Sobre el impuesto al 1% mas rico. Una oportunidad para enfrentar la pobreza infantil

 

El impuesto al 1% más rico propuesto por el PIT-CNT no sólo es técnicamente defendible, es también una “oportunidad política” para el gobierno, dijo a la diaria el diputado frenteamplista Bruno Giometti.

El legislador por el Partido Comunista consideró que el Ejecutivo que dirige el presidente Yamandú Orsi tiene una gran “oportunidad” para empezar a mostrar señales claras hacia uno de los compromisos electorales centrales del Frente Amplio (FA): reducir de forma sustantiva la desigualdad y la pobreza infantil.

“También se abre una ventana para analizar este tipo de propuestas en un diálogo más general”, afirmó Giometti, y destacó que el propio presidente “respondió con sensatez” al señalar que el tema debe discutirse “sin ponerse el balde”, lo que representa una apertura “esencial para que el FA empiece a enviar “señales de izquierda”.

“A un gobierno de derecha se lo mide por cómo evolucionó determinado indicador vinculado a las inversiones y al riesgo país. A uno de izquierda se lo juzga por cómo evolucionó la desigualdad y la pobreza”, afirmó el también economista y exintegrante del Instituto Cuesta Duarte.

Tras un presupuesto construido bajo condiciones fiscales “muy restrictivas”, que dejó recursos “insuficientes” para atender la pobreza infantil, este impuesto puede constituir el próximo “escalón” en la agenda de “justicia tributaria”, remarcó Giometti.

El lunes, el PIT-CNT presentó, en el Paraninfo de la Universidad de la República, su propuesta para gravar al 1% más rico con la mira puesta en financiar con esa recaudación políticas de combate a la pobreza infantil.

La iniciativa, que fue creada a partir de una comisión de expertos conformada por Juan Geymonat, Mauricio de Rosa, Gabriel Oyhantçabal, Andrea Vigorito y Joan Vilá; Alejandra Picco, Carlos Grau, Gustavo Viñales, Marcelo Bérgolo, Luis Bértola, Fernando Lorenzo, Agustín Reyes y Gonzalo Salas, se convirtió rápidamente en uno de los temas más importantes de la agenda mediática de la semana.

No obstante, la propuesta volvió a exponer diferencias dentro del FA: mientras los partidos Comunista y Socialista expresaron su respaldo, desde el Ministerio de Economía surgieron reparos y señales de cautela.

Uno de los que hablaron de la propuesta fue el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, quien sostuvo que el Poder Ejecutivo ha sido claro en que se “optó por recorrer otro camino” en materia impositiva, y agregó que “el país no puede seguir discutiendo todo el tiempo sobre impuestos”, por lo que “la discusión termina con la aprobación del presupuesto”.

En cambio, el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se mostró dispuesto a habilitar la discusión –en una entrevista con El País de Madrid–, aunque aclaró que el planteo del PIT-CNT “no forma parte de las prioridades ni de las ideas que el gobierno quiere impulsar en este momento”.

El propio presidente Orsi admitió que “hay que seguir analizando estos temas” porque el gobierno no se cierra a los planteos de los trabajadores organizados en su PIT-CNT ni tampoco a escuchar a las gremiales empresariales. “Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto, nuestra propuesta es clara”, añadió.

La propuesta del PIT-CNT fue anunciada por primera vez en el discurso de los trabajadores durante el acto del 1º de Mayo. Semanas después, consultado al respecto, Orsi declaró en aquel entonces a la prensa que el gobierno no crearía impuestos; posteriormente, señaló que el tema no estaba en la agenda. Por su parte, Oddone afirmó que “sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo”.

Mensaje interno

Lejos de bajar los brazos, Giometti recordó a la diaria que una de las principales promesas de campaña del FA fue combatir la pobreza infantil, y estimó que el gobierno necesita empezar a mostrar “objetivos ambiciosos” y “medidas contundentes” en esa dirección.

“La propuesta del PIT-CNT llega en un buen momento. Estamos terminando de votar el presupuesto a nivel de Senadores”, dijo. “Pasado eso, el gobierno y el FA van a tener que proponerse, a partir del año que viene, generar las condiciones para obtener logros más sustantivos en este quinquenio y pensar en llegar a 2029 con niveles de pobreza y desigualdad sustantivamente más disminuidos”, resaltó Giometti.

El legislador consideró que “se abre una ventana de oportunidad para que el gobierno esté más abierto a empezar a analizar este tipo de propuestas en un diálogo más general”. “Hay una necesidad política de analizar esta propuesta teniendo en cuenta que una de las principales promesas de campaña del FA fue el combate a la pobreza infantil. Es clave que la izquierda empiece a dar señales en ese sentido”, añadió.

Recordó que el Plenario Nacional del FA del 2 de agosto encomendó a la Comisión Nacional de Programa abrir un debate tributario, dentro del cual la propuesta del PIT-CNT ya está siendo analizada. Remarcó que nada de lo que plantea la central sindical “es contradictorio” con lo discutido en el Parlamento ni con las bases programáticas del FA.

Además, el diputado comunista afirmó que no hay razones para pensar que la coalición opositora asumirá automáticamente una postura de rechazo, y dijo que el debate deberá darse “en la sociedad y entre los partidos con representación parlamentaria”.

Sobretasa

El planteo de la central sindical consiste en implementar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, con lo que el PIT-CNT estima que podría recaudar entre 700 y 800 millones de dólares. El tributo apunta a unas 25.000 personas con patrimonios mayores a un millón de dólares.

Giometti consideró que es una propuesta que pretende atender un “problema estratégico y sustantivo” de la sociedad: el alto nivel de infantilización de la pobreza. Mientras el 17% de los uruguayos son pobres, a nivel de niños y adolescentes, el indicador se encuentra por encima del 30%, señaló el economista.

“Uno de cada tres niños en Uruguay vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, lo que constituye un problema de desigualdad”, afirmó.

El legislador sostuvo que existe una situación de pobreza concentrada en las infancias que hay que atender no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una mirada de “desarrollo nacional”. “Un país no puede plantearse un desarrollo económico y social de mediano y largo plazo con uno de cada tres niños en situación de pobreza, porque genera dificultades de aprendizaje, problemas de violencia y produce fragmentación social que compromete incluso las posibilidades de desarrollo futuro”, sentenció.

En este marco, la propuesta del PIT-CNT busca que los sectores que cuentan con una mayor acumulación de riqueza puedan brindar un aporte para enfrentar la problemática de la pobreza infantil, indicó.

El documento de la iniciativa señala que la riqueza y los ingresos muestran una “fuerte concentración”: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del total, equivalente al ingreso del 50% más pobre, y posee entre el 37% y el 39% del patrimonio del país.

Respaldo técnico

Giometti dijo que la iniciativa cuenta con un “respaldo técnico muy importante”. Incluso remarcó que “es una de las propuestas de política pública que tienen mayor espalda académica en la historia del país”. “La comisión consultiva que impulsó el PIT-CNT estuvo integrada por varios profesores grado 5 y personas que tienen doctorados en economía, que es el máximo rango académico. O sea, participaron en esta idea las personas que más saben de este tema desde el punto de vista académico en el país”.

En la misma sintonía, Andrés Blanco, profesor grado 5 de Derecho Financiero y Teoría y Política de las Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo el jueves a la diaria que la iniciativa del PIT-CNT no espanta la riqueza ni frena la inversión.

