Es ley: Argentina aprobó la legalización del aborto

 

El proyecto, ratificado por las dos cámaras del Congreso, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), después de 12 horas de debate. El aborto legal fue aprobado con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y con cuatro ausencias en el recinto. A continuación, se aprobó por unanimidad el llamado “Plan de los Mil Días”, una iniciativa de atención y acompañamiento a la maternidad durante los tres primeros años de vida de las niñas y niños.

“Se convierte en ley y se gira al Ejecutivo”, pronunció la vicepresidenta argentina y líder del Senado, Cristina Fernández, pasadas las 4.00. Puertas afuera, miles de mujeres celebraron la decisión entre lágrimas y aplausos con pañuelos verdes atados en cuellos, puños y mochilas. Algunos de los emblemáticos retazos de tela oficiaban como top o vinchas y, esta vez, otros también fueron tapabocas.

Se podría decir que la “marea verde” esperó la votación desde las 14.00, cuando empezó a inundar los alrededores del Congreso argentino. En realidad, para quienes acompañan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde sus inicios, la espera duró 15 años.

El texto aprobado legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, sólo se podrá acceder en caso de que el embarazo haya sido producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Esto podría tener un pequeño cambio en la reglamentación ya que la senadora del Frente de Todos e informante del oficialismo en el debate, Norma Durango, adelantó al comienzo de la sesión que el Ejecutivo se comprometía a vetar la palabra “integral” del concepto “salud integral” para garantizar el apoyo de dos senadores que habían manifestado disconformidad.

La ley establece que “mujeres y personas con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de diez días a partir de que presentan la solicitud.

Las mayores de 16 años “tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento” y solicitar el aborto, afirma el proyecto. Las adolescentes de entre 13 y 16 deberán tener un “acompañante” o “referente afectivo”, mientras las menores de 13 deberán contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

El procedimiento será incluido en el Programa Médico Obligatorio, por lo cual ningún prestador de salud puede negarse a realizarlo o a cubrir su costo. Sin embargo, los profesionales de la salud tienen derecho a la objeción de conciencia. En este caso, el prestador deberá derivar a la persona para que sea atendida en otro lugar, con todas las garantías y en tiempo y forma. De todas maneras, ningún profesional podrá negar el procedimiento en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro.

Los votos decisivos

El proyecto de IVE fue enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados en la madrugada del 11 de diciembre. La votación en el Senado se preveía más reñida que la de cámara baja y, además, sobrevolaba todavía el fantasma del fracaso de agosto de 2018.

Pero el panorama se aclaró a medida que expusieron las 59 personas que se habían anotado para hablar. Marcaron la cancha quienes aparecían con votos “indefinidos” antes del debate y finalmente se pronunciaron a favor del aborto. La primera fue la senadora Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, que en 2018 había votado en contra. “En este tiempo comprendí que, más allá de mi postura personal o mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que necesita una respuesta distinta. Es una cuestión de salud pública”, dijo la legisladora. “Entiendo que debemos apoyar un proyecto que es de ampliación de derechos”; “mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”.

Más adelante, dos senadoras “indecisas” de Juntos por el Cambio adelantaron el voto verde. La senadora Stella Maris Olalla dijo que la ley intenta “reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden a la clandestinidad, absolutamente insegura para resolver el problema de los embarazos no deseados”. “El Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no, de acuerdo con la voluntad de la mujer”, afirmó, antes de confirmar el voto.

Por su parte Lucila Crexell, que se abstuvo en la votación de 2018 como diputada, dijo que no cambió sus “creencias personales” sino el enfoque desde el que debe ser abordada la problemática. “No me es indiferente el drama del aborto clandestino. Esta ley no le cambia en nada a los que se oponen, pero sí a quienes necesitan que el Estado las asista”, puntualizó.

El senador oficialista Sergio Leavy fue otro de los indecisos que finalmente se decantó por el aborto legal. Hace dos años, como diputado, había votado en contra. “Me di cuenta de que esta ley no promueve el aborto; sólo le da un marco legal y seguro”, dijo durante la sesión. “Si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley”.

Cerca de las 2.00, el último indeciso que quedaba por hablar, el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que también votaría a favor. “Convencido de que es absolutamente necesario e imprescindible sancionar esta ley como respuesta a toda una demanda, una movilización y un cambio que se está dando en nuestra sociedad, voy a aprobar esta ley de IVE”, anunció. Para ese entonces, los feminismos en las calles ya cantaban victoria.

Una cuestión de justicia social y libertad

En líneas generales, los argumentos expuestos en el Senado por quienes votaron por el aborto legal fueron en el mismo sentido. Hablaron de la IVE como una cuestión de justicia social y salud pública, de autonomía. Defendieron el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y, sobre todo, insistieron en la necesidad de una ley para evitar las muertes que provoca la clandestinidad.

