Las funciones del derecho del trabajo según el profesor Ricardo Mantero

    

  

Extraído de: Mantero R. (1998)“Apuntes críticos en torno a la autonomía del derecho del trabajo y sus relaciones con el derecho civil” en rev. Der. Lab XLI (190) páginas 456 a 476

La rebaja de impuestos del presidente. Gobernando para los malla oro.

 

Para ponderar la relevancia y el sentido de las medidas anunciadas por el presidente ante el Parlamento el pasado 2 de marzo, es preciso dar cuenta brevemente del contexto. En materia de crecimiento económico, estadísticamente se registran dos años de crecimiento consecutivos, 4,4 por ciento en 2021 y 5,5 por ciento en 2022. Sin embargo, es preciso matizar esos valores porque, en primer lugar, responden al efecto rebote de la caída en 2020 (-6,1 por ciento) y el valor de 2022 en gran parte corresponde al efecto de «arrastre estadístico» respecto al año anterior. De hecho, si miramos la variación trimestral quitando los factores estacionales, el tercer trimestre de 2022 ya registra una leve caída de 0,1 por ciento. El crecimiento genuino de 2022 es cercano al 2 por ciento. Este escenario menos expansivo se vio reflejado en la nula creación de empleo en 2022 si miramos el año de punta a punta en vez de comparar los promedios anuales.

La evolución de las exportaciones ha sido clave para entender la expansión del PBI. Luego del paréntesis pandémico en 2020, los años 2021 y 2022 fueron récord en ventas de bienes al exterior, con 11.549 millones y 13.356 millones de dólares, respectivamente. El último pico exportador había sido 2014 con cerca de 10.000 millones de dólares. No obstante, en el segundo semestre de 2022 ya se observa un estancamiento de las exportaciones, y las previsiones para 2023 son de un valor exportado 0,2 por ciento menor a 2022.1 La exportación de servicios también fue buena, con 5.500 millones de dólares en el año móvil al tercer trimestre de 2022.

Este proceso de expansión económica se dio en simultáneo con una caída de los salarios reales de aproximadamente 3,7 por ciento entre 2019 y 2022, y se presentó la paradoja de que mientras los trabajadores uruguayos producen más riqueza disponible, al mismo tiempo, son más pobres. Similar ha sido la pérdida sufrida por los jubilados. Con un frente externo que ya no tiene el empuje de 2021 y del primer semestre de 2022, el gobierno comienza a recibir críticas del sector exportador por la apreciación del peso y el manejo de la política monetaria contractiva que la favorece. En estas circunstancias, con los impactos de la sequía mediante, no es tan claro que el gobierno esté dispuesto a cumplir su compromiso de llegar a los niveles salariales prepandemia al final del mandato.

La distribución funcional del ingreso se hizo más regresiva entre 2019 y 2022, porque si bien el empleo aumentó respecto a 2019, no lo hizo lo suficiente como para mantener el peso relativo de la masa salarial en el PBI. En un trabajo del economista Fernando Isabella se estima que en ese período la participación de los salarios en el PBI pasó del 41,5 por ciento al 40,3 por ciento, mientras que los ingresos del capital se elevaron del 37,8 por ciento al 39,3 por ciento. Si a esta pérdida de los trabajadores se le agrega lo perdido por los trabajadores autónomos, el monto total de la transferencia desde el trabajo al capital es de aproximadamente 1.000 millones de dólares durante 2022.2 Resta ver si esta expropiación del trabajo se transformó en un fondo de acumulación para relanzar la actividad productiva o tuvo otros destinos. Al momento, los magros resultados en el crecimiento efectivo y el incremento de variables como la formación de activos en el exterior por parte de uruguayos (fuga de capitales) indican lo segundo.

Estrictamente no estamos ante un proceso de crecimiento mal distribuido o ante una suerte de «derrame», sino de crecimiento y empobrecimiento al mismo tiempo y de derrame invertido. Los datos de pobreza son claros: en 2019 las personas pobres eran el 8,8 por ciento del total, mientras que en el primer semestre de 2022 son el 10,7 por ciento, y en los niños menores de 6 años, en el mismo período, la pobreza trepa del 17 al 22,5 por ciento. Son datos que no se condicen con las intenciones de producir bienestar e igualdad de oportunidades que el presidente subrayó en su discurso.

En términos generales, tenemos un proceso de expansión económica luego de la crisis del covid-19, en gran medida apalancado en un repunte considerable de los precios de nuestros productos de exportación, que se gestiona dentro de una política de redistribución regresiva del ingreso, logrando así una recomposición de los márgenes de rentabilidad del capital. A esto hay que sumar una baja del déficit fiscal, una mejora del riesgo país (el costo del endeudamiento) y una caída en la informalidad. La contracara es un aumento de la pobreza, caída de los salarios y las jubilaciones y del gasto en políticas públicas universales y mayor desigualdad. Con este panorama es coherente que, por un lado, el clima de expectativas del empresariado que releva la encuesta de la consultora Exante dé un 88 por ciento entre «bueno» y «muy bueno» (mientras que en el quinquenio del gobierno anterior ese valor promediaba el 20 por ciento), y por el otro, las encuestas de intención de voto proyectan un escenario complicado para la coalición de gobierno.

ES LA POLITICA

En este contexto, en el que la tendencia ha sido de una expansión en los estratos más altos y de empobrecimiento en los bajos, sería esperable una medida de gobierno que finalmente priorizara a los más perjudicados. No fue así. La rebaja impositiva anunciada, que fundamentalmente aumenta el monto de las deducciones del IRPF y sube el mínimo no imponible del IASS, es una verdadera política focalizada, pero en el quintil más rico de la población. Con poco gasto -150 millones de dólares (0,2 por ciento del PBI) es la renuncia fiscal del conjunto del paquete-, el gobierno logra una buena relación entre costo y efecto. Si bien se trata de una medida regresiva, no es tan claro que sea leída como impopular, porque si bien solo un cuarto de los jubilados paga IASS y un tercio de los asalariados IRPF, quienes ahora no forman parte de esa franja en gran parte aspiran a estar en esa posición.

Más allá de que el presidente la haya presentado como un estímulo a la dinámica económica «en los barrios», no hay lógica tributaria ni económica en esta medida, hay lógica política. Es usual pensar que un gobierno es equivalente a una «administración» de la cosa pública, que cumple o no promesas de campaña, etcétera; sin embargo, un gobierno es también parte de un proyecto que responde a los intereses de determinados segmentos de la sociedad y que tiene que articular un esquema de poder determinado. En esas circunstancias, esta medida tiene varias lecturas. En primer lugar, es notorio que busca agradar a la franja superior de los asalariados, lo que se podría denominar clase media alta, con sesgo costero, alto nivel educativo, un sector numéricamente no tan relevante, pero de alta incidencia en la formación de opinión. En segundo lugar, se trata de un movimiento por parte del Partido Nacional para avanzar sobre el espacio social que queda huérfano con la renuncia de Ernesto Talvi y la dificultad del Partido Colorado para recomponer ese flanco liberal-progresista. Es una medida que, comunicacionalmente, fue gestionada como iniciativa del núcleo mismo del gobierno, donde sus socios aparecen desdibujados. Al margen de estos elementos de política menor y a la luz de la coyuntura general, que como vimos muestra un escenario económico que no es tan promisorio y que además arrastra una situación social de deterioro, el saldo de los anuncios parece magro, más cerca del acto administrativo que altera unas alícuotas impositivas con bajo impacto que de la política de Estado.

