El robo del tiempo. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral

 

¿Quién decide sobre el tiempo de nuestras vidas? Lo que está en juego no es solo trabajar menos, sino arrebatarle al capital la potestad de definir qué hacemos con las horas que tenemos.

I. EL TIEMPO BIEN VIVIDO

Hay una pregunta que el movimiento obrero arrastra desde sus orígenes: ¿de quién es el tiempo? La consigna de Chicago que costó vidas –ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho para lo que se nos diera la gana– no era una demanda gremial entre otras. Era un programa civilizatorio: disputaba la pretensión patronal de transformar la totalidad de la jornada en tiempo productivo y, con ello, la totalidad de la vida en mercancía.

Ciento treinta y nueve años después, la pregunta vuelve con urgencia. El capitalismo cognitivo o de plataformas ha encontrado mecanismos más sofisticados –algorítmicos, afectivos, subjetivos– para colonizar aquellas ocho horas. Hoy no se nos roba solo el tiempo de trabajo, se nos roba el del ocio, el del afecto, el de la deliberación política y pública. Se nos roba, en suma, el tiempo bien vivido, condición de la sociedad de buen vivir, o sumak kawsay. En la disputa por el sentido del tiempo, el objetivo y el subjetivo, se juega la disputa por el sentido de la existencia. Un orden social distinto requiere un orden temporal distinto.

II. LA JORNADA Y SUS LÍMITES

«No estamos de acuerdo en discutir la reducción de la jornada laboral en este momento», declaró hace pocos días Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, frente a la iniciativa de reducción a 40 horas semanales presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La frase merece ser leída con cuidado. La disputa por el tiempo no es solo la disputa por las horas trabajadas: es también la disputa por el tiempo del debate. ¿Cuándo, sino ahora, en un país que tiene la jornada legal más extendida de América Latina y que fue pionero hace 100 años en establecer las ocho horas? El argumento patronal –primero crecimiento y productividad, después deliberación– tiene una filosofía encubierta: el tiempo de los trabajadores es una variable derivada, lo que sobra una vez resueltas las cuentas.

La campaña por la reducción de la jornada que el PIT-CNT impulsa desde 2024 adquiere por contraste una densidad política que excede con amplitud el fundamento técnico. Trabajar menos horas por el mismo salario, en un contexto de productividad creciente, es una demanda elemental de justicia distributiva: si la riqueza socialmente producida aumenta (gracias, sobre todo, a la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial [IA]), no hay razón para que se concentre en pocas manos mientras quienes la producen siguen atados a jornadas extenuantes.

 

Pero detenerse allí sería quedarse a mitad de camino: la reducción es un punto de partida necesario, no un horizonte suficiente. La discusión debe abrirse a los problemas estructurales del mundo del trabajo contemporáneo.

El primero es la disolución de la frontera entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. Las plataformas digitales, los algoritmos de gestión y la ideología del autoemprendedor han logrado lo que Frederick Taylor solo podía soñar: extender el cronómetro más allá de los muros de la fábrica y colonizar la vida entera. ¿Qué jornada se reduce cuando la jornada ya no tiene contornos?

El segundo es la precariedad, la informalidad y la expansión de los vínculos contractuales unipersonales (los llamados falsos autónomos, como los trabajadores de plataformas), que quedan al margen de cualquier regulación. Una reforma que no los contemple sería incompleta o, peor, un privilegio para quienes ya tienen empleo estable. En 2024, el 22,7 por ciento de los ocupados en Uruguay estaban en situación de informalidad y el 60,9 por ciento de los trabajadores por cuenta propia operaba fuera del sistema de seguridad social. Para ese universo, la jornada no tiene límites legales que respetar.

El tercero es la distinción entre trabajo productivo y reproductivo. La economía del cuidado, históricamente feminizada y no remunerada, no tiene jornada legal ni reloj que la mida, aunque sostiene materialmente todo lo demás. Una reducción que ignore esta asimetría liberaría tiempo solo a quienes no cargan con esa segunda jornada invisible. En América Latina, las mujeres destinan cerca de cuatro veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado: menos tiempo para el ocio, la formación y la vida política. La disputa por el tiempo debe redistribuir de manera democrática las cargas del cuidado y ampliar la oferta pública de servicios que hoy recaen sobre los cuerpos y los tiempos de las mujeres.

Por último, el problema de la cultura del trabajo, que Paul Lafargue denunciaba en El derecho a la pereza: la moralidad del esfuerzo y la disponibilidad permanente como virtudes interiorizadas. Sin disputar esa subjetividad, cualquier reforma encontrará en los propios trabajadores a sus opositores más convencidos.

III. KRONOS Y KAIRÓS

Los griegos distinguían dos formas de nombrar el tiempo. Kronos era el tiempo cuantitativo, mensurable, el del reloj y la contabilidad. Kairós, el del acontecimiento, del instante denso de sentido, el del amor, la decisión, la creación. La modernidad capitalista del cronómetro de Taylor, pasando por el just in time toyotista al algoritmo de Uber, ha sido una larga ofensiva de Kronos contra Kairós.

Robert Levine cuenta que una compañía estadounidense del siglo XIX comercializó un reloj llamado El Autócrata, que prometía a los patrones extender su mando más allá de su presencia física. Los algoritmos de las plataformas y los sistemas de IA que se filtran en puertos, almacenes y oficinas, son El Autócrata del siglo XXI: una voz que vibra en el bolsillo, evalúa en tiempo real, premia o castiga.

