Mas sequía y menos derechos para los trabajadores rurales

 

Más de 60 trabajadores salteños sometidos a condiciones indignas de trabajo en la vendimia canaria son, de momento, la muestra palmaria de que la históricas vulneraciones que enfrenta el eslabón más débil del proletariado rural, el de los trabajadores zafrales, se están agravando ferozmente por la seca.

No afloja. El meteorólogo Mario Bidegain publicó un pronóstico para marzo según el cual las temperaturas serían este mes superiores a las promediales (entre medio grado y un grado y medio) mientras que las lluvias serían entre 10 y 20 milímetros inferiores a las habituales. Las olas de calor que se suceden hacen temer que las predicciones se hayan quedado cortas mientras los productores rurales suben a las redes fotos del estado de sus campos y sus bichos que dan ganas de llorar, y los habitantes de Montevideo comparten en el mismo espacio su indignación por el precio que alcanzan algunas frutas. Los números sobre las pérdidas que está produciendo la sequía no cesan de renovarse.

La cuenta que se ve menos es la de las consecuencias que el episodio está teniendo en el empleo. Se han difundido, sí, los ajustes que ha tenido que hacer la industria láctea. Conaprole cerró temporalmente sus plantas de Rincón del Pino y de Mercedes, mientras que la de Florida está trabajando a un ritmo menor al habitual, lo que supuso un acuerdo entre el sindicato y la empresa sobre el destino de los trabajadores afectados. Pero pocos son los rubros vinculados al sector agropecuario que cuentan con una organización sindical tan poderosa y solo los sectores agroindustriales tienen a su personal protegido por el régimen general del seguro de desempleo.

Así como las ubres se secan, las flores se marchitan, se forman menos frutas, las que se forman son más pequeñas y, en general, de peor calidad. Y en la granja pasa lo mismo con el empleo. «El año pasado éramos 60 o 70 en la cosecha de manzana. ¿Sabés cuántos somos esta zafra? ¡Somos diez!», exclamó Gérman González, trabajador de Mi Granja, en el oeste de San José y dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU).

ZAFRAS DE VULNERACIONES

Según una pesquisa de los sociólogos Alberto Riella y Jessica Ramírez sobre la transitoriedad laboral y la vulnerabilidad social en el agro uruguayo, la cuarta parte de los trabajadores del sector es transitoria.1 De acuerdo con las cifras más recientes del Banco de Previsión Social, que son de 2021, la cantidad de trabajadores dependientes que cotizaban a la caja rural eran 80 mil, pero, dado el subregistro que existe en el sector, debe haber más de 100 mil personas ocupadas en tareas agropecuarias, por lo que los transitorios serían por lo menos 25 mil.

Sin embargo, la estimación promedia porcentajes que son distintos en los diversos rubros de la actividad agropecuaria. En la hortifruticultura el 35,6 por ciento de los trabajadores son temporales, pero hasta en la ganadería los zafrales tienen su relieve, son el 18,6 por ciento. Ambas ramas explican la mayor parte de los empleos que genera el agro (el 77 por ciento).

Allá lejos y hace tiempo, la zafra podía ser un complemento de las actividades que una familia de productores minifundistas llevaba adelante en su propio campito. Hoy esto es una rareza absoluta. De acuerdo con la investigación citada, de cada diez trabajadores temporales solo dos vivían en el medio rural. Más de la mitad lo hace en localidades de más de 5 mil habitantes. «Viven en la periferia de las ciudades. Se trasladan en los ómnibus que ponen las granjas. A veces en camiones. Viven en Ciudad del Plata, en Las Piedras, en 18 de Mayo, en 25 de Agosto, en Juanicó, en las orillas de San José, Paysandú o Salto. En sus momentos de descanso son habitantes urbanos que van a tomar mate a la plaza, pero durante su jornada laboral son trabajadores rurales», explicó González.