De los elementos observados, pareciera que el gobierno se encamina a dejarnos como saldo la redistribución regresiva del ingreso, un debilitamiento del capital público, la pérdida de fuerza por parte de los sindicatos, por medio de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que van a dificultar su capacidad de incidir en la puja distributiva, y una mejora relativa del frente fiscal, que, como señaló el economista Daniel Olesker, «se basó en la reducción de salarios y del gasto en las políticas sociales universales».3

Si bien el gobierno venía con aspiraciones refundacionales, más allá de lo que pueda significar estructuralmente la reforma educativa o jubilatoria, no parece estar desplegando una gran energía política ni una agenda tan ambiciosa en materia estructural más allá de los movimientos redistributivos de la riqueza y, en menor medida, del poder. Posiblemente el referéndum contra la LUC y la pandemia incidieron en la falta de profundidad del ciclo gubernamental, pero al margen de ello tampoco se visualiza demasiada sustancia programática en el campo de la coalición.

En este punto, parece claro que lo relevante ya comienza a ser qué es lo que puede

 

proponerse y efectivamente hacer el otro bloque social en materia de reformas estructurales y conducción estratégica del Estado. Al respecto de esto, este año, con el desarrollo del Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio, será clave.

Uruguay XXI.

«Estimación de los cambios en la distribución funcional del ingreso en Uruguay 2019-2022», disponible en www.etcetera.uy.

«Tres años de gobierno: concentración de la riqueza y estado ausente», El Popular, 3-III-23, disponible en https://elpopular.uy/tres-anos-de-gobierno-concentracion-de-la-riqueza-y-estado-ausente/.

Publicado en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE. Gobernando para el quintil más rico” Autor: Rodrigo Alonso.

 

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE

Gobernando para el quintil más rico

Rodrigo Alonso

10 marzo, 2023

- Tiempo de lectura: 6 min

Mas sequía y menos derechos para los trabajadores rurales

 

Más de 60 trabajadores salteños sometidos a condiciones indignas de trabajo en la vendimia canaria son, de momento, la muestra palmaria de que la históricas vulneraciones que enfrenta el eslabón más débil del proletariado rural, el de los trabajadores zafrales, se están agravando ferozmente por la seca.

No afloja. El meteorólogo Mario Bidegain publicó un pronóstico para marzo según el cual las temperaturas serían este mes superiores a las promediales (entre medio grado y un grado y medio) mientras que las lluvias serían entre 10 y 20 milímetros inferiores a las habituales. Las olas de calor que se suceden hacen temer que las predicciones se hayan quedado cortas mientras los productores rurales suben a las redes fotos del estado de sus campos y sus bichos que dan ganas de llorar, y los habitantes de Montevideo comparten en el mismo espacio su indignación por el precio que alcanzan algunas frutas. Los números sobre las pérdidas que está produciendo la sequía no cesan de renovarse.

La cuenta que se ve menos es la de las consecuencias que el episodio está teniendo en el empleo. Se han difundido, sí, los ajustes que ha tenido que hacer la industria láctea. Conaprole cerró temporalmente sus plantas de Rincón del Pino y de Mercedes, mientras que la de Florida está trabajando a un ritmo menor al habitual, lo que supuso un acuerdo entre el sindicato y la empresa sobre el destino de los trabajadores afectados. Pero pocos son los rubros vinculados al sector agropecuario que cuentan con una organización sindical tan poderosa y solo los sectores agroindustriales tienen a su personal protegido por el régimen general del seguro de desempleo.

Así como las ubres se secan, las flores se marchitan, se forman menos frutas, las que se forman son más pequeñas y, en general, de peor calidad. Y en la granja pasa lo mismo con el empleo. «El año pasado éramos 60 o 70 en la cosecha de manzana. ¿Sabés cuántos somos esta zafra? ¡Somos diez!», exclamó Gérman González, trabajador de Mi Granja, en el oeste de San José y dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU).

ZAFRAS DE VULNERACIONES

Según una pesquisa de los sociólogos Alberto Riella y Jessica Ramírez sobre la transitoriedad laboral y la vulnerabilidad social en el agro uruguayo, la cuarta parte de los trabajadores del sector es transitoria.1 De acuerdo con las cifras más recientes del Banco de Previsión Social, que son de 2021, la cantidad de trabajadores dependientes que cotizaban a la caja rural eran 80 mil, pero, dado el subregistro que existe en el sector, debe haber más de 100 mil personas ocupadas en tareas agropecuarias, por lo que los transitorios serían por lo menos 25 mil.

Sin embargo, la estimación promedia porcentajes que son distintos en los diversos rubros de la actividad agropecuaria. En la hortifruticultura el 35,6 por ciento de los trabajadores son temporales, pero hasta en la ganadería los zafrales tienen su relieve, son el 18,6 por ciento. Ambas ramas explican la mayor parte de los empleos que genera el agro (el 77 por ciento).

Allá lejos y hace tiempo, la zafra podía ser un complemento de las actividades que una familia de productores minifundistas llevaba adelante en su propio campito. Hoy esto es una rareza absoluta. De acuerdo con la investigación citada, de cada diez trabajadores temporales solo dos vivían en el medio rural. Más de la mitad lo hace en localidades de más de 5 mil habitantes. «Viven en la periferia de las ciudades. Se trasladan en los ómnibus que ponen las granjas. A veces en camiones. Viven en Ciudad del Plata, en Las Piedras, en 18 de Mayo, en 25 de Agosto, en Juanicó, en las orillas de San José, Paysandú o Salto. En sus momentos de descanso son habitantes urbanos que van a tomar mate a la plaza, pero durante su jornada laboral son trabajadores rurales», explicó González.

Además, son más jóvenes que el resto de los trabajadores rurales. Cuatro de cada diez tienen menos de 25 años y uno de cada diez, incluso, menos de 18. Y hay más mujeres entre quienes dependen de las zafras para pasar la temporada que entre quienes tienen empleo estable.

Y, como subrayó González, pocos cuerpos logran sostener el esfuerzo de la cosecha pasados los 50. «Es muy difícil jubilarse por el sector granjero. ¿A cuántos trabajadores de 59 años ves cosechando papas? Si estás en la fruta, con 45 años, si tenés que subir y bajar una y otra vez una escalera de 3 metros con un bolso cargado con 15 quilos, cuando querés acordar, tenés la cintura y el lomo hechos mierda», recordó el trabajador. Solo el 9 por ciento de los transitorios tiene más de 55 años, reporta el artículo de Riella y Ramírez, otra cosa que el proyecto de reforma jubilatoria dejó para después.