Kairós, el tiempo bien vivido, se despliega en cuatro dimensiones que el plataformismo captura en simultáneo: trabajo, ocio, amor y amistad, participación política y pública. El trabajo se vuelve continuo bajo el mandato del rendimiento. El ocio se reduce a consumo administrado por algoritmos (Netflix, TikTok, Spotify, etcétera), una temporalidad anestésica en la que el aburrimiento productivo, el que parió tantas obras y revoluciones, deviene imposible. El amor y la amistad son intermediados por aplicaciones que producen, en palabras de Ana María Fernández, un capitalismo de soledades cuyo «remedio» es el mercado amoroso plataformizado. Y la política se repliega del ágora a la pantalla: la subjetividad neoliberal, reforzada en la pospandemia, promueve el pasaje del zoon politikón al zoon oikonomikón: una domesticación que reduce el interés colectivo al privado y entrega la opinión pública a la gestión algorítmica. La práctica política requiere, contra esa corriente, del tiempo del acontecimiento.

IV. LUCHAS POR EL TIEMPO

Frente a este panorama, los movimientos sociales necesitan más que demandas defensivas: necesitan ucronías. No fantasías literarias, sino hipótesis ancladas en el tiempo que ya pugna por existir.

En Uruguay, varias luchas recientes pueden leerse en esa clave, además de la lucha por la reducción de la jornada. La defensa de la seguridad social y la consigna de jubilarse a los 60 años bajo la propuesta de «recuperar cinco años de vida», en la campaña del plebiscito de 2025, sostuvo una idea sencilla y potente: la vida debe estar al servicio de la vida. La disputa por la educación pública defiende el tiempo de la formación contra su mercantilización. La propuesta de gravar al 1 por ciento más rico apunta a la base material; sin redistribución del ingreso, no hay redistribución del tiempo. Y habría que sumar el impuesto al robot: a la monetización de datos y al uso de IA que sustituye la fuerza de trabajo.

V. LA VIDA AL SERVICIO DE LA VIDA

Marx imaginó en los Grundrisse una sociedad en la que el tiempo de trabajo dejara de ser la medida de la riqueza y el saber colectivo (el general intellect) ocupara su lugar. Las condiciones materiales para ese horizonte están hoy más cerca que nunca: la productividad acumulada, la digitalización y la IA podrían liberar tiempo en un sentido emancipador a una escala inédita. Pero, en manos de unas pocas corporaciones globales, hacen lo contrario: extienden el cronómetro, el control y la explotación hasta el último rincón.

Los desafíos que tenemos delante son complejos y acuciantes. Debemos construir el imaginario de una sociedad en la que el tiempo deje de ser mercancía y vuelva a ser vida, en la que el reloj no dicte la voz del capital, sino el ritmo del encuentro, la creación, la deliberación, el amor y la amistad. Esa es la única respuesta posible al «no es el momento» con el que los empresarios pretenden seguir administrando nuestro tiempo.

TITULO ORIGINAL: LA DISCUSIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL. El robo del tiempo. AUTOR ORIGINAL:  Nicolás Marrero. Publicado en Brecha : 30 abril, 2026; numero 2110, pagina  14

El trabajador y la inteligencia artificial.

 

Hoy día, todo parece llevar en su seno su propia contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Los triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor; pero, al mismo tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material bruta. Este antagonismo entre la industria moderna y la ciencia, por un lado, y la miseria y la decadencia, por otro; este antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de nuestra época es un hecho palpable, abrumador  e incontrovertible. Unos partidos pueden lamentar este hecho; otros pueden querer deshacerse de los progresos modernos de la técnica con tal de verse libres de los conflictos actuales; otros más pueden imaginar que este notable progreso industrial debe complementarse con una regresión política igualmente notable. Por lo que a nosotros se refiere, no nos engañamos respecto a la naturaleza de ese espíritu maligno que se manifiesta constantemente en todas las contradicciones que acabamos de señalar. Sabemos que para hacer trabajar bien a las nuevas fuerzas de la sociedad se necesita únicamente que éstas pasen a manos de hombres nuevos, y que tales hombres nuevos son los obreros.

(Aclaración: este texto lleva como título original “Discurso pronunciado en la fiesta de aniversario del People's Paper”  pronunciado por Karl Marx el 14 de abril de 1856 y publicado en el People's Paper del 19 de abril de 1856. Se edita de acuerdo con la traducción en castellano del artículo del periódico. El texto si bien está dedicado a otros asuntos (y data de mas de 100 años), da cuenta en este párrafo de un viejo problema pero de gran actualidad (de actualidad permanente en un sistema en contante transformación). Este tema es la transformación del mundo del trabajo y la incidencia que en ello tienen los medios de producción. La contradicción y el problema que significa para todo el metabolismo social, el avance tecnológico. Solo el titulo nos pertenece, el cual cumple solo la función de dar una presentación actual a un texto que nunca dejo de ser actual)

Reforma laboral: breve análisis crítico

 

Nota sobre la reforma laboral argentina.

Nota escrita por el Profesor Javier Prezioso (@filocritica), filósofo argentino. Reflexiones y teorizaciones en torno a diversas cuestiones filosóficas, históricas, políticas, periodísticas, desde un punto de vista  teórico que pretende ser riguroso y crítico, desde el punto de vista del oprimido. Nota publicada el viernes 13 de febrero de 2026

Para entender qué está en juego, no alcanza con discutir empleo, derechos o eficiencia. Hay que abordar el problema desde su núcleo: la lógica del capital.

La reforma laboral suele presentarse como modernización, eficiencia y libertad de mercado. Pero si la leemos desde el corazón mismo del sistema, aparece otra lógica: la necesidad del capital de reorganizar las condiciones de explotación para aumentar la tasa y la masa de plusvalor. Aquí propongo mirar la reforma desde ese ángulo: cómo la flexibilización laboral amplía el ejército industrial de reserva, abarata el valor de la fuerza de trabajo, intensifica el trabajo cotidiano y debilita la capacidad colectiva de resistencia mediante restricciones al derecho a huelga y la contención sindical.

