Otra seguridad social es posible. Critica a la reforma jubilatoria (II)

La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio, aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.   

Desde el comienzo de la discusión, el movimiento sindical planteó la necesidad de adoptar una visión amplia e integral del sistema de seguridad social, que abarcara otras dimensiones de la protección social como atención a la primera infancia, profundizar en el sistema de cuidados y una mayor inversión social para las personas con discapacidad. Lejos de ser un obstáculo para alcanzar acuerdos, ampliar la agenda de temas a considerar contribuye a garantizar un progresivo mayor despliegue del Estado de Bienestar que, al tiempo de atender la sostenibilidad económico financiera del régimen jubilatorio, suponga un avance en diversas dimensiones de la matriz de protección social en las que el país se encuentra rezagado.

Una reforma integral de la seguridad social para las próximas décadas no puede obviar cambios en su matriz de financiamiento. El gobierno optó por no discutir los ingresos del sistema y las diversas inequidades en torno al financiamiento. Se desestimaron diversas propuestas formuladas por el PIT CNT como revisar diversas exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, reequilibrar las mucho mayores contribuciones del trabajo y en relación a los aportes del capital e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio. 

Sobre la Caja Militar, el subsistema más deficitario e inequitativo de todos, la reforma planteada propone que los militares continúen retirándose a edades bajísimas y en algunos casos con el doble del salario, durante los próximos 10 años. Este tipo de transiciones o incluso más largas, imprescindibles para los trabajadores y trabajadoras amparados por el régimen general, resultan inaceptables en el caso de la Caja Militar. Para dar verdadera legitimidad social al proceso, este subsistema requiere cambios más urgentes y profundos, en relación a los previstos para el resto de la población.     

Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Se propone un aumento en la edad mínima de retiro sin contemplar desigualdades, y una mayor exigencia de años cotizados para acceder a la jubilación, que implicarán un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad.

El proyecto de reforma no solo no plantea cambios relevantes en cuanto a la articulación entre los pilares contributivo y no contributivo, sino que propone un suplemento solidario que, si bien tiende a focalizar subsidios entre los sectores de menor ingreso relativo, plantea un mecanismo de ajuste que implicará que se vaya debilitando a medida que pasa el tiempo. Esta “licuación” o debilitamiento del suplemento solidario va en dirección opuesta a las transformaciones que requiere el sistema a mediano y largo plazo. Dada las debilidades y precariedad del mercado laboral y la tendencia a una mayor desigualdad y exclusión de sectores con menores calificaciones y habilidades que tienden a transformarse en obsoletas, el sistema de protección social en general y jubilatorio en particular precisa fortalecer cada vez más los pilares no contributivos que garantizan los derechos de la población más vulnerable. Con esta propuesta en particular, la reforma propuesta plantea consolidar a mediano y largo plazo un régimen cada vez más contributivo, que tiene de erosionar los componentes solidarios y redistributivos del sistema.  

Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años de edad y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales. Además, las estimaciones presentadas muestran que no es correcto lo afirmado por los impulsores de la reforma, cuando señalan que las personas deberán jubilarse más tarde pero que no percibirán jubilaciones más bajas a las que otorga en régimen vigente a edades más tempranas. El análisis muestra que alguien que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con $ 36.700, pasará a retirarse a los 65 años de edad con unos $ 28.400, una diferencia superior a $ 8.000 que representa una caída de 23% en el haber jubilatorio mensual.

Otra de las diferencias centrales con la reforma propuesta refiere a la visión sobre el desempeño del régimen de capitalización individual durante estos 26 años y la necesidad de una reforma estructural de este pilar. El PIT CNT propone eliminar las AFAP y trasformar el actual régimen en un pilar de ahorro administrado profesionalmente por una agencia estatal especializada sin fines de lucro. 

Por último, la propuesta de reforma tiene serios problemas de diseño, al plantear cambios muy drásticos entre trabajadores con apenas unos días o meses de diferencia en su edad. Concretamente, se plantea que mientras alguien nacido en 1972 pueda jubilarse en 2032 a los 60 años de edad bajo el régimen vigente, una persona nacida en 1973 tenga condiciones totalmente diferentes: enfrentará una edad mínima de retiro de 63 años por lo que recién podrá jubilarse en 2036, con una ponderación de 65% del régimen propuesto y solo un 35% del régimen vigente.

