La evidencia que se
continúa acumulando confirma que desde el bienio 2018-2019 los salarios no solo
han declinado, sino que lo han hecho más en los lugares y las ramas de
actividad más castigadas.
De no mediar milagros, la bella curva que ilustraba
la evolución salarial desde 2005 pronto será un motivo de nostalgia», afirmaba
el semanario el 7 de setiembre de 2018 (véase «Fin de un ciclo», Brecha,
7-IX-2018). Un documento del Instituto Nacional de Estadística (INE),
publicado el 22 de setiembre pasado, lo confirmó.
Evolución salarial y brecha por sexo
en Uruguay (2018-2024) se titula el trabajo que estudia la
trayectoria de las remuneraciones en casi todas las ramas del sector privado
formal durante seis años.
Su conclusión principal es que «la evolución del
salario promedio total por trabajador, medido a precios constantes […],
evidencia una trayectoria descendente a lo largo del período». Midiendo la
caída de punta a punta, desde el primer trimestre de 2018 al último de 2024, la
pérdida se ubicaría en el 4,4 por ciento.
Sin embargo, la curva que dibujan los números de la
investigación no es una pendiente neta: tiene sus vueltas. En general, desde el
primer trimestre de 2018 al primero de 2019, hubo un aumento del valor real de
los salarios, que cayeron fuerte al año siguiente, el primero de la pandemia, y
luego -con ires y venires- fueron mejorando algo, sin retornar nunca a su mejor
nivel.
Por eso, si la pérdida se establece con relación al
mejor resultado de la última administración frenteamplista, la del primer
trimestre de 2019, la diferencia es todavía mayor: de un 5,7 por ciento.
Y eso es un promedio de todo el país. En el
interior la caída fue mayor. Desde aquel dorado trimestre de 2019, supuso un 8
por ciento y vintenes; algo más del doble de la que sufrieron los asalariados
de Montevideo, que fue de un 3,8.
Claro que tampoco el interior del país es
homogéneo. Ni siquiera en todos los departamentos el mejor momento fue el
verano de 2019, aunque siempre se situó entre 2018 y 2019. Pero impresiona más
constatar cuán distintas fueron las caídas.
Desde su pico del verano de 2018 a diciembre del
año pasado, los salarios del sector privado de Rivera perdieron prácticamente
un quinto de su valor (19,6 por ciento). Los de Lavalleja, en cambio, se
deterioraron solo en 1,2 por ciento. Generalizando, puede decirse que en seis
departamentos la caída fue superior al 10 por ciento: Salto, San José,
Paysandú, Rocha, Maldonado y Rivera, en orden creciente de afectación.
Los niveles salariales nunca fueron parejos a lo
largo y ancho del territorio, pero tras la batalla del último sexenio el
panorama de desigualdad que ofrece el estudio del INE luce bastante agudo.
Artigas, Rocha y Treinta y Tres muestran la peor
situación. En esos departamentos, el valor promedio del salario es inferior al
montevideano en más de un 40 por ciento. En un escalón más arriba están los de
Flores, Rivera, Salto, Florida y Cerro Largo (inferiores en más de un 30 por
ciento). Algo más altas son las remuneraciones medias de Tacuarembó, Soriano,
Maldonado, Canelones, Durazno, Colonia y San José (inferiores en más de un 20
por ciento). Los departamentos con un nivel más cercano al de Montevideo serían
Lavalleja y Río Negro, donde el salario medio significaría respectivamente el
82 y el 89 por ciento del capitalino.
Ante tal estado de cosas, no deja de sorprender un
poco que una vez más, ante la ronda de consejos de salarios en curso, las
cámaras vuelvan a entonar la milonga de que los laudos desconocen las diversas
realidades regionales. Si adjudicamos un valor de 100 al promedio salarial
montevideano, el de Artigas es de 56,85.