También se aborda el rol del Estado en este proceso, mostrando que la oposición entre Estado y mercado es una falsa dicotomía: el Estado interviene activamente para garantizar mejores condiciones de acumulación para el capital, incluso en regímenes neoliberales o que se presentan como "enemigos del Estado".

Una lectura crítica es necesaria para entender qué está realmente en juego cuando se modifican las leyes laborales.

Qué es lo único que le importa al capital

El capital no existe para dar trabajo ni para producir bienes útiles. Existe para valorizar el valor, es decir, para convertir dinero en más dinero. Y sólo puede hacerlo comprando una mercancía muy especial, la única capaz de producir y reproducir mucho más valor del que costó adquirirla: la fuerza de trabajo. Por eso, toda legislación laboral toca el corazón mismo del proceso de acumulación.

¿De dónde sale la ganancia?

Durante la jornada laboral, el trabajador produce más valor del que recibe en su salario. Esa diferencia es el plusvalor (Mehrwerth en alemán). La cuestión decisiva para el capital no es producir cosas, sino aumentar esa diferencia, aumentar esa porción de la jornada laboral en la que el trabajador produce valor gratis para el capitalista. Esa parte de la jornada laboral es la que representa la mayor cantidad de tiempo de trabajo, la parte de la jornada laboral en la que el trabajador reproduce el valor que costó adquirir su fuerza de trabajo (a saber: el valor de los medios de subsistencia y reproducción del trabajador, la canasta básica) es la parte minoritaria. Los capitalistas buscan a toda costa extender esa parte de la jornada que los beneficia. Toda reforma laboral debe leerse desde esta necesidad silenciosa.

Las dos vías para aumentar el plusvalor

Marx distingue:

a) Plusvalor absoluto: consiste en extender lo más que se pueda la jornada laboral, aumentando el tiempo de plustrabajo, base de la plusvalía.

b) Plusvalor relativo: consiste en intensificar la jornada de trabajo, hacer más en menos tiempo.

Todo esto logra abaratar la fuerza de trabajo. La reforma avanza sobre ambas dimensiones al mismo tiempo.

Qué cambia dentro del proceso de trabajo

La precariedad no sólo afecta el contrato. Afecta el ritmo y la intensidad del trabajo: más tareas, menos pausas, jornadas extendidas, mayor presión. Eso es plusvalor relativo.

Qué ocurre cuando despedir es fácil

Sin estabilidad, el trabajador pierde poder de negociación. Su salario deja de estar sostenido por derechos y pasa a depender del miedo a quedar afuera. Eso reduce el valor de la fuerza de trabajo.

El desempleo como herramienta de extorsión

Para el sentido común, el desempleo es un problema. Para el capital, es una condición funcional. El ejército industrial de reserva desocupados, precarizados, disponibles- presiona los salarios a la baja y disciplina a quienes trabajan. La flexibilización laboral produce ese ejército.

¿Por qué Marx habla de "esclavitud asalariada"?

El trabajador es jurídicamente libre, pero materialmente forzado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Cuanto menos derechos tiene, más evidente se vuelve esta dependencia. La libertad formal encubre una coerción económica estructural, social, permanente.

El papel del Estado

El discurso libertario presenta esto como una victoria del mercado sobre el Estado. Pero es el Estado quien modifica las leyes, elimina protecciones y garantiza nuevas condiciones de explotación.

El Estado no es neutral, por eso no existe "el Estado" en abstracto, sino el estado social e históricamente determinado. Y en las sociedades donde reina el modo de producción capitalista, el estado es burgués, capitalista, es su forma política y de clase.

Por eso en los regímenes neoliberales el estado no desaparece: la mano invisible del mercado necesita el brazo armado del estado. Y aquí entran en juego las burocracias sindicales.

El rol de las burocracias sindicales

Si la organización obrera se limita a negociar condiciones sin afectar el proceso productivo, puede terminar funcionando como mediadora que estabiliza la relación capital-trabajo.

La contención del conflicto también es una forma de disciplinamiento. Este es el rol de los sindicatos amarillos que pactan a escondidas de los trabajadores condiciones laborales miserables mientras reprimen y persiguen a quienes se organizan de forma independiente. Su rol es, sencillamente:

1. desactivar la iniciativa de base,
2. aislar a los sectores más combativos y
3. encauzar el descontento hacia negociaciones que preservan la normalidad empresarial y la acumulación.

Históricamente hay algunos ejemplos: Antecedentes históricos

Cuando se debilita la autonomía obrera y se suprime la huelga, se refuerza la capacidad del capital para imponer condiciones. En 1933, el nazismo disolvió los sindicatos y los reemplazó por el Frente Alemán del Trabajo (DAF), integrando trabajadores y empleadores en una estructura estatal sin derecho a huelga mientras perseguía y encarcelada a trabajadores comunistas y socialistas.

¿Qué revela realmente este tipo de reformas?

No buscan empleo ni eficiencia. Este tipo de reformas (cómo la de Bolsonaro en Brasil o la del actual gobierno de Grecia) buscan:

·         ampliar el ejército de desocupados,

·         abaratar la fuerza de trabajo,

·         intensificar el trabajo,

·         aumentar la tasa y masa de plusvalor,

·         acelerar la acumulación.

Eso es lo que está en juego.

Bibliografía sugerida:

·         Karl Marx, El Capital, Libro I (especialmente las secciones sobre el plusvalor absoluto y relativo, y el capítulo sobre el ejército industrial de reserva).

·         Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

·         Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicatos.

·         Vladimir I. Lenin, El Estado y la revolución.

·         Nicos Poulantzas, Poder político y clases sociales.

·         Robert Kurz, textos sobre crítica del valor y crisis del trabajo.

