Destruyendo derechos, el trabajo en épocas de Uber

 

Entrevista al sociólogo brasileño Ricardo Antunes.

Especializado en la evolución del mundo del trabajo y autor de numerosas investigaciones al respecto, Antunes habla en esta entrevista sobre la urgencia de pensar nuevas estrategias ante el avance de la explotación laboral y la destrucción del planeta.

Profesor titular de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, este paulista de 70 años se ha especializado hace mucho en la evolución del mundo del trabajo y es autor de numerosas investigaciones al respecto, varias de ellas publicadas fuera de su país. Algunos de sus últimos libros son Riqueza y miseria del trabajo en Brasil: trabajo digital, autogestión y expropiación de la vida, El nuevo proletariado de servicios en la era digital y ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Brecha lo entrevistó a comienzos de mayo en su ciudad natal, al margen de la XVI Conferencia Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, donde presentó una ponencia ante un público compuesto por sindicalistas provenientes de toda América Latina.

«Estamos ante una crisis estructural del capitalismo, pero no ante cualquier crisis. La de ahora no es como otras, por ejemplo, la de 1929. Es mucho más profunda, más letal desde todo punto de vista», comenzó diciendo Antunes.

— ¿Qué es lo que la diferenciaría?

—La de ahora está poniendo directamente en riesgo a la humanidad. Nos está llevando a las puertas de una guerra nuclear y [está] arrasando con el planeta a una escala sin precedentes. La guerra en Ucrania relanzó la producción de energías fósiles en todo Occidente. Van a calentar aún más el planeta. ¿Hasta qué grado? Y, en paralelo, se da una destrucción acelerada del universo del trabajo, con una acentuación hasta ahora desconocida de los niveles de precarización, de desempleo, de la contradicción entre el trabajo calificado y el trabajo precario. En Brasil hoy hay 12 millones de personas en desempleo abierto y un 40 por ciento de la mano de obra en la informalidad. La apariencia del fin del trabajo que se da en el Norte global esconde una expansión brutal del trabajo precarizado en el Sur. Este celular que tengo ahora en la mano no existiría sin un paso inicial: la extracción mineral en África, Asia, América Latina. Hasta su última pieza se fabrica en el Sur, y, por lo general, en condiciones bastante aberrantes para quienes lo hacen.

Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos grandes pensadores, como Toni Negri, André Gorz y Jürgen Habermas, que teorizan sobre el fin del trabajo. O con quienes afirman que estaríamos en una era industrial de servicios y, por lo tanto, en una suerte de poscapitalismo. Lo que hay es una recomposición del trabajo. En su fase actual, el capitalismo solo puede crecer destruyendo, y destruye básicamente en el Sur, aunque no solo, porque basta ver la situación de las poblaciones racializadas en Europa, en Estados Unidos. Y si observamos lo que sucede con los servicios, notaremos que, en todos lados, se han vuelto fuertemente capitalistas, en el sentido de que han sido privatizados, desde la seguridad social hasta las escuelas, pasando por las cárceles y, por supuesto, el agua, uno de los grandes temas de ahora. Desde el comienzo del siglo XXI se ha acelerado fuertemente ese proceso. El capitalismo hoy tiene una imposibilidad total de metabolización social.

—¿Es decir?

—Lo que afirmaba antes: es cada vez más destructivo. Del trabajo, pero también de la naturaleza y del propio ser humano, con la profundización del racismo, de la opresión de género. En un libro que escribí hace ya muchos años [¿Adiós al trabajo?, de 1995], manejaba el concepto de esclavitud del siglo XXI para referirme a un futuro en el que la precarización se volvería estructural y se iría extendiendo progresivamente.

Decía que, así como en las épocas de la esclavitud los trabajadores eran vendidos, en la época contemporánea, de tercerizaciones, subcontrataciones, de precarización, el trabajador sería alquilado. Hablo, obviamente, de una esclavitud de nuevo tipo, no de aquella de siglos atrás. Cuando escribí aquel libro, hace casi 30 años, el trabajo precario no era tan común. Hoy es la norma. La informalidad se ha formalizado.

—Se está refiriendo a lo que usted llama el capitalismo de plataformas o capitalismo pandémico.

—Sí, y a su expresión: la uberización del trabajo. El capitalismo hoy funciona con base en el modelo de Uber. ¿Y qué supone ese modelo? La supresión de los derechos del trabajador. Lo que ahora es cada vez más excepcional es el trabajo regulado, lo que equivale a decir con derechos. Un contrato genera derechos, y en la era de la uberización el trabajo está cada vez más divorciado del acceso y el ejercicio de derechos.

Hoy los empresarios apuntan a la flexibilización, a la individualización de las relaciones laborales. Los nuevos proletarios reciben paga únicamente por el trabajo realizado y no tienen protección social: son ellos mismos los que se la proveen, porque se trata de «autónomos» que no están sujetos a convenciones colectivas, por ejemplo. Lo peor es que este tipo de relaciones laborales –que se están generalizando a muchos sectores, incluso la industria y la agroindustria– son «vendidas» como favorables al trabajador, que ganaría en independencia, en control sobre su propio tiempo, etcétera, etcétera. Se los menciona como «socios» de sus empleadores, se los incita a convertirse en «emprendedores».

—Y se crea toda una jerga que acompaña este fenómeno, una lengua de la uberización.

—Sí, un nuevo lenguaje cargado de doble sentido repleto de manipulaciones, de burlas. ¿El trabajador precarizado: un «socio» de Jeff Bezos, un «socio» de Elon Musk? ¡Por favor! Si hay alguien que sale ganancioso de esta nueva ecuación, claramente, es el capital: ¿qué mejor para los empresarios que unas relaciones laborales individualizadas, a distancia, con jornadas de trabajo que puedan estirarse como chicles, sin las molestias que plantean los sindicatos y los sindicalistas? La pandemia de covid-19 sirvió para que ese modelo, el de Uber, el de Amazon, que ya venía de antes, se consolidara. Y luego no solo no desapareció o disminuyó, sino que se expandió: el teletrabajo, el contacto por Zoom, la educación a distancia son variantes de este fenómeno global. Así como las nuevas tecnologías en sí mismas no son causantes de nada, la pandemia tampoco fue la causa de esta nueva esclavitud laboral, pero fue aprovechada por el capital para ajustar el modelo.

Tengamos en cuenta, por otro lado, que el capitalismo de plataformas, básicamente impulsado por las grandes corporaciones globalizadas y financiarizadas, se relaciona con protoformas del capitalismo. Para decirlo más claramente: el capitalismo de la era digital, de los algoritmos, de la época del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la big data, de la tecnología 5G y la industria 4.0 recurre a las mismas técnicas de explotación que en la época de la acumulación primitiva.

Uno podría pensar, razonando con algo de sentido común o en un marco mínimamente humanista, que en un mundo donde el desarrollo tecnológico permite ahorrarse una enorme cantidad de tareas que antes realizaban los seres humanos se repartiría el tiempo de trabajo para que todos podamos vivir más o menos dignamente. Pero eso no entra en lo más mínimo en la mentalidad de la era del capitalismo de las grandes corporaciones. Se puede decir que hoy hay en marcha laboratorios de experimentación del trabajo a gran escala en los que el trabajador es el cobayo. Si el capitalismo como tal es un infierno para el trabajador, el capitalismo de plataforma, versión 4.0 del neoliberalismo, lo es más aún porque consagra la precariedad, la del trabajo y la de la propia existencia.

—Usted recurre frecuentemente a la metáfora del sociólogo austríaco Karl Polanyi del modelo satánico para referirse al modo de funcionamiento de este sistema.

—Sí, la he evocado en muchos trabajos. Es una metáfora muy gráfica, referida al fenómeno de la mercantilización de todos los resortes de la vida, una mercantilización que ha producido mutaciones enormes, antropológicas, políticas. Polanyi lo vio hace mucho tiempo [murió en 1964], y su metáfora se aplica perfectamente a este mundo en el que la tecnología no está siendo aplicada en beneficio de la humanidad, a satisfacer cosas útiles y socialmente necesarias, sino todo lo contrario.

