viernes, 25 de agosto de 2023

Peligro de muerte: ser trabajador rural.

 

Durante el año 2022 la Organización Internacional del Trabajo ha declarado como un derecho fundamental en el trabajo, el derecho a un entorno de trabajo “seguro y saludable”. En pocas palabras, esto se traduce en el derecho de todo trabajador a no morir, ni enfermar, ni lastimarse trabajando, entre otros derechos que encierra este amplio concepto. La norma internacional compromete a todos los estados miembros de dicho organismo (OIT), a respetar el principio a un entorno de trabajo seguro y saludable. La norma oitiana, obligatoria para nuestro país, es clara: “Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios”.

Estos caros principios internacionales del trabajo, no parecen aplicarse a los trabajadores rurales, quienes permanentemente mueren o se lastiman o se incapacitan trabajando; en uno de los sectores más prósperos y pujantes del país. El sector rural, insignia de nuestro país; donde se producen las mayores riquezas del país, es también un espacio de muerte para los trabajadores. En treinta y tres meses se han producido veintitrés incidentes que han terminado con la vida o han lesionados trabajadores rurales. Solo a modo de recordación, de reflexión; esos veintitrés casos tienen nombre y apellido. Son personas que han encontrado en el trabajo rural un espacio de máxima vulneración.

Caso 1:

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3 NOVIEMBRE 2020

SAUCE, APLASTADO POR TRACTOR, 25 AÑOS.

Caso 2:

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12 ENERO 2021

RUTA 7 CHUY, CERCA DE MELO

FALLECIDO POR DESCARGA DE RAYO

Jorge Alexander Machado Machado 41 años

Caso 3:

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30 MARZO 2021

GUAYABO, PAYSANDÚ

ATRAPADO POR TRILLADORA

 José Luis Escobar Porto 67 AÑOS

Caso 4:

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20 ABRIL 2021

CHAMIZO, FLORIDA

AMPUTACIÓN DE PIE IZQ. OPERANDO TRACTOR CON TOLVA.

Caso 5:

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21 ABRIL 2021

ARROYO CHUY, ROCHA

AHOGADO RESCATANDO VACAS DE CRECIENTE

OSVALDO MAYER 65 AÑOS

Casos 6 y 7:

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6 DE MAYO 2022

CEBOLLATÍ, ROCHA

2 ALAMBRADORES MUEREN EN INCENDIO DURMIENDO

22 y 31 años

Caso 8:

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29 JUNIO 2022

SANTA LUCÍA, CANELONES - RUTA 11 KM. 90

NIÑO 13 AÑOS ELECTROCUTADO PASTOREANDO VACUNOS

Caso 9:

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26 AGOSTO 2022

CERRO CHATO, TREINTA Y TRES

MONTEADORES EN CARPA

FALLECIDO POR RAYO (30 AÑOS) Y UN HERIDO (25 AÑOS)

Caso 10:

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21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Arroyo Sauzal, RIVERA

MENOR 13 AÑOS GRAVE ELECTROCUCIÓN PASTOREANDO VACUNOS

 

Caso 11:

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22 NOVIEMBRE 2022

YOUNG-RÍO NEGRO

ARRASTRADO POR CABALLO CON FALLECIMIENTO

38 AÑOS

Casos 12 y 13

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31 MARZO 2023

DOS FALLECIDOS:

1) RUTA 7 SAN JACINTO, CANELONES

CORTADORA DE FARDOS AMPUTACIÓN DE BRAZO CON FALLECIMIENTO

37 AÑOS

2) - CUCHILLA DE MANGRULLO, CERRO LARGO

ARROCERA FALLECIDO APLASTADO POR TRACTOR AL CAER AL PISO ENLONANDO.

Luis González Redelico, 57 años

 

Caso 14:

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3 DE ABRIL 2023

LA ZULMA, TACUAREMBÓ

FALLECIMIENTOS POR PICADURAS DE ABEJAS

74 Y 24 AÑOS

(el hijo fallece en CTI varios días después por rabdomiolisis)

Casos 15 y 16

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JUEVES 13 DE ABRIL 2023

DURAZNO

ESTANCIAS DEL LAGO MEGATAMBO BULGHERONI

2 MUERTOS ABSORBIDOS POR BIODIGESTOR

Alejo Silva 23 años

Franco Malladote 23 años

Caso 17:

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24 DE ABRIL 2023

ARROYO SAUZAL, RIVERA

TRABAJADOR FORESTAL APLASTADO POR ÁRBOL

Casos 18 y 19

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6 DE MAYO 2022

LAS CHILCAS, CEBOLLATÍ, ROCHA

2 ALAMBRADORES MUEREN EN INCENDIO DURMIENDO

22 y 31 años

Caso 20

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23 DE MAYO 2023

CEBOLLATÍ, ROCHA

TRABAJADOR ARROZ ACCIDENTADO AL BUSCAR A OTRO COMPAÑERO. ACCIDENTADO

47 AÑOS

Casos 21 y 22:

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24 Y 27 DE JUNIO 2023

BELLA UNIÓN ARTIGAS

DOS CAÑEROS CORTADORES  PADECIERON ACV E INFARTO

Caso 23:

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16 AGOSTO 2023

SAN GABRIEL, FLORIDA RUTA 56

MUERTO POR RAYO RECORRIENDO A CABALLO

ALERTA VIGENTE

JUAN MATÍAS TORRES FURTADO, 33 AÑOS

(Oriundo de Picada de Quirino, Tacuarembó)

El estado uruguayo y loe empleadores, son responsables de garantizar la vida y la salud de los trabajadores.