«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación»

 

El dos de la cartera de Trabajo (Profesor Hugo Barretto) hizo un balance de lo que dejaron las extensas –e intensas– rondas de negociaciones colectivas y habló sobre los proyectos que tiene por delante el ministerio: el de exigir comunicación anticipada y, a su vez, la fundamentación en casos de despidos colectivos o cierres, de la nueva ley de empleo, la propuesta para reducir la siniestralidad y la de reducción del tiempo de trabajo.

—¿Qué balance hace el ministerio de la última ronda de los consejos de salarios en términos de recuperación salarial real y sostenibilidad empresarial?

—Muy positiva. Fue una ronda extendida. Se retrasó un poco el inicio efectivo de la negociación porque las primeras instancias, como sucede en la entrada de una nueva administración, tienen que ver con el planteo de los lineamientos del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito [CST]. Eso da lugar a intercambios de puntos de vista entre las partes. De un lado, los trabajadores consideraron que las innovaciones que incluían los lineamientos no aseguraban el crecimiento salarial. Los empleadores, a su vez, también criticaron, por ejemplo, la falta de consideración acerca de la heterogeneidad de las empresas y los sectores. En fin, eso demoró un poco el inicio efectivo de la negociación.

En su conjunto creemos que el resultado es auspicioso porque cerca del 85 por ciento de los grupos alcanzaron consenso en esta oportunidad con base en un gran trabajo de la Dirección Nacional de Empleo y los negociadores.

—¿Y qué está pasando con ese 15 por ciento restante?

—La falta de consenso en esos consejos motivó que debiera resolverse por votación, pese a que la forma de resolución óptima es el acuerdo o consenso. Sin embargo, la ley de 1943 permite que, si no se alcanza acuerdo, se decida por mayoría mediante votación. Esas mayorías a veces resultan de la votación conjunta de trabajadores y empleadores. A veces el Poder Ejecutivo vota junto con los empleadores, a veces con los trabajadores. Hay distintos juegos en la formación de esas mayorías.

—Habida cuenta de que el crecimiento económico ha sido inferior al esperado, ¿el gobierno está en condiciones de impulsar la generación de fuentes de empleo y que estos sean con mejores salarios?

—La situación económica responde a una cierta coyuntura, mientras que los planes del gobierno pensamos implementarlos en todo el período. No debemos atarnos a la coyuntura, sino tener una visión un poco más a mediano plazo para tomar en consideración la implementación de la política de empleo. En este sentido, lo que puede decirse es que la Dirección Nacional de Empleo está en los últimos tramos de la elaboración de una nueva ley de empleo con diversos dispositivos para promover la generación de empleo, fundamentalmente para aquellos sectores que tienen mayores dificultades de inserción laboral. Naturalmente, cuando hablamos de empleo, no hablamos de empleo de cualquier tipo, hablamos de lo que desde la OIT [Organización Internacional del Trabajo] se denomina trabajo decente.

—Han presentado el «Compromiso nacional por la vida y la seguridad en el trabajo», que plantea reducir la siniestralidad. ¿Cuáles son las metas en esta área?

—La accidentabilidad es un problema muy grave que requiere un conjunto de acciones y sinergia entre los actores. En este campo lo que ha hecho la Inspección General del Trabajo [IGT] es promover un amplio campo de consultas, de instancias de capacitación y de diálogo social a nivel de todo el territorio para producir un cambio cultural en torno a la importancia del cuidado y de la prevención frente a los accidentes de trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta el número alto de accidentes fatales.

No desconocemos que también hay una instancia que debe inevitablemente llevarse adelante y es la relativa a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas de seguridad. Desde ese punto de vista el ministerio se encuentra elaborando un protocolo de actuación y análisis, en particular para darles especial tratamiento a aquellos casos más graves y determinar con rapidez las eventuales responsabilidades emergentes en estas situaciones.

—El presupuesto reforzó un poco el cuerpo inspectivo del ministerio. ¿Se espera seguir reforzándolo en la rendición de cuentas de este año?

—El presupuesto fue un primer paso. Uno de los aspectos señalados con mayor fuerza de parte del ministerio ha sido la disminución del número de inspectores en los últimos años. La IGT se encuentra trabajando en la superación de este déficit con que nos encontramos desde que asumió el gobierno.

—Sin embargo, hubo un artículo que no se aprobó en el presupuesto, que es el de que la IGT accediera a las pericias de la Policía Técnica sobre los accidentes laborales. ¿Se presentará un proyecto de ley para que esa información llegue a la inspección?

—Sí, se va a insistir con la necesaria interacción que debe gestarse entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y el Ministerio del Interior, y yo te agregaría un elemento muy importante: la Fiscalía, tema sobre el cual se está trabajando.

—El gobierno tiene previsto exigir comunicación anticipada y, a su vez, la fundamentación en casos de despidos colectivos o cierres. ¿En qué etapa está esa iniciativa?

—Ese es un proyecto producto de los casos que hemos visto en el transitar de este casi primer año de gobierno. Recordemos que en febrero de 2025, antes de asumir, se produjo el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de Yazaki por la deslocalización definitiva de la empresa. Hubo otros casos de despidos colectivos, también de manera intempestiva, sin preaviso para que las personas acomoden un poco su vida a partir de la pérdida, nada más y nada menos, que del empleo y sin dar tiempo tampoco a que el MTSS pueda arbitrar y proponer medidas alternativas a la pérdida masiva del empleo.

En ese marco, el ministro Juan Castillo ha propuesto la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de algunos dispositivos, que están vigentes en muchos países, que hacen a dos elementos fundamentales. Uno, la exigencia de que las empresas deban tener la obligación de dar preaviso a la organización sindical y al MTSS en caso de despidos colectivos, de tal forma de habilitar allí un lapso de tiempo en el cual el ministerio pueda ofrecer alternativas y soluciones a los casos de despido masivo.

