Para
ponderar la relevancia y el sentido de las medidas anunciadas por el presidente
ante el Parlamento el pasado 2 de marzo, es preciso dar cuenta brevemente del
contexto. En materia de crecimiento económico, estadísticamente se registran
dos años de crecimiento consecutivos, 4,4 por ciento en 2021 y 5,5 por ciento
en 2022. Sin embargo, es preciso matizar esos valores porque, en primer lugar,
responden al efecto rebote de la caída en 2020 (-6,1 por ciento) y el valor de
2022 en gran parte corresponde al efecto de «arrastre estadístico» respecto al
año anterior. De hecho, si miramos la variación trimestral quitando los
factores estacionales, el tercer trimestre de 2022 ya registra una leve caída
de 0,1 por ciento. El crecimiento genuino de 2022 es cercano al 2 por ciento.
Este escenario menos expansivo se vio reflejado en la nula creación de empleo
en 2022 si miramos el año de punta a punta en vez de comparar los promedios
anuales.
La
evolución de las exportaciones ha sido clave para entender la expansión del
PBI. Luego del paréntesis pandémico en 2020, los años 2021 y 2022 fueron récord
en ventas de bienes al exterior, con 11.549 millones y 13.356 millones de
dólares, respectivamente. El último pico exportador había sido 2014 con cerca
de 10.000 millones de dólares. No obstante, en el segundo semestre de 2022 ya
se observa un estancamiento de las exportaciones, y las previsiones para 2023
son de un valor exportado 0,2 por ciento menor a 2022.1 La exportación de
servicios también fue buena, con 5.500 millones de dólares en el año móvil al
tercer trimestre de 2022.
Este
proceso de expansión económica se dio en simultáneo con una caída de los
salarios reales de aproximadamente 3,7 por ciento entre 2019 y 2022, y se
presentó la paradoja de que mientras los trabajadores uruguayos producen más
riqueza disponible, al mismo tiempo, son más pobres. Similar ha sido la pérdida
sufrida por los jubilados. Con un frente externo que ya no tiene el empuje de
2021 y del primer semestre de 2022, el gobierno comienza a recibir críticas del
sector exportador por la apreciación del peso y el manejo de la política
monetaria contractiva que la favorece. En estas circunstancias, con los
impactos de la sequía mediante, no es tan claro que el gobierno esté dispuesto
a cumplir su compromiso de llegar a los niveles salariales prepandemia al final
del mandato.
La
distribución funcional del ingreso se hizo más regresiva entre 2019 y 2022,
porque si bien el empleo aumentó respecto a 2019, no lo hizo lo suficiente como
para mantener el peso relativo de la masa salarial en el PBI. En un trabajo del
economista Fernando Isabella se estima que en ese período la participación de
los salarios en el PBI pasó del 41,5 por ciento al 40,3 por ciento, mientras
que los ingresos del capital se elevaron del 37,8 por ciento al 39,3 por
ciento. Si a esta pérdida de los trabajadores se le agrega lo perdido por los
trabajadores autónomos, el monto total de la transferencia desde el trabajo al
capital es de aproximadamente 1.000 millones de dólares durante 2022.2 Resta
ver si esta expropiación del trabajo se transformó en un fondo de acumulación
para relanzar la actividad productiva o tuvo otros destinos. Al momento, los
magros resultados en el crecimiento efectivo y el incremento de variables como
la formación de activos en el exterior por parte de uruguayos (fuga de
capitales) indican lo segundo.
Estrictamente
no estamos ante un proceso de crecimiento mal distribuido o ante una suerte de
«derrame», sino de crecimiento y empobrecimiento al mismo tiempo y de derrame
invertido. Los datos de pobreza son claros: en 2019 las personas pobres eran el
8,8 por ciento del total, mientras que en el primer semestre de 2022 son el
10,7 por ciento, y en los niños menores de 6 años, en el mismo período, la
pobreza trepa del 17 al 22,5 por ciento. Son datos que no se condicen con las
intenciones de producir bienestar e igualdad de oportunidades que el presidente
subrayó en su discurso.
En términos
generales, tenemos un proceso de expansión económica luego de la crisis del
covid-19, en gran medida apalancado en un repunte considerable de los precios
de nuestros productos de exportación, que se gestiona dentro de una política de
redistribución regresiva del ingreso, logrando así una recomposición de los
márgenes de rentabilidad del capital. A esto hay que sumar una baja del déficit
fiscal, una mejora del riesgo país (el costo del endeudamiento) y una caída en
la informalidad. La contracara es un aumento de la pobreza, caída de los
salarios y las jubilaciones y del gasto en políticas públicas universales y
mayor desigualdad. Con este panorama es coherente que, por un lado, el clima de
expectativas del empresariado que releva la encuesta de la consultora Exante dé
un 88 por ciento entre «bueno» y «muy bueno» (mientras que en el quinquenio del
gobierno anterior ese valor promediaba el 20 por ciento), y por el otro, las
encuestas de intención de voto proyectan un escenario complicado para la coalición
de gobierno.