Para el estado uruguayo, los camioneros son una mercancía más.

 


El transporte carga nacional en el Uruguay vive un momento de abandono y desamparo por parte el Estado, también por parte de los empleadores. Un marco normativo que no se cumple. Un incumplimiento que es confeso por parte de los empresarios del sector, deja al trabajador desamparado. Nadie sanciona a los incumplidores.

Trabajadores que manejan más de doce horas al día. Salarios sumergidos, que  no tienen en cuenta la profesionalidad del conductor. Condiciones de trabajo precarias, si tenemos en cuenta que el sistema no cuenta con espacios públicos de descanso ni de aseo para estos trabajadores.  Los camioneros de Uruguay, no solamente son trabajadores, con derecho a un trabajo digno; también son seres humanos que merecen la protección como tales, esto parece no importarle a nadie. No le importa al estado uruguayo, mucho menos a quienes se aprovechan del trabajo de los camioneros. Los choferes, están a la buena de dios, trabajando en condiciones de extrema precariedad, quienes transitan por las rutas nacionales deben ser conscientes de esto. Todos deben saber que en tiempos en los que se habla de reducir la jornada de trabajo, los camioneros no tienen siquiera derecho a trabajar ocho horas.

El día jueves 24 de agosto los camioneros del transporte de carga nacional se reunieron con  en las inmediaciones de Fray Bentos con el fin de reivindicar por condiciones de trabajo, por limitación de la jornada y por un salario mínimo suficiente. El sector de transporte de carga nacional jamás vio afectada su actividad, siquiera por la pandemia de COVID 19, sin embargo su salario también cayó.

Adjuntamos a esta pequeña presentación, una nota realizada al camionero Ricardo Aloy, secretario general del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA/PIT-CNT) donde el lector podrá ilustrarse más en extenso sobre el tema:

https://www.agesor.com.uy/movil/noticia.php?id=66165

miércoles, 16 de agosto de 2023

Nuevos salarios para el Transporte Nacional de Carga (Grupo 13 subgrupo 07)


 

ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS: En la ciudad de Montevideo, el día 16 de agosto de agosto de  2023 reunido el Consejo de Salarios del Grupo 13, “Transporte y Almacenamiento” sub-grupo 07 “Transporte Terrestre de Carga Nacional. Todo tipo de Transporte de carga para terceros exceptuando los mencionados en otros grupos. Servicios de auto elevadores, grúas y equipos de movilización de carga con chofer y operador”  integrado por POR EL PODER EJECUTIVO: Las Dras. María Noel Llugain y  Cecilia Siqueira y el Lic. Bolivar Moreira POR EL SECTOR TRABAJADOR: Los Sres. Ricardo Aloy y Juan Dorado. POR EL SECTOR EMPRESARIAL: La Sra. Victoria Marquez y el Dr. Cyro Pereira.-----------------

Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:

PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de correctivo final aplicable a partir del 1ero de julio de 2023, y sin perjuicio de lo que resulte de la nueva ronda de Consejo de Salarios,  en aplicación de  lo establecido en el decreto del 30 de diciembre de 2021, artículo 3 “Correctivo final aplicable a los ajustes de micro empresas así como también a las pequeñas, medianas y grandes empresas”. --------------------------------------

AUMENTO DE SALARIO PARA:

III) MICRO EMPRESAS.  Que corresponde aplicar a partir del 1ero de julio de 2023 un 4,46 % por concepto de correctivo, sobre los salarios nominales vigentes al 30 de junio de 2023 y sin perjuicio de lo que resulte de la nueva ronda de negociación de Consejo de Salarios. ------

AUMENTO DE SALARIO PARA:

IV) PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES. Que corresponde aplicar, a partir del 1ero de julio de 2023 un 4,46 % por concepto de correctivo, sobre los salarios nominales vigentes al  30 de junio de 2023, sin perjuicio de lo que resulte de la nueva Ronda de Negociación de Consejo de Salarios. -----------------------------------------------

Mínimo de masa salarial para micro empresas. Mínimo de masa salarial: a) Se establece para los trabajadores de las categorías chófer de semirremolque (A3) chófer de autoelevador (motorista) (A4) y chófer de semirremolque (combustible) (A6) con un mínimo de 100 jornales de antigüedad en la empresa, un monto mínimo de masa salarial mensual que estará compuesta por todas las prestaciones excluyendo los viáticos de almuerzo, cena, pernocte o especiales, que no será menor al monto equivalente al de veintiséis jornales mínimos de la categoría respectiva, multiplicado por el coeficiente 1.10 el cual se establece al 1° de julio  de 2023 en $ 43357,50--------------------------------------------

b) Se establece para los trabajadores de las categorías A2, A5, B1 y B2 con un mínimo de 100 jornales de antigüedad en la empresa, un monto mínimo de masa salarial mensual que estará compuesto por todas las prestaciones excluyendo los viáticos de almuerzo, cena o pernocte que no será menor al equivalente al de veintiseis jornales mínimos de la categoría respectiva multiplicado por el coeficiente 1.10 el cual se establece:

Al 1 de julio de 2023:

