¿Qué
podemos esperar de la criminalidad en Uruguay ahora que la covid-19 parece bajo
control y volvemos a la normalidad? ¿Cuáles son los desafíos para el Ministerio
del Interior en materia de políticas públicas? ¿Cómo incide, en este contexto,
la polarización política sobre los artículos de seguridad que el oficialismo
defiende y la oposición quiere eliminar de la LUC? Mientras vuelven a aumentar
los homicidios y la violencia doméstica, dos académicos se aproximan a las
respuestas y llaman a no «engañarse» con las estadísticas cortoplacistas.
Aunque reacios a las predicciones sobre el comportamiento del crimen y
la violencia en Uruguay, ahora que la amenaza del nuevo coronavirus parece
controlada, el criminólogo Nicolás Trajtenberg y la socióloga Nilia Viscardi
coinciden en poner paños fríos al exitismo gubernamental sobre la baja de
algunos delitos y llaman a reflexionar sobre lo que cabe esperar en los
próximos meses, incluso años, con respecto a la criminalidad en el país.
Consultados por Brecha con el ánimo de despejar las
interrogantes de marras, ambos académicos dijeron, en principio, que la
comparación de delitos en cortos períodos a que nos tiene acostumbrados el
Ministerio del Interior (MI) es «engañosa»; entienden que la polarización del
debate político en torno a los 33 artículos sobre seguridad de la Ley de
Urgente Consideración (LUC) entorpece la llegada al fondo de los diferentes
delitos, tanto desde la derecha como desde la izquierda; no descartan que,
vuelta la movilidad, algunos delitos experimenten un «efecto rebote», y consideran
que la falta de sustento empírico para determinar el impacto de las políticas
públicas más recientes conspira contra una estrategia efectiva sobre
criminalidad y violencia, particularmente en los barrios vulnerados, donde la
pandemia golpeó con más fuerza que en los integrados.
Trajtenberg, doctorado por la Universidad de Cambridge e investigador
sobre el impacto de la pandemia a nivel global y local,1 advierte
que «hay que ser cautelosos» con los vaticinios, aunque, por otro lado, subraya
que «una vez que se reduce el confinamiento y aumentan los niveles de movilidad
tienden a verse comportamientos cercanos a los preexistentes a la pandemia».
Dice que se impone analizar el impacto económico de la emergencia sanitaria en
los barrios y los hogares menos privilegiados: «Esto puede llegar a tener un
efecto rebote, porque las crisis económicas inciden en la criminalidad. Suele
haber un efecto fuerte en el crimen, de inmediato o, incluso, varios años
después, por las generaciones que se crían en extrema pobreza, en contextos
desprotegidos, en malas condiciones de alimentación… Eso puede explicar no solo
el crimen entre los adultos en los meses siguientes a la crisis, sino varios
años después en la generación de chicos que se enfrentan luego al mundo de la
adolescencia», dijo a Brecha. No obstante, advirtió que «hay que
tener cuidado» con la explicación económica del crimen, porque, cuando se miran
los estudios de criminología, el vínculo entre pobreza y delito es bastante
débil. «La desigualdad tiene más vínculo con el delito que la pobreza. Puede
explicarlo mejor, pero no del todo», enfatizó.
Por otro lado, pensar en los retos para la seguridad pública
pospandémica tiene la contra de que se hace en medio de un feroz debate
político sobre los alcances de la LUC. «Si uno mira históricamente, entre el
crecimiento de los delitos violentos en las últimas décadas y la reciente
bajada, hay como dos posiciones extremas difíciles de aceptar: una es creer que
la bajada de delitos es producto de las acciones del gobierno y no tiene nada
que ver la pandemia. Esto es difícil de sostener, por los antecedentes del país
y por lo que ocurre en otras ciudades. Lo otro difícil de aceptar es que toda
la reducción del delito se deba a la pandemia. La verdad está más en un punto
medio, en el que la pandemia y aspectos macroestructurales influyen en el
delito», opinó Trajtenberg. Si el comportamiento de los delitos es atribuible a
la gestión de gobierno, entonces, el gobierno debería explicar qué es lo que
hace o qué agrega para que el delito disminuya: «Creo que una cosa es el
discurso público, el griterío en las redes sociales y la retórica, y mucho más
en el contexto de la votación de la LUC, que radicaliza ambas posiciones, y
otra, la falta de un diagnóstico sensato».
