Los trabajadores: cuatro años perdiendo plata.

 

Un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que la mayoría de los trabajadores del sector privado recién volverán a los niveles de salario real que tenían en 2020 cuando este terminando el actual periodo de gobierno. Las autoridades nacionales, con el ingenio retórico que las caracteriza, dicen que van a cumplir su compromiso de “recuperación salarial”, sin aclarar que no se trata de una mejoría de la situación previa a este gobierno, sino apenas de volver al punto de partida luego de cuatro años en los que el poder de compra de las remuneraciones laborales se mantuvo, en promedio, disminuido. Y, por supuesto, a nadie se le va a devolver lo que perdió mes a mes desde 2020.

Se alega, por supuesto, que la caída al comienzo de los prometidos “cinco mejores años de nuestras vidas” fue una fatalidad debido a la emergencia sanitaria, pero es preciso tener en cuenta algunos datos básicos completamente ajenos a la covid-19.

En el documento “Compromiso por el país”, firmado en 2019 por los cinco partidos que ya habían acordado apoyar a Luis Lacalle Pou en el balotaje, se prometió “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”, pero antes la mayoría del actual oficialismo había insistido en la necesidad de dos lineamientos de política salarial cuyas consecuencias no podían ser las que plantearon en su acuerdo programático.

Por un lado, se enfatizó la explicación liberal clásica del aumento del desempleo que se registraba sobre el fin de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, afirmando que su causa eran niveles salariales excesivos, y que si “saliera más barato” contratar trabajadores, la cantidad de puestos de trabajo aumentaría. Esto se cumplió: el desempleo durante el actual gobierno, luego de aumentar en 2020, tendió a caer, pero al mismo tiempo el promedio del salario real disminuyó, con más personas ocupadas ganando menos (y un ejemplo extremo fueron las contrataciones del programa Oportunidad Laboral, más conocido como “jornales solidarios”, que aliviaron la desocupación con empleos transitorios, de 12 días mensuales durante cuatro meses y bajas remuneraciones).

Por otro lado, se planteó la necesidad de “flexibilizar” los convenios laborales, para adecuarlos a la diversidad de situaciones dentro de cada sector de actividad. Como los convenios no establecen topes máximos de aumentos, sino niveles mínimos, la “flexibilización” significaba habilitar que se pagara por debajo de los laudos sectoriales. No se avanzó en esta dirección, por motivos obvios, en medio de la fuerte caída de las remuneraciones a partir de 2020, pero la intención era muy clara, y tampoco apuntaba a “defender el poder de compra” de los salarios en general o de los “más sumergidos” en particular.

El producto interno bruto y las exportaciones cayeron en 2020, sobre todo el primero, pero ya se habían recuperado al año siguiente. Los salarios, en cambio, se mantuvieron caídos y recién volverán a su nivel previo el año que viene. Otra promesa pre electoral fue que el ajuste no se haría a costa de “la gente”, sino del Estado. No se cumplió, pero ahora la promesa reaparece.

Extraído de La Diaria, 26 de diciembre de 2023. Autor: Marcelo Pereira. Titulo original: Cuatro años perdiendo plata.

Tesis preliminares sobre el triunfo de Milei

 

Lo primero, tras conocer los resultados de las elecciones del pasado domingo 19, fue el asalto de las emociones. Luego, con su rumiante trajinar, viene la razón y su pelea contra la pereza del enfado y el beneficio siempre generoso del reparto de culpas ajenas.

Estas tesis, preliminares, son el comienzo del lento rumiar de la razón en busca de sentido, de la construcción de explicaciones que ayuden a entender y de aprendizajes que permitan colocar la mirada en el día después… que siempre es ahora.

I.

Del hastío de la eterna postergación surgió el tánatos liberador. Las promesas incumplidas son fábricas de defraudaciones en las que se produce el hastío de esperar lo que ya se sabe que no va a venir. Millones de personas, de los más de 14 millones que votaron a Milei, lo hicieron hartos de esperar una buena vida que no llega, mientras los arrastra con fuerza la realidad de las promesas incumplidas.