“Hay ciertas políticas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en Uruguay con diferentes gobiernos que sí tienen efectos concretos, materiales, adversos para la producción. Concretamente, la política del atraso cambiario, que es fruto de una medida deliberada del Banco Central”, afirmó Blanco, que formó parte de la comisión consultiva que elaboró la propuesta de la central sindical.

El experto sostuvo que el atraso cambiario genera una “contracción de las utilidades de las empresas”, y puso como ejemplo a las que venden en dólares, cuyos costos en pesos son cada vez más caros en comparación con el dólar.

Argumentó, además, que el impuesto al 1% más rico implica un “estímulo para la producción”, ya que sólo se impone en el caso de los activos ociosos, es decir, aquellos recursos que una persona no utiliza de manera productiva.

Para Blanco, la estructura del impuesto es “bastante semejante” al tributo al patrimonio a las personas físicas que actualmente existe de forma “prácticamente testimonial”, ya que, en la reforma tributaria de 2007, se dejó este tributo en un “estado letárgico”, lo que implicó un “error importante”, porque no se tuvo en cuenta el “fenómeno de la acumulación” de capital, que en los últimos 50 años ha crecido de manera “desmedida”, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

Monto no imponible

Blanco expresó que se definió un monto no imponible de un millón de dólares para evitar que la propuesta resultara “drástica” y para no gravar a “una gran cantidad de personas de ingreso medio que han logrado acumular patrimonio, principalmente en inmuebles”.

El experto reconoció que uno de los desafíos de este tributo es la fiscalización, ya que existe riesgo de “evasión”; sin embargo, consideró que la situación del país ha cambiado en los últimos años gracias a la firma de varios tratados de intercambio de información tributaria, lo que genera un escenario “mucho más favorable que hace unas décadas atrás”.

Por otro lado, Giometti indicó que varios dirigentes del Partido Comunista se han manifestado a favor de la discusión parlamentaria ya que consideran que es clave que la sociedad uruguaya analice cómo se pueden obtener recursos para financiar políticas contra la pobreza infantil y evitar que este tipo de debates se vuelva un “tabú”. Afirmó que desde el Partido Comunista se comparte la propuesta en términos conceptuales en cuanto a “su diseño, espíritu y contenido general”.

Consideró que la postura del PIT-CNT no es contradictora con la que se propuso desde el gobierno en el marco de la discusión del presupuesto nacional, en la que se presentaron medidas tributarias para generar equidad y exigir que las empresas transnacionales que hoy pagan en el exterior empiecen a hacerlo en el país.

“Creo que nadie en el gobierno se ha cerrado a que no se va a discutir nada vinculado con tributos de aquí en adelante”, afirmó.

Buena señal

Con respecto a las declaraciones del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien se mostró a favor del impuesto, Giometti consideró que es una “buena señal que actores que quizá inicialmente pudieron tener más reparos ahora destaquen las virtudes que le ven a la propuesta”.

 

El 25 de noviembre, Bergara dijo a la diaria Radio que el impuesto al 1% más rico es una “propuesta razonable”.

“Creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto, y en el marco de la estructura tributaria actual, así como durante los gobiernos del FA, se plantearon aumentos de tasas, por ejemplo, en el impuesto a la renta de las personas físicas”, dijo Bergara, y agregó que “plantearse un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio es un formato razonable y una propuesta que seguramente el gobierno va a analizar”, agregó.

Recursos insuficientes

Aun cuando Giometti valoró que, en un contexto de “fuerte déficit fiscal”, el presupuesto logró incorporar medidas tributarias que no recaen sobre los trabajadores y generó un “remanente de recursos” para los sectores más vulnerables, sostuvo que esos fondos siguen siendo “insuficientes” para enfrentar la pobreza infantil y adolescente.

“Hay que pensar en otras medidas que permitan generar recursos para atender esta problemática de manera más contundente. Hay que verlo de forma escalonada, y una iniciativa de este estilo sería una nueva etapa en materia de justicia tributaria. La discusión principal es en la sociedad, con la gente, pero también va a haber un debate entre los partidos políticos”, añadió.

Por su parte, Blanco consideró que la sobretasa representa un incremento del 3% de la recaudación impositiva total, lo cual es un “monto pequeño” y no implica una reforma “muy grande”, ya que el “grueso del sistema seguiría siendo regresivo”, añadió.

“Lo recaudado daría para empezar a fortalecer políticas de reducción de la pobreza infantil, pero no pretende ser una solución definitiva”, remarcó.

Consultado por qué es importante que Uruguay comience a debatir este tipo de propuestas, Blanco sostuvo que la sociedad uruguaya debe empezar a pensar sobre la estructura tributaria del país, la cual es “regresiva” y se “descarga fundamentalmente sobre los trabajadores”.

Extraído de La Diaria. Titulo original: El impuesto al 1% abre una “oportunidad política” para que el gobierno envíe una “señal de izquierda”, asegura el diputado Giometti. Publicado el 29 de noviembre. Escribe Lucía Barrios en Sociedad

 

[ Sobre la jornada laboral ]

 

"En su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna canina de plusvalor, el capital no solo transgrede los límites morales, sino también las barreras máximas puramente física de la jornada laboral. Usurpa el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y mantenimiento de la salud corporal. Roba el tiempo que se requiere para el consumo de aire fresco y luz del sol. Escamotea tiempo de las comidas y, cuando puede las incorpora el proceso de producción mismo, de tal manera que al obrero se le echa comida como si él fuera un medio de producción más, como a la caldera carbón o a la maquinaria grasa o aceite. Reduce el sueño saludable —necesario para concentrar cómo renovar y reanimar la energía vital— a las horas de sopor que sean indispensables para revivir un organismo absolutamente agotado. En vez de que la conservación normal de la fuerza de trabajo constituye el límite de la jornada laboral, es, a la inversa, el mayor gasto diario posible de la fuerza de trabajo, por morbosamente violento y penoso que sea el gasto, lo que determina los límites del tiempo que para su descanso resta al obrero. El capital no pregunta por la duración de la vida de la fuerza de trabajo. Lo que le interesa es únicamente que máximo de fuerza de trabajo se puede movilizar en una jornada laboral. Alcanza este objetivo reduciendo la duración de la fuerza de trabajo, así como un agricultor codicioso obtiene del suelo un rendimiento acrecentado aniquilando su fertilidad."

"La producción capitalista, que es en esencia producción de plusvalor, absorción de plus trabajo, produce, por tanto, con la prolongación de la jornada laboral, no solo la atrofia de la fuerza de trabajo humana, a la que despoja- en lo moral y en lo físico- de sus condiciones normales de desarrollo y actividad. Produce agotamiento y muerte prematuros de la fuerza de trabajo mismas. Prolonga, durante un lapso dado, el tiempo de producción del obrero, reduciéndole la duración de su vida."

"El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarlas en consideración. Al reclamo contra la atrofia física y espiritual, contra la muerte prematura y el tormento del trabajo excesivo, responde el capital: ¿Habría de atormentarnos ese tormento, cuando acrecienta nuestro placer (la ganancia)? Pero en líneas generales esto tampoco depende de la buena o mala voluntad del capitalista individual. La libre competencia impone las leyes inmanentes de la producción capitalista, frente al capitalista individual, como la ley exterior coercitiva. La fijación de una jornada laboral normal es el resultado de una lucha multisecular entre el capital y el obrero."

El mapa salarial en Uruguay durante el período 2019-2024

 

La evidencia que se continúa acumulando confirma que desde el bienio 2018-2019 los salarios no solo han declinado, sino que lo han hecho más en los lugares y las ramas de actividad más castigadas.