La mitad de estos trabajadores no aporta a la seguridad social; si se enferma, no cobra. Aunque, sudando bastante, los más fuertes y hábiles pueden lograr buenos ingresos en una zafra, el 60 por ciento no llega a ganar los 21 mil pesos prescritos como salario mínimo nacional. «Casi todos los granjeros pagan el laudo, pero si te llueve cinco días o si una seca te acorta la zafra, no llegás», ilustró González. Tampoco tienen demasiada chance de obtener otro tipo de empleo. El 65 por ciento no llegó a completar el ciclo básico. Uno de cada diez ni siquiera terminó la escuela.

«Cuando no hay zafra, son recicladores, juntan piñas, siempre pichuleando, bordeando a veces la ilegalidad. Viven en las zonas más vulnerables, en lugares inundables, como el Delta del Tigre, en ranchos de costaneros, de cartón, de chapa. Son vulnerables por todos lados. Sufren por la ausencia del Sistema Nacional de Cuidados, por la violencia de género, por las adicciones. Esos problemas que tiene toda la sociedad estas compañeras los sufren con más énfasis», aseguró el sindicalista. Solo los trabajadores permanentes logran adquirir especializaciones reconocidas, como el manejo de maquinaria agrícola o el dominio de las técnicas de plantación, cura, fumigación, injerto o poda. Pero en un naranjal solo uno de cada diez trabajadores permanece empleado una vez finalizada la cosecha.

SEGURO FALTA

«Los mercados de empleo agrario se caracterizan históricamente por estar conformados con base en ocupaciones estacionales o temporarias, debido a la propia naturaleza de la actividad agraria, que supone un desfasaje entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción», recuerdan Riella y Ramírez en su trabajo.

Pero, aunque esto sea así desde el Neolítico, a partir de la década pasada se vienen acumulando evidencias de que está aumentando la temporalidad de los empleos agrícolas, ya no por las disímiles cargas de trabajo que imponen las estaciones, sino por cambios tecnológicos, deliberados, que –disminuyendo costos y maximizando ganancias– agravan a la vez la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.

En Uruguay, por ejemplo, es bastante conocido cómo cambiar las variedades de citrus producidas para satisfacer las nuevas demandas del mercado internacional condujo a un acortamiento de la zafra, proceso que, además, se hizo con el apoyo de políticas públicas.

No obstante, el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales es el más exigente de todos. En la generalidad de los sectores, un trabajador debe contar 180 días en planilla si es mensual o 150 jornales si es jornalero para tener derecho al seguro. Los rurales, en cambio, tienen que reunir 270 días en planilla si son mensuales o 225 jornales declarados. «Eso significa trabajar todo el año sin perder un día, sin enfermarme, sin descansar», graficó González. «¿Por qué somos trabajadores de segunda clase?», imprecó.

Ese régimen hace que ritualmente el Parlamento vote seguros especiales para los trabajadores citrícolas, que son el volumen mayor de los temporarios. Y es por esto también que UTRAU elaboró un proyecto de ley que busca enmendar esta inequidad definiendo diversas soluciones para dar cuenta de las diferentes situaciones de trabajadores permanentes, jornaleros y destajistas. «Porque el destajista, genere lo que genere, nunca agarra un mango de seguro de paro. Por eso proponemos que, de acuerdo a la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones por las que aporte, tenga derecho a una cantidad correlativa de días cubiertos por el seguro», comentó González.

En abril del año pasado el sindicato hizo llegar su proyecto a todos los legisladores y a las autoridades de varios organismos. Pasó casi un año. «Hasta ahora, los únicos que nos prestaron atención fueron los compañeros del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS [Banco de Previsión Social]», acotó el dirigente.

DEMANDANTES Y OFERTADOS

No solo los manzanos sufrieron la falta de agua. Probablemente nadie en el litoral se esté atreviendo a silbar «Naranjo en flor» ante tanto azahar marchito. «Son seis meses de trabajo que la gente va a perder en el invierno por el aborto del citrus. El zapallo, aviso, va a estar arriba de los 200 pesos el quilo porque las flores, donde no hay riego, se cayeron. Los pequeños y medianos productores, que no tienen riego, pero son los responsables del mayor volumen, perdieron todo. De pera y durazno se perdió el 50 por ciento», explicó Enrique López Tozi, dirigente de la UTRAU en Canelones.

También en el empaque cae el empleo, porque, como la calidad de la fruta hace que no se coloque fresca, se la envía a la industria para hacer concentrados y, en tal caso, no son necesarias las tareas de clasificación y empacado que requiere su comercialización en la verdulería. Es decir, por todos lados falta trabajo.

«Ahí es donde entran a jugar estos fenómenos que te embarcan en una camioneta o un camión y te traen a trabajar a 300 o 400 quilómetros de tu casa por dos mangos», enfatizó González. El fenómeno esta vez se llama Álvaro Soria, alias el Manso, contratista a quien se tiene por radicado en Salto.

«Hola, buenas tardes, gente. Nos vinimos de la ciudad de Salto por trabajo […]. Y estamos trabajando en la uva. Y llegamos hace una semana. Y estamos pasando lo que a ningún trabajador le gustaría pasar: 14 pesos el cajón. ¡Un precio que ni te da para pagarte los pasajes! […] el contratista engaña a la gente», comenzaba poniendo en Facebook alguien llamado José Cruz y que los dirigentes de UTRAU conocieron rápidamente.

El caso ocurre en la zona de Las Brujas, Canelones. López Tozi, de 18 de Mayo, ciudad situada entre Progreso y Las Piedras, era el que estaba más cerca y allá se largó en su moto. «Fue una estafa», dijo a Brecha. «Los tienen trabajando en negro. Les dijeron que venían a una empresa y los repartieron en unas 20 quintas. El cajón se lo están pagando a un precio muy bajo: 14 pesos. Acá lo mínimo que se cobra es 18. A 18 pesos, para sacar el mínimo laudado [934 pesos], la persona debería cosechar 52 cajones por día y, con la sequía, eso cuesta mucho. Las vides actuales, cuando están bien, tienen la mitad del volumen de fruta habitual. Las peor cuidadas apenas tienen el 10 por ciento de lo normal.»

Los laudos establecen un monto ficto por alimentación y vivienda equivalente a 5.707,33 pesos por mes. «La idea es que tenés que tener una cama, un comedor, un baño y un vestuario en condiciones; tenés que tener una instalación eléctrica segura, no una zapatilla para 25 tipos», ilustró González. Los trabajadores referidos están alojados en un par de galpones, sus lechos son colchones viejos y ardidos, apoyados directamente en el piso, o pedazos de polifón acomodados sobre cajones. Ni hablar del resto.

 «Estaban sacando unos 12 cajones por fila, cuando lo normal es sacar 40. No tenían ni para comer. Planteaban que no lograban rendir por este hecho», contó López Tozi. Se les daban 300 pesos por semana para alimentarse, por concepto de adelanto. Supieron al llegar que el viaje de regreso, que debía asegurar el contratista, corría por su cuenta. «Hoy, jueves, nueve compañeros arrancaron caminando para Salto», narraba el posteo de Cruz.

