Gonzalo
Zunino es director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve),
coordinador del Observatorio de Seguridad Social del mismo centro y doctor en
Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Su acumulación de expertise en
el tema de la seguridad social es impresionante. Sin embargo, su vocabulario es
muy limitado: en un reportaje reciente a propósito de los posibles efectos
económicos del plebiscito no menciona –por ejemplo– la palabra derechos (véase
«Un presupuesto educativo y medio», Brecha, 6-X-23).
Cabe
aclarar al respecto que el PIT-CNT no plantea una reforma jubilatoria, sino que
pone límites a la necesaria reforma de la seguridad social que deberá hacer el
gobierno electo en 2024. El plebiscito es el primer paso para el diálogo social
que impulsa el Frente Amplio.
El avance
de las ciencias de la salud, desde la alimentación y el ejercicio hasta las
vacunas o los trasplantes, aumenta la esperanza de vida, que para Uruguay se
estimó en 82 años para las mujeres y 76 para los hombres hacia 2030, aumentando
a 86 y 81 años, respectivamente, hacia 2090.1 El avance de las técnicas, desde
la información y las comunicaciones hasta la inteligencia artificial, permite
que con menos trabajo se produzca una mayor cantidad de bienes y servicios.
Pero los
argumentos de Zunino favorecen una posición que condena a los trabajadores a
más años de trabajo, menos años de retiro y pasividades más bajas. Le preocupa
que el aumento del gasto en pasividades tenga consecuencias trágicas, limite
los recursos disponibles para educación y salud, impida un mayor gasto para
beneficiar a niños y adolescentes, aumente el déficit fiscal, aumente la deuda
pública, se pierda el grado inversor y aumente el costo de la deuda pública por
el incremento del gasto en pago de los intereses de la deuda.
Zunino
aclara que, desde el Cinve, están «trabajando en un modelo para aproximarnos al
escenario que surgiría de la aprobación de la reforma constitucional
propuesta», lo cual quiere decir que las afirmaciones que realiza en el
artículo citado no son rigurosas ni se apoyan en los resultados de un modelo de
proyecciones, que aún no existe como tal. Sin embargo, afirma que: «De
aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas es una trayectoria
creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años».
Para tener
una noción de lo que significa estimar lo que va a suceder con la economía
uruguaya dentro de 50 años pensemos que, si este ejercicio se hubiera hecho en
1973, seguramente no habría previsto los efectos económicos de la caída de la
Unión Soviética, de las sucesivas guerras en todos los continentes, de los
cambios tecnológicos, de las pandemias, del calentamiento global, etcétera.
En un mundo
de incertidumbre global, que modifica sustancialmente la evolución de la
economía mundial y la de nuestro país, «estimar» el aumento de los costos de la
seguridad social en términos del PBI para los próximos 50 años es algo que no
se puede considerar riguroso y, menos aún, científico.
Plantear
que, ante los supuestos riesgos económicos del futuro creados con el «modelo»
de Zunino, los trabajadores del presente deban sacrificar ingresos y años de
vida es una demostración clara, al menos, de una alineación con la teoría del
ajuste permanente que está fracasando en todo el mundo. En cambio, las medidas
que propone el plebiscito implican claramente una distribución de costos y
beneficios favorables a los trabajadores.
POR UN FINANCIAMIENTO MÁS EQUITATIVO
El
envejecimiento de la población del país y la sustitución de trabajo por capital
en múltiples actividades provocarán que en el futuro el número de trabajadores
con relación al número de pasivos sea cada vez menor. Sin embargo, las leyes de
la economía no son leyes naturales que se imponen a las decisiones de las
sociedades como la ley de gravedad. Por eso, es posible cambiar el curso de los
procesos en general y, en este caso, de una forma muy sencilla que no se tuvo
en cuenta, aumentar los ingresos públicos dirigidos a financiar el aumento de
las pasividades.
¿Es
inevitable que los cambios se vuelvan contra los trabajadores? No, es posible
mantener los derechos y mejorar las pasividades, modificando progresivamente la
financiación del gasto de la seguridad social, que tendrá que tender a aumentar
los aportes patronales gradualmente y reducir las exoneraciones, a la vez que
se eliminan subsidios al gran capital y aumentan los gravámenes a los ingresos
del capital y a la riqueza acumulada.
Los aportes
personales y patronales constituyen la fuente principal de financiamiento de
los programas de seguridad social. Los trabajadores han mantenido su tasa de
aporte, en cambio, las tasas patronales se han modificado a la baja: en
Industria y Comercio pagan 7,5 por ciento, y los patrones rurales pagan por el
índice de productividad por hectárea Coneat, aportando menos del 2 por ciento.
En la Civil hay tres tipos de aportes: la administración central (19,5 por
ciento), los gobiernos departamentales (16,5 por ciento) y las empresas
públicas (7,5 por ciento).
