Mejora la economia, pero no los salarios.

 

Para el Cuesta Duarte, mejora el “ritmo de recuperación” de la economía aunque se sostiene en algunos “factores transitorios”

Este miércoles el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT divulgó un informe sobre la evolución de la actividad económicas, tras conocerse la semana pasada los datos oficiales del Banco Central, que mostraron un crecimiento en el tercer trimestre del año de 2,7% frente al trimestre previo y de 5,9% contra igual período del año anterior. “Los datos fueron particularmente buenos” y muestran “una aceleración en el ritmo de recuperación”, analizaron los técnicos de la central sindical.

Según el reporte, se prevé que la economía crezca a 3,4% este año, en línea con la previsión del gobierno de 3,5%. “El desafío de la política económica en adelante es sostener el ritmo de crecimiento, el que en algunos puntos se sostiene en factores de corte más transitorio o que dejarán de operar en el corto plazo”, indicó el Cuesta Duarte. También mencionó “otros desafíos en materia económica” para el gobierno, que “hoy parecen algo lejanos de alcanzar, como la reducción de la inflación o la más rápida recuperación del ingreso de los hogares”.

Respecto de los datos recientes del PIB, se indicó que “la actividad económica del tercer trimestre se ubicó en un nivel similar al del último trimestre de 2019, el que se podría considerar el nivel prepandemia”, es decir que se logró una recuperación de los impactos del coronavirus. Igualmente, se apuntó que “el producto todavía se encuentra por debajo del promedio alcanzado en 2019 y seguramente recién sobre finales de 2022 se alcancen los niveles de actividad medios anteriores a la pandemia y se recupere, por ende, la caída registrada durante 2020”.

Sobre el análisis sectorial del nivel de actividad, el Cuesta Duarte repasó que el agro, la construcción y, en menor medida la industria mantienen una expansión a lo largo del año, mientras que el comercio y los servicios se recuperaron en el trimestre luego de registrar “tasas de crecimiento negativas muy por encima del promedio general”.

“En el caso del comercio seguramente su expansión en lo que va de 2021 se explique fundamentalmente por los sectores vinculados a exportaciones e importaciones, ya que el consumo todavía se encuentra deteriorado, producto más que nada de la caída, aún no recuperada, de los ingresos de los hogares. Adicionalmente, es uno de los sectores que más negativamente se ha visto afectado por el cierre de fronteras”, añadió el informe.

Acerca de la evolución del consumo, se apuntó que creció por segundo trimestre consecutivo tras la caída como consecuencia de la pandemia, pero lo hace por debajo del promedio del PIB. “Si bien desde setiembre el empleo viene registrando una tendencia de más rápida recuperación, los ingresos por el trabajo cayeron de manera importante durante 2020; el salario real se retrajo ese año y siguió haciéndolo durante todo 2021”, complementó el instituto.

Ligado al tema salarial, los técnicos del PIT-CNT mencionaron a la inflación, que “en los últimos meses siguió ubicándose por encima del rango meta, exhibiendo además una tendencia creciente”. Se espera que cierre el año en torno a 8% y en los meses siguientes siga por encima de la meta oficial, que pasará a ser entre 4% y 6% el año próximo.

“La reducción de la inflación es clave, no solamente como parte del cumplimiento de las metas gubernamentales, sino porque de su disminución dependerá que la recuperación salarial comience a verificarse el año entrante o que se postergue hasta la finalización de los convenios, a mediados de 2023”, señaló el documento.

“El principal desafío en adelante es sostener el proceso de crecimiento en la medida en que vayan finalizando distintos proyectos o factores transitorios que se encuentran detrás de este crecimiento”, concluye el Cuesta Duarte en su informe.

(La Diaria, 29 de diciembre de 2021, bajo el titulo:

Para el Cuesta Duarte, mejora el “ritmo de recuperación” de la economía aunque se sostiene en algunos “factores transitorios”)

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Evaluacion de la novena ronda de consejo de salarios

 

Consejos de salarios: de 21 negociaciones que fueron resueltas por votación, el Ejecutivo votó en 17 con los empresarios y en cuatro con los trabajadores.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó este lunes Novena ronda de los Consejos de Salarios. Resultados preliminares y evolución reciente del salario real, un balance que incluye las resoluciones tomadas hasta el 13 de diciembre de 2021.

El informe dice que “de las 156 resoluciones analizadas, 16 pertenecen a subgrupos calificados como muy afectados por la pandemia y que abarcan a algunos de los comprendidos en las exoneraciones del pago de aportes patronales que otorgó el artículo 2 de la Ley 19.942 [Aprobación de nuevas medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia de la emergencia nacional sanitaria, por covid-19]. Dichas resoluciones, que prevén un año de caída de salario real con condiciones similares a las de la octava ronda (un único ajuste salarial de 3% en el año y sin correctivo final) abarcan a unos 35.000 trabajadores (aproximadamente 4% del total)”.

De los 16 subgrupos que cerraron en diciembre, 14 habían tenido un año de caída de salario real de 4,2%, por lo que al terminar la novena ronda, a mediados de 2022, “habrán acumulado una pérdida de poder de compra de aproximadamente 8,6%. Se trata de subgrupos como la hotelería, los locales de comida, cines y servicio de taxis, entre otros”.

El documento destaca que en hotelería y locales de comida, por ejemplo, “de ingresos relativamente bajos”, la caída en el poder de compra del salario “afecta duramente las condiciones de vida de estos trabajadores”.

De los 16 subgrupos, nueve resolvieron gracias a un acuerdo entre las partes, mientras que en seis el Poder Ejecutivo y las patronales votaron juntos, y en uno solo se decretó el convenio.

“De las 140 resoluciones restantes relevadas, no pertenecientes a sectores muy afectados por la pandemia, 30 negociaron en el marco de la novena ronda pero llegando a la misma sin pérdida de salario real. De estas 30 mesas, la mayoría provenía de la séptima ronda, donde en general habían firmado acuerdos por tres años de duración, los que iban desde mediados de 2018 a mediados de 2021”, señala el documento.

El instituto señala que para esos sectores el Poder Ejecutivo no incorporó porcentajes de recuperación salarial, “ya que no habían tenido pérdida de poder de compra del salario previa. Se trata de subgrupos que abarcan a unos 137.000 asalariados del sector privado. Ejemplos de subgrupos en esta categoría son el servicio doméstico, la forestación y el sector de la bebida, entre otros.

Hubo 110 subgrupos que venían del año puente que tuvieron una pérdida salarial de 2020. “Para la mayoría de estos subgrupos la pérdida salarial fue de 4,2%”, pero hubo casos en los que la pérdida fue mayor”, como en el subgrupo de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental, internacional, interurbano y de turismo, donde la pérdida de salario real con la que comenzaron a negociar en 2021 fue de entre 9% y 10%, porque “en el marco de la pandemia los trabajadores dejaron de percibir algunos de los ajustes que tenían pactados previamente”.

La mayoría de los acuerdos (85%) tiene dos años de duración, 2,9% fueron de un año de vigencia, y 2,1% de tres años.

En cuanto a la forma en que llegaron a los convenios el análisis dice que “tanto en los decretos como en las propuestas de votación, los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se alinearon de manera exacta a las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, independientemente del devenir previo de la negociación”.

En esta ronda los acuerdos tripartitos, bipartitos y las votaciones entre las patronales y los trabajadores alcanzó casi 84% de las resoluciones. El Instituto Cuesta Duarte destaca que en esta ronda hubo varios grupos en los que votaron juntas las “partes sociales” (50,7%), en estos casos el Poder Ejecutivo se abstuvo de votar. “Entre las votaciones en la que el Ejecutivo fue acompañado únicamente por una de las partes sociales, en la mayoría de los casos fue acompañado por la parte patronal. De un total de 21 negociaciones que fueron resueltas por votación entre el Ejecutivo y una de las partes sociales, en 17 lo hizo con los empresarios y tan sólo en cuatro con los trabajadores”, dice el informe. “De las 140 resoluciones relevadas, 137 incorporaron ajustes semestrales en todo el período de vigencia de la resolución, en un solo subgrupo se incorporaron ajustes anuales y en dos subgrupos se aplicó un régimen mixto, combinando ajustes semestrales y anuales”, dice el texto; además, en “78% de los casos que incorporan ajustes por inflación esperada, emplean la estimación gubernamental”.

(La Diaria: 21 de diciembre de 2021)

 

Lo que paso en el puerto, la LUC y lo que no es LUC

 

Hasta el referéndum del 27 de marzo, serán muchos los hechos cotidianos vinculados, en el debate público, con los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se someterán a consulta popular. Ayer hubo un ejemplo claro cuando la Guardia Republicana detuvo a trabajadores del sindicato de transporte de carga que se manifestaban sentados, bloqueando el ingreso al puerto de Montevideo.

Hay varios aspectos a considerar. Por un lado, están el artículo 468 de la LUC, impugnado, que declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”; y el 469, también impugnado, que habilita al Ministerio del Interior (MI) a adoptar “las medidas pertinentes” para “preservar” tales espacios.

