Las señales
alarmantes que surgieron a partir de distintas declaraciones de la fiscal
Gabriela Fossati fueron demasiadas. Sus salidas públicas fueron inusuales, pero
sobre todo graves. En ellas no solo asomaba una vieja interna que revelaba una
virulenta puja de poder en el ambiente de los fiscales, sino una evidente falta
de motivación para asumir el affaire en sus múltiples dimensiones y con toda su
profundidad. No había que bucear en alguna entrelínea, porque la abogada se
esmeraba en divulgar su voluntad de ser trasladada a una fiscalía especializada
(de delitos económicos) a través de distintos medios (incluidas las redes
sociales, tan denostadas por ella misma).
Los audios
divulgados por el programa Legítima Defensa, en los que Fossati dispara comentarios
escandalosos que cuestionan la capacidad del Estado para investigar sus propios
abusos de poder –la corrupción–, no hacen más que confirmar el talante anímico
con el que encaraba uno de los casos más agudos de los últimos tiempos. Está
claro que la magnitud del entuerto la determina no solo la posición que ocupaba
Alejandro Astesiano en la esfera del Estado, sino sus peligrosas relaciones con
las cúpulas policiales, también con empresarios ávidos de privilegios ilegales,
pero sobre todo sus vínculos con el entorno presidencial y el propio presidente
de la república.
***
Un
ejercicio retrospectivo permite ordenar los mojones que anticiparon este final:
• A menos
de un mes de la detención de Astesiano, Fossati comenzó a adquirir un perfil
alto en redes sociales, a pesar de que es una práctica no recomendada en la
Justicia. El 15 de octubre de 2022 eligió responderle por Twitter al senador
Jorge Gandini, quejoso frente a la presunta «celeridad» de la investigación
penal. De paso, aprovechó para recordar viejas cuitas con el exfiscal de Corte
Jorge Díaz, contradictorias además con sus actuales valoraciones: «Ignoró
sistemáticamente mis pedidos de asignación de recursos en situaciones
excepcionales, lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la
institución».
• Dos días
después, le contestaría por esa misma red al presidente de la gremial de
fiscales, Willian Rosa: «Le pediría que deje de hacer referencia a asuntos que
me involucren, menos confundir a la gente» y «debería entender que no puede
hablar de lo que no sabe». Rosa solo había recalcado el valor de la
independencia de la institución fiscal en alguna entrevista. Antes, Fossati
había dicho que ella no integraba la asociación de fiscales y que Rosa no la
representaba.
• Pero fue
en noviembre cuando las declaraciones de la fiscal se tornaron más complicadas,
en coincidencia con las primeras filtraciones de los chats. Justo en ese mes,
Fossati esperaba la concreción de su ansiado traslado, pactado con Juan Gómez
desde abril, medida que finalmente no se efectivizó, porque el fiscal de Corte
prefirió que culminara la indagatoria del caso Astesiano. El 18 de noviembre
trascendieron declaraciones de su «entorno» en Montevideo.com que advertían
sobre su «soledad» o que trabajaba «con un tenedor». El «entorno» reclamaba
mayor apoyo de Gómez y se quejaba de las presiones: «De un lado le pegan para
que no se investigue y del otro politizan todo».
• Un día
después, surgieron evaluaciones más comprometedoras y de tono similar a las que
trascendieron ahora en formato sonoro. Fossati sostuvo que, sin «un compromiso
de las instituciones investigadas para depurar los resquicios evidentes (siendo
auxiliares de la investigación) y sin apoyo “de adentro”, tiene poco para
aportar y prefiere apartarse del caso», publicó el periodista Juan Manuel
Carzolio (radio Sarandí). «El hecho de que no se cumplan los compromisos
respecto al traslado es para ella un ejemplo de la falta de garantías de la
propia institución y del sistema.»
• Sobre
fines de ese mes, la fiscal dio argumentos sobre por qué había excluido los
chats de Astesiano con el presidente, que no la dejaron bien parada: «El
requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria
fue que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y, teniendo en
cuenta su investidura y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente
razonable», narró Fossati (El Observador, 30-XI-22).
• Diciembre
transcurrió con menos estridencias, hasta que se conoció el nombre de quien
ocuparía la Fiscalía de Delitos Económicos de Primer Turno: Alejandro Machado.
De inmediato, en enero, sobrevinieron quizás los conceptos más inquietantes:
«Le respondí [a Gómez] que tuviera presente que, con turnos semanales y 600 y
pico de causas, o bien se enlentecería esta investigación, que a mi juicio
debería ser priorizada porque parece ser lo que todos reclaman, o desatendería
los otros cientos de casos. Que me deslindaba de toda responsabilidad en ese
sentido» (El Observador, 24-I-23). Horas después, el fiscal de Corte divulgó
una serie de medidas de contención: desde su disposición para liberar a Fossati
del peso de la investigación de los delitos que cayesen en su turno por un
tiempo hasta el acompañamiento de distintas unidades de apoyo de la Fiscalía
General.