A2 y A 5: $ 39264,84

B 1: $ 44434,51

B2: $ 42065,08

Mínimo de masa salarial para pequeñas, medianas y grandes empresas: Mínimo de masa salarial: a) Se establece para los trabajadores de las categorías chófer de semirremolque (A3) chófer de autoelevador (motorista) (A4) y chófer de semirremolque (combustible) (A6) con un mínimo de 100 jornales de antigüedad en la empresa, un monto mínimo de masa salarial mensual que estará compuesta por todas las prestaciones excluyendo los viáticos de almuerzo, cena, pernocte o especiales, que no será menor al monto equivalente al de veintiseis jornales mínimos de la categoría respectiva, multiplicado por el coeficiente 1.10 el cual se establece al 1° de julio de 2023 en $ 43.634,44-------------------------------------

b) Se establece para los trabajadores de las categorías A2, A5, B1 y B2 con un mínimo de 100 jornales de antigüedad en la empresa, un monto mínimo de masa salarial mensual que estará compuesto por todas las prestaciones excluyendo los viáticos de almuerzo, cena o pernocte que no será menor al equivalente al de veintiseis jornales mínimos de la categoría respectiva multiplicado por el coeficiente 1.10 el cual se establece: ----------------------------------------------

Al 1 de julio de 2023:

A2 y A 5: $ 39511,02

B 1: $ 44711,46

B2: $ 42311,26

VIÁTICOS GENERALES: -------------------------------------

i) A partir del 1º de julio de 2023 se establece  -para las categorías chófer camión o camioneta (A2), chófer de semirremolque (A3), chófer de autoelevador (A4),  chófer de camión común  (Combustible) (A5), chófer de semirremolque combustible (A6), chófer de semirremolque (B1) y  chófer camión o camioneta ( B2) los siguientes viáticos:---------------- -------------------------------

a) Un viático único de corta distancia (cuando el chófer realiza viajes con destino hasta 60 Km. desde el domicilio de la empresa), por cada día trabajado, de $  223,03 (doscientos diecinueve con ochenta y tres). Para percibir este viático el chófer deberá cumplir el mínimo de ocho horas de trabajo ese día. -----------------------

b) Un viático de larga distancia (cuando el chófer realiza viajes con destinos superiores a 60 Km. desde el domicilio de la empresa), de $ 345,5 (trescientos cuarenta y cinco con cincuenta) por cada comida (almuerzo o cena). Cuando el chófer estuviere desempeñando sus tareas en  los horarios de 11.30 a 13.30 hs generara el viático almuerzo, y / o cuando el chófer estuviere desempeñando sus tareas en el horario de 21 a 23 hs. generara el viático cena.--------------------------------

Si el chófer no estuviera desempeñando sus tareas en esos horarios, pese a realizar viajes con destinos superiores a 60 Km. se abonará por todo concepto de viático, un único viático de corta distancia, de $ 223,03, según lo indicado en el literal a) anterior, salvo que se plantee lo previsto en el literal b).  --------------------------

Cuando se perciba alguno de los viáticos de larga distancia, no se percibirá el viático único de corta distancia.-----------------------------------------------

c) Para los chóferes, cuya jornada laboral comenzare antes de las 10 horas y se extendiera más allá de las 22 horas, se aplicará el valor de un viático de larga distancia de $  345,5  en lugar del valor del viático único de corta distancia de $  223,03. El pago de este viático no se genera si se generare un viático almuerzo y/o cena de acuerdo a lo previsto en el punto b) de esta cláusula. -----------------------------------------------

d) Se mantiene vigente, se redondea y ajusta por el IPC el viático de pernocte quedando fijado en $ 345,5.-------

e) Para la Rama B se fijan los mismos valores precedentes excepto para los viajes a las ciudades de Colonia y Punta del este, en que se incrementarán estos viáticos de almuerzo o cena en 35%. ---------------------------------

NOTA: El presente se trata de un extracto del acta del Consejo de Salarios firmada el día 16 de agosto de 2023 por parte de los delegados respectivos. El texto completo del acta lo pueden encontrar de la página del Ministerio de Trabajo: https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/tematica/7-transporte-terrestre-carga-nacional-todo-t.

Otra cosa importante es que estos aumentos responden a ajustes finales de la novena ronda, todo esto sin perjuicio del aumento que vendrá producto de la decima ronda de Consejo de Salarios que se está desarrollando.

Se adjunta al presente tabla de salarios mínimos vigentes a partir del 1 de julio.

 


 

 

domingo, 13 de agosto de 2023

Otras lecciones que nos dejo la dictadura

 

Hace poco escuché en un programa de radio una charla entre politólogos respondiendo la pregunta sobre qué enseñanzas había dejado la dictadura al pueblo uruguayo. Creo que sus consideraciones calzan bien con el sentido común: la lección ha sido la de valorar, como nunca hasta ahora, los beneficios de la democracia. Expondré muy brevemente aquí una perspectiva bien diferente cuya intención sea, tal vez en el fondo, similar a la de los entrevistados de afirmar la democracia, pero -a contrario sensu- aportando una perspectiva de futuro sobre el término (sobre expectativas democráticas), que obliga a diferir sustancialmente con la escuchada, esencialmente anclada en el pasado (sobre la negación de la democracia en 1973).

En primer lugar, lo que dejaron las dictaduras en nuestro continente es una lección global sobre quiénes ejercen el verdadero poder sobre los pueblos. Y por cierto que no son los gobernantes de turno de los estados, sino los intereses económicos imperiales destinados -sobre todo en el hemisferio sur- a usurpar materias primas, trabajo barato y naturaleza primaria para ser depredada y mercantilizada. Vía imperio americano, escuela de Panamá para ejércitos mercenarios, instrucción en reclusión, torturas y desaparición de personas, se aniquilaron -aquí y en tantos otros países- los proyectos de emancipación que, justamente, cuestionaban esos poderes.