Por otro lado, está el artículo 392 de la LUC, impugnado, donde dice que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Cabe señalar que, como es costumbre, cada artículo tiene al comienzo, entre paréntesis, un resumen de su contenido, y el de este dice significativamente “(Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa)”, sin referencia al derecho de huelga.

Yendo más allá de lo que establece la LUC, está el decreto del 15 de octubre del año pasado, reglamentario del artículo 392, donde se establece que, cuando hay ocupación de una institución pública o privada por parte de sus trabajadores, “el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención”, y que esa secretaría de Estado “podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio”, pero que “en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia”, podrá también intimar a la “desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública”, y solicitar al MI “el desalojo inmediato de los ocupantes” si la intimación no da resultado.

En el caso del puerto no había en realidad una ocupación, pero el relato de lo que ocurrió por parte del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Santiago González, remitió al “derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar”, haciendo hincapié en que la sentada de los sindicalistas era “un obstáculo para que el resto” pudiera “trabajar, salir, mover los camiones, circular”. En la misma línea opinó el presidente Luis Lacalle Pou: “Que protesten con sus pancartas, pero cortar el ingreso a un trabajador que quiere hacer su jornal, no”.

Por último, está el despropósito de González al afirmar que la Fiscalía decidió que la Policía actuara si los trabajadores no dejaban libre el acceso al puerto en diez minutos. Como aclaró el encargado de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, lo que se le indicó a la Policía fue que “se notificara a los manifestantes que debía cumplirse con todos los derechos”, pero que “obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo” y “quien se encarga de manejar la situación es la Policía”. González debería saberlo. La Diaria, 23 de diciembre de 2021.

 

 

La crisis pospandémica y los delitos

 

¿Qué podemos esperar de la criminalidad en Uruguay ahora que la covid-19 parece bajo control y volvemos a la normalidad? ¿Cuáles son los desafíos para el Ministerio del Interior en materia de políticas públicas? ¿Cómo incide, en este contexto, la polarización política sobre los artículos de seguridad que el oficialismo defiende y la oposición quiere eliminar de la LUC? Mientras vuelven a aumentar los homicidios y la violencia doméstica, dos académicos se aproximan a las respuestas y llaman a no «engañarse» con las estadísticas cortoplacistas.

Aunque reacios a las predicciones sobre el comportamiento del crimen y la violencia en Uruguay, ahora que la amenaza del nuevo coronavirus parece controlada, el criminólogo Nicolás Trajtenberg y la socióloga Nilia Viscardi coinciden en poner paños fríos al exitismo gubernamental sobre la baja de algunos delitos y llaman a reflexionar sobre lo que cabe esperar en los próximos meses, incluso años, con respecto a la criminalidad en el país. Consultados por Brecha con el ánimo de despejar las interrogantes de marras, ambos académicos dijeron, en principio, que la comparación de delitos en cortos períodos a que nos tiene acostumbrados el Ministerio del Interior (MI) es «engañosa»; entienden que la polarización del debate político en torno a los 33 artículos sobre seguridad de la Ley de Urgente Consideración (LUC) entorpece la llegada al fondo de los diferentes delitos, tanto desde la derecha como desde la izquierda; no descartan que, vuelta la movilidad, algunos delitos experimenten un «efecto rebote», y consideran que la falta de sustento empírico para determinar el impacto de las políticas públicas más recientes conspira contra una estrategia efectiva sobre criminalidad y violencia, particularmente en los barrios vulnerados, donde la pandemia golpeó con más fuerza que en los integrados.

Trajtenberg, doctorado por la Universidad de Cambridge e investigador sobre el impacto de la pandemia a nivel global y local,¹ advierte que «hay que ser cautelosos» con los vaticinios, aunque, por otro lado, subraya que «una vez que se reduce el confinamiento y aumentan los niveles de movilidad tienden a verse comportamientos cercanos a los preexistentes a la pandemia». Dice que se impone analizar el impacto económico de la emergencia sanitaria en los barrios y los hogares menos privilegiados: «Esto puede llegar a tener un efecto rebote, porque las crisis económicas inciden en la criminalidad. Suele haber un efecto fuerte en el crimen, de inmediato o, incluso, varios años después, por las generaciones que se crían en extrema pobreza, en contextos desprotegidos, en malas condiciones de alimentación… Eso puede explicar no solo el crimen entre los adultos en los meses siguientes a la crisis, sino varios años después en la generación de chicos que se enfrentan luego al mundo de la adolescencia», dijo a Brecha. No obstante, advirtió que «hay que tener cuidado» con la explicación económica del crimen, porque, cuando se miran los estudios de criminología, el vínculo entre pobreza y delito es bastante débil. «La desigualdad tiene más vínculo con el delito que la pobreza. Puede explicarlo mejor, pero no del todo», enfatizó.

