación en el PBI por parte de los trabajadores.

Link para acceder al contenido del taller:

https://www.youtube.com/watch?v=CE_YoUqlcuM

 

 

Pasividad social ante la crisis del agua potable.

 Algunos nos preguntamos por qué no estamos ante una fuerte reacción popular y ciudadana cuando el Estado lleva dos meses proporcionando agua no potable, violando su obligación constitucional y desconociendo lo que espera toda la población. ¿Será que la irresponsabilidad del sistema político y de los gobernantes tiene su contracara en la resignación ciudadana? Todo indica que aquel aserto de que los uruguayos somos mansos con los de abajo y rebeldes con los de arriba quedó desactualizado por los cambios culturales en curso.

No resulta sencillo encontrar respuestas, ya que las razones de fondo de la escasez de agua potable se deben al cambio climático y al llamado modelo productivo, el extractivismo. El primero parece no depender de nadie, no habría responsables más allá de un sistema que descuida la naturaleza y del cual, de algún modo, la humanidad entera es responsable, aunque con cuotas muy diferentes.

 

El segundo es más inasible aún. Es el gran olvidado de los debates actuales, quizá porque nadie está dispuesto a poner en cuestión la forestación y los monocultivos que contaminan las fuentes de agua y las sobreexplotan. Menos aún en año preelectoral. De modo que, como dijeron tanto el presidente como el principal referente de la oposición, solo cabe esperar que llueva, mirar hacia el cielo sin mentar, claro está, la palabra resignación.

Sin embargo, hay protestas. Durante el primer mes fueron casi diarias, protagonizadas por jóvenes «autoconvocados», con modos y formas propias de las movilizaciones feministas. Hubo concentraciones, asambleas en espacios públicos, volanteadas, cortes de calles, actuaciones musicales, todas con un perfil performativo. Inicialmente se convocaron en el Centro, pero luego fueron dispersándose en los barrios. Salvo el sindicato de OSE, el movimiento sindical estuvo casi ausente, el Frente Amplio (FA) ignoró las protestas y las organizaciones que habían estado en las calles durante la crisis de 2002 (cooperativas de vivienda y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay) no se dieron por enteradas.

La incipiente protesta fue encapsulada exitosamente por las grandes organizaciones de la izquierda electoral e institucional. Lo sintomático y preocupante es que en una situación de falta de agua potable, que puede instalarse como habitual en el futuro, los cientos de personas que se movilizaron fueron conscientemente aisladas por los medios, incluyendo los progresistas, estableciendo una suerte de cortafuegos con el amplio sector de la sociedad susceptible de protestar.

RAZONES DE FONDO

El pragmatismo juega un papel decisivo en la desmovilización, por lo menos en este caso. Es un pragmatismo diferente al de medio siglo atrás, cuando en los conflictivos años sesenta el sector mayoritario de la CNT sofrenaba las luchas para canalizar la energía colectiva hacia el terreno electoral, dirimiendo en las urnas lo que solo podía transformarse en las calles.

La historia se repite, como lo enseña el debate en la coalición opositora sobre la posibilidad de recoger firmas para someter a plebiscito la reforma jubilatoria, en la que aparece empeñado el PIT-CNT. La ironía es que, ahora, los radicales de antes pasan a actuar como bomberos del conflicto social. «Cualquier elemento que distorsione las posibilidades de cambio, que desordene la lucha y fragmente la unidad necesaria para cambiar las mayorías, puede ser un error imperdonable», sostiene un documento interno del MPP difundido por El Observador.

Según esta visión, compartida por buena parte del FA, no es necesario remover las aguas porque el desarrollo de la coyuntura devolverá, casi naturalmente, la izquierda al gobierno. En suma, no hay que hacer olas porque pueden salpicar en direcciones perjudiciales para la acumulación de votos dentro de un año. Debería aclararse que la reforma jubilatoria es rechazada por toda la coalición, que, sin embargo, no podrá modificarla en caso de llegar al gobierno, salvo el improbable caso de que obtenga mayoría absoluta en el Parlamento.

