Los impulsores del anteproyecto de
ley de la reforma de la seguridad social sostienen que es necesario limitar los
costos del sistema de jubilaciones y pensiones que debe asumir el Estado. Con
ese fin impulsan un sistema mixto, en el que se amplía el ámbito institucional
en que operan las AFAP y la parte del aporte de los trabajadores que va a ese
sector, que se basa estrictamente en lo que pueda aportar cada persona y cuya
prestación final es indefinida. A su vez, se reducirán los costos de la parte
que se mantiene en el sistema de reparto, del cual es responsable el Estado,
aumentando la edad de retiro, rebajando la tasa de remplazo y el salario básico
jubilatorio, recortando las pensiones por viudez y limitando las actividades
bonificadas a ciertos puestos de trabajo. Incluso, a los que no se les aumenta
la edad de retiro se les formulan exigencias casi irrealizables, tales como que
un obrero de la construcción trabaje los últimos ocho años de forma continua,
cuando es conocido que se trata de una actividad zafral que depende del ciclo
económico.
PROTEGEN AL CAPITAL
El gobierno argumenta que tienen que
hacerlo porque la gente vive más y va a cobrar las prestaciones por más tiempo,
y que no se pueden aumentar los gravámenes al capital porque afectarían la
inversión y el crecimiento económico. Los aportes personales y patronales
constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad
social. Los trabajadores han mantenido su tasa de aporte, en cambio las tasas
patronales se han modificado, en general a la baja. En el sistema de previsión
social uruguayo se han creado múltiples normas estableciendo exoneraciones de
aportes patronales. Algunas de ellas se enmarcan en exoneraciones de tributos
generales y permanentes; otras se aplican para determinadas empresas o
actividades y por cierto tiempo.
Lo amplio de las excepciones se puede
evaluar desde diferentes ópticas: social, económica, política, legal, entre
otras. En las circunstancias actuales, cuando se sostiene que el sistema es
deficitario y se deben tomar medidas para reducir sus costos, es fundamental
cuantificar la pérdida de la recaudación y quiénes son los beneficiarios de la
reducción de los aportes y de las exoneraciones.
En primer lugar, debe destacarse que,
al igual que se subsidia al capital con exoneraciones tributarias, también se
lo hace con la reducción de aportes patronales. Actualmente la tasa de aporte
de los trabajadores es de 15 por ciento, mientras que la de los patrones es la
mitad de dicho porcentaje en la mayoría de los casos.
Los patrones de las cajas de
industria y comercio, doméstica y civil (las empresas del dominio comercial e
industrial del Estado) pagan 7,5 por ciento. La caja rural tiene un régimen por
el cual los patrones pagan por el índice de productividad por hectárea Coneat
del establecimiento, multiplicado por un porcentaje de la base de prestaciones
y contribuciones. En la caja civil, hay tres tipos de aportes: los de la
administración central (19,5 por ciento), los de los gobiernos departamentales
(16,5 por ciento) y los de las empresas públicas.
Cuadro 1: Masa salarial total
declarada por los contribuyentes, recaudación y tasa efectiva de aporte.
Los trabajadores pagan el 15 por
ciento y el conjunto de los patrones el 8,75 por ciento. La tasa patronal menor
es la correspondiente a la caja rural, a la que aportan solamente el 1,81 por
ciento. Le sigue la caja de industria y comercio, que paga 5,79 por ciento. Las
patronales de la construcción aportan 7,19 por ciento y la doméstica 7,5 por
ciento.
Si los aportes patronales fueran el
15 por ciento, igual a los de los trabajadores, se recaudaría con creces el
total de la asistencia financiera al Banco de Previsión Social (BPS) –que en
2020 fue de 730 millones de dólares–. Las exoneraciones se concentran
prácticamente en su totalidad en la caja de industria y comercio. El proceso
conjunto de aumento de aportes y eliminación de exoneraciones reduciría
sustancialmente la asistencia financiera. Es algo que se debería realizar en
una forma gradual, considerando en particular a los pequeños y medianos
empresarios.
