Treinta años de la masacre de Hospital Filtro

 

En 1994, el reclamo por el derecho al asilo de tres vascos acusados de terroristas derivó en una de las más feroces y descarnadas represiones policiales de nuestra historia.

En un restorán de comida vasca en Pocitos, La Trainera, en mayo de 1992, fueron detenidos por la policía, acusados de pertenecer a la ETA y procesados por tener documentos falsos, 13 ciudadanos vascos que trabajaban allí. Según el entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, este golpe se dio porque en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera existía la sospecha de que estaban tramando actos de desestabilización junto con ex guerrilleros tupamaros.

Si bien el gobierno español de Felipe González solicitó la extradición de ocho de ellos, finalmente la Justicia dictaminó en 1993 la extradición de tres: Jesús Goitia, Luis María Lizarralde y Mikel Ibáñez. Un grupo de militantes formó una comisión pro-asilo político para los detenidos y realizó algunas pequeñas manifestaciones hacia la Cárcel Central, donde estaban alojados a la espera del dictamen de la Justicia.

En agosto de 1994, y ante la inminencia de su extradición, los vascos iniciaron una huelga de hambre y a los nueve días de la medida fueron trasladados al hospital Filtro en delicado estado de salud, donde el viernes 19 decidieron también dejar de ingerir líquidos. Se anunció la llegada de un avión del gobierno español para el siguiente martes y los vascos manifestaron estar dispuestos a morir en tierra uruguaya, antes que ser entregados al gobierno español, sobre quien pesan graves denuncias de torturas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos a los separatistas vascos.

A pesar del frío y la lluvia, la solidaridad no se hizo rogar. Algunos puñados de personas convocaron a una vigilia y acamparon en los alrededores del hospital reclamando asilo político. Unos con carpas. Otros sólo con frazadas. Para combatir el frío, una viejita repartía café a los presentes y otros armaban fogones donde se hacía guiso para todos.

A las 20.00 del domingo hubo una caceroleada apoyando el pedido de asilo, que al otro día sería solicitado formalmente en Cancillería. Ese día, en el edificio Libertad, una delegación integrada por los diputados frenteamplistas Sergio Previtali, Helios Sarthou y Guillermo Chifflet junto con el sacerdote Luis Pérez Aguirre entregó 25.000 firmas dirigidas al presidente solicitando que suspendiera el proceso de extradición por razones humanitarias y unas 5.000 personas marcharon hasta el hospital. El martes 23, a partir del mediodía, se llevó a cabo un paro general por tiempo indeterminado convocado por el PIT-CNT, y varios miles de personas marcharon desde el Obelisco hacia el hospital. A pesar de que la Mesa Representativa del PIT-CNT levantó la medida pasada la medianoche por 19 votos en 35, miles de personas se mantuvieron en los alrededores del Filtro durante el miércoles.

A las 5.00 del 24 de agosto, un cordón policial avanzó con la intención de replegar a los manifestantes, que resistieron formando un cordón y tirando piedras, y fueron reprimidos por coraceros a caballo. La refriega dejó varios jóvenes heridos y dos detenidos.

Al mediodía, la dilatada, a regañadientes y escueta presencia del líder del FA Liber Seregni y el candidato a presidente por el recién creado Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez, generó el rechazo en muchos manifestantes, quienes les recriminaron no haber ido antes y les cantaron: “Se escucha, son pocos los que luchan”.

Pasadas las 15.00, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Ángel María Gianola, “solicitó” a los manifestantes que se alejaran de la zona donde “circularían las ambulancias” que trasladarían a los vascos al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Y sobre las 17.30, la policía a caballo atacó a los manifestantes que se encontraban en la plazoleta cercana al hospital y que comenzaron a partir baldosas contra el piso para defenderse. Del otro lado los esperaban más policías con perros, palos, gases lacrimógenos y sables.

Al caer la noche la represión se agudizó. La policía ubicada en distintos lugares empezó una balacera indiscriminada, sin mirar a quién y a la altura de la cabeza nomás. Un enfermero del Semm que socorría a un herido en el piso recibió cuatro balazos. Sobre las 21.00 se apagaron las luces del alumbrado público y la cacería se generalizó. Los vecinos abrieron las puertas de las casas y los edificios para que la gente se guareciera.

A esa hora ya había sido asesinado de siete escopetazos un joven de 24 años, Fernando Morroni. Mucha gente que seguía la represión en vivo por la tele empezó a llamar a CX 36 y CX 44, que estaban haciendo una transmisión conjunta, en búsqueda de sus seres queridos que sabían que habían ido al Filtro, y el nerviosismo empezó a cundir cuando por esas radios se nombraba una lista cada vez más larga de personas de las cuales no se tenía noticias.