Más allá del evidente pragmatismo, lo que aparece ahora es una relación diferente entre la izquierda y el conflicto social, una mutación progresiva que resulta difícil fechar. Décadas atrás, por lo menos hasta la aprobación de la ley de caducidad en 1986, la izquierda apoyaba sin vacilaciones el despliegue de las luchas y movilizaciones de las organizaciones sociales, en la convicción de que vertían aguas para su molino. Posiblemente fue en agosto de 1994 cuando se gestó el viraje: durante el conflicto en el entorno del Hospital Filtro por la extradición de ciudadanos vascos, los dirigentes del FA acudieron –a regañadientes– a solidarizarse con la movilización, y percibieron que la radicalidad de la calle podía quedar fuera de control y hasta volverse en contra del crecimiento electoral.

ELOGIO DEL CONFLICTO

En realidad, es una cuestión de orden. Como sugiere Denis Merklen en Brecha (7-VII-23), podemos estar ante el comienzo de un serio divorcio entre la izquierda electoral y la izquierda social. En Francia, las manifestaciones contra la reforma de la seguridad fueron impresionantes, «las más concurridas en muchos años», y, aunque «no tuvieron efecto político alguno», desgastaron al gobierno y probablemente engrosaron el caudal electoral de la izquierda. Pero la rebelión de los barrios populares a raíz del asesinato policial de un joven de origen argelino, que llegó al extremo del incendio de comisarías, puede favorecer a la ultraderecha en una sociedad que reclama orden y presencia policial.

 

 

Sin ir tan lejos, es evidente que el conflicto social, cuando no está controlado por las instituciones de la izquierda, desde las sindicales hasta las partidarias, puede tener efectos contraproducentes, según la lectura que se hace desde esas instancias.

Quedan en el tintero dos cuestiones decisivas: que el conflicto social tiene la enorme virtud de visibilizar aquello que la calma societal y los grandes medios ocultan en la espesura de la cotidianeidad, y que eliminar el conflicto puede conducirnos hacia la barbarie, porque nos bloquea en el presente, como apunta el psicoanalista Miguel Benasayag, para quien «el elogio del conflicto, lejos de celebrar el enfrentamiento, afirma el principio mismo de toda emergencia de lo nuevo, de toda creación».1

 

Por eso, considera que «el elogio del conflicto» equivale al «elogio de la vida». De ahí puede deducirse, claramente, hacia dónde estamos caminando como sociedad.

 

1.    Miguel Benasayag y Angélique del Rey, Elogio del conflicto (vol. 2), 90 Intervenciones, pág. 122.

Extraído de Brecha número 1964, 14 de julio de 2023. Titulo original: “Pasividad ante las crisis hídrica. No hagan olas

domingo, 16 de julio de 2023

Mucho antes de febrero. El camino hacia el golpe de estado de 1973

 

Lo que los investigadores dicen es que el asalto al poder no fue un accidente, ni una reacción a la breve erupción guerrillera, ni la consecuencia del mareo «peruanista» que afectó temporalmente –como a muchos otros partidos– a sectores de la izquierda. Si la dictadura tanto nos cambió, opinan, es porque hunde sus raíces lejos, porque son profundas, y porque el yuyo, una vez carpido, sigue teniendo de donde alimentarse.

«Todas las crisis por las que pasamos generaron cambios políticos o han ido asociadas a cambios políticos. La crisis de 1982 aceleró la caída de la dictadura. La crisis de 2002 aceleró el triunfo del Frente Amplio [FA]. Nadie puede dudar que el frenazo en el crecimiento que se produjo entre 2014 y 2015 fue uno de los elementos que hicieron que el FA perdiera las elecciones de 2019. Sin embargo, respecto al golpe de Estado de 1973 no puede decirse que haya tenido una causa económica inmediata, pero sí de algo que venía pasando desde fines de los años cincuenta», sostuvo el titular del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Luis Bértola, cuando Brecha le preguntó por las raíces económicas del golpe.

«En el momento en que se produce el quiebre iban transcurridos 16 años de estancamiento económico», recordó al semanario el colega de Bértola, del Departamento de Ciencia Política de la misma casa, Jaime Yaffé. «Más allá de pequeñas variaciones anuales, cuando uno mira la evolución a largo plazo del PBI ve que el último año de crecimiento franco había sido 1957. Era el fin de una etapa de crecimiento significativo iniciada en 1943. Desde el 57 la economía se estancó. No es una recesión», precisó, también, Yaffé.