En Argentina, solo en los últimos cuatro años de gobierno, la transferencia regresiva de ingresos del trabajo al capital superó los 70.000 millones de dólares. Cómo enojarse con el desencanto, si lo que todos ven es que pasa un gobierno y otro y otro y la pendiente no deja de pronunciarse.

¿Qué ofrece el sistema en la vida real? Más pobreza, más desigualdad, más violencia y más inestabilidad en el día a día. Las bonanzas del mercado miope y los servicios limitados del Estado solo les llegan a los integrados, y esos son cada vez menos. El resto de los «invitados» a la mesa –la nueva mayoría en crecimiento– ya no tiene ni las migajas. El mundo de los excluidos crece a una velocidad mayor que lo que el biempensante puede permitirse aceptar. El sistema capitalista es un fabricante en serie de promesas que no puede cumplir, y de esas frustraciones acumuladas y masivas se alimenta la ultraderecha.

Así las cosas, Milei, que sin duda alguna es el representante más prístino del sistema, se transformó en la opción predilecta para representar el fastidio de la misma gente a la que el sistema le fastidia la vida. Dejar vacío de significados ese malestar desde el pensamiento crítico es igual de dañino que quedar pegado al sistema que lo produce.

Dos errores estratégicos, regalados en bandeja a las nuevas derechas del mundo.

II.

Es temerario decir que el triunfo de Milei es el triunfo ideológico de la extrema derecha, pero no hay testigo que desmienta que Milei ganó diciendo lo que piensa. Nunca ocultó la radicalidad ideológica que anima su pensamiento capitalista. Expresó, sin atenuantes, su odio a la justicia social, su negacionismo del terrorismo de Estado y su apología del pensamiento único. No ahorró insultos ni amenazas para quien pensara distinto a él. Fue particularmente agresivo contra el pensamiento de izquierda y las organizaciones de derechos humanos. Ni la letanía keynesiana quedó a salvo de su inquina autoritaria. Incluso, llegó a deslizar la tesis paleolibertaria de Rothbard, su mentor ideológico, acerca de la legitimidad de la venta de niños y del mercado de compraventa de órganos humanos.

Milei ganó con la mochila del desencanto de la gente ante el reinado de la precariedad, sí, pero ganó diciendo lo que piensa. Ganar, a pesar de tanto alarido endemoniado, fue posible, mal que nos pese, porque la ultraderecha se quedó socialmente con el discurso que impugna y solivianta. La ultraderecha se convirtió en la voz del hartazgo, frente a una socialdemocracia que le hablaba de «movilidad social ascendente» a una sociedad que cría a dos terceras partes de las niñas y los niños en la pobreza y en la expropiación de derechos fundamentales. La ultraderecha, con su relato oscuro, autoritario y de odio exacerbado, se convirtió en la interpelación a una sociedad con una pobreza del 40 por ciento y un aumento de precios descontrolado (140 por ciento de inflación anual). La ultraderecha se apoderó del hastío, pero sobre todo del deseo de entrar de los millones que el propio sistema deja afuera y va a seguir dejando afuera.

El centrismo y todos sus cultores, que repiten el mantra de que solo se gana al llegar al centro político, se quedó con un éxito lleno de fracasos, ante un pueblo que ya no les creía. Ni siquiera como último y desesperado refugio ante el miedo al abismo. La socialdemocracia y buena parte de la izquierda contemporánea están llenas, repletas de esa verdad sagrada que la extrema derecha acaba de devorarse.

Es deseable y necesario que esa autocrítica y esa interpelación vengan, que se pongan en palabras y que el consenso centrista asuma su responsabilidad política e ideológica. Si no se cuestionan los dogmas, el pensamiento queda encerrado, sin posibilidades de hacer nada para cambiar las cosas. Renunciar a impugnar el sistema capitalista, a explicar sus fallas y sus contradicciones, mientras se brinda en las altas copas de la ideología de la gestión y las virtudes de la buena administración, es pegarle un golpe de gracia a la política y, en ese mismo acto, dejar la mesa servida para los lobos hambrientos y sus secuaces.

El consenso centrista no comprende el mundo socialmente existente e induce al pensamiento crítico a dejar de hablar con sus palabras, de pensar con sus categorías y de hacer pedagogía política con la esperanza de su visión del mundo. He aquí una de las condiciones de posibilidad del resurgimiento de las nuevas derechas.

III.

La izquierda fracasa en su tarea pedagógica y en su función estratégica. No explica bien, no convence, no emociona. O no lo hace lo suficientemente bien como lo hace la extrema derecha.

Milei es el hijo predilecto del sistema, pero es el único que aparece como antisistema. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo hizo el hacha para convencer a todo el bosque de que se necesitaban más hachas para frenar la deforestación? Algo le está saliendo mal y no alcanza con echarles la culpa a todos los demás.

La falta de un programa de transición, con perspectiva histórica, con mediaciones subjetivas con el pueblo realmente existente y con audacia táctica para enfrentar las asimetrías de poderes fácticos a las que se debe enfrentar el proyecto emancipador es el lastre de una práctica política que tiende a limitarse a la denuncia y la resistencia, cuando no al confort del autoconsumo ideológico.

IV.

La gravitación de las extremas derechas capitalistas está lejos de extinguirse. Las derrotas de Trump y Bolsonaro fueron emblemáticas, pero no fueron el cierre de un ciclo histórico.

Es menester advertir un desafío inminente. El estiramiento del límite de lo decible y de la aceptabilidad social del odio que la ultraderecha necesita como el aire requiere de una vigorosa reinvención política y cultural de las cosmovisiones críticas y anticapitalistas para cortar ese metabolismo. Hay que reinventarse y volver a las raíces, con la imaginación en el futuro, porque las nuevas derechas no se van a ir y desde el consenso centrista no se las va a detener. Hay que recuperar el humanismo radical, el sentido de lo comunitario y el amor por el bien común. Y luchar, sin pausa ni tregua, por recuperar la libertad de las fauces del egoísmo.

Publicado originalmente en Brecha número 1984 del 5 de diciembre de 2023. Autor: Sergio Sommaruga. Titulo original: Tesis preliminares sobre la victoria de la ultraderecha en Argentina

Trabajadores Rurales. Mirando la fiambrera

 

Termina la décima Ronda de Negociación Colectiva para el Sector Rural repitiendo resultados de la anterior: trabajadores rurales olvidados sin aumentos salariales resumiendo 4 años sin crecimiento de salarial real.  Por añadidura, se impone la flexibilización de la ley de 8 horas, cambiando horas extras trabajadas por horas de descanso, como condición para analizar 14 puntos de la plataforma y dar respuestas, lo que llevó al gobierno, ante el firme rechazo de los trabajadores, a la decisión de laudar salarios y fictos de alimentación y vivienda. Repetidamente, las patronales rurales operan sin escrúpulos ni dobleces con nula voluntad para discutir condiciones de trabajo y mejoras salariales que lleven justicia social a las trabajadoras y trabajadores del campo, ante un Poder Ejecutivo complaciente con ellas y con las pretensiones de generar cambios en la organización del régimen horario de manera unilateral, con sus funcionarios y sin la participación de las organizaciones sindicales.

 

Y "el Apero, no aparece".

 

Es el sector donde son los trabajadores son quienes seguimos poniendo los muertos, con 24 desenlaces fatales en 3 años, para lo cual el Poder Ejecutivo aprobó una norma estableciendo quienes deben decidir cómo, cuándo y dónde deben salvaguardar la integridad física y la vida del trabajador, prescindiendo de advertencias meteorológicas del organismo oficial por condiciones adversas y restricciones para el trabajo a cielo abierto. 

A estas circunstancias, se agrega la regresiva ley de reforma del sistema de la Seguridad Social aprobada, para un sector históricamente precarizado y postergado, completando un balance negativo para las trabajadoras y trabajadores del campo.  

Golpeados por el período de pandemia, recibirán únicamente una recuperación por pérdida salarial pasada en pequeñas cuotas y en dos años de plazo, y un porcentaje por inflación proyectada que siempre queda corta ante las subas de los productos de la canasta básica familiar, que siempre la supera. 

Dentro de dos años, las asalariadas y asalariados rurales no alcanzarán la recuperación del poder de compra de 2019, en un escenario en que las perspectivas del sector agropecuario para los años siguientes proyectan muy buenos crecimientos, reafirmando la falta de voluntad política en realizar modificaciones que permitan establecer derechos y justicia social. 