“Toda vez que las mujeres interrumpimos un embarazo no querido hacemos caer el control del Estado sobre nuestros cuerpos y de la Iglesia sobre nuestra sexualidad. Venimos a decir basta de trato inquisitorio”, dijo la senadora Silvia Sapag, del Frente de Todos. “Decir que la maternidad será deseada es la libertad de elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos, es tener autonomía como derecho y condición de la dignidad humana, es saber que quienes deciden interrumpir un embarazo no se van a morir en el anonimato”, aseguró su compañera Ana Claudia Almirón. “Voy a votar este proyecto para no volver nunca más al perejil, a las perchas, a las muertes clandestinas”, agregó Nancy González.

Una intervención destacada fue la de Gladys González, senadora de Juntos por el Cambio, que contó su experiencia como mujer católica a favor del aborto. “No podemos quererle imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino, sobre todo cuando hemos fallado porque llegamos tarde a entender la necesidad de la educación sexual o del uso de anticonceptivos, porque no llegamos a salvar ninguna vida”, manifestó. La legisladora contó que después de votar en 2018 a favor de la IVE fue amenazada y presionada por sus “hermanos” de religión. “El aborto clandestino es un negocio, y a ese negocio le interesa poco salvar una vida. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida, está comprobado”, concluyó González; “no estoy dispuesta a seguir cerrándole la puerta del sistema de salud a ninguna mujer”.

También fue celebrada la exposición del senador Matías Rodríguez, del Frente de Todos, que interpeló especialmente a sus pares varones: “Los hombres tenemos la condición de acompañar. Son mujeres las que sufren, son perseguidas, son torturadas. A nosotros no nos pasa ni nos va a pasar”.

Unas y otros, en prácticamente todos los casos, agradecieron al movimiento feminista argentino, a las pibas y a las pioneras en la lucha, por sacar el tema a las calles, instalarlo en las casas, arrancarlo del silencio y la vergüenza, e insistir.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires.

La defensa del “niño por nacer”

Las intervenciones en contra de la legalización del aborto también fueron todas en el mismo sentido y se basaron en la premisa de que “hay vida desde la concepción”. Algunas exposiciones alegaron que la ley es “inconstitucional” y otras apuntaron directamente a la promoción de la prevención, para evitar en primer lugar los embarazos no deseados.

“Las niñas sin duda no deben maternar, pero antes de eso no deben ser abusadas, no deben vivir en entornos violentos, y el proyecto de aborto legal no resuelve eso”, dijo por ejemplo Mario Fiad, de Juntos por el Cambio. “La interrupción del embarazo es una tragedia porque pone en riesgo la vida de la mujer y termina con la posibilidad de una vida en desarrollo”, argumentó la oficialista Inés Blas.

Su compañero Maurice Closs argumentó el voto en contra porque a su entender “no es una prioridad de salud pública, no es un cambio cultural y lejos está de ser una cuestión de orden público”. “No me siento responsable de las muertes ocurridas después del 2018 aunque haya votado en contra”, enfatizó.

El también oficialista Antonio Rodas leyó un tuit que había publicado el papa Francisco unas horas antes: “El hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”. “Se es niño o niña desde la concepción” y, por lo tanto, “merece la plena protección del derecho”, concluyó.

Otra novedad fue la propuesta del senador Guillermo Snopek, también del Frente de Todos, que propuso realizar una “consulta popular para que sea el pueblo el que decida” si legalizar o no el aborto.

En muchos casos, los antiaborto también hicieron referencia a la pandemia de covid-19, como un problema de salud pública que requiere más tiempo, atención y recursos que la legalización de la IVE. “No es el momento, argumentaron varios.

“¿Vieron que nosotras cantamos que se va a va a caer? Bueno, yo creo que lo vamos a tirar”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, la última en exponer a favor del aborto. Y acotó: “Está tambaleando”. A partir de hoy, empieza una nueva etapa para las mujeres y personas gestantes en Argentina.

(Fuente: La Diaria -30 de diciembre de 2020 – Autrora Stephanie Demirdjian)

 

Donald Trump y la pena de muerte

 

DONALD TRUMP AUMENTA LAS EJECUCIONES ANTES DE DEJAR LA PRESIDENCIA

 

El presidente estadounidense se aproxima al término de su mandato con otra distinción de dudoso encomio: su gobierno reanudó el ajusticiamiento de convictos por crímenes federales y este año ha aplicado la pena de muerte a más reos que todos los estados de la Unión combinados.