OTRA POLÍTICA, MISMA ESTRUCTURA
Para Viscardi, docente e investigadora del Departamento de Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, tampoco es
posible responder, por el momento, qué pasó en la pandemia ni qué cabe esperar.
Entre otras variables asociadas al delito, el desempleo, la pobreza, los
mercados ilícitos, la desigualdad y las armas de fuego (que intervinieron en
nueve de cada diez muertes de niños, niñas y adolescentes entre 2018 y 2019)
dificultan un diagnóstico riguroso. Sin embargo, a pesar de su cautela, no cree
que haya «condiciones estructurales para un descenso» marcado de ciertos
delitos –como las rapiñas y los hurtos–, «porque el modelo no ha cambiado». «El
descenso puede hablar del vigilantismo, del punitivismo, en un contexto de
pandemia en el que hubo un enorme control en los barrios integrados. Las clases
medias y altas tuvieron la posibilidad de retraerse, pero la pandemia acentuó
todos los elementos que derivan en la letalidad de los delitos sobre
adolescentes y jóvenes en los barrios más vulnerados», observó la experta,
coautora del libro Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes
montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos
Además, Viscardi observó que contrastar números mes a mes, como suele
hacer el MI, no aporta a entender ni combatir la criminalidad. «Hay que mirar
la secuencia histórica y levantar el manto del esclarecimiento. Esclarecer, por
ejemplo, en qué circunstancias se producen las muertes de niños, niñas y
adolescentes da acceso al problema de fondo detrás de esas muertes», señaló. Y
cuando el gobierno multicolor insiste en que su misión es «proteger al
trabajador honesto, castigar a los delincuentes y respaldar a la Policía», está
reproduciendo un discurso neoliberal de la seguridad, que «se alimenta de la
ficción de que quien delinque lo hace porque quiere y porque carece de valores
morales, aunque sabemos que la falta de oportunidades inhabilita el acceso al
empleo moralmente valorado y que tenemos permanentes niveles de endeudamiento
para sobrevivir». «El discurso neoliberal niega la desigualdad de clase y
coloca a quien delinque del otro lado de la sociedad. La economía capitalista,
en su voluntad de enriquecimiento y en su incapacidad de dar lugar a todos,
produce condiciones estructurales que hacen a la funcionalidad de una economía
delictiva. Hay que preguntarse cómo funciona Uruguay en la economía del
delito», enfatizó. En su opinión, durante este gobierno hubo un retroceso de la
profesión policial que no contribuye a disminuir la violencia social: «El
policía no es un sheriff que ve y dispara ante la duda y,
además, le emboca. Para levantar el arma, tiene que tener un contexto clarísimo
de defensa de su vida. Si 30 años de militarización de la favela en Brasil y
cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro no han disminuido la violencia
social, nuestro modelo tampoco auspicia un descenso sostenido y estructural de
los niveles de delitos», advirtió.
DEL AUTOBOMBO A LA LUC
El oficialismo, en tanto, sigue aferrado a la LUC como factor
determinante de la baja de los delitos. Esta semana, el abogado y diputado
nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que «la aplicación de las normas» de
la controvertida ley y de «sus herramientas jurídicas» ha tenido una incidencia
«muy positiva» en ese fenómeno. «No nos enamoramos de los números, pero vienen
demostrando que 2020 fue ampliamente mejor respecto a la baja de los delitos
con respecto al año anterior y también en 2021, con una movilidad prácticamente
normal. Esto demuestra que la aplicación de la LUC tiene buenos resultados. El
efecto positivo es un dato de la realidad», sentenció al participar como
panelista en el encuentro virtual «Seguridad pública e inteligencia del
Estado», organizado por el Instituto Manuel Oribe, del Partido Nacional.2 También
destacó que «la Policía viene teniendo una visión positiva en el ejercicio de
su función» y que la LUC «permitió poner fin al binomio de una Policía
desalentada y un gobierno resignado, por lo cual había un aumento permanente y
sostenido de los delitos». «Se invirtió esa lógica y ahora la misión del
gobierno multicolor es proteger al ciudadano honesto, castigar a los
delincuentes y respaldar a la Policía», argumentó.