El otro elemento a incorporar en la regulación de la terminación de la relación de trabajo es la expresión de las causas, lo que se llama las justas causas del despido. Es decir, que las empresas tengan también la obligación de dar motivo del despido. Transparentar el motivo del despido contribuye a prevenir prácticas, que entiendo que no son generalizadas, pero que pueden existir, por ejemplo, de discriminación a la hora de desvincular personas trabajadoras.

Lo que se pretende por este proyecto es generalizar una práctica que ya existe. O sea, no es que la obligación de dar un preaviso o la obligación de dar motivo para el despido sean novedades absolutas en nuestras relaciones laborales. En general, muchas empresas preavisan cuando tienen dificultades para mantener el nivel de empleo.

—¿Te sorprenden las resistencias que ya generó el proyecto antes de ser presentado?

—No me sorprenden porque todo movimiento, toda innovación, genera resistencias. Estimo que tampoco es una resistencia generalizada, porque, aunque venga del lado empresarial, hay empresas que ya cumplen con las prácticas que el proyecto aspira generalizar. Las relaciones laborales son de por sí conflictivas. Muchos ven que cualquier innovación en materia laboral recorta libertades, cosa que yo no comparto.

—¿Cómo compatibiliza el MTSS esa propuesta con la libertad de empresa y el clima de inversión?

—Ninguno de los dos elementos se ven afectados. En primer lugar, porque la obligación, por ejemplo, de dar justas causas para el despido no está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí en muchísimos países. Los códigos de trabajo y hasta las constituciones, sin ir más lejos, de Brasil y de Argentina, establecen condiciones que tienen que ver con la protección contra el despido arbitrario o injustificado. Por lo tanto, esos dispositivos ya existen en algunos países de la región, y ni qué hablar en la Unión Europea.

No creo que eso afecte el clima de inversiones, es más, yo creo que puede favorecerlo en la medida que las empresas que pretendan invertir en el Uruguay sean empresas que cumplan con estándares tan razonables como puede ser dar causa de un despido o avisar previamente al gobierno que la acoge y le da facilidades. Tendría un efecto selectivo.

—La inteligencia artificial [IA] está causando bastantes sacudones en el mundo del trabajo y se espera que haya más. ¿El ministerio está pensando presentar algún proyecto para evitar las consecuencias dañinas que puede traer?

—Sí. Estimo que todavía es difícil evaluar con precisión el posible impacto de la IA. Hay pronósticos apocalípticos. Pero muchas veces la pérdida de puestos de trabajo en, por ejemplo, empresas que trabajan con IA, no tienen que ver tanto con el impacto de esta, sino con la deslocalización de la empresa. O sea, la pérdida del empleo se debe a la volatilidad del empleo en el sector, pero no por el reemplazo de trabajadores por máquinas.

También es cierto que la IA, más que afectar puestos de trabajo, afecta ciertas tareas de la categoría. Quiere decir que la IA no implica necesariamente la desaparición de un puesto de trabajo, aunque sí de algunas tareas de ese puesto de trabajo y la necesidad de la recalificación del trabajador en torno a las nuevas competencias y saberes que requeriría el empleo de la IA. Allí radica justamente una de las pistas sobre cuáles deberían ser las políticas a implementar en clave de formación y capacitación.

La IA, así como suprime algunas tareas, crea otras. Es decir, hay un elemento que algunos economistas llaman de destrucción creativa en el capitalismo, que tiene que ver con esto también, ¿verdad? Porque también algunos estudios señalan que, si bien coyunturalmente es un desafío, en el mediano o en el largo plazo, el impacto en el empleo de la aplicación de una nueva tecnología sería recomponer los niveles de empleo bajo otras bases. Pero hay que dar protección social y laboral a las personas que verán comprometido su ingreso en lo inmediato.

—¿Ya se prepara un proyecto para reducir la jornada laboral?

—La reducción del tiempo de trabajo, más que de la jornada laboral, es uno de los componentes esenciales del propio programa de gobierno que se ofreció a la población al momento de la campaña electoral. Nosotros estamos pensando, así lo ha planteado el ministro en el CST, que la política en materia de reducción del tiempo de trabajo se someta a un amplio campo de diálogo social y de consulta con los actores sociales. O sea que la metodología del MTSS, en este caso, no es presentar desde ya un proyecto de ley que rebaje sustantivamente el tiempo de trabajo, sino que cualquier proyecto de ley sea precedido de un amplio diálogo social.

—Se está discutiendo la reforma laboral en Argentina, donde restringe derechos a los trabajadores. ¿Eso puede perjudicar a Uruguay? ¿Puede haber empresas que se puedan trasladar allí, teniendo en cuenta esos cambios?

—Estimo que no, porque, en realidad, el modelo laboral argentino y el uruguayo presentan disimilitudes desde el punto de vista histórico. Veremos qué pasa con esa reforma, pero no tenemos registro, al menos en el MTSS, de que haya una especie de corrida de instalarse en Argentina. Entiendo que el modelo de relaciones laborales en el Uruguay es un modelo virtuoso, que es muy valorado en lo internacional, con actores sociales muy representativos del lado de las empresas y del lado de los sindicatos, y unos mecanismos de negociación y composición de conflictos que reposa en unas tradiciones muy asentadas.

—Usted ha planteado que el gobierno debería modificar el decreto que reglamentó el artículo de la Ley de Urgente Consideración [LUC] que determina que «el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». ¿Se podrá avanzar en eso a pesar de la presión en contra de la Comisión de Expertos de la OIT?

—Hay que tener en cuenta que es un artículo mediante el cual el gobierno anterior trató de dar una respuesta a una observación hecha por la OIT en el sentido de que las ocupaciones de los lugares de trabajo, para ser legítimas, deben permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares de la empresa al establecimiento.