***
Este
proceso permite entender que los audios enviados el 17 de noviembre al
periodista Carlos Peláez no son una muestra solitaria. Con todo, el enunciado
articulado mediante su voz y sus inflexiones lo revisten de una inusitada gravedad.
La historia posterior es conocida: la imputación al exdirector de Convivencia
Gustavo Leal, sin que se conozcan los elementos para tipificarle un posible
delito (algo que nada tiene que ver con la falta de oportunismo político del
dirigente frenteamplista) y las demandas por difamación contra el presidente
del Frente Amplio y dos periodistas de Caras y Caretas. Quizás incómoda frente
a las derivaciones de un caso que en sus comienzos iba contra una organización
que falsificaba pasaportes, la fiscal respondió a las supuestas presiones del
poder con presiones hacia el lado equivocado, porque ser una fiscal no la exime
de ser sujeto de crítica (los insultos son otra cosa). Es inquietante que quien
ostenta el poder de la acción penal pública, y, por tanto, debe aplicar el
derecho de modo represivo a favor de los ciudadanos y nunca en contra, utilice
esa investidura contra periodistas y el máximo representante de la oposición.
En este
contexto, y quizás contra las cuerdas, Fossati intentó defenderse en una
entrevista con Gabriel Pereyra (En la Mira, 1-III-23). Es cierto que logró allí
ponderar algunos resultados aceptables, como la formalización del exsubdirector
ejecutivo de la Policía Jorge Berriel o la condena de Astesiano –de acuerdo a
los archivos de la fiscal, con una pena inédita para el delito de asociación
para delinquir–, pero todo tuvo demasiado gusto a poco. Además, esos logros
quedaron eclipsados con más opiniones temerarias, a saber: la eventual
«cosificación» del exjefe de seguridad presidencial si era sometido a un juicio
oral (preocupación humanitaria que el sistema no suele demostrar frente a
víctimas menos notorias) o la insuficiencia de recursos para preparar esa
instancia en línea con el nuevo Código del Proceso Penal (reforma que nunca fue
del agrado de Fossati). Por último, frente a la pregunta de si todavía existía
margen para imputar más arriba –en la esfera de los altos mandos políticos–,
dio a entender que no llegarían más «sorpresas». El título de una famosa serie
policial pareció dibujarse en su rostro: caso cerrado. Un gran signo de
interrogación quedó sobre varios asuntos: las demás líneas investigativas, el
contenido en otros dos celulares de Astesiano, los chats correspondientes a
otros años o los intercambios entre el custodio y el presidente. La fiscal, que
no pudo evitar decirles a varios periodistas que «no se iba a inmolar por una
investigación que va fatalmente al fracaso» y que se estaba ante un «escándalo
institucional de proporciones», se atajaría ahora con que una cosa es una
investigación periodística y otra, una penal.
Es cierto
que, entre las mayores complejidades del caso –y esto aún no ha sido calibrado
en su magnitud–, estaba el involucramiento, en la red de tráfico de influencias
regenteada desde la Torre Ejecutiva, de las altas jerarquías de la Policía,
institución esencial como «auxiliar» de la investigación de los fiscales, y que
el gobierno no aportó las garantías necesarias al no destituirlas en tiempo y
forma. Pero el modo en que Fossati intentó sortear esas «piedras» no pareció ir
en una línea de reforzar su investigación, sino de debilitarla de una manera
provocadora. Así, la abogada parecía hacer todo lo posible para forzar al
fiscal de Corte a trasladarla. Pero Gómez también termina debilitado y carente
de una lectura política para procesar las señales y proteger la investigación
con un cambio de jugadores. Con el mazazo de los audios, Fossati terminó
certificándose por motivos de salud y volvió a reclamar su traslado, porque
«otros ojos» renovarán la perspectiva. Ahora sí, la claudicación es explícita.
La crisis
ha transcurrido en un tortuoso vaivén de impulsos y frenos, de sobresaltos y
quietudes, sin que los poderes públicos se sinceraran en torno a la gravedad
institucional del asunto. Los vapores anestésicos que emanan de la carnicería
digital parecen cubrirlo todo, pero si quienes tienen que investigar al poder
se escudan en la falta de recursos, en que fueron presa de presiones políticas,
en que no tuvieron tiempo para revisar todos los indicios, lisa y llanamente:
estamos en el horno.
Publicado
en Brecha, edición número 1946, 10 de marzo de 2023. Titulo original: “EL CASO
ASTESIONO Y UNA GRAVE CRISIS INSTITUCIONAL. Entre la alarma y la anestesia”
Autor: Rodrigo Alonso.
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