El 28
de abril pasado, dos días antes del plazo previsto inicialmente, la Comisión
Sectorial de Protección y Seguridad Social, espacio multiactoral creado a tales
efectos, entregó al Poder Ejecutivo el informe final del Diálogo Social. Fue el
resultado de un año de trabajo, instrumentado en cumplimiento del compromiso
electoral formulado por el Frente Amplio (FA) de hacer ajustes al régimen
previsional vigente desde 2020, para mejorar las prestaciones correspondientes
a jubilados y pensionistas y asegurar la sostenibilidad económico-financiera
del sistema, lo que el artículo 67 de la Constitución establece como obligación
del Estado, desde el plebiscito de 1989.1
Tuvimos
oportunidad de comentar en Brecha ese informe final, y el comentario se resumía
en el título del artículo: «Según el color del cristal con que se mire» (véase
Brecha, 8-V-26), y en este párrafo: «Para evaluar qué pasó, hay que analizar el
informe final […] [y] definir con qué se van a comparar las propuestas de ese
documento: si con lo que existe hoy, con lo que existía hasta 2023, con lo que
el FA se comprometió en su programa, con los criterios que el propio Diálogo
Social se planteó, o con lo que desearíamos y esperamos que ocurra. Y si se
hace ese análisis comparativo se verá que las respuestas son diferentes y van
de bastante mejor a bastante peor».
Una de
las propuestas «bastante mejores» tenía que ver justamente con el papel de las
administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que el informe de la
comisión define así en su página 64:
«1.
Avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las
cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un
organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con
las prestaciones de los restantes pilares. 2. Mantener la función de inversión
y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en
competencia». O sea: el «ahorro individual» (en realidad, el aporte que hacen
los trabajadores como parte del financiamiento del sistema, porque no se trata
de un ahorro que se devuelve, sino de una política social) lo manejaría, lo
mismo que los demás aportes (patrones, Estado), un organismo público sin fines
de lucro. Las AFAP (todas, incluso la de propiedad pública, subsidiarias de
entidades financieras: las privadas, las extranjeras) quedarían a cargo de las
colocaciones y cobrarían según el éxito que tuvieran en ellas.
Pero
la felicidad duró poco. Menos de una semana después de entregado y conocido el
informe del Diálogo Social, el ministro de Economía y Finanzas, economista
Gabriel Oddone, instalaba un nuevo diálogo,
esta
vez más restringido: se reunía con las AFAP para darles seguridad de que se
mantendría su negocio y se formaba una mesa de trabajo para llegar a acuerdos
al respecto. O sea, un nuevo diálogo, pero esta vez mano a mano: el Estado y
las AFAP, del que resultaría, en un plazo de 60 días, la forma de
funcionamiento definitiva.
Los 60
días pasaron y las nuevas directivas ya se conocen, y fueron saludadas por la
Anafap (la Asociación Nacional de AFAP, que nuclea las privadas) y hasta por el
abogado Rodolfo Saldain, cerebro de la reforma de 2020. Esto hace recordar a
una anécdota del parlamento alemán del siglo XIX, cuando el diputado y líder
del Partido Social Demócrata August Bebel estaba haciendo un encendido discurso
que era aplaudido por la derecha, ante lo cual, sorprendido, él mismo se
preguntó: «¿Qué estarás diciendo, Bebel, que la burguesía te aplaude?».
La
Anafap, que primero había sostenido sobre la propuesta del Diálogo Social a
través de su presidente, el economista Sebastián Peaguda, que «este cambio es
claramente un retroceso» (La Diaria, 4-V-26) cambió rápido de opinión. Luego de
la reunión con Oddone, en su página oficial se podía leer: «Tras el trabajo
técnico junto al Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, las administradoras de fondos previsionales valoramos las
instancias de diálogo y los avances alcanzados a lo largo del proceso. […]
Destacamos especialmente que la administración de las cuentas individuales y la
responsabilidad fiduciaria de las AFAP en su administración se mantengan como
principio del sistema».
