El debate sobre impuestos a los ricos

 

Frente al mantra de que no hay margen para nuevos tributos, una propuesta para gravar al 1 por ciento más rico vuelve a instalar el debate sobre la desigualdad y el modelo fiscal. Mientras los depósitos en el exterior alcanzan los 62 mil millones de dólares y unas 25 mil personas acumulan el 40 por ciento de la riqueza nacional, la iniciativa tensiona al nuevo gobierno del Frente Amplio entre su promesa de redistribución y las señales promercado.

Desde hace tiempo, la afirmación de que no existe margen para aumentar la carga tributaria se ha convertido en una suerte de dogma que es repetido por economistas, políticos y actores empresariales de distinto signo en nuestro país. La idea de que el sistema fiscal alcanzó su techo se ha instalado con fuerza, incluso en un contexto de crecientes desigualdades y demandas sociales insatisfechas. Sin embargo, fuera de fronteras, el clima político y económico empezó a virar en otra dirección. En 2024, Brasil dio un paso inédito al proponer, durante la cumbre del G20, la necesidad de un impuesto global a los «superricos». Ese país se encuentra discutiendo, además, un mayor gravamen sobre determinadas transacciones financieras. No es el único. Chile, México, Francia y España son algunos de los que, de igual modo, analizan medidas en ese sentido (véase «Figurita repetida» en esta misma edición).

El impulso por gravar la riqueza como vía para mejorar la progresividad fiscal, reducir las brechas estructurales y financiar la cohesión social también comenzó a encontrar eco en Uruguay. A mediados de junio, el PIT-CNT entregó al presidente Yamandú Orsi una propuesta para aplicar un impuesto sobre el patrimonio del 1 por ciento más rico. La iniciativa fue recogida, a su vez, por el senador frenteamplista Gustavo González, quien sostuvo que podría formalizarse como una alternativa si no prospera la idea de atraer inversionistas que lleva a cabo el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La propuesta, todavía incipiente, ya generó repercusiones. Por ejemplo, el multimillonario propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, opinó que el planteo era «absurdo» y «obsoleto», ya que «si tenés más millones, podés invertir más». Sin embargo, tras lo que López Mena consideró un sinsentido, existen varios fundamentos.

EL UNO A UNO

En Uruguay hay amplia literatura e indicadores para medir la pobreza –aunque ello no impidió su subestimación hasta la última actualización metodológica–, pero un número acotado de investigaciones respecto a la riqueza. La dificultad para contar con una base de datos sólida y completa es quizás la principal restricción a la hora de querer profundizar en las características que conforman el sector con más recursos de la población. Aun así, en los últimos años, diversos estudios comenzaron a abordar el tema mediante la combinación de distintas fuentes de información.

Los resultados obtenidos de esos trabajos fueron elocuentes: poco menos del 1 por ciento más rico –unas 25 mil personas– concentraba entre el 35 y el 40 por ciento de la riqueza total del país. Había más. A diferencia del 99 por ciento restante –cuyos ingresos provienen de salarios o jubilaciones–, en ese tramo más del 40 por ciento de los ingresos se originan en el capital. A su vez, casi el 80 por ciento de la riqueza financiera y el 90 por ciento de la empresarial se encontraban en sus manos.1

Para formar parte del 1 por ciento más rico de la población uruguaya no se necesita una gran fortuna, si se compara con los montos que se manejan en otros países. Según las estimaciones, alcanza con contar con un patrimonio acumulado en el entorno al millón de dólares. De todas formas, dentro del selecto grupo la conformación es heterogénea y las dimensiones de riqueza tienden a crecer de forma abrupta. Así, en la misma categoría es posible encontrar a quienes apenas superan el umbral «mínimo» junto con el propio López Mena o los empresarios uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel, cofundadores de la empresa de tecnología financiera dLocal, cuya fortuna se estima en 1,1 mil millones de dólares cada uno.

Hacia ese sector apuntaría la propuesta de implementar un gravamen del 1 por ciento sobre el patrimonio. La iniciativa se sustenta en un trabajo elaborado por los economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Mauricio de Rosa y Joan Vilá,2 publicado en 2024. En ese trabajo, los investigadores estudiaron distintos escenarios en los cuales se podría aplicar el impuesto, su impacto en la recaudación y las posibles reacciones de los eventuales contribuyentes.

Como resultado, los economistas calcularon que, de aplicarse un tributo del 1 por ciento sobre el 1 por ciento más rico de la población, en un escenario sin evasión impositiva, podrían recaudarse, aproximadamente, entre 664 millones y 1.016 millones de dólares por año (entre 0,83 y 1,27 puntos del PBI). Esa cifra se ubicaría entre los 568 millones y los 840 millones de dólares (0,71 y 1,05 puntos del PBI) en un escenario de evasión del 17 por ciento, y entre 344 millones y 512 millones de dólares, con una evasión del 50 por ciento.

