Postura de la Sala de Abogados del PIT-CNT sobre uso de redes sociales y el trabajo

 

A finales del año pasado, el Instituto Cuesta Duarte presentó un informe jurídico titulado “Uso de redes sociales en y fuera del ámbito laboral, y su relación con la libertad de expresión”. En el documento se describen una serie de casos en Uruguay, donde el uso de redes sociales por parte de trabajadores tuvo como consecuencia sanciones de las empresas a las que pertenecían. Según el texto, el objetivo fue “dejar algunas pautas de ‘manejo’ para trabajadores, trabajadoras y operadores del derecho, a fin de conocer de antemano los efectos que las publicaciones en redes sociales pueden tener en el trabajo”.

En diálogo con la diaria, Gabriel Salsamendi, autor del informe e integrante de la sala de abogados del PIT-CNT, contó que la idea del estudio surgió el año pasado a partir de “algunos casos de trabajadores que habían tenido inconvenientes por las publicaciones que hacían”. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de la docente que publicó fotos suyas en las redes y los padres de un colegio en el que trabajaba la cuestionaron por eso.

Si bien el abogado comentó que no tiene conocimiento sobre una cifra de empleados sancionados o despedidos por publicaciones en sus redes, sí distinguió que es un fenómeno que se “está ampliando más”. Específicamente sobre los despidos, planteó que un empleado puede ser destituido si en sus redes sociales hace comentarios insultantes contra “los empleadores, con compañeros de trabajo o que afecten negativamente la imagen de la empresa”.

En el documento se apunta que “la Justicia mayoritariamente entiende que el lenguaje y el contenido de la publicación es clave para definir si estamos ante el ejercicio de la libertad de expresión o se está transgrediendo la misma. Por tanto, toda publicación referida al empleador debe ser realizada en términos respetuosos y no imputando conductas que puedan causar un daño a la otra parte. El imputar un delito o una conducta inmoral configura claramente un daño y no existe justificativo para ello”.

Una de las problemáticas que se plantea en el estudio es que existe una falta de normativa específica sobre el tema, que hace que los jueces terminen “midiendo caso a caso”, eso lleva a que “exista una alta dosis de subjetividad y activismo judicial”. Según Salsamendi, esto genera una situación de “inseguridad”; sin embargo, planteó que es un tema que “difícilmente tenga solución”. En ese sentido, dijo que es muy complejo definir una normativa sobre el tema y mencionó que en la Unión Europea y “en otros lados” se establecieron “algunas directivas”, “pero son de carácter general”.

Las recomendaciones

Para evitar despidos o sanciones, Salsamendi sugirió que los trabajadores “olviden” que hay diferencias entre las publicaciones que realizan “sentados en el living de su casa” y las que hacen “en horario de trabajo”. En segundo lugar, planteó que hay que tener claro que aunque se piense que las publicaciones son privadas, “pueden llegar a tener muchos más destinatarios de los que se puede imaginar”.

También mencionó que se tiene más en cuenta la “intención de generar daño” que la viralidad de la publicación: “Si digo que el empleador es un ladrón y eso llega a 10.000 personas, hacés más daño que si le llega a 20, pero en realidad lo que se mide es que le estoy adjudicando una conducta delictiva”, explicó.

Por último, dijo que se debe tener en cuenta que la libertad de expresión no protege los casos de insultos y que la costumbre que hay de “acusar e insultar sin ton ni son no es avalada por la Justicia, porque en el mundo se entiende que eso transgrede los límites de la libertad de expresión”. Sin embargo, ser precavido no es una cuestión única para los trabajadores, ya que, según Salsamendi, también es posible que existan consecuencias judiciales para un empleador que publique agravios en sus redes sociales, aunque aclaró que no conoce ningún caso.

El caso de los sindicatos

Por otro lado, también hizo referencia a los casos en que las publicaciones son autoría de un miembro del sindicato de una empresa. En ese caso, comentó que “en el ejercicio de la libertad sindical, los jueces pueden llegar a ser un poco más laxos, siempre y cuando [la publicación] se dé en el contexto de la negociación. Si no se hace en ese contexto, el juez puede interpretar que la intención era agraviar”. “Hay dos derechos fundamentales en juego: la libertad de expresión y la libertad sindical. No puede haber libertad sindical sin libertad de expresión”, afirmó.

Por esos motivos, en el contexto de la negociación, “la interpretación de la Justicia podría llegar a ser un poco más laxa”, explicó. En el informe también se planteó este tema y se expuso que esa posible mayor tolerancia de la Justicia “no es una patente para agraviar o insultar, pero la rectificación en tiempo breve parecería ser un elemento que la Justicia toma en cuenta”.