Minutos antes de la medianoche, el Boeing 707 de la Fuerza Aérea de España partió con los vascos rumbo a Madrid dejando atrás el saldo de un muerto y más de un centenar de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad.

En la madrugada se sumaría el asesinato de Roberto Facal (38), que fue apuñalado varias veces en la vereda y arrastrado hacia su casa, donde le robaron la tele y cosas así, en lo que se quiso hacer pasar como un robo común.

En el acto por el 169o aniversario de la Declaratoria de la Independencia en Florida, el presidente Luis Alberto Lacalle hizo alusión a los hechos del día anterior: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Discrepancias civilizadas de ideas, siempre; asonada y asesinato como instrumento político, nunca más”.

El ministro Gianola, por su parte, dijo a la prensa que se trató de “un enfrentamiento entre la policía y civiles armados”, y que fue “cuando algunos patrulleros sufrieron impactos de bala” que “recién se dio la orden de intervenir”. También acusó al PIT-CNT de estar “solidarizado con tirabombas” y pidió “la renuncia de todos los dirigentes”; a la vez que advirtió que “a los padres que fueron con sus hijos [a la movilización] habría que arrestarlos”. El diputado colorado Daniel García Pintos declaró que “la izquierda buscaba un muerto y lamentablemente lo encontró”.

El gobierno ordenó la inmediata expulsión del diputado independentista vasco de Herri Batasuna, Jon Idígoras, a quien se le otorgó seis horas para salir del país, y de la vocera de los extraditados, Agurtzane Delgado Iriondo, quien pasó a la clandestinidad. También, con un decreto de la dictadura, fue clausurada por 48 horas CX 36 Radio Centenario y para siempre CX 44 Radio Panamericana, cuyo director era José Mujica, a las que desde el gobierno se las acusó de “instigar a la violencia”.

“Hasta pronto, hijo... hasta pronto” fueron las únicas palabras pronunciadas por Norma, la madre de Fernando Morroni en el Cementerio del Norte, al que llegó caminando junto a su féretro, partiendo desde la sala velatoria en la calle Barrios Amorín y rodeada de una multitud de miles y miles de personas y también de ómnibus de cooperativas y taxis, en una jornada para la que el PIT-CNT había convocado a un paro para acompañar “el sepelio de las víctimas” y a una “jornada de reflexión y de duelo nacional”.

En esos aciagos días, un grupo de 30 personas autodenominado “Internacionalistas de Berlín” tomó durante dos horas el consulado uruguayo de esa ciudad, a la vez que la embajada de Uruguay en Suiza fue grafiteada por desconocidos.

Pocos días después, el juez Jorge Imas concluyó que en “ningún caso aparecen personas disparando contra efectivos policiales”, desmintiendo a Gianola, y poco después se sabría que los civiles armados resultaron ser policías de particular.

El 15 de setiembre, en un clima de muchísima tensión, un millar de jóvenes convocados por la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria desafió el miedo natural que generaban los muchos rumores de que se desataría una represión feroz contra ellos y realizaron una marcha desde la Plaza Libertad hasta la Universidad. Bajo el lema “Contra la represión y el terrorismo de Estado” quemaron un muñeco de un coracero a caballo mientras coreaban consignas que tuvieron su popularidad en aquella época, como “Gianola, compadre, etc., etc.”.

Un concierto programado para el 30 de la banda vasca Negu Gorriak y los argentinos Todos Tus Muertos fue prohibido por las autoridades para evitar “problemas de orden público”. Aunque finalmente, organizado sin levantar la perdiz y mediante el boca a boca, se terminó realizando en Pando el 2 de octubre. Allí los vascos subieron al escenario con unas remeras que usaron durante toda la gira con la leyenda “Gora Uruguay Herria (Viva el pueblo de Uruguay)”. Fermín Muguruza, el vocalista de Negu Gorriak, participará de la marcha que saldrá este sábado del Obelisco y al finalizar cantará unos temas junto a Cuatro Pesos de Propina, conmemorando aquel episodio que dejó una consigna entre los jóvenes más que elocuente: “Griten libertad y cúbranse”.