Además, son más jóvenes que el resto de los trabajadores rurales. Cuatro de cada diez tienen menos de 25 años y uno de cada diez, incluso, menos de 18. Y hay más mujeres entre quienes dependen de las zafras para pasar la temporada que entre quienes tienen empleo estable.

Y, como subrayó González, pocos cuerpos logran sostener el esfuerzo de la cosecha pasados los 50. «Es muy difícil jubilarse por el sector granjero. ¿A cuántos trabajadores de 59 años ves cosechando papas? Si estás en la fruta, con 45 años, si tenés que subir y bajar una y otra vez una escalera de 3 metros con un bolso cargado con 15 quilos, cuando querés acordar, tenés la cintura y el lomo hechos mierda», recordó el trabajador. Solo el 9 por ciento de los transitorios tiene más de 55 años, reporta el artículo de Riella y Ramírez, otra cosa que el proyecto de reforma jubilatoria dejó para después.

La mitad de estos trabajadores no aporta a la seguridad social; si se enferma, no cobra. Aunque, sudando bastante, los más fuertes y hábiles pueden lograr buenos ingresos en una zafra, el 60 por ciento no llega a ganar los 21 mil pesos prescritos como salario mínimo nacional. «Casi todos los granjeros pagan el laudo, pero si te llueve cinco días o si una seca te acorta la zafra, no llegás», ilustró González. Tampoco tienen demasiada chance de obtener otro tipo de empleo. El 65 por ciento no llegó a completar el ciclo básico. Uno de cada diez ni siquiera terminó la escuela.

«Cuando no hay zafra, son recicladores, juntan piñas, siempre pichuleando, bordeando a veces la ilegalidad. Viven en las zonas más vulnerables, en lugares inundables, como el Delta del Tigre, en ranchos de costaneros, de cartón, de chapa. Son vulnerables por todos lados. Sufren por la ausencia del Sistema Nacional de Cuidados, por la violencia de género, por las adicciones. Esos problemas que tiene toda la sociedad estas compañeras los sufren con más énfasis», aseguró el sindicalista. Solo los trabajadores permanentes logran adquirir especializaciones reconocidas, como el manejo de maquinaria agrícola o el dominio de las técnicas de plantación, cura, fumigación, injerto o poda. Pero en un naranjal solo uno de cada diez trabajadores permanece empleado una vez finalizada la cosecha.

SEGURO FALTA

«Los mercados de empleo agrario se caracterizan históricamente por estar conformados con base en ocupaciones estacionales o temporarias, debido a la propia naturaleza de la actividad agraria, que supone un desfasaje entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción», recuerdan Riella y Ramírez en su trabajo.

Pero, aunque esto sea así desde el Neolítico, a partir de la década pasada se vienen acumulando evidencias de que está aumentando la temporalidad de los empleos agrícolas, ya no por las disímiles cargas de trabajo que imponen las estaciones, sino por cambios tecnológicos, deliberados, que –disminuyendo costos y maximizando ganancias– agravan a la vez la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.

En Uruguay, por ejemplo, es bastante conocido cómo cambiar las variedades de citrus producidas para satisfacer las nuevas demandas del mercado internacional condujo a un acortamiento de la zafra, proceso que, además, se hizo con el apoyo de políticas públicas.

No obstante, el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales es el más exigente de todos. En la generalidad de los sectores, un trabajador debe contar 180 días en planilla si es mensual o 150 jornales si es jornalero para tener derecho al seguro. Los rurales, en cambio, tienen que reunir 270 días en planilla si son mensuales o 225 jornales declarados. «Eso significa trabajar todo el año sin perder un día, sin enfermarme, sin descansar», graficó González. «¿Por qué somos trabajadores de segunda clase?», imprecó.

Ese régimen hace que ritualmente el Parlamento vote seguros especiales para los trabajadores citrícolas, que son el volumen mayor de los temporarios. Y es por esto también que UTRAU elaboró un proyecto de ley que busca enmendar esta inequidad definiendo diversas soluciones para dar cuenta de las diferentes situaciones de trabajadores permanentes, jornaleros y destajistas. «Porque el destajista, genere lo que genere, nunca agarra un mango de seguro de paro. Por eso proponemos que, de acuerdo a la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones por las que aporte, tenga derecho a una cantidad correlativa de días cubiertos por el seguro», comentó González.