Por otro lado, pensar en los retos para la seguridad pública pospandémica tiene la contra de que se hace en medio de un feroz debate político sobre los alcances de la LUC. «Si uno mira históricamente, entre el crecimiento de los delitos violentos en las últimas décadas y la reciente bajada, hay como dos posiciones extremas difíciles de aceptar: una es creer que la bajada de delitos es producto de las acciones del gobierno y no tiene nada que ver la pandemia. Esto es difícil de sostener, por los antecedentes del país y por lo que ocurre en otras ciudades. Lo otro difícil de aceptar es que toda la reducción del delito se deba a la pandemia. La verdad está más en un punto medio, en el que la pandemia y aspectos macroestructurales influyen en el delito», opinó Trajtenberg. Si el comportamiento de los delitos es atribuible a la gestión de gobierno, entonces, el gobierno debería explicar qué es lo que hace o qué agrega para que el delito disminuya: «Creo que una cosa es el discurso público, el griterío en las redes sociales y la retórica, y mucho más en el contexto de la votación de la LUC, que radicaliza ambas posiciones, y otra, la falta de un diagnóstico sensato».

OTRA POLÍTICA, MISMA ESTRUCTURA

Para Viscardi, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, tampoco es posible responder, por el momento, qué pasó en la pandemia ni qué cabe esperar. Entre otras variables asociadas al delito, el desempleo, la pobreza, los mercados ilícitos, la desigualdad y las armas de fuego (que intervinieron en nueve de cada diez muertes de niños, niñas y adolescentes entre 2018 y 2019) dificultan un diagnóstico riguroso. Sin embargo, a pesar de su cautela, no cree que haya «condiciones estructurales para un descenso» marcado de ciertos delitos –como las rapiñas y los hurtos–, «porque el modelo no ha cambiado». «El descenso puede hablar del vigilantismo, del punitivismo, en un contexto de pandemia en el que hubo un enorme control en los barrios integrados. Las clases medias y altas tuvieron la posibilidad de retraerse, pero la pandemia acentuó todos los elementos que derivan en la letalidad de los delitos sobre adolescentes y jóvenes en los barrios más vulnerados», observó la experta, coautora del libro Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos

Además, Viscardi observó que contrastar números mes a mes, como suele hacer el MI, no aporta a entender ni combatir la criminalidad. «Hay que mirar la secuencia histórica y levantar el manto del esclarecimiento. Esclarecer, por ejemplo, en qué circunstancias se producen las muertes de niños, niñas y adolescentes da acceso al problema de fondo detrás de esas muertes», señaló. Y cuando el gobierno multicolor insiste en que su misión es «proteger al trabajador honesto, castigar a los delincuentes y respaldar a la Policía», está reproduciendo un discurso neoliberal de la seguridad, que «se alimenta de la ficción de que quien delinque lo hace porque quiere y porque carece de valores morales, aunque sabemos que la falta de oportunidades inhabilita el acceso al empleo moralmente valorado y que tenemos permanentes niveles de endeudamiento para sobrevivir». «El discurso neoliberal niega la desigualdad de clase y coloca a quien delinque del otro lado de la sociedad. La economía capitalista, en su voluntad de enriquecimiento y en su incapacidad de dar lugar a todos, produce condiciones estructurales que hacen a la funcionalidad de una economía delictiva. Hay que preguntarse cómo funciona Uruguay en la economía del delito», enfatizó. En su opinión, durante este gobierno hubo un retroceso de la profesión policial que no contribuye a disminuir la violencia social: «El policía no es un sheriff que ve y dispara ante la duda y, además, le emboca. Para levantar el arma, tiene que tener un contexto clarísimo de defensa de su vida. Si 30 años de militarización de la favela en Brasil y cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro no han disminuido la violencia social, nuestro modelo tampoco auspicia un descenso sostenido y estructural de los niveles de delitos», advirtió.