«El problema es que, cuando transitamos el boom, generamos acuerdos y expectativas que, cuando viene la crisis, son muy difíciles de mantener», observó Bértola. «El Fondo de Compensación Ganadera, que se armó durante la bendita posguerra, podía hacer maravillas con la montaña de plata obtenida a partir de las exportaciones. El consumidor de Montevideo pagaba la carne barata, el productor vendía el novillo caro. Los frigoríficos eran subvencionados. A los trabajadores de los frigoríficos les vendían la carne regalada. Todo el mundo feliz», ejemplificó.

Pero esa fue una bonanza de patas cortas. «La demanda de nuestros productos en que se basaba [la bonanza] no iba a ser firme», consignó Bértola. «Los altos precios de la lana, de la carne, del trigo, del aceite y la semilla de lino, que eran nuestros principales productos de exportación, obedecían a que Europa, nuestro principal mercado, después de la guerra, tuvo que recomponer su producción. Debían reconstruir un continente arrasado por la guerra y eso les llevó unos diez años. Y no solo lo hicieron, sino que mantuvieron su política proteccionista de toda la vida. El mismo proteccionismo hacia su producción agraria que todavía hoy sigue obstaculizando que alcancemos un acuerdo comercial con Europa», explicó.

TIRONEOS Y TIROTEOS

Y entonces el hilo se cortó por lo más delgado. «Justo hoy estaba repasando esto», comentó Yaffé mostrando una gráfica sobre la evolución del salario real entre 1957 y 1984 contenida en el capítulo sobre la economía durante la dictadura que escribió para La dictadura cívico-militar.1 «Mirá, más allá de las fluctuaciones, cuando trazás una línea media es brutal. Desde 1957 hasta 1973 los salarios perdieron aproximadamente el 45 por ciento de su valor real.  En 1968, cuando dejaron de funcionar los consejos de salarios, ya habían caído en un 30 por ciento. La inflación se los había comido.»

«Entonces –reflexionó Yaffé– en la coyuntura previa al golpe había un enorme malestar social. Por un lado, los sectores vinculados al mundo del trabajo canalizaron esa insatisfacción por el lado de la rebeldía, la organización y la movilización a través del movimiento sindical, mientras los hijos lo hacían a través del movimiento estudiantil. Por otro lado, otros sectores de la población probablemente sintieron insatisfacción con la capacidad de los políticos tradicionales de resolver estos problemas. Y esto no llevaba necesariamente a la protesta social. Podía llevar a confiar en otros actores, como los militares. O podía traducirse en una desconfianza en la democracia para sacar al país de la crisis.»

Por cierto que durante ese largo estancamiento hubo intentos de distintos bloques políticos de cambiar la situación. Cuando, en 1959, llegó al gobierno el Partido Nacional (PN), con una mayoría herrerorruralista, buscó la solución en una liberalización simbolizada por la reforma cambiaria y monetaria. Pero las elecciones siguientes les dieron el predominio a los opositores al herrerorruralismo, dentro del mismo partido, es decir, a la Unión Blanca Democrática, que promovería el robusto diagnóstico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, e intentaría encaminar –sin lograrlo realmente– el programa desarrollista que la propia CIDE trazó. Y esa línea tendría cierta continuidad al comienzo del gobierno colorado que presidía Óscar Gestido, cuando el Ministerio de Hacienda estuvo a cargo de Amílcar Vasconcellos y la recién creada Oficina de Planeamiento y Presupuesto en manos de Luis Faroppa. Pero eso duró unos pocos meses.

El 9 de octubre de 1967, para enfrentar la conflictividad sindical, Gestido apeló al mismo mecanismo que los batllistas habían denunciado hasta el cansancio cuando lo habían aplicado sus predecesores nacionalistas: las medidas prontas de seguridad. El elenco desarrollista renunció y el timón volvió a torcerse hacia la derecha. Fallecido Gestido a fines de ese año, la congelación de precios y salarios decretada por su sucesor, Jorge Pacheco Areco, logró por un breve período moderar la inflación. «Lo que pasa es que después vino el período electoral, y entonces se reproduce una dinámica histórica bien conocida: durante el año electoral hay un poco de circo y al año siguiente se sabe que viene el ajuste», observó Bértola.