De todos modos no fue sencillo articular la denuncia. La sostienen los 25 trabajadores que terminaron volviendo a Salto. Los 40 que quedaron siguen aceptando lo que López Tozi identificó como «condiciones horribles de explotación». E incluso manifestaron hostilidad ante la aparición del sindicalista.

FACÓN GRANDE

En Río Grande del Sur también aprieta la seca, también las zafras se agostan y los trabajadores temporales se ven constreñidos a aceptar lo inaceptable. El 2 de marzo se supo que la Policía Federal había logrado liberar a 207 trabajadores de la vendimia que venían soportando, lo que la legislación brasileña denomina «condiciones análogas a la esclavitud». La situación estaba ocurriendo en tres de las mayores empresas vitivinícolas de la Sierra Gaúcha. Suena a advertencia.

«Nicolás Chiesa, el presidente de la Junta Nacional de la Granja, sale a decir que se va a lograr un subsidio para los productores. Está bárbaro», afirmó González en su diálogo con el semanario. Sin embargo, preguntó: «¿Quién colabora con los trabajadores a los que el 31 de marzo se les vence el seguro de paro y que en los primeros días de abril empezarían a trabajar en el citrus? Porque este año en el citrus no va a haber trabajo. No lo digo yo. Lo dicen Frutura [ex-Caputto], Azucitrus, San Miguel de Tucumán, las mayores citrícolas del país, empresas que, en conjunto, generaban 17 mil puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por jefas de hogar. ¿Qué va a pasar este 31 de marzo?», insistió.

Del Estado, «que en esto está ausente desde 1830» –dice González–, no espera mucho. Se acuerda con más cariño de Facón Grande.

1. «El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 49, julio-diciembre 2021.

Publicado en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨SEQUÍA DE DERECHOS EN EL TRABAJO RURAL Las uvas de la ira” Autor: Salvador Neves: 10 marzo, 2023 PUBLICADO EN: EDICIÓN 1946URUGUAY

Más de 60 trabajadores salteños sometidos a condiciones indignas de trabajo en la vendimia canaria son, de momento, la muestra palmaria de que la históricas vulneraciones que enfrenta el eslabón más débil del proletariado rural, el de los trabajadores zafrales, se están agravando ferozmente por la seca.

No afloja. El meteorólogo Mario Bidegain publicó un pronóstico para marzo según el cual las temperaturas serían este mes superiores a las promediales (entre medio grado y un grado y medio) mientras que las lluvias serían entre 10 y 20 milímetros inferiores a las habituales. Las olas de calor que se suceden hacen temer que las predicciones se hayan quedado cortas mientras los productores rurales suben a las redes fotos del estado de sus campos y sus bichos que dan ganas de llorar, y los habitantes de Montevideo comparten en el mismo espacio su indignación por el precio que alcanzan algunas frutas. Los números sobre las pérdidas que está produciendo la sequía no cesan de renovarse.

La cuenta que se ve menos es la de las consecuencias que el episodio está teniendo en el empleo. Se han difundido, sí, los ajustes que ha tenido que hacer la industria láctea. Conaprole cerró temporalmente sus plantas de Rincón del Pino y de Mercedes, mientras que la de Florida está trabajando a un ritmo menor al habitual, lo que supuso un acuerdo entre el sindicato y la empresa sobre el destino de los trabajadores afectados. Pero pocos son los rubros vinculados al sector agropecuario que cuentan con una organización sindical tan poderosa y solo los sectores agroindustriales tienen a su personal protegido por el régimen general del seguro de desempleo.

Así como las ubres se secan, las flores se marchitan, se forman menos frutas, las que se forman son más pequeñas y, en general, de peor calidad. Y en la granja pasa lo mismo con el empleo. «El año pasado éramos 60 o 70 en la cosecha de manzana. ¿Sabés cuántos somos esta zafra? ¡Somos diez!», exclamó Gérman González, trabajador de Mi Granja, en el oeste de San José y dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU).

ZAFRAS DE VULNERACIONES

Según una pesquisa de los sociólogos Alberto Riella y Jessica Ramírez sobre la transitoriedad laboral y la vulnerabilidad social en el agro uruguayo, la cuarta parte de los trabajadores del sector es transitoria.1 De acuerdo con las cifras más recientes del Banco de Previsión Social, que son de 2021, la cantidad de trabajadores dependientes que cotizaban a la caja rural eran 80 mil, pero, dado el subregistro que existe en el sector, debe haber más de 100 mil personas ocupadas en tareas agropecuarias, por lo que los transitorios serían por lo menos 25 mil.

Sin embargo, la estimación promedia porcentajes que son distintos en los diversos rubros de la actividad agropecuaria. En la hortifruticultura el 35,6 por ciento de los trabajadores son temporales, pero hasta en la ganadería los zafrales tienen su relieve, son el 18,6 por ciento. Ambas ramas explican la mayor parte de los empleos que genera el agro (el 77 por ciento).

Allá lejos y hace tiempo, la zafra podía ser un complemento de las actividades que una familia de productores minifundistas llevaba adelante en su propio campito. Hoy esto es una rareza absoluta. De acuerdo con la investigación citada, de cada diez trabajadores temporales solo dos vivían en el medio rural. Más de la mitad lo hace en localidades de más de 5 mil habitantes. «Viven en la periferia de las ciudades. Se trasladan en los ómnibus que ponen las granjas. A veces en camiones. Viven en Ciudad del Plata, en Las Piedras, en 18 de Mayo, en 25 de Agosto, en Juanicó, en las orillas de San José, Paysandú o Salto. En sus momentos de descanso son habitantes urbanos que van a tomar mate a la plaza, pero durante su jornada laboral son trabajadores rurales», explicó González.

Además, son más jóvenes que el resto de los trabajadores rurales. Cuatro de cada diez tienen menos de 25 años y uno de cada diez, incluso, menos de 18. Y hay más mujeres entre quienes dependen de las zafras para pasar la temporada que entre quienes tienen empleo estable.

Y, como subrayó González, pocos cuerpos logran sostener el esfuerzo de la cosecha pasados los 50. «Es muy difícil jubilarse por el sector granjero. ¿A cuántos trabajadores de 59 años ves cosechando papas? Si estás en la fruta, con 45 años, si tenés que subir y bajar una y otra vez una escalera de 3 metros con un bolso cargado con 15 quilos, cuando querés acordar, tenés la cintura y el lomo hechos mierda», recordó el trabajador. Solo el 9 por ciento de los transitorios tiene más de 55 años, reporta el artículo de Riella y Ramírez, otra cosa que el proyecto de reforma jubilatoria dejó para después.