En julio, a instancias del Departamento de Justicia, el gobierno federal ejecutó al primer convicto en casi dos décadas. Desde entonces, con inyecciones letales dio muerte a nueve hombres. Tiene programadas otras cuatro ejecuciones antes de que el presidente Donald Trump salga de la Casa Blanca el 20 de enero.

La reanudación de las ejecuciones federales, ordenada por el secretario de Justicia, William Barr, tuvo el propósito, según el funcionario, de «hacer justicia para las víctimas de los crímenes más horrendos». La de Brandon Bernard se llevó a cabo el 10 de diciembre en la prisión de Terre Haute, Indiana, y fue la novena en el ámbito federal desde 2003. Bernard, quien estuvo en el pasillo de la muerte por más de la mitad de su vida, había sido condenado por un homicidio en 1999. Aunque cuando participó en el crimen era menor de edad, fue juzgado como adulto.

En una reunión en la Casa Blanca con gobernadores de estados, Trump señaló en febrero: «Es interesante, tenemos el caso de Singapur, en el que tienen pocos problemas con las drogas, tenemos China, con pocos problemas de drogas». «Los países que tienen pena de muerte para los traficantes de drogas no tienen problemas de drogas. Si uno observa alrededor del mundo, los países con una firme pena de muerte… pena de muerte con un juicio justo pero rápido, tienen muy pocos problemas de drogas. Eso incluye China», insistió.

JUSTICIA SEVERA

Entre los 195 Estados en la lista de las Naciones Unidas, 105 han abolido la pena de muerte –Uruguay, en 1907–; ocho la han abandonado en la práctica desde hace al menos 14 años; 47, aunque la mantienen vigente, no han ejecutado a nadie en más de una década, y hay 35 países que mantienen vigente y aplican la pena capital para delitos graves. La definición de esos delitos graves varía de país en país.

En Estados Unidos, Colorado se convirtió, en 2020, en el vigesimosegundo de los 50 estados que han abolido la pena de muerte, en tanto que Luisiana y Utah, aunque la mantienen en sus leyes, han cumplido diez años sin ejecuciones. En otros tres estados, los gobernadores han impuesto una moratoria y, en total, más de dos tercios del país –34 estados– han abolido la pena capital o no han ejecutado criminales en más de una década. Las ejecuciones en el ámbito estatal están en su nivel más bajo en 37 años.

En contra de la percepción de Trump acerca de su eficacia como castigo y como disuasor de potenciales criminales, las fiscalías, los jueces y los jurados han ido disminuyendo las sentencias de muerte. En 1996, los tribunales dictaron 196 de estas sentencias. Este año, sólo 18. También ha caído drásticamente el número de ejecuciones: de un máximo de 98, en 2000, a 17, en 2020.

La firma Gallup encontró que el apoyo de la opinión pública respecto de la pena de muerte alcanzó, en 1995, un máximo del 80 por ciento de los encuestados, y desde entonces ha caído al 55 por ciento. En el mismo período, el rechazo a ella ha subido del 16 al 43 por ciento. No es sorpresa que la oposición a esta venganza social sea más pronunciada entre los «no blancos»: el 58 por ciento de los encuestados por Gallup la repudian.

Según la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), «el color de piel del acusado y de la víctima desempeña un papel crucial e inaceptable en la decisión acerca de quién recibe la pena de muerte en Estados Unidos. Las personas “de colorˮ han sido el 43 por ciento de los ejecutados desde 1976 (cuando se restauró el recurso) y son el 55 por ciento de quienes ahora esperan en el corredor de la muerte. Las víctimas blancas suman cerca de la mitad de las víctimas de homicidios, pero hay víctimas blancas en el 80 por ciento de los casos por los que se dicta la sentencia capital».

Otra forma de medir el desbalance racial en el uso de la pena de muerte es observar quién es el criminal y quién la víctima: según el Death Penalty Information Center, desde 1976 y hasta setiembre pasado, fueron ejecutados 12 criminales blancos cuyas víctimas fueron negras y 296 criminales negros cuyas víctimas fueron blancas.

IMPLACABLE

La decisión de Trump de apretar el acelerador se atiene a la misma pauta: de las seis ejecuciones programadas o ejecutadas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero, cinco se aplican a hombres negros. Y, por si escasean las inyecciones letales, que se han convertido en el método más usado en décadas recientes, en noviembre el gobierno permitió, mediante ordenanza, que los verdugos usen la electrocución, el ahorcamiento, la cámara de gas o el fusilamiento.

