La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio, aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.
Desde el comienzo de la discusión, el movimiento sindical planteó la necesidad de adoptar una visión amplia e integral del sistema de seguridad social, que abarcara otras dimensiones de la protección social como atención a la primera infancia, profundizar en el sistema de cuidados y una mayor inversión social para las personas con discapacidad. Lejos de ser un obstáculo para alcanzar acuerdos, ampliar la agenda de temas a considerar contribuye a garantizar un progresivo mayor despliegue del Estado de Bienestar que, al tiempo de atender la sostenibilidad económico financiera del régimen jubilatorio, suponga un avance en diversas dimensiones de la matriz de protección social en las que el país se encuentra rezagado.
Una reforma integral de la seguridad social para las próximas décadas no puede obviar cambios en su matriz de financiamiento. El gobierno optó por no discutir los ingresos del sistema y las diversas inequidades en torno al financiamiento. Se desestimaron diversas propuestas formuladas por el PIT CNT como revisar diversas exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, reequilibrar las mucho mayores contribuciones del trabajo y en relación a los aportes del capital e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio.
Sobre la Caja Militar, el subsistema más deficitario e inequitativo de todos, la reforma planteada propone que los militares continúen retirándose a edades bajísimas y en algunos casos con el doble del salario, durante los próximos 10 años. Este tipo de transiciones o incluso más largas, imprescindibles para los trabajadores y trabajadoras amparados por el régimen general, resultan inaceptables en el caso de la Caja Militar. Para dar verdadera legitimidad social al proceso, este subsistema requiere cambios más urgentes y profundos, en relación a los previstos para el resto de la población.
Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Se propone un aumento en la edad mínima de retiro sin contemplar desigualdades, y una mayor exigencia de años cotizados para acceder a la jubilación, que implicarán un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad.
El proyecto de reforma no solo no plantea cambios relevantes en cuanto a la articulación entre los pilares contributivo y no contributivo, sino que propone un suplemento solidario que, si bien tiende a focalizar subsidios entre los sectores de menor ingreso relativo, plantea un mecanismo de ajuste que implicará que se vaya debilitando a medida que pasa el tiempo. Esta “licuación” o debilitamiento del suplemento solidario va en dirección opuesta a las transformaciones que requiere el sistema a mediano y largo plazo. Dada las debilidades y precariedad del mercado laboral y la tendencia a una mayor desigualdad y exclusión de sectores con menores calificaciones y habilidades que tienden a transformarse en obsoletas, el sistema de protección social en general y jubilatorio en particular precisa fortalecer cada vez más los pilares no contributivos que garantizan los derechos de la población más vulnerable. Con esta propuesta en particular, la reforma propuesta plantea consolidar a mediano y largo plazo un régimen cada vez más contributivo, que tiene de erosionar los componentes solidarios y redistributivos del sistema.
Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años de edad y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales. Además, las estimaciones presentadas muestran que no es correcto lo afirmado por los impulsores de la reforma, cuando señalan que las personas deberán jubilarse más tarde pero que no percibirán jubilaciones más bajas a las que otorga en régimen vigente a edades más tempranas. El análisis muestra que alguien que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con $ 36.700, pasará a retirarse a los 65 años de edad con unos $ 28.400, una diferencia superior a $ 8.000 que representa una caída de 23% en el haber jubilatorio mensual.
Otra de las diferencias centrales con la reforma propuesta refiere a la visión sobre el desempeño del régimen de capitalización individual durante estos 26 años y la necesidad de una reforma estructural de este pilar. El PIT CNT propone eliminar las AFAP y trasformar el actual régimen en un pilar de ahorro administrado profesionalmente por una agencia estatal especializada sin fines de lucro.
Por último, la propuesta de reforma tiene serios problemas de diseño, al plantear cambios muy drásticos entre trabajadores con apenas unos días o meses de diferencia en su edad. Concretamente, se plantea que mientras alguien nacido en 1972 pueda jubilarse en 2032 a los 60 años de edad bajo el régimen vigente, una persona nacida en 1973 tenga condiciones totalmente diferentes: enfrentará una edad mínima de retiro de 63 años por lo que recién podrá jubilarse en 2036, con una ponderación de 65% del régimen propuesto y solo un 35% del régimen vigente.
Extraído de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.
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