¿Qué nos mostró la pandemia? Que la humanidad tiene que fomentar el trabajo para generar bienes socialmente útiles, con menos horas de trabajo diario, y dejar de apuntar al trabajo orientado a la creación de riqueza. Quienes mostraron su valía entonces fueron los trabajadores y las trabajadoras de la salud, quienes se ocupan de los cuidados, quienes nos proveyeron de alimentos aun a riesgo de sus vidas. Se demostró igualmente la importancia de que los bienes comunes estén bajo control público y no privado.

Y respiramos mejor. No por la pandemia en sí, sino porque no circularon coches privados. El transporte público quedó en valor. Lo sorprendente es que estas consideraciones no formen parte de las reflexiones de las izquierdas.

—A ver…

—Todo esto que estamos viendo debería situar a las izquierdas en una perspectiva anticapitalista. Cualquier visión emancipadora actualmente debería partir de esa base, de que el capitalismo nos está llevando a la destrucción de la humanidad. Hoy por hoy, la reducción real de la jornada de trabajo y del tiempo de producción en las fábricas, la reapropiación social de la producción para que se privilegien los bienes socialmente útiles y no los que generan plusvalía, el combate al cambio climático, la producción de alimentos sanos son objetivos que van unidos y que no podrían jamás alcanzarse en el marco de este sistema.

Pero las izquierdas se han convertido, paradójicamente, en guardianas del sistema, empeñadas como están en reformar lo irreformable. Lo vemos clarísimamente en América Latina: las burguesías no aceptan ni la más mínima reforma. Cuando algún gobierno progresista se sale un poquito de la norma intentan derrocarlo por el medio que sea. Solo toleran a quienes no cuestionan lo esencial, y hasta cierto límite. Pero la izquierda ha desaprendido a inventar utopías y aprendido a hacer lo posible, olvidándose de la transformación radical del mundo.

Lo mismo les sucede a los sindicatos. Los liderazgos sindicales tienen una larga tradición de defensa. Desde hace cinco décadas están luchando denodadamente por preservar lo mínimo, y está muy bien que así sea, pero eso ya no basta, porque la aceleración de las transformaciones en que está inscrito el capitalismo de plataformas hace que las reformas sean imposibles de sostener.

¿Por qué no podemos imaginar una sociedad sin propiedad privada, sin lucro, sin dinero? ¿Es una utopía? Sí, claro, pero llega un momento en que los sistemas caen. El feudalismo duró diez siglos. Los señores feudales, la nobleza, el Estado absolutista, ¿imaginaban que habría una revolución radical burguesa que los derribaría? No. Ahora se trata de pensar otra revolución radical verdaderamente liberadora. Y no vale decir que el socialismo fracasó, como se afirma hoy tan alegremente. Fracasaron sus versiones de los últimos 150 años, pero al capitalismo le llevó tres siglos derrotar al feudalismo. Si Rosa Luxemburgo despertara hoy, no diría que la alternativa es entre socialismo y barbarie, porque en la barbarie ya estamos inmersos. Diría que es entre socialismo y desaparición de la humanidad. No hay que hacerse trampas al solitario. En ese estadio estamos: el capitalismo hoy es esencialmente destructor, belicista, no hay margen para que a alguien se le ocurra «humanizarlo», como pretendían en su momento las socialdemocracias. Antes ese planteo era ilusorio, ahora es suicida.

—No es precisamente hacia allí que se han embarcado el progresismo o las izquierdas. Hablando de belicismo, en Europa una parte del progresismo está en línea con los planteos de la OTAN con la excusa de combatir el expansionismo ruso.

—Respecto a Ucrania, creo que es una guerra interimperialista, pero ese no es el tema aquí. Sí lo es que esas izquierdas le han comprado el marco al liberalismo y en ese proceso le han dejado el terreno libre a la derecha más dura y a la ultraderecha, que hoy está encarnando –increíblemente– las posturas antisistema. Como Trump, como Bolsonaro, como Milei, que se presentan como rebeldes cuando, en realidad, son lo más rancio. Pero eso se los ha permitido la izquierda al volcarse al centro y no animarse a plantear temas como la transformación del mundo del trabajo o el cambio climático, porque, si lo hace en serio, tendría que ir hacia posturas de superación del capitalismo y se resiste a hacerlo: no va más allá de una defensa de lo que queda del Estado de bienestar. El caso del Partido de los Trabajadores en Brasil es de ese tipo. O el de Boric en Chile. Y yendo a Europa, ¿qué diferencia de fondo hay entre el socialista Hollande y el liberal Macron? Ninguna. Hasta en la represión se parecen. Como dicen en español: no es lo mismo, pero es igual.

La pandemia llegó en un momento en el que en el mundo había una agitación social muy interesante que, en cierta manera, cuestionaba el sistema. Podría haber nacido algo distinto de allí. Hoy, sin embargo, es la derecha más radical la que está marcando el rumbo con una violencia extrema, y la izquierda está claramente a la defensiva.

Mi esperanza es que una alternativa nazca de las periferias, de los movimientos feministas, de los inmigrantes, de los negros, de los indígenas, de los precarizados, del ecologismo. Hay un resurgimiento de clase interesante en Inglaterra, un renacer de las movilizaciones sociales en Francia. Son cosas que dan ilusión, pero la clave está en que los planteos que surjan vayan al fondo de las cosas y sean radicalmente anticapitalistas. Pienso que hay que aprender de las mujeres. Tienen más valentía con relación al capital. Pero hay también un feminismo fácilmente integrable al universo burgués, al igual que hay –en Brasil se da− un «emprendedurismo» negro que nada cambia el fondo de las cosas.

En definitiva, la izquierda necesita una refundación, perderle el miedo a proponer un nuevo modo de vida, perderle el miedo a la radicalidad. Si dejamos que avance el capitalismo, que en su fase actual es un capitalismo de plataformas, una expresión acentuada del neoliberalismo, estaremos en poco tiempo todos uberizados y en una situación comparable al subterráneo del infierno de Dante: no el infierno mismo, sino algo inimaginable. Por fortuna, las cosas son imprevisibles. Como el mundo del capital no se reproduce sin alguna forma de interacción con el trabajo vivo, van apareciendo, aun en situaciones adversas, formas de solidaridad entre los trabajadores y, a la larga, rebeliones.

Lo bueno de ahora es que al llegar a este estadio no queda margen para medias tintas. Llegará un momento en que eso nos romperá los ojos. Ya deberíamos estar en esa fase, pero los espejismos son todavía demasiado fuertes. Esperemos que cuando despertemos no sea demasiado tarde.

Extraído de Brecha, número 1959, 9 junio, 2023. Titulo original:   “Un mundo uberizado”. Autor: Daniel Gatti.

Transporte de cargas por carretera: entre la formalización y continuar permitiendo la evasión

 

El transporte de cargas por carretera es una actividad que directa o indirectamente afecta a todos los habitantes del país. Es una parte esencial de las cadenas de producción, comercio doméstico e internacional y distribución, y siempre está presente en estas y otras actividades económicas. A pesar del trabajo liderado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y realizado en conjunto con otros organismos del Estado y con las empresas y trabajadores del sector durante las últimas dos décadas, el transporte de cargas por carretera no avanzó lo necesario para su formalización y profesionalización. Es más, pueden constatarse altos niveles de informalidad, con múltiples impactos negativos para el propio sector y para la sociedad en general y, como si fuera poco, una escandalosa evasión de pago de tributos por sumas millonarias en dólares año tras año.

 

Para generar transparencia, mejores condiciones de competencia y formalización con trazabilidad se diseñó y desarrolló el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac). El Sictrac permitiría recopilar toda la información relevante de cada viaje de carga (tal como se había definido por la Ley 17.296, de 2001), necesaria para ajustar las políticas públicas e inversiones a cargo del Estado y para los intereses de las propias empresas. Fue el resultado del trabajo conjunto y de acuerdos alcanzados entre distintos organismos del Estado, las empresas transportistas (Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, ITPC) y los trabajadores (Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines).