La reanudación de las ejecuciones federales durante el verano engranó bien en la campaña de Trump por la reelección, a la que añadió el ingrediente de caudillo recio e implacable, defensor de la patria, la familia y la religión. Como resultado de aquel cálculo electoral, desde julio han ido al patíbulo federal más personas que en los 50 años anteriores combinados. Pero la derrota electoral no afectó el recurso al verdugo: el 19 de noviembre, el Estado mató a Orlando Hall, un hombre negro de 49 años, condenado por el secuestro, violación y homicidio en 1994 de Lisa Rene. El veredicto provino de un jurado cuyos integrantes eran todos blancos. Aun cuando la postura de gobernante justiciero e implacable de nada sirve ya para cambiar el resultado electoral y mientras Trump pondera perdones presidenciales para sus aliados, continúan las ejecuciones federales a ritmo implacable. Un día después de la cita de Brandon Bernard en el patíbulo, le tocó a Alfred Bourgeois, un negro con discapacidad intelectual, condenado por la muerte en 2002 de su hija de 2 años de edad, a pesar de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia según el cual la aplicación de la pena de muerte a personas con deficiencias intelectuales viola la Octava Enmienda de la Constitución.

La próxima en la lista es Lisa Montgomery, la primera mujer que será ejecutada por el gobierno federal en 67 años. En 2004, Montgomery, entonces de 36 años, estranguló a una mujer embarazada, Bobbie Jo Stinnet, de 23, le cortó el vientre y extrajo el feto de 8 meses. Al día siguiente Montgomery fue arrestada y el bebé, que no sufrió lesiones, fue entregado a su padre. Según quienes abogan por la abolición de la pena de muerte, Montgomery sufre de desequilibrio mental extremo después de una vida de abuso sexual, torturas y tráfico sexual.

La nómina de trabajo para los verdugos federales incluye, a continuación, a Corey Johnson, otro negro con discapacidad intelectual cuya ejecución está programada para el 14 de enero. Johnson, de 45 años, fue un traficante de cocaína condenado por su participación en una pandilla de Virginia que mató al menos a 10 personas en 1992. Y el 15 de enero –aniversario del nacimiento del activista de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968– será el turno de Dustin John Higgs, condenado por el homicidio de tres personas en 1996. La sentencia de muerte se aplicará aun cuando otro hombre, Willis Haynes, se declaró culpable de haber matado a esas tres personas.

El movimiento abolicionista señaló por estos días la peculiaridad de que el gobierno de Trump sea el primero en más de 130 años que lleva a cabo ejecuciones en el período entre una elección presidencial y la inauguración de un nuevo gobierno. El detalle es significativo: el presidente electo Joe Biden, quien asumirá el gobierno el 20 de enero, es católico y, al tono de la posición oficial de su Iglesia, se opone a la pena de muerte. Biden ha prometido que la abolirá a nivel del gobierno federal y que dará incentivos a los estados que aún la mantienen en sus códigos para que los fiscales dejen de buscar sentencias capitales.

Los abolicionistas están decididos a hacerle cumplir la promesa. En una carta enviada la semana pasada a Biden y apoyada por más de 40 miembros del Congreso, la representante Ayanna Pressley, de Massachusetts, afirma que «el gobierno actual ha convertido la pena de muerte en una herramienta, con cruel desdén por la vida humana. Con una simple firma usted puede detener todas las ejecuciones federales, prohibir que los fiscales generales de los estados busquen la sentencia capital, desmantelar el corredor de la muerte en Terre Haute y demandar nuevas sentencias para todas las personas ahora sentenciadas a morir».

(Fuente : Brecha 1831, autor Jorge A. Bañales desde Washington. El título original de la nota es “Apurando al verdugo” )

“Hay muchos casos en los que se criminaliza la pobreza”

 Willian Rosa, presidente electo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (Gremio de los Fiscales)

El presidente electo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Willian Rosa, conversó con la diaria sobre el sentido de la justicia en la práctica cotidiana de la Fiscalía, las desigualdades existentes entre los imputados, el margen de discrecionalidad que puede tener un fiscal, la dinámica patológica de trabajo y el rol del gremio en la mejora de las condiciones de trabajo de los fiscales.

Willian Rosa nació el 17 de noviembre de 1987 en Paso Libindo, una localidad a unos 100 kilómetros de Tacuarembó y 100 kilómetros de Melo. Al decir de Rosa, “en el medio de la nada”. Tiene tres hermanos por parte de madre y siete por parte de padre. Pasó su infancia acompañando a su padre, peón rural, entre estancias y establecimientos rurales y en una escuela que no superaba los 15 alumnos. Hasta 1996 no había visto un partido de fútbol en la tele. Después de hacer el liceo en la ciudad de Tacuarembó se fue a Montevideo para estudiar Derecho, se recibió a los 24 y a los 25 ingresó en la Fiscalía, donde trabajó con el equipo del fiscal Rodrigo Morosoli en Tacuarembó (2013-2015), en la fiscalía de Libertad (2015-2016), en Las Piedras (2016-2017) y desde 2018 es fiscal adscripto en Montevideo, en la fiscalía de Flagrancia de 3er Turno a cargo de Silvia Pérez.

