El “camino democrático” a la dictadura (y la autocrítica de los liberales que está faltando)

 

Autoritarismo y dictadura

Uruguay transitó entre 1968 y 1973 la “vía democrática” al autoritarismo y la dictadura. Y distinguimos autoritarismo de dictadura. El primero es resultado de una forma de ejercicio no-democrática del poder estatal que puede practicarse en el marco de la conservación formal de la ley y dentro de un régimen democrático republicano, a través de una praxis legal-autoritaria de gobierno donde la legalidad se subordina al “estado de necesidad” y al “caso concreto” determinado por el propio Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que responde a ese gobierno, como sucedió en nuestro país entre 1968 y 1973. La segunda, la dictadura y la técnica del golpe de Estado, representan un quiebre del régimen democrático-republicano,¹ una nueva forma de organización del Estado que actúa como legislador absoluto, y un tipo de relacionamiento con la sociedad basado en la represión y el terror, como aconteció entre 1973 y 1985. El “pachequismo” representó la vía o camino uruguayo al autoritarismo y la “bordaberrización” del país representó el camino a la dictadura. Ambas etapas establecieron una relación de continuidad, evitable, pero que se tornó irreversible el 27 de junio de 1973. Ese proceso de cinco años es lo que llamamos “transición de la democracia a la dictadura” en el Uruguay.

Dictadura y democracia

La dictadura cívico-militar fue un régimen “internamente” impuesto, es decir, surgido desde dentro y como parte de la crisis de la democracia uruguaya y del Estado de derecho, que a través de la adopción de medidas extraordinarias, votadas por las mayorías parlamentarias para superar la crisis, lograron el efecto contrario: colocar en forma gradual, y sin retorno, las bases institucionales, legales, militares y discursivas del gobierno autoritario y el Estado policial, camino al golpe y la dictadura en el país.

En junio de 1973, no hubo un golpe tras una invasión del territorio nacional por una potencia extranjera que impusiera un gobierno títere como en países de Centroamérica; tampoco hubo un asalto de las masas al Palacio Estévez vanguardizado por comisarios políticos que impusieran un régimen soviético; ni se verificó un putsch armado ejecutado por comandos tupamaros para derrocar a las autoridades legítimas; ni el tan mentado modelo “peruanista” constató la división de las Fuerzas Armadas y el encuentro entre militares progresistas y el pueblo. La heroica huelga general de 15 días de la CNT para resistir el golpe no se transformó en una “huelga insurreccional”.

Uruguay y el “nuevo autoritarismo” en la región

Si hacemos un análisis comparado del contexto en que se produjo nuestro golpe de Estado, en un período corto, entre 1964 y 1976, constatamos la caída de las democracias y la sucesión de dictaduras “de nuevo tipo” (Guillermo O´Donnell) en el Cono Sur del continente: Brasil, Argentina –por dos veces–, Chile, Bolivia. En la mayoría de esos casos, las Fuerzas Armadas condujeron acciones contrarrevolucionarias que derrocaron a los presidentes constitucionales de turno (Joao Goulart, Arturo Illia e Isabel Martínez, Salvador Allende, Juan José Torres) e impusieron por la fuerza una Junta o Triunvirato Militar que luego se personalizó en la figura del dictador (Humberto de Alencar Castelo Branco, Juan Carlos Onganía y Rafael Videla, Hugo Banzer) o del tirano (Augusto Pinochet). Muy por el contrario, el golpe de Estado en el Uruguay es un autogolpe, lo ejecuta el mismo presidente constitucional electo democráticamente por la ciudadanía en las elecciones de 1971 por el Partido Colorado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con quienes comparte el poder. Y ese es un rasgo específico recurrente en la historia del siglo XX uruguayo: los quiebres democráticos y golpes de Estado los ejecutan, además de civiles dirigentes de los partidos tradicionales, los presidentes constitucionales en el ejercicio del cargo (Gabriel Terra, Alfredo Baldomir, Bordaberry), quienes, desde la legitimidad de su máxima investidura, quiebran la legalidad y en ese mismo acto, de presidentes de iure se convierten en dictadores de facto.

La dictadura-institución

Esto nos lleva a considerar otro rasgo propio de la historia moderna y reciente de los golpes en el Uruguay, y es que sus ejecutores escapan a la figura del “Tirano Banderas” o “Yo, el Supremo”; dicho de otra manera, no tenemos en nuestro caso la figura del tirano “por usurpación” o la dictadura-persona, tampoco hay actos de instauración de un dictador sino conservación y continuidad del poder gubernamental bajo otra forma (democrática en dictatorial). Tanto fue así que, en 1973, no hubo reconocimientos internacionales al gobierno de facto instalado el 27 de junio porque su titular era la misma persona. Por lo tanto, en el Uruguay del siglo XX los golpes de Estado y las dictaduras son institucionales, y la decisión de su ejecución y sostén en el tiempo siempre se basaron en alianzas políticas que transversalizan sectores y dirigentes de los partidos históricos.

De allí que los estudios sobre el autoritarismo en el Uruguay insisten en definir la naturaleza del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 como civil-militar (no exclusivamente militar) y, por eso mismo, el carácter del régimen como mixto o híbrido, donde el funcionamiento estatal se asienta en la corresponsabilidad de la conducción y en la división del trabajo; los militares aseguran la vigilancia de la población y la represión que asegura el orden interno, incorporándose también a tareas de gobierno (ministerios, intendencias, directorios de entes), y los políticos y civiles del régimen aseguran la continuidad del funcionamiento del gobierno político, burocrático-administrativo y diplomático del Estado-dictadura. Esa alianza se institucionalizó en democracia con el Acuerdo de Boiso Lanza y la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en febrero de 1973. Los sucesivos presidentes-dictadores, después de la destitución de Bordaberry, fueron también civiles y connotados dirigentes de los partidos tradicionales en su momento: Alberto Demicheli (1976) y Aparicio Méndez (1976-1981). Recién desde 1981 (a 1985) podría decirse que la dictadura se transformó en militar, pretoriana o corporativa bajo el gobierno del teniente general Gregorio Álvarez.

Un golpe en etapas: febrero a junio

Otra característica distintiva del autoritarismo y la dictadura en el Uruguay fue que el golpe se ejecutó en etapas, no en una única acción rupturista como fue, por ejemplo, el ataque al Palacio de la Moneda en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende. Dicho de otra manera, en nuestro país no hubo “asalto al poder” que derrocara al presidente sino un proceso político y militar de acumulación gradual de fuerzas golpistas frente a las fuerzas democráticas y constitucionalistas, aunque la disolución de las cámaras representa el acto institucional y momento histórico del quiebre de la democracia.

Los sucesos desencadenados en la madrugada del 27 de junio personalizan al dictador. Por más institucional, colegiada o mixta que sea la naturaleza de una dictadura, no puede haber dictadura sin dictador. Gabriel Naudé formuló en 1639, en su libro Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, una pregunta clásica: “¿Quién ejecuta el golpe de Estado?”: el presidente Juan María Bordaberry. Pero en el caso uruguayo –como sucede igualmente con nuestra fecha de independencia o el número exacto de los “33” Orientales–, la respuesta fue sistemáticamente adulterada por el discurso político tradicional de la impunidad. En sus explicaciones “desplazan” argumentalmente el 27 de junio al 9 de febrero de 1973 (comunicados 4 y 7), y, últimamente, las posturas negacionistas ubican la fecha en 1963 (Asalto al Tiro Suizo). Esos corrimientos interpretativos buscan descentrar la discusión y sustituir a los responsables institucionales del golpe y sus cómplices por la editorial del diario El Popular de los comunistas, o por quienes en la izquierda sostenían posiciones “peruanistas” o quienes antes desafiaron por las armas el monopolio de la violencia estatal, pero cuyas fuerzas estaban desarticuladas por la represión al momento del golpe.

¿Y el Parlamento?

El Parlamento fue la primera víctima de la dictadura, disuelto en el primer decreto del régimen. Pero el camino a la dictadura en el Uruguay constata, entre 1968 y 1973, la parlamentarización de la violencia estatal, formalmente legitimada por la mayoría de los representantes que votaron su legalización –con la oposición de los legisladores frenteamplistas en bloque– y que así contribuyeron, voluntaria o involuntariamente, a institucionalizar el avance de los poderes de facto, antes del golpe. Dichos parlamentarios encarnaban la razón de Estado y los principios del “orden y la soberanía interna” del Estado –salvo honrosas excepciones en los partidos históricos que guardará nuestra memoria democrática por siempre, así como la histórica sesión de la Asamblea General realizada en la madrugada del 27 de junio–.

