La magnitud de la libertad sindical

 

En momentos en que la libertad sindical y el derecho de huelga reciben cuestionamientos y experimentan limitaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recurre a la Corte Internacional de Justicia contra los intentos de debilitar su alcance. Intenta recuperar una tradición de 1.500 años en la definición de lo que es justo.

Desde hace más de un siglo, las catástrofes nos recuerdan de forma periódica que solamente el reino del derecho puede garantizar una paz duradera, tanto entre las naciones como dentro de ellas. En 1919, el balance terrorífico de la Gran Guerra mostró por primera vez los abismos a los que conducía el desencadenamiento de la violencia en la era industrial. Para evitar que se repitiera, los negociadores del Tratado de Versalles elaboraron un primer orden jurídico mundial basado en dos instituciones: la Sociedad de las Naciones (SDN) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La negativa de Estados Unidos a ratificar el tratado condenó muy pronto a la SDN al fracaso. En cambio, en 1937 se adhirió a la OIT, que pudo así desempeñar un rol pionero en el desarrollo de un nuevo orden jurídico internacional tras la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Filadelfia que adoptó en 1944 allanó el camino para el posterior reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y la creación de diversas instituciones encargadas de organizar la cooperación internacional para ponerlos en práctica, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La libertad sindical fue la matriz de estos derechos sociales. Inscripta en el preámbulo de la Constitución de la OIT, también le ha dado su carácter distintivo, ya que representa no solamente a los gobiernos, sino también a los empresarios y a los trabajadores de los estados miembros. Siempre que evite la burocratización, esta doble representatividad política y social es un factor de legitimidad del que deben extraerse enseñanzas para renovar el orden jurídico internacional en su conjunto¹.

Tanto a nivel internacional como nacional, el objetivo primordial del derecho es proteger a las personas de la violencia obligándolas a intercambiar palabras en lugar de golpes. Para cumplir esta función, debe ser posible recurrir en caso de litigio a un tercero imparcial que tenga autoridad para enunciar la ley y hacerla cumplir. La libertad sindical forma parte de esta estructura ternaria, pero la enriquece y consolida al autorizar a las organizaciones colectivas a actuar pacíficamente para que se tenga en cuenta su experiencia concreta de la injusticia del orden establecido. Además del derecho a emprender acciones legales para obtener la aplicación de la ley vigente, añade un derecho a actuar de modo colectivo para conseguir que se reforme la ley. La justicia de la norma ya no se postula entonces como un axioma indiscutible, como tampoco se supone que resulte de forma espontánea de la competencia pura y perfecta o de la lucha de clases o de razas; se convierte en el objeto mismo de una protesta colectiva regida por el derecho. La libertad sindical implica no solamente el derecho a ser representado, sino también el derecho a actuar y a negociar de manera colectiva. El uso de estos derechos permite metabolizar la violencia y convertir las relaciones de poder en relaciones jurídicas en un movimiento incesante de aproximación de la justicia.

La libertad sindical se ejerce bajo formas demasiado variadas para incluirlas en una lista exhaustiva: huelgas, pero también reuniones, manifestaciones, boicots, etiquetas, campañas de información pública y de alerta, etcétera. Cada una de estas acciones colectivas obedece a la idea de no violencia, en el sentido político de satyagrahā que le dio Mohandas Karamchand Gandhi en su lucha por la emancipación de India². Descrita de modo indebido como “resistencia pasiva”, una acción de este tipo consiste, de manera literal, en “aferrarse a la verdad”, es decir, oponerse a un orden injusto, no con la fuerza física, sino con la entereza de quien se niega a obedecerla.