En abril del año pasado el sindicato hizo llegar su proyecto a todos los legisladores y a las autoridades de varios organismos. Pasó casi un año. «Hasta ahora, los únicos que nos prestaron atención fueron los compañeros del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS [Banco de Previsión Social]», acotó el dirigente.

DEMANDANTES Y OFERTADOS

No solo los manzanos sufrieron la falta de agua. Probablemente nadie en el litoral se esté atreviendo a silbar «Naranjo en flor» ante tanto azahar marchito. «Son seis meses de trabajo que la gente va a perder en el invierno por el aborto del citrus. El zapallo, aviso, va a estar arriba de los 200 pesos el quilo porque las flores, donde no hay riego, se cayeron. Los pequeños y medianos productores, que no tienen riego, pero son los responsables del mayor volumen, perdieron todo. De pera y durazno se perdió el 50 por ciento», explicó Enrique López Tozi, dirigente de la UTRAU en Canelones.

También en el empaque cae el empleo, porque, como la calidad de la fruta hace que no se coloque fresca, se la envía a la industria para hacer concentrados y, en tal caso, no son necesarias las tareas de clasificación y empacado que requiere su comercialización en la verdulería. Es decir, por todos lados falta trabajo.

«Ahí es donde entran a jugar estos fenómenos que te embarcan en una camioneta o un camión y te traen a trabajar a 300 o 400 quilómetros de tu casa por dos mangos», enfatizó González. El fenómeno esta vez se llama Álvaro Soria, alias el Manso, contratista a quien se tiene por radicado en Salto.

«Hola, buenas tardes, gente. Nos vinimos de la ciudad de Salto por trabajo […]. Y estamos trabajando en la uva. Y llegamos hace una semana. Y estamos pasando lo que a ningún trabajador le gustaría pasar: 14 pesos el cajón. ¡Un precio que ni te da para pagarte los pasajes! […] el contratista engaña a la gente», comenzaba poniendo en Facebook alguien llamado José Cruz y que los dirigentes de UTRAU conocieron rápidamente.

El caso ocurre en la zona de Las Brujas, Canelones. López Tozi, de 18 de Mayo, ciudad situada entre Progreso y Las Piedras, era el que estaba más cerca y allá se largó en su moto. «Fue una estafa», dijo a Brecha. «Los tienen trabajando en negro. Les dijeron que venían a una empresa y los repartieron en unas 20 quintas. El cajón se lo están pagando a un precio muy bajo: 14 pesos. Acá lo mínimo que se cobra es 18. A 18 pesos, para sacar el mínimo laudado [934 pesos], la persona debería cosechar 52 cajones por día y, con la sequía, eso cuesta mucho. Las vides actuales, cuando están bien, tienen la mitad del volumen de fruta habitual. Las peor cuidadas apenas tienen el 10 por ciento de lo normal.»

Los laudos establecen un monto ficto por alimentación y vivienda equivalente a 5.707,33 pesos por mes. «La idea es que tenés que tener una cama, un comedor, un baño y un vestuario en condiciones; tenés que tener una instalación eléctrica segura, no una zapatilla para 25 tipos», ilustró González. Los trabajadores referidos están alojados en un par de galpones, sus lechos son colchones viejos y ardidos, apoyados directamente en el piso, o pedazos de polifón acomodados sobre cajones. Ni hablar del resto.

 «Estaban sacando unos 12 cajones por fila, cuando lo normal es sacar 40. No tenían ni para comer. Planteaban que no lograban rendir por este hecho», contó López Tozi. Se les daban 300 pesos por semana para alimentarse, por concepto de adelanto. Supieron al llegar que el viaje de regreso, que debía asegurar el contratista, corría por su cuenta. «Hoy, jueves, nueve compañeros arrancaron caminando para Salto», narraba el posteo de Cruz.

