La ausencia
de diálogo social
La reforma
jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos
respaldada por un diálogo social. Lejos de calificar el proceso como un ejemplo
de diálogo social -tal como lo están planteando los impulsores de la reforma-,
hasta el momento no se han desarrollado espacios de diálogo político que
busquen construir grandes acuerdos nacionales en un tema tan sensible como la
seguridad social.
Ya en el
documento aportado por el PIT CNT en su primera comparecencia a la Comisión de
Expertos en Seguridad Social (CESS), se cuestionaba la idea que una comisión
técnica pudiera constituir el espacio adecuado para articular y alcanzar los
acuerdos necesarios. Concretamente, se señalaba que “esta comisión debería
trabajar coordinadamente para acompañar y enriquecer el desarrollo del diálogo
social y no pretender sustituirlo. Reconociendo la necesidad de dar una
discusión informada y con rigurosidad técnica, sabemos que los debates que
involucran a la seguridad social y las alternativas en torno a su reforma son
esencialmente políticos, lo que exige el involucramiento de toda la sociedad a
través de las representaciones sociales ya que refieren —entre otras cosas— a
diferentes concepciones normativas sobre justicia y ética.”
Adicionalmente,
varios integrantes de la CESS en representación de los partidos políticos que
integran la coalición de gobierno aclararon que su participación era de
carácter personal y sus opiniones y posiciones no comprometían a los partidos
políticos que los habían designado. Esto contrastó fuertemente con la postura
asumida desde el inicio por los representantes del Frente
Amplio, la
ONAJPU y el PIT CNT, quienes sí ratificaron que sus posicionamientos dentro de
la CESS contaban con el aval político de las organizaciones que los habían
designado.
Tal como es
concebido desde el movimiento sindical, el diálogo social requiere de
interlocutores que verdaderamente representen a sus organizaciones. La búsqueda
de acuerdos necesariamente implica intercambio y negociaciones que requieren
tiempo y actores representativos que puedan comprometer la posición de sus
organizaciones. Además, los técnicos no parecen los actores más adecuados para
buscar los necesarios acuerdos políticos. Por ello, lejos de configurar un
ámbito de diálogo social, la CESS fue un ámbito de trabajo técnico que aportó
insumos valiosos como cualquier otro trabajo académico, pero que claramente no
constituye un espacio propicio para alcanzar los acuerdos políticos que se
buscan mediante un diálogo social. Más allá de los aportes técnicos, la CESS
culminó su trabajo sin lograr acuerdos ni en el diagnóstico del sistema ni en
las recomendaciones de reforma.
Una vez
concluido el trabajo de la comisión, el Poder Ejecutivo se tomó cerca de 8
meses para presentar sobre fines de Julio, un anteproyecto de ley sin que
mediara diálogo de ningún tipo con las organizaciones políticas y sociales. A
partir de ese momento, efectivamente se habilitó un espacio de diálogo,
intercambio y negociación política entre los partidos que integran la coalición
de gobierno, que no incluyó a la oposición ni a los actores sociales más
representativos.
Por lo
tanto, si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se
escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio,
aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con
interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a
cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.
Extraído
de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el
gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.
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