Al término de la dictadura, en Uruguay, tenemos derechas “inocentes” que, con la inmensa ayuda de los grandes medios de comunicación, han sabido ocultar su pasado cómplice de haber aportado el lado “cívico” (y nada despreciable) del régimen, primero, desde el Parlamento, con la aprobación de “medidas prontas de seguridad”, el “estado de guerra interno” y tantas otras disposiciones antidemocráticas, y luego, desde los poderes locales y el Consejo de Estado, asumiendo funciones represivas y administrativas (todo ello protagonizado por blancos y colorados).

Al término de la dictadura tenemos, también, un progresismo cada vez más alejado de la reivindicación de aquellas luchas, sobre todo llevadas adelante por los movimientos obrero y estudiantil, pero estrechamente vinculadas al frenteamplismo naciente en 1971 (pienso en sectores como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento 26 de Marzo y otros). Al término de la dictadura tenemos, sin embargo, un promisorio avance en la agenda de derechos en aspectos relativos al ambientalismo, la raza o el género, cuestiones en las que antes las izquierdas no solían enfatizar (aunque sí formaran parte de sus preocupaciones, por ejemplo, la necesidad de una superación de “la hipocresía moral burguesa”).

Primera lección: tanta sangre derramada para que el gran capital, crecientemente financiarizado, siga haciendo de nuestro mundo natural, de trabajo o ideológico su principal objeto de dominio cuyo único fin es la obtención de más valor. Continúa su antigua labor, tan impunemente como antes, pero aportando nuevas evidencias de su enorme y desmedido alcance totalitario (nada democrático) provocando depredación ambiental, calentamiento global y epidemias (también administrando vacunas), aumentando la desigualdad, iniciando la identificación individualizada algorítmica sobre las personas, y ejerciendo una influencia decisiva en la gobernanza internacional (finanzas y deuda, patentes, bases militares, etcétera). ¿Dónde está la democracia?

Segunda lección: el poder -el que importa, el mismo de siempre, económico en primer lugar y luego político, básicamente externo a nuestras fronteras pero con unos pocos beneficiarios locales- logró un disciplinamiento tal de la izquierda que casi no puede nombrarlo. (Es curioso, desde el punto de vista de un análisis de los discursos, cómo la expresión los malla oro ha venido sustituyendo la palabra tabú: oligarquía).

Por otro lado, y atendiendo la “agenda de derechos”, la reconocida filósofa norteamericana Nancy Fraser argumenta que un progresismo que aísla estas luchas del anticapitalismo a fin de cuentas le aporta al sistema una pátina de más fácil digestión.1 Aun cuando pensemos que eso pueda ser exagerado y que se ha ido procesando un cambio cultural bastante profundo e irreversible (sobre todo a partir del sujeto político feminista), parece razonable pensar que existe aquí una especie de sublimación de fuerzas reprimidas anticapitalistas que han encontrado un camino de más fácil emergencia que aquellos tan duramente bloqueados.

Tercera lección: quienes hoy alaban la democracia tal como ella existe no son tan demócratas, por más que invoquen hasta el cansancio el término, ya que niegan la posibilidad de más democracia. El régimen que vivimos no es una democracia plena, aunque sea mucho mejor que el que sufrimos durante la dictadura (por ejemplo, me habilita a escribir estas líneas). Pero no se hace honor a la democracia adjudicándole un carácter estático, dado de una vez y para siempre (siendo así, la humanidad se hubiera conformado con la democracia esclavista de Atenas). ¿Cómo ignorar que las decisiones verdaderamente importantes se toman en otros lugares y no en los ámbitos de los estados ni a través de un debate democrático?: el trabajo, los excedentes de (nuestro) trabajo, las comunicaciones, la propiedad material e intelectual, la administración de los recursos naturales… Parecería que hemos llegado a la imbecilidad aristotélica2 pero por una vía imposible de ser imaginada por el estagirita: los asuntos más importantes de la polis son aquellos que la política no puede tratar.

Finalmente (y esta sería una última y tardía enseñanza que nos ha dejado la posdictadura): el carácter hegemónico del capital y la incidencia real que tiene en la conformación de los asuntos políticos de cada estado sólo habilitaría una contrahegemonía también global, es decir, la necesidad de una nueva Internacional socialista anticapitalista. Un camino largo para recorrer, sin dudas, pero no por eso más difícil que el emprendido por los primeros (y verdaderos) socialistas.

Ustedes podrán decir que estas conclusiones son propias de alguien que está fuera de la realidad. Algo absolutamente cierto desde un análisis de sistemas: sólo desde los bordes y desde cierta exclusión es posible analizar un sistema, ya sea numérico, alfabético, discursivo o capitalista.


1. Nancy Fraser, Capitalismo caníbal, Siglo XXI, 2022, Buenos Aires. ↩

2. Aristóteles argumenta que la esencialidad humana es política y califica de imbecilidad la despreocupación por los temas comunes a la polis. ↩

Extraído de La Diaria. Publicado el 8 de agosto de 2023. Autor: Jose Staganaro. Titulo original: “A medio siglo, (otras y muy distintas) lecciones que nos dejó la dictadura”. José Stagnaro es maestro de Primaria, magíster en Ciencias Humanas y docente en Formación Docente.

¿ Para que sirven las huelgas?

 

Difícil encontrar una expresión de empleo corriente que convoque a opiniones tan contrarias y a la que se atribuya significados tan distintos como pasa con la palabra huelga.

