Una exjefa
de gabinete, dos ex ministros, un congresista, un abogado de Cusco, un escritor
de Puno y un taxista de Juliaca opinan sobre cómo se llegó a este punto y cuál
es la salida.
Desde que
el 7 de diciembre Pedro Castillo se presentara frente a las cámaras anunciando
el cierre del Congreso por “la labor obstruccionista de una mayoría de
congresistas identificada con intereses racistas”, Perú ha entrado en un estado
de caos social en el sur, normalidad en la capital y resto del país,
incertidumbre política y estabilidad económica. El caos, aunque focalizado en
las regiones del sur, se ha traducido ya en 46 fallecidos: 39 civiles en
enfrentamientos, siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a
los bloqueos de carreteras, y un policía, además de 542 civiles y 290 policías
heridos.
Las
posiciones son extremas y enfrentadas; de un lado, una población cuyos muertos
ya no la dejan aceptar otro objetivo que no sea la dimisión de la presidenta,
Dina Boluarte, y la convocatoria inmediata de elecciones; por otra parte, un
gobierno cuyo primer ministro, Alberto Otárola, declara que Boluarte no va a
dimitir y pide a los peruanos que “confíen en la democracia, confíen en el
estado de derecho. Confíen en los derechos humanos. Confíen en sus
instituciones. Tengan confianza en su Policía, en sus Fuerzas Armadas”. Sin
embargo, las cifras parecen contradecir esta seguridad. Frente a los casi 50
fallecidos, apenas se informa de detenidos y mucho menos de la apertura de
investigaciones internas en el seno de la Policía o las Fuerzas Armadas.
La jornada
del lunes 9 terminó con 18 víctimas mortales. En la noche los disturbios se
ampliaron a Puno, donde fueron quemadas las dependencias de la Aduana, y a
Ilave, donde incendiaron la casa del congresista por la región Jorge Luis
Flores Ancachi. Al día siguiente, la noticia de la aparición de un policía
calcinado junto a su vehículo con muestras de haber sido torturado cerró la
jornada más dramática hasta el momento.
Cuando el
gobernador de Puno, Richard Hancco, abandonó la conexión con la reunión que se
estaba realizando en Lima entre gobernadores regionales, Lima se percató de que
algo grave estaba sucediendo en el sur. La reunión era presidida por Boluarte,
quien, mirando a cámara, se mostró sorprendida y declaró: “Me acaban de comunicar
que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos de donde
todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro
lo que están pidiendo”.
El martes
10, el gobierno presidido por Otárola tenía agendado presentarse ante el
Congreso de la República para solicitar su voto de confianza, un trámite
obligatorio para todos los gobiernos en el plazo de los 30 días después de su
nombramiento. La entrada del premier y sus ministros fue acompañada de gritos
de “asesinos, asesinos” y exhibición de pancartas por parte de una oposición
enervada a causa de las declaraciones previas del aspirante a gobernar: “Está
sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país”. Después, el premier
compartiría su programa de nueve ejes e invitaría a alguno de sus ministros a
ampliar las medidas, especialmente económicas, para superar la crisis. El
posterior debate evidenció la atomización y polarización de los miembros del
Congreso. De un lado surgieron las acusaciones de que las protestas son
instigadas por parte del narcotráfico, la minería ilegal e incluso residuos de
Sendero Luminoso, mientras que del otro se acusaba al gobierno de tener un
carácter cívico militar y de haber dado una respuesta desproporcionada a las
manifestaciones.
El gobierno
pasó el trámite con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones,
mientras Juliaca convocaba una masiva manifestación en torno a los ataúdes
donados por la asociación de funerarias. Al mismo tiempo que los representantes
de los diferentes ministerios hablaban de las compensaciones a las víctimas y a
las regiones, la emisora local La Decana de Juliaca iba anunciando las
donaciones de los mercados y agrupaciones de comerciantes de miles de soles a
las familias de los fallecidos e internados en cuidados intensivos. El
miércoles 11, mientras las calles de Juliaca vivían el duelo, la protesta se
trasladó a Cusco y era Qosqo Times, otro medio local de la antigua capital del
Tahuantinsuyo, el que informaba del nuevo intento de toma del aeropuerto y la siguiente
víctima mortal, un dirigente comunal de 50 años.