ES LA
POLITICA
En este
contexto, en el que la tendencia ha sido de una expansión en los estratos más
altos y de empobrecimiento en los bajos, sería esperable una medida de gobierno
que finalmente priorizara a los más perjudicados. No fue así. La rebaja
impositiva anunciada, que fundamentalmente aumenta el monto de las deducciones
del IRPF y sube el mínimo no imponible del IASS, es una verdadera política
focalizada, pero en el quintil más rico de la población. Con poco gasto -150
millones de dólares (0,2 por ciento del PBI) es la renuncia fiscal del conjunto
del paquete-, el gobierno logra una buena relación entre costo y efecto. Si
bien se trata de una medida regresiva, no es tan claro que sea leída como
impopular, porque si bien solo un cuarto de los jubilados paga IASS y un tercio
de los asalariados IRPF, quienes ahora no forman parte de esa franja en gran
parte aspiran a estar en esa posición.
Más allá de
que el presidente la haya presentado como un estímulo a la dinámica económica
«en los barrios», no hay lógica tributaria ni económica en esta medida, hay
lógica política. Es usual pensar que un gobierno es equivalente a una
«administración» de la cosa pública, que cumple o no promesas de campaña,
etcétera; sin embargo, un gobierno es también parte de un proyecto que responde
a los intereses de determinados segmentos de la sociedad y que tiene que
articular un esquema de poder determinado. En esas circunstancias, esta medida
tiene varias lecturas. En primer lugar, es notorio que busca agradar a la
franja superior de los asalariados, lo que se podría denominar clase media
alta, con sesgo costero, alto nivel educativo, un sector numéricamente no tan
relevante, pero de alta incidencia en la formación de opinión. En segundo
lugar, se trata de un movimiento por parte del Partido Nacional para avanzar
sobre el espacio social que queda huérfano con la renuncia de Ernesto Talvi y
la dificultad del Partido Colorado para recomponer ese flanco
liberal-progresista. Es una medida que, comunicacionalmente, fue gestionada
como iniciativa del núcleo mismo del gobierno, donde sus socios aparecen
desdibujados. Al margen de estos elementos de política menor y a la luz de la
coyuntura general, que como vimos muestra un escenario económico que no es tan
promisorio y que además arrastra una situación social de deterioro, el saldo de
los anuncios parece magro, más cerca del acto administrativo que altera unas
alícuotas impositivas con bajo impacto que de la política de Estado.
De los
elementos observados, pareciera que el gobierno se encamina a dejarnos como
saldo la redistribución regresiva del ingreso, un debilitamiento del capital
público, la pérdida de fuerza por parte de los sindicatos, por medio de la Ley
de Urgente Consideración (LUC), que van a dificultar su capacidad de incidir en
la puja distributiva, y una mejora relativa del frente fiscal, que, como señaló
el economista Daniel Olesker, «se basó en la reducción de salarios y del gasto
en las políticas sociales universales».3
Si bien el
gobierno venía con aspiraciones refundacionales, más allá de lo que pueda
significar estructuralmente la reforma educativa o jubilatoria, no parece estar
desplegando una gran energía política ni una agenda tan ambiciosa en materia
estructural más allá de los movimientos redistributivos de la riqueza y, en
menor medida, del poder. Posiblemente el referéndum contra la LUC y la pandemia
incidieron en la falta de profundidad del ciclo gubernamental, pero al margen
de ello tampoco se visualiza demasiada sustancia programática en el campo de la
coalición.
En este
punto, parece claro que lo relevante ya comienza a ser qué es lo que puede
proponerse
y efectivamente hacer el otro bloque social en materia de reformas
estructurales y conducción estratégica del Estado. Al respecto de esto, este
año, con el desarrollo del Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio,
será clave.
Uruguay
XXI.
«Estimación
de los cambios en la distribución funcional del ingreso en Uruguay 2019-2022»,
disponible en www.etcetera.uy.
«Tres años
de gobierno: concentración de la riqueza y estado ausente», El Popular,
3-III-23, disponible en https://elpopular.uy/tres-anos-de-gobierno-concentracion-de-la-riqueza-y-estado-ausente/.
Publicado
en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: ¨LAS
MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE. Gobernando para el quintil más rico”
Autor: Rodrigo Alonso.
LAS MEDIDAS
ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE
Gobernando
para el quintil más rico
Rodrigo
Alonso
10 marzo,
2023
- Tiempo de
lectura: 6 min
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