Publicado en La Diaria. Título: A 30 años de la masacre del Filtro: “Griten libertad y cúbranse” Publicado el 24 de agosto. Escribe Gustavo Fripp en Sociedad

 

Sobre la muerte de tres estudiantes en el Montevideo de 1968

 

En marzo de 1967, el Partido Colorado retomaba las riendas del Estado luego de dos períodos consecutivos de gobiernos blancos. El presidente electo, Óscar Gestido, moría súbitamente meses más tarde y asumía su vice, Jorge Pacheco Areco. El ex boxeador protagonizaría una gestión de mano dura cuasi dictatorial: gobierno en base a decretos, clausura de periódicos opositores, ilegalización de partidos, represión desenfrenada, introducción de la tortura en los interrogatorios policiales.

En esos años, el subsidio parcial del transporte colectivo constituía un alivio para decenas de miles de liceales montevideanos, y en especial para los hogares modestos erosionados por la carestía y la inflación, que en 1968 llegó a 180%. A fines de mayo de ese año, la Intendencia de Montevideo anunciaba un aumento en el precio del boleto. Fue la chispa que encendió la pradera seca; en pocos días la marea de protesta estudiantil subía incontenible. Se multiplicaban las asambleas de clase, la movilización ganaba las calles con una masividad inédita. En esas semanas, la Policía recibía la orden de abrir fuego sobre los manifestantes con sus armas de reglamento. Los baleados en los meses siguientes sumaban decenas, a los que se agregaban centenares de estudiantes heridos con sablazos y machetazos.²

En los meses venideros, el número de manifestantes y la virulencia de los enfrentamientos con la Policía subirían sin pausa. Del lado estudiantil, hacían su aparición los cócteles Molotov y los “cortes de fuego” callejeros hechos con cubiertas de automóvil rellenas de estopa o aserrín y rociadas con nafta. Ante el carácter masivo y sostenido de la movilización, las empresas transportistas cedieron temporalmente. Pero el compromiso oficial de mantener el precio del boleto no logró enfriar un clima de protesta y manifestación callejera en plena espiral ascendente. Los liceos seguían ocupados, se sumaban los universitarios, y la nueva consigna era “¡estudiantes a luchar por boleto popular!”.

“Había una especie de frenesí en los estudiantes, basado en la seguridad de estar en lo justo y en la percepción de la iniquidad del gobierno y de la Policía”, escribe un participante de aquellas movilizaciones que años más tarde analiza desde la ciencia social; “se palpaba la impresión de haber adquirido una nueva potencia que ponía en jaque al gobierno, mediante ese estado de movilización extendido e impersonal”.³

En los primeros días de junio se extendió la ola de manifestaciones callejeras y de enfrentamientos con la Policía. En la tarde del jueves 6, una marcha de liceales avanzaba por 18 de Julio desde la Universidad de la República hacia la plaza Independencia. En la calle Minas se detuvo un patrullero; bajaron de él varios policías, desenfundaron sus armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. Cinco heridos de bala fueron internados; a uno de ellos se le debió amputar un brazo, otro quedó con un brazo semiparalizado de por vida, y un tercero, que había sido baleado en una pierna, quedaría rengo para siempre. Una semana más tarde, el Poder Ejecutivo decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), una modalidad de estado de excepción establecida en el artículo 168 de la nueva Constitución votada dos años antes. Las MPS podían aplicarse “en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”, y autorizaban a encarcelar a cualquier persona por tiempo indeterminado, sin mediar acusación formal ni juicio alguno. En su argumentación se alude a la “perturbación profunda de la paz social y el orden público” resultantes de numerosos conflictos sindicales, en particular la banca oficial y otros empleados públicos.⁴ La atmósfera de estado de sitio y los métodos policiales expeditivos se instalaron de forma duradera en el país.

El 7 de agosto, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) secuestraba al presidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel. Se había destacado desde el gobierno en la persecución a militantes sindicales, por lo que su secuestro constituía en sí mismo una acción propagandística contra el autoritarismo en ascenso. Dos días más tarde, en la madrugada, la Policía allanaba varias facultades sin orden judicial y sin la presencia de autoridades universitarias; pretendían buscar información sobre el secuestro. La presunción del gobierno de Pacheco era obvia: los “subversivos” no podían ser otros que los mismos “revoltosos” al frente de las manifestaciones estudiantiles en todos esos meses. Este grave acto de ilegalidad por parte de un gobierno no tenía precedentes; durante los allanamientos, los oficiales al mando de la operación prohibieron el acceso de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República denunciaba con vehemencia los hechos, y en las calles se hacía sentir la reacción airada de los estudiantes, que intensificaban los enfrentamientos con la Policía.