El actual gobierno decidió dejar sin efecto la implementación del Sictrac, que había comenzado en agosto de 2018, permitiendo con ello la continuidad de la evasión tributaria y de peajes, por el uso de rutas y caminos alternativos para evitarlos, así como puestos de pesaje y de otras irregularidades especialmente peligrosas como el exceso de horas de conducción, el incumplimiento de acuerdos laborales, laudos, etcétera, producto del escaso control o fiscalización.

No más controles: una pésima decisión

Conocido el resultado electoral de noviembre de 2019, desde diversos medios de prensa se reforzó una campaña empezada algo antes para frenar la implementación de uno de los proyectos más importantes para avanzar en la formalización y profesionalización del transporte de cargas por carretera, que aseguraba su trazabilidad.

Se refería al Sictrac como el Gran Hermano del transporte, insinuando su similitud con el reality show televisivo que muestra la intimidad de un grupo de personas que comparten su vida en una casa. Seguramente se pretendía infundir desconfianza alertando sobre que otros, “ajenos” al sector, terminarían metiéndose en su “vida”, decidiendo lo que no les corresponde y limitándoles su “libertad”. Esto se reforzó con opiniones de algunos empresarios transportistas y cargadores o dueños de la carga, que seguían oponiéndose a su puesta en funcionamiento, a pesar de que la ITPC había votado y aprobado su implementación.

La anacrónica y equivocada concepción, explícitamente marcada por la actual administración, sobre que no es materia del MTOP controlar o recabar información sobre aspectos que no son “inherentes” a sus cometidos, llevó a decisiones tomadas desde el inicio del actual gobierno que continúan impactando negativamente en el propio sector y en la sociedad en su conjunto. Sobre todo, porque tampoco se controla lo que sí es materia específica del MTOP.

Una síntesis de cómo se ve este tema por especialistas, que están fuera de toda sospecha de sesgo político-partidario, ideológico o de defender intereses sectoriales o particulares, nos sirve para aclarar y poner en contexto este tema.

 

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “El transporte automotor de cargas en América Latina” (febrero de 2020) contiene un análisis muy completo de las características, fortalezas, debilidades y desempeño en general del transporte automotor de cargas por carretera (TAC) en varios países de América Latina y México (LAC). Allí se considera que la causa principal de los problemas que el propio sector enfrenta para mejorar su desempeño son los altos niveles de informalidad (total o parcial). Es uno de los principales motivos de la ineficiencia del sector (altos precios de los fletes o baja rentabilidad del transportista y prácticas predatorias de subcontratación interna), baja productividad y casi nula incorporación de nuevos equipos y tecnología.

Se indica que en el sector está ampliamente extendida la competencia desleal, que se expresa como evasión impositiva, incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, que es parcial el cumplimiento de la normativa vial y de seguridad en el tránsito y ambientales.

Establece que lo que mayoritariamente explica esta realidad es la ausencia de regulación o controles efectivos por las autoridades competentes (ministerios, agencias, municipalidades, etcétera) y que además una buena parte de los cargadores o dueños de la carga son quienes generan la informalidad porque prácticamente “obligan” a los transportistas a realizar el trabajo sin contrato o documento, sin facturar, e incluso violan normas laborales, exceden los límites de peso, etcétera.

El mencionado informe del BID señala: “La informalidad en LAC debe entenderse en el contexto de la informalidad de los negocios que es habitual en la región, ya que los transportistas reflejan las prácticas empresariales de los dadores de carga. Si estos tienen una calidad de productos, niveles de servicio y formalidad altos, buscarán que su proveedor de transporte cumpla con esas características. Por el contrario, si la calidad, nivel de servicio y grado de formalidad es bajo, incluyendo facturación, compras y empleados en ‘negro’, el transporte replicará esa situación ya que el costo de la formalidad que podría tener no le será recompensado por el dador de carga. El elevado nivel de informalidad interpela la pertinencia de las normas y la eficacia de los organismos de regulación y control”.

Luego agrega: “La informalidad atenta contra el incremento del profesionalismo y la productividad en el TAC; ha habido intentos de mitigarla, pero los avances son aún pocos. Aunque las empresas más informales son las más pequeñas, los negocios informales y la contratación de personal de manera irregular atraviesa las compañías de todas las magnitudes en mayor o menor medida. Este tema sobrepasa al mercado del TAC; es de carácter estructural y sólo puede ser corregido mediante acciones concretas de Estado, por lo que lograr doblegarla depende de las mejoras industriales, productivas y comerciales que puedan impulsarse por la aplicación de leyes y normas más duras en toda la economía de cada país”.

Regulación y control: competencia ineludible del Estado

Años antes de disponer del informe del BID, el MTOP trabajaba en los aspectos que todavía quedaban por resolver: disponer de datos en tiempo real sobre todas las características, condiciones y variables que intervienen en cada viaje de transporte de cargas o flete, para asegurar su trazabilidad. Recopilar y poner la información correspondiente a disposición de los diferentes organismos estatales y de los propios transportistas de carga a través de la ITPC, para facilitar sus decisiones, competencias, cometidos y objetivos particulares.

El actual gobierno decidió dejar sin efecto la implementación del Sictrac, que había comenzado en agosto de 2018, permitiendo con ello la continuidad de la evasión tributaria y de peajes.

Ahora se descartó la implementación del Sictrac esgrimiendo diversos motivos, algunos para distraer del principal: el actual gobierno cree que cuanto menos regulación, seguimiento y control, particularmente en este sector, más libres y mejor se desarrollarán las actividades y, aún mejor, si es reduciendo al mínimo posible la presencia del Estado.

Parecería que ni el anterior ministro de este gobierno, que suspendió el proceso de implementación del Sictrac, ni el actual ministro (que es además empresario transportista de cargas), que lo dejó sin efecto con el apoyo de su director de Transporte (quien fue asesor de la ITPC en las negociaciones de diseño, desarrollo y corredactor de la normativa de soporte del Sictrac), tuvieron tiempo de leer el citado informe del BID; o tal vez sí lo hayan leído y no comparten su diagnóstico o conclusiones sobre qué hacer para avanzar en la solución de los problemas, lo que, francamente, sería mucho peor.

 

Esta política de desregulación y no control, refrendada por la realidad de los últimos tres años, lejos de mejorar –según preveía el programa de acciones que dejó el gobierno anterior desde el MTOP, implementando la Guía Electrónica de Carga (GEC), con un plan progresivo de obligatoriedad de emisión y haber encaminado hasta su fase final de implementación el Sictrac–, ha detenido los avances y retrocedido mucho en alcanzar la formalización del sector.

¿Está bueno cambiar? Para permitir la informalidad y validar la evasión, seguramente no

Junto con la informalidad, el gobierno, por intermedio del MTOP, valida la evasión tributaria de muchos millones de dólares en recursos que estarían disponibles para aportar lo correspondiente a la seguridad social de los trabajadores e invertir o aplicar en el propio sector, o donde sea requerido.

 

La anterior directiva de la ITPC con la que se acordó la implementación del Sictrac cuantificó la evasión por todo concepto en unos 500 millones de dólares anuales. Un estudio del Instituto Cuesta Duarte realizado en julio de 2022 estimó la evasión del sector en aportes a la seguridad social (Banco de Previsión Social, BPS) e impuestos (Dirección General Impositiva, DGI) en 150 millones de dólares y 230 millones de dólares, respectivamente. En suma: 380 millones de dólares por año.

Para contrarrestar la visión y acciones emprendidas por las anteriores administraciones y “justificar” la suspensión del Sictrac, el MTOP encargó al BID estudiar el sector y cuantificar la evasión. En su Informe Final de marzo de 2021, el resultado fue de unos 120 millones al año por impuestos (IVA, IRAE, IRPF) y dividendos y contribuciones a la seguridad social. A pesar de que este estudio es sobre unas 2.500 empresas proporcionadas por la DGI, mientras que las registradas en el MTOP son más de 5.000 y además existen empresas informales que no se consideraron, el resultado es una cifra demasiado importante que se resigna para inversión u otras acciones públicas y para la seguridad social de los trabajadores del sector.

Cuando se priorizó durante 2020-2021 el ahorro de recursos para no afectar el déficit fiscal, se aprobó una reforma jubilatoria para paliar el desfinanciamiento del BPS y a nadie se escucha decir que no sea necesario respetar los máximos de horas de conducción y los salarios de los conductores y trabajadores en general con sus respectivos laudos, se abandona una medida por todos reconocida como necesaria y justa. Este abandono le cuesta, además, como mínimo, 120 millones al año a toda nuestra sociedad.