Extraído de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.

 

 

 

Catástrofe Climática

 

La cumbre del clima de las Naciones Unidas aborda quizás el reto más importante que hoy atraviesa la humanidad. Pero sus críticos señalan que lo escaso de sus resultados hasta ahora -que no han logrado prevenir la muerte de decenas de miles en la crisis climática ni alejar las proyecciones más temidas- demuestra que los Estados parte siguen lejos de dar la talla.

«Es lo mejor que tenemos al día de hoy» y «no tenemos alternativas en este momento» parecen ser, palabras más, palabras menos, las defensas más sentidas de los defensores de las COP (Conferencia de las Partes, en el argot de las Naciones Unidas). Tales suelen ser las respuestas a las múltiples críticas que desde el activismo ambiental han empezado a llover sobre estos eventos y a los consuetudinariamente incumplidos (e incompletos) acuerdos que de ellos emanan. Antes de la inauguración de la COP27, que por estos días se celebra en Egipto, la activista sueca Greta Thunberg, asistente destacada de la última conferencia, anunció que no iría a una cumbre diseñada por los poderosos para dedicarse al «greenwashing, las mentiras y las trampas».

Las Naciones Unidas, el organismo internacional que impulsa estas cumbres, es consciente de la dimensión que está cobrando este descrédito: «La COP27 debe ser donde se cierren la brecha de ambición, la brecha de credibilidad y la brecha de solidaridad» en materia de combate al cambio climático, dijo días antes de su apertura el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Como parte de su argumentación, los defensores de las COP suelen apuntar a uno de los éxitos de estas conferencias (quizás el único gran éxito): el Acuerdo de París. Logrado en la COP21, celebrada en 2015, el acuerdo, que se supone es legalmente vinculante, ha sido ratificado por 194 Estados miembros de los 198 que conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluidos todos los grandes emisores de gases de efecto invernadero excepto Irán.

En París se acordó que, pase lo que pase, la humanidad debe mantener el aumento de la temperatura global –se toman como punto de partida los niveles preindustriales– «muy por debajo de los 2 grados» y, en lo posible, limitarlo a 1,5 grados. Para ello, las emisiones deben reducirse un 50 por ciento entre 2015 y 2030, y será necesario haber alcanzado el cero neto para 2050. Cero neto o neutralidad de carbono significa que o bien se eliminan las fuentes humanas de emisiones, o bien se logra un equilibrio entre la cantidad de gases de efecto invernadero que se emite y la que eventualmente se remueva de la atmósfera.

Un aumento de 1,5 grados, ese ambicioso límite, no significa librarnos de los efectos del cambio climático. Ya nos las hemos arreglado para aumentar la temperatura global en 1,15 grados, décimas más o décimas menos, de acuerdo a las últimas cifras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Con eso ha bastado para que los últimos ocho años hayan sido los más calientes desde que existe registro y para que el ritmo de crecida del nivel de los mares se haya duplicado en los últimos 30 años.

Con apenas 1,15 grados de aumento, los glaciares cordilleranos y las grandes capas de hielo en el norte y el sur del planeta ya se están derritiendo a velocidad récord. Los océanos se han vuelto un 30 por ciento más ácidos. Las inundaciones de este año en Pakistán mataron a más de 1.700 personas y destruyeron unos 2 millones de viviendas y el 80 por ciento de los cultivos. El Cuerno de África, una de las regiones más pobres del planeta y hogar de unos 140 millones de personas, ya va para el quinto año ininterrumpido de sequía: 22 millones de personas están a punto de morir de hambre, avisa la ONU. La megasequía del suroeste de Estados Unidos lleva cuatro años y es la mayor en esa zona en los últimos 1.200 años, según la Universidad de California-Los Ángeles. En Europa, las máximas estivales van camino a superar los 50 grados antes de 2025 y la ola de calor de mediados de este año –que no llegó a alcanzar esos picos de temperatura– mató, al menos, a 15 mil personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Podrían ser apenas una fracción de las víctimas fatales de la ola de calor que se vivió en China este año, entre mediados de junio y fines de agosto, la «más severa» en términos de duración, extensión espacial, intensidad e impacto desde que existe registro, según la calificaron las autoridades locales.