Este derecho a impugnar la ley no es un factor de desorden jurídico, sino, al contrario, de la perennidad de este orden en sociedades enfrentadas a cambios técnicos, ecológicos o sociológicos. La invención del Estado social ha garantizado la solidez de los regímenes democráticos frente a las dictaduras al combinar la representación política con la representación social. A diferencia de la democracia política, que confiere el poder a una mayoría electoral de individuos formalmente iguales, la democracia social permite expresar la diversidad de experiencias de la realidad que pueden tener las distintas categorías de la población. Por tanto, su alcance puede extenderse a la defensa de intereses distintos de los de los asalariados y los empresarios, como los de los trabajadores independientes o los ecologistas. Al volver a poner a los dirigentes en contacto con la realidad, reduce su “desconexión” de los problemas a los que se enfrenta la gente corriente.

Tomado de Le Monde Diplomatique, año 2 numero 23, páginas 33 y 34. Titulo original : “El despertar normativo de la OIT”. Autor: Alan Supiot

 

En el narcotráfico el problema son el mercado y sus redes, no los individuos en sí.

 

El crimen organizado de las drogas ilegalizadas es una de las principales amenazas a las repúblicas democráticas y a la convivencia pacífica de las sociedades latinoamericanas del siglo XXI. La afirmación no es desmesurada. Vasta evidencia demuestra que este fenómeno criminal compra voluntades políticas, judiciales, empresariales y de las fuerzas de seguridad públicas, y que no excepcionalmente estos mismos actores integran las organizaciones criminales. El crimen organizado global fue responsable del 22 por ciento de los homicidios del mundo y del 50 por ciento de los homicidios ocurridos en América Latina en 2021.¹ Es causa de miles de desaparecidos y de desplazamientos forzados, así como del florecimiento de otras empresas criminales. Esto es solo un fragmento de los daños y los dolores que produce.

En su extensa división del trabajo, el crimen organizado de las drogas ilegalizadas cubre un repertorio extenso de actividades delictivas de poderosos y de cuello blanco, así como delitos de débiles y de cuello azul. Mientras los primeros protegen el capital y se protegen a sí mismos, los segundos están desprotegidos creyendo no estarlo, defendiendo con su cuerpo lo que no les pertenece. Unos se disocian de la sangre derramada en el negocio criminal que colaboran a generar y disfrutan de las ganancias ilegales. Los otros tienen vidas breves, se exponen directamente al crimen y están dominados por la aspiración a emular el éxito del poderoso y su épica.

La potencia del crimen organizado no radica tanto en su capacidad de compra y ejercicio de la violencia y la crueldad, sino en lo que significa el mercado que integra. El mercado de las drogas ilegalizadas es la articulación de miles y miles de poderosos y débiles en redes rizomáticas y de subordinación, tejidas en el tiempo y el espacio internacional sobre los hombros de las ganancias de la prohibición de sustancias mercantilizadas ofertadas e intensamente demandadas. Es allí donde están la potencia estructural del fenómeno criminal y, por lo tanto, los problemas y las soluciones.

Como instituciones modernas que son, la Policía, la Justicia y la cárcel atienden a individuos y los efectos singulares de fenómenos complejos. Fueron diseñadas para ello, mas no para desarticular mecanismos causales, organizaciones y redes delictivas trasnacionales. Se crean organizaciones supranacionales para subsanar estos límites, pero los esfuerzos aún son insuficientes. Las instituciones nacionales tienen grandes limitaciones para escalar a lo general y estructural desde los resultados particulares que detectan y abordan. Tampoco está en ellas hacerse cargo de asuntos de seguridad que las trascienden. En otras palabras, este no es un problema únicamente del Ministerio del Interior. En esta dirección, más a menudo de lo que se reconoce, las falencias en seguridad están en la comprensión del problema y su abordaje. Responsabilidad en ello tiene la herencia del derecho liberal positivista y de los gobernantes convencidos de que su intuición y guapeza son bases más firmes para la toma de decisiones en la materia que la evidencia de disciplinas científicas. Esto alimenta la idea de que nada funciona, propiciando la tentación punitiva² y la política pública criminal de la enemistad.³ De este modo, es insoslayable encaminarse hacia una reingeniería institucional y la descolonización de saberes obsoletos (también de intuiciones y sentidos comunes) aún dominantes en el quehacer de la seguridad.