Eso es más o menos lo que dice el artículo 392 de la LUC, con un problema muy evidente en su redacción, que fue objeto de crítica en su momento, cuando se promovió que esa norma quedara sin efecto: la ley, en lugar de hablar precisamente de la ocupación, habla de la huelga, un término mucho más general que la ocupación, que es simplemente una modalidad del ejercicio de la huelga.

Con todo, el problema que nosotros señalábamos en su momento respecto de esta norma se agravó cuando el gobierno anterior dictó, además, el decreto 281 de 2020. ¿Por qué? Porque ese decreto permite al MTSS y al Ministerio del Interior promover la desocupación del lugar de trabajo, sin tener en cuenta si los trabajadores estaban o no permitiendo el acceso de los no huelguistas, lo que supone una limitación del ejercicio de la huelga aun cuando se estuviera cumpliendo con el artículo de la LUC.

—En el pasado gobierno iban las fuerzas policiales, prácticamente, a desocupar. ¿Hubo cambios en ese marco?

—Exactamente. Lo que ha hecho la Dirección Nacional de Trabajo [DNT], en lugar de determinar inmediatamente la desocupación a través de la fuerza policial, es tentar la negociación para que la desocupación se produzca de manera voluntaria por parte de los trabajadores y desarrollar a partir de eso instancias de superación del conflicto a través del diálogo. Y tengo que decir que la DNT ha sido absolutamente exitosa desde el punto de vista de la aplicación de mecanismos de conciliación y mediación para alcanzar el objetivo de la composición del litigio antes de recurrir a la fuerza pública de acuerdo a lo que establece el decreto.

—Desde su perspectiva académica, ¿qué distingue la política laboral actual de la aplicada en gobiernos anteriores?

—Creo que en los gobiernos del Frente Amplio hay que distinguir dos momentos. Por un lado, entre 2005 a 2010, se pone en práctica una reforma laboral que retoma el impulso reformista de principios del siglo XX, actualizándolo ante los nuevos problemas y dándoles respuestas pertinentes. Allí hubo un intento exitoso, desde mi punto de vista, de reformismo laboral atento a los cambios que habían ocurrido en el mundo del trabajo y en contraposición del modelo neoliberal de los años noventa.

El segundo momento es la agenda de derechos. Hubo una serie de normas jurídicas, de transformaciones en materia de no discriminación, de reconocimiento de la diversidad y demás que fueron políticas más globales que impactaron, además, en lo laboral. En ese segundo momento también tengo que mencionar la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que es absolutamente clave.

En cuanto a la anterior administración del Partido Nacional y sus socios, tuvo una impronta distinta. No podemos hablar en ese caso de reformismo, sino que distinguiría dos elementos. Por un lado, valoro mucho que el gobierno anterior hubiera mantenido el funcionamiento de la negociación colectiva tripartita, a diferencia de lo que había pasado en el período neoliberal de los años noventa, cuando se habían dejado de convocar los consejos de salarios.

Se marcó así una diferencia muy nítida entre el gobierno del Partido Nacional y sus socios en el período anterior y el de los años noventa, que fue desconocedor de la negociación colectiva en general y en particular de la tripartita, con resultados muy perjudiciales para las personas que trabajan.

Sin embargo, a pesar del mantenimiento de la negociación colectiva mediante convocatorias de los consejos de salarios, la administración pasada tuvo un costado flexibilizador en las normas sobre teletrabajo y sobre trabajo en plataformas.

—¿Hubo un retroceso?

—Considero que sí. Las dos normas, la ley de teletrabajo y la ley de trabajo en plataformas, tienen un sesgo flexibilizador muy pronunciado.

—¿El gobierno busca revertir eso?

—Lo que hemos tratado de hacer en el caso del trabajo en plataformas digitales, a través del dictado del decreto reglamentario de la ley, es contextualizar dicha norma con lo que es la legislación general del Uruguay y tomando insumos del derecho internacional del trabajo, que nuestro país está comprometido a cumplir.

—¿Cuál considera que va a ser la reforma más importante en este período de gobierno?

—Creo que la apuesta tiene que ver con mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Fundamentalmente en lo que hace a la prevención y también a la sanción de aquellas conductas que no contribuyen o que directamente incumplen aspectos de la salud y la seguridad que llevan a consecuencias tan dramáticas como es la muerte de personas en ocasión del trabajo. Ese es un punto.

El otro punto es la reducción del tiempo de trabajo. Este es un proyecto que va a ocupar mucho este año. El tercer elemento es continuar contribuyendo a la mejora de las relaciones laborales en general y particularmente de la calidad de la negociación colectiva. Y debería sumar un cuarto: la presentación y el impacto que pueda tener la nueva ley de empleo.

Publicada en : Brecha número 2100. Autor : Enzo Adinolfi.  Titulo Original: “«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación», 20 febrero, 2026

Sobre el impuesto al 1% mas rico. Una oportunidad para enfrentar la pobreza infantil

 

El impuesto al 1% más rico propuesto por el PIT-CNT no sólo es técnicamente defendible, es también una “oportunidad política” para el gobierno, dijo a la diaria el diputado frenteamplista Bruno Giometti.

El legislador por el Partido Comunista consideró que el Ejecutivo que dirige el presidente Yamandú Orsi tiene una gran “oportunidad” para empezar a mostrar señales claras hacia uno de los compromisos electorales centrales del Frente Amplio (FA): reducir de forma sustantiva la desigualdad y la pobreza infantil.

“También se abre una ventana para analizar este tipo de propuestas en un diálogo más general”, afirmó Giometti, y destacó que el propio presidente “respondió con sensatez” al señalar que el tema debe discutirse “sin ponerse el balde”, lo que representa una apertura “esencial para que el FA empiece a enviar “señales de izquierda”.