Dictadura y terrorismo de Estado

Muchas de las prerrogativas legales, constitucionales, por decreto, de dudosa constitucionalidad o extraordinarias como las medidas de excepción aplicadas en forma permanente, llevaron al “abuso de poder” gubernamental en democracia. Pero tampoco fueron suficientes para la “razón de Estado”. Reflotando los viejos principios de los arcana imperii, una zona oscura se empezó a constituir dentro del Estado de Derecho, primero, a través de la paraestatalidad clandestina del Escuadrón de la Muerte integrada por civiles y militares, y por las mismas logias militares como los Tenientes de Artigas fundada por el general Mario Aguerrondo. Recordemos que el primer secuestrado-desaparecido por el Escuadrón de la Muerte en el Uruguay acontece en democracia, en agosto de 1971 (Héctor Castagnetto). Luego, bajo la dictadura, se consolida esa “doble faz” legal-ilegal, pública-secreta del Estado terrorista (las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de detención y enterramiento, la operativa “extraterritorial” en Argentina, los traslados ilegales y vuelos de la muerte, los comandos de tareas sin uniforme ni identificación, etcétera). Otra enseñanza del ejemplo uruguayo, que acentúa el carácter institucional-estatal de la dictadura, es que son las propias fuerzas de seguridad del Estado (militares y policiales), sus mismas sedes, organigrama, infraestructura, presupuesto y comandos las que sostienen la faz clandestina de la represión al “enemigo interno” y el cumplimiento de órdenes aberrantes bajo el principio de la “obediencia debida”.

A modo de síntesis

¿Qué es el “camino democrático” a la dictadura en Uruguay? Es el período de transición que transcurre entre 1968 y 1973, en el que se va legitimando a través de decretos de gobierno e iniciativas de ley del Poder Ejecutivo, así como por la votación de mayorías parlamentarias, las condiciones legales, discursivas y represivas del quiebre institucional del 27 de junio. Mediante la aplicación permanente de las medidas prontas de seguridad, el gobierno “de crisis” y bajo decreto implantó la lógica del “caso concreto” y la “urgente consideración”, justificó el decisionismo poderejecutivista, la suspensión temporal de garantías individuales y del habeas corpus, la intervención de la justicia militar en el juzgamiento de civiles, la institucionalización del Estado de “guerra interno” –luego sustituido por la Ley de Seguridad y el Orden interno del Estado–, la intervención política de las Fuerzas Armadas al encomendarle la conducción de la “lucha antisubversiva” en todo el territorio nacional (setiembre de 1971), la criminalización de las protestas sociales y la militarización de los trabajadores sindicalizados. Estas leyes, decretos e instrumentos fueron modificando la sujeción de la Administración a la legalidad, el equilibrio entre los tres poderes del Estado a favor del Poder Ejecutivo, incrementaron los litigios de competencia con el Poder Judicial, quitaron la autonomía de distintos organismos intervenidos, a la vez que recortaron las libertades civiles, de prensa, sindical, de reunión y de asociación, hasta la suspensión temporal de libertades individuales y finalmente, ya en dictadura, la ilegalización de los partidos y organizaciones de izquierda, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la intervención de la Universidad de la República. En ese proceso, el Estado reclamó para sí el derecho a la vida o la muerte de sus conciudadanos, que consideró “enemigos internos” y combatió en una “guerra interna” contra hermanos de sangre.

La crítica de los liberales a 50 años del golpe de Estado

Por lo anterior, las preguntas sobre las causas y el desenlace de la crisis institucional (1968-1973) deben también adosarse a la responsabilidad, decisiones y no-decisiones de los políticos profesionales y gobernantes electos, al pasaje del liberalismo democrático al liberalismo conservador como justificación ideológica del tránsito legal del Estado de derecho al Estado policial, a la incapacidad del sistema político tradicional para absorber la crisis institucional dentro de los marcos democráticos-representativos y no mediante la autorización legal del ascenso del poder policial-militar y su asociación con el poder político-administrativo del Estado uruguayo. A ese bloque liberal conservador se debe también, en 1986, la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que instaló la impunidad en democracia, y aquel pasado que no pasa, que se presentifica en cada búsqueda y hallazgos de restos de personas detenidas-desaparecidas, en el reclamo por verdad, justicia, y nunca más terrorismo de Estado.

Extraído en LA DIARIA 27 de junio de 2023. Autor de la totalidad del articulo: Álvaro Rico

 

1. También es denominada en la literatura clásica “dictaduras constitucionales” (el sociólogo Gerónimo de Sierra utilizaba esa caracterización para Uruguay). También se utiliza “autoritarismo constitucional” (Gianella Bardazano) o “constitucionalismo abusivo” (Jaime Yaffé). ↩

 

El impacto de la dictadura sobre el salario de los trabajadores.

 

Al cumplirse 50 años de la heroica Huelga General, presentamos algunos apuntes sobre el modelo económico de la dictadura, impuesto a sangre y fuego, profundamente antinacional y antipopular.

Un modelo para la oligarquía

Hacia finales de los años 60 la economía llevaba una década de estancamiento generalizado. El modelo de industrialización hacia adentro, que había permitido un importante crecimiento económico, del empleo industrial y de los ingresos, se mostraba agotado por sus limitaciones estructurales. La elevada inflación era la expresión más clara de la puja distributiva entre trabajo y capital.

La década de los 60 fue prolífica en cuanto a “propuestas” de salida a la crisis económica estructural, en función de las distintas visiones ideológicas y los intereses defendidos por cada sector de la sociedad.

La propuesta de la CIDE expresaba la perspectiva de un capitalismo nacional, con foco en la planificación del desarrollo y un conjunto de reformas estructurales que permitieran superar el atraso económico.

La propuesta de vastos sectores obreros y populares, cristalizada en el primer Congreso del Pueblo, planteaba un proyecto que incluía el control social del excedente económico y las principales palancas del funcionamiento de la economía, la profundización de la industrialización que trascendiera el estrecho mercado interno nacional y un horizonte de superación del capitalismo que se veía como el origen de fondo de los problemas económicos del país.

La propuesta de los sectores económicamente dominantes asociados al imperialismo planteaba una salida por el lado del ajuste, tanto de salarios como del gasto público social, recomponiendo por esa vía la ganancia del capital para impulsar la inversión, con fuerte foco en la transnacionalización de la economía, favorable únicamente para una pequeña minoría de grandes capitalistas. Un país exportador de productos agropecuarios y agroindustriales, con base a las ventajas competitivas naturales y la rebaja de costos que fuera necesaria para asegurar la mayor rentabilidad de estos sectores; así como un proyecto de plaza financiera para atraer al capital privado extranjero. Este proyecto de país fue el que se empezó a imponer con el Pachecato a partir de 1968 y posteriormente con el Golpe de Estado de 1973.

La concentración del ingreso y la riqueza

Durante el período transcurrido entre 1973 y 1984 se produjo una gigantesca transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital. Este hecho puede sintetizarse en los siguientes datos. En 1984 el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita era un 15% superior al existente en 1972 pero en igual período el Salario Real Medio cayó a la mitad. Según la estimación de Jorge Notaro, esto implicó una transferencia de 5.000 millones de dólares desde los trabajadores asalariados hacia el capital.

Si dividimos el período de la dictadura en dos partes podemos avanzar más en la comprensión de lo sucedido en el plano económico.

Entre 1973 y 1981 el PBI per cápita creció aproximadamente 40% mientras que en el mismo período el Salario Real Medio perdió el 30% de su valor. Es decir, se produjo un importante crecimiento de la economía simultáneamente a una fuerte caída de los ingresos de los trabajadores. De hecho, el crecimiento económico en esta etapa tuvo como uno de sus fundamentos principales la rebaja de los costos laborales.

Entre 1974 y 1978 particularmente, los grandes favorecidos del modelo fueron los grandes capitales vinculados a la agroindustria y la industria exportadora. Se beneficiaron enormemente de subsidios para su desarrollo, un tipo de cambio favorable, así como de la disminución del costo salarial.