Importa entender que los mercados ilícitos en general y los actores que los protagonizan han sido históricamente protegidos por los Estados.⁴ Los argumentos más frecuentes están relacionados al derrame de la rentabilidad que producen esos mercados en quienes deberían impedirlo.⁵ Sin embargo, también es cierto que varios mercados ilícitos son protegidos, a pesar de su ilegalidad e ilegítima competencia, cuando generan un nivel de violencia mínimo tolerado por la sensibilidad social, organizan un territorio complejo y, al mismo tiempo, expanden el acceso al consumo de bienes legales por medio de la disminución de los costos. Esto resulta de especial interés para el gobierno de turno y la política electoral, ya que se vincula con la satisfacción de la población y la pacificación de las comunidades. Esto demuestra la complejidad de los equilibrios y la ingenuidad de quienes llevan la palabra de las políticas de mano dura.

Los casos paradigmáticos de Colombia y México, particularmente los gobiernos de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, llevaron adelante medidas de mano dura utilizando a las Fuerzas Armadas contra los delitos de los débiles y de cuello azul, y medidas de mano blanda y de protección contra los delitos de los poderosos y de cuello blanco. Los homicidios aumentaron escandalosamente, mientras algunos empresarios y autoridades de las fuerzas de seguridad pública y de la política recibían sobornos y pactaban con organizaciones criminales sin pacificar los territorios. En otra escala y con otra geoeconomía de las drogas tenemos el caso de Ecuador, con la proliferación de grupos criminales locales para el sostenimiento de la cadena de producción de las drogas de la zona andina hacia el mundo. Descartando los aprendizajes de Colombia y México, los gobiernos de Lenín Moreno y Daniel Noboa han planteado sucesivos estados de excepción y reformas normativas para utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. El Salvador de Nayib Bukele se nos presenta como el caso exitoso de la versión de las políticas de mano dura. El gobierno sostiene que las comunidades salvadoreñas se han pacificado y que los homicidios bajaron drásticamente con la «guerra a las maras». Visto así, la receta ha dado sus frutos. ¿Pero estos son indicadores suficientes para medir el éxito de una política pública en seguridad? ¿Qué sucede con los desaparecidos, los abusos y las torturas a la población?

Bajando a tierra algunos conceptos, vale la pena prestar atención al contrabando de mercaderías. Llamativamente, esta es una actividad económica criminal desaparecida de la discusión pública sobre seguridad, a pesar de las grandes ganancias sucias que moviliza. Entre 2019 y 2022, en tan solo cuatro años, el valor de las mercaderías incautadas por contrabando ascendió a más de 72 millones de dólares.⁶ Desconocemos lo que representa esta cifra en un negocio que, como todo crimen, no se deja captar en su totalidad. Sin embargo, podemos suponer que la millonaria suma incautada es solo un fragmento de las ganancias totales. ¿Por qué? Porque si la razón del contrabando se sustenta en su rentabilidad, estamos habilitados a hipotetizar que las ganancias de esta actividad criminal superan ampliamente los costos (incautación) y los riesgos (probabilidad de incautación). En otras palabras, el contrabando movilizó cientos de millones de dólares en Uruguay entre 2019 y 2022. Esto tiene al menos dos derivaciones. Por un lado, un mercado ilícito millonario solamente se desarrolla y perdura en el tiempo con corrupción. Por otro lado, dado que una de las finalidades del negocio del crimen es la utilización de la renta generada, se necesita lavar el dinero sucio. Claro que todo esto no ocurre en la impunidad absoluta. Hay detenciones policiales, sentencias judiciales e incautaciones de mercaderías por este delito. No obstante, el contrabando de mercancías se mantiene floreciente pese a la pretensión punitiva del Estado. Entonces, volvemos a la premisa anterior: estamos ante un fenómeno estructural, el problema son el mercado y sus redes, no los individuos en sí.