La mitad de estos trabajadores no aporta a la seguridad social; si se enferma, no cobra. Aunque, sudando bastante, los más fuertes y hábiles pueden lograr buenos ingresos en una zafra, el 60 por ciento no llega a ganar los 21 mil pesos prescritos como salario mínimo nacional. «Casi todos los granjeros pagan el laudo, pero si te llueve cinco días o si una seca te acorta la zafra, no llegás», ilustró González. Tampoco tienen demasiada chance de obtener otro tipo de empleo. El 65 por ciento no llegó a completar el ciclo básico. Uno de cada diez ni siquiera terminó la escuela.

«Cuando no hay zafra, son recicladores, juntan piñas, siempre pichuleando, bordeando a veces la ilegalidad. Viven en las zonas más vulnerables, en lugares inundables, como el Delta del Tigre, en ranchos de costaneros, de cartón, de chapa. Son vulnerables por todos lados. Sufren por la ausencia del Sistema Nacional de Cuidados, por la violencia de género, por las adicciones. Esos problemas que tiene toda la sociedad estas compañeras los sufren con más énfasis», aseguró el sindicalista. Solo los trabajadores permanentes logran adquirir especializaciones reconocidas, como el manejo de maquinaria agrícola o el dominio de las técnicas de plantación, cura, fumigación, injerto o poda. Pero en un naranjal solo uno de cada diez trabajadores permanece empleado una vez finalizada la cosecha.

SEGURO FALTA

«Los mercados de empleo agrario se caracterizan históricamente por estar conformados con base en ocupaciones estacionales o temporarias, debido a la propia naturaleza de la actividad agraria, que supone un desfasaje entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción», recuerdan Riella y Ramírez en su trabajo.

Pero, aunque esto sea así desde el Neolítico, a partir de la década pasada se vienen acumulando evidencias de que está aumentando la temporalidad de los empleos agrícolas, ya no por las disímiles cargas de trabajo que imponen las estaciones, sino por cambios tecnológicos, deliberados, que –disminuyendo costos y maximizando ganancias– agravan a la vez la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.

En Uruguay, por ejemplo, es bastante conocido cómo cambiar las variedades de citrus producidas para satisfacer las nuevas demandas del mercado internacional condujo a un acortamiento de la zafra, proceso que, además, se hizo con el apoyo de políticas públicas.

No obstante, el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales es el más exigente de todos. En la generalidad de los sectores, un trabajador debe contar 180 días en planilla si es mensual o 150 jornales si es jornalero para tener derecho al seguro. Los rurales, en cambio, tienen que reunir 270 días en planilla si son mensuales o 225 jornales declarados. «Eso significa trabajar todo el año sin perder un día, sin enfermarme, sin descansar», graficó González. «¿Por qué somos trabajadores de segunda clase?», imprecó.

Ese régimen hace que ritualmente el Parlamento vote seguros especiales para los trabajadores citrícolas, que son el volumen mayor de los temporarios. Y es por esto también que UTRAU elaboró un proyecto de ley que busca enmendar esta inequidad definiendo diversas soluciones para dar cuenta de las diferentes situaciones de trabajadores permanentes, jornaleros y destajistas. «Porque el destajista, genere lo que genere, nunca agarra un mango de seguro de paro. Por eso proponemos que, de acuerdo a la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones por las que aporte, tenga derecho a una cantidad correlativa de días cubiertos por el seguro», comentó González.

En abril del año pasado el sindicato hizo llegar su proyecto a todos los legisladores y a las autoridades de varios organismos. Pasó casi un año. «Hasta ahora, los únicos que nos prestaron atención fueron los compañeros del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS [Banco de Previsión Social]», acotó el dirigente.

DEMANDANTES Y OFERTADOS

No solo los manzanos sufrieron la falta de agua. Probablemente nadie en el litoral se esté atreviendo a silbar «Naranjo en flor» ante tanto azahar marchito. «Son seis meses de trabajo que la gente va a perder en el invierno por el aborto del citrus. El zapallo, aviso, va a estar arriba de los 200 pesos el quilo porque las flores, donde no hay riego, se cayeron. Los pequeños y medianos productores, que no tienen riego, pero son los responsables del mayor volumen, perdieron todo. De pera y durazno se perdió el 50 por ciento», explicó Enrique López Tozi, dirigente de la UTRAU en Canelones.

También en el empaque cae el empleo, porque, como la calidad de la fruta hace que no se coloque fresca, se la envía a la industria para hacer concentrados y, en tal caso, no son necesarias las tareas de clasificación y empacado que requiere su comercialización en la verdulería. Es decir, por todos lados falta trabajo.

«Ahí es donde entran a jugar estos fenómenos que te embarcan en una camioneta o un camión y te traen a trabajar a 300 o 400 quilómetros de tu casa por dos mangos», enfatizó González. El fenómeno esta vez se llama Álvaro Soria, alias el Manso, contratista a quien se tiene por radicado en Salto.

«Hola, buenas tardes, gente. Nos vinimos de la ciudad de Salto por trabajo […]. Y estamos trabajando en la uva. Y llegamos hace una semana. Y estamos pasando lo que a ningún trabajador le gustaría pasar: 14 pesos el cajón. ¡Un precio que ni te da para pagarte los pasajes! […] el contratista engaña a la gente», comenzaba poniendo en Facebook alguien llamado José Cruz y que los dirigentes de UTRAU conocieron rápidamente.

El caso ocurre en la zona de Las Brujas, Canelones. López Tozi, de 18 de Mayo, ciudad situada entre Progreso y Las Piedras, era el que estaba más cerca y allá se largó en su moto. «Fue una estafa», dijo a Brecha. «Los tienen trabajando en negro. Les dijeron que venían a una empresa y los repartieron en unas 20 quintas. El cajón se lo están pagando a un precio muy bajo: 14 pesos. Acá lo mínimo que se cobra es 18. A 18 pesos, para sacar el mínimo laudado [934 pesos], la persona debería cosechar 52 cajones por día y, con la sequía, eso cuesta mucho. Las vides actuales, cuando están bien, tienen la mitad del volumen de fruta habitual. Las peor cuidadas apenas tienen el 10 por ciento de lo normal.»

Los laudos establecen un monto ficto por alimentación y vivienda equivalente a 5.707,33 pesos por mes. «La idea es que tenés que tener una cama, un comedor, un baño y un vestuario en condiciones; tenés que tener una instalación eléctrica segura, no una zapatilla para 25 tipos», ilustró González. Los trabajadores referidos están alojados en un par de galpones, sus lechos son colchones viejos y ardidos, apoyados directamente en el piso, o pedazos de polifón acomodados sobre cajones. Ni hablar del resto.

 «Estaban sacando unos 12 cajones por fila, cuando lo normal es sacar 40. No tenían ni para comer. Planteaban que no lograban rendir por este hecho», contó López Tozi. Se les daban 300 pesos por semana para alimentarse, por concepto de adelanto. Supieron al llegar que el viaje de regreso, que debía asegurar el contratista, corría por su cuenta. «Hoy, jueves, nueve compañeros arrancaron caminando para Salto», narraba el posteo de Cruz.