«A mí me gusta decir que fueron años de tironeos y tiroteos», añadió. Entre tanto, ciertos intelectuales del empresariado maduraban su propia solución. «Lo ponen en negro sobre blanco en la Búsqueda dirigida por Ramón Díaz, cuando todavía no era un tabloide semanal, sino una revistita mensual: “Si para lograr la libertad económica que nunca hemos tenido hay que sacrificar la libertad política, habrá que hacerlo”, sostienen», subrayó al semanario el historiador Gerardo Caetano.

CONTIGO O SIN TI

De acuerdo a las interpretaciones recogidas, seguir la huella que desembocó en el asalto al poder concluido el 27 de junio de 1973 obliga a ir igual de lejos que cuando se persiguen sus raíces económicas. «No quiere decir que todo estuviera libretado desde 1959, pero entonces el país incorporó las lógicas de la Guerra Fría. Y el 59 es un buen punto de inicio porque, además, el cambio de gobierno implicó un cambio importante en la interna de las Fuerzas Armadas. Desde hacía mucho tiempo el PN traía en su programa “no escrito” el propósito de “blanquearlas”. Y esas pretensiones terminaron dándoles peso en ellas a sectores ubicados bastante más a la derecha de los que entonces predominaban», comenzó diciendo Yaffé, el miércoles pasado, en el coloquio sobre el golpe que se realizó en la sala Maggiolo de la Universidad de la República.

En su concepto, el siguiente mojón de este camino está en 1964, el año del golpe en Brasil, porque es aquel en que la hipótesis de un golpe en Uruguay «sale de las bambalinas del mundillo político y aparece en el espacio público, a manejarse en la prensa». La marca siguiente sería la de 1968, cuando el régimen político uruguayo «se empieza a parecer cada vez menos a uno democrático y cada vez más a uno autoritario, con un uso abusivo de las normas constitucionales para producir situaciones que lesionan la institucionalidad democrática», señaló Yaffé, aludiendo a que prácticamente toda la administración de Pacheco transcurrió bajo medidas prontas de seguridad. Luego «un proceso de erosión democrática conducido por la elite política gobernante» terminó en el golpe.

La intervención inmediata a la de Yaffé fue la de Caetano, quien manifestó algún matiz, dirigido a señalar la temprana constitución de un «partido militar» que bien pronto, también, formuló un programa golpista. Habría dos fechas a incorporar, entonces: la del 25 de agosto de 1965, fundación de la logia militar Tenientes de Artigas, encabezada por el herrerista Mario Aguerrondo, «uno de los mentores más importantes de la dictadura, candidato presidencial de la minoría herrerista del PN en 1971, que en 1972 se retira de la política partidaria para pasar a presidir el Centro Militar y cuya muerte, en 1977, motivó un verdadero funeral de Estado».

«Era el mentor, un hombre de ideas filofascistas, el general que los blancos pusieron a cargo de la región militar más importante, la N.° 1, aquel cuyo nombre se vinculaba a todas las intentonas golpistas de las que se hablaba, el tipo con quien confrontaba el general Liber Seregni y a quien Gestido supo sustituir inmediatamente al asumir, poniendo justamente a Seregni en su lugar. En 1977, todos los generales quisieron cargar su cajón, todos», había enfatizado Caetano el día anterior, durante su encuentro con Brecha.

El segundo momento que el historiador quiso subrayar fue diciembre de 1970, cuando ascendió al generalato Gregorio Goyo Álvarez presentando una tesis que es –precisamente– el golpe. «Fijate en el simbolismo: el Goyo pasó a ser entonces quien había llegado más joven al generalato. Hasta entonces ese blasón lo tenía Seregni, que se lo había arrebatado justamente a Gestido», comentó Caetano entonces. Y siendo el más joven, fue sin embargo el director del Estado Mayor Conjunto, añadió. «Pero además, ya entonces hace rato que las Fuerzas Armadas habían desbordado sus límites y practicaban la tortura, como lo demostró la comisión parlamentaria sobre la materia que presentó sus conclusiones a mediados de ese año.»

La pendiente hacia el 27 de junio, advirtió también Caetano, tampoco debería dejar de registrar los hitos que señalaron las definiciones de los sectores que confluyeron con los militares en la «coalición golpista», asunto de la primera mesa del coloquio. De julio de 1968 es, por ejemplo, la carta pública que la filial uruguaya de la organización integrista católica Tradición, Familia y Propiedad dirigió al papa Paulo VI, quien visitaría América Latina al mes siguiente. En ella manifestaba «el clamor de angustia que les nace en el alma al ver que el peligro comunista crece en nuestro país, y que a ese crecimiento no son ajenos apoyos e influencias procedentes del campo católico».