MEDIO MILLÓN DE SUMERGIDOS
Pero, como se explicaba al comienzo, los investigadores
del INE trabajaron con promedios salariales. Y -como repite un amigo en estos
casos- en los promedios se ahogan los petisos. Por eso no cabe asombrarse de
que, aunque los salarios reales hayan aumentado en promedio un 1,36 por ciento
en los últimos 12 meses, la pobreza del primer semestre de este año se mantenga
en el mismo nivel del mismo período del año pasado (17,7).
El tamaño de las porciones en que se reparte la
torta salarial varía bastante. En 2024, de acuerdo con lo que el Banco de
Previsión Social (BPS) informó al semanario, mientras 231.819 trabajadores
recibieron remuneraciones de hasta 12.354 pesos, 40.957 percibieron salarios
por lo menos 15 veces superiores, es decir mayores a 185.310 pesos.
La disparidad salarial no es la misma en las
distintas actividades económicas, pero en todas y cada una de las 22 categorías
en que las ordena la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4
(CIIU), empleada habitualmente, hay trabajadores en los dos extremos. Incluso
la glamorosa casilla que agrupa los datos de los trabajadores de las
organizaciones extraterritoriales (como las Naciones Unidas o el Mercosur)
incluye 11 salarios de 12.354 pesos o menos.
Una parte de estas diferencias salariales se
explica, naturalmente, por las diversas cargas horarias que cumple cada
trabajador. Por eso, cuando el Instituto Cuesta Duarte (ICD) de la convención
sindical elabora sus reportes periódicos sobre remuneraciones sumergidas, las
calcula para un escenario en el que todos los ocupados cumplieran 40 horas
semanales.
Siguiendo ese criterio es que la última edición del
informe (publicada el 21 de agosto) concluye que en 2024 hubo 503 mil ocupados
cuyos ingresos pueden caracterizarse como sumergidos. Suele aludirse a estos
trabajadores como veinticincomilpesistas porque en el
penúltimo reporte, sobre la situación en 2023, el valor bajo el cual se
consideraba sumergido era de 25 mil pesos líquidos (es decir, después de los
descuentos). Pero, desde el período analizado entonces, los precios han seguido
subiendo, por lo que ese mínimo también debió ser ajustado y -para diciembre
del año pasado- la cifra se ubicó en 27.650 pesos.
¿Debe asumirse entonces que el año pasado 503 mil
ocupados percibieron menos de 27.650 pesos por mes? Alejandra Picco, economista
del ICD, advirtió a Brecha que conviene tomar algunas
precauciones sobre el alcance de esa afirmación.
«Podés tener el caso de un trabajador con un
salario muy bajo, pero que, en realidad, para aumentarlo trabaja 60 horas.
Entonces sus ingresos reales pueden superar los 27.650, pero nosotros tenemos
que homogeneizar la información para aportar una idea cabal de la situación y
entonces adoptamos el supuesto de que todos cumplen 40 horas por semana. En
todo caso, no estamos muy alejados de la realidad, porque el horario promedio
anda en torno a las 39 horas semanales. Ahora, los trabajadores rurales cumplen
horarios de 48 horas y -como nosotros calculamos sus remuneraciones por 40- una
cantidad importante de ellos resultan ubicados como sumergidos. Sin embargo, si
en algún sector nuestro informe sobreestima la cantidad de trabajadores con
ingresos sumergidos, en otros los subestima. Otro sector de salarios muy bajos
es el de las trabajadoras domésticas. También en ese caso suponemos que cumplen
40 horas, pero en realidad el promedio del sector es de 29. Entonces, de lo que
está hablando nuestro informe es de cuánto se paga por puestos de 40 horas de
trabajo, no de lo que efectivamente ganan las personas», precisó.
Más allá de las explicaciones que matizan la
conclusión principal, esta no agota los contenidos del trabajo del Cuesta
Duarte.