El miércoles 22 de diciembre resultó electo presidente de la AMFU para el período 2021-2022 con el apoyo de 148 fiscales de los 275 que participaron de la jornada electoral. Para Rosa estar al frente del gremio implica “poner las manos y el cuerpo” sin medir las consecuencias personales.

¿Por qué decidió estudiar abogacía?

Crecí en un contexto muy pobre, donde hay un montón de injusticias y pensé que siendo abogado podía luchar por la justicia. Se me metió esa idea en la cabeza teniendo diez años e hice todo el liceo pensando en eso, no tenía otra cosa en mente más que ser abogado. No había visto un abogado ni por televisión. Ahora está más actualizado, pero cuando yo era chico había un desfasaje con la llegada de la tecnología. El primer partido de fútbol que vi por televisión fue de la Copa de Confederaciones de 1996, en Las Toscas de Caraguatá, que es como el centro de toda esa zona; me acuerdo de que estaban pasando el partido en un bar. En las estancias donde íbamos con mi padre el patrón tenía televisión, agarraba la televisión brasileña, porque es Tacuarembó pero más hacia el lado de Rivera. Estar en ese lugar, a 100 kilómetros de una ciudad, te condiciona la forma en la que te crías y en la que vivís todo.

¿Cómo ve ahora esa posibilidad de hacer justicia a través de la abogacía?

Un 9 de mayo, que es el Día del Abogado en Uruguay, estaba en la Fiscalía pensando en eso, y llegan a la audiencia tres mujeres que había citado por una usurpación. Cuando las veo con los hijos en la falda y les fui a tomar la declaración me desarmé. Venía preparado para decirles que hay una persona con derecho de propiedad y que se metieron de forma inapropiada. Cuando les digo eso me dicen “tiene razón, doctor”. La reflexión que me queda es esa, la de tener razón, la de actuar ajustado a derecho, pero que no sea justo. Eran tres mujeres con sus hijos que se estaban quedando en la calle. Esas cosas muchas veces te dan un cimbronazo y te interpelan todo el tiempo sobre qué es lo que estamos haciendo. Yo estoy trabajando con la doctora Silvia Pérez, que es mi jefa en Montevideo, y ella siempre me dice que a veces uno se pone piedeletrista, pero tiene que tener, desde su rol, un enfoque que tenga un resultado justo, procurar la justicia desde el lugar que uno tiene. Por más que tenga que ceñirse a lo que dice la ley, uno tiene una discrecionalidad, y dentro de esa discrecionalidad tiene que buscar que exista justicia, pensar en las víctimas, que el castigo que reciba una persona por el delito sea proporcional al daño que cometió. Esos enfoques siempre tienen que estar, recurrir a lo que pensaba antes, cuando tenía un ideal, y ajustarlo dentro de lo posible a su actualidad.

La ley también tiene su legitimidad, si lo vemos como lo que la sociedad consensuó.

Pienso que la inmensa mayoría de las leyes son totalmente ajustadas, después hay otras leyes que son dadas porque determinados representantes elegidos por la sociedad consideraron que eso es lo más oportuno y ese consenso es lo que se vuelca. Nosotros, como operadores jurídicos, tenemos que cumplir ese mandato. Lo que tiene la ley es que establece parámetros que no son un silogismo perfecto, que dado A y B tenés que concluir C. Las premisas tienen determinada permeabilidad y a veces uno, poniéndole un toque de equidad o de justicia, va a lograr cumplir con la ley y ser más justo en el dictamen.

¿Recuerda algún otro caso en que haya tenido ese sentimiento?

Hay muchos casos en los que se criminaliza la pobreza. A veces uno se pone mal porque tenés una banda que comete rapiñas y son tipos expertos y no los podés agarrar, y tenés todos los días adictos a la pasta base que roban un cajón o algo en un supermercado y los tenés filmados, tenés todas las pruebas, y son personas adictas. A veces tenés que terminar dictaminando que esa persona sea formalizada, y pensás que tenés que formalizarla, cuando sería importante para la lucha contra la delincuencia agarrar a una banda que hace rapiñas, que amenaza gente, que lastima. A veces el daño que provocan es muchísimo mayor y no podemos contar con los elementos para formalizarlos; tenés las personas ahí, sentís que son las responsables pero no tenés las evidencias y tenés que darles la libertad, eso también te pone mal; cómo ante una persona que tiene menos recursos y posibilidades parece más fácil aplicar la ley, que con otra que tiene más recursos. Si bien eso no te condiciona en tu accionar, porque es la función de uno y nos pagan el sueldo para actuar, por dentro te mueve.