Entre 1978 y 1981, hubo una inflexión en el manejo de la política económica, profundizando la apertura y liberalización del movimiento de capitales. En esta etapa, el gran beneficiado fue el capital financiero internacional, que se valorizó con enormes tasas de ganancia.

Por su parte, entre 1982 y 1984, el modelo entra en crisis, a partir del cambio de las condiciones externas regionales (crisis en Argentina) e internacionales (cambios en la política de tasa de interés de Estados Unidos), que impactaron rápidamente en una economía donde se había profundizado la dependencia. En apenas un par de años, se produce una caída del PBI per cápita del entorno del 17% mientras que el Salario Real cae un 28% respecto al punto de partida de este segundo subperíodo.

En conclusión, la dictadura llevó adelante una redistribución regresiva del ingreso, en perjuicio de los trabajadores, tanto en la etapa donde el modelo tuvo crecimiento económico como en la etapa de la crisis del modelo.

La profundización de la subordinación al capital financiero internacional

En el año 1973 la deuda externa uruguaya era de 718 millones de dólares, cifra equivalente a un 25% del Producto Bruto Interno (PBI) de la economía. En el año 1984 la deuda externa había ascendido a 4.664 millones de dólares, equivalente al 90% del PBI. En valores corrientes el endeudamiento del país se multiplicó por más de 6 veces.

El modelo económico de la dictadura se sostuvo en el ingreso masivo de capitales desde el exterior. Los años 70 fueron un período donde el capital tuvo grandes dificultades para valorizarse en las economías desarrolladas, tras la finalización del ciclo económico de crecimiento de posguerra. La apertura y liberalización llevada a cabo por la dictadura uruguaya (al igual que en el resto del Cono Sur) permitió el incremento de las tasas de interés en nuestra economía y la afluencia de capitales en busca de valorización.

Esta llegada de capitales permitió financiar el incremento de las importaciones, tanto para consumo principalmente de los sectores más pudientes, como de insumos para las actividades económicas en auge. Durante 1973-1981 la economía creció, pero aumentaron la dependencia respecto al exterior y sus vulnerabilidades estructurales.

En el período 1982-1984 se produjo una severa crisis que fue “resuelta” por la dictadura a través del salvataje del sector financiero, que incrementó enormemente la deuda externa de una economía que ya venía aumentando su endeudamiento. Fue la tristemente recordada “compra de carteras” que transfirió al Estado uruguayo (es decir, al conjunto de la sociedad) el costo de la crisis, lo que se fue pagando en los años sucesivos con aumentos de impuestos a los sueldos y al consumo.

La crisis del 82 y las medidas en torno a la misma, hicieron que sectores del capital nacional que habían sido beneficiados en la etapa de crecimiento económico del modelo, mediante la rebaja de salarios y la política de estímulo a las exportaciones, retiraran su apoyo al régimen, quedando únicamente el capital financiero y la fuerza como sustento de este.

En síntesis, el modelo económico de la dictadura fue profundamente antipopular y antinacional. Contra ello dio batalla nuestro pueblo, desde un primer momento con la huelga general.

Extraido de El Popular del 24 de junio de 2023. Autor: Economista Bruno Giometti. Titulo original: Apuntes sobre el modelo económico de la dictadura

 

 

Proclama de llamamiento a la huelga general por parte de la Convención Nacional de Trabajadores (27-6-1973)

27/6/73 LLAMAMIENTO DE LA C.N.T. A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO URUGUAYO

Una nueva y grave crisis institucional acaba de abatirse sobre la República. Se anuncia la disolución inconstitucional del Parlamento Nacional. Nada menos que Bordaberry, expresión de los intereses del gran latifundio, enemigo de los trabajadores y del pueblo, encabeza un golpe contra un Parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes, que ha sido caja de resonancia de los intereses populares y de denuncia de la corrupción y los negociados de la rosca. Este anuncio de disolución del Parlamento es sin duda un desborde de una extrema gravedad que culmina un proceso de amenazas, rumores y falsas confrontaciones con las que se ha pretendido soslayar ante el conjunto de nuestro pueblo el verdadero dilema y los verdaderos problemas que afronta la República.

En efecto; en tanto un puñado de oligarcas, dueños de la tierra, la banca, el comercio exportador, de la industria frigorífica, viene embolsando a manos llenas las fabulosas ganancias provenientes del alza excepcional de los precios de nuestros productos exportables, el pueblo en su conjunto, los trabajadores, jubilados, pequeños productores agropecuarios, comerciantes minoristas, sectores no monopolizados de la industria nacional, en una palabra, el país en su conjunto, viene soportando la agudización de la crisis, los bajos salarios, el desabastecimiento, la desocupación, la ruina de la producción, el déficit alimentario y la miseria generalizada.

Noventa mil millones de pesos les fueron extraídos a los trabajadores en 1972 por la rebaja del poder adquisitivo de sus salarios. El mísero ofrecimiento de un 25% de “ajuste’" para el segundo semestre de 1973 contrasta con los cuarenta y siete mil millones de pesos embolsados por la rosca frigorífica y el latifundio en lo que va del año, y pone de relieve que Bordaberry y la oligarquía se proponen seguir esquilmando a la clase trabajadora, pretendiendo además, por la vía de las medidas de seguridad, las sanciones, las amenazas de reglamentación sindical, y los intentos de represión, reverdecer el nefasto período del pachequismo.

Los trabajadores y el pueblo han enfrentado y enfrentan esta política.

Están en combate por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones; por subsidios a los artículos de consumo popular con recursos extraídos del privilegio; por las soluciones de fondo que el país reclama desde hace tiempo, y que en muchos aspectos fueran enunciadas por las propias fuerzas armadas en sus comunicados 4 y 7 de febrero; por la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la industria frigorífica, la reforma agraria, la defensa del nivel de vida de los pueblos, una política exterior independiente, en una palabra, el desalojo de la rosca del poder; por la defensa de las libertades sindicales y populares; por la unidad del pueblo oriental contra la oligarquía y el imperialismo.

Ante la gravedad de los acontecimientos la C.N.T. llama a los trabajadores al cumplimiento de las resoluciones de su Congreso: OCUPACION DE FABRICAS, ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA, PLENA ACTIVIDAD Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES SINDICALES.

Solo el pueblo protagonista, unido y en lucha, podrá garantizar un camino de cambios realmente democrático y progresista para sacar al país de la honda crisis que lo agobia.

¡POR SALARIOS, LIBERTADES Y SOLUCIONES!

¡POR LA UNION DEL PUEBLO URUGUAYO

CONTRA LA ROSCA OLIGARQUICA!

¡POR EL RESPETO A LAS DECISIONES POPULARES!

A OCUPAR LAS FABRICAS, MANTENER EL ESTADO DE ASAMBLEA, EL ALERTA EN TODO EL MOVIMIENTO SINDICAL Y EL CUMPLIMIENTO DISCIPLINADO DE LAS DECISIONES DE LA C.N.T.!

Secretariado Ejecutivo

Destruyendo derechos, el trabajo en épocas de Uber

 

Entrevista al sociólogo brasileño Ricardo Antunes.

Especializado en la evolución del mundo del trabajo y autor de numerosas investigaciones al respecto, Antunes habla en esta entrevista sobre la urgencia de pensar nuevas estrategias ante el avance de la explotación laboral y la destrucción del planeta.

Profesor titular de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, este paulista de 70 años se ha especializado hace mucho en la evolución del mundo del trabajo y es autor de numerosas investigaciones al respecto, varias de ellas publicadas fuera de su país. Algunos de sus últimos libros son Riqueza y miseria del trabajo en Brasil: trabajo digital, autogestión y expropiación de la vida, El nuevo proletariado de servicios en la era digital y ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Brecha lo entrevistó a comienzos de mayo en su ciudad natal, al margen de la XVI Conferencia Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, donde presentó una ponencia ante un público compuesto por sindicalistas provenientes de toda América Latina.

«Estamos ante una crisis estructural del capitalismo, pero no ante cualquier crisis. La de ahora no es como otras, por ejemplo, la de 1929. Es mucho más profunda, más letal desde todo punto de vista», comenzó diciendo Antunes.

— ¿Qué es lo que la diferenciaría?