El mercado de las drogas ilegalizadas y el contrabando tienen diferencias importantes. Las dos principales distinciones son: 1) en el mercado de las drogas ilegales, las sustancias tienen mayor probabilidad de generar ganancias extraordinarias. 2) En el mercado de las drogas ilegales, la probabilidad de ocurrencia de conflictos, violencias y crueldades es significativamente mayor. No obstante, sabemos que mercados pujantes de drogas ilegales pueden coexistir con bajos niveles de violencia. Aquí están dos cimientos del mercado a reducir: la rentabilidad y la violencia. Ambos se pueden afrontar minimizando el conflicto y sin la ilusión de eliminar el mercado. Para ello se debe incursionar y profundizar en la regulación de las mercancías de amplia circulación (cocaína y marihuana), trabajando en la responsabilidad y los cuidados de los usuarios. Esta no es una tarea para una única jurisdicción, se necesita un movimiento internacional para su completa efectividad, tal como sucedió con su contracara, la prohibición del opio a inicios del siglo XX. En paralelo, es necesario pacificar los territorios con procesos de mediación y negociación –lo que no significa impunidad y permitir la gobernanza criminal–. Es necesario construir comunidades abiertas ocupadas y ocupantes del espacio público. La pacificación de fondo de los territorios no se alcanzará sin disociar la violencia de la masculinidad respetada. Los esfuerzos estatales también deben dirigirse hacia el fortalecimiento de la inteligencia policial y financiera, la persecución del dinero (lavado de dinero) y la protección (corrupción) del capital criminal. Estas son algunas piezas para comenzar.

1. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Global Study on Homicide 2023.

2. «Sensibilidad punitiva», Brecha, 5-XI-20.

3. «La política pública criminal de la enemistad», Brecha, 9-VI-22.

4. «Sale caro», Brecha, 3-XI-23.

5. Fuerzas de seguridad pública, operadores judiciales, funcionarios de instituciones clave del Estado (aduana, migración, etcétera), actores políticos, entre otros.

6. Datos extraídos de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo llevada a cabo por Alejandro Montesdeoca en julio de 2023.

Extraido de brecha 1991, 19 enero, 2024. Titulo original:

APUNTES PARA SU COMPRENSIÓN Y PIEZAS INICIALES PARA SU MITIGACIÓN

La fuerza del mercado de las drogas ilegalizadas

Autor: Gabriel Tenenbaum

 

El aumento de precios durante el 2023. Un resumen.

 

Para comenzar:

¿Qué es el IPC?. Una respuesta: Es un índice económico en el que se valoran los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios (conocido como «canasta familiar» o «Canasta básica de alimentos) determinando sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares (también llamada «encuesta de gastos de los hogares»), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior.

Que paso en 2023:

El índice de precios al consumo (IPC) cayó 0,1% en términos mensuales y cerró el año en torno a 5,1%, ubicándose dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU) (3% a 6%). En promedio, la inflación anual fue 5,9%.

La división con mayor incidencia detrás de la variación mensual de diciembre fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que cayó 3% frente al mes de noviembre. Esto se explicó por la reducción de la factura de energía eléctrica, que ascendió a 9,3% –lo cual repite la dinámica típica de los diciembres–.

En sentido contrario, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue la división con mayor incidencia positiva sobre el comportamiento de la inflación durante el último mes del año. Concretamente, estos precios aumentaron casi 1% en términos mensuales. Al interior de esta categoría, destacó el incremento de la carne y otros productos derivados (0,4%). En particular, aumentaron los precios de la nalga (1,6%), la carne picada (1,5%), el pollo (2,5%) y los chorizos (1,4%). Estos aumentos no lograron ser compensados por la reducción que exhibieron los precios de la carne ovina (8,7%) y el jamón (1,8%).