De todos modos no fue sencillo articular la denuncia. La sostienen los 25 trabajadores que terminaron volviendo a Salto. Los 40 que quedaron siguen aceptando lo que López Tozi identificó como «condiciones horribles de explotación». E incluso manifestaron hostilidad ante la aparición del sindicalista.

FACÓN GRANDE

En Río Grande del Sur también aprieta la seca, también las zafras se agostan y los trabajadores temporales se ven constreñidos a aceptar lo inaceptable. El 2 de marzo se supo que la Policía Federal había logrado liberar a 207 trabajadores de la vendimia que venían soportando, lo que la legislación brasileña denomina «condiciones análogas a la esclavitud». La situación estaba ocurriendo en tres de las mayores empresas vitivinícolas de la Sierra Gaúcha. Suena a advertencia.

«Nicolás Chiesa, el presidente de la Junta Nacional de la Granja, sale a decir que se va a lograr un subsidio para los productores. Está bárbaro», afirmó González en su diálogo con el semanario. Sin embargo, preguntó: «¿Quién colabora con los trabajadores a los que el 31 de marzo se les vence el seguro de paro y que en los primeros días de abril empezarían a trabajar en el citrus? Porque este año en el citrus no va a haber trabajo. No lo digo yo. Lo dicen Frutura [ex-Caputto], Azucitrus, San Miguel de Tucumán, las mayores citrícolas del país, empresas que, en conjunto, generaban 17 mil puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por jefas de hogar. ¿Qué va a pasar este 31 de marzo?», insistió.

Del Estado, «que en esto está ausente desde 1830» –dice González–, no espera mucho. Se acuerda con más cariño de Facón Grande.

1. «El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 49, julio-diciembre 2021.

Publicado en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨SEQUÍA DE DERECHOS EN EL TRABAJO RURAL Las uvas de la ira” Autor: Salvador Neves: 10 marzo, 2023 PUBLICADO EN: EDICIÓN 1946URUGUAY

La policía como problema

 

El contubernio entre Alejandro Astesiano y los altos mandos de la Policía fue una de las derivaciones más significativas de este caso. Una trama de favores, afinidades políticas y prácticas reprochables dejaron al descubierto un viejo esquema de relacionamiento entre los partidos tradicionales y amplios sectores de la corporación policial. Los oficiales que fueron designados para los cargos más importantes al inicio de este gobierno ya no están en sus puestos. La divulgación de las comunicaciones entre Astesiano y algunos de los exjerarcas, intensificada por el encuadre noticioso que se hizo del tema, permitió observar una parte de los vínculos entre un poder político que delega funciones a la Policía a cambio de resultados en materia de seguridad y un conjunto de altos oficiales que pretende mantener posiciones de poder dentro de la estructura institucional. El gobierno había aprovechado las capacidades de una Policía fortalecida durante las gestiones del Frente Amplio (FA) para introducir liderazgos de corte represivo y restaurar la matriz clientelar. Pero los malos resultados en seguridad y las consecuencias del caso Astesiano obligaron al ministro a apelar a figuras policiales de corte más técnico y profesional. Las nuevas autoridades designadas tienen un perfil distinto, aunque su margen de maniobra seguramente no sea muy amplio.

¿Acaso la contraposición más importante que podemos hacer en el campo policial es entre lo represivo y lo profesional? Los abordajes políticos oscilan entre esas posibilidades y coinciden en la necesidad de fortalecer a una institución que consideran como la más importante a la hora de controlar y reducir el delito. Los discursos políticos y sociales han dejado de pensar y problematizar a la Policía en clave de transformación. Sin embargo, las implicancias de la «asociación para delinquir» enquistada en la Torre Ejecutiva iluminan un problema mucho más serio en la interna policial. Y eso exige una reflexión específica, que no caiga en la minimización (son casos aislados) ni en la generalización (la Policía es una institución corrupta). Esencializar o idolatrar la función policial puede ser tan inconveniente como negarla con base en prejuicios.

Desde que asumió este gobierno, lo que tenemos en materia policial –más allá de la retórica vacía del respaldo– es una marcada debilidad político-programática, un proceso de desprofesionalización y una impronta de gestión que le da la espalda a la transparencia. Si bien estos aspectos tienen una intensidad de coyuntura, no dejan de proyectarse como rasgos mucho más estructurales. Esta es la razón para reivindicar un pensamiento y una práctica transformadores de esa zona del Estado. Sobre esta base, proponemos cuatros grandes desafíos para abordar la problemática policial en nuestro país.

LIMITAR EL AUTOGOBIERNO CORPORATIVO

El primer desafío consiste en identificar el lugar que la Policía debe tener en el marco de una política integral de seguridad. Históricamente, ha ocupado un espacio central y casi excluyente, lo que ha redundado en mayores niveles de autonomía y fortalecimiento material. El sistema político le asigna recursos, le vota normas para ampliar los márgenes de actuación discrecional e interviene en la regulación de intereses internos. Y todo ello a cambio de la promesa eterna de bajar los delitos. Sin embargo, es improbable que las decisiones políticas reasignen el lugar de la Policía dentro del conjunto de actores e instituciones que pueden llegar a sostener un sistema de seguridad. Tampoco es frecuente que haya iniciativas sobre cuestiones doctrinarias, programáticas, y mucho menos sobre medidas para incidir en las prácticas cotidianas de trabajo. Si la política no respalda las pretensiones corporativas, las resistencias no tardarán en hacerse oír.

Una política de seguridad con fuerte anclaje en la inclusión social y en la prevención tiene que asignar un rol muy claro a la Policía y, para ello, no hay más remedio que limitar sus niveles de autogobierno corporativo. Durante el primer gobierno del FA, algo se quiso ensayar: por un lado, se crearon nuevas instancias técnico-políticas de carácter civil en el Ministerio del Interior para fortalecer, precisamente, el órgano de conducción política de la Policía y, por el otro, se creó la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la pretensión de diseñar y ejecutar proyectos preventivos distintos a los policiales. Si bien los proyectos nunca fueron pensados para excluir a la Policía (sino para reconfigurar su rol y complementar el arco de acciones), desataron profundas resistencias internas.

UN DIAGNÓSTICO NECESARIO

El segundo desafío se relaciona con la necesidad de tener un diagnóstico institucional profundo sobre la organización y el funcionamiento de la Policía. Conocer sobre qué modelos de gestión se asienta, cuáles son sus prácticas, sus procesos, sus niveles de productividad, sus vulnerabilidades materiales y de recursos humanos son requisitos básicos para cualquier estrategia de conducción de la Policía. Se ha consolidado un modelo de gestión con base en la prevención aleatoria, la represión selectiva y la investigación deficiente. Aun así, la Policía uruguaya se ha dejado permear por los impactos de las nuevas olas en materia de gestión: la Policía Comunitaria y el patrullaje inteligente fueron los más significativos, al tiempo que el modelo de «policiamiento orientado a la resolución de problemas» y el de la «inteligencia criminal» quedaron en un espacio de incertidumbre. A partir de supuestos nunca explicitados públicamente sobre los históricos niveles de corrupción de la Policía Preventiva, las últimas dos administraciones del FA priorizaron la expansión de la Policía militarizada (Guardia Republicana) y la reestructura de la prevención policial a partir del uso de información y el patrullaje sobre «puntos calientes». Más allá de estas experiencias, hoy en día nos hemos quedado sin metáforas para imaginar espacios de transformación del trabajo policial.