De no mediar milagros, la bella curva que ilustraba la evolución salarial desde 2005 pronto será un motivo de nostalgia», afirmaba el semanario el 7 de setiembre de 2018 (véase «Fin de un ciclo», Brecha, 7-IX-2018). Un documento del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el 22 de setiembre pasado, lo confirmó.

Evolución salarial y brecha por sexo en Uruguay (2018-2024) se titula el trabajo que estudia la trayectoria de las remuneraciones en casi todas las ramas del sector privado formal durante seis años.

Su conclusión principal es que «la evolución del salario promedio total por trabajador, medido a precios constantes […], evidencia una trayectoria descendente a lo largo del período». Midiendo la caída de punta a punta, desde el primer trimestre de 2018 al último de 2024, la pérdida se ubicaría en el 4,4 por ciento.

Sin embargo, la curva que dibujan los números de la investigación no es una pendiente neta: tiene sus vueltas. En general, desde el primer trimestre de 2018 al primero de 2019, hubo un aumento del valor real de los salarios, que cayeron fuerte al año siguiente, el primero de la pandemia, y luego -con ires y venires- fueron mejorando algo, sin retornar nunca a su mejor nivel.

Por eso, si la pérdida se establece con relación al mejor resultado de la última administración frenteamplista, la del primer trimestre de 2019, la diferencia es todavía mayor: de un 5,7 por ciento.

Y eso es un promedio de todo el país. En el interior la caída fue mayor. Desde aquel dorado trimestre de 2019, supuso un 8 por ciento y vintenes; algo más del doble de la que sufrieron los asalariados de Montevideo, que fue de un 3,8.

Claro que tampoco el interior del país es homogéneo. Ni siquiera en todos los departamentos el mejor momento fue el verano de 2019, aunque siempre se situó entre 2018 y 2019. Pero impresiona más constatar cuán distintas fueron las caídas.

Desde su pico del verano de 2018 a diciembre del año pasado, los salarios del sector privado de Rivera perdieron prácticamente un quinto de su valor (19,6 por ciento). Los de Lavalleja, en cambio, se deterioraron solo en 1,2 por ciento. Generalizando, puede decirse que en seis departamentos la caída fue superior al 10 por ciento: Salto, San José, Paysandú, Rocha, Maldonado y Rivera, en orden creciente de afectación.

Los niveles salariales nunca fueron parejos a lo largo y ancho del territorio, pero tras la batalla del último sexenio el panorama de desigualdad que ofrece el estudio del INE luce bastante agudo.

Artigas, Rocha y Treinta y Tres muestran la peor situación. En esos departamentos, el valor promedio del salario es inferior al montevideano en más de un 40 por ciento. En un escalón más arriba están los de Flores, Rivera, Salto, Florida y Cerro Largo (inferiores en más de un 30 por ciento). Algo más altas son las remuneraciones medias de Tacuarembó, Soriano, Maldonado, Canelones, Durazno, Colonia y San José (inferiores en más de un 20 por ciento). Los departamentos con un nivel más cercano al de Montevideo serían Lavalleja y Río Negro, donde el salario medio significaría respectivamente el 82 y el 89 por ciento del capitalino.

Ante tal estado de cosas, no deja de sorprender un poco que una vez más, ante la ronda de consejos de salarios en curso, las cámaras vuelvan a entonar la milonga de que los laudos desconocen las diversas realidades regionales. Si adjudicamos un valor de 100 al promedio salarial montevideano, el de Artigas es de 56,85.

MEDIO MILLÓN DE SUMERGIDOS

 

Pero, como se explicaba al comienzo, los investigadores del INE trabajaron con promedios salariales. Y -como repite un amigo en estos casos- en los promedios se ahogan los petisos. Por eso no cabe asombrarse de que, aunque los salarios reales hayan aumentado en promedio un 1,36 por ciento en los últimos 12 meses, la pobreza del primer semestre de este año se mantenga en el mismo nivel del mismo período del año pasado (17,7).

El tamaño de las porciones en que se reparte la torta salarial varía bastante. En 2024, de acuerdo con lo que el Banco de Previsión Social (BPS) informó al semanario, mientras 231.819 trabajadores recibieron remuneraciones de hasta 12.354 pesos, 40.957 percibieron salarios por lo menos 15 veces superiores, es decir mayores a 185.310 pesos.

La disparidad salarial no es la misma en las distintas actividades económicas, pero en todas y cada una de las 22 categorías en que las ordena la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU), empleada habitualmente, hay trabajadores en los dos extremos. Incluso la glamorosa casilla que agrupa los datos de los trabajadores de las organizaciones extraterritoriales (como las Naciones Unidas o el Mercosur) incluye 11 salarios de 12.354 pesos o menos.

Una parte de estas diferencias salariales se explica, naturalmente, por las diversas cargas horarias que cumple cada trabajador. Por eso, cuando el Instituto Cuesta Duarte (ICD) de la convención sindical elabora sus reportes periódicos sobre remuneraciones sumergidas, las calcula para un escenario en el que todos los ocupados cumplieran 40 horas semanales.

 

Siguiendo ese criterio es que la última edición del informe (publicada el 21 de agosto) concluye que en 2024 hubo 503 mil ocupados cuyos ingresos pueden caracterizarse como sumergidos. Suele aludirse a estos trabajadores como veinticincomilpesistas porque en el penúltimo reporte, sobre la situación en 2023, el valor bajo el cual se consideraba sumergido era de 25 mil pesos líquidos (es decir, después de los descuentos). Pero, desde el período analizado entonces, los precios han seguido subiendo, por lo que ese mínimo también debió ser ajustado y -para diciembre del año pasado- la cifra se ubicó en 27.650 pesos.

¿Debe asumirse entonces que el año pasado 503 mil ocupados percibieron menos de 27.650 pesos por mes? Alejandra Picco, economista del ICD, advirtió a Brecha que conviene tomar algunas precauciones sobre el alcance de esa afirmación.

«Podés tener el caso de un trabajador con un salario muy bajo, pero que, en realidad, para aumentarlo trabaja 60 horas. Entonces sus ingresos reales pueden superar los 27.650, pero nosotros tenemos que homogeneizar la información para aportar una idea cabal de la situación y entonces adoptamos el supuesto de que todos cumplen 40 horas por semana. En todo caso, no estamos muy alejados de la realidad, porque el horario promedio anda en torno a las 39 horas semanales. Ahora, los trabajadores rurales cumplen horarios de 48 horas y -como nosotros calculamos sus remuneraciones por 40- una cantidad importante de ellos resultan ubicados como sumergidos. Sin embargo, si en algún sector nuestro informe sobreestima la cantidad de trabajadores con ingresos sumergidos, en otros los subestima. Otro sector de salarios muy bajos es el de las trabajadoras domésticas. También en ese caso suponemos que cumplen 40 horas, pero en realidad el promedio del sector es de 29. Entonces, de lo que está hablando nuestro informe es de cuánto se paga por puestos de 40 horas de trabajo, no de lo que efectivamente ganan las personas», precisó.

Más allá de las explicaciones que matizan la conclusión principal, esta no agota los contenidos del trabajo del Cuesta Duarte.

EL PELOTÓN

A esta altura, conviene añadir otra aclaración: el universo que abarca el informe del ICD es bastante más amplio que el que contempla la pesquisa del INE o los datos del BPS. El INE reveló el comportamiento de los asalariados del sector privado formal y, en rigor, no todos. Los datos del BPS incluyen a los asalariados públicos y privados que aportan a la seguridad social. Y el ICD, en cambio, obtuvo su información de la Encuesta Continua de Hogares, abarcando al total de la población ocupada (incluyendo cuentapropistas, cooperativistas y patrones), coticen o no a la seguridad social.