Nota publicada por el SINDICATO DE PEONES DE ESTANCIA (UNATRA/PIT-CNT)

       

 

 

Aumento de salario en el trabajo domestico.

 

El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay (SUTD) y la Liga de Amas de Casa alcanzaron un acuerdo en el marco del Grupo 21 Servicio Doméstico, por la décima ronda de los Consejos de Salarios. Laura Rivero, presidenta del SUTD, explicó a la diaria que en la quinta reunión se llegó al acuerdo, en unas negociaciones que comenzaron en la segunda quincena de julio. “Al principio fue complicado, ya que la Liga no aceptaba nada de lo que proponíamos en una plataforma un tanto extensa. Recién en la tercera reunión fue que comenzaron a lograrse ciertos acuerdos, y así acercar posiciones”, señaló.

En el resultado final, en lo referente al tema salarial, Rivero afirmó que “si bien no estamos tan conformes, en lo que respecta a los beneficios que obtuvimos en esta ronda, creo que estamos satisfechas”. El acuerdo es por dos años y abarcará el período entre el 1° de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, aplicándose ajustes salariales en las siguientes fechas: 1° de julio de 2023, 1° de enero de 2024, 1° de julio de ese mismo año y 1° de enero 2025.

En la propuesta presentada por el sindicato se planteó que el ingreso de las trabajadoras domésticas pase a ser de 30.000 pesos. Al mes de junio pasado era de 25.541 pesos el salario nominal, por lo que aplicándose los descuentos correspondientes una trabajadora percibía poco más de 20.000 pesos. Con el acuerdo ya cerrado, desde el pasado 1° de julio, el ingreso aumentará 2,7%, a lo que se le suma 0,88% por un ajuste correctivo por inflación de 2022. El 1° de enero de 2024 el salario se ajusta 4,4%, mientras que el 1° de julio y el 1° de enero de 2025 los ajustes son de 2,75% cada uno.

“Como con esos aumentos no vamos a llegar a lo que acordamos, al 30 de junio de 2025 finalizamos el convenio con un salario mínimo nominal de 29.400 pesos. A ese acuerdo llegamos”, dijo la dirigente. En lo inmediato, desde el 1° de julio el salario mínimo del sector quedó en 26.462 pesos por 44 horas semanales de labor, o por 25 jornales trabajados. El valor hora asciende a 139,22 pesos.

Con relación a los beneficios que se alcanzaron en esta negociación, Rivero contó que tienen que ver estrictamente con la salud de las trabajadoras: días libres para realizarse mamografías, biopsias, colonoscopias y endoscopias. “En algunos casos, si bien son estudios ambulatorios, generalmente requieren anestesia, y la persona que se lo realiza no sale en condiciones óptimas como para presentarse a trabajar”, comentó. Finalmente se consiguió que fueran dos días libres al año, que serán pagos (un día mamografía y un día para estudios).

Obtuvieron además dos días libres al año, que no serán descontados, para acompañar a hijos menores de 18 años en casos de enfermedad que requiera internación, como así también si un padre o una madre es internado por problemas de salud. Rivero aclaró que, hasta el momento, aunque una trabajadora presentara un certificado médico por la internación de un hijo o un padre, el empleador podía descontar ese día de ausencia, lo que ahora ya no podrá pasar.

Sobre el relacionamiento con la Liga de Amas de Casa, sostuvo que “siempre hemos tenido una muy buena relación con la representante”, Mabel Lorenzo. “Siempre tuvimos un buen diálogo en el marco de los Consejos de Salarios. Incluso, fuera de los Consejos hemos mantenido una buena comunicación. Buscábamos que salga lo mejor posible para ambas partes”, dijo.

Tomado de La Diaria 25 de octubre de 2023- Titulo original: “Sindicato de trabajadoras domésticas y Liga de Amas de Casa cerraron acuerdo por Consejo de Salarios”. Autor Pablo Piñeyro 

 

Texto de la Iniciativa de Reforma Constitucional con el fin (entre otros) de bajar la edad de jubilación.