Como reflexión final, Salsamendi insistió en que hay que tener más cuidado con el uso de las redes, pero “sin ir al extremo”. Añadió que, relacionado con este tema, identifican que hay un problema con “la interpretación del despido libre en Uruguay”. “Nosotros entendemos que de acuerdo con la normativa internacional como nacional, el despido debería ser necesariamente causado, el tema es que la Justicia uruguaya siempre interpretó que existe el despido libre, e incluso llegó a interpretar, o interpreta, que despedir es un derecho del empleador. Nosotros entendemos que hay derecho de las personas a trabajar”, planteó. Por eso Salsamendi apuntó que si el empleado pierde ese derecho “tiene que haber una justificación”.

Tomado de LA DIARIA. Publicado el 31 de enero de 2023. Titulo Original: “Instituto Cuesta Duarte publicó informe sobre uso de redes sociales en el ámbito laboral con pautas para su “manejo””

 

 

Sistematización de experiencias en el establecimiento de protocolos sobre acoso sexual y violencia laboral en el sistema educativo.

 

El presente documento pretende dar cuenta de dos experiencias en el establecimiento de protocolos sobre acoso sexual y violencia laboral en el ámbito educativo. Elegimos dos ámbitos distintos para observar cómo desde la esfera pública y privada se abordaron procedimientos que intentan dar respuesta a las situaciones de acoso y de violencia en este ámbito específico. Con la particularidad que allí existe en todos los casos tutela estatal, sea desde la autonomía en el caso de la Universidad de la República (UdelaR) o desde la rectoría en las políticas de educación básica, media y superior como es el caso de la ANEP quien establece reglas que deben ser cumplidas por las instituciones educativas privadas. La  mirada sobre estos dos ámbitos permite ver cómo las instituciones abordan estás situaciones con estudiantes que transitan por ellas a lo largo de su vida académica, y en distintos estadios etarios.

En el siguiente link podrá consultar el documento: 

https://www.cuestaduarte.org.uy/documentos/sistematizacion-de-experiencias-en-el-establecimiento-de-protocolos-sobre-acoso-sexual-y

 

(Texto tomado del portal del Instituto Cuesta Duarte)

Perdida de salario. Los trabajadores perdieron 1.000 millones de dólares en 2022 con respecto a 2019.

 

La pérdida del conjunto de trabajadores frente al capital sumó 1.000 millones de dólares en 2022 con relación a 2019.

Los trabajadores asalariados pasaron de percibir 41,5% del PIB en 2019 a 40,3% en 2022. Por su parte, la participación del capital pasó de 37,8% a 39,3%

El PIB y la distribución funcional del ingreso

El enfoque más usual conceptualiza al producto interno bruto (PIB) como el valor total de los bienes y servicios generados en una economía a lo largo de un período de tiempo (un año). Es decir, que si se suma el valor de todos los bienes y servicios producidos en Uruguay el año pasado (desde la carne hasta las clases en escuelas públicas y privadas; desde el software hasta los servicios de hotel), esto suma el valor del PIB. En el caso de Uruguay en el último año, casi 70.000 millones de dólares.

Una interpretación alternativa y complementaria es entender al PIB como el total de la riqueza generada y repartida en el país en ese período. Y es que toda la riqueza generada en forma de bienes y servicios es apropiada por alguien; a algún bolsillo va a parar. O sea que, si sumamos el total de salarios pagados a quienes trabajan, más las ganancias de las empresas (dividendos), los intereses devengados por el capital financiero, y las rentas por la propiedad (por ejemplo, de la tierra), se debe alcanzar ese mismo valor de 70.000 millones de dólares.

Mientras que el primer enfoque es especialmente útil para una mirada de la estructura económica del país (qué sector productivo explica qué porción de la riqueza producida en el país), la segunda, mucho menos frecuente, es útil para obtener una mirada distributiva. Esta permite responder cómo se reparte la riqueza generada en el proceso productivo entre los diferentes “factores productivos” (trabajo, capital, tierra) y, por tanto, entre sus propietarios (clases sociales), trabajadores y capitalistas en sus diversas formas. Esto es conocido como la distribución “funcional del ingreso”, que es una mirada alternativa a la distribución “personal” del ingreso, cuyo foco son los individuos u hogares y básicamente se centra en cómo se distribuyen estos en la escala de ingresos de la sociedad (típicamente los “deciles”), sin hacer referencia a su papel en el proceso productivo.