Desde 2020 al presente, en diversas oportunidades, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró estar trabajando para implementar un sistema de control satelital para los camiones, aunque solamente para aspectos inherentes a los cometidos y necesidades del MTOP.

En la comparecencia en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas el 17 de mayo de este año, las autoridades del MTOP confirmaron la aceptación de una iniciativa privada (IP) que tendrá algunas de las funcionalidades del Sictrac, pero ni por asomo las más importantes.

Según la versión taquigráfica, para el ministro “el objetivo viene a ser el mismo que dijimos al principio: control de monitoreo para lo que el ministerio entiende que necesita, para mejorar, para tener un dato específico de cómo tomar las acciones de infraestructura y también en este caso dar una seguridad al usuario de que el Centro de Monitoreo le dé la certeza de que si tuvo una infracción producto de alta velocidad… Es distinto a lo que pensaba el gobierno anterior, que era que todos estuviéramos en un mismo sistema. Por lo que dije anteriormente, hubiese sido casi imposible lograr todo eso y unificar o compatibilizar todos los sistemas. No es lo que nosotros pretendemos...”.

Y en esa misma oportunidad, el director nacional de Transporte agregó: “Aprovecho la oportunidad para aclarar un concepto. No es un sistema de control, sino que es un sistema de incorporación de información; información de buena calidad... a los efectos de que sirva de insumos para la elaboración de políticas públicas. Además, los inspectores del ministerio o quien releve y después procese esa información no tienen la experticia necesaria para detectar si existe o no infracciones fiscales, en materia de contribuciones especiales, aduaneras, lo que sea... Simplemente, quería aclararlo porque se sigue repitiendo que es un sistema de control; no es un sistema de control”.

¡Por fin! Agradecemos la sinceridad de las autoridades del MTOP. Y sí, es bien distinto a lo que pretendía del Sictrac el gobierno anterior. Ahora sí está bien claro que no se quiere implementar un sistema de control, sino solamente algo que permitirá recabar información del uso de la infraestructura, monitoreo de tránsito y velocidad y, quizá, alguna otra cosa más. Es muy poco, casi la nada misma, para avanzar en formalizar el sector.

El Sictrac sí era un sistema de control y trazabilidad del transporte de cargas por carretera e integral, como su nombre indica. Basado en la información recopilada en tiempo real de cada viaje con todas sus características y variables inherentes al propio transporte de cargas, equipos, tipo y cantidad de carga, itinerario y uso de la infraestructura, incorporando la Guía Electrónica de Carga y la situación registral, tributaria, seguridad social y laboral de la empresa, entre otras. Todos estos datos se almacenaban en un servidor dedicado (en Antel), al que podían acceder el Centro de Monitoreo del MTOP y los demás organismos públicos y las empresas transportistas y tomar la información necesaria según sus intereses y cometidos.

Eso es lo que se necesita para disponer de información relevante y completa para definir inversiones, diseñar políticas públicas y acciones tendientes a frenar la evasión y los incumplimientos laborales y avanzar realmente hacia un transporte de cargas por carretera formal y verdaderamente profesional.

Sin embargo, las actuales autoridades del MTOP eligieron mirar para otro lado… parece que ganó el “Siga, siga”.

Extraido de La Diaria, 14 de junio de 2023. Autores: Fernando Pasadores y  Pablo Genta

Derechos humanos, ambiente y modelos productivos

 

En momentos en que Uruguay, la región y el mundo enfrentan problemas de acceso al agua, al alimento y a un ambiente sano, consideramos importante poner en agenda una discusión sobre cuáles son las causas y las posibles acciones para responder a estas problemáticas. ¿Qué medidas urgentes podemos adoptar para asegurar la protección del derecho a un ambiente sano y los derechos humanos conexos, como la salud humana y la del ambiente, la alimentación y el acceso al agua? ¿Qué alternativas existen para responder a esta situación?

SISTEMA AGROALIMENTARIO: LA VIDA DEL SUELO, EL AGUA Y LA FORMA DE PRODUCCIÓN

El modelo productivo dominante se basa en el monocultivo y la cría de animales a gran escala, para lo cual sobreexplota los bienes naturales y es dependiente de insumos químicos y combustibles. La naturaleza es concebida como fuente de recursos para satisfacer necesidades materiales y al mismo tiempo opera como un depósito de residuos de esas actividades productivas. Estos «beneficios» y «costos» son distribuidos de forma desigual en la población. A su vez, este modelo incrementa la producción de gases de efecto invernadero, lo que intensifica el cambio climático, contamina los ecosistemas, altera la disponibilidad y la calidad del agua, y degrada la calidad de los suelos, por lo tanto pone en riesgo la sostenibilidad de las diversas formas de vida. Si bien las lógicas del presente sistema no son nuevas, se han intensificado al final del siglo XX y principios del XXI a partir de la expansión de proyectos productivos de gran porte.1

En este contexto, la actual crisis hídrica es una de las consecuencias del modelo agroindustrial dominante. Santos, González y Sanguinetti2 muestran que en Uruguay la agroindustria y la forestación son los sectores productivos que consumen más agua. La huella hídrica de la soja y la celulosa han aumentado, mientras que la producción de agua para consumo humano se ha mantenido. Hoy en Uruguay es el agua para consumo humano la que está siendo afectada, mientras el sector productivo recibe medidas de apoyo por la sequía. Además se da lugar a la posibilidad de ingresar capital privado a la gestión del agua, lo que contraviene la Constitución.

Esta tensión ha originado la vulneración de múltiples derechos, anteponiendo los intereses económicos a los del sostenimiento de la vida. Asimismo, ha cambiado los usos del suelo, que se ven degradados en cuanto a su biodiversidad y su calidad por el exceso de nutrientes y la contaminación.3 La salud del suelo afecta también la calidad del agua de todo el ciclo hidrológico y en consecuencia la salud de todo el ecosistema. La vida depende de la salud ecosistémica, incluyendo, además del agua, el suelo y el aire.

 

Es clave identificar que este modelo constituye una amenaza a los derechos fundamentales: a la vida, al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la alimentación; no resuelve el hambre, por el contrario, concentra la riqueza desplazando a pequeños productores y poniendo en riesgo el disfrute de derechos humanos.

ALTERNATIVAS Y POSIBILIDADES LOCALES: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA

¿Es posible plantear un cambio de paradigma? De acuerdo a OXFAM,4 el hambre a nivel global ha crecido por quinto año consecutivo. Todavía hoy, los alimentos en la mayor parte del mundo son producidos mayoritariamente por pequeños productores.5 Por otro lado, a diferencia de la producción convencional, la orgánica o agroecológica utiliza menos agua, no depende de insumos derivados del petróleo y genera más trabajo. Es claro que es necesario reorientar el modelo productivo hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, que contribuyan a hacer frente al cambio climático, reduzcan la pobreza y la desigualdad estructural. Lograr una forma de producción ambiental y socialmente justa basada en la igualdad, la solidaridad y la justicia, así como en el respeto de las comunidades locales a elegir sus formas de producir alimentos y usar el territorio teniendo en cuenta sus conocimientos y saberes tradicionales son objetivos de movimientos sociales y también de científicos/as que buscan diseñar una agroecología emancipatoria.6

El concepto de soberanía alimentaria, propuesto por la Vía Campesina7, cuestiona el hecho de considerar el alimento como una mercancía, así como la concentración de poder de las corporaciones agroindustriales a nivel global, para lo cual demanda un rol activo del Estado, que dialogue con la sociedad organizada y entre ambos definir políticas agrarias y alimentarias que respondan a necesidades locales. La idea es colocar el alimento en el centro del sistema agroalimentario, que sea saludable, culturalmente aceptado, y que se respete su fuerte rol socializador con la finalidad de preservar la vida, la producción familiar y proteger la salud y el ambiente. La soberanía alimentaria se propone como la vía para erradicar el hambre y la malnutrición, garantizando la seguridad alimentaria de forma sustentable y duradera. Considera como pilares fundamentales la autonomía en cuanto al uso de los territorios, respetando la diversidad de conocimientos de la agricultura familiar y campesina a pequeña escala, que desarrollan sistemas de producción, distribución y consumo sustentables.