En el caso de la agrupación que nuclea la leche, otros productos lácteos y huevos, el aumento mensual de precios se situó en el orden de 0,4%. En términos agregados, los precios de las frutas y frutos secos aumentaron 6,9% con respecto a noviembre, impulsados por el incremento del precio de limones (15,9%), naranjas (9,1%), mandarinas (11,4%), manzanas (12,2%) y frutillas (22,4%). En el caso de las hortalizas, los tubérculos y las legumbres, la dinámica al cierre de 2023 pautó un incremento de 2,3% para el conjunto, destacándose los avances de la lechuga (13,1%), las espinacas (21,8%) y los tomates (10,8%).

El último destaque del mes fue el de la categoría “Transporte”, que cayó 1% jalonada por la reducción del gasoil (3,4%) y la nafta (2,6%).

Dinámica 2023: rearmando el IPC según mecanismos de formación de precios:

La canasta de consumo que se utiliza para medir la inflación está compuesta por una multiplicidad de productos que difieren en su naturaleza, es decir, incluye un montón de bienes y servicios cuyos precios se forman a partir de distintos mecanismos (por ejemplo, pueden depender o no del dólar) y suelen experimentar vaivenes más o menos pronunciados (por ejemplo, pueden estar más o menos ligados a condiciones climáticas).

Por este motivo, el reagrupamiento de los componentes de la canasta en función de otros criterios (distintos al tradicional, que publica el Instituto Nacional de Estadística [INE] y que fue analizado antes) es útil para comprender mejor la dinámica de precios, las fuerzas que los llevan hacia un lado o hacia el otro y también, obviamente, para desentrañar las perspectivas.

Comenzando por la distinción entre los llamados “mecanismos de formación de precios”, la inflación transable cerró el año con una variación interanual de apenas 2,5%, luego de incrementarse por tercer mes consecutivo a raíz del leve repunte del dólar. La inflación transable refleja la evolución de los precios que están más emparentados con el dólar y con los precios internacionales, en tanto se trata de productos que son objeto de comercio externo (el precio se determina por condiciones de oferta y demanda globales). Esta categoría recoge aproximadamente al 45% del total de los productos que conforman la canasta de consumo, aunque su medición varía de acuerdo a los criterios adoptados por cada analista (no es una medición que publique el INE). La carne es el ejemplo clásico de un producto transable asociado a condiciones externas.

En efecto, la trayectoria de esta variable durante el año revela la importancia que ha tenido la caída del dólar para moderar el crecimiento de los precios al consumo (así como la moderación de los precios de los commodities alimenticios). Es a partir de este tipo de consideraciones que puede argumentarse que el fuerte descenso de la inflación fue la contracara del atraso cambiario. En ese sentido, la variación interanual de estos precios llegó a ubicarse por debajo del 1% en setiembre, promediando el año en 3,3%.

A este respecto, la consultora en economía “Exante” compartió desde sus redes la distribución anual de los aumentos dentro de esta categoría, clasificando 206 ítems de la canasta como transables (de un total de 367). A partir de este análisis, concluyó que 59% de los rubros transables tuvieron variaciones en el año que se ubicaron por debajo del piso del rango meta, 19% se movieron dentro del rango y solamente 22% varió por encima de su techo.

La inflación no transable, por su parte, nos cuenta qué pasó con la dinámica de los precios que se determinan bajo condiciones domésticas (no están atados a los vaivenes del tipo de cambio o de los precios internacionales). El ejemplo clásico en este caso sería el precio del corte de pelo. Sacando frutas y verduras (por su particularidad), la inflación no transable –que representa cerca del 30% del total de bienes y servicios que conforman la canasta– cerró el año con un incremento de 6,5%, nivel similar al que mostró durante la segunda mitad del año. En este caso, el promedio anual se situó en el entorno de 7,5%. Volviendo al análisis realizado por “Exante”, el 67% de los precios considerados como no transables (114 ítems) exhibió un incremento anual superior al techo del rango meta (y sólo 11% aumentó por debajo del piso).