Por tanto, la distribución funcional del ingreso surge de observar cómo se reparte el PIB entre los sectores o clases sociales. Así, en la información disponible para 2017, elaborada por el Banco Central, se observa que el 100% se reparte de la siguiente forma: las remuneraciones de asalariados (ingreso de trabajadores en relación de dependencia) dan cuenta del 42% del PIB; el “excedente de explotación bruto” que condensa todas las formas de remuneraciones puras del capital, apropiaba el 37% del PIB; el “ingreso mixto bruto” explica el 9% y refiere a los ingresos de trabajadores autónomos donde no es posible diferenciar qué parte es ganancia de capital y qué parte es por trabajo (por ejemplo, en un almacenero que trabaja en su negocio), y el 12% restante corresponde a “impuestos menos subvenciones sobre la producción y los productos”, que básicamente es lo que apropia y consume el Estado (que no incluye ni los aportes a la seguridad social que se incluyen en los salarios ni los impuestos sobre los ingresos de cualquier tipo, que no han sido descontados de esos ingresos).

Extraído de LA DIARIA en versión parcial, 30 de enero de 2023. Titulo original “La pérdida del conjunto de trabajadores frente al capital sumó 1.000 millones de dólares en 2022 con relación a 2019”. Autor: Fernando Isabella.

Los salarios en el tercer año del actual gobierno

 

Para el gobierno, se inició la recuperación de los sueldos de los trabajadores. Sin embargo, los datos anunciados solo permiten amortiguar, en parte, la pérdida del salario real en los primeros tres años de la actual administración. Por otro lado, se acentúa la distribución negativa de la riqueza, cuando la economía crecería un 10 por ciento respecto a 2019 y la masa salarial solo rondaría la mitad de ese porcentaje.

El nuevo índice medio de salarios (IMS), ubicado en 9,74 por ciento y superior a la inflación del período enero-noviembre de 2022, que fue de 8,29 por ciento, ha provocado lecturas varias. Desde el Ejecutivo se afirma que, tanto para las jubilaciones y las pensiones (que se ajustan por el IMS) como para algunos ajustes salariales, ese indicador manifiesta que se inició la recuperación del salario real comprometida años atrás, cuando, a raíz de la pandemia de coronavirus y el consiguiente enfriamiento de la economía, salarios y pasividades sufrieron una caída del poder de compra. Sin embargo, desde filas de la oposición política, así como desde la central sindical, se cuestiona esa lectura complaciente. En primer lugar, porque la comparación para afirmar que se está en la senda de la recuperación de los ingresos de los trabajadores tiene la falencia de confrontar, en lugar de las cifras anualizadas, los registros de noviembre y diciembre de 2021 con los de 2022. Es decir, los porcentajes no se anualizan, por lo que no tienen en cuenta lo ocurrido en todo 2022.

El economista Bruno Giometti, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, comentó a Brecha que lo que dice el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, es que, al final del año, en virtud de que la inflación empezó a disminuir, el salario comenzó a repuntar en relación a un primer semestre que fue muy malo. Los primeros seis meses resultaron negativos porque hubo una inflación más alta, explicó Giometti, y los ajustes no previeron que la inflación iba a ser tan alta. En cambio, en el segundo semestre, a partir de setiembre, empezó a bajar algo la inflación y los ajustes de julio comenzaron a amortiguar un poco la caída. «Para nosotros, más allá de la discusión de si el salario aumentó un punto, el análisis central que hay que hacer es: el salario cayó, eso es indudable, y la economía creció. Si se toma el promedio de enero a noviembre de 2022 y se compara con el mismo período de 2019, da un 3,9 por ciento de disminución del salario real. Si se toma noviembre de 2022 y se compara con noviembre de 2019, que es la peor comparación posible, te da, con la metodología de Mieres, que la caída es un poco más baja. Igual te da que está dos puntos por debajo de 2019», ilustró el economista. Incluso, sostuvo, si se acepta como referencia el salario de noviembre (comparado con el mismo mes de 2021), podría constatarse una suba del 1 por ciento, pero «si se toma el promedio de los 11 meses de 2022 y se lo compara con el mismo lapso de 2021, ahí la disminución es como del 0,7 por ciento. Para un balance adecuado, lo mejor sería hacer esta segunda comparación, porque te permite tener una visión de lo que pasó en 2022. El salario en 2022 cayó respecto a 2021, más allá de que falta diciembre para completar los datos».

En el caso de las pasividades, el asesor de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Ariel Ferrari, señaló a Brecha que, después de cuatro años, es la primera vez que el IMS está por arriba del IPC (índice del precio al consumo): «El problema que tenemos es que cuando el gobierno da el 3 por ciento en julio se está perdiendo la posibilidad, a diferencia de lo que había dicho el Ejecutivo, de que este año recuperemos lo perdido entre 2020, 2021 y 2022». La caída en estos años, añadió, fue de un 3,7 por ciento, y, dado que el ajuste se aplica sobre junio, antes del 3 por ciento otorgado como anticipo (al IMS hay que restarle el 3 por ciento adelantado) y no sobre diciembre, el monto del incremento es de 6,54 por ciento. «Se recupera solamente un 1,4 por ciento del poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, cuando la pérdida fue sensiblemente mayor», remató Ferrari.