Ese mismo día, un culatazo hundía el cráneo de un adolescente de 14 años; no participaba siquiera de manifestación alguna, caminaba solo por Colonia, a pasos de Tristán Narvaja. A 100 metros de allí, frente a la Biblioteca Nacional, una patrulla de Coraceros se ensañaba a golpes con un estudiante tirado en el suelo. Mario Eduardo Toyos, de 17 años, ingresaba al Clínicas en estado de coma con el parietal hundido; había recibido el impacto de una granada lacrimógena. No se trató de un accidente: la prensa opositora denunció que la Policía había sido instruida para apuntar al cuerpo con armas y lanzagases. Numerosos estudiantes heridos de bala eran atendidos en diversos centros de asistencia así como en domicilios particulares.⁵

Las movilizaciones “relámpago” de los estudiantes universitarios, secundados por los liceales, se sucedían en todo Montevideo. Consistían en una modalidad de manifestación callejera acorde con las nuevas formas de la represión policial; numerosos grupos de estudiantes se concentraban discretamente en ciertos liceos o facultades, y un rato más tarde circulaba de boca en boca el lugar y hora de la concentración, así como la consigna a corear.

Los acontecimientos se precipitaron. El lunes 12 de agosto, una manifestación conjunta de estudiantes de Veterinaria y de Odontología recorrió la avenida Larrañaga (hoy Luis Alberto de Herrera) en dirección a Rivera. Las demandas eran las mismas en todos esos días: más presupuesto para la Universidad y cese del avance autoritario en ciernes. El actual político frenteamplista y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Héctor Lescano, por entonces estudiante de Veterinaria de 20 años, se encontraba allí. Todo sucedió muy rápidamente. La manifestación pasaba frente a la Facultad de Veterinaria, cuando “llega para reprimir lo que llamábamos una ‘chanchita’, un vehículo policial… y eran pocos policías, tres o cuatro”. El oficial Enrique Tegiachi se bajó del vehículo y baleó por la espalda a un manifestante situado a unos cuatro metros de distancia; el proyectil salió por la ingle izquierda, y –se sabría después– le seccionó la arteria femoral. El estudiante abatido empezó a perder sangre a borbotones. Un grupo de compañeros se acercó a socorrerlo; los policías les pidieron documentos, la asistencia al herido se demoró un lapso que sería crítico.

Una anécdota tragicómica da cuenta del componente lúdico que caracterizaba todavía a la protesta estudiantil, en dramático contraste con una represión brutal que se intensificaba día a día. Uno de los manifestantes arrebató la gorra al policía que había disparado su arma; “el gorro de este oficial de policía estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria donde va la bandera nacional”, relata Lescano.⁶

El estudiante baleado fue internado de gravedad en el Hospital de Clínicas. Durante la intervención quirúrgica se le hizo un injerto en la arteria seccionada, y debió ser reanimado en dos oportunidades; luego de horas de incertidumbre, el equipo médico informó que se había logrado detener la hemorragia. Pero no pudo evitarse lo peor; el miércoles 14, la noticia de la muerte de Líber Arce recorrió la ciudad. Tenía 28 años, era militante de la Unión de la Juventud Comunista y estaba muy avanzado en la carrera de Mecánico Dental.

Ese día, el Ejecutivo prohibió la difusión de la noticia de su muerte; ya estaba vigente la censura previa a toda comunicación emitida por las autoridades universitarias. Sin embargo, nada impidió que más de 200.000 personas acompañaran al féretro hasta el cementerio del Buceo el jueves 15; sería el acto de repudio más masivo al gobierno de Pacheco. Muchos comercios cerraron, los ómnibus de la empresa estatal AMDET circulaban con una cinta negra en el parabrisas. “Silencio: ha muerto un estudiante”, se leía en una gran cartel colocado al frente de la Universidad.

“La brutal reacción del gobierno de Pacheco fue decisiva para estimular la lucha, proveyéndola de sucesivas motivaciones concretas: protestas contra la represión policial en mayo, contra la declaración de MPS en junio, contra la violación de la autonomía universitaria y la primera muerte de un estudiante en agosto. Estos dos últimos acontecimientos produjeron la conciencia de una ruptura de la paz uruguaya. Con muertos y heridos se derrumbó una imagen de sociedad”.⁷