 

Es decir que las conclusiones del trabajo del INE son representativas de un universo de 559 mil trabajadores, los datos del BPS corresponden a 1.302.573 cotizantes y los del ICD abarcan a 1.645.000 ocupados.

Y en aquellos más de medio millón de personas que recibirían remuneraciones inferiores a los 27.650 pesos, hay asalariados (293 mil), pero también unos cuantos cuentapropistas, cooperativistas y patrones (210 mil).

Al agrupar a los ocupados en franjas de ingreso, el informe del ICD permite notar que la pérdida salarial de la que también habla el trabajo del INE fue regresiva también a lo largo de la escala de remuneraciones. Un arreglo equitativo del ajuste hubiese significado una disminución del porcentaje de las remuneraciones ubicadas en la franja más alta, pero sucedió lo contrario.

Entre 2019 y 2024, el porcentaje de ocupados con remuneraciones mayores a 55.300 pesos (a valores de diciembre de 2024) se mantuvo en el 28 por ciento del total. En cambio, aunque la cosa mejoró algo de 2023 a 2024, entre el último año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez y el último de la administración de Luis Lacalle Pou el porcentaje de ocupados con remuneraciones sumergidas pasó del 28 al 30 por ciento.

El informe del Cuesta Duarte ayuda también a limitar la sospecha de que esos ingresos rotundamente insuficientes corresponden generalmente a personas muy jóvenes, que las gastan en diversión, pilchas y electrónica, mientras el hogar familiar les sigue asegurando techo y milanesas.

Es cierto que esos ingresos son mucho más frecuentes entre los más jóvenes. El 51 por ciento de los menores de 25 años gana menos de 27.650, mientras que entre los mayores de 55 años eso «solo» le sucede al 20 por ciento. A la vez, solo la cuarta parte de los ocupados que reciben salarios sumergidos viven en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza. El 68 por ciento de ellos, en tanto, viven en hogares pobres. Se trata de 123 mil trabajadores. Nada menos.

El trabajo del ICD se pregunta, como el del INE, por la dimensión territorial de la distribución salarial, pero en lugar de ordenar los datos por departamento, considera las diferencias entre la población de las localidades urbanas que cuentan con más de cinco mil habitantes, las localidades con menos de esa cantidad y las áreas rurales. Y así comprueba que el porcentaje de remuneraciones sumergidas se incrementa siguiendo esa secuencia: es un 24 por ciento en las localidades más grandes, un 33 en las pequeñas y un 34 en las áreas rurales.

Consecuentemente, es entre los trabajadores de la ganadería, la agricultura y la pesca donde los salarios sumergidos están más presentes, representando el 45 por ciento de los ocupados del sector. En el servicio doméstico la situación es parecida: un 42 por ciento de las trabajadoras de esta actividad recibirían remuneraciones de este tipo aún si consiguieran trabajar 40 horas. En la hotelería y la gastronomía la restricción afecta al 39 por ciento de los trabajadores, y la misma proporción se encuentra en el comercio.

Por cierto, son sectores de tamaño desigual, así que se trata de cantidades de personas muy disímiles: en la hotelería y la gastronomía el porcentaje de trabajadores con salarios sumergidos significa 17 mil individuos; en el agro, 32 mil; en el servicio doméstico, 39 mil, y en el comercio, 75 mil.

Pero estas son solo las actividades en que la proporción de salarios bajos es más alta. El informe encuentra cantidades significativas de trabajadores en esta situación en 14 de las 22 categorías de la CIIU, incluida la industria manufacturera, a pesar de que promedialmente exhibe las remuneraciones más altas, y donde hay 28 mil trabajadores -muy probablemente trabajadoras- padeciendo estas estrecheces.

Alejando la mirada y observando conjuntos más amplios, el informe constata también que la presencia de remuneraciones sumergidas es ampliamente mayoritaria entre los trabajadores informales, abarcando al 62 por ciento, y prácticamente marginal en el sector público. En este último caso se encontró a
10 mil personas que, según Picco, podrían ser trabajadores de los programas sociales de empleo que la Encuesta de Hogares registró algo desprolijamente.

¿Y AHORA QUÉ?

Bien leído, el trabajo del ICD tiene una implicancia inmediata: hay 64.500 trabajadores formales que, aun trabajando 40 horas por semana, no logran salir de la pobreza: más de la mitad (36.500) ganan salarios sumergidos; 5.500 ganan menos de 16.950 pesos. «Esto evidencia que, en el marco de los consejos de salarios, todavía existe un amplio margen para mejorar la remuneración de los trabajadores más vulnerables y afectar por esta vía la pobreza monetaria», escriben sus redactores.

En cada mesa de negociación las alternativas para avanzar en esto pueden ser diferentes. Al 30 de junio pasado, el salario mínimo de las trabajadoras domésticas era de 29.400 pesos por 44 horas semanales. Es decir, 23.520 pesos en la mano por trabajar 8 horas de lunes a viernes y 4 los sábados. Es decir, un salario sumergido de acuerdo con el parámetro del Cuesta Duarte. Para no serlo, a esta altura del año debería ser un líquido de 28.421 pesos, y solo por 40 horas.

Dado su monto, el salario del trabajo doméstico está ubicado en la franja de aquellos que podrían recibir aumentos mayores acordes a las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo. Pero aun si el ajuste alcanzara el 3,3 por ciento señalado allí como tope, para este semestre, descontando la inflación esperada, significaría apenas un 1,81 por ciento real.

Para llegar a fin de año con un valor equivalente al mínimo planteado por el Cuesta Duarte, el aumento debería ser cercano al 9 por ciento, lo que está muy lejos de lo señalado.

Sin embargo, el caso tiene una singularidad y es que -como se ha ventilado últimamente- se trata de una actividad en la que no se ha establecido una categorización y -como plantea el sindicato- no es lo mismo ocuparse solo de la limpieza, que también de la cocina o del cuidado de personas (y aún en este caso: niños, adultos mayores y personas con discapacidades diversas pueden significar esfuerzos de índole diversa) (véase «Nos subestiman demasiado», Brecha, 29-VIII-2025).

Crear categorías implica establecer mínimos más altos de acuerdo con el nivel de responsabilidad, y haciéndolo quizá el resultado signifique un cambio más sustancial sin contravenir la pauta.

Pero en el caso del trabajo doméstico también cuenta que, como señalaba Picco, el promedio de horas trabajadas es bajo, de 29 horas semanales, y es muy probable que esto no sea por deseo de las trabajadoras, sino por las responsabilidades de cuidados que asumen frente a sus propias familias.

En esto, el Parlamento tendrá también cosas que hacer (o tal vez, evitar hacer). Al proyecto presupuestal todavía le queda mucho por andar, pero en ese camino sería de desear que los recursos asignados a los cuidados y a la atención de la infancia y la adolescencia no pierdan un peso en el tironeo.

Titulo original: El mapa salarial en Uruguay durante el período 2019-2024 La caída. Autor:  Salvador Neves . Brecha 3 octubre, 2025

 

El debate sobre impuestos a los ricos

 

Frente al mantra de que no hay margen para nuevos tributos, una propuesta para gravar al 1 por ciento más rico vuelve a instalar el debate sobre la desigualdad y el modelo fiscal. Mientras los depósitos en el exterior alcanzan los 62 mil millones de dólares y unas 25 mil personas acumulan el 40 por ciento de la riqueza nacional, la iniciativa tensiona al nuevo gobierno del Frente Amplio entre su promesa de redistribución y las señales promercado.