MÁS CONCENTRACIÓN

El economista y secretario de Asuntos Sociales del Frente Amplio, Daniel Olesker, reconoció que en los últimos meses el salario real comenzó a tener una recuperación, porque, además, a la inflación le siguió un efecto de deflación y los precios comenzaron a bajar en noviembre y diciembre (también a merced del UTE Premia). Eso indicaría un proceso de recuperación que se consolidaría en 2023.

Pero, para el economista, son necesarias algunas precisiones. Por ejemplo, que el salario y la cifra del empleo son los que en conjunto definen el ingreso de la clase trabajadora: «En 2022, el salario cayó un 0,4 y el empleo creció un 2 por ciento, eso quiere decir que la masa salarial, si se suman salarios y empleo, creció alrededor de un 2,5. Sin embargo, el PBI habría crecido alrededor de un 5 por ciento. O sea que el ingreso de la clase trabajadora creció la mitad de lo que lo hizo el producto y hubo, claramente, una concentración de la riqueza».

Además, a su entender, hay que analizar más finamente las cifras de la inflación, porque dentro del 8,3 de aumento del IPC, los alimentos y las bebidas crecieron un 11,7 por ciento. Es decir que para los sectores de menos ingresos, en los que la alimentación pesa más o menos un 35 por ciento en el IPC (en el primer y el segundo decil de la población), la carga es más gravosa, mientras para el resto no supera el 15 por ciento de sus ingresos.

Habría otros puntos a tener en cuenta. La política del gobierno apuntó a una baja muy fuerte de los ingresos salariales en los primeros dos años –en opinión de Olesker, a partir de una lectura sesgada de la crisis de la pandemia–, estancarlos en el tercero y luego empezar a recuperarlos a los niveles de 2019. Pero, si se analiza la evolución de la economía, esta ha tenido en 2021 y 2022 un fuerte crecimiento, y se prevé que al cabo del quinquenio el crecimiento del producto alcance un 10 por ciento por encima del registro de 2019. Sin embargo, la masa salarial (empleo más salarios) no alcanzaría la mitad de ese porcentaje, lo que es indicativo de la tendencia negativa de la distribución de la riqueza.

De todas formas, lo que asoma en el horizonte es la necesidad de atender al talante crítico de gran parte de la sociedad. La seguridad y la economía aparecen como las primeras preocupaciones de la sociedad. Pero otro factor que se vislumbra en, al menos, el primer semestre de 2023 es el enfriamiento de la economía mundial, algo que resulta evidente en la disminución del precio de los commodities (especialmente el de la carne) y el recorte de las compras por parte de China. En el último trimestre de 2022, el principal destino de las exportaciones uruguayas fue Brasil, lo que reinstalaría la necesidad de buscar alguna forma de reactivar el mercado interno.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1938. TITULO ORIGINAL: LOS SALARIOS EN EL TERCER AÑO DE GOBIERNO HERRERISTA. Dale color. Autor: Víctor H. Abelando 13 enero de 2023

 

Acorralados en materia de seguridad publica

 

Cerrado el año 2022, en el ámbito de la seguridad ha quedado instalada una situación muy severa. Hay razones de base que se mantienen: los delitos (sobre todo, los más graves) y sus dinámicas han recobrado el perfil prepandémico. Los homicidios crecieron cerca de un 30 por ciento y, si nos ponemos un poco solemnes, podemos afirmar que tuvimos uno de los años con más asesinatos en la historia moderna del país. El número de personas privadas de libertad sigue aumentando y el panorama en amplias zonas del sistema penitenciario es crítico. En definitiva, la vigilancia selectiva, el control aleatorio y el encierro como primer recurso operan como verdaderos aceleradores de los problemas de fondo.

Se ratificó la Ley de Urgente Consideración por un ajustado margen, hay una priorización discursiva en el fenómeno del microtráfico de drogas, pero fundamentalmente hay una inercia de una política que es incapaz de sustentarse en algo firme y de mover algunos límites de lo que ya se conoce. A lo sumo, en las inmediaciones del propio desastre, se anima a escuchar alguna voz extranjera que ha dicho que, en el estado de Texas, han tenido que parar y revertir la tendencia a promover la privación de la libertad como recurso eficaz para contener el delito. A su vez, en el final del tercer año de gobierno, se descubre que sería importante tener una estrategia integral de prevención y se convoca a un diálogo técnico, en el que casi nadie cree.