Las condiciones de las cárceles deben influir en ese sentimiento sobre las decisiones que uno toma.

Cuando te toca zona 1, que es la que tiene las cárceles, ves lo que pasa adentro: las violencias, las vulneraciones de todos los derechos de la persona, es muy shockeante. Cuando vos decís “bueno, firmá este abreviado” y la persona se va seis meses a la cárcel, siempre hay que tomarse el momento para pensar. A veces en la vorágine del trabajo, cuando tenés diez detenidos, es como una picadora de carne. Hay que tomarse el tiempo para reflexionar, pensar que uno le está proponiendo a alguien un acuerdo que después termina en que esa persona sea derivada a ese lugar, eso también es muy movilizador. Hay que tratar de lograr la pena justa, no ensañarse con una persona, y tener en cuenta a dónde está siendo derivada y qué consecuencias puede tener eso. Uno está acá para cumplir un rol y lo hace, pero tener presente esas cosas ayudan a hacerlo mejor.

Pensando en los acuerdos abreviados en que ha participado, ¿en alguno sintió que el imputado estaba confesando algo que no había hecho?

No. Hay muchos imputados que utilizan esa herramienta, dicen “yo voy a agarrar esto porque me quiero ir”, y yo en ese momento les digo “usted no acepte nada que no cometió”, y ahí enseguida me dicen “fui yo”. En ese tire y afloje, a veces uno no tiene más elementos y termina desistiendo de la pretensión. Que alguien haya firmado el acuerdo y que no fuera, creo que es una tranquilidad que la inmensa mayoría de los fiscales podemos tener. Después uno sabe cómo es la dinámica y es más fácil saber cuándo una persona te está diciendo la verdad o te está forzando a conseguir más evidencia. Hay fiscales que tienen muchísima trayectoria, como Juan Gómez, y la experiencia te va dando insumos que no son tan jurídicos, sino más bien que vienen de haber trabajado, y uno los va aprendiendo.

Se recibió a los 24, se tomó en serio los estudios.

Cuando uno viene de un contexto muy desfavorable no puede darse el lujo de tomarse un año sabático. Siempre lo pensé como tener una meta. Vine a Montevideo, estuve en el hogar universitario de Tacuarembó, que es una beca, tenía la beca del comedor universitario, que también era una beca de boletos, y la beca del Fondo de Solidaridad. Para mantenerla teníamos que tener determinado rendimiento y eso es una doble motivación: por un lado, está la meta de hacer la carrera y, por el otro, esa condición que uno tiene que si pierde las becas es imposible. Sin esas becas hoy yo no sería abogado, ni fiscal, ni nada por el estilo.

También se dedica a la escritura.

Es un hobby constante y paralelo; lo que escribo lo publico en Instagram, y publiqué un libro a finales de 2017 que se llama La breve vida del hombre nuevo, que es una novela, y tiene unos cuentos. Lo publiqué para darme ese gusto y superó las expectativas que tenía.

En la Comisión Directiva, cuando hay que enviar una nota al fiscal de Corte, me dicen “dale, vos, que sos escritor”, saben que en una hora voy a tener un bosquejo de algo.

¿Cómo juega lo gremial en la carrera personal? Porque uno puede pensar que si se enfrenta a las autoridades de Fiscalía después puede perder oportunidades.

Si uno se pone a reparar en eso no le entra a lo gremial. Yo empecé en 2015 en la Comisión Directiva, como adscripto. Al tiempo se dio la renuncia de Juan Gomez y quedó Gustavo Zubía. A mí me nombraron como secretario, como para tener un poco de equilibrio entre el perfil del doctor Zubía, que era bastante combativo respecto de la figura del fiscal de Corte. Ahí se generó un enfrentamiento natural entre la asociación y la Fiscalía de Corte, que es la jerarquía. Más allá de que uno piensa que no va a ser perjudicado, siempre se da ese momento en que uno piensa en eso, que si va a pedir un traslado capaz que no lo tienen tanto en cuenta como si no tuviera esa confrontación, pero ese pensamiento yo me lo anulo inmediatamente, porque lo gremial hay que hacerlo y tiene que haber personas que defiendan los intereses del colectivo, y esas personas no pueden estar reparando si sí o si no, temblándole el pulso de si actuar o no actuar por las consecuencias que pueda tener. Después que uno asume la responsabilidad, tiene que poner las manos y el cuerpo, y lo que tenga que ser será. Desde el momento en que hice el quiebre las consecuencias no importan, la situación lo amerita.