Las cotizaciones a la seguridad
social y los impuestos son formas de financiamiento complementarias. Los
impuestos son tan válidos y genuinos como las aportaciones. Se deben analizar
considerando sus impactos en la economía en general y en la justicia social.
Incluimos en el cuadro 2 los principales impuestos al capital que tienen
exoneraciones totales o parciales de mayor monto.
Los subsidios al capital a través del
impuesto a las rentas de las actividades empresariales (IRAE) y el impuesto al
patrimonio (IP) son superiores a la asistencia financiera neta al BPS. El gasto
tributario en zonas francas es casi la mitad de dicha asistencia. El total de
subsidios al capital por estos dos impuestos es 68.275 millones de pesos –casi
dos veces y media la asistencia financiera neta, que es 26.795 millones de
pesos–. Quiere decir que existe un amplio espacio para reducir los subsidios al
capital en forma gradual cubriendo la asistencia financiera sin necesidad de
condenar a los futuros pasivos a vivir la vejez en condiciones indeseables.
CASTIGAN A LOS
TRABAJADORES
Como no están dispuestos a aumentar
los costos del capital con los aportes patronales o en impuestos, buscan
reducir los egresos recortando derechos de los futuros pasivos. Los
perjudicados de este proceso serán nuestros hijos y nietos, que tendrán
jubilaciones más que insuficientes, la mitad de los cuales no tendrán cómo
mantenerse entre los 60 y los 65 años.
Así lo demuestra un informe realizado
para la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) por Graciela Sanromán
(Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar). En el
informe –basado en las reformas realizadas sobre finales del siglo pasado– se
sostiene: «Los trabajos empíricos disponibles indican que, por cada 100
trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de pensiones,
menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a
trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan
situaciones de enfermedad, invalidez, o inactividad» (véase en
https://cess.gub.uy/es/node/332). El estudio indica, a su vez, que incrementar
las edades «aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de
trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez», lo que implica
«aumentos (importantes en magnitud) de la cantidad de prestaciones por seguro
de desempleo, enfermedad e invalidez en ese tramo etario». En buen romance la
reforma la pagarán los trabajadores con pérdida de calidad de vida.
Sin embargo, los autores del
anteproyecto dicen que mejorará la situación de los que tienen menores
ingresos. La pregunta es cómo puede ocurrir eso, si se reduce el salario básico
jubilatorio, la tasa de remplazo y se cobran cinco años menos. La aparente
respuesta es el «suplemento solidario», que en gran medida es financiado por el
propio trabajador con lo que deja de cobrar durante cinco años. Una persona que
actualmente se podría jubilar con 30 años de trabajo y 60 de edad y le
correspondiera recibir de jubilación mínima 15.750 pesos tendría una pérdida
muy importante dado que dejará de cobrar 945 mil pesos (si es parte del 50 por
ciento que no consigue empleo, perderá, además, el derecho al Fonasa).
Si la esperanza de vida promedio de
una persona de 65 años que se jubile en 2070 fuera de 20 años, se podrían pagar
3.937 pesos más por mes que el mínimo jubilatorio actual. Entonces ganará más,
pero se lo pagarán con lo que dejó de cobrar entre los 60 y los 65 años. Si el
suplemento solidario fuera mayor, la diferencia la pagarán los cinco años no
cobrados por los trabajadores de medianos y altos ingresos que, sin duda, serán
los más perjudicados por la reforma.
El anteproyecto expresa los intereses
del capital, que busca aumentar sus beneficios bajando los aportes patronales y
los impuestos al patrimonio y a la renta, a la vez que reclama mayores
exoneraciones. En este contexto, la lucha de los trabajadores, pasivos y demás
integrantes de los sectores populares debe orientarse a evitar que se apruebe
la reforma que impulsa –con matices– la coalición de gobierno.
EXTRAIDO DE BRECHA N° 1918. TITULO
ORIGINAL: “ EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA JUBILATORIO. Trabajar más y
cobrar menos” Autor: Antonio Elias, 26 de agosto, 2022
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