De todos modos no fue sencillo articular la denuncia. La sostienen los 25 trabajadores que terminaron volviendo a Salto. Los 40 que quedaron siguen aceptando lo que López Tozi identificó como «condiciones horribles de explotación». E incluso manifestaron hostilidad ante la aparición del sindicalista.

FACÓN GRANDE

En Río Grande del Sur también aprieta la seca, también las zafras se agostan y los trabajadores temporales se ven constreñidos a aceptar lo inaceptable. El 2 de marzo se supo que la Policía Federal había logrado liberar a 207 trabajadores de la vendimia que venían soportando, lo que la legislación brasileña denomina «condiciones análogas a la esclavitud». La situación estaba ocurriendo en tres de las mayores empresas vitivinícolas de la Sierra Gaúcha. Suena a advertencia.

«Nicolás Chiesa, el presidente de la Junta Nacional de la Granja, sale a decir que se va a lograr un subsidio para los productores. Está bárbaro», afirmó González en su diálogo con el semanario. Sin embargo, preguntó: «¿Quién colabora con los trabajadores a los que el 31 de marzo se les vence el seguro de paro y que en los primeros días de abril empezarían a trabajar en el citrus? Porque este año en el citrus no va a haber trabajo. No lo digo yo. Lo dicen Frutura [ex-Caputto], Azucitrus, San Miguel de Tucumán, las mayores citrícolas del país, empresas que, en conjunto, generaban 17 mil puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por jefas de hogar. ¿Qué va a pasar este 31 de marzo?», insistió.

Del Estado, «que en esto está ausente desde 1830» –dice González–, no espera mucho. Se acuerda con más cariño de Facón Grande.

1. «El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 49, julio-diciembre 2021.

Publicado en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨SEQUÍA DE DERECHOS EN EL TRABAJO RURAL Las uvas de la ira” Autor: Salvador Neves: 10 marzo, 2023 PUBLICADO EN: EDICIÓN 1946URUGUAY

Más de 60 trabajadores salteños sometidos a condiciones indignas de trabajo en la vendimia canaria son, de momento, la muestra palmaria de que la históricas vulneraciones que enfrenta el eslabón más débil del proletariado rural, el de los trabajadores zafrales, se están agravando ferozmente por la seca.

No afloja. El meteorólogo Mario Bidegain publicó un pronóstico para marzo según el cual las temperaturas serían este mes superiores a las promediales (entre medio grado y un grado y medio) mientras que las lluvias serían entre 10 y 20 milímetros inferiores a las habituales. Las olas de calor que se suceden hacen temer que las predicciones se hayan quedado cortas mientras los productores rurales suben a las redes fotos del estado de sus campos y sus bichos que dan ganas de llorar, y los habitantes de Montevideo comparten en el mismo espacio su indignación por el precio que alcanzan algunas frutas. Los números sobre las pérdidas que está produciendo la sequía no cesan de renovarse.

La cuenta que se ve menos es la de las consecuencias que el episodio está teniendo en el empleo. Se han difundido, sí, los ajustes que ha tenido que hacer la industria láctea. Conaprole cerró temporalmente sus plantas de Rincón del Pino y de Mercedes, mientras que la de Florida está trabajando a un ritmo menor al habitual, lo que supuso un acuerdo entre el sindicato y la empresa sobre el destino de los trabajadores afectados. Pero pocos son los rubros vinculados al sector agropecuario que cuentan con una organización sindical tan poderosa y solo los sectores agroindustriales tienen a su personal protegido por el régimen general del seguro de desempleo.

Así como las ubres se secan, las flores se marchitan, se forman menos frutas, las que se forman son más pequeñas y, en general, de peor calidad. Y en la granja pasa lo mismo con el empleo. «El año pasado éramos 60 o 70 en la cosecha de manzana. ¿Sabés cuántos somos esta zafra? ¡Somos diez!», exclamó Gérman González, trabajador de Mi Granja, en el oeste de San José y dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU).

ZAFRAS DE VULNERACIONES

Según una pesquisa de los sociólogos Alberto Riella y Jessica Ramírez sobre la transitoriedad laboral y la vulnerabilidad social en el agro uruguayo, la cuarta parte de los trabajadores del sector es transitoria.1 De acuerdo con las cifras más recientes del Banco de Previsión Social, que son de 2021, la cantidad de trabajadores dependientes que cotizaban a la caja rural eran 80 mil, pero, dado el subregistro que existe en el sector, debe haber más de 100 mil personas ocupadas en tareas agropecuarias, por lo que los transitorios serían por lo menos 25 mil.

Sin embargo, la estimación promedia porcentajes que son distintos en los diversos rubros de la actividad agropecuaria. En la hortifruticultura el 35,6 por ciento de los trabajadores son temporales, pero hasta en la ganadería los zafrales tienen su relieve, son el 18,6 por ciento. Ambas ramas explican la mayor parte de los empleos que genera el agro (el 77 por ciento).

Allá lejos y hace tiempo, la zafra podía ser un complemento de las actividades que una familia de productores minifundistas llevaba adelante en su propio campito. Hoy esto es una rareza absoluta. De acuerdo con la investigación citada, de cada diez trabajadores temporales solo dos vivían en el medio rural. Más de la mitad lo hace en localidades de más de 5 mil habitantes. «Viven en la periferia de las ciudades. Se trasladan en los ómnibus que ponen las granjas. A veces en camiones. Viven en Ciudad del Plata, en Las Piedras, en 18 de Mayo, en 25 de Agosto, en Juanicó, en las orillas de San José, Paysandú o Salto. En sus momentos de descanso son habitantes urbanos que van a tomar mate a la plaza, pero durante su jornada laboral son trabajadores rurales», explicó González.

Además, son más jóvenes que el resto de los trabajadores rurales. Cuatro de cada diez tienen menos de 25 años y uno de cada diez, incluso, menos de 18. Y hay más mujeres entre quienes dependen de las zafras para pasar la temporada que entre quienes tienen empleo estable.

Y, como subrayó González, pocos cuerpos logran sostener el esfuerzo de la cosecha pasados los 50. «Es muy difícil jubilarse por el sector granjero. ¿A cuántos trabajadores de 59 años ves cosechando papas? Si estás en la fruta, con 45 años, si tenés que subir y bajar una y otra vez una escalera de 3 metros con un bolso cargado con 15 quilos, cuando querés acordar, tenés la cintura y el lomo hechos mierda», recordó el trabajador. Solo el 9 por ciento de los transitorios tiene más de 55 años, reporta el artículo de Riella y Ramírez, otra cosa que el proyecto de reforma jubilatoria dejó para después.

La mitad de estos trabajadores no aporta a la seguridad social; si se enferma, no cobra. Aunque, sudando bastante, los más fuertes y hábiles pueden lograr buenos ingresos en una zafra, el 60 por ciento no llega a ganar los 21 mil pesos prescritos como salario mínimo nacional. «Casi todos los granjeros pagan el laudo, pero si te llueve cinco días o si una seca te acorta la zafra, no llegás», ilustró González. Tampoco tienen demasiada chance de obtener otro tipo de empleo. El 65 por ciento no llegó a completar el ciclo básico. Uno de cada diez ni siquiera terminó la escuela.

«Cuando no hay zafra, son recicladores, juntan piñas, siempre pichuleando, bordeando a veces la ilegalidad. Viven en las zonas más vulnerables, en lugares inundables, como el Delta del Tigre, en ranchos de costaneros, de cartón, de chapa. Son vulnerables por todos lados. Sufren por la ausencia del Sistema Nacional de Cuidados, por la violencia de género, por las adicciones. Esos problemas que tiene toda la sociedad estas compañeras los sufren con más énfasis», aseguró el sindicalista. Solo los trabajadores permanentes logran adquirir especializaciones reconocidas, como el manejo de maquinaria agrícola o el dominio de las técnicas de plantación, cura, fumigación, injerto o poda. Pero en un naranjal solo uno de cada diez trabajadores permanece empleado una vez finalizada la cosecha.

SEGURO FALTA

«Los mercados de empleo agrario se caracterizan históricamente por estar conformados con base en ocupaciones estacionales o temporarias, debido a la propia naturaleza de la actividad agraria, que supone un desfasaje entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción», recuerdan Riella y Ramírez en su trabajo.

Pero, aunque esto sea así desde el Neolítico, a partir de la década pasada se vienen acumulando evidencias de que está aumentando la temporalidad de los empleos agrícolas, ya no por las disímiles cargas de trabajo que imponen las estaciones, sino por cambios tecnológicos, deliberados, que –disminuyendo costos y maximizando ganancias– agravan a la vez la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.

En Uruguay, por ejemplo, es bastante conocido cómo cambiar las variedades de citrus producidas para satisfacer las nuevas demandas del mercado internacional condujo a un acortamiento de la zafra, proceso que, además, se hizo con el apoyo de políticas públicas.

No obstante, el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales es el más exigente de todos. En la generalidad de los sectores, un trabajador debe contar 180 días en planilla si es mensual o 150 jornales si es jornalero para tener derecho al seguro. Los rurales, en cambio, tienen que reunir 270 días en planilla si son mensuales o 225 jornales declarados. «Eso significa trabajar todo el año sin perder un día, sin enfermarme, sin descansar», graficó González. «¿Por qué somos trabajadores de segunda clase?», imprecó.

Ese régimen hace que ritualmente el Parlamento vote seguros especiales para los trabajadores citrícolas, que son el volumen mayor de los temporarios. Y es por esto también que UTRAU elaboró un proyecto de ley que busca enmendar esta inequidad definiendo diversas soluciones para dar cuenta de las diferentes situaciones de trabajadores permanentes, jornaleros y destajistas. «Porque el destajista, genere lo que genere, nunca agarra un mango de seguro de paro. Por eso proponemos que, de acuerdo a la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones por las que aporte, tenga derecho a una cantidad correlativa de días cubiertos por el seguro», comentó González.

En abril del año pasado el sindicato hizo llegar su proyecto a todos los legisladores y a las autoridades de varios organismos. Pasó casi un año. «Hasta ahora, los únicos que nos prestaron atención fueron los compañeros del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS [Banco de Previsión Social]», acotó el dirigente.

DEMANDANTES Y OFERTADOS

No solo los manzanos sufrieron la falta de agua. Probablemente nadie en el litoral se esté atreviendo a silbar «Naranjo en flor» ante tanto azahar marchito. «Son seis meses de trabajo que la gente va a perder en el invierno por el aborto del citrus. El zapallo, aviso, va a estar arriba de los 200 pesos el quilo porque las flores, donde no hay riego, se cayeron. Los pequeños y medianos productores, que no tienen riego, pero son los responsables del mayor volumen, perdieron todo. De pera y durazno se perdió el 50 por ciento», explicó Enrique López Tozi, dirigente de la UTRAU en Canelones.

También en el empaque cae el empleo, porque, como la calidad de la fruta hace que no se coloque fresca, se la envía a la industria para hacer concentrados y, en tal caso, no son necesarias las tareas de clasificación y empacado que requiere su comercialización en la verdulería. Es decir, por todos lados falta trabajo.

«Ahí es donde entran a jugar estos fenómenos que te embarcan en una camioneta o un camión y te traen a trabajar a 300 o 400 quilómetros de tu casa por dos mangos», enfatizó González. El fenómeno esta vez se llama Álvaro Soria, alias el Manso, contratista a quien se tiene por radicado en Salto.

«Hola, buenas tardes, gente. Nos vinimos de la ciudad de Salto por trabajo […]. Y estamos trabajando en la uva. Y llegamos hace una semana. Y estamos pasando lo que a ningún trabajador le gustaría pasar: 14 pesos el cajón. ¡Un precio que ni te da para pagarte los pasajes! […] el contratista engaña a la gente», comenzaba poniendo en Facebook alguien llamado José Cruz y que los dirigentes de UTRAU conocieron rápidamente.

El caso ocurre en la zona de Las Brujas, Canelones. López Tozi, de 18 de Mayo, ciudad situada entre Progreso y Las Piedras, era el que estaba más cerca y allá se largó en su moto. «Fue una estafa», dijo a Brecha. «Los tienen trabajando en negro. Les dijeron que venían a una empresa y los repartieron en unas 20 quintas. El cajón se lo están pagando a un precio muy bajo: 14 pesos. Acá lo mínimo que se cobra es 18. A 18 pesos, para sacar el mínimo laudado [934 pesos], la persona debería cosechar 52 cajones por día y, con la sequía, eso cuesta mucho. Las vides actuales, cuando están bien, tienen la mitad del volumen de fruta habitual. Las peor cuidadas apenas tienen el 10 por ciento de lo normal.»

Los laudos establecen un monto ficto por alimentación y vivienda equivalente a 5.707,33 pesos por mes. «La idea es que tenés que tener una cama, un comedor, un baño y un vestuario en condiciones; tenés que tener una instalación eléctrica segura, no una zapatilla para 25 tipos», ilustró González. Los trabajadores referidos están alojados en un par de galpones, sus lechos son colchones viejos y ardidos, apoyados directamente en el piso, o pedazos de polifón acomodados sobre cajones. Ni hablar del resto.

 «Estaban sacando unos 12 cajones por fila, cuando lo normal es sacar 40. No tenían ni para comer. Planteaban que no lograban rendir por este hecho», contó López Tozi. Se les daban 300 pesos por semana para alimentarse, por concepto de adelanto. Supieron al llegar que el viaje de regreso, que debía asegurar el contratista, corría por su cuenta. «Hoy, jueves, nueve compañeros arrancaron caminando para Salto», narraba el posteo de Cruz.

De todos modos no fue sencillo articular la denuncia. La sostienen los 25 trabajadores que terminaron volviendo a Salto. Los 40 que quedaron siguen aceptando lo que López Tozi identificó como «condiciones horribles de explotación». E incluso manifestaron hostilidad ante la aparición del sindicalista.

FACÓN GRANDE

En Río Grande del Sur también aprieta la seca, también las zafras se agostan y los trabajadores temporales se ven constreñidos a aceptar lo inaceptable. El 2 de marzo se supo que la Policía Federal había logrado liberar a 207 trabajadores de la vendimia que venían soportando, lo que la legislación brasileña denomina «condiciones análogas a la esclavitud». La situación estaba ocurriendo en tres de las mayores empresas vitivinícolas de la Sierra Gaúcha. Suena a advertencia.

«Nicolás Chiesa, el presidente de la Junta Nacional de la Granja, sale a decir que se va a lograr un subsidio para los productores. Está bárbaro», afirmó González en su diálogo con el semanario. Sin embargo, preguntó: «¿Quién colabora con los trabajadores a los que el 31 de marzo se les vence el seguro de paro y que en los primeros días de abril empezarían a trabajar en el citrus? Porque este año en el citrus no va a haber trabajo. No lo digo yo. Lo dicen Frutura [ex-Caputto], Azucitrus, San Miguel de Tucumán, las mayores citrícolas del país, empresas que, en conjunto, generaban 17 mil puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por jefas de hogar. ¿Qué va a pasar este 31 de marzo?», insistió.

Del Estado, «que en esto está ausente desde 1830» –dice González–, no espera mucho. Se acuerda con más cariño de Facón Grande.

1. «El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 49, julio-diciembre 2021.

Publicado en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨SEQUÍA DE DERECHOS EN EL TRABAJO RURAL Las uvas de la ira” Autor: Salvador Neves: 10 marzo, 2023 PUBLICADO EN: EDICIÓN 1946URUGUAY