EL PELOTÓN
A esta altura, conviene añadir otra aclaración: el
universo que abarca el informe del ICD es bastante más amplio que el que
contempla la pesquisa del INE o los datos del BPS. El INE reveló el
comportamiento de los asalariados del sector privado formal y, en rigor, no
todos. Los datos del BPS incluyen a los asalariados públicos y privados que
aportan a la seguridad social. Y el ICD, en cambio, obtuvo su información de la
Encuesta Continua de Hogares, abarcando al total de la población ocupada
(incluyendo cuentapropistas, cooperativistas y patrones), coticen o no a la
seguridad social.
Es decir que las conclusiones del trabajo del INE
son representativas de un universo de 559 mil trabajadores, los datos del BPS
corresponden a 1.302.573 cotizantes y los del ICD abarcan a 1.645.000 ocupados.
Y en aquellos más de medio millón de personas que
recibirían remuneraciones inferiores a los 27.650 pesos, hay asalariados (293
mil), pero también unos cuantos cuentapropistas, cooperativistas y patrones
(210 mil).
Al agrupar a los ocupados en franjas de ingreso, el
informe del ICD permite notar que la pérdida salarial de la que también habla
el trabajo del INE fue regresiva también a lo largo de la escala de
remuneraciones. Un arreglo equitativo del ajuste hubiese significado una
disminución del porcentaje de las remuneraciones ubicadas en la franja más
alta, pero sucedió lo contrario.
Entre 2019 y 2024, el porcentaje de ocupados con
remuneraciones mayores a 55.300 pesos (a valores de diciembre de 2024) se
mantuvo en el 28 por ciento del total. En cambio, aunque la cosa mejoró algo de
2023 a 2024, entre el último año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez y el
último de la administración de Luis Lacalle Pou el porcentaje de ocupados con
remuneraciones sumergidas pasó del 28 al 30 por ciento.
El informe del Cuesta Duarte ayuda también a
limitar la sospecha de que esos ingresos rotundamente insuficientes
corresponden generalmente a personas muy jóvenes, que las gastan en diversión,
pilchas y electrónica, mientras el hogar familiar les sigue asegurando techo y
milanesas.
Es cierto que esos ingresos son mucho más
frecuentes entre los más jóvenes. El 51 por ciento de los menores de 25 años
gana menos de 27.650, mientras que entre los mayores de 55 años eso «solo» le
sucede al 20 por ciento. A la vez, solo la cuarta parte de los ocupados que
reciben salarios sumergidos viven en hogares ubicados por debajo de la línea de
pobreza. El 68 por ciento de ellos, en tanto, viven en hogares pobres. Se trata
de 123 mil trabajadores. Nada menos.
El trabajo del ICD se pregunta, como el del INE,
por la dimensión territorial de la distribución salarial, pero en lugar de
ordenar los datos por departamento, considera las diferencias entre la
población de las localidades urbanas que cuentan con más de cinco mil
habitantes, las localidades con menos de esa cantidad y las áreas rurales. Y
así comprueba que el porcentaje de remuneraciones sumergidas se incrementa
siguiendo esa secuencia: es un 24 por ciento en las localidades más grandes, un
33 en las pequeñas y un 34 en las áreas rurales.
Consecuentemente, es entre los trabajadores de la
ganadería, la agricultura y la pesca donde los salarios sumergidos están más
presentes, representando el 45 por ciento de los ocupados del sector. En el
servicio doméstico la situación es parecida: un 42 por ciento de las
trabajadoras de esta actividad recibirían remuneraciones de este tipo aún si
consiguieran trabajar 40 horas. En la hotelería y la gastronomía la restricción
afecta al 39 por ciento de los trabajadores, y la misma proporción se encuentra
en el comercio.
Por cierto, son sectores de tamaño desigual, así
que se trata de cantidades de personas muy disímiles: en la hotelería y la
gastronomía el porcentaje de trabajadores con salarios sumergidos significa 17
mil individuos; en el agro, 32 mil; en el servicio doméstico, 39 mil, y en el
comercio, 75 mil.