 

La apocalipsis de la seguridad social. Profecías sin fundamentos

 

Gonzalo Zunino es director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), coordinador del Observatorio de Seguridad Social del mismo centro y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Su acumulación de expertise en el tema de la seguridad social es impresionante. Sin embargo, su vocabulario es muy limitado: en un reportaje reciente a propósito de los posibles efectos económicos del plebiscito no menciona –por ejemplo– la palabra derechos (véase «Un presupuesto educativo y medio», Brecha, 6-X-23).

Cabe aclarar al respecto que el PIT-CNT no plantea una reforma jubilatoria, sino que pone límites a la necesaria reforma de la seguridad social que deberá hacer el gobierno electo en 2024. El plebiscito es el primer paso para el diálogo social que impulsa el Frente Amplio.

El avance de las ciencias de la salud, desde la alimentación y el ejercicio hasta las vacunas o los trasplantes, aumenta la esperanza de vida, que para Uruguay se estimó en 82 años para las mujeres y 76 para los hombres hacia 2030, aumentando a 86 y 81 años, respectivamente, hacia 2090.1 El avance de las técnicas, desde la información y las comunicaciones hasta la inteligencia artificial, permite que con menos trabajo se produzca una mayor cantidad de bienes y servicios.

Pero los argumentos de Zunino favorecen una posición que condena a los trabajadores a más años de trabajo, menos años de retiro y pasividades más bajas. Le preocupa que el aumento del gasto en pasividades tenga consecuencias trágicas, limite los recursos disponibles para educación y salud, impida un mayor gasto para beneficiar a niños y adolescentes, aumente el déficit fiscal, aumente la deuda pública, se pierda el grado inversor y aumente el costo de la deuda pública por el incremento del gasto en pago de los intereses de la deuda.

Zunino aclara que, desde el Cinve, están «trabajando en un modelo para aproximarnos al escenario que surgiría de la aprobación de la reforma constitucional propuesta», lo cual quiere decir que las afirmaciones que realiza en el artículo citado no son rigurosas ni se apoyan en los resultados de un modelo de proyecciones, que aún no existe como tal. Sin embargo, afirma que: «De aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas es una trayectoria creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años».

Para tener una noción de lo que significa estimar lo que va a suceder con la economía uruguaya dentro de 50 años pensemos que, si este ejercicio se hubiera hecho en 1973, seguramente no habría previsto los efectos económicos de la caída de la Unión Soviética, de las sucesivas guerras en todos los continentes, de los cambios tecnológicos, de las pandemias, del calentamiento global, etcétera.

En un mundo de incertidumbre global, que modifica sustancialmente la evolución de la economía mundial y la de nuestro país, «estimar» el aumento de los costos de la seguridad social en términos del PBI para los próximos 50 años es algo que no se puede considerar riguroso y, menos aún, científico.

Plantear que, ante los supuestos riesgos económicos del futuro creados con el «modelo» de Zunino, los trabajadores del presente deban sacrificar ingresos y años de vida es una demostración clara, al menos, de una alineación con la teoría del ajuste permanente que está fracasando en todo el mundo. En cambio, las medidas que propone el plebiscito implican claramente una distribución de costos y beneficios favorables a los trabajadores.

POR UN FINANCIAMIENTO MÁS EQUITATIVO

 

 

El envejecimiento de la población del país y la sustitución de trabajo por capital en múltiples actividades provocarán que en el futuro el número de trabajadores con relación al número de pasivos sea cada vez menor. Sin embargo, las leyes de la economía no son leyes naturales que se imponen a las decisiones de las sociedades como la ley de gravedad. Por eso, es posible cambiar el curso de los procesos en general y, en este caso, de una forma muy sencilla que no se tuvo en cuenta, aumentar los ingresos públicos dirigidos a financiar el aumento de las pasividades.

¿Es inevitable que los cambios se vuelvan contra los trabajadores? No, es posible mantener los derechos y mejorar las pasividades, modificando progresivamente la financiación del gasto de la seguridad social, que tendrá que tender a aumentar los aportes patronales gradualmente y reducir las exoneraciones, a la vez que se eliminan subsidios al gran capital y aumentan los gravámenes a los ingresos del capital y a la riqueza acumulada.