Para unos, se trata de un derecho conquistado tras luchas sociales y políticas dirigidas a asegurar condiciones laborales dignas que permitieron reconocer al “factor” trabajo frente al interés predominante del beneficio empresarial y el vaivén del mercado. Para otros, en cambio, la huelga es una especie de patología o disfunción social que atenta contra la producción, la población, la estabilidad y el interés de la nación. Hay también quienes se sitúan en un plano ideológico pretendidamente más refinado, y postulan que las huelgas son una rémora obsoleta de contradicciones ya superadas entre trabajadores y empleadores disueltas por el wind of change de fines de los 80 del siglo pasado. La palabra huelga es conflictiva, tanto o más que el conflicto que designa.

 

En los discursos oficiales de estos días aparecen algunas aristas de esta controversia. Su recurso retórico es conocido: ante cualquier huelga se comienza por admitir el derecho que asiste a los trabajadores, pero a renglón seguido se dice que la medida es inadecuada o excesiva o que cuestiona la autoridad o que tiene carácter político. O todo a la vez.

En definitiva, se trataría de un derecho fundamental de las personas, cuya efectividad está constitucionalmente asegurada (artículo 57), pero que, vaya cosa, se ejerce siempre de mala manera.

El argumento de autoridad

Una de las objeciones sobre la que han insistido recientemente autoridades de la enseñanza y jerarcas ministeriales es que la huelga no puede cuestionar la autoridad del empleador, en tanto la ciudadanía les habría encargado la potestad de gestionar todo.

 

La molestia no es nueva. Esa misma inquietud de los jerarcas del gobierno y de muchos empleadores del ámbito privado por sentir cuestionada su autoridad por las huelgas no debe ser muy distinta a la que padeció el faraón Ramses III en el año 1155 a. C. cuando un grupo de artesanos se negó a continuar trabajando en el Valle de los Reyes en reclamo de mejores condiciones de vida y trabajo, según se relata en un papiro de la época conservado en el museo egipcio de Turín.

Hay al menos dos razones sustantivas para oponer a este punto de vista secular. En primer lugar, hay que entrever que toda huelga se hace en rechazo a una decisión adoptada por quien detenta una posición de poder, casi siempre el empleador directo. Esto inevitablemente implica un grado variable de desconocimiento, no de la autoridad en general, pero sí de la legitimidad de cierta medida, como puede suceder en el caso de una reestructura con pérdida de empleos, afectaciones de la profesionalidad, sanciones que se perciben como injustas, incumplimiento de condiciones de salud y seguridad, cuestiones salariales, etcétera.

La huelga no se hace para agradar al empleador, sino para manifestar y hacer valer el reconocimiento de la parte laboral y su interés propio y distinto. Sostener que las huelgas nunca deben cuestionar la autoridad no es un buen punto de partida para establecer un diálogo entre iguales.

Esto nos lleva a una segunda razón: si la posición oficial sostiene que las huelgas no deben cuestionar la autoridad, es porque se concibe que en el ámbito de la empresa o de la institución hay una rígida división entre quienes mandan y quienes obedecen. Los primeros estarían amparados en su hacer por el dogma de la infalibilidad. Una cosmovisión de ese tipo es obsoleta de verdad. Supone el absolutismo del poder y que la racionalidad está sólo de un lado.

 

Aunada con este tipo de enfoques, se aduce que la huelga es excesiva por el perjuicio que ocasiona. Así como no hay modo de hacer una huelga que no sea para resistir decisiones u omisiones de un empleador, tampoco hay modo de hacer una huelga que no provoque molestias. Es más: para eso es que se hacen, y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo dice con total claridad cuando en sus dictámenes indica que “las huelgas, por naturaleza, ocasionan perturbaciones y costos” (Recopilación de Decisiones, párrafo 755).1 Si pudiera medirse, uno podría decir que cuantos más discursos contrarios desata una huelga, más efectiva resulta.

La huelga no se hace para agradar al empleador, sino para manifestar y hacer valer el reconocimiento de la parte laboral y su interés propio y distinto.

Con esto no quiere significarse que el debate sobre el tipo de movilización esté clausurado y que todas las medidas sean pertinentes y que la huelga no tenga límites. El problema está en que un discurso oficial tan previsible y monocorde genera sospecha de estar flechado, poniendo obstáculos para la salida de los conflictos.

Los sindicatos y la política

Además del argumento de autoridad, las huelgas son también descalificadas por adjudicárseles un objetivo meramente político. Así, un reclamo sindical contra una norma presupuestal, una propuesta educativa o una reforma de la seguridad social se considera como una intrusión en política. El movimiento sindical debería, en esos temas vitales, mirar para el costado.

La OIT ha expresado de manera reiterada que “los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores” (Recopilación de Decisiones, párrafo 758). La cita es pródiga en diversificar el abanico de intereses que pueden ser defendidos por los trabajadores y sus organizaciones, por lo cual obtura, a nuestro juicio, toda posibilidad de restringir la finalidad de la huelga a la inmediatez del salario y el empleo. La democracia tiene una dimensión económica y social que demanda que las organizaciones intermedias puedan reflejar el pluralismo de opiniones e intereses existentes, sin estrechar el horizonte de sus expectativas.

Un último rebote de esta restricción han sido las medidas disciplinarias impuestas a trabajadores de la enseñanza pública que manifestaron su rechazo a un proyecto de reforma constitucional, caso respecto del cual recientemente la OIT ha expresado su preocupación a efectos de que las sanciones “no tengan hacia el futuro un efecto disuasorio sobre la acción de las organizaciones sindicales en situaciones que involucren la defensa de los intereses de sus afiliados” (Informe del Comité de Libertad Sindical en el caso 3420, párrafo 644).