Desde hace tiempo, la afirmación de que no existe margen para aumentar la carga tributaria se ha convertido en una suerte de dogma que es repetido por economistas, políticos y actores empresariales de distinto signo en nuestro país. La idea de que el sistema fiscal alcanzó su techo se ha instalado con fuerza, incluso en un contexto de crecientes desigualdades y demandas sociales insatisfechas. Sin embargo, fuera de fronteras, el clima político y económico empezó a virar en otra dirección. En 2024, Brasil dio un paso inédito al proponer, durante la cumbre del G20, la necesidad de un impuesto global a los «superricos». Ese país se encuentra discutiendo, además, un mayor gravamen sobre determinadas transacciones financieras. No es el único. Chile, México, Francia y España son algunos de los que, de igual modo, analizan medidas en ese sentido (véase «Figurita repetida» en esta misma edición).

El impulso por gravar la riqueza como vía para mejorar la progresividad fiscal, reducir las brechas estructurales y financiar la cohesión social también comenzó a encontrar eco en Uruguay. A mediados de junio, el PIT-CNT entregó al presidente Yamandú Orsi una propuesta para aplicar un impuesto sobre el patrimonio del 1 por ciento más rico. La iniciativa fue recogida, a su vez, por el senador frenteamplista Gustavo González, quien sostuvo que podría formalizarse como una alternativa si no prospera la idea de atraer inversionistas que lleva a cabo el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La propuesta, todavía incipiente, ya generó repercusiones. Por ejemplo, el multimillonario propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, opinó que el planteo era «absurdo» y «obsoleto», ya que «si tenés más millones, podés invertir más». Sin embargo, tras lo que López Mena consideró un sinsentido, existen varios fundamentos.

EL UNO A UNO

En Uruguay hay amplia literatura e indicadores para medir la pobreza –aunque ello no impidió su subestimación hasta la última actualización metodológica–, pero un número acotado de investigaciones respecto a la riqueza. La dificultad para contar con una base de datos sólida y completa es quizás la principal restricción a la hora de querer profundizar en las características que conforman el sector con más recursos de la población. Aun así, en los últimos años, diversos estudios comenzaron a abordar el tema mediante la combinación de distintas fuentes de información.

Los resultados obtenidos de esos trabajos fueron elocuentes: poco menos del 1 por ciento más rico –unas 25 mil personas– concentraba entre el 35 y el 40 por ciento de la riqueza total del país. Había más. A diferencia del 99 por ciento restante –cuyos ingresos provienen de salarios o jubilaciones–, en ese tramo más del 40 por ciento de los ingresos se originan en el capital. A su vez, casi el 80 por ciento de la riqueza financiera y el 90 por ciento de la empresarial se encontraban en sus manos.1

Para formar parte del 1 por ciento más rico de la población uruguaya no se necesita una gran fortuna, si se compara con los montos que se manejan en otros países. Según las estimaciones, alcanza con contar con un patrimonio acumulado en el entorno al millón de dólares. De todas formas, dentro del selecto grupo la conformación es heterogénea y las dimensiones de riqueza tienden a crecer de forma abrupta. Así, en la misma categoría es posible encontrar a quienes apenas superan el umbral «mínimo» junto con el propio López Mena o los empresarios uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel, cofundadores de la empresa de tecnología financiera dLocal, cuya fortuna se estima en 1,1 mil millones de dólares cada uno.

Hacia ese sector apuntaría la propuesta de implementar un gravamen del 1 por ciento sobre el patrimonio. La iniciativa se sustenta en un trabajo elaborado por los economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Mauricio de Rosa y Joan Vilá,2 publicado en 2024. En ese trabajo, los investigadores estudiaron distintos escenarios en los cuales se podría aplicar el impuesto, su impacto en la recaudación y las posibles reacciones de los eventuales contribuyentes.

Como resultado, los economistas calcularon que, de aplicarse un tributo del 1 por ciento sobre el 1 por ciento más rico de la población, en un escenario sin evasión impositiva, podrían recaudarse, aproximadamente, entre 664 millones y 1.016 millones de dólares por año (entre 0,83 y 1,27 puntos del PBI). Esa cifra se ubicaría entre los 568 millones y los 840 millones de dólares (0,71 y 1,05 puntos del PBI) en un escenario de evasión del 17 por ciento, y entre 344 millones y 512 millones de dólares, con una evasión del 50 por ciento.

Este último escenario proyectado, de una evasión tan elevada, es extremadamente improbable y solo fue considerado a efectos prácticos, aseguró al ser consultado por Brecha Mauricio de Rosa. De todas formas, frente a la aplicación de una iniciativa de este tipo, el economista sostuvo que la evasión sería una de las principales reacciones esperadas. «La literatura que investiga estos temas ha buscado aislar los efectos de estos impuestos y lo que encontró es que existen riesgos de evasión y elusión por parte de contribuyentes ricos, que usan mecanismos legales e ilegales para minimizar sus pagos», explicó. En ese sentido, según De Rosa, un tributo a la riqueza podría afectar la recaudación. Aun así, consideró que con un «diseño muy cuidadoso» se pueden minimizar esas respuestas.

Consultado sobre los potenciales efectos en la economía, el investigador sostuvo que, a diferencia de lo que se suele argumentar, «el cúmulo de evidencia que existe muestra que los gravámenes sobre el patrimonio de las personas tienen efectos relativamente bajos en variables como empleo o inversión, e incluso en variables como el ahorro pueden tener efectos positivos». Respecto al impacto sobre la desigualdad, explicó que el impuesto reduciría muy poco la desigualdad patrimonial en el corto plazo, «pero genera una presión constante para que se reduzca lentamente a lo largo del tiempo». Finalmente, De Rosa puntualizó que «no basta con enunciar desafíos para que se caiga toda la propuesta» y que Uruguay necesita avanzar en este tipo de instrumentos para enfrentar su problema fiscal y de desigualdad, evitando una discusión binaria de «cuanto más impuestos, mejor para algunos» o «cuanto menos, mejor para la economía».

MÁS ALLÁ DEL ÁRBOL

La propuesta de establecer un impuesto adicional sobre el 1 por ciento más rico ha abierto un debate sobre el rumbo que debería asumir la política tributaria en el nuevo gobierno del Frente Amplio (FA). Lejos de tratarse de una medida puntual, distintos referentes económicos de la izquierda advierten que la discusión debe insertarse en una agenda más profunda que combine redistribución y desarrollo.

Consultado por Brecha, el economista y docente Fernando Isabella consideró que el actual ciclo político obliga a plantear reformas de mayor alcance, ya que «hay una necesidad de una nueva generación de políticas, que coloque en el centro el tema de la igualdad, y eso implica redistribución». Para el exdirector de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la pasada administración frenteamplista, la tributación de la riqueza no debería verse como un castigo, sino como una vía para construir condiciones de desarrollo inclusivo y sostenido.

Esa mirada también es compartida por el economista Rodrigo Alonso, diputado suplente por la lista 1001 en la actual legislatura. Alonso insistió en que la discusión sobre gravar al 1 por ciento más rico debe formar parte de un debate más amplio sobre la reforma tributaria y la política de desarrollo. «Uruguay no puede darse el lujo de clausurar el debate tributario», advirtió al ser consultado por el semanario. En un contexto de estancamiento económico, aseguró que, sin una revisión de la estructura fiscal y sin nuevos mecanismos de distribución del ingreso, será imposible cumplir con los compromisos de campaña. «Hay un consenso implícito en que con el crecimiento esperado no alcanza para generar el espacio fiscal necesario», remarcó.