La soberanía alimentaria plantea a la agroecología como estrategia fundamental y necesaria. La agroecología surge (de manera científica) a partir de la crisis ecológica que se dio en los años setenta. Esta corriente recoge las prácticas y los conocimientos de campesinos, que venían siendo transmitidos de una forma fundamentalmente oral a través del tiempo, y se nutre también de la contribución teórica y metodológica de diversas disciplinas a partir de los avances científicos. El término «se ha ido ampliando para aludir a una concepción de la actividad agraria más imbricada en el ambiente, más equilibrada socialmente, más preocupada en definitiva por la perdurabilidad o la sostenibilidad a largo plazo».8 El pensamiento ecologista y la ética ambiental le han proporcionado fundamentos filosóficos. Posicionarse desde este paradigma implica además pensar al ser humano integrado a un sistema complejo y diverso que busca preservar el ambiente y reconoce nuestra interdependencia. Por lo tanto obliga a poner en el centro el sostenimiento de la vida por sobre la acumulación y a reconocer que estos conflictos implican diferentes valores.

En este sentido se hace necesario preguntar qué rol estamos tomando como parte del sistema: ¿somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada vez que elegimos lo que comemos?, ¿sabemos quién produce nuestros alimentos?, ¿cuántos quilómetros recorre el alimento antes de llegar a nuestra mesa?, ¿cuáles son los procesos que sufren los alimentos?, ¿de qué forma se producen?, ¿cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de quienes lo producen?, ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo?, ¿qué nutrientes tienen esos alimentos?, ¿qué productos químicos tienen esos alimentos?.

Esta reflexión colectiva permite pensar alternativas y retomar la lucha contra desigualdades en defensa de lo común. Desde el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar), nos planteamos el objetivo de expandir la discusión pública y académica sobre derechos humanos incluyendo una perspectiva ambiental, así como visibilizar el trabajo de diferentes grupos de investigación y extensión en la Udelar en torno a problemáticas socioambientales en clave de derecho. Actualmente estamos desarrollando un cine foro en distintos departamentos del país sobre salud, ambiente y modelos productivos denominado «Caminos posibles para un futuro vivible: suelo, vida digna y ambiente». Nos preguntamos cuáles son las causas y las posibles acciones para responder a estas problemáticas. El próximo cine foro se llevará adelante el miércoles 7 de junio a las 13 horas en la Facultad de Agronomía.

 

 

1. I. Gazzano, M. Achkar, E. Apezteguía, J. Ariza, A. Gómez Perazzoli y J. Pivel (2021), «Ambiente y crisis en Uruguay. La agroecología como construcción contrahegemónica», Revista de Ciencias Sociales, vol. 34, n.º 48, págs. 13-40.

2. C. Santos, M. N. González y M. Sanguinetti (2021), «El agua como subsidio ambiental al agronegocio en Uruguay», en A. Azamar, J. C. Silva y F. Zuberman (coords.), Economía ecológica latinoamericana, Clacso-Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, págs. 314-342.

3. A. Foucher, M. Tassano, P. Chaboche, G. Chalar, M. Cabrera, J. González, P. Cabral, A. Simon, M. Agelou, R. Ramon, T. Tiecher y O. Evrard (2023), «Inexorable land degradation due to agriculture expansion in South American Pampa», Nature Sustainability.

4. OXF o, 2023AM (2023), Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias.

Extraído de BRECHA, numero 1958; 2 junio. Titulo original: DERECHOS HUMANOS, AMBIENTE Y MODELOS PRODUCTIVOS Alternativas ante la crisis. Autor: Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar

 

Mas argumentos en contra del despido sin causa.

 

El discurso del PIT-CNT del 1° de mayo movió las aguas del debate en nuestro país sobre la reducción de la jornada de trabajo, tema que había pasado casi desapercibido pese a la novedad que supuso la ley chilena que reconfiguró el límite semanal de 45 a 40 horas y que fue difundida en casi todos los medios.

Pero en las últimas semanas el foco de la temática laboral estuvo puesto en otro lugar. Los despidos de colectivos de trabajadores/as en sectores del comercio, la salud y los servicios –cuestión también referida en el discurso del movimiento sindical– fueron objeto de reclamo de mayor protección para quienes trabajan bajo dependencia. Como suele ocurrir, y con los matices de cada caso, se trató de decisiones de los empleadores comunicadas de manera súbita y sin un motivo a la vista, amparados en la monserga del llamado “despido libre”, ardid que les permite desembarazarse de quienes trabajan con la contrapartida del pago de una módica indemnización.

Justamente estas tres notas –falta de aviso, de motivación y costo reducido– constituyen la estructura central de nuestro sistema de “despido libre”, una construcción que, si bien hegemónica, nunca dejó de tener objetores que observaron su deriva facilitadora de la terminación de la relación de trabajo por la voluntad omnímoda de una de las partes, sin contemplar en absoluto la figura del hasta entonces “colaborador”.

En el fondo, tienen razón los objetores: desde el punto de vista del derecho, el despido libre contradice la protección del trabajo, consagrada constitucionalmente (artículos 7° y 53°), así como incumple con compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en el sistema interamericano de derechos humanos; y desde el punto de vista de los intereses en juego, produce un notorio desequilibrio entre trabajadores/as y empresarios, lesivo de la igualdad y de la libertad en el contrato de trabajo.

Pero más llanamente, el despido imprevisto e inmotivado contradice el sentido común, ya que no se admite en las relaciones humanas (grupos de referencia, familia, etcétera) que un integrante asuma conductas sin dar acabada explicación o justificación, y menos aún si el resultado afecta de algún modo a otra persona.

El origen

Relata Plá Rodríguez que en 1944, ante el posible advenimiento de despidos en masa de trabajadores por la doble circunstancia del restablecimiento de horarios en el comercio que se habían reducido en razón de la escasez de combustible, producto de la Segunda Guerra Mundial, más un aumento salarial generalizado dispuesto por el gobierno, se ideó el dispositivo de la indemnización por despido, buscando un efecto disuasorio del propósito de poner término a las relaciones de trabajo. El mecanismo indemnizatorio previsto inicialmente para el comercio se fue extendiendo paulatinamente a todas las actividades del ámbito privado.

Mirado desde la perspectiva actual, el mecanismo presenta algunos problemas. El monto de la indemnización, que se calcula con base en la antigüedad en el empleo, resulta inferior, según datos del Banco Mundial, al promedio de países tan variados como Argentina, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Honduras, y al traducirse en una suma fija, no queda ligado a las circunstancias personales de cada trabajador/a, que pueden ser muy diversas.

Por otra parte, las lecturas dadas a las leyes sobre despido cristalizaron la interpretación de que la indemnización sustituía la obligación de dar preaviso a quien se prevé despedir, una regla que hasta ese entonces se respetaba y que, incumplida, podía dar lugar al reclamo de una indemnización complementaria.

El incumplimiento de esta norma por el Estado uruguayo al mirar para el costado y no requerir la justificación de los despidos lo debería hacer incurrir en responsabilidad.

En la práctica, el abandono de la obligación de preavisar posibilitó la comunicación informal e inmediata del despido, al extremo de que actualmente, a través de las redes sociales, se priva del trabajo a una persona mediante un breve fraseo (economía de caracteres) empleando un Whatsapp. Pero como además en el trabajo en la economía de plataformas digitales todo es apariencia y virtualidad (“bienvenido al desierto de lo real”,dice Morfeo a Neo en Matrix) y desaparece la figura humana del empleador, es posible que el despido se trasunte en una simple “cancelación” al “prestador de servicios” por parte de un algoritmo que ya no lo reconoce.

El preaviso, sin embargo, es todavía una extendida medida aplicada en países tan variopintos como Italia, Barbados, Chile, Argentina y Alemania, que posibilita que la persona que se verá privada de su ingreso pueda emprender rápidamente la búsqueda de otro empleo, la recapacitación laboral o el amparo de un subsidio, para lo que contará con un plazo razonable sin verse sorprendido por el desamparo que significa la pérdida del trabajo.