“A un gobierno de derecha se lo mide por cómo evolucionó determinado indicador vinculado a las inversiones y al riesgo país. A uno de izquierda se lo juzga por cómo evolucionó la desigualdad y la pobreza”, afirmó el también economista y exintegrante del Instituto Cuesta Duarte.

Tras un presupuesto construido bajo condiciones fiscales “muy restrictivas”, que dejó recursos “insuficientes” para atender la pobreza infantil, este impuesto puede constituir el próximo “escalón” en la agenda de “justicia tributaria”, remarcó Giometti.

El lunes, el PIT-CNT presentó, en el Paraninfo de la Universidad de la República, su propuesta para gravar al 1% más rico con la mira puesta en financiar con esa recaudación políticas de combate a la pobreza infantil.

La iniciativa, que fue creada a partir de una comisión de expertos conformada por Juan Geymonat, Mauricio de Rosa, Gabriel Oyhantçabal, Andrea Vigorito y Joan Vilá; Alejandra Picco, Carlos Grau, Gustavo Viñales, Marcelo Bérgolo, Luis Bértola, Fernando Lorenzo, Agustín Reyes y Gonzalo Salas, se convirtió rápidamente en uno de los temas más importantes de la agenda mediática de la semana.

No obstante, la propuesta volvió a exponer diferencias dentro del FA: mientras los partidos Comunista y Socialista expresaron su respaldo, desde el Ministerio de Economía surgieron reparos y señales de cautela.

Uno de los que hablaron de la propuesta fue el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, quien sostuvo que el Poder Ejecutivo ha sido claro en que se “optó por recorrer otro camino” en materia impositiva, y agregó que “el país no puede seguir discutiendo todo el tiempo sobre impuestos”, por lo que “la discusión termina con la aprobación del presupuesto”.

En cambio, el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se mostró dispuesto a habilitar la discusión –en una entrevista con El País de Madrid–, aunque aclaró que el planteo del PIT-CNT “no forma parte de las prioridades ni de las ideas que el gobierno quiere impulsar en este momento”.

El propio presidente Orsi admitió que “hay que seguir analizando estos temas” porque el gobierno no se cierra a los planteos de los trabajadores organizados en su PIT-CNT ni tampoco a escuchar a las gremiales empresariales. “Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto, nuestra propuesta es clara”, añadió.

La propuesta del PIT-CNT fue anunciada por primera vez en el discurso de los trabajadores durante el acto del 1º de Mayo. Semanas después, consultado al respecto, Orsi declaró en aquel entonces a la prensa que el gobierno no crearía impuestos; posteriormente, señaló que el tema no estaba en la agenda. Por su parte, Oddone afirmó que “sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo”.

Mensaje interno

Lejos de bajar los brazos, Giometti recordó a la diaria que una de las principales promesas de campaña del FA fue combatir la pobreza infantil, y estimó que el gobierno necesita empezar a mostrar “objetivos ambiciosos” y “medidas contundentes” en esa dirección.

“La propuesta del PIT-CNT llega en un buen momento. Estamos terminando de votar el presupuesto a nivel de Senadores”, dijo. “Pasado eso, el gobierno y el FA van a tener que proponerse, a partir del año que viene, generar las condiciones para obtener logros más sustantivos en este quinquenio y pensar en llegar a 2029 con niveles de pobreza y desigualdad sustantivamente más disminuidos”, resaltó Giometti.

El legislador consideró que “se abre una ventana de oportunidad para que el gobierno esté más abierto a empezar a analizar este tipo de propuestas en un diálogo más general”. “Hay una necesidad política de analizar esta propuesta teniendo en cuenta que una de las principales promesas de campaña del FA fue el combate a la pobreza infantil. Es clave que la izquierda empiece a dar señales en ese sentido”, añadió.

Recordó que el Plenario Nacional del FA del 2 de agosto encomendó a la Comisión Nacional de Programa abrir un debate tributario, dentro del cual la propuesta del PIT-CNT ya está siendo analizada. Remarcó que nada de lo que plantea la central sindical “es contradictorio” con lo discutido en el Parlamento ni con las bases programáticas del FA.

Además, el diputado comunista afirmó que no hay razones para pensar que la coalición opositora asumirá automáticamente una postura de rechazo, y dijo que el debate deberá darse “en la sociedad y entre los partidos con representación parlamentaria”.

Sobretasa

El planteo de la central sindical consiste en implementar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, con lo que el PIT-CNT estima que podría recaudar entre 700 y 800 millones de dólares. El tributo apunta a unas 25.000 personas con patrimonios mayores a un millón de dólares.

Giometti consideró que es una propuesta que pretende atender un “problema estratégico y sustantivo” de la sociedad: el alto nivel de infantilización de la pobreza. Mientras el 17% de los uruguayos son pobres, a nivel de niños y adolescentes, el indicador se encuentra por encima del 30%, señaló el economista.

“Uno de cada tres niños en Uruguay vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, lo que constituye un problema de desigualdad”, afirmó.

El legislador sostuvo que existe una situación de pobreza concentrada en las infancias que hay que atender no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una mirada de “desarrollo nacional”. “Un país no puede plantearse un desarrollo económico y social de mediano y largo plazo con uno de cada tres niños en situación de pobreza, porque genera dificultades de aprendizaje, problemas de violencia y produce fragmentación social que compromete incluso las posibilidades de desarrollo futuro”, sentenció.

En este marco, la propuesta del PIT-CNT busca que los sectores que cuentan con una mayor acumulación de riqueza puedan brindar un aporte para enfrentar la problemática de la pobreza infantil, indicó.

El documento de la iniciativa señala que la riqueza y los ingresos muestran una “fuerte concentración”: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del total, equivalente al ingreso del 50% más pobre, y posee entre el 37% y el 39% del patrimonio del país.