Los eventos meteorológicos y climáticos de alto impacto del año pasado afectaron directamente a más de 500 mil personas y causaron daños económicos superiores a los 50.000 millones de dólares, según la OMM. Todas estas catástrofes han sido causa del cambio climático producido por la acción humana: en eso coinciden investigadores de las mayores universidades del planeta y de las principales agencias intergubernamentales. Y todo esto, sin haber alcanzado aún el dorado límite de los 1,5 grados de aumento. De hecho, es posible que inmensos reguladores de la temperatura y la biodiversidad globales ya estén en camino de desaparecer: las capas de hielo de Groenlandia y el oeste de la Antártida, el permafrost del hemisferio norte, los arrecifes de coral de todo el mundo y una de las mayores corrientes oceánicas del Atlántico pueden haber entrado ya en un proceso irreversible de colapso gracias al actual «modesto» aumento de 1,15 grados. Así lo reveló en setiembre un estudio publicado en Science por investigadores de primera línea de las universidades de Estocolmo, Exeter y Potsdam.

A TODA MÁQUINA

Lo cierto es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido en su último informe que alcanza con que sigamos usando la infraestructura de combustibles fósiles ya instalada para que las emisiones salgan pronto disparadas muy por encima del límite de los 1,5 grados. La Agencia Internacional de Energía, en tanto, repitió en mayo del año pasado que cualquier nuevo proyecto de extracción de petróleo, gas o carbón es incompatible con la meta del cero neto en 2050. En otras palabras: será imposible llegar a esa meta si se sigue invirtiendo en estas fuentes de combustible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, y a paso acelerado.

Desde 2020, las empresas petroleras y de gas han venido agregando unos 160.000 millones de dólares a sus inversiones extractivas. La aplastante mayoría de estas compañías tiene planes de continuar expandiendo su producción en los próximos años, según un reciente relevamiento de la ONG alemana Urgewald, y gobiernos de todo el mundo, incluido Uruguay, están abriendo licitaciones para nuevos proyectos de búsqueda y extracción de combustibles fósiles. La guerra en Ucrania, que ha disparado los precios del petróleo y el gas, ha sido bienvenida por la industria como un impulso a la producción.

 

 

Se calcula que solo durante este año se bombearán a la atmósfera 36.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, de acuerdo al Global Carbon Project, que lleva estas estadísticas desde 2001. Exceptuando el punto álgido de la pandemia de covid-19, la cifra se mantiene prácticamente estable desde 2018 y no da muestras de disminuir. En caso de ejecutarse los proyectos ya sobre la mesa de las grandes compañías, otros 115.000 millones de toneladas irán a la atmósfera en los próximos años. Al mismo tiempo, la producción de carne animal para consumo humano llegó en 2021 al récord de 340 millones de toneladas y se espera que al cierre de este año supere esa cifra, empujada por la creciente demanda de carne, según ha informado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Junto con la quema de combustibles fósiles, la ganadería es una de las dos mayores actividades emisoras de gases de efecto invernadero y, combinada con la agricultura (de la que más del 30 por ciento es para alimentar ganado), es la mayor causa de deforestación en el mundo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

CAMINO AL INFIERNO

En este marco, la OMM informó meses atrás que la chance de que se superen los 1,5 grados de aumento en los próximos cinco años es de un 50 por ciento. Para James Dyke, profesor de Sistemas Globales en la Universidad de Exeter, Robert Watson, profesor emérito de Ciencias Ambientales en la Universidad de East Anglia, y Wolfgang Knorr, científico investigador sénior en Geografía Física y Ciencias de los Ecosistemas en la Universidad de Lund, se trata de un pronóstico más que modesto. Ya en la COP de París de 2015, afirman en un largo artículo publicado en The Conversation en abril del año pasado, «nadie pensó que limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C fuera posible». «Nos cuesta nombrar a algún científico del clima que en ese momento pensara que el Acuerdo de París era factible», sostienen. Para establecer ese límite como algo alcanzable, los negociadores del Acuerdo de París se respaldaron en proyecciones matemáticas que incluían sofisticadas tecnologías para secuestrar carbono de la atmósfera, tecnologías que aún en la actualidad no se han desarrollado, por falta de suficiente investigación o por costos excesivos de implementación que las hacen inútiles, señalan los tres investigadores.