Pero estas son solo las actividades en que la
proporción de salarios bajos es más alta. El informe encuentra cantidades
significativas de trabajadores en esta situación en 14 de las 22 categorías de
la CIIU, incluida la industria manufacturera, a pesar de que promedialmente
exhibe las remuneraciones más altas, y donde hay 28 mil trabajadores -muy
probablemente trabajadoras- padeciendo estas estrecheces.
Alejando la mirada y observando conjuntos más
amplios, el informe constata también que la presencia de remuneraciones
sumergidas es ampliamente mayoritaria entre los trabajadores informales,
abarcando al 62 por ciento, y prácticamente marginal en el sector público. En
este último caso se encontró a
10 mil personas que, según Picco, podrían ser trabajadores de los programas
sociales de empleo que la Encuesta de Hogares registró algo desprolijamente.
¿Y AHORA QUÉ?
Bien leído, el trabajo del ICD tiene una
implicancia inmediata: hay 64.500 trabajadores formales que, aun trabajando 40
horas por semana, no logran salir de la pobreza: más de la mitad (36.500) ganan
salarios sumergidos; 5.500 ganan menos de 16.950 pesos. «Esto evidencia que, en
el marco de los consejos de salarios, todavía existe un amplio margen para
mejorar la remuneración de los trabajadores más vulnerables y afectar por esta
vía la pobreza monetaria», escriben sus redactores.
En cada mesa de negociación las alternativas para
avanzar en esto pueden ser diferentes. Al 30 de junio pasado, el salario mínimo
de las trabajadoras domésticas era de 29.400 pesos por 44 horas semanales. Es
decir, 23.520 pesos en la mano por trabajar 8 horas de lunes a viernes y 4 los
sábados. Es decir, un salario sumergido de acuerdo con el parámetro del Cuesta
Duarte. Para no serlo, a esta altura del año debería ser un líquido de 28.421
pesos, y solo por 40 horas.
Dado su monto, el salario del trabajo doméstico
está ubicado en la franja de aquellos que podrían recibir aumentos mayores
acordes a las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo. Pero aun si el ajuste
alcanzara el 3,3 por ciento señalado allí como tope, para este semestre,
descontando la inflación esperada, significaría apenas un 1,81 por ciento real.
Para llegar a fin de año con un valor equivalente
al mínimo planteado por el Cuesta Duarte, el aumento debería ser cercano al 9
por ciento, lo que está muy lejos de lo señalado.
Sin embargo, el caso tiene una singularidad y es
que -como se ha ventilado últimamente- se trata de una actividad en la que no
se ha establecido una categorización y -como plantea el sindicato- no es lo
mismo ocuparse solo de la limpieza, que también de la cocina o del cuidado de
personas (y aún en este caso: niños, adultos mayores y personas con
discapacidades diversas pueden significar esfuerzos de índole diversa) (véase
«Nos subestiman demasiado», Brecha, 29-VIII-2025).
Crear categorías implica establecer mínimos más
altos de acuerdo con el nivel de responsabilidad, y haciéndolo quizá el
resultado signifique un cambio más sustancial sin contravenir la pauta.
Pero en el caso del trabajo doméstico también
cuenta que, como señalaba Picco, el promedio de horas trabajadas es bajo, de 29
horas semanales, y es muy probable que esto no sea por deseo de las
trabajadoras, sino por las responsabilidades de cuidados que asumen frente a
sus propias familias.
En esto, el Parlamento tendrá también cosas que
hacer (o tal vez, evitar hacer). Al proyecto presupuestal todavía le queda
mucho por andar, pero en ese camino sería de desear que los recursos asignados
a los cuidados y a la atención de la infancia y la adolescencia no pierdan un
peso en el tironeo.
Titulo original: El mapa salarial en Uruguay durante el período
2019-2024 La caída. Autor: Salvador Neves . Brecha 3 octubre, 2025