Siguiendo con este criterio de agrupación –en función de los mecanismos de formación de precios– aparecen las frutas y las verduras, que representan cerca del 4% de la canasta. En este caso, los precios cerraron el año un 26% por encima del nivel que tenían en diciembre de 2022. En promedio, el aumento de este conjunto de bienes en el año ascendió al 31% interanual. Cabe recordar que esta categoría, sensible a los vaivenes climáticos, llegó a mostrar crecimientos interanuales superiores al 52% durante el segundo trimestre del año, como resultado de la afectación que produjo la sequía sobre la oferta.

Por último, en lo que refiere a la categoría de precios administrados, el crecimiento interanual de los precios se ubicó en torno a 5,2%. Esta categoría incluye los productos cuyos precios no dependen de condiciones de oferta y demanda, sino de otros factores. Se trata, entre otros, de tarifas públicas, tabaco, salud y transporte.

Dinámica 2023, rearmando el IPC según estabilidad de precios:

Otro criterio útil para entender la dinámica de los precios consiste en separar los productos del IPC de acuerdo al grado de estabilidad que exhiben sus precios. Siguiendo esta línea, encontramos dos agrupaciones alternativas: la inflación tendencial (o subyacente) y la inflación residual. La primera recoge la evolución de los precios que son más estables dentro de la canasta. Por este motivo, funciona como una señal más fiel sobre la trayectoria de su núcleo duro. Todo lo que se excluye en esta categoría va a parar a la llamada “inflación residual”, que incorpora justamente la dinámica inflacionaria de los componentes cuyos precios tienen un comportamiento más volátil o errático (típicamente frutas y verduras o alimentos frescos).

Analizando la dinámica inflacionaria anual bajo esta lógica, 2023 se caracterizó por una moderación importante de las presiones inflacionarias, como evidencian los registros inferiores al 5% que ha venido mostrando la inflación tendencial. No obstante, durante la segunda mitad del año la trayectoria de esta dimensión mostró un repunte, sugiriendo un incremento de las presiones inflacionarias luego del piso alcanzado en setiembre (3,9%). En el caso de la inflación residual, el registro para el cierre del año fue cercano al 6% interanual, tras tres meses de aceleración.

Perspectivas:

Según estima el Centro de Investigaciones Económicas, la inflación permanecería dentro del rango meta hasta mediados de 2024, pero cerraría el año en torno al 7%. Por su parte, los analistas encuestados recientemente por el BCU anticipan una inflación de 6,4% para diciembre de 2024. De cara a 2025, las proyecciones sugieren una nueva moderación de los precios, que finalizaría el año en el eje del 6%.

Tomado fundamentalmente de La Diaria. Titulo original del articulo “Desentrañando la inflación de 2023”.Publicado el 8 de enero de 2024

 

 

En Uruguay el despido debe tener una causa. Esa causa debe ser explicitada al trabajador por parte del empleador.

En esta entrevista, realizada en el programa “En Perspectiva” de Radio Mundo el día lunes 15 de enero de 2024, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor Hugo Barretto Ghione argumenta en torno al concepto de despido, en torno al concepto de despido causado y a la necesidad de que en nuestro país se abandone el concepto de despido libre.

El catedrático, además nos da pistas sobre las fuentes legales que sustentan su posición.

Estamos convencidos que el despido libre en el Uruguay, no se puede seguir sosteniendo, por razones lógicas pero también por razones legales.

Escuches los argumentos del profesor Barretto Ghione en el siguiente Link:

https://youtu.be/zJoFrys7APc?si=4GxuDJFrwjBSAaUL

 

 

Como viene evolucionando el salario real en el Uruguay

 

¿Qué es el salario real?