Semanas más tarde, la Policía adoptaba una nueva escopeta de cartucho para emplear en las manifestaciones estudiantiles. El 20 de setiembre, abrieron fuego contra los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad. Hugo de los Santos, de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, cayó herido de muerte; un perdigón le había dado en el corazón. Susana Pintos, de 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción, también fue baleada; murió horas más tarde en el Hospital de Clínicas. Ambos eran militantes comunistas.⁸ Un informe del Sindicato Médico del Uruguay da cuenta de la atención a más de 100 estudiantes heridos con perdigones.⁹ Ese mismo día, el ministro de Cultura, Federico García Capurro, cursaba una nota al rector de la Universidad: “Señor Rector: ante los acontecimientos permanentes y reiterados que tienen aparentemente su origen en los recintos universitarios –y que todo indicaría que siguen siendo utilizados como base de operaciones para la realización de delitos y atentados en la vía pública como el apedreo, el incendio de vehículos y las agresiones a las personas, bienes y comercios– y que, sin lugar a dudas, se utilizan, a pesar de las advertencias reiteradas del Poder Ejecutivo, como refugio de esas fuerzas del desorden para, desde adentro, continuar la acción de violencia hacia el exterior, requiero del señor Rector y de las autoridades de la Universidad la aplicación de medidas que impidan en definitiva la repetición de esos hechos intolerables”.¹⁰

El Uruguay liberal, moderado y contemporizador se desvanecía a ojos vistas. Tres años más tarde, Pacheco encomendaría a los militares la “lucha antisubversiva”; era el preanuncio de la larga noche de dictadura abierta.

François Graña es doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

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1.          Ediciones de la diaria del 24/7/19, 13/6/19, 16/5/19 y 18/5/18. ↩

2.          Marcha, 27/9/68, página 13. ↩

3.          Gonzalo Varela Petito (2002). El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal. Montevideo: Trilce, p. 72. ↩

4.          Vania Markarian (2012). El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, p. 41. ↩

5.          Nota de Guillermo Waksman en Marcha del 15/8/68, p. 10. ↩

6.          Testimonio recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw ↩

7.          Gonzalo Varela Petito (1988). De la república liberal al Estado militar. Crisis política en Uruguay 1968-1973. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo, p. 59. ↩

8.          Diario El Popular, 22/9/68. ↩

9.          Testimonio de Jorge Landinelli recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw ↩

10.       Consejo Directivo Central (1968). Actas de sesiones. Año 1968/2, Acta N° 55, p. 1.247 (mimeo). ↩

Publicado en La Diaria el 14 de agosto de 2019. Autor: François Graña

El individuo en el derecho del trabajo

 

En todas las ramas del pensamiento se debería hacer patente el esfuerzo por situar al hombre en el centro de cualquier tipo de reflexión. Eso no es, ni mucho menos, casual. Tal intento tiene su raíz en esa profusa necesidad de nuestro tiempo de contentarse no solo con la verificación de hechos o normas, sino de comprender su sentido y ahí precisamente donde se halla su punto de referencia. Este conocimiento jurídico del hombre está íntimamente unido al Derecho del Trabajo. La situación social fundamental de la que surge aquel conocimiento es la dependencia del hombre trabajador. Se trata de una dependencia real, ya que no es el trabajador, sino otra persona, Quién dispone de los instrumentos de trabajo que necesita aquel para trabajar y subsistir. Se trata de una dependencia real, ya que no es el trabajador sino otra persona, quién dispone de los instrumentos de trabajo que necesita aquel para trabajar y subsistir. Se trata de una dependencia personal porque el trabajador no se puede separar de la personalidad del trabajador y, por ello, el acreedor del trabajo no solo tiene derecho a la prestación laboral, sino también a disponer de la persona del obligado a trabajar. Y finalmente, se trata de una dependencia colectiva, porque en la medida precio y circunstancia del trabajo no influye solamente la voluntad del trabajador, sino también son algo decisivo en ello las condiciones fácticas y posibles de los demás trabajadores, que presta servicio con él. Lo que caracteriza este tipo de tendencia frente a otros (esclavitud servidumbre etcétera) es que no se basa de una en una cualificación jurídica del hombre sino que se trata de una situación social en que se encuentra el trabajador en el mundo capitalista. La cuestión de la posición del hombre, en el derecho del trabajo radica en saber cómo se ha de conducir el derecho del derecho respecto a tal dependencia. Las normas características del derecho del trabajo tienen como objeto proteger al hombre trabajador de los efectos sociales de la dependencia que amenaza la propia existencia humana.

Hugo Sinzheimer (1930)

548.000 ocupados (33% del total) percibieron remuneraciones inferiores a 25.000 pesos

En 2023 cerca de 548.000 ocupados (33% del total) percibieron remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal.