«Ha llegado el momento de expresar nuestros temores y ser sinceros con la sociedad en general. Las actuales políticas de cero neto no mantendrán el calentamiento dentro de los 1,5°C porque nunca lo pretendieron. Fueron y siguen siendo impulsadas por la necesidad de proteger los negocios como siempre, no el clima», rematan. En la víspera de la COP27, las propias Naciones Unidas debieron admitirlo: «No existe hoy un camino creíble para seguir por debajo del límite de 1,5», se resignó, el 27 de octubre, el Programa para el Medio Ambiente del organismo.

Y nada parece indicar que ese camino aparezca en esta COP. El borrador de acuerdo que se publicó este jueves y sobre el que trabajarán los negociadores este fin de semana –la COP debía terminar hoy viernes, pero la falta de avances obliga a estirar el cierre– no dice nada sobre dejar de usar combustibles fósiles o de reducir los actuales niveles de producción ganadera. La Unión Europea e India habían pedido que se incluyera en el documento final un llamado a «eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles», pero el texto solo habla de «acelerar medidas hacia la disminución progresiva de energía carbonífera que no incluya tecnologías de captura de carbono, y hacia la eliminación progresiva y la racionalización de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles». De hecho, el año pasado, en Glasgow, fue la primera vez en la historia de las 27 COP que todas las partes acordaron mencionar, en una declaración conjunta, los combustibles fósiles y el carbón en referencia a la situación climática.

Mientras tanto, unos 636 lobistas de la industria de los combustibles fósiles asisten a esta COP, casi un centenar más de los que asistieron a la COP26, según documentó la ONG Global Witness esta semana. Son el doble de los delegados que han asistido por todos los pueblos indígenas del mundo. El contingente de lobistas supera el de delegados de cualquier nación de África, en una cumbre a la que se ha llamado «la COP africana».

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1930. TITULO ORIGINAL: “LA COP27 Y LA FALTA DE AVANCES CONTRA LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA. Punto muerto”. Autor: Francisco Claramunt,  18 de noviembre, 2022

 

 

 

La recuperacion salarial no se dara por el momento.

 

Según estudio del Cuesta Duarte, no se espera que durante 2022 comience el proceso de recuperación de salario real que anunció el gobierno

Señala que la economía uruguaya genera mayor valor que hace tres años, pero la reducción de la masa salarial real provocó un “empeoramiento en la distribución del ingreso entre trabajo y capital”

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un informe con datos sobre los salarios durante el tercer trimestre de 2022, que va de julio a setiembre, con base en las publicaciones que hizo el Instituto Nacional de Estadística con el valor del Índice Medio de Salarios (IMS). El documento muestra que “durante el tercer trimestre del año, la variación interanual del Índice de Precios del Consumo (IPC) se ubicó en porcentajes similares a la del IMS, en el entorno de 9,5% a 10% aproximadamente”. De acuerdo a esto, señala que el salario real medio del período estudiado es similar al del mismo período del año anterior, por tanto, “el proceso de recuperación de las remuneraciones en términos reales, anunciado a partir de mediados de 2021, al tercer trimestre de 2022 todavía no ha comenzado, según los datos que surgen de comparar el IMS con la inflación”.

En el documento se apuntó que “el poder de compra del salario promedio se ubica 3,6% por debajo del que tenía en el tercer trimestre de 2019 y es 3,5% inferior del que registraba en el promedio de todo el año 2019”. El deterioro del salario real se explica por la “aceleración inflacionaria luego de iniciada la pandemia”, la implementación de la “ronda puente de Consejos de Salarios” entre julio de 2020 y junio de 2021 en la actividad privada y el reducido ajuste salarial para los trabajadores estatales en enero de 2021. A eso se sumó que en el período en que comenzaría la recuperación del salario, entre julio de 2021 y junio de 2022, hubo una aceleración de la inflación. 

“Esta realidad junto a los insuficientes porcentajes de ajuste salarial previstos en los lineamientos del Poder Ejecutivo, en particular para el sector privado, no sólo impidieron que en dicho año móvil se iniciara la recuperación, sino que continuó la trayectoria de pérdida. De esta manera, en junio de 2022 se verificó el menor valor del Índice Medio de Salario Real desde el comienzo de 2020”, se afirma. 