—La de ahora está poniendo directamente en riesgo a la humanidad. Nos está llevando a las puertas de una guerra nuclear y [está] arrasando con el planeta a una escala sin precedentes. La guerra en Ucrania relanzó la producción de energías fósiles en todo Occidente. Van a calentar aún más el planeta. ¿Hasta qué grado? Y, en paralelo, se da una destrucción acelerada del universo del trabajo, con una acentuación hasta ahora desconocida de los niveles de precarización, de desempleo, de la contradicción entre el trabajo calificado y el trabajo precario. En Brasil hoy hay 12 millones de personas en desempleo abierto y un 40 por ciento de la mano de obra en la informalidad. La apariencia del fin del trabajo que se da en el Norte global esconde una expansión brutal del trabajo precarizado en el Sur. Este celular que tengo ahora en la mano no existiría sin un paso inicial: la extracción mineral en África, Asia, América Latina. Hasta su última pieza se fabrica en el Sur, y, por lo general, en condiciones bastante aberrantes para quienes lo hacen.

Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos grandes pensadores, como Toni Negri, André Gorz y Jürgen Habermas, que teorizan sobre el fin del trabajo. O con quienes afirman que estaríamos en una era industrial de servicios y, por lo tanto, en una suerte de poscapitalismo. Lo que hay es una recomposición del trabajo. En su fase actual, el capitalismo solo puede crecer destruyendo, y destruye básicamente en el Sur, aunque no solo, porque basta ver la situación de las poblaciones racializadas en Europa, en Estados Unidos. Y si observamos lo que sucede con los servicios, notaremos que, en todos lados, se han vuelto fuertemente capitalistas, en el sentido de que han sido privatizados, desde la seguridad social hasta las escuelas, pasando por las cárceles y, por supuesto, el agua, uno de los grandes temas de ahora. Desde el comienzo del siglo XXI se ha acelerado fuertemente ese proceso. El capitalismo hoy tiene una imposibilidad total de metabolización social.

—¿Es decir?

—Lo que afirmaba antes: es cada vez más destructivo. Del trabajo, pero también de la naturaleza y del propio ser humano, con la profundización del racismo, de la opresión de género. En un libro que escribí hace ya muchos años [¿Adiós al trabajo?, de 1995], manejaba el concepto de esclavitud del siglo XXI para referirme a un futuro en el que la precarización se volvería estructural y se iría extendiendo progresivamente.

Decía que, así como en las épocas de la esclavitud los trabajadores eran vendidos, en la época contemporánea, de tercerizaciones, subcontrataciones, de precarización, el trabajador sería alquilado. Hablo, obviamente, de una esclavitud de nuevo tipo, no de aquella de siglos atrás. Cuando escribí aquel libro, hace casi 30 años, el trabajo precario no era tan común. Hoy es la norma. La informalidad se ha formalizado.

—Se está refiriendo a lo que usted llama el capitalismo de plataformas o capitalismo pandémico.

—Sí, y a su expresión: la uberización del trabajo. El capitalismo hoy funciona con base en el modelo de Uber. ¿Y qué supone ese modelo? La supresión de los derechos del trabajador. Lo que ahora es cada vez más excepcional es el trabajo regulado, lo que equivale a decir con derechos. Un contrato genera derechos, y en la era de la uberización el trabajo está cada vez más divorciado del acceso y el ejercicio de derechos.

Hoy los empresarios apuntan a la flexibilización, a la individualización de las relaciones laborales. Los nuevos proletarios reciben paga únicamente por el trabajo realizado y no tienen protección social: son ellos mismos los que se la proveen, porque se trata de «autónomos» que no están sujetos a convenciones colectivas, por ejemplo. Lo peor es que este tipo de relaciones laborales –que se están generalizando a muchos sectores, incluso la industria y la agroindustria– son «vendidas» como favorables al trabajador, que ganaría en independencia, en control sobre su propio tiempo, etcétera, etcétera. Se los menciona como «socios» de sus empleadores, se los incita a convertirse en «emprendedores».

—Y se crea toda una jerga que acompaña este fenómeno, una lengua de la uberización.

—Sí, un nuevo lenguaje cargado de doble sentido repleto de manipulaciones, de burlas. ¿El trabajador precarizado: un «socio» de Jeff Bezos, un «socio» de Elon Musk? ¡Por favor! Si hay alguien que sale ganancioso de esta nueva ecuación, claramente, es el capital: ¿qué mejor para los empresarios que unas relaciones laborales individualizadas, a distancia, con jornadas de trabajo que puedan estirarse como chicles, sin las molestias que plantean los sindicatos y los sindicalistas? La pandemia de covid-19 sirvió para que ese modelo, el de Uber, el de Amazon, que ya venía de antes, se consolidara. Y luego no solo no desapareció o disminuyó, sino que se expandió: el teletrabajo, el contacto por Zoom, la educación a distancia son variantes de este fenómeno global. Así como las nuevas tecnologías en sí mismas no son causantes de nada, la pandemia tampoco fue la causa de esta nueva esclavitud laboral, pero fue aprovechada por el capital para ajustar el modelo.

Tengamos en cuenta, por otro lado, que el capitalismo de plataformas, básicamente impulsado por las grandes corporaciones globalizadas y financiarizadas, se relaciona con protoformas del capitalismo. Para decirlo más claramente: el capitalismo de la era digital, de los algoritmos, de la época del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la big data, de la tecnología 5G y la industria 4.0 recurre a las mismas técnicas de explotación que en la época de la acumulación primitiva.

Uno podría pensar, razonando con algo de sentido común o en un marco mínimamente humanista, que en un mundo donde el desarrollo tecnológico permite ahorrarse una enorme cantidad de tareas que antes realizaban los seres humanos se repartiría el tiempo de trabajo para que todos podamos vivir más o menos dignamente. Pero eso no entra en lo más mínimo en la mentalidad de la era del capitalismo de las grandes corporaciones. Se puede decir que hoy hay en marcha laboratorios de experimentación del trabajo a gran escala en los que el trabajador es el cobayo. Si el capitalismo como tal es un infierno para el trabajador, el capitalismo de plataforma, versión 4.0 del neoliberalismo, lo es más aún porque consagra la precariedad, la del trabajo y la de la propia existencia.

—Usted recurre frecuentemente a la metáfora del sociólogo austríaco Karl Polanyi del modelo satánico para referirse al modo de funcionamiento de este sistema.

—Sí, la he evocado en muchos trabajos. Es una metáfora muy gráfica, referida al fenómeno de la mercantilización de todos los resortes de la vida, una mercantilización que ha producido mutaciones enormes, antropológicas, políticas. Polanyi lo vio hace mucho tiempo [murió en 1964], y su metáfora se aplica perfectamente a este mundo en el que la tecnología no está siendo aplicada en beneficio de la humanidad, a satisfacer cosas útiles y socialmente necesarias, sino todo lo contrario.

¿Qué nos mostró la pandemia? Que la humanidad tiene que fomentar el trabajo para generar bienes socialmente útiles, con menos horas de trabajo diario, y dejar de apuntar al trabajo orientado a la creación de riqueza. Quienes mostraron su valía entonces fueron los trabajadores y las trabajadoras de la salud, quienes se ocupan de los cuidados, quienes nos proveyeron de alimentos aun a riesgo de sus vidas. Se demostró igualmente la importancia de que los bienes comunes estén bajo control público y no privado.

Y respiramos mejor. No por la pandemia en sí, sino porque no circularon coches privados. El transporte público quedó en valor. Lo sorprendente es que estas consideraciones no formen parte de las reflexiones de las izquierdas.

—A ver…

—Todo esto que estamos viendo debería situar a las izquierdas en una perspectiva anticapitalista. Cualquier visión emancipadora actualmente debería partir de esa base, de que el capitalismo nos está llevando a la destrucción de la humanidad. Hoy por hoy, la reducción real de la jornada de trabajo y del tiempo de producción en las fábricas, la reapropiación social de la producción para que se privilegien los bienes socialmente útiles y no los que generan plusvalía, el combate al cambio climático, la producción de alimentos sanos son objetivos que van unidos y que no podrían jamás alcanzarse en el marco de este sistema.

Pero las izquierdas se han convertido, paradójicamente, en guardianas del sistema, empeñadas como están en reformar lo irreformable. Lo vemos clarísimamente en América Latina: las burguesías no aceptan ni la más mínima reforma. Cuando algún gobierno progresista se sale un poquito de la norma intentan derrocarlo por el medio que sea. Solo toleran a quienes no cuestionan lo esencial, y hasta cierto límite. Pero la izquierda ha desaprendido a inventar utopías y aprendido a hacer lo posible, olvidándose de la transformación radical del mundo.