Panorama general

Según el procesamiento de datos que realizó el Instituto Cuesta Duarte, hay 548.000 ocupados que en 2023 percibieron remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal. En porcentaje, lo anterior supone que el 33% de las personas ocupadas son “veinticincomilpesistas”. Al interior de ese universo, cerca de 166.000 personas no alcanzaron a superar los 15.000 pesos. En el otro extremo de las franjas consideradas, fueron aproximadamente 435.000 ocupados quienes ganaron más de 50.000 pesos líquidos durante el año pasado.

En el caso de los asalariados (que mantienen relación de dependencia), fueron unos 322.000 trabajadores quienes percibieron salarios sumergidos, lo que representa el 27% del total. Del otro lado, fueron cerca de 325.000 los asalariados con ingresos superiores a 50.000 pesos.

Como indica el documento, estas cifras son similares a las vigentes para 2022, pero al considerar 2019 como base de comparación “se observa que el problema se ha intensificado en los últimos años”. En ese sentido, los datos del año pasado evidencian “un retroceso significativo” frente a aquellos registros: en 2019 la proporción de ocupados y asalariados con ingresos laborales sumergidos era del 28,1% y 23,7%, respectivamente, mientras en 2023 era de 32,6% y 26,8%. En otras palabras, hay un incremento de los llamados veinticincomilpesistas del entorno de los 100.000 durante ese período.

Por sexo

En el caso de las mujeres, la problemática es mayor, dado que entre las ocupadas afecta al 35%, guarismo superior al de los hombres (31%). Algo similar sucede en el caso de los asalariados (28% frente a 26% respectivamente).

Por edades

En este caso, los jóvenes son quienes se ven más afectados por el problema de los salarios sumergidos, una dimensión más que evidencia las disparidades laborales que los afectan estructuralmente. Concretamente, el 53% de esta población percibió ingresos inferiores a 25.000 pesos en 2023 (12% no llega a 15.000 pesos). A su vez, 27% de las personas de entre 25 y 39 años también sufre esta problemática.

Por región

El análisis regional indica que los trabajadores del interior son los más afectados por el problema de los bajos ingresos: unos 215.000 asalariados ganaron menos de 25.000 pesos líquidos. En Montevideo, la proporción de trabajadores veinticincomilpesistas ascendió al 20%, es decir, cerca de 106.000 personas.

Por sector

Por último, los trabajadores del sector privado concentran una proporción significativamente más alta de salarios sumergidos frente a los del sector público: el porcentaje de veinticincomilpesistas entre los primeros alcanza a un 33% del total, mientras que en el otro caso es del 5%.

Extraido de La Diaria. Fecha 13 de junio de 2024.

 

Un 1° de mayo para defender la libertad sindical.

 

“La magia de esta libertad nació en las entrañas vivas del acontecer social y no del gabinete aséptico y formal del jurista. Se ganó por el pueblo en sus calles-sin metáforas- de la revolución industrial, y se tiene que seguir ganando día a día frente a la represión  en los campos y ciudades del subdesarrollo y en los suburbios fabriles de las sociedades desarrolladas”(Sarthou,2004:15).

Este desenvolvimiento histórico engendró para el mundo jurídico un nuevo sujeto de derecho: el sindicato; una nueva figura de consenso: el convenio colectivo y un nuevo medio de lucha: la vía de hecho juridizada en el derecho de huelga.

Definir de una vez y para siempre la libertad sindical, atrapar el concepto; es imposible. “Los perfiles de libertad sindical como los demás derechos fundamentales han sido tallados progresivamente a lo largo de luchas incesantes, en un prolongado esfuerzo, que ciertamente, no ha terminado aún. Esa progresividad se manifiesta tanto es un constante profundización y extensión, como los mecanismos para su garantía y protección o en la diversificación o aumento de sus contenidos o forma de manifestarse. Eso hace que la libertad sindical, que en el momento histórico de su construcción o reconocimiento como derecho fundamental, tenía solo el contenido de la libertad de constituir organizaciones sindicales, se manifieste hoy de múltiples maneras, que comprenden tanto los derechos de constituir organizaciones sindicales, como los de negociar colectivamente, ejercer el derecho de huelga u otra forma de auto tutela o el de las organizaciones a la inviolabilidad de sus locales y sus documentos. Por lo mismo cualquier enumeración de contenido de la libertad sindical debe entenderse provisoria” (Mantero, 2023:147).

