Un estudio
del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que la mayoría de los
trabajadores del sector privado recién volverán a los niveles de salario real
que tenían en 2020 cuando este terminando el actual periodo de gobierno. Las
autoridades nacionales, con el ingenio retórico que las caracteriza, dicen que
van a cumplir su compromiso de “recuperación salarial”, sin aclarar que no se
trata de una mejoría de la situación previa a este gobierno, sino apenas de
volver al punto de partida luego de cuatro años en los que el poder de compra
de las remuneraciones laborales se mantuvo, en promedio, disminuido. Y, por
supuesto, a nadie se le va a devolver lo que perdió mes a mes desde 2020.
Se alega,
por supuesto, que la caída al comienzo de los prometidos “cinco mejores años de
nuestras vidas” fue una fatalidad debido a la emergencia sanitaria, pero es
preciso tener en cuenta algunos datos básicos completamente ajenos a la
covid-19.
En el
documento “Compromiso por el país”, firmado en 2019 por los cinco partidos que
ya habían acordado apoyar a Luis Lacalle Pou en el balotaje, se prometió
“defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más
sumergidos”, pero antes la mayoría del actual oficialismo había insistido en la
necesidad de dos lineamientos de política salarial cuyas consecuencias no
podían ser las que plantearon en su acuerdo programático.
Por un
lado, se enfatizó la explicación liberal clásica del aumento del desempleo que
se registraba sobre el fin de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez,
afirmando que su causa eran niveles salariales excesivos, y que si “saliera más
barato” contratar trabajadores, la cantidad de puestos de trabajo aumentaría.
Esto se cumplió: el desempleo durante el actual gobierno, luego de aumentar en
2020, tendió a caer, pero al mismo tiempo el promedio del salario real
disminuyó, con más personas ocupadas ganando menos (y un ejemplo extremo fueron
las contrataciones del programa Oportunidad Laboral, más conocido como
“jornales solidarios”, que aliviaron la desocupación con empleos transitorios,
de 12 días mensuales durante cuatro meses y bajas remuneraciones).
Por otro
lado, se planteó la necesidad de “flexibilizar” los convenios laborales, para
adecuarlos a la diversidad de situaciones dentro de cada sector de actividad.
Como los convenios no establecen topes máximos de aumentos, sino niveles
mínimos, la “flexibilización” significaba habilitar que se pagara por debajo de
los laudos sectoriales. No se avanzó en esta dirección, por motivos obvios, en
medio de la fuerte caída de las remuneraciones a partir de 2020, pero la
intención era muy clara, y tampoco apuntaba a “defender el poder de compra” de
los salarios en general o de los “más sumergidos” en particular.
El producto
interno bruto y las exportaciones cayeron en 2020, sobre todo el primero, pero
ya se habían recuperado al año siguiente. Los salarios, en cambio, se
mantuvieron caídos y recién volverán a su nivel previo el año que viene. Otra
promesa pre electoral fue que el ajuste no se haría a costa de “la gente”, sino
del Estado. No se cumplió, pero ahora la promesa reaparece.
Extraído de
La Diaria, 26 de diciembre de 2023. Autor: Marcelo Pereira. Titulo original:
Cuatro años perdiendo plata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario