El
contubernio entre Alejandro Astesiano y los altos mandos de la Policía fue una
de las derivaciones más significativas de este caso. Una trama de favores,
afinidades políticas y prácticas reprochables dejaron al descubierto un viejo
esquema de relacionamiento entre los partidos tradicionales y amplios sectores
de la corporación policial. Los oficiales que fueron designados para los cargos
más importantes al inicio de este gobierno ya no están en sus puestos. La
divulgación de las comunicaciones entre Astesiano y algunos de los exjerarcas,
intensificada por el encuadre noticioso que se hizo del tema, permitió observar
una parte de los vínculos entre un poder político que delega funciones a la
Policía a cambio de resultados en materia de seguridad y un conjunto de altos
oficiales que pretende mantener posiciones de poder dentro de la estructura
institucional. El gobierno había aprovechado las capacidades de una Policía
fortalecida durante las gestiones del Frente Amplio (FA) para introducir
liderazgos de corte represivo y restaurar la matriz clientelar. Pero los malos
resultados en seguridad y las consecuencias del caso Astesiano obligaron al
ministro a apelar a figuras policiales de corte más técnico y profesional. Las
nuevas autoridades designadas tienen un perfil distinto, aunque su margen de
maniobra seguramente no sea muy amplio.
¿Acaso la
contraposición más importante que podemos hacer en el campo policial es entre
lo represivo y lo profesional? Los abordajes políticos oscilan entre esas
posibilidades y coinciden en la necesidad de fortalecer a una institución que
consideran como la más importante a la hora de controlar y reducir el delito.
Los discursos políticos y sociales han dejado de pensar y problematizar a la
Policía en clave de transformación. Sin embargo, las implicancias de la
«asociación para delinquir» enquistada en la Torre Ejecutiva iluminan un
problema mucho más serio en la interna policial. Y eso exige una reflexión
específica, que no caiga en la minimización (son casos aislados) ni en la generalización
(la Policía es una institución corrupta). Esencializar o idolatrar la función
policial puede ser tan inconveniente como negarla con base en prejuicios.
Desde que
asumió este gobierno, lo que tenemos en materia policial –más allá de la retórica
vacía del respaldo– es una marcada debilidad político-programática, un proceso
de desprofesionalización y una impronta de gestión que le da la espalda a la
transparencia. Si bien estos aspectos tienen una intensidad de coyuntura, no
dejan de proyectarse como rasgos mucho más estructurales. Esta es la razón para
reivindicar un pensamiento y una práctica transformadores de esa zona del
Estado. Sobre esta base, proponemos cuatros grandes desafíos para abordar la
problemática policial en nuestro país.
LIMITAR EL
AUTOGOBIERNO CORPORATIVO
El primer
desafío consiste en identificar el lugar que la Policía debe tener en el marco
de una política integral de seguridad. Históricamente, ha ocupado un espacio
central y casi excluyente, lo que ha redundado en mayores niveles de autonomía
y fortalecimiento material. El sistema político le asigna recursos, le vota
normas para ampliar los márgenes de actuación discrecional e interviene en la
regulación de intereses internos. Y todo ello a cambio de la promesa eterna de
bajar los delitos. Sin embargo, es improbable que las decisiones políticas
reasignen el lugar de la Policía dentro del conjunto de actores e instituciones
que pueden llegar a sostener un sistema de seguridad. Tampoco es frecuente que
haya iniciativas sobre cuestiones doctrinarias, programáticas, y mucho menos
sobre medidas para incidir en las prácticas cotidianas de trabajo. Si la
política no respalda las pretensiones corporativas, las resistencias no
tardarán en hacerse oír.
Una
política de seguridad con fuerte anclaje en la inclusión social y en la
prevención tiene que asignar un rol muy claro a la Policía y, para ello, no hay
más remedio que limitar sus niveles de autogobierno corporativo. Durante el
primer gobierno del FA, algo se quiso ensayar: por un lado, se crearon nuevas
instancias técnico-políticas de carácter civil en el Ministerio del Interior
para fortalecer, precisamente, el órgano de conducción política de la Policía
y, por el otro, se creó la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana con
la pretensión de diseñar y ejecutar proyectos preventivos distintos a los
policiales. Si bien los proyectos nunca fueron pensados para excluir a la
Policía (sino para reconfigurar su rol y complementar el arco de acciones),
desataron profundas resistencias internas.
UN
DIAGNÓSTICO NECESARIO
El segundo
desafío se relaciona con la necesidad de tener un diagnóstico institucional
profundo sobre la organización y el funcionamiento de la Policía. Conocer sobre
qué modelos de gestión se asienta, cuáles son sus prácticas, sus procesos, sus
niveles de productividad, sus vulnerabilidades materiales y de recursos humanos
son requisitos básicos para cualquier estrategia de conducción de la Policía.
Se ha consolidado un modelo de gestión con base en la prevención aleatoria, la
represión selectiva y la investigación deficiente. Aun así, la Policía uruguaya
se ha dejado permear por los impactos de las nuevas olas en materia de gestión:
la Policía Comunitaria y el patrullaje inteligente fueron los más significativos,
al tiempo que el modelo de «policiamiento orientado a la resolución de
problemas» y el de la «inteligencia criminal» quedaron en un espacio de
incertidumbre. A partir de supuestos nunca explicitados públicamente sobre los
históricos niveles de corrupción de la Policía Preventiva, las últimas dos
administraciones del FA priorizaron la expansión de la Policía militarizada
(Guardia Republicana) y la reestructura de la prevención policial a partir del
uso de información y el patrullaje sobre «puntos calientes». Más allá de estas
experiencias, hoy en día nos hemos quedado sin metáforas para imaginar espacios
de transformación del trabajo policial.
EL TIPO DE
PRESENCIA EN LOS BARRIOS
La
indefinición de modelo (o mejor será decir la adaptación continua a un modelo
tradicional predominante) nos deja en la puerta de un tercer y crucial desafío.
A medida que la Policía tiene que regular su trabajo en zonas de alta
vulnerabilidad social y de criminalidad compleja, su rol se hace más
problemático. Los relacionamientos arbitrarios y violentos con la población más
pobre y la emergencia de mercados ilegales enquistados territorialmente han
colocado a la Policía en un problema decisivo, cuya profundidad real
desconocemos y que se reproduce por fuera de cualquier reconocimiento político
o social. Solemos creer que la Policía es la institución del Estado encargada
de hacer cumplir la ley, pero eso en general no es así, y mucho menos en los
barrios más vulnerables y con mayores niveles de violencia. Allí la Policía cumple
con la función de regular –a veces, sin éxito alguno– un orden social. El
problema no es tanto la ausencia del Estado como el tipo de presencia, que ha
oscilado, con implacable silenciamiento político, entre las irrupciones
violentas y la participación (por acción u omisión) en las redes de ilegalidad.
Así como
hemos entrevisto en las últimas semanas el consentimiento político que hizo
posible la trama de corrupción liderada por Astesiano, es posible suponer algo
semejante a la hora de justificar ciertas intervenciones policiales que
combinan lo legal con lo ilegal. Ningún emprendimiento ilícito se puede
instalar en un territorio, y prosperar, sin importantes niveles de complicidad
institucional. Más que apelar al recurso de la inteligencia criminal para terminar
con las bandas, hay que reducir la intensidad de la violencia que esas
dinámicas originan y desarticular las imperceptibles formas de participación
estatal en la regulación de los mercados ilegales. ¿Por qué ha caído
dramáticamente la tasa de esclarecimiento de los homicidios? ¿Solo por
desinterés institucional ante lo que se consideran «ajustes de cuentas» o solo
por los miedos instalados a la hora de brindar testimonios?
PROFESIONALIZACIÓN
Por último,
el cuarto desafío supone iniciar un camino de profesionalización de la Policía
sobre la base de la expansión y la articulación de distintos modelos de
gestión: el comunitario, el preventivo, el orientado a la solución de problemas
y el de la inteligencia para la conjuración de la criminalidad organizada.
Cualquier movimiento, por mínimo que sea, desata resistencias, y toda
pretensión de romper con los equilibrios actuales debe entender que hay
resistencias políticas (gestionar la promoción de carreras políticas es más
rentable que habilitar procesos de transformación), corporativas y también
sociales (la Policía tiene una base ancha de legitimidad y cualquier suspicacia
se coloca en la dimensión de «antipolicía»). Por todas estas razones, son
claves la acumulación de conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad
política, el enrolamiento de aliados internos y la promoción de la
participación y el control sociales. La Policía es una institución del Estado
y, por lo tanto, sus problemas nos competen a todos. Subordinada a una política
de inclusión social y de igualdad, la Policía tiene que trabajar sobre los
principios de la eficacia preventiva, la legitimidad de sus procesos y las
capacidades para abordar la criminalidad más compleja.
EXTRAIDO DE
BRECHA N° 1944. TITULO ORIGINAL: CUATRO DESAFÍOS PENDIENTES. La Policía como
problema. Autor: Rafael Paternain 24 de febrero de 2023
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