A diferencia de mirar únicamente el valor monetario del salario, el salario real mide su evolución teniendo en cuenta los movimientos en los precios. Por lo tanto, existen dos fuerzas detrás de los movimientos del salario real: cambios en los salarios o cambios en los precios (la inflación). De esta manera, la evolución del salario real muestra la dinámica del poder de compra de las remuneraciones por trabajo. Esto quiere decir la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el salario una vez que se toma en cuenta los cambios en los precios.

¿Cómo evolucionó el salario real en 2023?

Luego de una persistente caída y posterior recuperación, 2023 fue el primer año en el que el salario real alcanzó el mismo valor que tuvo, en promedio, en 2019.

El salario real ha sido la variable más retrasada en su recuperación. Si bien el PIB y el empleo se recuperaron a niveles superiores a los de 2019, el salario promedio todavía se encontraba por detrás. Con las últimas proyecciones, el crecimiento de la economía en 2023 será menor, mientras que el salario real tendrá un crecimiento mayor al de los últimos años. De esta manera, finalmente se cerraría la importante caída de la participación de la masa salarial en el PIB observada en los últimos años.¹

¿Qué rol tuvo la evolución de la inflación?

En la evolución del salario real durante 2023, la inflación tuvo un rol central. Para el período enero-noviembre de 2022, el índice medio de salarios (IMS) creció un 9,34%, pero el aumento de la inflación en el mismo período fue de 8,57%, resultando en un aumento del salario real de 0,71%.

En 2023 la variación del IMS para el mismo período fue un poco menor, del 9,06%, pero hubo una gran diferencia en la variación de la inflación, que fue de 5,22%. De esta manera, el salario real para el acumulado enero-noviembre de 2023 aumentó 3,64%.

¿Cuál es la situación actual del salario real privado y público?

En la actualidad, no todos los salarios se encuentran en la misma situación de recuperación. Comparando noviembre de 2019 con noviembre de 2023, el salario real tuvo un aumento de 2,77% y 0,90% para el sector público y privado, respectivamente.

Mirando la variación del sector privado, el sector de la construcción es el que se encuentra en la mejor situación en comparación con el mismo período de 2019, con un aumento de 3,15%. Le siguen las actividades inmobiliarias, con un aumento de 2,92%.

En el otro extremo, de sectores más atrasados, está hoteles y restaurantes, con una disminución de 3,53% en el salario real. Este está seguido por comercio, que disminuyó en 1,75%.

Para el sector público, todas las variaciones entre noviembre de 2019 y noviembre de 2023 fueron positivas. Estas fueron de un 5,33% para el gobierno central, 4,56% en empresas públicas y 1,44% en gobiernos departamentales.

¿Qué son y cuál es la situación de los salarios sumergidos?

Los salarios sumergidos, según el Instituto Cuesta Duarte, son aquellos que se consideran muy bajos con respecto al costo de vida. Su umbral es arbitrario y para los últimos datos disponibles de 2022 el Instituto Cuesta Duarte lo fijó en 25.000 pesos líquidos por una semana de trabajo de 40 horas.²

En su último informe disponible sobre salarios sumergidos en 2022, el instituto indicó que hubo unos 549.000 ocupados con salarios sumergidos. Esto representa un aumento de casi 100.000 trabajadores en comparación con 2019, cuando la cifra era de 452.000.

En 2022, dentro de estos trabajadores se encontraron una mayoría de jóvenes, de residentes en el interior del país y de mujeres. A su vez, los sectores de actividad más afectados fueron el servicio doméstico (49%), rural (47%), comercio (44%) y hoteles y restaurantes (44%).

¿Qué se proyecta para 2024?

La evolución en el próximo año estará marcada por las negociaciones y acuerdos realizados en la décima ronda de los Consejos de Salarios. Varios de estos cerraron en diciembre, con el foco puesto en la recuperación del nivel del salario real, es decir, llegar a los niveles previos a la pandemia, no recuperar las pérdidas ya ocurridas. Con los resultados actuales de las mesas, esta recuperación finalizaría en su mayoría para julio de 2024 o enero de 2025. A su vez, quedan algunas mesas pendientes que negociarán este año, en el marco de la misma ronda.