Lo mismo les sucede a los sindicatos. Los liderazgos sindicales tienen una larga tradición de defensa. Desde hace cinco décadas están luchando denodadamente por preservar lo mínimo, y está muy bien que así sea, pero eso ya no basta, porque la aceleración de las transformaciones en que está inscrito el capitalismo de plataformas hace que las reformas sean imposibles de sostener.

¿Por qué no podemos imaginar una sociedad sin propiedad privada, sin lucro, sin dinero? ¿Es una utopía? Sí, claro, pero llega un momento en que los sistemas caen. El feudalismo duró diez siglos. Los señores feudales, la nobleza, el Estado absolutista, ¿imaginaban que habría una revolución radical burguesa que los derribaría? No. Ahora se trata de pensar otra revolución radical verdaderamente liberadora. Y no vale decir que el socialismo fracasó, como se afirma hoy tan alegremente. Fracasaron sus versiones de los últimos 150 años, pero al capitalismo le llevó tres siglos derrotar al feudalismo. Si Rosa Luxemburgo despertara hoy, no diría que la alternativa es entre socialismo y barbarie, porque en la barbarie ya estamos inmersos. Diría que es entre socialismo y desaparición de la humanidad. No hay que hacerse trampas al solitario. En ese estadio estamos: el capitalismo hoy es esencialmente destructor, belicista, no hay margen para que a alguien se le ocurra «humanizarlo», como pretendían en su momento las socialdemocracias. Antes ese planteo era ilusorio, ahora es suicida.

—No es precisamente hacia allí que se han embarcado el progresismo o las izquierdas. Hablando de belicismo, en Europa una parte del progresismo está en línea con los planteos de la OTAN con la excusa de combatir el expansionismo ruso.

—Respecto a Ucrania, creo que es una guerra interimperialista, pero ese no es el tema aquí. Sí lo es que esas izquierdas le han comprado el marco al liberalismo y en ese proceso le han dejado el terreno libre a la derecha más dura y a la ultraderecha, que hoy está encarnando –increíblemente– las posturas antisistema. Como Trump, como Bolsonaro, como Milei, que se presentan como rebeldes cuando, en realidad, son lo más rancio. Pero eso se los ha permitido la izquierda al volcarse al centro y no animarse a plantear temas como la transformación del mundo del trabajo o el cambio climático, porque, si lo hace en serio, tendría que ir hacia posturas de superación del capitalismo y se resiste a hacerlo: no va más allá de una defensa de lo que queda del Estado de bienestar. El caso del Partido de los Trabajadores en Brasil es de ese tipo. O el de Boric en Chile. Y yendo a Europa, ¿qué diferencia de fondo hay entre el socialista Hollande y el liberal Macron? Ninguna. Hasta en la represión se parecen. Como dicen en español: no es lo mismo, pero es igual.

La pandemia llegó en un momento en el que en el mundo había una agitación social muy interesante que, en cierta manera, cuestionaba el sistema. Podría haber nacido algo distinto de allí. Hoy, sin embargo, es la derecha más radical la que está marcando el rumbo con una violencia extrema, y la izquierda está claramente a la defensiva.

Mi esperanza es que una alternativa nazca de las periferias, de los movimientos feministas, de los inmigrantes, de los negros, de los indígenas, de los precarizados, del ecologismo. Hay un resurgimiento de clase interesante en Inglaterra, un renacer de las movilizaciones sociales en Francia. Son cosas que dan ilusión, pero la clave está en que los planteos que surjan vayan al fondo de las cosas y sean radicalmente anticapitalistas. Pienso que hay que aprender de las mujeres. Tienen más valentía con relación al capital. Pero hay también un feminismo fácilmente integrable al universo burgués, al igual que hay –en Brasil se da− un «emprendedurismo» negro que nada cambia el fondo de las cosas.

En definitiva, la izquierda necesita una refundación, perderle el miedo a proponer un nuevo modo de vida, perderle el miedo a la radicalidad. Si dejamos que avance el capitalismo, que en su fase actual es un capitalismo de plataformas, una expresión acentuada del neoliberalismo, estaremos en poco tiempo todos uberizados y en una situación comparable al subterráneo del infierno de Dante: no el infierno mismo, sino algo inimaginable. Por fortuna, las cosas son imprevisibles. Como el mundo del capital no se reproduce sin alguna forma de interacción con el trabajo vivo, van apareciendo, aun en situaciones adversas, formas de solidaridad entre los trabajadores y, a la larga, rebeliones.

Lo bueno de ahora es que al llegar a este estadio no queda margen para medias tintas. Llegará un momento en que eso nos romperá los ojos. Ya deberíamos estar en esa fase, pero los espejismos son todavía demasiado fuertes. Esperemos que cuando despertemos no sea demasiado tarde.

Extraído de Brecha, número 1959, 9 junio, 2023. Titulo original:   “Un mundo uberizado”. Autor: Daniel Gatti.

Transporte de cargas por carretera: entre la formalización y continuar permitiendo la evasión

 

El transporte de cargas por carretera es una actividad que directa o indirectamente afecta a todos los habitantes del país. Es una parte esencial de las cadenas de producción, comercio doméstico e internacional y distribución, y siempre está presente en estas y otras actividades económicas. A pesar del trabajo liderado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y realizado en conjunto con otros organismos del Estado y con las empresas y trabajadores del sector durante las últimas dos décadas, el transporte de cargas por carretera no avanzó lo necesario para su formalización y profesionalización. Es más, pueden constatarse altos niveles de informalidad, con múltiples impactos negativos para el propio sector y para la sociedad en general y, como si fuera poco, una escandalosa evasión de pago de tributos por sumas millonarias en dólares año tras año.

 

Para generar transparencia, mejores condiciones de competencia y formalización con trazabilidad se diseñó y desarrolló el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac). El Sictrac permitiría recopilar toda la información relevante de cada viaje de carga (tal como se había definido por la Ley 17.296, de 2001), necesaria para ajustar las políticas públicas e inversiones a cargo del Estado y para los intereses de las propias empresas. Fue el resultado del trabajo conjunto y de acuerdos alcanzados entre distintos organismos del Estado, las empresas transportistas (Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, ITPC) y los trabajadores (Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines).

El actual gobierno decidió dejar sin efecto la implementación del Sictrac, que había comenzado en agosto de 2018, permitiendo con ello la continuidad de la evasión tributaria y de peajes, por el uso de rutas y caminos alternativos para evitarlos, así como puestos de pesaje y de otras irregularidades especialmente peligrosas como el exceso de horas de conducción, el incumplimiento de acuerdos laborales, laudos, etcétera, producto del escaso control o fiscalización.

No más controles: una pésima decisión

Conocido el resultado electoral de noviembre de 2019, desde diversos medios de prensa se reforzó una campaña empezada algo antes para frenar la implementación de uno de los proyectos más importantes para avanzar en la formalización y profesionalización del transporte de cargas por carretera, que aseguraba su trazabilidad.

Se refería al Sictrac como el Gran Hermano del transporte, insinuando su similitud con el reality show televisivo que muestra la intimidad de un grupo de personas que comparten su vida en una casa. Seguramente se pretendía infundir desconfianza alertando sobre que otros, “ajenos” al sector, terminarían metiéndose en su “vida”, decidiendo lo que no les corresponde y limitándoles su “libertad”. Esto se reforzó con opiniones de algunos empresarios transportistas y cargadores o dueños de la carga, que seguían oponiéndose a su puesta en funcionamiento, a pesar de que la ITPC había votado y aprobado su implementación.

La anacrónica y equivocada concepción, explícitamente marcada por la actual administración, sobre que no es materia del MTOP controlar o recabar información sobre aspectos que no son “inherentes” a sus cometidos, llevó a decisiones tomadas desde el inicio del actual gobierno que continúan impactando negativamente en el propio sector y en la sociedad en su conjunto. Sobre todo, porque tampoco se controla lo que sí es materia específica del MTOP.

Una síntesis de cómo se ve este tema por especialistas, que están fuera de toda sospecha de sesgo político-partidario, ideológico o de defender intereses sectoriales o particulares, nos sirve para aclarar y poner en contexto este tema.