Ambos economistas coinciden en que el actual modelo económico, basado en incentivos al capital y exoneraciones fiscales, ha mostrado sus límites. En tal sentido, Alonso apuntó que durante los últimos cinco años «las exoneraciones al impuesto a las rentas de las actividades económicas y al patrimonio aumentaron 1 punto del PBI», sin que ello se tradujera en un repunte sustantivo de la inversión. Isabella lo expresó en términos similares: «Los instrumentos tributarios están cada vez más asociados a los incentivos a empresas, pero muchas veces no se logra un retorno claro para la sociedad», aunque consideró que una mayor carga sobre las empresas sí podría producir efectos negativos sobre la inversión.

En ese sentido, los dos economistas entienden que la discusión no se reduce a cómo gravar más, sino a cómo administrar estratégicamente los recursos en función de un proyecto de país. Para Alonso, por ejemplo, es clave pensar cómo se capturan parte de los ingresos extraordinarios derivados de las exportaciones, de modo de evitar que terminen alimentando procesos de sobrevaluación cambiaria que a fin de cuentas restan competitividad y causan más desigualdad. Una agenda tributaria inteligente –insistió– debe articularse con una estrategia nacional de desarrollo.

La necesidad de repensar la tributación también se vuelve evidente si se observa el comportamiento de los sectores de mayores ingresos en los últimos años. Los datos informados por la Dirección General Impositiva, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública del diputado Bruno Giometti (FA), resultan reveladores. Entre 2019 y 2023, el monto total de los depósitos e inversiones financieras en el exterior de agentes residentes de la economía uruguaya se multiplicó, pasando de poco más de 27 mil millones de dólares, en 2019, a casi 62 mil millones de dólares en 2023 (véase gráfica). Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado por mecanismos impositivos que permitieran captar parte de esa riqueza acumulada fuera del país –como el gravamen propuesto durante la pandemia por el exministro Danilo Astori.

Para Isabella, fenómenos como este muestran que no solo hay espacio fiscal, sino que existe una desigualdad estructural que debe ser abordada. Alonso complementó esta visión señalando que, a casi 20 años de la primera reforma tributaria del FA, «el problema de la desigualdad no desapareció, al contrario, está agravado». Y añadió: «¿Qué sentido tiene un gobierno de izquierda si no está combatiendo la desigualdad?».

UNA AGENDA EN PROCESO

Pese al impulso que en algunos sectores de la izquierda comienza a adquirir la idea de gravar al 1 por ciento más rico, hasta el momento, las principales señales del equipo económico frenteamplista apuntan al diseño y la implementación de medidas de estímulo a la inversión, en línea con una estrategia para dinamizar el estancado crecimiento económico.

En este marco, gana centralidad el objetivo de mantener un clima fiscal predecible y favorable al capital sin alterar los pilares centrales del sistema tributario, algo que parece dejar poco margen para la inclusión, en el corto plazo, de propuestas más agresivas sobre la riqueza. Sin embargo, el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, dejó una hendija abierta al debate. Consultado en rueda de prensa sobre la propuesta de gravar al 1 por ciento más rico, evitó una descalificación tajante y señaló que aún no conocía evidencia suficiente sobre si un tributo de esas características tendría o no efectos negativos sobre el crecimiento económico.

En paralelo, el gobierno avanza en una de las iniciativas internacionales más relevantes en materia tributaria: la implementación del impuesto mínimo global, un acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20 que busca establecer un piso común del 15 por ciento en el pago de tributos por parte de grandes empresas multinacionales, sin importar dónde declaren sus beneficios. El objetivo es desalentar la competencia fiscal entre países y limitar la erosión de las bases imponibles.

En ese aspecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en un proyecto de ley para adaptar el marco normativo interno, con el que prevé recaudar 350 millones de dólares, según sostuvo el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba (La Diaria, 14-VI-25). Sin embargo, la viabilidad del acuerdo enfrenta desafíos significativos. Las naciones del G7 anunciaron el pasado 28 de junio que acordaron eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos del alcance del impuesto mínimo global, una concesión clave al gobierno de Donald Trump, que presionó fuertemente para lograr ese compromiso.

Este esfuerzo se combina con una revisión de los regímenes de promoción de inversiones, especialmente en lo que refiere al alcance de las exoneraciones fiscales. Si bien por ahora no se plantea desarmar los beneficios vigentes, en el MEF se ha manifestado la intención de introducir ajustes para mejorar la eficiencia de los incentivos y garantizar que los beneficios otorgados se traduzcan en retornos efectivos para la sociedad.

Así las cosas, el primer tramo de la administración frenteamplista aparece marcado por un delicado equilibrio entre señales promercado y tensiones internas que reclaman retomar una agenda redistributiva. El desenlace de esa tensión aún está por verse. Será a partir de la conformación del presupuesto cuando se tendrá una visión más acabada de cuánto se pretende avanzar sobre la agenda social que llevó al FA nuevamente al gobierno. Por lo pronto, la situación fiscal plantea un desafío mayor del esperado, aunque aún no parece suficiente para tocar donde más duele: allí donde se acumula la riqueza.

Juan Geymonat (coord.), Los de arriba: estudios sobre la riqueza en Uruguay, Montevideo, Fucvam, Enforma, 2021. ↩︎

Mauricio de Rosa y Joan Vilá, Taxing the rich in Latin America: revenue and distributional effects of a wealth tax, serie Documentos de Trabajo, DT 14/2024. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. ↩︎

Titulo original “LA PROPUESTA SOBRE UN NUEVO IMPUESTO A LOS RICOS EN URUGUAY.Un vuelto necesario”. Autor: Luciano Costabel. Publicado en Brecha número 2067.

 

¿ Por qué no se le ponen impuestos a los ricos?

En las últimas semanas volvió a tomar estado público la discusión sobre un impuesto al 1 por ciento más rico del país. En paralelo, se conoció el informe del UBS (Union Bank of Switzerland), que muestra un crecimiento del número de millonarios en nuestro país. En este marco, es de orden recordar que la acumulación y la concentración de riqueza remiten directamente a cómo se distribuyen los principales activos económicos en nuestra sociedad. Por ello, no está demás traer a colación aspectos importantes de la estructura de propiedad uruguaya que ayudan a explicar las características de la riqueza concentrada.

Cuando miramos la estructura de propiedad de la economía uruguaya, observamos una creciente extranjerización del aparato productivo y financiero. Según datos de 2015, de las 100 empresas privadas más grandes del país, 55 pertenecían a capitales foráneos. Además, estos capitales también tenían incidencia en otras nueve. La foto de inicios de la década del 90 es bien distinta, casi inversa.

En algunos sectores, los datos no admiten discusión. Con excepción de la banca pública, el resto de los bancos son extranjeros. En el caso de las exportaciones de bienes, pasaron de estar controladas en un 70 por ciento por capitales nacionales a inicios del siglo XXI a una situación opuesta en el presente. Los ejemplos podrían seguir con muchos sectores más de la economía.

La forma en que están construidos los datos sobre el 1 por ciento más rico de Uruguay y sobre los millonarios toma solo a residentes en el país. Deja por fuera a una gran parte de la riqueza generada a escala nacional, pero de propiedad extranjera. Porción que, como vimos con anterioridad, no es nada despreciable. En tal sentido, los impactos recaudadores de un potencial impuesto a la riqueza pueden incluso estar subestimados.