¿Cómo es
posible llegar a estas cifras de caos y muerte? ¿Dónde se encuentra la salida a
una situación que parece trabada en posiciones antagónicas que no desean el
consenso sino sólo la victoria? Se lo hemos preguntado a la última premier del
ex presidente Pedro Castillo, al que acompañaba cuando anunció la disolución
del Congreso, a dos ex ministros del primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski,
en cuya administración se dice que el obstruccionismo del congreso fujimorista
dio comienzo a la actual crisis, a uno de los congresistas más fustigados por
la actual oposición, a un abogado de Cuzco; a un escritor de Puno y a un
taxista de Juliaca.
Betssy
Chávez ha sido la última premier de la presidencia de Pedro Castillo y es
congresista por la región de Tacna. El 7 de diciembre, cuando el expresidente
ordenó la disolución del Congreso, ella era una de los presentes junto a otros
cuatro ministros, y se quedó a su lado y lo acompañó los siguientes días de
detención. Ese 7 de diciembre marca un antes y un después para Chávez. En su
opinión, Boluarte tomó una serie de acciones que en varias regiones de Perú
fueron consideradas una traición.
Desde el
día uno del gobierno de Castillo, afirma, se ha dado una acción paralizante por
parte de la dirigente opositora Keiko Fujimori y un sector del Congreso en
todos los ámbitos. Por ejemplo, se han interpuesto tres mociones de vacancias,
una serie de interpelaciones y censuras a diferentes ministros, y se han
rechazado más de 70 proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo al
legislativo. El primero de ellos buscaba precisamente el equilibrio entre los
dos poderes con la eliminación de las figuras de disolución del Congreso y de
vacancia presidencial para conseguir en su lugar la creación de consensos.
La
distribución de bancas en el Congreso ya comienza a marcar una discriminación,
señala: entre Lima, Lima provincia y el Callao suman 40 de los 130 plazas de
congresistas. Todo Perú alimenta a Lima, pero en regiones no hay carreteras
bien hechas, hay sistemas de salud totalmente deficientes, no hay agua ni
alcantarillado, no hay gas. En su opinión, hace falta una modificación de la
distribución de las bancas. El congreso fujimorista de 2016 (con 73
congresistas de Fuerza Popular) ha convertido al Ministerio Público, la Fiscalía
de la Nación, en un poder apéndice que abraza al Congreso y tiene el statu quo
para permanecer en el poder, afirma. Es una situación compleja del poder, de la
que los campesinos y la clase trabajadora son conscientes, y han salido a
protestar autoconvocándose, porque no tienen ningún político detrás de esto,
porque todos los políticos están bloqueados y siendo investigados, por
organización criminal, por rebelión, por conspiración o por cualquier otra
figura, agrega.
Manifestación
y homenaje final a Remo Candia, líder de la comunidad campesina de Anta,
fallecido tras una protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte, en Cusco.
Manifestación
y homenaje final a Remo Candia, líder de la comunidad campesina de Anta,
fallecido tras una protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte, en Cusco.
Jorge Nieto
Montesinos fue ministro de Cultura y de Defensa en el primer gabinete de Pedro
Pablo Kuczynski, en 2016. En diciembre rehusó a presidir el gobierno de
Boluarte al negarse ella a cambiar a los ministros directamente relacionados
con las consecuencias de la represión de las movilizaciones de los días 14 y 15
de diciembre. Su análisis comienza con la cita del historiador Jorge Basdre de
1929: “La multitud en el Perú tiene largos e inexplicables silencios que rompe
cada cierto tiempo con una violencia y un sentimiento de despojo brutal”.