Esa política ha tenido ejecutores e intérpretes, muchos de ellos cuestionados por sus manejos arbitrarios, en particular dentro de la interna policial. Una vez que asumió el nuevo gobierno, hubo una redistribución de poder en favor de los sectores más conservadores y eso obstaculizó algunos procesos de transformación que se orientaban en una dirección más profesionalizante. Un mando político sin liderazgo y sin ideas se subordinó al criterio policial, y entre ambos sostienen acuerdos de intereses que están muy lejos de solidificar una política pública ambiciosa. Por si fuera poco, las aventuras del exjefe de la custodia del presidente involucran a varios altos cargos de la Policía.

Por otra parte, las rutinas para administrar la información sobre denuncias de delitos han quedado sometidas a nuevos criterios discrecionales. No hay demasiado margen de credibilidad para amortiguar las dudas sobre cómo se contabilizan esas denuncias. La evidencia que el gobierno aporta para demostrar sus éxitos en materia de gestión de la seguridad debe ser enfáticamente cuestionada y, en la misma dirección, es necesario exigir la institucionalización de mecanismos válidos y confiables para evaluar la política sectorial.

Más allá de estos señalamientos, la política de seguridad ha adquirido formas nuevas para tramitarse. Positividad, transparencia y mejoras son vocablos que se repiten, sin que importen en lo más mínimo las evidencias. Más aún, se sostienen en contra de las evidencias (o a partir de su invención). En efecto, la posibilidad de tener un diagnóstico profundo y actualizado sobre la violencia, la criminalidad y la inseguridad es impedida deliberadamente por el relato de éxito que se quiere imponer. Cuando esa narrativa es cuestionada por sectores sociales y políticos, el gobierno se victimiza y se hace el incomprendido ante tanta crítica injustificada y falta de reconocimiento. En el mundo de los buenos, de «los que construyen», la positividad es un valor y la crítica es el recurso resentido de esos otros «negativos». Por eso, a veces los buenos se cansan y dejan de serlo, y se prodigan en contra de esa alteridad que solo sabe moverse en función de sus intereses particulares. Así, la violencia política de los buenos se ha ido instalando de a poco en el país, y la polarización –esa misma que se dice combatir– ha sido el resultado más evidente de la estrategia de «defensa agresiva» del gobierno y de sus aparatos de opinión. Los «ustedes ya me conocen», «siempre hemos sido transparentes», «convocamos al más amplio diálogo en seguridad», «queremos que el país esté representado por sus signos de convivencia democrática» son recursos que cohabitan plácidamente con el ejercicio de la violencia política, el espionaje, las operaciones de prensa y la negación del rol de la oposición. Durante el año 2022, en el tema de la seguridad, el gobierno se las ingenió para llevarnos a un escenario decididamente pospolítico. La pretensión de transparencia, la imposibilidad de intercambios públicos con base en argumentos y el ejercicio muy próximo a la intimidación política son algunas de las vías privilegiadas para llegar a ese destino.

El ministro del Interior se ha llevado todos los premios a la hora de razonar públicamente. Además de repetirse con la idea de que ahora hay más seguridad que cuando gobernaba el Frente Amplio (FA) –según él, porque las estadísticas de denuncias de los principales delitos muestran una tendencia a la baja–, ha llegado a sostener que el problema de la oposición es la envidia al éxito actual. Luego de un año con casi un 30 por ciento de aumento de los homicidios y luego de prometer un plan para enfrentarlos, su única reacción es afirmar que hubo un descenso con relación a 2019 (afirmación temeraria si tomamos en cuenta algunos casos a confirmar y un número muy importante de «muertes dudosas»). Pero se insiste: el aumento de este tipo de muertes violentas, principalmente por «ajustes de cuentas entre criminales», es la consecuencia directa de un extraordinario trabajo de desarticulación de nichos de narcomenudeo. Con la intención de prevenir lo malo, generamos lo peor. No es la primera vez que este tipo de racionalidad se hace visible en el debate público, pero su lógica perversa tiene una resonancia que trasciende la discusión puntual.

Estas formas de razonamiento –que materializan estilos de hacer política– no deberían minimizarse, ya que consolidan un tono discursivo, movilizan cuotas importantes de resentimiento y paralizan las discusiones sobre nudos y políticas. Revelan un estilo que, a su vez, refleja cierto clima de época. Lo que nos hubiera parecido inaceptable en otros tiempos hoy se naturaliza y se ejecuta casi sin ser advertido y, mucho menos, resistido. La crítica a esta tendencia es tildada de negatividad: propia de «los que están fuera del tiempo», de «los que quieren que al país le vaya mal», de «los que son incapaces de identificar las señales de la realidad». El problema se hace más agudo cuando esta lógica atrapa a la mayoría de los actores relevantes.