DEL AUTOBOMBO A LA LUC

El oficialismo, en tanto, sigue aferrado a la LUC como factor determinante de la baja de los delitos. Esta semana, el abogado y diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que «la aplicación de las normas» de la controvertida ley y de «sus herramientas jurídicas» ha tenido una incidencia «muy positiva» en ese fenómeno. «No nos enamoramos de los números, pero vienen demostrando que 2020 fue ampliamente mejor respecto a la baja de los delitos con respecto al año anterior y también en 2021, con una movilidad prácticamente normal. Esto demuestra que la aplicación de la LUC tiene buenos resultados. El efecto positivo es un dato de la realidad», sentenció al participar como panelista en el encuentro virtual «Seguridad pública e inteligencia del Estado», organizado por el Instituto Manuel Oribe, del Partido Nacional.² También destacó que «la Policía viene teniendo una visión positiva en el ejercicio de su función» y que la LUC «permitió poner fin al binomio de una Policía desalentada y un gobierno resignado, por lo cual había un aumento permanente y sostenido de los delitos». «Se invirtió esa lógica y ahora la misión del gobierno multicolor es proteger al ciudadano honesto, castigar a los delincuentes y respaldar a la Policía», argumentó.

Rodríguez nunca se refirió a estudios ni investigaciones concretas para respaldar sus dichos, ni consideró las investigaciones académicas que sí atribuyen a la pandemia un impacto en el comportamiento criminal. Su actitud recordó a cuando el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, relativizó un estudio global publicado en junio por la revista Nature. «Habría que ver si no están mezclando papas con boniatos», soltó el funcionario de Estado cuando La Diaria le consultó sobre la investigación global.³ Aquellos datos indicaban que durante la pandemia de covid-19 los delitos experimentaron una reducción promedio del 37 por ciento en un conjunto de 27 ciudades –incluida Montevideo– de 23 países. La investigación fue desarrollada por un consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge, tuvo en cuenta las distintas medidas de restricción de movilidad vigentes en cada ciudad durante la pandemia y consideró seis tipos de delitos, aunque en el caso de Montevideo solo tomó los datos del MI sobre hurtos, homicidios y rapiñas.

Trajtenberg y Carlos Díaz, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, participaron de la investigación y explicaron a La Diaria que Montevideo estaba en sintonía con las restantes ciudades, donde la reducción de la movilidad hizo bajar la oportunidad de algunos delitos y favoreció otros. Cuando Nature publicó el paper, las cifras más recientes del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del MI marcaban que, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Montevideo había registrado una baja del 18,9 por ciento en los homicidios, el 10,2 por ciento en las rapiñas y el 12,2 por ciento en hurtos. En octubre, ya en plena campaña por el referéndum de la LUC, el observatorio reveló que los delitos bajaron en los primeros nueve meses de 2021 respecto del inicio de la pandemia. Sin embargo, también resultó que en el tercer trimestre de 2021 –ya casi en plena normalidad– los homicidios subieron un 3,8 por ciento y la violencia, un 6,2 por ciento, mientras que los hurtos apenas se redujeron un 0,2 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2020 (véase el recuadro). Rodríguez optó por soslayar estas cifras en su exposición virtual y también omitió considerar que las figuras de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, creadas por la LUC para blindar a la Policía, han tenido una incidencia marginal en las formalizaciones del último año (véase «¿Con las manos atadas?», Brecha, 26-XI-21).

Más allá de este discurso oficialista, Trajtenberg considera que «lo importante para el futuro de Uruguay» es que los gobiernos establezcan sus estrategias lo más claramente posible y demuestren por qué las siguen y qué recursos tienen asociados. «Los gobiernos tienden a tener una confianza mágica en las palabras o en las leyes, pero sin fuertes inversiones presupuestales es como si no pasara nada. Si un gobierno es más punitivo y cree que hay que incrementar los costos penales, si cree que lo que va a cambiar la política es focalizarse en los costos penales, sentarse sobre eso no es lo más adecuado. Incrementar los costos también es meter millones y millones para que todo el sistema represivo tenga más capacidad –encontrar, arrestar, condenar–. Pero en Uruguay hay un debate de discursos que no tiene que ver con los recursos. Los políticos deben decirle a la gente que el tema es complejo y que resolverlo lleva mucho dinero y mucho tiempo. Por eso no me gustan los debates en términos de cortinas de humo», dijo.

1. «A global analysis of the impact of covid-19 stay-at-home restrictions on crime», disponible en Nature.com, y «Pandemia y crimen», publicado por Carlos Díaz, Sebastián Fossati y Nicolás Trajtenberg en el blog Razones y personas, 4-XII-20.

2. Disponible en el canal de Youtube del Partido Nacional.

3. La Diaria, 3-V-21.

4. Informe divulgado por el MI, 18-10-21.

titulo: “EFECTOS Y DESAFÍOS DE LA CRISIS POSPANDÉMICA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Difícil para sagitario”. Autor: Mónica Robaina,17 diciembre, 2021, Brecha1882