Este último escenario proyectado, de una evasión tan elevada, es extremadamente improbable y solo fue considerado a efectos prácticos, aseguró al ser consultado por Brecha Mauricio de Rosa. De todas formas, frente a la aplicación de una iniciativa de este tipo, el economista sostuvo que la evasión sería una de las principales reacciones esperadas. «La literatura que investiga estos temas ha buscado aislar los efectos de estos impuestos y lo que encontró es que existen riesgos de evasión y elusión por parte de contribuyentes ricos, que usan mecanismos legales e ilegales para minimizar sus pagos», explicó. En ese sentido, según De Rosa, un tributo a la riqueza podría afectar la recaudación. Aun así, consideró que con un «diseño muy cuidadoso» se pueden minimizar esas respuestas.

Consultado sobre los potenciales efectos en la economía, el investigador sostuvo que, a diferencia de lo que se suele argumentar, «el cúmulo de evidencia que existe muestra que los gravámenes sobre el patrimonio de las personas tienen efectos relativamente bajos en variables como empleo o inversión, e incluso en variables como el ahorro pueden tener efectos positivos». Respecto al impacto sobre la desigualdad, explicó que el impuesto reduciría muy poco la desigualdad patrimonial en el corto plazo, «pero genera una presión constante para que se reduzca lentamente a lo largo del tiempo». Finalmente, De Rosa puntualizó que «no basta con enunciar desafíos para que se caiga toda la propuesta» y que Uruguay necesita avanzar en este tipo de instrumentos para enfrentar su problema fiscal y de desigualdad, evitando una discusión binaria de «cuanto más impuestos, mejor para algunos» o «cuanto menos, mejor para la economía».

MÁS ALLÁ DEL ÁRBOL

La propuesta de establecer un impuesto adicional sobre el 1 por ciento más rico ha abierto un debate sobre el rumbo que debería asumir la política tributaria en el nuevo gobierno del Frente Amplio (FA). Lejos de tratarse de una medida puntual, distintos referentes económicos de la izquierda advierten que la discusión debe insertarse en una agenda más profunda que combine redistribución y desarrollo.

Consultado por Brecha, el economista y docente Fernando Isabella consideró que el actual ciclo político obliga a plantear reformas de mayor alcance, ya que «hay una necesidad de una nueva generación de políticas, que coloque en el centro el tema de la igualdad, y eso implica redistribución». Para el exdirector de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la pasada administración frenteamplista, la tributación de la riqueza no debería verse como un castigo, sino como una vía para construir condiciones de desarrollo inclusivo y sostenido.

Esa mirada también es compartida por el economista Rodrigo Alonso, diputado suplente por la lista 1001 en la actual legislatura. Alonso insistió en que la discusión sobre gravar al 1 por ciento más rico debe formar parte de un debate más amplio sobre la reforma tributaria y la política de desarrollo. «Uruguay no puede darse el lujo de clausurar el debate tributario», advirtió al ser consultado por el semanario. En un contexto de estancamiento económico, aseguró que, sin una revisión de la estructura fiscal y sin nuevos mecanismos de distribución del ingreso, será imposible cumplir con los compromisos de campaña. «Hay un consenso implícito en que con el crecimiento esperado no alcanza para generar el espacio fiscal necesario», remarcó.

Ambos economistas coinciden en que el actual modelo económico, basado en incentivos al capital y exoneraciones fiscales, ha mostrado sus límites. En tal sentido, Alonso apuntó que durante los últimos cinco años «las exoneraciones al impuesto a las rentas de las actividades económicas y al patrimonio aumentaron 1 punto del PBI», sin que ello se tradujera en un repunte sustantivo de la inversión. Isabella lo expresó en términos similares: «Los instrumentos tributarios están cada vez más asociados a los incentivos a empresas, pero muchas veces no se logra un retorno claro para la sociedad», aunque consideró que una mayor carga sobre las empresas sí podría producir efectos negativos sobre la inversión.

En ese sentido, los dos economistas entienden que la discusión no se reduce a cómo gravar más, sino a cómo administrar estratégicamente los recursos en función de un proyecto de país. Para Alonso, por ejemplo, es clave pensar cómo se capturan parte de los ingresos extraordinarios derivados de las exportaciones, de modo de evitar que terminen alimentando procesos de sobrevaluación cambiaria que a fin de cuentas restan competitividad y causan más desigualdad. Una agenda tributaria inteligente –insistió– debe articularse con una estrategia nacional de desarrollo.