Los aportes personales y patronales constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social. Los trabajadores han mantenido su tasa de aporte, en cambio, las tasas patronales se han modificado a la baja: en Industria y Comercio pagan 7,5 por ciento, y los patrones rurales pagan por el índice de productividad por hectárea Coneat, aportando menos del 2 por ciento. En la Civil hay tres tipos de aportes: la administración central (19,5 por ciento), los gobiernos departamentales (16,5 por ciento) y las empresas públicas (7,5 por ciento).

Como además se han creado múltiples normas estableciendo exoneraciones de aportes patronales, la tasa promedio de los aportes obreros y patronales en 2022 fue de 23,53 por ciento, correspondiendo la tasa más alta a la afiliación civil (31,61 por ciento), seguida de servicio doméstico (22,50 por ciento), construcción (22,05 por ciento), industria y comercio (20,85 por ciento) y rural (16,76 por ciento). La tasa de aporte de los trabajadores, en todos los casos, es de 15 por ciento, mientras que la de los patrones en Industria y Comercio es de 5,85 por ciento y en la rural de 1,76 por ciento.2

Si los aportes patronales fueran del 15 por ciento, con reducción para las pequeñas y medianas empresas, igual a los que pagan los trabajadores, aumentaría la recaudación y el Banco de Previsión Social (BPS) no precisaría asistencia financiera.

EL VERDADERO PROBLEMA SON LAS AFAP

El contundente éxito de la reforma constitucional de 1989 terminó con el despojo a los jubilados por la vía de ajustes anuales muy por debajo de la inflación, como válvula de escape de la honda crisis económica. El gasto público aumentó, los recursos alcanzaron y las pasividades se pagaron. Luego vinieron el engendro ideológico y el disparate técnico que fueron las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional). Se argumentaba que, si por el tramo de capitalización cada cual aportara para sí mismo y cobrara después una pasividad equivalente a su aporte, se mejoraría su jubilación y el BPS se libraría de gastar la mitad de esas futuras pasividades. Pero las pasividades servidas o a servirse por el tramo de capitalización fueron, son y serán ridículamente bajas. El déficit del gobierno central aumentó porque así lo determinaban las transferencias crecientes a las AFAP; mientras, se tenían que seguir pagando las pasividades existentes, a lo que se sumaban los intereses que el Estado pagaba al rescatar como préstamo su propio dinero.

Cuando asumió la actual coalición de derecha, en 2020, lejos de revisarse críticamente lo actuado, se insistió con la misma idea, buscando una consistencia fiscal que, al parecer, la reforma de 1996 no había logrado.

 

Pero la situación financiera del BPS no amerita prender luces de alarma, a menos que se niegue la pertinencia del aporte estatal. En efecto, tomando los datos correspondientes a los años anteriores a 2020 –no distorsionados por la pandemia–, el gasto total del BPS se sitúa en 12 por ciento del PBI, dentro del cual están computadas las transferencias a las AFAP, que suman 1,7 por ciento. Los aportes de trabajadores y empleadores alcanzan al 7,5 por ciento del PBI, con lo cual la aportación estatal por todo concepto (impuestos afectados y déficit) es del 4,5 por ciento del producto. Pero si no existieran las AFAP, tal aporte se reduciría a 2,8 por ciento. Permítasenos considerar el IASS (Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social) como un aporte interno al sistema, que en vez de hacerlo los activos lo hacen los jubilados, y entonces lo que debe recaudar el Estado por impuestos generales es tan solo del 2,2 por ciento del PBI, nada dramático, y sin considerar el ajuste a la baja por las exoneraciones de aportes que no son de cargo del BPS.

En términos del gasto total del BPS, los aportes son del 62,5 por ciento con las AFAP y serían del 73 por ciento sin las AFAP, lo que luce razonable en la lógica del financiamiento tripartito. Cabe concluir que en la actualidad hay un drenaje de los recursos genuinos del BPS hacia las AFAP que exagera el monto de aporte estatal.