Nieto
considera que estas movilizaciones en general obedecen a agravios ancestrales a
una población abandonada y con enormes necesidades básicas, como el agua
potable y la electricidad, mucho más allá de la reciente crisis política o
incluso de la que azotó al gobierno en el que ejerció en 2016, en el que
algunos marcan el inicio de la actual crisis por el obstruccionismo
parlamentario fujimorista. Sin embargo, existen en paralelo minorías
organizadas con capacidad de recursos que compiten con el Estado y que han
tenido capacidad de darles algún tipo de orientación a estas protestas. Se
refiere a la minoría ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que tienen
formas primarias de control del territorio con el uso y ejercicio de la
violencia física y, en algunos casos, de impartición de justicia (en junio del
año pasado 14 mineros ilegales fueron asesinados con armas de gran calibre en
Ocoña, Arequipa, presuntamente por otros mineros ilegales, en un suceso que aún
no está aclarado). No descarta además la existencia y asistencia en las
protestas de un actor adicional, remanentes de Sendero Luminoso, que haya
intentado darle algún tipo de orientación.
Amilcar
Romero Beltrán es abogado formado en Francia, preside Ankawa Internacional, una
asociación especializada en el apoyo de los derechos humanos y los procesos
democráticos. Ha nacido y reside en Cusco, ciudad en la que se registró el
último fallecido hasta el momento. Al igual que Nieto, señala que el
denominador común de los motivos de la actual crisis es la exclusión de una
parte importante de la población, ya que nunca se creó un proyecto de Estado en
Perú a partir de una idea común. El único fin ha sido el saqueo de los recursos
del país, dice. Un estado de derecho construido en la exclusión, que ha
generado, ademas, fuertes economías paralelas.
En este
contexto, dice, no se trata de una lucha entre buenos y malos. Agrega que está
muriendo gente defendiendo intereses y agendas que se mueven por debajo de la
mesa, y que parte de la población arrastra un sentimiento de derrota y
abandono. Romero explica cómo la protesta del 11 fue precedida de marchas y
concentraciones masivas de carácter pacífico que no alteraron el normal
funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, una nueva reunión de dirigentes
determinó la decisión de la toma del aeropuerto y, en ese intento, se generaron
los altercados que finalizaron con un muerto y varios heridos.
Guillermo
Bermejo es congresista. Consiguió su banca por Perú Libre, pero dejó la
formación para constituir el grupo Perú Democrático. Es uno de los congresistas
más discutidos desde las filas opuestas, que lo acusan de proximidad a Sendero Luminoso,
acusación que rechaza y ha defendido con éxito ante tribunales. La explicación
de Bermejo de la crisis es coincidente con las de Nieto y Romero: el éxito
macroeconómico del país de los últimos 30 años no se siente en las grandes
mayorías, sobre todo, de los lugares que producen la riqueza (minerales y gas),
y en particular en el sur. Esa región siente una gran desazón al no ver el
desarrollo en sus zonas, que carecen de hospitales, escuelas, carreteras, y
además sienten el ninguneo y desprecio a su identidad.
Esa
población sintió que Castillo era el inicio de una serie de cambios que la
derecha no ha permitido. “Por eso, fui el primero en manifestar mi oposición al
cierre del Congreso, que considero que hizo de una manera no calculada y que ha
tenido como consecuencia la llegada de la derecha al gobierno de la mano de
Dina Boluarte, que se aferra al poder”, dice. Es especialmente grave porque en
este año vencen los contratos petroleros y mineros y entra una inversión de
54.000 millones de dólares, agrega. Los nuevos contratos tendrán una vigencia
de 25 o 30 años, y con ellos se asegura la fortuna de las generaciones
venideras de aquellos que estén en las mesas de negociación. Otra consecuencia
de la decisión de Castillo es que ha dejado de hablarse de los casos de
Odebrecht, el Club de la Construcción, el Caso Cócteles sobre la financiación
de las campañas de Keiko Fujimori y tantos otros que tenían que empezar a verse
ahora, agrega.