La necesidad de repensar la tributación también se vuelve evidente si se observa el comportamiento de los sectores de mayores ingresos en los últimos años. Los datos informados por la Dirección General Impositiva, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública del diputado Bruno Giometti (FA), resultan reveladores. Entre 2019 y 2023, el monto total de los depósitos e inversiones financieras en el exterior de agentes residentes de la economía uruguaya se multiplicó, pasando de poco más de 27 mil millones de dólares, en 2019, a casi 62 mil millones de dólares en 2023 (véase gráfica). Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado por mecanismos impositivos que permitieran captar parte de esa riqueza acumulada fuera del país –como el gravamen propuesto durante la pandemia por el exministro Danilo Astori.

Para Isabella, fenómenos como este muestran que no solo hay espacio fiscal, sino que existe una desigualdad estructural que debe ser abordada. Alonso complementó esta visión señalando que, a casi 20 años de la primera reforma tributaria del FA, «el problema de la desigualdad no desapareció, al contrario, está agravado». Y añadió: «¿Qué sentido tiene un gobierno de izquierda si no está combatiendo la desigualdad?».

UNA AGENDA EN PROCESO

Pese al impulso que en algunos sectores de la izquierda comienza a adquirir la idea de gravar al 1 por ciento más rico, hasta el momento, las principales señales del equipo económico frenteamplista apuntan al diseño y la implementación de medidas de estímulo a la inversión, en línea con una estrategia para dinamizar el estancado crecimiento económico.

En este marco, gana centralidad el objetivo de mantener un clima fiscal predecible y favorable al capital sin alterar los pilares centrales del sistema tributario, algo que parece dejar poco margen para la inclusión, en el corto plazo, de propuestas más agresivas sobre la riqueza. Sin embargo, el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, dejó una hendija abierta al debate. Consultado en rueda de prensa sobre la propuesta de gravar al 1 por ciento más rico, evitó una descalificación tajante y señaló que aún no conocía evidencia suficiente sobre si un tributo de esas características tendría o no efectos negativos sobre el crecimiento económico.

En paralelo, el gobierno avanza en una de las iniciativas internacionales más relevantes en materia tributaria: la implementación del impuesto mínimo global, un acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20 que busca establecer un piso común del 15 por ciento en el pago de tributos por parte de grandes empresas multinacionales, sin importar dónde declaren sus beneficios. El objetivo es desalentar la competencia fiscal entre países y limitar la erosión de las bases imponibles.

En ese aspecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en un proyecto de ley para adaptar el marco normativo interno, con el que prevé recaudar 350 millones de dólares, según sostuvo el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba (La Diaria, 14-VI-25). Sin embargo, la viabilidad del acuerdo enfrenta desafíos significativos. Las naciones del G7 anunciaron el pasado 28 de junio que acordaron eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos del alcance del impuesto mínimo global, una concesión clave al gobierno de Donald Trump, que presionó fuertemente para lograr ese compromiso.

Este esfuerzo se combina con una revisión de los regímenes de promoción de inversiones, especialmente en lo que refiere al alcance de las exoneraciones fiscales. Si bien por ahora no se plantea desarmar los beneficios vigentes, en el MEF se ha manifestado la intención de introducir ajustes para mejorar la eficiencia de los incentivos y garantizar que los beneficios otorgados se traduzcan en retornos efectivos para la sociedad.

Así las cosas, el primer tramo de la administración frenteamplista aparece marcado por un delicado equilibrio entre señales promercado y tensiones internas que reclaman retomar una agenda redistributiva. El desenlace de esa tensión aún está por verse. Será a partir de la conformación del presupuesto cuando se tendrá una visión más acabada de cuánto se pretende avanzar sobre la agenda social que llevó al FA nuevamente al gobierno. Por lo pronto, la situación fiscal plantea un desafío mayor del esperado, aunque aún no parece suficiente para tocar donde más duele: allí donde se acumula la riqueza.

Juan Geymonat (coord.), Los de arriba: estudios sobre la riqueza en Uruguay, Montevideo, Fucvam, Enforma, 2021. ↩︎

Mauricio de Rosa y Joan Vilá, Taxing the rich in Latin America: revenue and distributional effects of a wealth tax, serie Documentos de Trabajo, DT 14/2024. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. ↩︎

Titulo original “LA PROPUESTA SOBRE UN NUEVO IMPUESTO A LOS RICOS EN URUGUAY.Un vuelto necesario”. Autor: Luciano Costabel. Publicado en Brecha número 2067.