EL TIPO DE PRESENCIA EN LOS BARRIOS

La indefinición de modelo (o mejor será decir la adaptación continua a un modelo tradicional predominante) nos deja en la puerta de un tercer y crucial desafío. A medida que la Policía tiene que regular su trabajo en zonas de alta vulnerabilidad social y de criminalidad compleja, su rol se hace más problemático. Los relacionamientos arbitrarios y violentos con la población más pobre y la emergencia de mercados ilegales enquistados territorialmente han colocado a la Policía en un problema decisivo, cuya profundidad real desconocemos y que se reproduce por fuera de cualquier reconocimiento político o social. Solemos creer que la Policía es la institución del Estado encargada de hacer cumplir la ley, pero eso en general no es así, y mucho menos en los barrios más vulnerables y con mayores niveles de violencia. Allí la Policía cumple con la función de regular –a veces, sin éxito alguno– un orden social. El problema no es tanto la ausencia del Estado como el tipo de presencia, que ha oscilado, con implacable silenciamiento político, entre las irrupciones violentas y la participación (por acción u omisión) en las redes de ilegalidad.

Así como hemos entrevisto en las últimas semanas el consentimiento político que hizo posible la trama de corrupción liderada por Astesiano, es posible suponer algo semejante a la hora de justificar ciertas intervenciones policiales que combinan lo legal con lo ilegal. Ningún emprendimiento ilícito se puede instalar en un territorio, y prosperar, sin importantes niveles de complicidad institucional. Más que apelar al recurso de la inteligencia criminal para terminar con las bandas, hay que reducir la intensidad de la violencia que esas dinámicas originan y desarticular las imperceptibles formas de participación estatal en la regulación de los mercados ilegales. ¿Por qué ha caído dramáticamente la tasa de esclarecimiento de los homicidios? ¿Solo por desinterés institucional ante lo que se consideran «ajustes de cuentas» o solo por los miedos instalados a la hora de brindar testimonios?

PROFESIONALIZACIÓN

Por último, el cuarto desafío supone iniciar un camino de profesionalización de la Policía sobre la base de la expansión y la articulación de distintos modelos de gestión: el comunitario, el preventivo, el orientado a la solución de problemas y el de la inteligencia para la conjuración de la criminalidad organizada. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, desata resistencias, y toda pretensión de romper con los equilibrios actuales debe entender que hay resistencias políticas (gestionar la promoción de carreras políticas es más rentable que habilitar procesos de transformación), corporativas y también sociales (la Policía tiene una base ancha de legitimidad y cualquier suspicacia se coloca en la dimensión de «antipolicía»). Por todas estas razones, son claves la acumulación de conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad política, el enrolamiento de aliados internos y la promoción de la participación y el control sociales. La Policía es una institución del Estado y, por lo tanto, sus problemas nos competen a todos. Subordinada a una política de inclusión social y de igualdad, la Policía tiene que trabajar sobre los principios de la eficacia preventiva, la legitimidad de sus procesos y las capacidades para abordar la criminalidad más compleja.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1944. TITULO ORIGINAL: CUATRO DESAFÍOS PENDIENTES. La Policía como problema. Autor: Rafael Paternain 24 de febrero de 2023

 

 

Democracia y Justicia son ficciones cuando el poder peligra

Lo que pasó hasta ahora en el caso Astesiano es una muestra de hallazgos que la izquierda descubrió y anunció profusamente ya desde el siglo XIX, y que parece haber olvidado con esta frágil ‘democratitis’ que la aqueja, acompañada de una ingenua confianza en el Poder Judicial del Estado democrático republicano de Derecho, que (sea dicho de paso) es liberal y burgués, coetáneo con el capitalismo.

Después de todo lo que los teóricos (y los políticos) de izquierda han dicho y escrito sobre la democracia y su justicia, me sorprende profundamente que haya sorpresa y decepción por esta ‘historia de una muerte anunciada’, porque creía ya superada largamente la etapa infantil de la creencia en Papá Noel y Reyes Magos. Pero no. Se ha retrocedido a ella después de haber dado muchos de los mejores pasos para derribarla. Curiosa vuelta de carnero simbólica, que debería ser profundizada institucionalmente por la izquierda.

Quien escribe, formado con información abundante en esa veta teórica, hubiera esperado y dicho (y en parte lo dijo aquí, en Caras y Caretas): A, que la democracia y la justicia en Estados republicanos de derecho no son ni un régimen respetado ni una expectativa probable cuando las papas queman para los intereses del poder real en la sociedad, en regímenes capitalistas, burgueses y liberales. B, que los pactos de omertá como los que probablemente regían, rigen y regirán en casos como este haría esperables procesos y penas tan poco duros y eufemistas como las penas y los procesos que hemos presenciado. C, que la fiscal Fossati hubiera cometido un inútil suicidio sociojurídico, muy probablemente sin alterar el resultado del proceso judicial, si hubiera dejado el caso o lo hubiera perseguido con más celo y furia.

La fiscal Gabriela Fossati fue muy realista y sincera; sin duda poco heroica, pero sin obligación de serlo, en la medida en que no podemos esperar ni reclamar el heroísmo de nadie en sus desempeños funcionales públicos; y, creyendo fundadamente que nada cambiaría con su crucifixión, priorizó entonces un nada despreciable instinto de supervivencia; se la ha tachado equivocadamente de hipócrita, aunque le correspondería mejor el descriptivo de cinismo; tampoco la cobardía le calza bien, sino más bien una valiente resignación discepoliana, muy probablemente ya adquirida durante su largo ejercicio profesional. No se le deberían achacar tales cosas a quien dijo claramente todo lo que vamos a tomar del top 10 de sus dichos, muy bien resumidos por el editorial de Alberto Grille en Caras y Caretas, en el ejemplar anterior a este que está leyendo. Recolecto, a seguir, de dicho editorial, ejemplos que, repito y reafirmo, me parecen mucho más de discepoliana valentía cínica que de cobardía hipócrita. Veamos. 

“No se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”.

 “Todos los nombrados son amigos que ponen piedras a la indagatoria”.

“Embarran la cancha y quieren tapar todo”.

 “Tendría que citar a declarar a todos los funcionarios del gobierno y de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, porque todos están nombrados en los diálogos del celular de Astesiano”.

“Es un escándalo de proporciones institucionales; lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones, de lo que se preocupan es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor”.

 Entonces, “si a nadie le interesa la justicia, ¿por qué yo?”.

 ¡Chan, chan!: final de D’Arienzo para un tango de Discépolo, adecuado para un Polaco Goyeneche bien cargadito. O también digno contenido para un punk medio intelectualizado. El título podría haber sido perfectamente ‘Fossati blues’.