Rodríguez nunca se refirió a estudios ni investigaciones concretas para
respaldar sus dichos, ni consideró las investigaciones académicas que sí
atribuyen a la pandemia un impacto en el comportamiento criminal. Su actitud
recordó a cuando el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago
González, relativizó un estudio global publicado en junio por la revista Nature.
«Habría que ver si no están mezclando papas con boniatos», soltó el funcionario
de Estado cuando La Diaria le consultó sobre la investigación
global.3 Aquellos datos indicaban que durante la pandemia de
covid-19 los delitos experimentaron una reducción promedio del 37 por ciento en
un conjunto de 27 ciudades –incluida Montevideo– de 23 países. La investigación
fue desarrollada por un consorcio internacional liderado por la Universidad de
Cambridge, tuvo en cuenta las distintas medidas de restricción de movilidad
vigentes en cada ciudad durante la pandemia y consideró seis tipos de delitos,
aunque en el caso de Montevideo solo tomó los datos del MI sobre hurtos,
homicidios y rapiñas.
Trajtenberg y Carlos Díaz, docente del Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad Católica, participaron de la investigación y explicaron
a La Diaria que Montevideo estaba en sintonía con las
restantes ciudades, donde la reducción de la movilidad hizo bajar la
oportunidad de algunos delitos y favoreció otros. Cuando Nature publicó
el paper, las cifras más recientes del Observatorio Nacional de
Violencia y Criminalidad del MI marcaban que, entre marzo de 2020 y febrero de
2021, Montevideo había registrado una baja del 18,9 por ciento en los
homicidios, el 10,2 por ciento en las rapiñas y el 12,2 por ciento en hurtos.
En octubre, ya en plena campaña por el referéndum de la LUC, el observatorio
reveló que los delitos bajaron en los primeros nueve meses de 2021 respecto del
inicio de la pandemia. Sin embargo, también resultó que en el tercer trimestre
de 2021 –ya casi en plena normalidad– los homicidios subieron un 3,8 por ciento
y la violencia, un 6,2 por ciento, mientras que los hurtos apenas se redujeron
un 0,2 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2020 (véase el
recuadro). Rodríguez optó por soslayar estas cifras en su exposición virtual y
también omitió considerar que las figuras de resistencia al arresto y agravio a
la autoridad policial, creadas por la LUC para blindar a la Policía, han tenido
una incidencia marginal en las formalizaciones del último año (véase «¿Con
las manos atadas?», Brecha, 26-XI-21).
Más allá de este discurso oficialista, Trajtenberg considera que «lo
importante para el futuro de Uruguay» es que los gobiernos establezcan sus
estrategias lo más claramente posible y demuestren por qué las siguen y qué
recursos tienen asociados. «Los gobiernos tienden a tener una confianza mágica
en las palabras o en las leyes, pero sin fuertes inversiones presupuestales es
como si no pasara nada. Si un gobierno es más punitivo y cree que hay que
incrementar los costos penales, si cree que lo que va a cambiar la política es
focalizarse en los costos penales, sentarse sobre eso no es lo más adecuado.
Incrementar los costos también es meter millones y millones para que todo el
sistema represivo tenga más capacidad –encontrar, arrestar, condenar–. Pero en
Uruguay hay un debate de discursos que no tiene que ver con los recursos. Los
políticos deben decirle a la gente que el tema es complejo y que resolverlo
lleva mucho dinero y mucho tiempo. Por eso no me gustan los debates en términos
de cortinas de humo», dijo.
1. «A global analysis of the impact of covid-19 stay-at-home
restrictions on crime», disponible en Nature.com, y «Pandemia y
crimen», publicado por Carlos Díaz, Sebastián Fossati y Nicolás Trajtenberg en
el blog Razones y personas, 4-XII-20.
2.
Disponible en el canal de Youtube del Partido Nacional.
3. La Diaria, 3-V-21.
4. Informe divulgado por el MI, 18-10-21.
titulo: “EFECTOS Y DESAFÍOS DE LA CRISIS
POSPANDÉMICA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Difícil
para sagitario”. Autor: Mónica Robaina,17 diciembre, 2021, Brecha1882
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