Marisol
Pérez Tello fue congresista en el período 2011 y 2016, y ministra de Justicia
en el gobierno de Kuczynski. Además, es capitana en la reserva en el área de
inteligencia y sigue vinculada al Ejército como docente especializada en
derechos humanos. Para ella, Castillo no es la causa de las desgracias del
país, sino que llega a la presidencia a causa de ellas, traducidas en una
enorme brecha de desigualdad que 20 años de crecimiento no han cerrado. A la
desigualdad se suma una crisis de representación, ineficacia y corrupción en un
sistema político débil y sin instituciones, que termina en lo que ha terminado,
opina.
La
polarización de voces estruendosa con un discurso dictatorial ha silenciado a
un grueso de la población que cree en la inversión privada pero también en la
presencia del Estado que ha de proteger a las poblaciones vulnerables, señala.
Esas voces estruendosas piden unas condiciones de mercado sin importarles el
costo, otras piden orden sin pensar tampoco en el orden, y ambos extremos
quieren retroceder en libertades sociales. En eso se juntan esos extremos de
izquierda y de derecha, dice.
Christian
Reynoso es un escritor y periodista de Puno, que ha dedicado el grueso de su
obra a narrar la región. Entre sus novelas se destaca El rumor de las aguas
mansas, en la que narra el asesinato del alcalde del distrito de Ilave, en un
linchamiento público en 2004. Reynoso empieza su reflexión sobre los sucesos
actuales con una palabra: hartazgo. Un hartazgo del poblador que vive “en ese
otro país fuera de Lima que es Perú”, un hartazgo contra la clase política en
todos los niveles. Hay un punto de ebullición, dice. El bicentenario de la
independencia coincide con la asunción de un presidente que es reconocido por
esta población harta como uno de los suyos. En su opinión, la detención de
Castillo, más allá de que su presidencia haya estado salpicada de ineficiencia
y actos de corrupción, ha significado para esta población la exclusión del
sistema político de su líder y de ellos, y esto es lo que desencadena esta ola
de protestas. Mientras tanto, agrega, hay un gobierno que sigue en su burbuja
centralista, limeña, capitalina, sin ver lo que está pasando en ese otro Perú
tan lejano que da la razón al dicho “Puno más cerca del cielo que de Lima”.
A la unión
de todas las comunidades y provincias del norte y sur de Puno hay que sumar
algunos operadores políticos y financieros que tienen que ver y proceden del
contrabando, la minería ilegal y seguramente sectores radicales del espectro
político, señala. Sin embargo, lo que prima es el concepto de lo colectivo, que
se sigue practicando en las comunidades que están muy bien organizadas, incluso
económicamente.
Alfredo,
que prefiere mantener la reserva de su identidad, trabaja en Juliaca como
taxista. Su relato tras el lunes 9 confirma las palabras de Reynoso: se ve la
llegada de más pobladores de comunidades y la presencia de manifestantes es
masiva. Alfredo define a los asistentes a las manifestaciones como “gente
humilde que camina, no como dicen en Lima pagados por narcotraficantes”. Y no
falta plata, hay recursos propios, agrega. Las demandas ya se han limitado a la
renuncia de Dina Boluarte y su gobierno, “algunos hablan de la asamblea
constituyente sin entender muy bien qué es eso, y de Castillo ya apenas se
habla, lo que se pide en protesta es la renuncia de la presidenta y todos los
que la acompañan, porque no quieren otra cosa que manejar los nuevos contratos
que se vienen”.
Marisol
Pérez Tello ve en el corto plazo momentos de convulsión muy complicados que
terminarán. Para la exministra, sería necesario una gran alianza electoral y de
gobierno que incorpore libertad, justicia, inversión privada pero también
presencia del Estado cerrando brechas, que le dé al país esperanza. Jorge
Nieto, por su parte, prevé que si el gobierno persiste en su política actual no
sería extraño una precipitación del proceso electoral, que en su opinión no es
conveniente pero sí posible y que podría tener como consecuencia que se
mantuvieran los mismos que ahora están. Amilcar Romero coincide en este
diagnóstico y señala que sin una modificación sustancial del marco jurídico político
es ingenuo pensar en que algo vaya a cambiar.
Extraído de
LA DIARIA, 15 de enero de 2023. Titulo original “La crisis en Perú ya deja 46
muertos”. Autor: Juanjo Fernández.