En el Uruguay de los últimos tiempos, las políticas de seguridad se han caracterizado por sus efectos paradójicos. Por un lado, las estrategias aplicadas por distintos gobiernos han tenido un libreto hegemónico y un ciclo en el que han predominado las inercias por sobre las rupturas. Por el otro, hay una disputa política que instala una suerte de polarización y deja la impresión de un enfrentamiento de visiones antagónicas. En todo caso, el antagonismo es más de intereses que de enfoques. Al principio sin quererlo, a esa polarización ha contribuido la propia izquierda (o una parte predominante de ella): la que durante sus gobiernos tuvo que enfrentar duros embates opositores y progresivamente ajustó sus posiciones a las exigencias de las demandas de seguridad y al repertorio propio del «realismo de derecha». La disputa cayó en la trampa de un radicalismo aparente, que se reproduce con idéntica fuerza en estos días. En la medida en que estos temas quedan en manos de unos pocos referentes (algunos más visibles que otros), el FA reproduce esa lógica.

El episodio del diálogo de los partidos políticos para pensar estrategias preventivas, convocado por el gobierno sobre el final del año, es un buen ejemplo de lo que queremos decir. Una iniciativa forzada, poco creíble, orientada a la búsqueda de algo de oxígeno político y de un poco de visibilidad para algunos referentes técnicos de inserción colorada. En el contexto político en el que estamos, lo más adecuado para el FA era no concurrir; o, al menos, exigir condiciones muy precisas para garantizar un horizonte programático medianamente serio. La resolución de participar en la segunda reunión constituyó un error añadido. Asistir y patear el tablero sonó a una operación armada, ejecutada no solo con falta de voluntad, sino, además, con cierto aire de superioridad moral. Esto tiene al menos dos derivaciones. En primer lugar, mantiene esa lógica de polarización, de disputa mediática, sin que se pongan en juego contenidos fundamentales. El problema no es solo la imagen (mala) que se proyecta, sino lo que objetivamente se impide. El FA pudo haber liderado la construcción de un espacio político para la prevención integral, obligando al gobierno más allá de sus pretensiones para el diálogo y ensanchando los límites de lo pensable y lo decible. Para eso, la propia izquierda debería habilitar esas condiciones. Y aquí aparece la segunda derivación: a pesar de la protesta tibia de algunos sectores, estos asuntos siguen bajo la custodia de unos pocos. Hay una estricta desacumulación programada funcional a los intereses de autopromoción, que más tarde o temprano hay que revertir. No es la primera vez que señalamos esto, ni será la última. Dibujar nuevas perspectivas, movilizar elencos y saberes, construir espacios sustentables de diálogo (adentro y afuera) es lo que puede sacarnos de este persistente acorralamiento.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1938. TITULO ORIGINAL: EL FRACASO DEL DIÁLOGO INTERPARTIDARIO SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Acorralados (ellos y nosotros). Autor: Rafael Paternain 13 ene

Sobre la libertad de expresión ejercida a través de las redes sociales. Con especial referencia al ámbito laboral.

 

La sala de abogados del PIT-CNT, la cual integro, viene trabajando desde hace tiempo en los temas vinculados con la libertad de expresión especialmente en lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales.

La utilización de redes sociales, tanto en el ámbito de trabajo como fuera del mismo,  ha generado una serie de conflictos, tanto en las relaciones colectivas de trabajo como en el plano individual.

En estos casos está en juego principalmente el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores. Está en juego también un derecho humano fundamental, como lo es el derecho al trabajo.

En este proceso de estudio se han procurado presentar pautas mínimas a tener en cuenta en estos casos. Dejando en claro, como criterio general, que la justicia, sin perjuicio de utilizar algunos criterios, analiza caso a caso las situaciones que se presentan, así como el contexto en el que se dan.

Seguidamente les dejo los respectivos links para acceder al material producido en este proceso de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=J4LSbgZuGMU

https://www.youtube.com/watch?v=eRK2HXcIpkE

https://www.cuestaduarte.org.uy/documentos/publicaciones-en-redes-sociales-en-y-fuera-del-ambito-laboral

 

 

 

Brasil: Advertencia a la navegación democrática

 

Lo que ocurrió en Brasilia el pasado día 8, es un acontecimiento que solo tomó por sorpresa a quienes no quisieron o no pudieron informarse de sus preparativos, ampliamente difundidos en las redes sociales.