Dentro de la coalición golpista, junto a esa derecha católica que contraatacaba tras el desplazamiento de que había sido objeto por efecto de la militancia progresista de la feligresía, los historiadores mencionaron redes intelectuales vinculadas a la educación, a los medios de comunicación, a las redes paramilitares y parapoliciales y, por supuesto, a sectores políticos como el pachequismo o el sector herrerista que siguió a Aguerrondo y a Martín Etchegoyen. La polémica emergió al hablar del empresariado.

Yaffé había subrayado que las cámaras empresariales no habían hecho ninguna manifestación clara respecto al golpe. Caetano insistió en que no siempre las cámaras expresan de manera transparente al empresariado. La historiadora Magdalena Broquetas bajó el tema a tierra al referirse a un personaje concreto, Juan José Gari: «El 27 de junio se escuchó a dos senadores, Carlos Julio Pereira [del Movimiento Nacional de Rocha, PN] y Enrique Rodríguez [Partido Comunista], que señalaron a Gari como padre putativo del golpe. Creo que Gari, ruralista de la primera hora, latifundista, empresario industrial y banquero, fue más bien el padre putativo de Juan María Bordaberry, su mentor político, su principal consejero, como lo había sido de Benito Nardone. Financiaba en buena medida a la Juventud Uruguaya de Pie y, como decía la izquierda, tenía muchos vínculos con “la rosca”. Los militares no lo querían, lo asociaban a los ilícitos. Pero era el capital financiero», explicó.

Yaffé, por su parte, puso sobre la mesa un sector que no se deja definir como socio de aquella coalición, pero cuyo «consentimiento pasivo» es necesario presumir. Lo hizo volcando algunos datos provenientes de una encuesta que Gallup hizo entre la población uruguaya pocas semanas antes del quiebre, en mayo de 1973, y que no había sido publicada hasta que Ignacio Zuasnábar, director de Equipos Consultores, la consiguió y reprodujo en su libro Treinta años de opinión pública.2

«Los resultados son impresionantes si suponemos que sean válidos, al menos aproximadamente», advirtió el investigador, y glosó: «Cuando se le pregunta a la gente si las acusaciones que los militares les hacían a los políticos eran ciertas o exageradas, acusaciones que eran básicamente de corrupción, el 52 por ciento de los encuestados contesta que son ciertas y solo el 27 que son exageradas. Cuando la pregunta es: “¿Usted está de acuerdo con que los legisladores no se preocupan por el bienestar del pueblo?”, el 60 por ciento dice que está de acuerdo. “¿Usted está de acuerdo con que los parlamentarios gozan de grandes privilegios que son verdaderos abusos?” es otra. El 70 por ciento está de acuerdo. Y vean esto. La pregunta es: “¿Quiénes son más respetuosos de la Constitución y las leyes?” El 44 por ciento dice que los militares y apenas el 23 que son los políticos».

Y a esta altura el lector habrá apreciado que, entre los historiadores, la discusión sobre el asalto al poder no se centra en los meses que precedieron al 27 de junio, como sí ha sido frecuente en las versiones periodísticas. «Es que es una ilusión pensar que el Ejército uruguayo estaba jugando a las cartas en los cuarteles cuando, en setiembre de 1971, Pacheco los puso a cargo del combate a la guerrilla. Si el año pasado Cabildo Abierto habló tanto de abril de 1972 fue para distorsionar la historia de la misma manera. Se trata de hacer creer que las Fuerzas Armadas intervinieron fundamentalmente porque, a partir de determinadas acciones de la guerrilla, el poder político las convocó. Y eso no es verdad. Ahí están las torturas probadas ya en 1970 o la tesis del Goyo, del mismo año. La orientación golpista ya estaba», señalaba Caetano a Brecha.

Esto no quiere decir que los investigadores se salteen el análisis de los cambios de temperatura que signaron los meses inmediatamente anteriores al golpe. El miércoles en la Maggiolo quien puso la lupa sobre eso fue Broquetas, que –sin minimizar la relevancia del tan comentado febrero de 1973– hizo dos señalamientos que parece conveniente consignar.

