Sobre
los lineamientos del Poder Ejecutivo para la sexta Ronda de Consejos de
Salarios
1. Entendemos que el cambio planteado en la
lógica de los ajustes salariales supone una modificación radical respecto a los
criterios que se venían planteando anteriormente. En efecto, hasta la
presentación de estos lineamientos los ajustes salariales se explicaban a
partir de un componente vinculado a la evolución de los precios –inflación
medida a partir del IPC- más un componente de incremento real. Con estos
lineamientos se pretende romper con esta lógica, aplicando un único componente
por “todo concepto”, desintegrando los dos conceptos anteriores a cambio de
mayor incertidumbre y librando los ajustes salariales a la evolución de
variables ajenas a los trabajadores, en lo que no se tiene control o incidencia
alguna.
Aceptar la lógica propuesta supone dotar de mucha
incertidumbre al resultado de lo negociado, incorporando en los acuerdos un
“efecto lotería” cuyo balance global recién podrá ser hecho una vez terminado
el plazo del convenio. En concreto esto se traduce en que para cualquiera de
los escenarios de ajuste previstos en los lineamientos, es imposible anticipar
qué sucederá con el poder de compra de los salarios.
2. El esquema de ajustes planteado no permite
asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo a lo largo del convenio.
Supongamos que la inflación se comporta en lo sucesivo como anticipan las
expectativas y se ubica en torno al 8% en el período julio 2015-junio 2016
(7,93% según Expectativas Privadas relevadas por el BCU) y además en los años
siguientes, la misma baja a razón de un punto porcentual por año. Con los
ajustes planteados para los sectores “con problemas” de 8% con base anual para
el primer año y 6,5% en el segundo año del convenio, este escenario implica una
pérdida de salario real a lo largo del período de dos años considerado,
solamente corregida al final del segundo año.
Cabe aclarar aquí que dicho correctivo implica reestablecer el poder
adquisitivo del salario con el nivel previo al ajuste inicial, pero eso no
impide la caída del promedio del salario real, que es lo que corresponde
analizar. Obviamente si la inflación es superior a lo esperado o no desciende
tan rápidamente, la pérdida salarial a lo largo de los meses del convenio será
todavía mayor, lo que supone un riesgo muy elevado para el conjunto de los
trabajadores.
3. Los lineamientos suponen una desvinculación
entre la evolución del salario real y el desempeño general de la economía.
Si bien los lineamientos plantean la necesidad de que los salarios se ajusten
en función de la realidad económica del país y se menciona la importancia de
compatibilizar el crecimiento salarial con el empleo, la competitividad y la
política antiinflacionaria, los ajustes propuestos están desvinculados
totalmente de la evolución de la actividad económica dada por la tasa de
crecimiento del producto.
Si la inflación se comporta como estiman los analistas privados en el primer
año y posteriormente desciende efectivamente un punto porcentual por año de
convenio, los lineamientos del gobierno conducirían a un incremento real de los
salarios de los sectores más dinámicos de como máximo 1,9% anual ante un
crecimiento del sector de más de 4%, que es lo que se requiere para ser
considerado un sector dinámico. Considerando que no todos los sectores van a clasificarse
como dinámicos y por tanto esos ajustes involucrarán solamente a una parte de
asalariados, en una economía que crece entre 2,5% y 3% anual en promedio (como
estima el propio gobierno para los próximos años) y con pocos movimientos por
el lado del empleo, esto conduce una caída de la participación de la masa
salarial en el producto.
4. La priorización de los salarios más sumergidos
es muy poco significativa, tanto en las mejoras propuestas como en función de
la cantidad de personas que abarca. Cabe acotar aquí que los salarios mensuales
por debajo de $12.000 y $14.000 nominales se corresponden con ingresos líquidos
inferiores a aproximadamente $9.600 y $11.200 respectivamente. Por lo tanto,
además de que los porcentajes adicionales propuestos son muy bajos, el umbral
para definir los salarios sumergidos es a todas luces insuficiente.