La ocupación violenta de las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial y de los espacios aledaños, así como la depredación de los bienes públicos de estos edificios por parte de manifestantes de extrema derecha, constituyen actos de terrorismo planeados y minuciosamente organizados por sus cabecillas. Se trata, por tanto, de un acontecimiento que pone en serio peligro la supervivencia de la democracia brasileña y que, por la forma en que sucedió, puede amenazar mañana otras democracias en el continente y en el mundo. Conviene, pues, analizarlo a la luz de su importancia. Las principales características y lecciones son las siguientes:

 El movimiento de extrema derecha es global y sus acciones a escala nacional se benefician de experiencias antidemocráticas extranjeras y a menudo actúan en alianza con ellas. Es conocida la articulación de la extrema derecha brasileña con la extrema derecha estadounidense. El conocido portavoz de esta última, Steve Bannon, es amigo personal de la familia Bolsonaro y desde 2013 ha sido una figura tutelar de la extrema derecha brasileña. Además de las alianzas, las experiencias de un país sirven de referencia a otro y constituyen un aprendizaje. La invasión de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia es una copia «mejorada» de la invasión del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, pues aprendió de ella y trató de hacerlo mejor. Fue organizada con más detalle, procuró traer a mucha más gente a Brasilia y utilizó varias estrategias para hacer que la seguridad pública democrática sintiese que nada anormal sucedería. Los cabecillas tenían como objetivo ocupar Brasilia con al menos un millón de personas, sembrar el caos y permanecer el tiempo necesario para permitir la intervención militar que pusiese fin a las instituciones democráticas.

Se pretende hacer creer que se trata de movimientos espontáneos. Por el contrario, están organizados y tienen una profunda capilaridad en la sociedad. En el caso brasileño, la invasión de Brasilia se organizó desde diferentes ciudades y regiones del país y en cada una de ellas había líderes identificados con un número de teléfono para poder ser contactados por los adherentes. La participación podía adoptar muchas formas. Quienes no pudiesen viajar a Brasilia, tenían misiones que cumplir en sus localidades, bloqueando la circulación de combustibles y el abastecimiento de los supermercados. El objetivo era crear caos por la carencia de productos esenciales. Algunos recordarán las huelgas de camioneros que precipitaron la caída de Salvador Allende y el fin de la democracia chilena en setiembre de 1973. A su vez, el caos en Brasilia tenía objetivos precisos. Fue asaltada la sala del Gabinete de Seguridad Institucional, ubicada en el sótano del Palacio de Planalto, donde fueron robados documentos confidenciales y armamento de alta tecnología, lo que demuestra que hubo entrenamiento y espionaje. También se encontraron cinco granadas en el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional.

En los países democráticos, la estrategia de extrema derecha se basa en dos pilares: a) invertir fuertemente en las redes sociales para ganar las elecciones con el objetivo de, si las gana, no usar el poder democráticamente ni dejarlo democráticamente. Así fue con Donald Trump y con Jair Bolsonaro como presidentes. b) en el caso de que no prevea ganar, comenzar a cuestionar desde antes la validez de las elecciones y declarar que no acepta ningún otro resultado que no sea su victoria. El programa mínimo es perder por un pequeño margen para hacer más creíble la idea del fraude electoral. Fue lo que ocurrió en las últimas elecciones en Estados Unidos y en Brasil.

• Para tener éxito, este ataque frontal a la democracia necesita contar con el apoyo de aliados estratégicos, tanto nacionales como extranjeros. En el caso de los apoyos nacionales, los aliados son fuerzas antidemocráticas, tanto civiles como militares, instaladas en el aparato de gobierno y de la administración pública que, por acción u omisión, facilitan las acciones de los rebeldes. En el caso brasileño, es particularmente clamorosa la connivencia, la pasividad e incluso la complicidad de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y de sus dirigentes. Con la agravante de que esta región administrativa, por ser sede del poder político, recibe cuantiosos ingresos federales con el propósito específico de defender las instituciones. En el caso brasileño, es escandaloso también que las Fuerzas Armadas se hayan mantenido en silencio, sobre todo cuando era conocido el propósito de los organizadores de crear el caos para provocar su intervención.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas toleraron la instalación de campamentos de manifestantes frente a los cuarteles, un área de seguridad militar, y que permanecieran allí durante dos meses. Fue así como la idea del golpe prosperó en las redes sociales. En este caso, el contraste con Estados Unidos es flagrante. Cuando se produjo la invasión del Capitolio, los jefes militares estadounidenses hicieron cuestión de subrayar su defensa de la democracia. En este sentido, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, que parece apostado en una buena y reverente relación con los militares, no augura nada bueno. Es un ministro problemático después de todo lo que ha sucedido. Brasil está pagando un precio muy alto por no haber castigado los crímenes y a los criminales de la dictadura militar (1964-1985), teniendo en cuenta que algunos crímenes ni siquiera prescribieron. Esto fue lo que permitió al expresidente Bolsonaro elogiar a la dictadura, rendir homenaje a los militares torturadores y designar militares, algunos fuertemente comprometidos con la dictadura, en importantes cargos de un gobierno civil y democrático. Solo así se explica por qué hoy se habla del peligro de un golpe militar en Brasil, pero no en Chile o en Argentina. Como es sabido, en estos dos países los responsables de los crímenes de la dictadura militar fueron juzgados y penados.