Las interpretaciones también determinaron que con el pago de la indemnización legalmente estipulada el empleador no debía dar explicaciones ni justificar las causas del despido. Sin explicaciones ni preaviso, el despido discurre de manera automática, como si se tratara de una declinación autista del empleador, a quien bastaría emplear un lenguaje de señas.

Las cosas son de otro modo si las miramos desde el punto de vista de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1982 el convenio internacional N° 158, que obliga a justificar el despido so pena de operar el reintegro o pagar una indemnización suplementaria, además de dar un preaviso y consultar a las organizaciones de trabajadores. Muchos han dicho que esa norma puede considerarse parte de nuestro sistema jurídico en tanto porta un derecho “inherente a la personalidad humana”, tal como reza el artículo 72 de la Constitución Nacional.

Pero quizá no sea del todo necesario recurrir a ese mecanismo de incorporación de derechos fundamentales a nuestra normativa, ya que nuestro país ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 7.d) obliga a los Estados a garantizar “la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

El incumplimiento de esta norma por el Estado uruguayo al mirar para el costado y no requerir la justificación de los despidos lo debería hacer incurrir en responsabilidad si esos despidos inmotivados se llevaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho de manera reiterada, en distintos pronunciamientos, que “en caso de despido injustificado” los Estados están obligados a “remediar la situación (ya sea a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional, a opción del trabajador)”.

Los derechos no se defienden solos

Algún operador jurídico debería mover las piezas y reclamar judicialmente el reintegro de un trabajador/a o un colectivo despedido de su empleo de manera inmotivada y luego, de ser necesario, desatar un proceso para reclamar en todas las instancias nacionales e internacionales el cumplimiento de estas normas de derechos humanos con las que el Estado se encuentra comprometido.

En definitiva, en el ámbito laboral debería darse aviso suficiente y explicaciones de los motivos del despido. O sea, debería primar el sentido común y que no siga ocurriendo lo que advertía un profe de Filosofía de la época secundaria, cuando nos recordaba que “el sentido común es el menos común de los sentidos”.

Publica en LA DIARIA el 8 de mayo de 2023. Título original: “El sinsentido del despido imprevisto, inmotivado y barato”. Autor: Hugo Barretto Ghione.

 

La reforma de la seguridad social consagra el empobrecimiento de los trabajadores.

 

La coalición multicolor se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en detrimento de los intereses de la clase trabajadora. El programa y las políticas neoliberales que impulsa tienen antecedentes claros en los gobiernos posdictadura del Partido Colorado y el Partido Nacional.

El 27 de marzo, luego de conocido el resultado del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, dio un mensaje a la ciudadanía en el que reiteró que una de sus principales prioridades era una reforma de la seguridad social: «Que tenga las mayorías más amplias posibles, pero el proyecto lo vamos a trabajar y vamos a tener una reforma». Pocos días después, distintos sectores de la coalición de gobierno y del propio Partido Nacional advirtieron que aprobar esta reforma sin el respaldo de sectores de la oposición provocaría la derrota electoral en 2024. Los hechos demuestran que prevaleció la posición del presidente.

En ese escenario de ofensiva del capital contra el trabajo buscando nuevas formas de acumulación, se inscribe la lucha del movimiento popular en contra de la reforma de la seguridad social. El análisis que se hace en este artículo cuestiona la reforma jubilatoria y plantea que los intereses fundamentales a preservar son los de los trabajadores y los pasivos.

LA REFORMA DE 1995 INCORPORÓ EL LUCRO PRIVADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL

La reforma regresiva de 1995 fue una respuesta del capital a la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de 1989, que obligó a actualizar las pasividades por la evolución del índice medio de salarios, lo cual eliminó la posibilidad de continuar utilizando las pasividades como variable de ajuste de los déficits fiscales.

La ley 16.713 estableció una reforma estructural de la seguridad social que sustituyó el sistema de solidaridad intergeneracional estatal, en el que los activos aportan para que cobren los pasivos, por un sistema mixto, al incorporar un segundo pilar privado, de ahorro individual obligatorio. Las AFAP son empresas que utilizan los aportes de los trabajadores para obtener beneficios (comisiones) y hacer inversiones que, teóricamente, multiplicarían el valor de los aportes de los trabajadores. Los subsidios por desempleo y enfermedad, las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas permanecen en el ámbito estatal.

Cambió, también, los parámetros del sistema: elevó la edad jubilatoria de la mujer de 55 a 60 años, modificó el período de cálculo del sueldo básico jubilatorio, rebajó sustancialmente las tasas de reemplazo y aumentó a 35 el mínimo de años de trabajo.

Las AFAP han causado perjuicios importantísimos; por ejemplo, la caída de la recaudación del Banco de Previsión Social (BPS), en tanto las AFAP se quedan con los aportes de los trabajadores activos que, de otra forma, percibiría el BPS para financiar las obligaciones del régimen intergeneracional. Un caso paradigmático es el de los trabajadores que optan por aportar a las AFAP aun cuando tienen ingresos menores a los que obligan a afiliarse a ese régimen. En promedio, los trabajadores activos afiliados a las AFAP en 2021 eran 960.055, entre ellos, solamente 71.334 (7,4 por ciento) ingresaron por obligación legal.1

Por otra parte, la jubilación futura (llamada renta vitalicia) de los trabajadores que hoy están aportando a las AFAP depende de las decisiones del Banco Central del Uruguay, que fija la tasa de interés técnico, ajustada a la baja, semestralmente, desde 2018 hasta el primer semestre de 2021. Desde el segundo semestre de ese año, se utiliza como referencia para fijar esa tasa una curva de rendimiento en unidades previsionales, basada en el índice medio de salarios nominal, que repercute en un incremento de su valor. Ese cambio fue contrarrestado con un aumento de un 0,75 a un 1,5 por ciento en el margen que pueden aplicar como comisión las aseguradoras, rol que actualmente solo cumple el BPS.

El ahorro individual obligatorio que incorpora el lucro privado no cumple con el principio de solidaridad social y de género, no proporciona la rentabilidad prometida, presenta altísimos costos de transición y brinda prestaciones insuficientes.

LAS REFORMAS PRIVATIZADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FRACASARON

Un reciente estudio evalúa el desempeño de 40 años de privatización de pensiones implementados por reformas estructurales en América Latina entre 1980 y 2020, cotejando las promesas hechas con los resultados en los diez países que mantienen dicho sistema. Se constató: «Aseguraron que las pensiones serían más que suficientes, pero las tasas de reemplazo en la mayoría de los sistemas privados son muy inferiores a esa promesa», y se sostuvo que «son inferiores a las de los sistemas públicos» y que «las administradoras tienen jugosas utilidades, lo cual reduce el monto capitalizado en las cuentas individuales; además, la mayoría de aquellas mantiene su ganancia durante crisis económicas. Por el contrario, los asegurados son perjudicados por dichas crisis porque reducen el saldo en sus cuentas individuales».2

En el caso uruguayo, el fondo de ahorro individual se determina por el monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, más la rentabilidad variable de las inversiones, que pueden ser bajas o incluso negativas. La renta vitalicia depende, a su vez, de la tasa de interés técnico, cuyo valor se modifica semestralmente (tendencialmente a la baja), generando una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron, a través de la ley de cincuentones, por salir de las AFAP lo demuestra.

Las AFAP, en cambio, obtienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros de los trabajadores y hacer inversiones que, eventualmente, multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo es contundente en la caracterización del fracaso de los sistemas privados de ahorro obligatorio: «Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias; en 2018, 18 países habían revertido las privatizaciones». En el informe se describe y «analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en términos de cobertura y niveles de beneficios».3

LA REFORMA AMPLÍA Y GENERALIZA EL LUCRO PRIVADO

La ley aprobada aumenta el ámbito de acción y los beneficios de las AFAP y como contrapartida disminuyen la responsabilidad del Estado, los derechos y las prestaciones, consecuencias que son totalmente contrarias a los intereses de los trabajadores.