El desplazamiento del capital nacional del control del aparato productivo parece un fenómeno instalado y creciente. Durante el siglo XX, el capitalismo uruguayo se caracterizó por el liderazgo de algunas familias que tendían a controlar empresas en distintos sectores de la economía. Pocas de esas empresas eran cotizantes en la bolsa, por lo que se trataba de empresas cerradas que se transmitían y heredaban de generación en generación. Este capitalismo familiar, común en Latinoamérica, es parte de la explicación de los concentrados niveles de desigualdad patrimonial existentes. Buena parte de la riqueza fluye y se hereda en un círculo reducido de familias. Si bien es cierto que la muerte divide el patrimonio, la herencia de estas familias no son solo activos económicos, es pertenencia a determinados círculos, inclusión en determinadas redes sociales, y capacidades de crear y multiplicar riqueza mucho mayores a las de otros sectores de la sociedad. Por otro lado, la dispersión de la herencia tiende a neutralizarse por el fenómeno de la unión entre semejantes y entre familias con magnitudes patrimoniales similares.

Más allá de estas dinastías, el podio de la riqueza uruguaya siempre tuvo lugar para nuevos jugadores, generalmente provenientes de actividades profesionales y de dirección de empresas. Este trayecto muestra cómo, a partir de empleos de altos ingresos fundados en cargos de dirección o en el ejercicio de una experticia (médicos, contadores y abogados, por ejemplo), se produce un ahorro que es transformado en propiedad de diversos activos. A menudo, el origen social de estos sectores profesionales condice con el de los grandes y medianos propietarios. Pero existen en este segmento casos de ascenso social que sirven de abono al relato meritocrático y que suelen presentarse como la generalidad cuando se trata de discutir el asunto.

Pese al declive relativo de los nacionales en la posesión patrimonial, el número de millonarios uruguayos crece, lo cual nos muestra que la incidencia cada vez mayor del capital foráneo que desplaza a los capitales nacionales no necesariamente ha redundado en el empobrecimiento de los locales, sino que supone su reconversión a otras actividades. Entre ellas, la compra y la colocación de capital en forma de activos financieros fuera del país y actividades más de índole rentista. Este tipo de activos (inmuebles urbanos, rurales, depósitos e instrumentos financieros) tiende a incrementar su valor en el largo plazo, entre otras cosas.

Pero en este cuadro general, lo que parece claro es que el despliegue del aparato productivo, la generación de empleo, los saltos de productividad y el crecimiento genuino dependen cada vez menos de los millonarios nacionales, por lo que no es claro que el gravamen de este sector de residentes tienda a incidir negativamente sobre aquellas variables.

¿Y EL PODER POLÍTICO?

Un problema no menor es quiénes procesan la discusión y cómo están representados en la arena pública los distintos segmentos y grupos sociales.

De acuerdo a las declaraciones juradas de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), en 2023 y 2024, de un total de 35 senadores que circularon por la Cámara (y sobre los cuales existen datos), siete (el 20 por ciento) reunieron patrimonios de más de 1 millón de dólares. Esto los ubica dentro o muy próximos al 1 por ciento más rico del país. Otros que no llegaron estuvieron muy cerca.

Se trata, en su totalidad, de políticos vinculados al Partido Nacional, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Los datos pertenecen a la legislatura anterior, ya que no existen actualizaciones para la nueva composición del Senado, pero es presumible que no existan cambios significativos en relación con la proporción de este segmento en el total de la Cámara Alta.

El dato no puede extrapolarse linealmente al conjunto del sistema político, pero sirve para advertir acerca de la sobrerrepresentación de este segmento. Este aspecto muestra, a su vez, la capacidad de incidir en la formación del debate y la opinión pública, así como su facilidad de acceso e incidencia en círculos altos de poder político y social.

Una mirada a la estructura patrimonial de este grupo de parlamentarios millonarios nos puede servir para adelantar algunas hipótesis y tendencias de la composición de una parte de este segmento que concentra la riqueza en nuestro país.

En primer lugar, destaca en la estructura patrimonial de estos individuos la riqueza en forma de inmuebles. Solo en dos casos el patrimonio se presenta en forma mayoritaria como participación y propiedad de empresas. Este aspecto muestra que no todos los millonarios tienen su riqueza en forma de activos productivos, sino que buena parte de ella es atesorada en forma de inmuebles, por lo que no necesariamente entra dentro de la circulación de capital que origina nuevo empleo, demanda de insumos, etcétera. No podemos generalizar conclusiones de aquí. Es presumible que, conforme avancen los niveles de concentración de riqueza, buena parte de ella tenga la forma de control de empresas y capital, además de inmuebles.

No obstante, estos pocos casos parecen mostrar que una parte de los sectores de riqueza elevada mantiene cierta impronta rentista.

Otra característica de este grupo de parlamentarios es la tenencia de inmuebles rurales además de urbanos. Este es un movimiento bastante típico en los sectores de altos ingresos. Si bien el agro no es de los sectores más rentables de la economía ni donde necesariamente se encuentra la principal acumulación de capital del país, sí constituye un resguardo seguro para la inversión. Asimismo, por el tipo de activo de que se trata, lejos de depreciarse, tiende a incrementar su valor, al tiempo que ofrece una renta. De allí que, más allá del origen de los ingresos, nuestros ricos tienden a tomar, más acá o más allá, ropajes ruralistas.

Es claro que los millonarios no constituyen un sector homogéneo, pero su cercanía social e intereses tienden a unirlos en torno a algunos aspectos. La historia ha demostrado que la defensa y la reacción de estos sectores han servido mucho para amalgamarlos y cohesionarlos. Pese a su relativo perfil bajo y a su reducido número, su incidencia en la discusión pública es notoria y tiene varios canales de llegada. Sus intereses inmediatos y particulares aparecen con la forma del mismísimo interés general. Tienen mucho terreno ganado para resistir.

Son varios aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar un gravamen de los sectores con elevada riqueza en el país, y esto exige de nuestra parte creatividad, seriedad en el planteo y un debate con altura para la disputa del sentido común instalado.

 

Juan Geymonat es Magíster en Historia Económica. Docente e investigador del programa en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Titulo original "LA DISCUSIÓN SOBRE LA TRIBUTACIÓN A LOS MILLONARIOS.El impuesto a los ricos y la estructura de la riqueza en Uruguay". Autor: Juan Geymonat. Publicado en Brecha numero 2067.

Polémica sobre la estancia Maria Dolores

 

La polémica que desató la reciente compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, un campo de 4.400 hectáreas en Florida valuado en 32,5 millones de dólares, más que a una cuestión de finanzas públicas, nos remite en última instancia a uno de los ejes centrales de la conformación de Uruguay como nación: la propiedad privada sobre un bien natural, la tierra, y la disputa por los réditos que su explotación genera.

En un país con un 4 por ciento de población rural y solo un 10 por ciento de ocupados en la actividad agropecuaria, los temas y noticias relacionados al campo suelen quedar restringidos a la prensa especializada y al debate entre los actores vinculados al sector. Sin embargo, y aunque no fue su intención, el anuncio de la compra de

 la estancia María Dolores, hecho por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el velorio de José Mujica, trajo al centro del debate político el rol y la vigencia del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Creado en 1948, en un país que todavía vivía y discutía intensamente sobre la tierra y el agro como claves del destino nacional, el INC es desde entonces el principal instrumento de reparto agrario en Uruguay. Como tantas otras de nuestras instituciones, su creación y su posterior derrotero expresan la histórica transacción entre el impulso batllista y su freno herrerista: un intento de reforma orientado a ampliar la democracia social, económica y política, pero que no llega a cruzar el Rubicón (por convicción o necesidad) de las principales estructuras de poder del país.