Al decir de Barretto “Tratar de la libertad sindical en su sola dimensión de derecho de las organizaciones de trabajadores es de no estar es de notar una incomprensión elemental acerca de su origen. Lo peculiar es que se trata de una síntesis de derechos individuales y colectivos. Antes que otra cosa configura un derecho fundamental de las personas, reconocido en un amplio repertorio de instrumentos, tratados y declaraciones internacionales, regionales y constituciones de casi todos los países…Sin embargo su definición no es sencilla. En concreto si debiéramos expresar qué cosa es la libertad sindical nos encontraríamos con la misma dificultad que se atribuye a Agustín de Hipona para dar una noción de tiempo: “sé lo que es, pero si me preguntan, no sabría explicarlo”. No es impericia de este escribiente. O no solamente. La libertad sindical encierra una serie de derechos que se encuentran potencialmente listados y pronto para desplegarse como en un movimiento centrífugo” (Ferrizo-Perciballi, 2021:225).

Sin embargo, son posibles de describir, como se ha hecho, las peculiaridades de la libertad sindical uruguaya, su modo de nacimiento y su modo de entenderla por parte de sus hacedores.  En el Uruguay de hoy la libertad sindical, aún con un amplio reconocimiento normativo nacional e internacional, sigue siendo un derecho en construcción por parte de los colectivos de trabajadores; pues es claro que más allá de que es un derecho también reconocido a los empleadores, atañe principalmente a los trabajadores (Zapirain, 2018:293). Un derecho que se ejerce y se defiende siempre en tensión con otros derechos de cuño individualista. Un derecho que le disputa un espacio al mercado, una derecho (libertad) inspirado en otros valores, un derecho muchas veces incomprendido. La libertad sindical es una libertad esencial del mundo contemporáneo una libertad cuyo origen histórico e ideológico está vinculado con la clase asalariada (Zapirain, 2018:293).

 

 

Uruguay es un país mas rico, pero con mas gente pobre.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de pobreza y desigualdad del 2023. 

Estos datos muestran una tendencia creciente de la desigualdad y un crecimiento de la pobreza a pesar del crecimiento de la economía

Más pobres

Según el INE, el 2023 cerró con la cifra de 348 mil personas pobres, casi 50 mil más que en 2019. De estas 50 mil, 17 mil son menores de 18 años. En términos de hogares la pobreza es 7%, cifra también estancada respecto a 2022 y superior a 2019. 

En todos los tramos etarios que define el informe del INE la pobreza de 2023 es superior a la de 2019, todos ellos en porcentajes de crecimiento superiores al 13%, “pero lo más relevante está en el tramo de 0 a 18 y  particularmente de 0 a 6 que pasó de 17% a 20.1%”, apuntó.  Uno de cada cinco niños es pobre en Uruguay

La pobreza en hogares con jefatura femenina es 8.8%, con jefatura masculina es 4.8%. O sea que hay, claramente, una diferencia en perjuicio de los hogares con jefatura femenina. 

Desigualdad

¿Por qué hay más pobreza si hay más riqueza en el país? La respuesta es clara: porque empeora la situación de desigualdad, la riqueza que se produce se ha distribuido de manera desigual. Lo primero que dice el índice Gini, que es un índice que mide la desigualdad, que daría cero si todos ganamos lo mismo y daría 1 si un señor o señora tiene toda la riqueza, es que subió de 0.382 a 0.394, es una diferencia bastante significativa que marca una tendencia.

El otro índice es cuánto gana el 10% más rico respecto al 10% más pobre.  La pobreza aumenta desde 2019, la desigualdad aumenta desde 2019 con una economía que es 2.8% más rica.

En un país más rico, hay 50.000 pobres más y los salarios están igual que el año 2019.Se transfirieron 2000 millones de dólares del trabajo al capital. Para disminuir la pobreza se requiere aumento de salarios sobre todo en los hogares más vulnerables, empleos de calidad, mayores montos de cobertura en las prestaciones sociales, lo cual impactara indudablemente en la pobreza infantil.

 

El modelo de la desigualdad se hace presente en el Uruguay.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de nuestro país publicó las nuevas cifras sobre pobreza y desigualdad correspondientes al 2023. Los datos nos traen nuevamente, como ha sido una constante en este gobierno, malas noticias, en particular para los más desfavorecidos. No todo está mejor que en 2019. 

Según las nuevas estimaciones, las personas que viven por debajo de la línea de pobreza son 10.1% del total del país, unas 350.000 personas, 50.000 más que en 2019. En relación con el año 2022, la cifra se mantiene relativamente estable, ya que 12 meses atrás se ubicaba en torno al 9,9%, un aumento del 0,2%. 