Como además
se han creado múltiples normas estableciendo exoneraciones de aportes
patronales, la tasa promedio de los aportes obreros y patronales en 2022 fue de
23,53 por ciento, correspondiendo la tasa más alta a la afiliación civil (31,61
por ciento), seguida de servicio doméstico (22,50 por ciento), construcción
(22,05 por ciento), industria y comercio (20,85 por ciento) y rural (16,76 por
ciento). La tasa de aporte de los trabajadores, en todos los casos, es de 15
por ciento, mientras que la de los patrones en Industria y Comercio es de 5,85
por ciento y en la rural de 1,76 por ciento.2
Si los
aportes patronales fueran del 15 por ciento, con reducción para las pequeñas y
medianas empresas, igual a los que pagan los trabajadores, aumentaría la
recaudación y el Banco de Previsión Social (BPS) no precisaría asistencia
financiera.
EL VERDADERO PROBLEMA SON LAS AFAP
El
contundente éxito de la reforma constitucional de 1989 terminó con el despojo a
los jubilados por la vía de ajustes anuales muy por debajo de la inflación,
como válvula de escape de la honda crisis económica. El gasto público aumentó,
los recursos alcanzaron y las pasividades se pagaron. Luego vinieron el
engendro ideológico y el disparate técnico que fueron las AFAP (administradoras
de fondos de ahorro previsional). Se argumentaba que, si por el tramo de
capitalización cada cual aportara para sí mismo y cobrara después una pasividad
equivalente a su aporte, se mejoraría su jubilación y el BPS se libraría de
gastar la mitad de esas futuras pasividades. Pero las pasividades servidas o a
servirse por el tramo de capitalización fueron, son y serán ridículamente
bajas. El déficit del gobierno central aumentó porque así lo determinaban las
transferencias crecientes a las AFAP; mientras, se tenían que seguir pagando
las pasividades existentes, a lo que se sumaban los intereses que el Estado
pagaba al rescatar como préstamo su propio dinero.
Cuando
asumió la actual coalición de derecha, en 2020, lejos de revisarse críticamente
lo actuado, se insistió con la misma idea, buscando una consistencia fiscal
que, al parecer, la reforma de 1996 no había logrado.
Pero la
situación financiera del BPS no amerita prender luces de alarma, a menos que se
niegue la pertinencia del aporte estatal. En efecto, tomando los datos
correspondientes a los años anteriores a 2020 –no distorsionados por la
pandemia–, el gasto total del BPS se sitúa en 12 por ciento del PBI, dentro del
cual están computadas las transferencias a las AFAP, que suman 1,7 por ciento.
Los aportes de trabajadores y empleadores alcanzan al 7,5 por ciento del PBI,
con lo cual la aportación estatal por todo concepto (impuestos afectados y
déficit) es del 4,5 por ciento del producto. Pero si no existieran las AFAP,
tal aporte se reduciría a 2,8 por ciento. Permítasenos considerar el IASS
(Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social) como un aporte interno al
sistema, que en vez de hacerlo los activos lo hacen los jubilados, y entonces
lo que debe recaudar el Estado por impuestos generales es tan solo del 2,2 por
ciento del PBI, nada dramático, y sin considerar el ajuste a la baja por las
exoneraciones de aportes que no son de cargo del BPS.
En términos
del gasto total del BPS, los aportes son del 62,5 por ciento con las AFAP y
serían del 73 por ciento sin las AFAP, lo que luce razonable en la lógica del
financiamiento tripartito. Cabe concluir que en la actualidad hay un drenaje de
los recursos genuinos del BPS hacia las AFAP que exagera el monto de aporte
estatal.
A la carga
ideológica de la capitalización individual con lucro privado se le suma el
congelamiento del «espacio fiscal», ya que a los «malla oro» no se los toca.
Sin las AFAP, el BPS rescataría 1.280 millones de dólares (1,7 por ciento del
PBI) anuales al cesar la transferencia y, en forma paulatina, desde el
fideicomiso propuesto por plebiscito, podría disponer del retorno gradual de
recursos financieros a razón de 1,5 por ciento del PBI durante 15 años.
Es
compartible la preocupación de que debería priorizarse la asignación de
recursos para revertir los índices muy elevados de pobreza infantil
(efectivamente, diez veces mayor que para la edad adulta), pero planteado de
esa forma, en los términos del Cinve, la redistribución del ingreso sería entre
sectores del trabajo, dejando al capital fuera de la ecuación. Ninguna mirada
desde lo técnico puede soslayar que se trata de una disputa entre el capital y
el trabajo.
1. Lazo,
A.: «La esperanza de vida en Uruguay a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI y
sus probables valores futuros», Montevideo, 2013, BPS.
2.
Recaudación por punto de aportes jubilatorios, 2022, BPS.
Extraído de Brecha, numero 1978.
Titulo original “Los anuncios de apocalipsis en la seguridad social. PROFESIAS
SIN FUNDAMENTOS” Antonio Elías, Jorge Notaro, Carlos Viera