Uno de los principales cambios que introduce la reforma aprobada es que todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo se incorporen en un régimen mixto como el vigente en el BPS, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen. Los cambios paramétricos que propone van en detrimento de los derechos de los trabajadores: aumentan la edad de retiro a 65 años, sustituyen la tasa de reemplazo por una tasa de adquisición de derechos que será mucho menor y reducen las prestaciones por incapacidad laboral y viudez.

El eje principal de la reforma de la seguridad social es la reducción de las responsabilidades del Estado, en primer lugar, porque amplía el pilar de capitalización, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios.

En segundo lugar, porque lo que aportan los trabajadores en el pilar de reparto tiene una prestación definida y está protegido por el Estado (artículo 67 de la Constitución). En cambio, los que aportan a las AFAP crean un fondo de ahorro que dependerá de múltiples factores –tales como el contexto económico mundial y la buena o mala calidad de las inversiones–, pero que, si tuvieran resultados negativos, no tienen el respaldo estatal.

En tercer lugar, porque todos los trabajadores que ganen menos de 107.589 pesos deberán aportar el 5 por ciento a las AFAP y por encima de esa cifra el 15 por ciento.

Este proceso regresivo tendrá altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que la mayoría de las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán hasta que empiecen a jubilarse por el nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado.

La coalición de gobierno que votó esta ley sostiene que es necesario limitar los costos del sistema de jubilaciones y pensiones que debe asumir el Estado. Con ese fin se reducirán los costos de la parte que se mantiene en el sistema de reparto, del cual es responsable el Estado, aumentando la edad de retiro, rebajando la tasa de remplazo y el salario básico jubilatorio, recortando las pensiones por viudez y limitando las actividades bonificadas a ciertos puestos de trabajo. Incluso, a los que no se les aumenta la edad de retiro se les formulan exigencias casi irrealizables.

Como aparente contrapartida de tantas pérdidas se plantea la creación de un suplemento solidario que mejoraría el ingreso de los que tienen menores pasividades, lo que es muy improbable dado que se actualizará de la misma manera discrecional que las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). En efecto, se determinará en función de la situación financiera del Estado y a opción del Poder Ejecutivo, tomando en consideración el índice medio de salarios o el índice de precios al consumo, pudiendo ser 20 por ciento menor o 20 por ciento mayor que el índice elegido. En el caso de las BPC, nunca fue superior.

Si bien los procesos de convergencia de obligaciones y derechos de todos los regímenes de pasividades son deseables y justificados cuando se avanza en mejoras colectivas, deben rechazarse cuando –como en este caso– se generaliza un sistema cuyo pilar fundamental es la capitalización individual que ha fracasado en todo el mundo. En el mismo sentido, el gradualismo de la transición no impide ver que la propuesta es profundamente privatizadora y regresiva.

PROTEGEN AL CAPITAL CON REDUCCIÓN

El gobierno argumenta que tiene que hacer la reforma porque la gente vive más y va a cobrar las prestaciones por más tiempo, y que no se pueden aumentar los gravámenes al capital porque afectarían la inversión y el crecimiento económico. Los aportes personales y patronales constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social. Los trabajadores han mantenido su tasa de aporte, en cambio las tasas patronales se han modificado, en general a la baja. En el sistema de previsión social uruguayo se han creado múltiples normas que establecen exoneraciones de aportes patronales. Algunas de ellas se enmarcan en exoneraciones generales y permanentes; otras se aplican para determinadas empresas o actividades y por cierto tiempo.

No se quieren tocar, tampoco, las exoneraciones totales o parciales de impuestos al capital. Los subsidios al capital a través del impuesto a las rentas de las actividades empresariales (IRAE) y el impuesto al patrimonio (IP) son superiores a la asistencia financiera neta al BPS. El gasto tributario en zonas francas es casi la mitad de dicha asistencia. El total de subsidios al capital por estos dos impuestos es 68.275 millones de pesos –casi dos veces y media la asistencia financiera neta, que es 26.795 millones de pesos–.4 Quiere decir que existe un amplio espacio para reducir los subsidios al capital en forma gradual cubriendo la asistencia financiera sin necesidad de condenar a los futuros pasivos a vivir la vejez en condiciones indeseables.

CASTIGAN A LOS TRABAJADORES

Como no están dispuestos a aumentar los costos del capital con los aportes patronales o en impuestos, buscan reducir los egresos recortando derechos de los futuros pasivos. Los perjudicados de este proceso serán nuestros hijos y nietos, que tendrán jubilaciones más que insuficientes, la mitad de los cuales no tendrán cómo mantenerse entre los 60 y los 65 años.

Así lo demuestra un informe elaborado para la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) por Graciela Sanroman (Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República). En el informe –basado en las reformas llevadas adelante sobre finales del siglo pasado– se sostiene: «Los trabajos empíricos disponibles indican que, por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de pensiones, menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan situaciones de enfermedad, invalidez, o inactividad». El estudio indica, a su vez, que incrementar las edades «aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez», lo que implica «aumentos (importantes en magnitud) de la cantidad de prestaciones por seguro de desempleo, enfermedad e invalidez en ese tramo etario». En buen romance, la reforma la pagarán los trabajadores con pérdida de calidad de vida.

Sin embargo, la coalición dice que mejorará la situación de los que tienen menores ingresos. La pregunta es cómo puede ocurrir eso si se reduce el salario básico jubilatorio, la tasa de reemplazo y se cobran cinco años menos. La aparente respuesta es el «suplemento solidario», que, en gran medida, es financiado por el propio trabajador, con lo que deja de cobrar durante cinco años. En efecto, a una persona que actualmente se podría jubilar con 30 años de trabajo y 60 de edad le correspondería recibir de jubilación mínima 17.263 pesos y tendría una pérdida muy importante: 1.035.780 pesos por los 60 meses que dejará de cobrar la jubilación mínima. Por otra parte, aquellos trabajadores que serían parte del 50 por ciento que no consigue empleo, según el trabajo de Sanroman arriba citado, perderán el derecho al Fonasa.

Con la aprobación de esta reforma la ofensiva del capital contra los trabajadores se profundiza. La respuesta a esta ofensiva la encontramos en el XIV Congreso del PIT-CNT: «Reafirmar nuestro inclaudicable compromiso en la defensa irrestricta e integral de la seguridad social solidaria […] [y rechazar] la vigencia, la extensión y la profundización del régimen mixto, así como toda intención de imposición de esquemas de capitalización individual privado y lucrativo».

Dado que la Constitución de la República (artículo 79) impide que se realicen referéndums contra leyes en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo, como en este caso, el único camino posible para eliminar la participación privada, el lucro y el proceso de pérdida de derechos en la seguridad social es recurrir a un plebiscito.

1. BPS, Boletín estadístico 2022.

2. OIT, «La reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)», documento de trabajo n.º 63, 2019.

3. Carmelo Mesa-Lago, «Desempeño de pensiones privatizadas en América Latina 1980-2020», El Trimestre Económico, n.º 355, julio-setiembre, 2022, México.

4. Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, 2021, tomo 1, cuadro 44 y Estimación del gasto tributario en Uruguay 2018-2021, art. 183, ley 19.438.