 

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “El transporte automotor de cargas en América Latina” (febrero de 2020) contiene un análisis muy completo de las características, fortalezas, debilidades y desempeño en general del transporte automotor de cargas por carretera (TAC) en varios países de América Latina y México (LAC). Allí se considera que la causa principal de los problemas que el propio sector enfrenta para mejorar su desempeño son los altos niveles de informalidad (total o parcial). Es uno de los principales motivos de la ineficiencia del sector (altos precios de los fletes o baja rentabilidad del transportista y prácticas predatorias de subcontratación interna), baja productividad y casi nula incorporación de nuevos equipos y tecnología.

Se indica que en el sector está ampliamente extendida la competencia desleal, que se expresa como evasión impositiva, incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, que es parcial el cumplimiento de la normativa vial y de seguridad en el tránsito y ambientales.

Establece que lo que mayoritariamente explica esta realidad es la ausencia de regulación o controles efectivos por las autoridades competentes (ministerios, agencias, municipalidades, etcétera) y que además una buena parte de los cargadores o dueños de la carga son quienes generan la informalidad porque prácticamente “obligan” a los transportistas a realizar el trabajo sin contrato o documento, sin facturar, e incluso violan normas laborales, exceden los límites de peso, etcétera.

El mencionado informe del BID señala: “La informalidad en LAC debe entenderse en el contexto de la informalidad de los negocios que es habitual en la región, ya que los transportistas reflejan las prácticas empresariales de los dadores de carga. Si estos tienen una calidad de productos, niveles de servicio y formalidad altos, buscarán que su proveedor de transporte cumpla con esas características. Por el contrario, si la calidad, nivel de servicio y grado de formalidad es bajo, incluyendo facturación, compras y empleados en ‘negro’, el transporte replicará esa situación ya que el costo de la formalidad que podría tener no le será recompensado por el dador de carga. El elevado nivel de informalidad interpela la pertinencia de las normas y la eficacia de los organismos de regulación y control”.

Luego agrega: “La informalidad atenta contra el incremento del profesionalismo y la productividad en el TAC; ha habido intentos de mitigarla, pero los avances son aún pocos. Aunque las empresas más informales son las más pequeñas, los negocios informales y la contratación de personal de manera irregular atraviesa las compañías de todas las magnitudes en mayor o menor medida. Este tema sobrepasa al mercado del TAC; es de carácter estructural y sólo puede ser corregido mediante acciones concretas de Estado, por lo que lograr doblegarla depende de las mejoras industriales, productivas y comerciales que puedan impulsarse por la aplicación de leyes y normas más duras en toda la economía de cada país”.

Regulación y control: competencia ineludible del Estado

Años antes de disponer del informe del BID, el MTOP trabajaba en los aspectos que todavía quedaban por resolver: disponer de datos en tiempo real sobre todas las características, condiciones y variables que intervienen en cada viaje de transporte de cargas o flete, para asegurar su trazabilidad. Recopilar y poner la información correspondiente a disposición de los diferentes organismos estatales y de los propios transportistas de carga a través de la ITPC, para facilitar sus decisiones, competencias, cometidos y objetivos particulares.

El actual gobierno decidió dejar sin efecto la implementación del Sictrac, que había comenzado en agosto de 2018, permitiendo con ello la continuidad de la evasión tributaria y de peajes.

Ahora se descartó la implementación del Sictrac esgrimiendo diversos motivos, algunos para distraer del principal: el actual gobierno cree que cuanto menos regulación, seguimiento y control, particularmente en este sector, más libres y mejor se desarrollarán las actividades y, aún mejor, si es reduciendo al mínimo posible la presencia del Estado.

Parecería que ni el anterior ministro de este gobierno, que suspendió el proceso de implementación del Sictrac, ni el actual ministro (que es además empresario transportista de cargas), que lo dejó sin efecto con el apoyo de su director de Transporte (quien fue asesor de la ITPC en las negociaciones de diseño, desarrollo y corredactor de la normativa de soporte del Sictrac), tuvieron tiempo de leer el citado informe del BID; o tal vez sí lo hayan leído y no comparten su diagnóstico o conclusiones sobre qué hacer para avanzar en la solución de los problemas, lo que, francamente, sería mucho peor.

 

Esta política de desregulación y no control, refrendada por la realidad de los últimos tres años, lejos de mejorar –según preveía el programa de acciones que dejó el gobierno anterior desde el MTOP, implementando la Guía Electrónica de Carga (GEC), con un plan progresivo de obligatoriedad de emisión y haber encaminado hasta su fase final de implementación el Sictrac–, ha detenido los avances y retrocedido mucho en alcanzar la formalización del sector.

¿Está bueno cambiar? Para permitir la informalidad y validar la evasión, seguramente no

Junto con la informalidad, el gobierno, por intermedio del MTOP, valida la evasión tributaria de muchos millones de dólares en recursos que estarían disponibles para aportar lo correspondiente a la seguridad social de los trabajadores e invertir o aplicar en el propio sector, o donde sea requerido.

 

La anterior directiva de la ITPC con la que se acordó la implementación del Sictrac cuantificó la evasión por todo concepto en unos 500 millones de dólares anuales. Un estudio del Instituto Cuesta Duarte realizado en julio de 2022 estimó la evasión del sector en aportes a la seguridad social (Banco de Previsión Social, BPS) e impuestos (Dirección General Impositiva, DGI) en 150 millones de dólares y 230 millones de dólares, respectivamente. En suma: 380 millones de dólares por año.

Para contrarrestar la visión y acciones emprendidas por las anteriores administraciones y “justificar” la suspensión del Sictrac, el MTOP encargó al BID estudiar el sector y cuantificar la evasión. En su Informe Final de marzo de 2021, el resultado fue de unos 120 millones al año por impuestos (IVA, IRAE, IRPF) y dividendos y contribuciones a la seguridad social. A pesar de que este estudio es sobre unas 2.500 empresas proporcionadas por la DGI, mientras que las registradas en el MTOP son más de 5.000 y además existen empresas informales que no se consideraron, el resultado es una cifra demasiado importante que se resigna para inversión u otras acciones públicas y para la seguridad social de los trabajadores del sector.

Cuando se priorizó durante 2020-2021 el ahorro de recursos para no afectar el déficit fiscal, se aprobó una reforma jubilatoria para paliar el desfinanciamiento del BPS y a nadie se escucha decir que no sea necesario respetar los máximos de horas de conducción y los salarios de los conductores y trabajadores en general con sus respectivos laudos, se abandona una medida por todos reconocida como necesaria y justa. Este abandono le cuesta, además, como mínimo, 120 millones al año a toda nuestra sociedad.

Desde 2020 al presente, en diversas oportunidades, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró estar trabajando para implementar un sistema de control satelital para los camiones, aunque solamente para aspectos inherentes a los cometidos y necesidades del MTOP.

En la comparecencia en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas el 17 de mayo de este año, las autoridades del MTOP confirmaron la aceptación de una iniciativa privada (IP) que tendrá algunas de las funcionalidades del Sictrac, pero ni por asomo las más importantes.

Según la versión taquigráfica, para el ministro “el objetivo viene a ser el mismo que dijimos al principio: control de monitoreo para lo que el ministerio entiende que necesita, para mejorar, para tener un dato específico de cómo tomar las acciones de infraestructura y también en este caso dar una seguridad al usuario de que el Centro de Monitoreo le dé la certeza de que si tuvo una infracción producto de alta velocidad… Es distinto a lo que pensaba el gobierno anterior, que era que todos estuviéramos en un mismo sistema. Por lo que dije anteriormente, hubiese sido casi imposible lograr todo eso y unificar o compatibilizar todos los sistemas. No es lo que nosotros pretendemos...”.

Y en esa misma oportunidad, el director nacional de Transporte agregó: “Aprovecho la oportunidad para aclarar un concepto. No es un sistema de control, sino que es un sistema de incorporación de información; información de buena calidad... a los efectos de que sirva de insumos para la elaboración de políticas públicas. Además, los inspectores del ministerio o quien releve y después procese esa información no tienen la experticia necesaria para detectar si existe o no infracciones fiscales, en materia de contribuciones especiales, aduaneras, lo que sea... Simplemente, quería aclararlo porque se sigue repitiendo que es un sistema de control; no es un sistema de control”.