5. En lo que respecta al Salario Mínimo Nacional
(SMN), consideramos que los ajustes planteados son absolutamente insuficientes.
Teniendo en cuenta una inflación de 7,98% en el año 2016 (acorde a las
Expectativas Privadas relevadas por el BCU) y suponiendo que el ritmo de
crecimiento de los precios se reduce a razón de un punto porcentual por año, el
incremento del SMN en términos reales sería de entre 2,8% y 3,3% anual, difiriendo
según el año. Si la inflación no tiene una tendencia descendente tan marcada,
estas tasas serían todavía más bajas.
Esto determina que en el mejor de los casos, el
poder de compra del SMN (el salario sumergido por excelencia) crezca de forma
similar a las proyecciones actuales de desempeño del PIB. Con una trayectoria
de los precios algo diferente y donde la caída de inflación no sea tan
acentuada, el aumento real del SMN se ubicará por debajo del crecimiento del
PIB, lo que muestra con claridad la concepción regresiva de estos lineamientos.
6. La semestralización de los ajustes (en
contraposición de lo planteado por el propio gobierno en las últimas rondas que
era tender a los ajustes anuales) provoca un perjuicio para los trabajadores,
en tanto se dilata en el tiempo una parte del aumento ya acordado. Dividir el
ajuste nominal en dos partes no hace más que dilatar parte del aumento que
antes era anual, lo que inequívocamente configura una pérdida de salario.
Con un ejemplo resulta aún más claro:
Considerando un trabajador que gana $20.000 y acuerda un ajuste de 10% anual.
Si este porcentaje se otorga íntegramente en un sólo ajuste, el salario pasa a
ser de $22.000 y así se mantiene a lo largo de todo el año. En cambio, si este
monto se divide en dos partes (5% en un inicio y 5% al cabo de seis meses), el
salario va a ser de $21.000 en todo el primer semestre y de $22.050 en el
segundo semestre luego del segundo ajuste.
Si bien el salario al final del año es levemente superior en el caso en que los
ajustes son semestrales, es claro que si consideramos el conjunto del año el
ajuste anual es más favorable para los trabajadores ya que le permite ganar
$22.000 durante todo el año mientras que en el caso de ajustes semestrales, en
promedio gana $21.525 por mes.
La afirmación de que una periodicidad más breve entre los ajustes beneficia a
los trabajadores solamente tiene sentido cuando el criterio de los ajustes es
la inflación pasada.
7. Más allá del planteo de que el mantenimiento
de elevados niveles de empleo es un objetivo prioritario para el gobierno, en
los lineamientos no se establecen compromisos en este sentido. Ni se garantizan
los niveles de empleo actual ni se establecen salvaguardas ante una situación
adversa. De igual forma, tampoco se establecen compromisos con respecto a la
evolución de la inflación ni medidas tendientes a analizar la conformación de
los precios.
8. No compartimos la idea que subyace en los
lineamientos de que sólo se puede mejorar la distribución de los ingresos
cuando la economía crece significativamente. Por el contrario, consideramos que
la política salarial es una herramienta clave del punto de vista distributivo y
no puede ser subsidiaria del control de la inflación o la rentabilidad de las
empresas tal como se desprende de estos lineamientos.
Si bien compartimos los objetivos de mantener el empleo, reducir la inflación y
no deteriorar la competitividad (en el sentido sistémico y estructural del
término), no apoyamos que deba ser el salario de los trabajadores la variable
de ajuste y mucho menos la única.
9. En nuestro país, por disposición
constitucional los ajustes de las jubilaciones y pensiones están vinculadas a
la variación del Indice Medio de Salarios. Una evolución más moderada de los
salarios en comparación a los años anteriores, tal cual se desprende de los
lineamientos, también incide en el sentido de una moderación en la evolución de
las jubilaciones.
(Posición del Instituto Cuesta Duarte)