Desde entonces, la alternancia en el gobierno entre reformistas (los batllismos, el Frente Amplio) y «liberal-conservadores»,1 dinamizada por los ciclos de expansión económica y ajuste, se expresaron en la priorización (o no) del impulso colonizador. Como documenta Agustín Juncal,2 los gobiernos de impronta reformista dotaron al INC de recursos para favorecer el acceso a la tierra bajo arrendamiento a colonos de pequeña escala, conservando la propiedad en manos del Estado. Por el contrario, los gobiernos de impronta liberal-conservadora congelaron la compra de tierras y promovieron la propiedad privada como principal forma de asignación de tierras a los colonos.

Si los primeros consideraban democratizador utilizar el Estado para suavizar la concentración de la tierra, los segundos afirmaban que el Estado no debe meterse en un negocio entre privados y, en especial, debe legitimar, más que alterar, el largo proceso de privatización de la tierra que, como ha mostrado Nicolás Duffau,3 culminó a comienzos del siglo XX con más del 90 por ciento de la superficie agropecuaria en manos de privados.

LA DISPUTA POR MARÍA DOLORES

En este marco histórico, no debería sorprender ni la iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi de comprar más tierras para el INC, que es parte de la promesa electoral de adquirir 25 mil hectáreas, ni la airada reacción que provocó en la novel oposición y, en especial, en su «bancada ruralista» (Sebastián da Silva, Pedro Bordaberry).

Las críticas articulan argumentos históricos contra el accionar y la existencia del INC con elementos más concretos referidos al monto de la inversión en relación con la cantidad de beneficiarios (se habla de unas 16 familias tamberas). Es claro que los 32,5 millones de dólares invertidos representan una cifra considerable, y no porque el campo no los valga, sino porque la valorización de la tierra en Uruguay en las últimas dos décadas tornó más cara la política de colonización. Si en el año 2000 una hectárea promedio valía 500 dólares, 25 años después su valor promedio se multiplicó por ocho, alcanzando los 4 mil dólares, cuando en el mismo período el PBI en dólares solo se triplicó.

Si bien la sábana es una sola, para la actual oposición el problema no es tanto estos 32,5 millones de dólares ni el déficit fiscal –preocupación que no aparece cuando se discute el déficit anual de 400 millones de dólares de la caja militar–, sino el uso de estos fondos para disputar la propiedad de la tierra.

¿REFORMA AGRARIA?

Llegados a este punto, conviene poner en contexto la ofensiva «sovietizante» del gobierno de Orsi. Esta compra se suma a las 547.873 hectáreas que hoy están afectadas a la ley de colonización (ley 11.029) y que representan el 19 por ciento de la superficie ocupada por la producción familiar. Del total de hectáreas, 400 mil son propiedad del INC y se arriendan a colonos a precios sensiblemente inferiores a los de mercado, y el resto es propiedad de colonos, pero está afectado a la ley. La superficie bajo propiedad estatal, incorporada durante más de 70 años, representa apenas el 2,5 por ciento de la superficie agropecuaria del país.4 Lo mismo pasa en el mercado de tierras, donde las compras del INC entre 2000 y 2024 representaron solo el 1,5 por ciento de las tierras transadas.5

Esta escasa gravitación evidencia que el accionar histórico del INC estuvo lejos de representar una reforma agraria que alterase la distribución de la tierra. En sentido estricto, más bien estamos ante una política pública compensatoria orientada a morigerar el desplazamiento de unidades de producción familiar de la estructura agraria nacional.

RECUPERAR LA OFENSIVA

Como estudiaron los economistas clásicos en su momento, la tierra no es solo un medio de producción fundamental para la vida humana: en la sociedad capitalista cobra relevancia como fuente de renta de la tierra. Esta no resulta del esfuerzo productivo ni del espíritu emprendedor de sus propietarios, sino de cómo la sociedad organiza la producción de mercancías que utiliza medios de producción naturales como la tierra.

De allí que aquellos capitales y países que concentran condiciones naturales extraordinarias (suelos fértiles o yacimientos minerales, entre otros) compiten con ventaja, pues, al bajar sus costos, apropian renta de la tierra. Ante esta situación, que implica una sangría para el conjunto de los capitalistas que compran bienes primarios, algunas sociedades estatizaron sus recursos naturales para centralizar el uso de este excedente.

Otras sociedades, en particular las de base agraria, como la de Uruguay, por particularidades históricas y por la existencia de miles o cientos de miles de unidades productivas, siguieron otras trayectorias. Dejaron el suelo en manos de los privados (no así el subsuelo o los recursos hídricos) y recurrieron a otros mecanismos de apropiación de la renta de la tierra sin afectar la propiedad privada. Las detracciones y retenciones, y la sobrevaluación de la moneda son ejemplos paradigmáticos de estos mecanismos.6

Volviendo al presente, una de las encrucijadas para Uruguay es cómo utilizar esta renta que disfrutamos por concentrar praderas fértiles e irrigadas como palanca para una estrategia nacional de desarrollo que permita, de forma simultánea, mejorar nuestra participación en el reparto del excedente mundial, minimizar el impacto ambiental y distribuir mejor los frutos del trabajo social. En este marco, el desafío es incorporar al INC como parte del menú de políticas públicas orientadas a disputar y planificar socialmente el uso de la renta de la tierra, lo que implica discutir las formas de propiedad, la estructura tributaria y la política cambiaria.

Si viene de ser un instrumento focalizado en la ampliación de la escala y el acceso a la tierra para la pequeña producción, quizás el horizonte estratégico del INC para el siglo XXI pase por pensarlo como un ente autónomo protagonista de las transiciones productivas, capaz de incidir en el conjunto de la actividad agropecuaria transversalizando rubros, escalas y tipos sociales, de modo de optimizar el aprovechamiento del suelo en términos productivos, ambientales y sociales. Si el episodio María Dolores nos permite avanzar en ese sentido, la inversión se habrá pagado sola.

 

Véase Gerardo Caetano, El liberalismo conservador. Ediciones de la Banda Oriental, 2021. ↩︎

Véanse Agustín Juncal Pérez, «Políticas públicas de colonización agraria en Uruguay (1923-2020)», Praia Vermelha, volumen 31, 2021, y «El Instituto Nacional de Colonización en Uruguay (1943-1973): impulsos y frenos», Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2023. ↩︎

Véase Nicolás Duffau, Breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay (1754-1912), Ediciones de la Banda Oriental, 2022. ↩︎

Véase «El INC en el territorio», en www.colonizacion.com.uy/adjudicacion-segun-superficie. ↩︎

Véase en www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/tematica/precio-tierra. ↩︎

Véase Gabriel Oyhantçabal Benelli, «Impuestos y tipo de cambio en la disputa por la renta agraria en Uruguay (2000-2021)». En Philip Fehling y Hans-Jürgen Burchardt (coordinadores), Política tributaria y desigualdad en América Latina, CALAS-CLACSO. ↩︎

Extraído de Brecha número 2063 del 6 de junio de 2025. Titulo original “TIERRAS PÚBLICAS, MARÍA DOLORES Y EL FUTURO NACIONAL Colonización en el siglo XXI” Autor: Gabriel Oyhantçabal.6 junio, 2025