Con respecto al año 2019, la pobreza aumentó 1,3%, ya que se ubicaba en 8,8%. En el 2020, pandemia mediante, los niveles de pobreza treparon al 11,6%, y si bien mejoraron desde entonces, nunca volvieron al nivel del 2019. Las estimaciones de pobreza se obtienen a partir del cómputo de hogares que perciben ingresos por debajo de un nivel, denominado línea de pobreza, que para un hogar de una persona de Montevideo, dicho umbral se ubica en $ 19.519 por mes.

En cuanto a las características estructurales de la pobreza, algunos de sus rasgos estructurales no sólo no se han solucionado, sino que muestran signos de agravamiento. La pobreza infantil, para aquellos niños menores de 6, se ubicó en 20,1%, sin cambios significativos con el 2022, pero aumentando más del 3% con respecto al 2019, cuando se ubicaba en 17,0%. La pobreza también sigue siendo más severa en las personas afrodescendientes, se ubica en el 19,7%. También es mayor en los hogares en los que la referente es mujer, ya que casi duplica la pobreza de los hogares donde el referente es varón (8,8% contra 4,8%). 

Se ha instaurado un modelo de desigualdad: mientras el ingreso total de la Economía ha sobrepasado los niveles del 2019 (se estima que el PBI va a ser más de un 2% mayor que el de 2019), esto no ha derramado hacia la población de menores recursos. Estos resultados no son sólo responsabilidad de los problemas del dinamismo en la actividad económica. 

Es importante observar eñ Gasto Público que se destina a los temas sociales, el porcentaje del Gasto Público Social (GPS) con respecto al Producto Bruto Interno (PBI), es bajo. Sobre este indicador no se conocen estimaciones oficiales, sin embargo autoridades del gobierno han reconocido que el GPS con respecto al PBI era 25,8% en 2019 contra el 25% actual.

En este punto puede ser útil mirar lo que ha sucedido con los datos de desigualdad, que también fueron publicados durante esta semana por el INE, y que reflejan el punto que se desprende del párrafo anterior. De la única forma en la que puede aumentar la pobreza al mismo tiempo que aumenta el ingreso total de la economía, es con una distribución menos igualitaria del valor generado. La torta es más grande pero el pedazo que les toca a los que están más abajo en la distribución es menor. 

La desigualdad, medida a través del Índice de Gini (que vale 0 para una sociedad en la que todo el ingreso se distribuye de forma igualitaria y 1 si el ingreso se concentra en una sola persona) no ha parado de crecer en este período de gobierno. Este índice, que en 2019 se ubicaba en 0,383, trepó a 0,394 en el 2023. Un aumento de 1,1 no es nada despreciable dada la estabilidad que suele mostrar el indicador. Para que se mueva deben suceder hechos económicos de relevancia. 

Esta situación del Índice de Gini contrasta con lo sucedido durante el período 2007-2012, donde se logró reducir de 0,456 a 0,379. Incluso cuando la situación económica no permitió redistribuir más ingresos, la desigualdad se logró mantener relativamente estable. 

El resto de los indicadores de desigualdad publicados por el INE van en la misma dirección, aumento de la concentración de ingresos. Por ejemplo, el ratio de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre también aumentó durante este período de gobierno. En el 2019, lo que se apropiaba el 10% más rico era 11,1 veces más que lo que obtenía el 10% más pobre. Esta diferencia aumentó al 11,7% en el 2023.

Lo que ha sucedido con la desigualdad es aún más preocupante que lo sucedido con la pobreza, porque si bien la situación de la personas en situación de pobreza logró mostrar un abatimiento (aunque parcial) del deterioro sufrido en la pandemia, la desigualdad no ha parado de crecer. 

Estos resultados no son una mera casualidad estadística. Son resultado de las políticas aplicadas. Por ejemplo, a las ya señaladas referidas a la reducción del gasto público social. 

Podría argumentarse que la pandemia representó una crisis global y externa a posibilidades de gestión del actual gobierno. Sin embargo, los expertos sostienen que mientras la gran mayoría de los países del continente han retornado los niveles pre pandemia, Uruguay no. De hecho, según un informe de la CEPAL del 2022, Uruguay era uno de los tres países que no había retornado a los niveles de desigualdad pre pandemia. 

Los malos resultados en pobreza y desigualdad que el país presenta hoy en día no pueden por lo tanto asignarse a eventos que este gobierno no haya podido controlar. Los resultados son sanos hijos del modelo que actualmente se aplica en Uruguay. El modelo de la desigualdad que ya dice presente.

Fuente: “El modelo de la desigualdad dice presente” Rodrigo Gorga /Economista/.