¡Por fin! Agradecemos la sinceridad de las autoridades del MTOP. Y sí, es bien distinto a lo que pretendía del Sictrac el gobierno anterior. Ahora sí está bien claro que no se quiere implementar un sistema de control, sino solamente algo que permitirá recabar información del uso de la infraestructura, monitoreo de tránsito y velocidad y, quizá, alguna otra cosa más. Es muy poco, casi la nada misma, para avanzar en formalizar el sector.

El Sictrac sí era un sistema de control y trazabilidad del transporte de cargas por carretera e integral, como su nombre indica. Basado en la información recopilada en tiempo real de cada viaje con todas sus características y variables inherentes al propio transporte de cargas, equipos, tipo y cantidad de carga, itinerario y uso de la infraestructura, incorporando la Guía Electrónica de Carga y la situación registral, tributaria, seguridad social y laboral de la empresa, entre otras. Todos estos datos se almacenaban en un servidor dedicado (en Antel), al que podían acceder el Centro de Monitoreo del MTOP y los demás organismos públicos y las empresas transportistas y tomar la información necesaria según sus intereses y cometidos.

Eso es lo que se necesita para disponer de información relevante y completa para definir inversiones, diseñar políticas públicas y acciones tendientes a frenar la evasión y los incumplimientos laborales y avanzar realmente hacia un transporte de cargas por carretera formal y verdaderamente profesional.

Sin embargo, las actuales autoridades del MTOP eligieron mirar para otro lado… parece que ganó el “Siga, siga”.

Extraido de La Diaria, 14 de junio de 2023. Autores: Fernando Pasadores y  Pablo Genta

Derechos humanos, ambiente y modelos productivos

 

En momentos en que Uruguay, la región y el mundo enfrentan problemas de acceso al agua, al alimento y a un ambiente sano, consideramos importante poner en agenda una discusión sobre cuáles son las causas y las posibles acciones para responder a estas problemáticas. ¿Qué medidas urgentes podemos adoptar para asegurar la protección del derecho a un ambiente sano y los derechos humanos conexos, como la salud humana y la del ambiente, la alimentación y el acceso al agua? ¿Qué alternativas existen para responder a esta situación?

SISTEMA AGROALIMENTARIO: LA VIDA DEL SUELO, EL AGUA Y LA FORMA DE PRODUCCIÓN

El modelo productivo dominante se basa en el monocultivo y la cría de animales a gran escala, para lo cual sobreexplota los bienes naturales y es dependiente de insumos químicos y combustibles. La naturaleza es concebida como fuente de recursos para satisfacer necesidades materiales y al mismo tiempo opera como un depósito de residuos de esas actividades productivas. Estos «beneficios» y «costos» son distribuidos de forma desigual en la población. A su vez, este modelo incrementa la producción de gases de efecto invernadero, lo que intensifica el cambio climático, contamina los ecosistemas, altera la disponibilidad y la calidad del agua, y degrada la calidad de los suelos, por lo tanto pone en riesgo la sostenibilidad de las diversas formas de vida. Si bien las lógicas del presente sistema no son nuevas, se han intensificado al final del siglo XX y principios del XXI a partir de la expansión de proyectos productivos de gran porte.1

En este contexto, la actual crisis hídrica es una de las consecuencias del modelo agroindustrial dominante. Santos, González y Sanguinetti2 muestran que en Uruguay la agroindustria y la forestación son los sectores productivos que consumen más agua. La huella hídrica de la soja y la celulosa han aumentado, mientras que la producción de agua para consumo humano se ha mantenido. Hoy en Uruguay es el agua para consumo humano la que está siendo afectada, mientras el sector productivo recibe medidas de apoyo por la sequía. Además se da lugar a la posibilidad de ingresar capital privado a la gestión del agua, lo que contraviene la Constitución.

Esta tensión ha originado la vulneración de múltiples derechos, anteponiendo los intereses económicos a los del sostenimiento de la vida. Asimismo, ha cambiado los usos del suelo, que se ven degradados en cuanto a su biodiversidad y su calidad por el exceso de nutrientes y la contaminación.3 La salud del suelo afecta también la calidad del agua de todo el ciclo hidrológico y en consecuencia la salud de todo el ecosistema. La vida depende de la salud ecosistémica, incluyendo, además del agua, el suelo y el aire.

 

Es clave identificar que este modelo constituye una amenaza a los derechos fundamentales: a la vida, al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la alimentación; no resuelve el hambre, por el contrario, concentra la riqueza desplazando a pequeños productores y poniendo en riesgo el disfrute de derechos humanos.

ALTERNATIVAS Y POSIBILIDADES LOCALES: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA

¿Es posible plantear un cambio de paradigma? De acuerdo a OXFAM,4 el hambre a nivel global ha crecido por quinto año consecutivo. Todavía hoy, los alimentos en la mayor parte del mundo son producidos mayoritariamente por pequeños productores.5 Por otro lado, a diferencia de la producción convencional, la orgánica o agroecológica utiliza menos agua, no depende de insumos derivados del petróleo y genera más trabajo. Es claro que es necesario reorientar el modelo productivo hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, que contribuyan a hacer frente al cambio climático, reduzcan la pobreza y la desigualdad estructural. Lograr una forma de producción ambiental y socialmente justa basada en la igualdad, la solidaridad y la justicia, así como en el respeto de las comunidades locales a elegir sus formas de producir alimentos y usar el territorio teniendo en cuenta sus conocimientos y saberes tradicionales son objetivos de movimientos sociales y también de científicos/as que buscan diseñar una agroecología emancipatoria.6

El concepto de soberanía alimentaria, propuesto por la Vía Campesina7, cuestiona el hecho de considerar el alimento como una mercancía, así como la concentración de poder de las corporaciones agroindustriales a nivel global, para lo cual demanda un rol activo del Estado, que dialogue con la sociedad organizada y entre ambos definir políticas agrarias y alimentarias que respondan a necesidades locales. La idea es colocar el alimento en el centro del sistema agroalimentario, que sea saludable, culturalmente aceptado, y que se respete su fuerte rol socializador con la finalidad de preservar la vida, la producción familiar y proteger la salud y el ambiente. La soberanía alimentaria se propone como la vía para erradicar el hambre y la malnutrición, garantizando la seguridad alimentaria de forma sustentable y duradera. Considera como pilares fundamentales la autonomía en cuanto al uso de los territorios, respetando la diversidad de conocimientos de la agricultura familiar y campesina a pequeña escala, que desarrollan sistemas de producción, distribución y consumo sustentables.

La soberanía alimentaria plantea a la agroecología como estrategia fundamental y necesaria. La agroecología surge (de manera científica) a partir de la crisis ecológica que se dio en los años setenta. Esta corriente recoge las prácticas y los conocimientos de campesinos, que venían siendo transmitidos de una forma fundamentalmente oral a través del tiempo, y se nutre también de la contribución teórica y metodológica de diversas disciplinas a partir de los avances científicos. El término «se ha ido ampliando para aludir a una concepción de la actividad agraria más imbricada en el ambiente, más equilibrada socialmente, más preocupada en definitiva por la perdurabilidad o la sostenibilidad a largo plazo».8 El pensamiento ecologista y la ética ambiental le han proporcionado fundamentos filosóficos. Posicionarse desde este paradigma implica además pensar al ser humano integrado a un sistema complejo y diverso que busca preservar el ambiente y reconoce nuestra interdependencia. Por lo tanto obliga a poner en el centro el sostenimiento de la vida por sobre la acumulación y a reconocer que estos conflictos implican diferentes valores.

En este sentido se hace necesario preguntar qué rol estamos tomando como parte del sistema: ¿somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada vez que elegimos lo que comemos?, ¿sabemos quién produce nuestros alimentos?, ¿cuántos quilómetros recorre el alimento antes de llegar a nuestra mesa?, ¿cuáles son los procesos que sufren los alimentos?, ¿de qué forma se producen?, ¿cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de quienes lo producen?, ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo?, ¿qué nutrientes tienen esos alimentos?, ¿qué productos químicos tienen esos alimentos?.