 Bien leídos, los dichos y escritos de la fiscal Fossati son: A, un demoledor documento que atestigua el comportamiento real del poder real en desmedro de la retórica comunicacional del poder formal; B, es también un amargo descargo por la falta de profundidad de la investigación acusatoria; C, una muestra elocuente de la secundariedad del Poder Judicial frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, minga de equilibrio de poderes a la Montesquieu; quienes designan, influyen en las carreras funcionales, y deciden presupuesto y remuneración, están fácticamente superordinados sobre sus subordinados, aunque las entelequias utópicas doctrinales afirmen equilibrios e igualdades. Los poderes judiciales siempre estuvieron sutilmente alineados con el poder más real de legislativos y ejecutivos, totalmente esperable y predecible desde su lugar en la normativa que implementa el cronograma organizacional del Estado y de sus variables gobiernos. D, con el tan rioplatense condimento de una sabia amargura discepoliana en el lugar del realismo. Muy ‘nuestro’, amén de significativo; la contracara histórica del Cabildo Abierto de Montevideo, de setiembre de 1808.

 ¿Podría haberse hecho algo diferente?

 ¿Qué más podía hacer la fiscal en esas circunstancias? ¿Acusar a toda la plana mayor del gobierno, Presidencia, ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, Policía, de ‘obstrucción a la Justicia’?; ¿imputarlos por ‘desacato’?, ¿por ‘asociación para delinquir’?, ¿por poner esas piedras en lugar de contribuir, por embarrar la cancha, por querer tapar todo, por no querer corregir eventuales errores, sino reducir daños y tapar lo más comprometedor?, ¿por proteger a los suyos y a sus superiores políticamente involucrables?

 Si a nadie le interesa más para ayudar a hacer justicia, ¿por qué se la va a jugar ella sola, con los tiburones de omertá que parecen abundar en esa pecera? Si profundizaba más, podía, al menos, perjudicar irreversiblemente su carrera, sin que el resultado final del proceso cambiara, porque doctores tiene la santa madre iglesia como para impedirlo en caso de que ella se inmolara para buscarlo. Hay traslados judiciales oportunos, segundas instancias tajantes, supremas cortes que sabrán cumplir… Nada hipócrita, acaso cínica; nada cobarde, sino valiente declarante, quizás algo discepoliana, conocedora del paño, consciente de los límites entre el deber legal y el sacrificio inútil, luchando por su supervivencia social y jurídico-judicial. Encontró cómo sobrevivir en el sistema, cumpliendo mínimamente con su papel de parte fiscal, aunque frustrando infundadas expectativas de draconianos fallos; pero declaró lo suficiente como para que sus pocas palabras fueran aprovechadas por buenos entendedores, que no parecen ser todos, claro; las bombas asordinadas que lanzó son focos que iluminan el sistema, que sigue siendo como los teóricos de izquierda de los siglos XIX y XX lo habían imaginado y anunciado. Lo que no debería sorprender hoy ni generar absurdas expectativas.

 

Estados Unidos, paladín de la democracia republicana, cuyos teóricos y políticos trabajaron en los siglos XVIII y XIX para implementar la democracia francesa del siglo XVII, modelo para la América Latina independiente de España (e Inglaterra), ha sido el más consecuente derribador de democracias por el mundo, el más consecuente defensor de dictaduras, autocracias y dictaduras, el mayor promotor de guerras, invasiones, espionajes, matanzas y torturas, pero siempre con gárgaras comunicacionalmente impuestas de impoluto apoyo a democracias, libertades y derechos humanos. ¿Qué puede asombrar cuando funcionan regímenes políticos y sistemas de justicia confeccionados según esas medidas? La moral es el recurso de los débiles, dijo Nietzsche; y la normatividad jurídica su auxiliar formal, solo con un poco más de poder, pero aún muy insuficiente para lidiar con posibilidades con el poder real, también fáctica y hasta normativamente subordinado en lo formal; y menos que menos en situaciones políticamente límite.

 

Democracia y poder judicial son ficciones de lujo que rigen cotidianos normales cuando no amenazan al poder real; pero que no rigen de modo semejante cuando queman las papas para el poder real; véase lo que ha demorado y cómo se han reducido la verdad y la justicia respecto de la dictadura cívico-militar como seudópodo de la guerra fría geopolítica. Ahí es cuando la justicia queda reducida a las letras de murga y a las rasgadas vestiduras y mecidas barbas de las oposiciones político-comunicacionales recientemente convertidas a magras expectativas de justicia en una democracia capitalista, burguesa y liberal.

¿Por qué hijos de teóricos y políticos de izquierda creen ahora en la excelencia de las democracias republicanas, y en la justicia que se imparte en ellas, por poderes judiciales subordinados a los otros poderes, en situaciones políticamente límite? ¿Por qué no se piensa ya más que los olmos no dan peras y que no se las puede pedir ni extrañarse amargamente de que no se dan? ¿Sufrieron alguna metamorfosis como la que relata Kafka? ¿Qué tiene de sorpresivo e inesperado lo que está pasando en el caso Astesiano, para quien tiene formación sociopolítica histórica? La fiscal Fossati siempre se lo temió y trató de que no le tocara a ella el papelón y el mal momento; así, aunque algo más eufemizado, lo planteó públicamente y al fiscal de Corte, casi pidiéndole que apartara de ella ese cáliz; pero los dados estaban echados, el resultado iba a ser más o menos el que fue, de un modo u otro; el fardo le había caído a la fiscal Fossati; que se la banque, son gajes del oficio, reglas del juego, ¿por qué cambiarla?, ¿para sufrir suspicacias?; cada uno hace su juego, sálvese quien pueda, Pilatos se reencarna muchas veces, oportunamente casi siempre.

Ok. Como dijo Alberto Grille también, lo que hizo la fiscal Fossati es ‘comprensible’. Y agrega: “Sin embargo, es un pésimo ejemplo ciudadano”. Si no hubiera fiscales valientes, soldados arrojados, policías decentes”, etc., “no habría ejemplos para los jóvenes ni futuro para la sociedad” […] “así no se hace patria”. Quizás fuera así antaño; pero en el mundo contemporáneo ya no es más así, según han estudiado las ciencias sociales, en su reciente pluridisciplinariedad. Se lo debo para la próxima columna. No es para pocas líneas el tema; porque es muy importante. Hasta la próxima, entonces, lector.

La frase del estribo, para abrir apetitos: en el mundo y en Uruguay crece una decadencia de la normatividad jurídica en desmedro de otras normatividades, valores y creencias; aunque, perversamente, esas normatividades a-jurídicas se argumenten con retórica jurídica; lo que desprestigia a sus actores y a la normatividad jurídica aún más, como incompetente, impotente, hipócrita, grandilocuente y servil.

Tomado de Caras & Caretas número 1107, páginas 22 y 23. Titulo original: “Democracia y Justicia. FICCIONES CUANDO EL PODER PELIGRA”. Autor: Rafael Bayce.