A la carga ideológica de la capitalización individual con lucro privado se le suma el congelamiento del «espacio fiscal», ya que a los «malla oro» no se los toca. Sin las AFAP, el BPS rescataría 1.280 millones de dólares (1,7 por ciento del PBI) anuales al cesar la transferencia y, en forma paulatina, desde el fideicomiso propuesto por plebiscito, podría disponer del retorno gradual de recursos financieros a razón de 1,5 por ciento del PBI durante 15 años.

 

 

Es compartible la preocupación de que debería priorizarse la asignación de recursos para revertir los índices muy elevados de pobreza infantil (efectivamente, diez veces mayor que para la edad adulta), pero planteado de esa forma, en los términos del Cinve, la redistribución del ingreso sería entre sectores del trabajo, dejando al capital fuera de la ecuación. Ninguna mirada desde lo técnico puede soslayar que se trata de una disputa entre el capital y el trabajo.

 

1. Lazo, A.: «La esperanza de vida en Uruguay a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI y sus probables valores futuros», Montevideo, 2013, BPS.

2. Recaudación por punto de aportes jubilatorios, 2022, BPS.

Extraído de Brecha, numero 1978. Titulo original “Los anuncios de apocalipsis en la seguridad social. PROFESIAS SIN FUNDAMENTOS” Antonio Elías, Jorge Notaro, Carlos Viera

 

EL LUGAR DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN EL SISTEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Un camino y no un obstáculo

 

Al entrar ya al último trimestre del año en el que se conmemoran los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 50 del golpe de Estado en nuestro país, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República continúa desarrollando diversas actividades, así como aportando materiales para la reflexión en torno a la temática que nos convoca. En este marco, el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación recibió a la profesora Helena Esser dos Reis, de la Universidade Federal de Goiás, quien brindó la conferencia «Filosofía y derechos humanos, el desafío de la fundamentación».

«Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente las unas con las otras.» El análisis filosófico de los términos contenidos en este primer artículo de la declaración fue el eje central de su exposición. ¿Cuál es el alcance de lo expresado en este primer artículo? ¿Qué entender por persona? ¿Qué significa ser libres e iguales? ¿Cómo conciliar lo individual y lo colectivo en el marco de la defensa de los derechos humanos? Colaborar en dar respuesta, aunque sea parcialmente, a estas y otras preguntas es algo de lo que la labor filosófica aporta a la reflexión sobre los derechos humanos. En este camino de elucidación, pero también de fundamentación, se encuentra la conferencia de la profesora Esser.

Ya desde el análisis que hace de los primeros términos (todas, personas, nacen), se entrevé una concepción divergente de aquellas que apelan a principios consagrados naturalmente. Se podría pensar que el primer término, todas, equivale a afirmar «cualquiera», sin embargo, la profesora destaca que el énfasis es distinto, ya que se trata de la universalización de una condición. En este caso, todos es el referente de un universal de llegada y no un universal de partida. Dicha condición no es un a priori, sino una convención, un acuerdo acerca de un ideal normativo a perseguir. Ideal del cual el concepto de persona es medular y remite a un ser real que se comprende por relaciones dinámicas y que tiene valor, pero no precio (valoración kantiana del sujeto de derecho). ¿Por qué no afirmar «las personas son libres e iguales»? Porque la condición de sujetos de derecho es incondicional y las diversas circunstancias en que las personas viven no pueden ser fundamento de sus derechos. La validez de estos no depende de realidades particulares, pero tampoco de alguna trascendentalidad –según sostiene Esser–, sino del hecho de haber nacido humano. Esto no debe conducirnos a pensar que con ello basta. La mera humanidad no garantiza derechos.

En términos filosóficos, no es unánime la conceptualización acerca de lo que la libertad significa. Se trata de un «término de combate» que se ve atravesado por disputas teórico-ideológicas. Si bien los derechos básicos remiten al individuo, al sujeto de esos derechos, eso no debe conducir a una concepción estrictamente individualista o atomística de las personas. Una perspectiva desde la que se conciben los derechos de los individuos como contrapuestos, enfrentados entre sí, se sostendrá en una concepción de libertad en la que se es libre «contra otros» y no «con otros». Este último elemento de la libertad es el que la profesora rescata como modelo interpretativo de la libertad expresada en el primer artículo de la declaración. No se trata de la mera libertad de venir al mundo, sino de estar en el mundo junto con otros.