«A mi juicio –sostuvo Broquetas– el de febrero es un segundo momento, pero yo creo que hay que recuperar la centralidad de octubre de 1972. En ese momento las Fuerzas Armadas desconocen la orden del ministro de Defensa, la orden del Poder Ejecutivo, de liberar a cuatro detenidos que estaban a disposición de la justicia militar, cuatro médicos, que habían sido muy torturados. Hay una primera insubordinación clara, al punto que genera una crisis institucional que termina con la renuncia del ministro de Defensa, el pasaje a retiro del comandante en jefe del Ejército y una crisis ministerial. Y además, es a partir de entonces que empiezan a discutirse las salidas de las que volverá a hablarse en febrero, como remover a Bordaberry o llamar a elecciones anticipadas.»

¿Y qué pasó en junio? ¿Por qué el golpe no fue en octubre del 72 ni en febrero del 73? «En junio la derecha política está más dividida que nunca. Bordaberry ya no cuenta con el Parlamento. Finalmente se le caen los apoyos de la 15 y de la minoría herrerista. Si tuviera que decir algo provocativo para la conversación, como hipótesis, se podría decir que si [este golpe en cámara lenta] se prolongó tanto, fue porque la mayoría legislativa lo permitió. Cuando el apoyo a Bordaberry comenzó a resquebrajarse la avanzada golpista fue inmediata», propuso la historiadora.

EXTERMINISTAS

La tapa del 28 de mayo de 1943 del semanario Marcha fue una fotografía tomada desde la panza de un bombardero aliado. Mostraba las bombas cayendo sobre el territorio alemán, sobre esa gente. El largo epígrafe no lamentaba nada: historiaba los bombardeos nazis para concluir en lo que también era el título principal de aquella edición: «El que a hierro mata, a hierro muere».

«Es que la forma en que se pensaba la violencia en los años cuarenta, cincuenta, sesenta era muy diferente a como la pensamos hoy, y nos cuesta entenderlo», advertía a Brecha el historiador Aldo Marchesi la mañana del martes.

«El discurso de la Guerra Fría –insistió Marchesi– significaba que había actores que tenían que estar por fuera de la política: el comunismo, el marxismo. Eso implicaba eliminar a determinados sectores. Los documentos de los organismos de inteligencia revelan desde muy temprano esa idea de que el otro no tiene derecho a existir», señaló el historiador.

Y lo que había que borrar de la faz de la tierra iba bastante más allá de las organizaciones guerrilleras. «Si se leen los libros de la dictadura como Testimonio de una nación agredida o La subversión queda muy claro que los tipos tienen una visión del mundo, un proyecto de nuevo Estado que excedía en mucho una operación quirúrgica contra las guerrillas. Su concepción del enemigo ya es gramsciana. Identifican a todos los actores que promovieron la crítica y van por ellos. Van mucho más lejos que la dictadura brasileña. Destruyen, por ejemplo, el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería.»

En medio de la crisis la violencia también fue «un camino de certezas» para las izquierdas, considera Marchesi. Pero incidió en un segmento breve de la larga marcha hacia el golpe, se recordó en el coloquio. En aquella senda iniciada a más tardar en el 65, toda la documentación ratifica que las guerrillas pesaron solo desde fines del 68 y hasta setiembre del 72. La violencia estatal no se detuvo ni por asomo entonces, se profundizó.

La Operación Morgan, iniciada tres años después, fue tal vez su expresión más arrasadora, mientras los terroristas paraestatales, «licenciados» por la dictadura, se entretenían en congresos llamados anticomunistas, pero que Broquetas en el coloquio calificó de exterministas. «Hoy ya no se habla de esto, de la violencia estatal que supone cualquier proyecto, de la contestación violenta tampoco. La discusión fue simplemente cancelada», objetaba Marchesi el martes. Y esto sucede cuando, desde otras orillas, el monopolio de la capacidad coercitiva pretendido por el Estado vuelve a ser radicalmente cuestionado y, como Bértola señalaba, las expectativas de estancamiento económico se hacen, desde 2014 y 2015, lamentablemente firmes.

1. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, EBO, 2009.

2. Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2018.

Tomado de Brecha numero 1961. Autor: Salvador Neves, publicado el 23 de junio de 2023. Titulo original: El camino al golpe de estado. Mucho antes de febrero.