Al estar en Montevideo, en una fiscalía de Flagrancia, uno no tiene tanta exigencia como los compañeros que son titulares o que son fiscales en fiscalías especializadas o fiscalías del interior. Uno tiene que tener en cuenta que si tiene un margen más de poder actuar en lo gremial tiene que agarrar la posta y jugársela. La presidenta, Mirta Morales, tenía un compromiso tremendo con lo gremial pero estaba al frente de la Fiscalía de Homicidios y se complica amalgamar las dos tareas. Por eso está bueno remangarse y tratar de luchar por las condiciones laborales de los fiscales.

¿Qué es lo más urgente a resolver en las condiciones laborales de los fiscales?

Creo que son esas dinámicas de trabajo extenuantes que se dan en los turnos únicos en sedes que son complicadas por la cantidad de casos, por la complejidad o porque son de frontera. El nuevo código impone también investigación, flagrancia, juicios, toda esa dinámica con los fiscales como corriendo siempre detrás de la urgencia. Lo más urgente es el diseño de todo eso, la posibilidad de reacondicionarlo, porque está repercutiendo en la salud, sobre todo en la salud emocional, de los fiscales. Son cosas que tenés que atender en todo momento, por lo que no te permite descansar, ni tener un poco de tiempo para reflexionar sobre la tarea. Hubo defectos de implementación en la organización interna, lo dijimos desde que está el nuevo código. Otro problema son los recursos, pues no se ha dotado a la Fiscalía de infraestructura, sobre todo de recursos humanos y de infraestructura para llevar adelante esta tarea: con la cantidad de fiscales y fiscalías suficientes, con fiscales suplentes, con infraestructura edilicia, con edificios aptos para llevar adelante la tarea de la investigación preliminar. La criminalidad apunta también a que la integridad física de los fiscales esté corriendo peligro, y no se previeron los recursos para que en cada sede haya un circuito de cámaras, un custodio que este todo el tiempo en que esté actuando la fiscalía. Todas esas son previsiones que no se hicieron y que pesan a la hora de llevar adelante la función. Son presiones laborales. Uno ve que los números [de imputaciones] van creciendo, pero esos números crecen a costa del esfuerzo de los fiscales, en esa dinámica patológica de trabajo.

¿Por qué cree que el presupuesto de Fiscalía está congelado desde hace cinco años?

Son decisiones del sistema político que impactan directamente en el trabajo de los fiscales e impactan institucionalmente en la Fiscalía, por eso nosotros hemos ido a reclamar lo que corresponde. Lo que pasa es que si después lo que se ve es que la Fiscalía tiene una eficiencia de números, parece como que todo funciona. Si ves los recursos humanos y las condiciones en las que se logra esa eficiencia de números, ahí te das cuenta de que se necesita una inyección y un rediseño en la forma en la que se está llevando adelante la tarea.

Hay pedidos, como el de la eliminación de los turnos únicos, que ni siquiera llegaron a discutirse.

Eso se viene proponiendo desde que está el nuevo código, lo propusimos en el presupuesto y ni siquiera fue analizado, lo mismo con los cargos letrados suplentes. Hay dinámicas dentro de la organización que después terminan como el caso de la Fiscalía de Artigas, donde hay una fiscal adscripta a cargo de un turno, cuando tendría que haber tres fiscales. Esa persona está llevando adelante toda la actividad de la Fiscalía, estando de turno, con los casos en curso y las investigaciones. ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Dónde está el trámite de las venias para hacer las gestiones? Y ahí uno piensa: “Apuren porque esto porque no es saludable”. Lo mismo cuando en un turno único falta un titular o un fiscal adscripto, eso repercute enormemente, porque los funcionarios que quedan no pueden tomarse licencia, ni tener días libres, ni descanso 30 días al mes.

¿Qué evaluación hace del proceso electoral?

Yo puedo ser presidente porque hubo un cambio de estatutos que igualó a todos los fiscales dentro del gremio, que era una reivindicación que veníamos haciendo. Dentro del gremio los fiscales tenían determinadas castas, lo que era incompatible con la dinámica gremial, y se reformó el estatuto para que todos los asociados puedan ser electores y elegibles. Eso fue fundamental porque por más que yo tuviera la trayectoria que tuviera, si no era fiscal de Montevideo no podía estar al frente del sindicato. Raúl Iglesias (quién lideró la segunda lista más votada) en el momento que se postuló no era fiscal de Montevideo, era fiscal departamental. Que se haya podido hacer el voto electrónico le dio accesibilidad para que cualquier fiscal desde cualquier lugar del país pudiera votar. Eso democratizó, y la participación es una muestra de eso. De 299 habilitados votaron 275 personas, casi 90%. Las dos listas que estamos en la Comisión tenemos un fin común, queremos mejorar las condiciones de todos los compañeros, y para eso el trabajo tiene que ser mancomunado.