Esta reflexión colectiva permite pensar alternativas y retomar la lucha contra desigualdades en defensa de lo común. Desde el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar), nos planteamos el objetivo de expandir la discusión pública y académica sobre derechos humanos incluyendo una perspectiva ambiental, así como visibilizar el trabajo de diferentes grupos de investigación y extensión en la Udelar en torno a problemáticas socioambientales en clave de derecho. Actualmente estamos desarrollando un cine foro en distintos departamentos del país sobre salud, ambiente y modelos productivos denominado «Caminos posibles para un futuro vivible: suelo, vida digna y ambiente». Nos preguntamos cuáles son las causas y las posibles acciones para responder a estas problemáticas. El próximo cine foro se llevará adelante el miércoles 7 de junio a las 13 horas en la Facultad de Agronomía.

 

 

1. I. Gazzano, M. Achkar, E. Apezteguía, J. Ariza, A. Gómez Perazzoli y J. Pivel (2021), «Ambiente y crisis en Uruguay. La agroecología como construcción contrahegemónica», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 48, págs. 13-40.

2. C. Santos, M. N. González y M. Sanguinetti (2021), «El agua como subsidio ambiental al agronegocio en Uruguay», en A. Azamar, J. C. Silva y F. Zuberman (coords.), Economía ecológica latinoamericana, Clacso-Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, págs. 314-342.

3. A. Foucher, M. Tassano, P. Chaboche, G. Chalar, M. Cabrera, J. González, P. Cabral, A. Simon, M. Agelou, R. Ramon, T. Tiecher y O. Evrard (2023), «Inexorable land degradation due to agriculture expansion in South American Pampa», Nature Sustainability.

4. OXF o, 2023AM (2023), Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias.

Extraído de BRECHA, numero 1958; 2 junio. Titulo original: DERECHOS HUMANOS, AMBIENTE Y MODELOS PRODUCTIVOS Alternativas ante la crisis. Autor: Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar

 

Mas argumentos en contra del despido sin causa.

 

El discurso del PIT-CNT del 1° de mayo movió las aguas del debate en nuestro país sobre la reducción de la jornada de trabajo, tema que había pasado casi desapercibido pese a la novedad que supuso la ley chilena que reconfiguró el límite semanal de 45 a 40 horas y que fue difundida en casi todos los medios.

Pero en las últimas semanas el foco de la temática laboral estuvo puesto en otro lugar. Los despidos de colectivos de trabajadores/as en sectores del comercio, la salud y los servicios –cuestión también referida en el discurso del movimiento sindical– fueron objeto de reclamo de mayor protección para quienes trabajan bajo dependencia. Como suele ocurrir, y con los matices de cada caso, se trató de decisiones de los empleadores comunicadas de manera súbita y sin un motivo a la vista, amparados en la monserga del llamado “despido libre”, ardid que les permite desembarazarse de quienes trabajan con la contrapartida del pago de una módica indemnización.

Justamente estas tres notas –falta de aviso, de motivación y costo reducido– constituyen la estructura central de nuestro sistema de “despido libre”, una construcción que, si bien hegemónica, nunca dejó de tener objetores que observaron su deriva facilitadora de la terminación de la relación de trabajo por la voluntad omnímoda de una de las partes, sin contemplar en absoluto la figura del hasta entonces “colaborador”.

En el fondo, tienen razón los objetores: desde el punto de vista del derecho, el despido libre contradice la protección del trabajo, consagrada constitucionalmente (artículos 7° y 53°), así como incumple con compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en el sistema interamericano de derechos humanos; y desde el punto de vista de los intereses en juego, produce un notorio desequilibrio entre trabajadores/as y empresarios, lesivo de la igualdad y de la libertad en el contrato de trabajo.

Pero más llanamente, el despido imprevisto e inmotivado contradice el sentido común, ya que no se admite en las relaciones humanas (grupos de referencia, familia, etcétera) que un integrante asuma conductas sin dar acabada explicación o justificación, y menos aún si el resultado afecta de algún modo a otra persona.

El origen

Relata Plá Rodríguez que en 1944, ante el posible advenimiento de despidos en masa de trabajadores por la doble circunstancia del restablecimiento de horarios en el comercio que se habían reducido en razón de la escasez de combustible, producto de la Segunda Guerra Mundial, más un aumento salarial generalizado dispuesto por el gobierno, se ideó el dispositivo de la indemnización por despido, buscando un efecto disuasorio del propósito de poner término a las relaciones de trabajo. El mecanismo indemnizatorio previsto inicialmente para el comercio se fue extendiendo paulatinamente a todas las actividades del ámbito privado.

Mirado desde la perspectiva actual, el mecanismo presenta algunos problemas. El monto de la indemnización, que se calcula con base en la antigüedad en el empleo, resulta inferior, según datos del Banco Mundial, al promedio de países tan variados como Argentina, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Honduras, y al traducirse en una suma fija, no queda ligado a las circunstancias personales de cada trabajador/a, que pueden ser muy diversas.

Por otra parte, las lecturas dadas a las leyes sobre despido cristalizaron la interpretación de que la indemnización sustituía la obligación de dar preaviso a quien se prevé despedir, una regla que hasta ese entonces se respetaba y que, incumplida, podía dar lugar al reclamo de una indemnización complementaria.

El incumplimiento de esta norma por el Estado uruguayo al mirar para el costado y no requerir la justificación de los despidos lo debería hacer incurrir en responsabilidad.

En la práctica, el abandono de la obligación de preavisar posibilitó la comunicación informal e inmediata del despido, al extremo de que actualmente, a través de las redes sociales, se priva del trabajo a una persona mediante un breve fraseo (economía de caracteres) empleando un Whatsapp. Pero como además en el trabajo en la economía de plataformas digitales todo es apariencia y virtualidad (“bienvenido al desierto de lo real”,dice Morfeo a Neo en Matrix) y desaparece la figura humana del empleador, es posible que el despido se trasunte en una simple “cancelación” al “prestador de servicios” por parte de un algoritmo que ya no lo reconoce.

El preaviso, sin embargo, es todavía una extendida medida aplicada en países tan variopintos como Italia, Barbados, Chile, Argentina y Alemania, que posibilita que la persona que se verá privada de su ingreso pueda emprender rápidamente la búsqueda de otro empleo, la recapacitación laboral o el amparo de un subsidio, para lo que contará con un plazo razonable sin verse sorprendido por el desamparo que significa la pérdida del trabajo.

Las interpretaciones también determinaron que con el pago de la indemnización legalmente estipulada el empleador no debía dar explicaciones ni justificar las causas del despido. Sin explicaciones ni preaviso, el despido discurre de manera automática, como si se tratara de una declinación autista del empleador, a quien bastaría emplear un lenguaje de señas.

Las cosas son de otro modo si las miramos desde el punto de vista de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1982 el convenio internacional N° 158, que obliga a justificar el despido so pena de operar el reintegro o pagar una indemnización suplementaria, además de dar un preaviso y consultar a las organizaciones de trabajadores. Muchos han dicho que esa norma puede considerarse parte de nuestro sistema jurídico en tanto porta un derecho “inherente a la personalidad humana”, tal como reza el artículo 72 de la Constitución Nacional.

Pero quizá no sea del todo necesario recurrir a ese mecanismo de incorporación de derechos fundamentales a nuestra normativa, ya que nuestro país ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 7.d) obliga a los Estados a garantizar “la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

El incumplimiento de esta norma por el Estado uruguayo al mirar para el costado y no requerir la justificación de los despidos lo debería hacer incurrir en responsabilidad si esos despidos inmotivados se llevaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho de manera reiterada, en distintos pronunciamientos, que “en caso de despido injustificado” los Estados están obligados a “remediar la situación (ya sea a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional, a opción del trabajador)”.

Los derechos no se defienden solos

Algún operador jurídico debería mover las piezas y reclamar judicialmente el reintegro de un trabajador/a o un colectivo despedido de su empleo de manera inmotivada y luego, de ser necesario, desatar un proceso para reclamar en todas las instancias nacionales e internacionales el cumplimiento de estas normas de derechos humanos con las que el Estado se encuentra comprometido.

En definitiva, en el ámbito laboral debería darse aviso suficiente y explicaciones de los motivos del despido. O sea, debería primar el sentido común y que no siga ocurriendo lo que advertía un profe de Filosofía de la época secundaria, cuando nos recordaba que “el sentido común es el menos común de los sentidos”.

Publica en LA DIARIA el 8 de mayo de 2023. Título original: “El sinsentido del despido imprevisto, inmotivado y barato”. Autor: Hugo Barretto Ghione.