No
piensa lo mismo el PIT-CNT. Carlos Clavijo, representante de los trabajadores
en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y participante del Diálogo
Social, sostuvo –en el portal de la convención de trabajadores– que «el Poder
Ejecutivo modificó de forma “unilateral” acuerdos alcanzados en el Diálogo
Social» y que «el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone “dinamitó el
Diálogo Social”, al dejar sin efecto consensos construidos durante meses de
negociación».
Pero
hay más: se maneja la posibilidad de que las AFAP puedan hacer colocaciones de
sus reservas en el extranjero, mucho más allá del límite actual del 15 por
ciento de los fondos que manejan; y, aun eso, debe ser en deuda soberana de
alta calidad crediticia e instrumentos emitidos por organismos multilaterales
(art. 123 bis de la ley 16.713 de 1995, de creación de las AFAP). Si se tiene
en cuenta que, según cifras del Banco Central del Uruguay, los fondos
previsionales a marzo pasado llegaban a unos 27.000 millones de dólares (tanto
como todo el presupuesto nacional y el 30 por ciento del producto bruto
interno), es posible imaginar lo que se puede hacer con ese dinero. Y la
contradicción que significa que se aceptan condiciones que limitan nuestra
soberanía para conseguir inversiones extranjeras mientras se autoriza a las AFAP
a invertir el ahorro uruguayo en el exterior. Otra vez buscando la llave debajo
del farol, porque donde la perdimos está oscuro.
Al fin
y al cabo, ¿cuál es la función que cumplen las AFAP? Lo que fue presentado como
la solución hace 30 años, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti,
siguiendo la línea de otros gobiernos neoliberales, como el de Chile (que luego
debió reformarlo), aparece ahora claramente no como una solución, sino como una
parte, y muy importante, del problema. Porque en un sistema que funcionaba como
un conjunto de varias piezas que encajaban entre sí, con la rectoría del BPS,
ejercida durante 30 años, apareció un nuevo actor para desempeñar un rol que ya
estaba cubierto (recaudar los aportes de los trabajadores y pagarles la
jubilación que les correspondía cobrando por ello comisiones que salen de esos
aportes) y apoyarse en su supuesta experiencia para invertir las reservas. Pero
lo primero ya lo estaba haciendo el BPS, como parte de su función, y para lo
segundo había y debe haber un margen limitado, ya que la propia ley determina
cómo debe invertirse.
En
cambio, parte (cada vez mayor) de los ingresos que percibía el BPS y que era
uno de los recursos para pagar las jubilaciones ya generadas pasó a ser captado
por las AFAP, lo que aumenta el supuesto déficit de aquel y permite a las
administradoras obtener importantes ingresos por las comisiones que cobran y
también por las ganancias de las inversiones que hacen con el dinero
administrado, y que por ahora en su mayor parte solo se está acumulando.
Ese
término de la ecuación del BPS, que ahora falta, el gobierno anterior lo
resolvió alargando los plazos para jubilarse, con lo que ahora –luego de
aprobada la reforma que impulsó la ley 20.130– se recauda cinco años más a los
activos y se posterga el pago de jubilaciones cinco años más a los futuros
pasivos. Redistribución al revés: Robin Hood robándoles a los vasallos para
dárselo a los nobles.
El
Diálogo Social revisó esos entuertos, corrigió algunos, emparchó otros, pero quedó
pendiente uno de los principales. El negocio de las AFAP continúa.
Vale
la pena recordarlo, porque esta es una de las claves del asunto: «Art. 67. Las
jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar
a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y
subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación
forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente
[…]. Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la
base de: A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos
por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los
precedentemente mencionados; y B) La asistencia financiera que deberá proporcionar
el Estado, si fuere necesario». ↩︎
Titulo
original: Las AFAP, esas insumergibles. Del diálogo social al diálogo
empresarial. Autor: Benjamín Nahoum. Fecha, publicado en Brecha el 31 de julio
de 2026. Brecha número 2123.
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