El otro componente que impactará en la evolución del salario real de 2024 será la inflación. Si bien en 2023 se situó en valores menores a los esperados, las proyecciones para este año son distintas. Las expectativas relevadas por el Banco Central muestran que la inflación se situaría en torno al 6,4% en 2024 y en 6% para 2025.

Lo que suceda este año con el salario real será una combinación entre los acuerdos de la décima ronda y la inflación que efectivamente se consolide.

Se toman para esta publicación fragmentos de la nota titulada: ¿Cómo viene evolucionando el salario real? publicado el 11 de enero de 2024 en La Diaria; autora Agustina Romero

 

Aumento del salario mínimo nacional y otros aumentos.

 

El Poder Ejecutivo decretó que el salario mínimo nacional aumenta 5,5% a partir de este lunes 1 de enero, quedando en 22.268 pesos. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Trabajo este aumento estará ubicado por encima de la inflación estimada para el 2023 que se dará a conocer esta semana.

En el ámbito privado, la mayor parte de los sectores de actividad tendrán el aumento acordado en los Consejos de Salarios. Dichos aumentos varían entre el 2 y el 5 por ciento, según cada grupo de negociación, comprendiendo ajustes por inflación y recuperación del salario. Esto incluye entre otros, a trabajadores rurales, de supermercados y almacenes, bancarios, bebidas, comercio, papelerías, enseñanza, hotelería y gastronomía.

En el sector de trabajo doméstico rige un aumento general de 4,4% y el valor del salario mínimo por hora sube de 139,22 a 145,34 pesos. En el sector público, los funcionarios de la administración central tendrán un aumento del 6,3%. En cuanto a los jubilados y pensionistas, el viernes 29 se conoció el dato de incremento provisorio de 8,39% a partir del dato del índice medio de salarios nominales correspondiente al período enero – noviembre. En enero estará el número final del índice medio de salarios de 2023 y con ello el ajuste definitivo. En el caso de las jubilaciones mínimas ya hubo un adelanto del 3% desde el pasado mes de julio, que será descontado en febrero.

Marcelos Silvera, compañero muerto por las balas de un carnero.

 

Seis años ya de la muerte del trabajador del transporte Marcelo Silvera, dirigente sindical del SUTCRA/PIT-CNT(Sindicato de Camioneros), en el marco de un paro general decretado por el sindicato para ese día del 2 de enero de 2018. El SUTCRA decía aquel fatídico día en un comunicado oficial: "Este asesinato cobra características diferentes y tiene agravantes a un hecho de violencia común, teniendo en cuenta que mientras el compañero Marcelo Silvera se dirigía junto con su esposa a trasladar a su pequeño hijo a una mutualista por problemas de salud, se cruza en la ruta con un trabajador (chofer) de la empresa de Rivera, Transportes Viana, manejando el camión de la empresa y no acatando la medida del sindicato". El SUTCRA asegura que el trabajador reconoció a Silvera "por su gran militancia, realizando una maniobra brusca" que obligó a Silvera a frenar su vehículo "dado que ve peligrada tanto su integridad física, la de su señora esposa y la de su hijo de 6 años". En estas circunstancias "se genera una discusión sobre la ruta que termina en la puerta de la empresa Transportes Viana, cuando el compañero Marcelo se baja de su vehículo y se dirige para increpar la actitud de este trabajador; este, en forma cobarde, desde arriba del camión y sin bajarse en ningún momento del mismo, le propina un disparo de arma de fuego en el pecho al compañero Silvera quien queda en el piso desangrándose la entrada de la empresa, siendo abrazado por su señora esposa y su hijo de 6 años". Marcelo Silvera presente. “Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia nada construyen, porque sus simientes son de odio”