Publicado en Brecha número 1954 “Solamente un plebiscito podrá eliminar el lucro privado en la seguridad social” Autor: Antonio Elías,5 mayo, 2023

 

Relato de la ejecución de los Mártires de Chicago por Jose Marti

 

Y ya entrada la noche y todo oscuro en el corredor de la cárcel pintada de cal verdosa, por sobre el paso de los guardias con la escopeta al hombro, por sobre el voceo y risas de carceleros y periodistas, mezclado de vez en cuando a un repique de llaves, por sobre el golpeteo incesante del telégrafo que el “Sun” de Nueva York tenía establecido en el mismo corredor… por sobre el silencio que encima de todos esos ruidos se cernía, oíanse los últimos martillazos del carpintero en el cadalso. Al fin del corredor se levantaba el cadalso. -Oh, las cuerdas son buenas: ya las probó el alcaide. El verdugo habla, escondido en la garita del fondo, de las cuerdas que sujetan el pestillo de la trampa. -La trampa está firme, a unos diez pies del suelo… No; los maderos de horca no son nuevos; los han pintado de ocre para que parezcan bien en esta ocasión; porque todo ha de estar decente, muy decente… Sí, la milicia está a mano; y a la cárcel no se dejará acercar a nadie… De veras que Lingg era hermoso… Risas, tabaco, brandy, humo que ahoga en sus celdas a los reos despiertos. En el aire espeso y húmedo chisporrotean, cocean, bloquean, las luces eléctricas. Inmóvil sobre la baranda de las celdas, mira al cadalso un gato… Cuando de pronto, una melodiosa voz, llena de fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a quienes se supone fieras humanas, trémula primero, vibrante en seguida, pura y luego serena, como quien ya se siente libre de polvos y ataduras, resonó en la celda de Engel, que, arrebatado por el éxtasis, recitaba “El tejedor”, de Heinrich Heine, como ofreciendo al cielo el espíritu, con los dos brazos en alto: “Con los ojos secos, lúgubres, ardientes, rechinando los dientes, se sienta en su telar el tejedor; ¡Germania vieja, tu capuz zurcimos! Tres maldiciones en la tela urdimos; ¡Adelante, adelante el tejedor! Maldito el falso Dios que implora en vano en invierno tirano muerto de hambre el jayán en su obrador; ¡En vano fue la queja y la esperanza! Al Dios que nos burló, guerra y venganza. ¡Adelante, adelante el tejedor! ¡Maldito el falso Rey del poderoso cuyo pecho orgulloso nuestra angustia mortal no conmovió! ¡El último doblón nos arrebata, y como a perros luego el Rey nos mata! ¡Adelante, adelante el tejedor! ¡Maldito el falso Estado en que florece, y como yedra crece vasto y sin tasa el público baldón; donde la tempestad la flor avienta y el gusano con podre se sustenta! ¡Adelante, adelante el tejedor! ¡Corre, corre sin miedo, tela mía!

¡Corre bien, noche y día! Tierra maldita, tierra sin honor, con mano firme tu capuz zurcimos; tres veces, tres la maldición urdimos: ¡Adelante, adelante el tejedor!’ Y rompiendo en sollozos, se dejó Engel caer sentado en su litera, hundiendo en las palmas el rostro envejecido. Muda lo había escuchado la cárcel entera, los unos como orando, los presos asomados a los barrotes, estremecidos los periodistas y los carceleros, suspenso el telégrafo, Spies a medio sentar, Parsons de pie en su celda, con los brazos abiertos, como quien va a emprender vuelo. El alba sorprendió a Engel hablando entre sus guardas, con la palabra voluble del condenado a muerte, sobre lances curiosos de su vida de conspirador; a Spies, fortalecido por el largo sueño; a Fischer, vistiéndose sin prisa las ropas que se quitó al empezar la noche para descansar mejor; a Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltando sobre sus vestidos, después de un corto sueño histérico. -¿Oh, Fischer, cómo puedes estar tan sereno, cuando el alcaide que ha de dar la señal de tu muerte, rojo por no llorar, pasea como una fiera de alcaidía? -Porque -responde Fischer, clavando una mano sobre el brazo trémulo del guarda y mirándole de lleno en los ojos- creo que mi muerte ayudará a la causa con que me desposé desde que comencé mi vida, y amo más que a mi vida misma, la causa del trabajador; y porque mi sentencia es parcial, ilegal e injusta. -Pero Engel, ahora que son las 8 de la mañana, cuando ya sólo te faltan dos horas para morir, cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los saludos, en los maullidos lóbregos del gato, en el rastreo de las voces, y los pies, estás leyendo que la sangre se te hiela, ¿cómo no tiemblas, Engel? -¿Temblar porque me han vencido aquéllos a quienes hubiera querido yo vencer? Este mundo no me parece justo; y yo he batallado, y batallado ahora con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? ¿Cabe en un hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando puede morir por ella? ¡No, alcaide, no quiero droga; quiero vino de Oporto! -Y uno sobre otro, se bebe tres vasos… Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pintaba para el “Arbeiter Zeitung” el universo dichoso, color de llama y hueso, que sucedería a esta civilización de esbirros y mastines, escribe largas cartas, las lee con calma, las pone lentamente en sus sobres, y una y otra vez deja descansar la pluma para echar al aire, reclinado en su silla, como los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de humo. ¡Oh Patria, raíz de la vida, que aun a los que te niegan por el amor más vasto a la Humanidad, acudes y confortas, como aire y como luz por mil medios sutiles! “Sí, alcaide -dice Spies-, beberé un vaso de vino del Rin”. Fischer, cuando el silencio comenzó a ser angustioso, en aquel instante en que en las ejecuciones como en los banquetes todos los concurrentes callan a la vez como ante solemne aparición, prorrumpió iluminada la faz por venturosa sonrisa, en las estrofas de “La Marsellesa” que cantó con la cara vuelta al cielo… Parsons, a grandes pasos mide el cuarto…, vuélvese hacia la reja…, gesticula, argumenta, sacude el puño alzado, y la palabra alborotada, al dar contra los labios, se le extingue como en la arena movediza se confunden y perecen las olas. Llenaba de fuego el sol las celdas de los cuatro reos, cuando el ruido improviso, los pasos rápidos, el cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que aparecen a sus rejas, el color de la sangre que sin causa visible enciende la atmósfera, les anuncian lo que oyen sin inmutarse, ¡que es aquélla la hora! Salen de sus celdas al pasadizo angosto. “¿Bien?”. “¡Bien!”. Se dan la mano, sonríen, crecen: “Vamos”. El médico les había dado estimulantes. A Spies y a Fischer les trajeron vestidos nuevos; Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Les leen la sentencia a cada uno en su celda; les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero; les echan por sobre la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos, una mortaja blanca; abajo, la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, ¡como en un teatro! Ya vienen por el pasadizo de las celdas, a cuyo remate se levanta la horca; delante va el alcaide, lívido; al lado de cada reo marcha un corchete. Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azules, hacia atrás el cabello bien peinado, blanco como su misma mortaja, magnífica la frente; Fischer le sigue, robusto y poderoso, enseñándose por el cuello la sangre pujante, realzados por el sudario los fornidos miembros. Engel anda detrás a la manera de quien va a una casa amiga, sacudiéndose el sayón incómodo con los talones. Parsons, como si no tuviese miedo a morir, fiero, determinado, cierra la procesión a paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la trampa; las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las cuatro mortajas. Plegaria es el rostro de Spies; el de Fischer, firmeza; el de Parsons, orgullo rabioso; a Engel, que hace reír con un chiste a su corchete, se le ha hundido la cabeza en la espalda. Les atan las piernas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el primero, a Fischer, a Engel, a Parsons; les echan sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las bujías, las cuatro caperuzas. Y resuena la voz de Spies, mientras está cubriendo la cabeza de sus compañeros, con un acento que a los que le oyen les entra en las carnes; “La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”. Fischer dice, mientras el vigilante atiende a Engel: “Este es el momento más feliz de mi vida”. “¡Hurra por la anarquía!”, dice Engel, que había estado moviendo bajo el sudario las manos amarradas hacia el alcaide. “Hombres y mujeres de mi querida América…”, empieza a decir Parsons… Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando. Parsons ha muerto al caer, gira de prisa, y cesa; Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere; Engel se mece en su sayón flotante, le sube y baja el pecho como una marejada, y se ahoga; Spies, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, sacude los brazos, tamborilea; y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores”.

Los mártires de chicago fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe, George Engel

 

Primero de Mayo

 

“Cuando todos los títulos aristocráticos fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, sólo quedará entre los hombres un título de superioridad, o de igualdad aristocrática, y ese título será el de obrero. Ésta es una aristocracia imprescriptible, porque el obrero es, por definición, «el hombre que trabaja», es decir, la única especie de hombre que merece vivir. Quien de algún modo no es obrero debe eliminarse, o ser eliminado, de la mesa del mundo; debe dejar la luz del sol y el aliento del aire y el jugo de la tierra, para que gocen de ellos los que trabajan y producen: ya los que desenvuelven los dones del vellón, de la espiga o de la veta; ya los que cuecen, con el fuego tenaz del pensamiento, el pan que nutre y fortifica las almas”.

José Enrique Rodó