La discusión planteada en el Parlamento acerca de si el dictamen es obligatorio o no desplazó lo realmente importante, que es el pedido de la OIT al gobierno nacional de que “asegure la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo establecida por la Constitución del Uruguay y el derecho de las organizaciones de docentes a expresar sus opiniones sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de no menoscabar la educación de los niños y que tome las eventuales acciones necesarias a ese respecto” (párrafo 653).La recomendación debería conducir a ponerse a resguardo de cualquier rápida calificación de “proselitismo” cuando los sindicatos hacen público un parecer sobre políticas que tienen que ver con su profesionalidad o cuando ejercen su libertad de expresar opiniones sobre asuntos que de algún modo les conciernen.

Tomarse “los derechos en serio”, como se denomina un libro clásico del derecho norteamericano, implica en estos casos entrar en el juego fino del análisis de los derechos ciudadanos de todos y los laborales de los/as trabajadores/as, lo que impone descartar de plano la inmediata tentación de la autoridad de someter los desencuentros a los procedimientos disciplinarios, laberinto del que luego es difícil salir.

Alguien podrá decir que esta nota no es otra cosa que un inventario de obviedades, con un título prestado, en parte, de un relato de Alejo Carpentier. Pero el recurso al “viaje a la semilla”, o sea, la vuelta a las explicaciones más llanas, es preferible a correr el riesgo del olvido o la distracción.

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm ↩

Extraído de La Diaria del día 9 de agosto de 2023. Titulo original: ¿Para qué se hacen las huelgas? (un viaje a la semilla). Autor: Hugo Barretto Ghione. Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República.

 

 

lunes, 31 de julio de 2023

Una perspectiva economica para los trabajadores uruguayos. Entrevista a la economista Alejandra Picco

 

«El gobierno deja un país más desigual y con mayor exclusión»

La coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte analizó el panorama económico nacional y fue categórica al afirmar que el Gobierno dejará como legado un país «con más cantidad de pobres»

Picco también sostiene que habrá una fuerte concentración de la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes, lo que «condiciona nuestro futuro»; por tanto, aquello de 'los mejores cinco años de nuestras vidas' en realidad pasó a ser «un país más segmentado», con «mayor exclusión» y «mayor desigualdad social».

¿Cómo se refleja el crecimiento del 4.9% de la economía en los salarios y el empleo? ¿Las y los trabajadores en particular y la población en general se han visto beneficiados de esa mejora?

Creo que justamente hay un desacople entre la trayectoria que ha tenido la economía y la que vienen mostrando el salario y el empleo; y esto es lo que se refleja en definitiva en ese desacople entre la trayectoria que ha tenido la actividad económica post pandemia y el bienestar económico de los hogares y la trayectoria de indicadores sociales como la pobreza en el proceso de recuperación post 2020. Retomando las cifras, en 2020 la actividad económica tuvo una caída de algo más de 6%, pero en los dos años posteriores creció 5,3% y 4,9%, de manera que hoy el país genera una producción total, una riqueza, superior a la que se producía previo a 2020. Sin embargo, el salario (componente fundamental en los ingresos de los hogares) cayó en términos medios durante 3 años y todavía no volvió a tener los niveles que tenía previo a la pandemia. En materia de empleo, si bien la recuperación fue mucho más rápida -y nos sorprendió para bien a la mayoría de los analistas-, hoy tenemos una cantidad de ocupados, y fundamentalmente tasas de empleo y desempleo, superiores a las que teníamos en 2019, y también tenemos un mercado de trabajo distinto. En esas diferencias, en algunos aspectos ha presentado algunas mejoras en cuanto a calidad del empleo -como es el caso del registro a la seguridad social- pero, en otras aristas, como es el caso de los ingresos laborales, ha empeorado. No solamente por la caída que tuvo el salario real que antes te mencioné, sino porque hoy tenemos un porcentaje de trabajadores ocupados con niveles salariales muy bajos e insuficientes, superior -en cantidad pero también en porcentaje- que el que teníamos en 2019. Entonces, en definitiva, estas trayectorias distintas y las diferentes velocidades de recuperación de la actividad económica, el empleo y el salario, lo que marcan es un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso y una transferencia de riqueza desde los asalariados hacia otros sectores de la sociedad, en la medida en que la masa salarial -que es algo así como lo que percibe el conjunto de los asalariados y por tanto, se nutre de lo que sucede tanto con el salario como con el empleo-, representa hoy un porcentaje menor de la producción total.

¿Qué impacto tiene en la economía de nuestro país que haya 100.000 trabajadores más que en 2019 que ganan menos de 25 mil pesos?