A partir de julio de este año se aplicaron “algunos correctivos por inflación” y se hicieron “los ajustes salariales tradicionales ya previstos”; eso evitó que el salario real siguiera cayendo en el período julio-setiembre, pero, de todas formas, al finalizar el año el salario real medio, en promedio, “se ubicará algo por debajo del promedio de 2021”. El informe asegura que el deterioro del poder de compra del salario medio “lleva acumulándose 31 meses” y aunque a finales de 2024 o en 2025 se alcance el nivel que tenía antes de la pandemia, serán cuatro años de pérdida acumulada del “bienestar económico de los asalariados”. 

El análisis presenta los posibles escenarios que podrían derivar en un incremento en los salarios durante el último trimestre del año y señala que “cabría esperar que el IMS interanual en diciembre converja a una variación en torno a 9,5%”, por tanto,“si la inflación se ubica, como está proyectado, en niveles algo superiores a 9%”, se generaría “una estabilidad del salario real medio en la comparación “punta a punta” en el año 2022”. 

Sin embargo, el análisis anual muestra que, debido a la incidencia de un primer semestre muy negativo de 2022, “vamos a un nuevo año de caída del salario real medio” en términos de promedios reales: “El proceso de inicio de recuperación del nivel de salario real previo a la pandemia, que iba a comenzar en julio de 2021 según lo anunciado por el gobierno, queda postergado para 2023”. 

En cuanto a la evolución del salario del sector privado, se constató “una caída generalizada del poder de compra de los salarios en los últimos tres años (es decir, en la comparación de la situación actual con la vigente prepandemia)”. Las ramas que menos sufrieron la caída fueron las que pudieron seguir manteniendo un funcionamiento “relativamente normal” durante la pandemia, mientras que la gran mayoría tuvo una pérdida de salario real en el entorno de 4%. También hubo sectores con pérdidas que superaron el promedio general, como por ejemplo el transporte, restaurantes y hoteles. 

Como conclusiones finales, el informe dice que al finalizar 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará “aproximadamente 3% por encima de su nivel promedio de 2019, mientras que el salario real medio estará alrededor de 4% por debajo de dicha referencia” y que la masa salarial global también finalizará el año 2022 por debajo del año 2019. Debido a esto, sostiene que aunque la economía uruguaya genera mayor valor económico que hace tres años, la masa salarial real “se ha reducido en términos absolutos”, lo que provocó un “empeoramiento en la distribución del ingreso entre trabajo y capital”.

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 10 de noviembre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Según estudio del Cuesta Duarte, no se espera que durante 2022 comience el proceso de recuperación de salario real que anunció el gobierno”.

¿Cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes de sus afiliados?

 

La comisión máxima del sistema se redujo a la mitad desde 2017, pero todavía representa 6,5% de los aportes que hacen los trabajadores.

El dato

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) cobran a sus afiliados entre 4,3% y 6,5% de los aportes previsionales que estos realizan para administrar sus ahorros previsionales. Solamente cinco años atrás la comisión máxima del sistema alcanzaba el 13% del aporte del trabajador, el doble que el valor máximo actual. En los 21 años previos, contados desde la creación del sistema, la comisión máxima se mantuvo prácticamente igual. ¿Qué pasó entonces?

El contexto

¿Qué son las comisiones? ¿Por qué es importante saber cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes?

Las AFAP administran los aportes personales a la seguridad social de los trabajadores que cotizan al Banco de Previsión Social (BPS) por salarios superiores al límite de aportación obligatorio (71.726 pesos) y de aquellos que, teniendo salarios menores, se afilian voluntariamente a una AFAP (cerca de 90% de los trabajadores jóvenes lo hace).

Como retribución por administrar las cuentas de los afiliados e invertir sus ahorros las AFAP cobran una comisión. La comisión se calcula como un porcentaje de los aportes que hacen los trabajadores al pilar de ahorro individual. A mayor comisión, menor el monto de dinero que queda en la cuenta individual del trabajador.¹

En este mercado actualmente operan cuatro AFAP: tres de capital privado (Sura, Integración y Unión Capital) y una de capital público (República AFAP). La existencia de una empresa pública en este mercado es una particularidad de Uruguay. La reciente iniciativa de reforma presentada por el presidente de Chile Gabriel Boric, incorpora la participación de una empresa de inversión pública, en el marco de otras transformaciones que plantea para todo el sistema de seguridad social.