De igual modo, propuso una revisión crítica del concepto de igualdad. La igualdad no debe ser confundida con el principio de identidad, no significa ser idéntico a otro. La declaración cualifica la igualdad en dignidad y derechos. Mientras que antiguamente la dignidad estaba vinculada a la distinción y la excelencia, en la modernidad pasa a ser un atributo de la persona con alcance universal. El corolario de ello es la distinción kantiana entre el valor de las cosas y la dignidad como valor de las personas. Este último es aquello que no es intercambiable; las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. El respeto a la dignidad crea y funda derechos, lo que permite, tal como nos advierte Esser, pasar de los principios filosóficos a las instituciones jurídicas.

A pesar de las referencias a Kant, su propuesta, a diferencia de las que se sostienen en el tipo de fundamentación universalista que habilita el apriorismo del filósofo de Königsberg, hace énfasis en el aspecto contextual y contingente de todo proceso de fundamentación que tiene en su base en el diálogo y el acuerdo convencional. Por esto mismo, toda fundamentación, sostiene, puede ser revisada y reformulada. En sintonía con la crítica marxista, Esser observa que es necesario evitar una concepción abstracta de la persona humana desde la que se desdibuja la lucha que está en el origen y las condiciones reales que la originan. Esto se acompaña de la falsa idea individualista de que cada cual es capaz de bastarse a sí mismo. De este modo, hace un análisis crítico a partir de lo expresado en la misma declaración, demostrando que «el primer artículo no es ni ingenuo ni retórico». Esta perspectiva nos enfrenta a la fragilidad de los derechos humanos y a la necesidad de una permanente vigilancia y defensa de su observancia, ya que se encuentran siempre inacabados y están abiertos a nuevas reivindicaciones y a nuevos desafíos. Ante la pregunta de cuál es el mayor desafío que contemporáneamente enfrenta el sistema de los derechos humanos, Esser fue contundente: «La desigualdad».

Bien vale este modelo de justificación como muestra del trabajo que la filosofía tiene para hacer con relación a los derechos humanos. El desafío es mayúsculo, es necesario alimentar una permanente reflexión que ponga a prueba las convicciones más fuertemente arraigadas, lo que lejos de debilitarlas las fortalecerá. Más grande es aun si pensamos en una coyuntura nacional, regional e internacional, marcada por un embate conservador cuyas demandas y horizontes se articulan en órdenes jerárquicos a los que se añora regresar. En términos temporales, la vigencia de este tipo de pensamiento es mucho más prolongada que su contraparte igualitaria democrática. Digamos que la hegemonía de los postulados jerárquicos es más veterana. El modelo contestatario de ese orden añorado por las fuerzas conservadoras es muy joven. Y su marco normativo tiene apenas 75 años, lo cual en la historia de la humanidad no es nada. Sin embargo, el valor no tiene que ver con la vigencia, sino con la validez de estos principios. No es legítimo, filosóficamente hablando, que el estado de cosas, el orden vigente solo por serlo pruebe su validez. Son las razones, la fuerza de la justificación lo que lo hace. En ello posiblemente nos vaya la vida misma, no una vida cualquiera, sino una vida digna. Por eso vale la pena esta tarea de diálogo, reflexión y problematización que la filosofía tiene para ofrecer sobre estos jóvenes derechos.

La violación a los derechos humanos no habla mal de ellos, habla mal de cómo van las cosas. Pero si a este panorama le sumamos el emergente de cuestionamientos o actitud escéptica ante el valor de los derechos humanos, sus debilidades serán un blanco fácil. El principal interés que tiene la reflexión teórica, en este caso filosófica, para quienes estamos comprometidos con la defensa activa de los derechos humanos, es la advertencia sobre tensiones, problemas y contradicciones internas que resulten flancos vulnerables ante cuestionamientos. La abierta y permanente reflexión sobre el mayor proyecto normativo que nos hemos dado para la convivencia debe redundar en ajustes, revisiones, tendientes a su fortalecimiento y no a su socavamiento. En eso radica nuestra mayor responsabilidad.

* Fernanda Diab es integrante de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar). Profesora adjunta del Instituto de Filosofía (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar).

Extraido de Brecha, numero 1977