Nosotros venimos haciendo un seguimiento de lo que le hemos dado en llamar los salarios sumergidos desde el año 2010. En ese sentido, lo que hacemos es considerar un umbral arbitrario, que hoy lo ubicamos en los 25 mil pesos líquidos al mes por una jornada de 40 horas semanales, que es lo que consideramos un salario sumergido o insuficiente para ese tiempo de trabajo; y, a partir de ahí, analizamos cuántos trabajadores perciben ingresos menores a ese monto y cuáles son sus características, tanto de los ocupados como de los puestos de trabajo en los que se ubican. Es una foto de la situación en cuanto a ingresos laborales. Y lo que nos muestra esa última foto es que tenemos más de 500 mil ocupados en nuestro país y, dentro de ellos, unos 320 mil asalariados que perciben ingresos inferiores a ese monto en 2022. Y además, vemos que ese porcentaje aumentó -medido en términos constantes en la comparación, obviamente- entre 2019 y 2022. Lo estamos estudiando más de cerca, porque este incremento –de unos 5 puntos porcentuales, tanto para los ocupados como para los asalariados- no se puede explicar solamente por la caída de salario real registrada, sino que hay que ir un poquito más allá y tratar de ver cómo se compuso esa caída media, y también estudiar, en esta recomposición del mercado de trabajo post pandemia, cómo son los ingresos de los puestos de trabajo que se han generado en el proceso de recuperación, en relación a los que había y se perdieron. Creo que esta foto que hacemos es relevante para entender dónde se ubican los ingresos de los ocupados, más allá de la trayectoria que muestre en promedio la evolución del salario y el ingreso de los hogares -que son datos que publica y difunde periódicamente el INE-, y habla tanto de las remuneraciones e ingresos asociados a los puestos de trabajo como de la calidad de vida y el bienestar al que pueden acceder esos trabajadores ocupados. Lo que quiero decir acá es que el hecho de que un trabajador asalariado, por ejemplo, perciba un ingreso inferior a los 25 mil pesos líquidos al mes, por sí solo habla –sin lugar a dudas- de una carencia o deficiencia de ese puesto de trabajo, que tiene que ver con los ingresos que permite alcanzar a quien se desempeña en él. Por otro lado, la calidad de vida y el bienestar al que puede acceder ese trabajador que percibe menos de 25 mil pesos líquidos al mes va a depender no solamente de ese ingreso, sino también de cómo se compone su núcleo familiar, si es el único ingreso del hogar, si es uno de varios, si es el ingreso más bajo, entre otras cosas. Ahora, existe un vínculo importante entre salarios sumergidos, pobreza y otras carencias en el empleo como el no registro a la seguridad social; entonces, si bien el ingreso del trabajador por su trabajo no necesariamente tendría por qué explicar, por ejemplo, el nivel de bienestar que podría alcanzar, no podemos desconocer que hay un vínculo importante entre ambos. Y entonces tenemos que pensar a la política salarial como una política relevante de mejora en las condiciones de vida de las personas y de mejora, por ejemplo, de los niveles de pobreza; algo que usualmente se piensa y se vincula solamente con las transferencias sociales, pero no podemos obviar que aproximadamente la mitad de las personas pobres mayores de edad trabajan. No son pobres porque no trabajen, sino porque seguramente tienen varios problemas asociados al empleo (escasas horas, escasos ingresos, informalidad, etc.). Entonces, la política salarial es una forma de atacar eso. Y es por eso que desde la central se ha insistido en contemplar, de manera especial y con ajustes salariales adicionales, a esos trabajadores que perciben ingresos sumergidos.

¿Qué sucedió con el famoso derrame del que habló el equipo económico y el presidente de la República?

Creo que esa idea del derrame no se verifica. No se ha verificado en nuestro país en el correr de la historia ni tampoco en este contexto, por la sencilla razón de que no todas las personas están en las mismas condiciones para apropiarse de los frutos del crecimiento económico; y, por lo tanto, el accionar de la política pública es central en este sentido. En el mismo sentido que cuando hay una crisis o un shock negativo, no todos están en las mismas condiciones de afrontar la caída. El Estado debe estar atrás de aquellos que se van a ver impactados más negativamente y no tienen recursos propios para afrontarla -ni materiales ni capacidades-. En los momentos de crecimiento pasa lo mismo, pero en el sentido inverso. Por ejemplo, cuando la economía crece, no todas las personas van a poder insertarse en el mercado de trabajo ni van a poder hacerlo en las mejores condiciones con empleos de calidad, porque no todos tienen esas capacidades y habilidades. Y acá es donde entra de manera importante el rol del Estado facilitando eso, llevando adelante políticas –en distintos ámbitos- que propendan a que se dé ese derrame y a que quienes por sí solos no podrían, también se puedan beneficiarse de los frutos del crecimiento.

En un seminario reciente explicaste que durante la pandemia la caída entre sectores de actividad fue muy desigual y que la recuperación también es desigual. ¿Por qué se da ese fenómeno?