(Fuente: La Diaria ,26 de diciembre de 2020.Escrbe: Pablo Manuel Méndez.El titulo y el primer párrafo fueron adaptados, sin cambiar su contenido)

 

¿Cuáles son las recomendaciones del GACH para el teletrabajo?

 

Se aconsejan pausas activas de 5 a 10 minutos por cada hora de trabajo y horarios con límites claros, entre otras medidas.

Una de las consecuencias inmediatas de la pandemia por coronavirus fue el cambio en la forma de trabajo: muchas personas pasaron a realizar su jornada laboral desde sus casas. Ante esta nueva realidad, un equipo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), coordinado por Gabriela Ormaechea e integrado por Fernando Tomasina, Estela Skapino, Alberto Sosa, Julio Vignolo y Clara Niz, elaboró un documento con recomendaciones.

El grupo advierte que el teletrabajo puede tener impactos en la salud. En relación a los “riesgos psicosociales”, se menciona el “aislamiento social, los conflictos intrafamiliares por la competencia de recursos (equipos informáticos, WI-FI), tiempos de trabajo excesivos y de descanso escaso, aumento de la carga cognitiva”. Además, se señala que el trabajo se entromete en “espacios y tiempos normalmente reservados para la vida personal y/o familiar”, lo que produce tensiones.

Existen, además, “factores de riesgo ergonómicos”, como mala iluminación o ventilación, así como problemas asociados a las características de las sillas o mesas que se utilizan para trabajar; y factores de seguridad, vinculados a el espacio de circulación en el domicilio.

Todo esto puede llevar a posibles problemas de salud, como el “estrés y sus consecuencias (alteración del sueño, ansiedad, angustia, trastornos cardiovasculares, digestivos); osteomioarticulares (cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, tendinitis de miembros) y alteraciones visuales”, como la fatiga visual.

Las recomendaciones

A nivel de la organización, el GACH recomienda “capacitar al trabajador sobre diseño ergonómico del puesto de trabajo”, entablar canales de diálogo individuales o colectivos, establecer las horas de trabajo y disponibilidad laboral -“con límites horarios claros”- y capacitar a los trabajadores para “pausas activas, periódicas”.

En cuanto al lugar y a su acondicionamiento para el trabajo, el GACH recomienda que la mesa en la que se trabaje debe ser “poco reflectante (mate)”; la mesa y la silla deben permitir que el trabajador tenga las piernas apoyadas en el piso “con comodidad”; usar la computadora en un escritorio, preferentemente con una silla regulable, buscando que no queden “los antebrazos y muñecas suspendidas en el aire”; el borde superior de la pantalla de la computadora “debe quedar al mismo nivel o ligeramente por debajo de los ojos” y a una distancia de 40 a 70 centímetros.

El GACH recomienda realizar cambios de postura y movimientos cada una hora de trabajo. En concreto, se sugiere “pausas activas de 5 a 10 minutos por cada hora de trabajo”. En ese tiempo se recomienda “realizar estiramientos en el cuello, zona dorsal y lumbar, además de hombros, brazos, antebrazos, manos y piernas. Cada grupo muscular se debe estirar suavemente durante 15 a 30 segundos”.

(Fuente: La Diaria, 23 de diciembre de 2020)

Vea el texto del decreto 346/2020 que limita el derecho de reunion y limita la libre entrada al país

E

En la mañana de hoy publicamos, como noticia, que se había reglamentado la ley 19932, la cual  se dictó para limitar los derechos establecidos en los artículos 37 y 38 de la constitución de la republica. Esa ley, la 19932, anunciaba en su contenido que se iba a emitir un decreto a los efectos de reglamentarla, dandonos mas detalles de las limitaciones que se imponian. Debemos saber que la constitución de la republica es una norma de mayor jerarquía que la ley; la ley es una norma dictada por el parlamento, mientras que el decreto (en este caso el decreto 346/2020) es dictado por el presidente de la republica junto al consejo de ministros. La ley, al ser una norma de menor jerarquía que la constitución no puede contradecirla, mientras que el decreto no puede contradecir a la ley, pues es de menor jerarquía aún. Es por esta razón que el decreto 346/2020, reglamentario de la ley 19932 (que limita los derechos consagrados en los artículos 37 y 38 de la constitución de la republica), no puede ser aplicado en violación de esta ley. Las autoridades públicas (Ministerio del Interior, Ministerio de Salus Publica, Ministerio de Defensa Nacional y los Gobiernos Departamentales) no podrán aplicar el decreto en violación de la ley.

Para mayor claridad les dejo el texto oficial del decreto 346/2020, el texto de la ley 19932 lo encontraran publicado más abajo en este mismo sitio.