¿Por qué bajó a la mitad la comisión máxima cobrada por el sistema?

En los mercados en los que se cumplen los supuestos clásicos de la competencia –existen productos relativamente homogéneos, numerosos oferentes y personas informadas–, los consumidores elegirán la opción más conveniente. Los mercados de ahorro previsional presentan ciertas fallas que restringen sensiblemente la competencia. Los consumidores no siempre eligen la opción que más les conviene (aquella que les permite obtener el mayor capital al final de su vida laboral), y las empresas carecen de incentivos para bajar sus costos. Por eso es necesaria la regulación de estos mercados.²

Desde comienzos de siglo, y particularmente desde 2005, República AFAP tuvo una política de reducción de las comisiones que les cobra a sus afiliados. La casi inexistencia de competencia permitió al resto de las empresas mantener sus precios sin perder participación relevante en el mercado. La diferencia de precios entre República AFAP y sus competidoras llegó a alcanzar un máximo de 171% en 2017. Por ello, en 2018 se reguló la comisión máxima que pueden cobrar las empresas. El límite máximo se fijó en 50% por encima de la comisión mínima del sistema.

Desde entonces, luego de un período de transición que fijó la ley, las AFAP privadas cobran 50% más que lo que cobra República AFAP. Sus precios se establecen en el límite máximo que fijó la regulación.

¿Qué propone el proyecto de ley que actualmente está en el Parlamento?

El proyecto de reforma de la seguridad social a estudio del Parlamento modifica el criterio para regular la comisión máxima. El nuevo tope se fijó en 20% por encima de la comisión promedio del sistema, ponderada por el volumen de fondos que administra cada AFAP. También se establece que dicho valor no podrá superar el vigente al 31 de diciembre de 2021. Si se aplicara este criterio, a valores actuales la comisión máxima bajaría levemente, de 6,5% a 6,3%.

Tanto el sistema vigente como el que se propone para reemplazarlo tienen un punto débil. Ninguno de ellos plantea incentivos para seguir bajando las comisiones a futuro. El vigente, que fue muy útil para disminuir diferencias de precio que llegaron a 171%, ha llegado a un estancamiento. Hacia adelante las nuevas rebajas dependen de las decisiones que tome República AFAP. Las AFAP privadas criticaron este hecho en el pasado. Tampoco mostraron voluntad de disminuir las comisiones por debajo del tope legal vigente. Probablemente atendiendo este reclamo empresarial, el gobierno plantea este nuevo formato, que topea las comisiones tomando como referencia el promedio del sistema más 20%. Este garantiza que a futuro no subirán respecto de los valores de cierre de 2021, pero no genera incentivos a realizar nuevas reducciones a futuro.

El problema de los altos costos de los sistemas privados de ahorro individual no es exclusivo de Uruguay, sino que es un rasgo que también afecta al resto de los países de la región. Según la FIAP, organismo que nuclea a asociaciones y cámaras de empresas administradoras de fondos, Uruguay se encuentra a mitad de tabla en la región. Sus comisiones promedio son mayores que las de México y Bolivia y menores que las de Chile y Colombia.³ Todavía queda tela por cortar. La historia de este sistema en Uruguay muestra que sin una regulación que incentive a realizar nuevas rebajas, es probable que las comisiones se mantengan estancadas en los niveles actuales. Ya pasó durante 21 años y nada indica que no vuelva a suceder.

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1. Al trabajador también se le descuenta una prima de seguro colectivo para cubrir el riesgo de invalidez o fallecimiento en actividad. Esta prima actualmente representa aproximadamente 15% del aporte. ↩

2. Parte de esta discusión la abordamos con Rodrigo González en la diaria de 27 de enero de 2018. ↩

3. A efectos de poder ser realizable la comparación, solamente se toman en cuenta los países que cobran comisiones como un porcentaje del salario de aportación. ↩

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 14 de noviembre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Gráfico de la semana | Seguridad social: ¿cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes de sus afiliados?”. Autor: Braulio Zelko.