La pandemia, por sus características, provocó un shock sobre la actividad económica distinto a los que se habían dado previamente -producto de crisis económicas, por ejemplo-, que obviamente no alcanzó a todos los sectores por igual. Y también la recuperación se dio de manera diferencial, porque estos sectores más afectados tardaron más en recuperarse. A esto hay que agregar que durante la crisis, y fundamentalmente en la recuperación, se dieron algunos factores -que se podría decir puntuales- que hicieron que algunos sectores de actividad tuvieran un desempeño distinto y muy bueno, y que, de hecho, fueran estos los sectores que impulsaron la recuperación. Este es el caso por ejemplo de la actividad de la construcción vinculada a la instalación de la nueva planta de UPM y las obras conexas; y también claramente de los sectores agroexportadores que se vieron enfrentados a una fuerte demanda y a precios internacionales particularmente altos en términos históricos. Entonces, mirar esta trayectoria sectorial –que no es homogénea- nos permite entender otras evoluciones; y me parece que de esto también se desprende una fuerte crítica a lo que fue la política salarial desplegada por esta administración, que podemos ver por ejemplo en las propuestas de los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para la negociación salarial de la actividad privada, y que es lo que explica después la evolución del salario real y de la masa salarial. Porque he escuchado muchas veces de parte de actores del gobierno que la caída de salario real era algo inexorable en el marco de la pandemia o que fue enteramente provocado por esta, que no había otra alternativa y que se dio en todo el mundo. Pero lo que yo veo es que en nuestro país tenemos una herramienta –que no todos los países tienen- sumamente potente, como es la negociación colectiva en el marco de los Consejos de Salarios y que, por sus características, podría haber operado de manera distinta; y que fue la política salarial y la propuesta del Ejecutivo para los salarios la que la llevó a donde terminó: una fuerte caída del salario real promedio y una lenta recuperación. A lo que voy es que obviamente ante una parada tan fuerte de la actividad en algunos sectores, era difícil pensar que los ingresos por el trabajo no se vieran afectados. Ahora, la pregunta es: ¿esa política de caída salarial para todos los sectores a rajatabla, que propuso el Ejecutivo en 2020-2021, era la más adecuada, o se podía haber tenido una “intervención más quirúrgica” y analizado si en todos los sectores ameritaba esa caída? En definitiva: ¿era razonable que los trabajadores de la construcción o los del agro vinculados a la exportación y la industria agroexportadora, que tuvieron desempeños muy buenos incluso durante la pandemia, también tuvieran esa caída de salario real? Luego, en el caso de la construcción, por ejemplo, esa caída no se verificó, porque el sindicato logró acordar algo distinto; pero igualmente la vara que puso la propuesta del Ejecutivo de emparejar para abajo condicionó los resultados. ¿Por qué los trabajadores rurales –de ingresos bajos en su gran mayoría, además- tuvieron que afrontar una caída de salario real que todavía no terminaron de recuperar, en un sector que tuvo ganancias extraordinarias en estos años? Eso es lo que me hace pensar que la política salarial se explicó más por una demanda de recomposición de las ganancias de parte de los sectores empresariales que por los efectos de la pandemia. Y lo mismo vemos en la recuperación: ¿por qué el salario real va a tardar tantos años en volver al nivel que tenía previo a la pandemia (los nuevos lineamientos proponen que esto suceda recién a mediados de 2025), si la economía hoy ya produce más en términos medios y el empleo está en niveles superiores a los de 2019? Obviamente, hay sectores que, como decía antes, han tenido más dificultades para recuperarse, pero: ¿es la rebaja salarial la solución a estos problemas? Es obvio que en el caso del comercio de frontera, por ejemplo, no hay rebaja salarial que habilite o haga competitivas esas actividades; pero pensar siempre en el ajuste salarial a la baja como forma de compensar otras debilidades productivas o de empleo a nivel sectorial y, en definitiva, mirar siempre al salario solamente como un costo de producción y no como el ingreso con el que viven la mayor parte de los hogares, no creo que sea una buena opción de política, ni que nos deje en el lugar que queremos como sociedad.

Según un informe elaborado por ustedes desde el ICUDU, los lineamientos del gobierno para la 10a ronda no contemplan ajustes adicionales para los salarios más sumergidos. ¿Esto quiere decir que la brecha entre ricos y pobres seguirá aumentando? ¿Los más pobres serán aún más pobres?

Desde hace varios años -décadas, te diría- el movimiento sindical viene promoviendo ajustes salariales más elevados y diferenciales para los salarios más bajos. Esto ha corrido por los carriles de la negociación durante bastante tiempo (fue promovido inicialmente en los acuerdos de Consejos de Salarios por los sindicatos) y también ha sido recogido –en distinta medida- por parte de las distintas administraciones de gobierno. Incluso durante esta administración se continuó en algún momento con esta política. El objetivo es claro y tiene que ver con apuntalar los niveles salariales más bajos, afectando de manera diferencial tanto los niveles salariales como a quienes los perciben. Y de hecho, en los momentos en que se llevó adelante esa política de manera más agresiva entre 2010 y 2015, vemos impactos importantes en materia salarial: los salarios más bajos crecieron mucho más que el resto en este período, y eso hizo que se alcanzaran buenos resultados en materia distributiva, avances en cuanto a disminución de los niveles de pobreza y mejora en los indicadores generales de distribución de los ingresos. Obviamente esto fue producto, además, de la implementación de otras políticas públicas que fueron en la misma línea, pero no se puede desconocer el rol de la política salarial al respecto. En el actual contexto, donde justamente son los indicadores sociales y de bienestar los que están mostrando más dificultades para recuperarse, nos parecía más que pertinente volver a hacer esta diferenciación que, en definitiva, fue planteada al Ejecutivo, pero hubo una respuesta negativa al respecto que creo que se explica por lo que decía antes, de mirar a los salarios más como un costo para los empresarios que como el ingreso de quienes viven del trabajo, y dimensionar el impacto que eso tiene en la vida de las personas.

¿Cuál es el legado que dejará el equipo económico actual al futuro gobierno? ¿Se puede hacer una especie de balance y proyección del año y medio que aún resta en materia de economía y trabajo?

Pienso que la próxima administración se va a encontrar con una economía más rica o que genera más riqueza -ya que logró sortear la caída de la pandemia y superar los niveles de producción previos-, pero más desigual: con una mayor cantidad de trabajadores que perciben salarios muy bajos y que, por ende, el trabajo no les permite salir de la pobreza o mejorar de manera sostenible sus niveles de bienestar; con niveles de empleo mayores pero problemas relevantes en materia de empleo -y por eso el empleo sigue siendo uno de los principales problemas que ven los uruguayos en el actual contexto- que tienen que ver con los ingresos, pero también con la percepción de inseguridad sobre la estabilidad de esos empleos; con más cantidad de personas pobres y una fuerte concentración de la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes, que condiciona en buena medida nuestro futuro; un país más segmentado, con una mayor exclusión y desigualdad social.

Extraido de Caras y Caretas número 1128 del 28 de julio de 2023. Autor: Alfredo Percovich. Título original: “El gobierno deja un país más desigual y con mayor exclusión”