Escribe: Prof. Gonzalo Alsina
El 14 de febrero se cumplen 7 años del desplazamiento de la jueza Mariana Mota. Provocó múltiples muestras de rechazo la medida tomada por la Suprema Corte de Justicia. Mientras el Centro Militar y la derecha festejaron. Los partidarios de la impunidad no le perdonaron el haber procesado con prisión al dictador Juan María Bordaberry y a su canciller Juan Carlos Blanco, entre otros casos sobre violaciones de los derechos humanos.
Esta mujer valiente enfrentó a los poderosos. Y le empezaron una campaña sucia contra ella. Le indilgaron haber participado en una Marcha del Silencio de los 20 de mayo. Dijeron los defensores de los torturadores y los políticos de la derecha, que una jueza no podía participar porque era una actividad política.
Cuando, las marchas del silencio no son convocadas por ningún partido político, sino por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Incluso, no se permite concurrir con carteles o símbolos partidarios.
En marzo de 2011 el periodista de Búsqueda Claudio Paolillo pidió que Mariana Mota fuera expulsada del Poder Judicial. Este personaje entre sus argumentos cuestionaba el procesamiento del terrorista de estado, Carlos Calcagno.
De la misma manera salieron a atacarla Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre, quienes en una conferencia conjunta pidieron que rodara la cabeza de la jueza Mariana Mota.
Presionó Búsqueda. No llama la atención, por que apoyaron la dictadura y la impunidad.
Presionaron Batlle y Ramírez. Tampoco llama la atención. Apoyaron la impunidad.
También presionó el presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal Pino. Tampoco me llama la atención. Fue fiscal en dictadura y en aquellos momentos no andaban con tanto prurito.
Pero la impunidad abarcó más. Al respecto es bueno citar las palabras de Federico Álvarez Petraglia que decía, expresando su solidaridad con Mariana Mota:
“El Poder Judicial –destacó- está demostrado una vez más su sensibilidad a los guiños que el sistema político le está dando últimamente. Hemos recibido de parte de este gobierno y de gente de la oposición, guiños y señales claras de que la impunidad tiene que ser la que prime en el Uruguay. Esto se inscribe, es un acto más en este sentido, efectuándolo, el fiscal de Corte, el Dr. Jorge Díaz cuando desplazó al fiscal Ricardo Perciballe el año pasado, por las mismas razones, supuestamente de mejor servicio, con que hoy día la Corte Suprema está desplazando a la Dra. Mota. Tanto la Dra. Mota como el Dr. Perciballe son dos personas comprometidas con los derechos humanos. (…) Los guiños políticos han sido varios y de todo tipo. Recuerden al presidente Mujica cuando después de las declaraciones de la Dra. Mota en Buenos Aires pidió, exigió a la Suprema Corte de Justicia que adoptara alguna decisión al respecto. Es un guiño político claro de parte del Poder Ejecutivo y de su máximo representante pidiendo que se adoptara algún tipo de medidas como la que se adopta hoy.
Posteriormente el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro ha tenido actividades clarísimas a favor de militares que están presos y obstaculizando investigaciones que la Dra. Mota ha llevado adelante, no solamente las que uno conoce públicamente, sino que uno tiene conocimiento por las causas que hemos seguido que hay una multiplicidad de militares que, oh! casualidad, son inubicables por el Ministerio de Defensa.”
Constanza Moreira en un artículo en Brecha del 15 de febrero de 2013 manifestaba:
“La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la jueza Mota a la justicia civil suena a crónica de una muerte anunciada. (…) …el “caso Mota” viene de atrás. Las reconvenciones que sobre su comportamiento se hicieron llegar en ocasión de su presencia en la Marcha del Silencio o las declaraciones a página 12 fueron preparando el terreno. Su tenacidad en el caso Perrini, y en la investigación sobre la desaparición del avión Air Class, parecieron cerrar el proceso. Definitivamente la jueza Mota transgredió algunas reglas no escritas del funcionamiento de la democracia uruguaya de la posdictadura: la de un “sistema de compromiso” que ampara, protege y amortigua cualquier conflicto entre poderes del Estado. Pero al desafiarlo, deja desnuda su principal debilidad: la capacidad de presión política sobre la justicia, especialmente si el tema son los derechos humanos o roza de alguna manera el estamento militar.”
Constanza luego pasa a explicar el “síndrome del avestruz”. “Meterse con los derechos humanos para los jueces es poco redituable, en un país que hasta hace siete años archivó todas las acusaciones so pretexto de ampararse en la ley de caducidad. (…), remover a una jueza experta en derechos humanos es lo peor que puede hacer la justicia: no abundan precisamente los jueces calificados en esta materia. (…), su apartamiento contradice formal y sustancialmente el compromiso asumido por la justicia uruguaya con el esclarecimiento de las causas vinculadas a los derechos humanos.”
Continúa la compañera Constanza: “…esta actitud será leída por la población como un ceder ante presiones políticas de toda índole, lo cual no contribuye a su imagen ni solidez institucional. Sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de la confianza recobrada en el Poder Judicial en los últimos años se debió a su actuación en el campo de los derechos humanos. (…) La justicia, en cambio, no transige, y para el “sistema de compromiso” uruguayo, una jueza dispuesta a desafiar prejuicios, poderes y amenazas, es poco digerible. Así, creemos que el apartamiento de la jueza Mota representa un retroceso político de consideración. Los hechos finalmente terminarán dándole la razón a aquellas declaraciones tan controversiales dadas a Página 12: “en Uruguay no hay promoción de los derechos humanos”.”
Con este artículo pretendimos recordar un episodio triste contra una de las mujeres que ha hecho más por los derechos humanos y sigue haciendo
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