Respaldo técnico

Giometti dijo que la iniciativa cuenta con un “respaldo técnico muy importante”. Incluso remarcó que “es una de las propuestas de política pública que tienen mayor espalda académica en la historia del país”. “La comisión consultiva que impulsó el PIT-CNT estuvo integrada por varios profesores grado 5 y personas que tienen doctorados en economía, que es el máximo rango académico. O sea, participaron en esta idea las personas que más saben de este tema desde el punto de vista académico en el país”.

En la misma sintonía, Andrés Blanco, profesor grado 5 de Derecho Financiero y Teoría y Política de las Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo el jueves a la diaria que la iniciativa del PIT-CNT no espanta la riqueza ni frena la inversión.

“Hay ciertas políticas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en Uruguay con diferentes gobiernos que sí tienen efectos concretos, materiales, adversos para la producción. Concretamente, la política del atraso cambiario, que es fruto de una medida deliberada del Banco Central”, afirmó Blanco, que formó parte de la comisión consultiva que elaboró la propuesta de la central sindical.

El experto sostuvo que el atraso cambiario genera una “contracción de las utilidades de las empresas”, y puso como ejemplo a las que venden en dólares, cuyos costos en pesos son cada vez más caros en comparación con el dólar.

Argumentó, además, que el impuesto al 1% más rico implica un “estímulo para la producción”, ya que sólo se impone en el caso de los activos ociosos, es decir, aquellos recursos que una persona no utiliza de manera productiva.

Para Blanco, la estructura del impuesto es “bastante semejante” al tributo al patrimonio a las personas físicas que actualmente existe de forma “prácticamente testimonial”, ya que, en la reforma tributaria de 2007, se dejó este tributo en un “estado letárgico”, lo que implicó un “error importante”, porque no se tuvo en cuenta el “fenómeno de la acumulación” de capital, que en los últimos 50 años ha crecido de manera “desmedida”, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

Monto no imponible

Blanco expresó que se definió un monto no imponible de un millón de dólares para evitar que la propuesta resultara “drástica” y para no gravar a “una gran cantidad de personas de ingreso medio que han logrado acumular patrimonio, principalmente en inmuebles”.

El experto reconoció que uno de los desafíos de este tributo es la fiscalización, ya que existe riesgo de “evasión”; sin embargo, consideró que la situación del país ha cambiado en los últimos años gracias a la firma de varios tratados de intercambio de información tributaria, lo que genera un escenario “mucho más favorable que hace unas décadas atrás”.

Por otro lado, Giometti indicó que varios dirigentes del Partido Comunista se han manifestado a favor de la discusión parlamentaria ya que consideran que es clave que la sociedad uruguaya analice cómo se pueden obtener recursos para financiar políticas contra la pobreza infantil y evitar que este tipo de debates se vuelva un “tabú”. Afirmó que desde el Partido Comunista se comparte la propuesta en términos conceptuales en cuanto a “su diseño, espíritu y contenido general”.

Consideró que la postura del PIT-CNT no es contradictora con la que se propuso desde el gobierno en el marco de la discusión del presupuesto nacional, en la que se presentaron medidas tributarias para generar equidad y exigir que las empresas transnacionales que hoy pagan en el exterior empiecen a hacerlo en el país.

“Creo que nadie en el gobierno se ha cerrado a que no se va a discutir nada vinculado con tributos de aquí en adelante”, afirmó.

Buena señal

Con respecto a las declaraciones del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien se mostró a favor del impuesto, Giometti consideró que es una “buena señal que actores que quizá inicialmente pudieron tener más reparos ahora destaquen las virtudes que le ven a la propuesta”.

 

El 25 de noviembre, Bergara dijo a la diaria Radio que el impuesto al 1% más rico es una “propuesta razonable”.

“Creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto, y en el marco de la estructura tributaria actual, así como durante los gobiernos del FA, se plantearon aumentos de tasas, por ejemplo, en el impuesto a la renta de las personas físicas”, dijo Bergara, y agregó que “plantearse un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio es un formato razonable y una propuesta que seguramente el gobierno va a analizar”, agregó.

Recursos insuficientes

Aun cuando Giometti valoró que, en un contexto de “fuerte déficit fiscal”, el presupuesto logró incorporar medidas tributarias que no recaen sobre los trabajadores y generó un “remanente de recursos” para los sectores más vulnerables, sostuvo que esos fondos siguen siendo “insuficientes” para enfrentar la pobreza infantil y adolescente.

“Hay que pensar en otras medidas que permitan generar recursos para atender esta problemática de manera más contundente. Hay que verlo de forma escalonada, y una iniciativa de este estilo sería una nueva etapa en materia de justicia tributaria. La discusión principal es en la sociedad, con la gente, pero también va a haber un debate entre los partidos políticos”, añadió.

Por su parte, Blanco consideró que la sobretasa representa un incremento del 3% de la recaudación impositiva total, lo cual es un “monto pequeño” y no implica una reforma “muy grande”, ya que el “grueso del sistema seguiría siendo regresivo”, añadió.

“Lo recaudado daría para empezar a fortalecer políticas de reducción de la pobreza infantil, pero no pretende ser una solución definitiva”, remarcó.

Consultado por qué es importante que Uruguay comience a debatir este tipo de propuestas, Blanco sostuvo que la sociedad uruguaya debe empezar a pensar sobre la estructura tributaria del país, la cual es “regresiva” y se “descarga fundamentalmente sobre los trabajadores”.

Extraído de La Diaria. Titulo original: El impuesto al 1% abre una “oportunidad política” para que el gobierno envíe una “señal de izquierda”, asegura el diputado Giometti. Publicado el 29 de noviembre. Escribe Lucía Barrios en Sociedad