Además de los aliados nacionales, los aliados extranjeros son cruciales. Trágicamente, en el continente latinoamericano, Estados Unidos ha sido tradicionalmente el gran aliado de los dictadores, cuando no directamente el instigador de golpes de Estado contra la democracia. Resulta que, esta vez, Estados Unidos estaba del lado de la democracia y eso hizo toda la diferencia en el caso de Brasil. Estoy convencido de que, si Estados Unidos hubiera dado las habituales señales de aliento a los aspirantes a dictadores, hoy estaríamos frente a un golpe consumado. Desgraciadamente, a la luz de una historia de más de cien años, esta posición estadounidense no se debe a un repentino celo por la defensa internacionalista de la democracia. La posición de Estados Unidos estuvo estrictamente determinada por razones internas. Apoyar el bolsonarismo de extrema derecha en Brasil sería dar fuerza a la extrema derecha trumpista estadounidense, que sigue creyendo que la elección de Joe Biden fue el resultado de un fraude electoral y que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. De hecho, preveo que mantener una extrema derecha fuerte en Brasil será importante para los propósitos de la extrema derecha estadounidense en las elecciones de 2024. Es de esperar que la intención sea crear una situación de ingobernabilidad que dificulte al máximo la actuación del presidente Lula da Silva en los próximos años. Para que esto no suceda, es necesario que los golpistas y depredadores sean severamente castigados. Y no solo ellos, sino también sus mandantes y financistas.

Para garantizar la sostenibilidad de la extrema derecha es necesario tener una base social, disponer de financiadores-organizadores y de una ideología lo suficientemente fuerte como para crear una realidad paralela. En el caso de Brasil, la base social es amplia, dado el carácter excluyente de la democracia brasileña, que hace que amplios sectores de la sociedad se sientan abandonados por los políticos democráticos. Brasil es una sociedad con gran desigualdad socioeconómica, agravada por la discriminación racial y sexual. El sistema democrático potencia todo esto hasta el punto de que el Congreso brasileño es más una caricatura cruel que una representación fiel del pueblo brasileño. Si no es objeto de una profunda reforma política, eventualmente será completamente disfuncional. En estas condiciones, existe un amplio campo de reclutamiento para las movilizaciones de extrema derecha. Obviamente, la gran mayoría de los que participan en ellas no son fascistas. Solo quieren vivir con dignidad y no creen que esto sea posible en democracia. En cuanto a los financiadores-organizadores, parecen ser, en el caso de Brasil, sectores del bajo capital industrial, agrario, armamentista y de servicios que se beneficiaron del (des)gobierno bolsonarista o con cuya ideología se identifican más.

En lo que se refiere a la ideología, parece asentarse sobre tres pilares principales. En primer lugar, el reciclaje de la vieja ideología fascista, es decir, la lectura reaccionaria de los valores de Dios, Patria y Familia, a los que ahora se suma la Libertad. Se trata sobre todo de defender incondicionalmente la propiedad privada para así, con eso: a) poder invadir y ocupar la propiedad pública o comunitaria (territorios indígenas); b) defender efectivamente la propiedad, lo que implica armar a las clases propietarias; c) tener legitimidad para rechazar cualquier política ambiental; y d) rechazar los derechos reproductivos y sexuales, en particular el derecho al aborto y los derechos de la población Lgbtiq+. En segundo lugar, la ideología implica la necesidad de crear enemigos a destruir. Los enemigos tienen varias escalas, pero la más global (y abstracta) es el comunismo. Cuarenta años después de que, al menos en el hemisferio Occidental, han desaparecido los regímenes y partidos que defienden la implantación de sociedades comunistas, este sigue siendo el fantasma contradictoriamente más abstracto y más real. Para entender esto es necesario tener en cuenta el tercer pilar de la ideología de extrema derecha: la creación incesante y capilar en el tejido social de una realidad paralela, inmune a la confrontación con la realidad real, llevada a cabo por las redes sociales y por las religiones reaccionarias (iglesias evangélicas neopentecostales y católicas antipapa Francisco) que vinculan fácilmente el comunismo y el aborto y así infunden un miedo abisal en poblaciones indefensas, todo ello facilitado por el hecho de que hace tiempo que estas perdieron la esperanza de tener una vida digna. El intento de golpe de Estado en Brasil es un aviso a la navegación. Los demócratas brasileños, latinoamericanos, estadounidenses y, en última instancia, de todo el mundo deben tomar esta advertencia muy en serio. Si no lo hacen, mañana los fascistas no se limitarán a tocar la puerta. Seguramente irrumpirán sin ceremonia para entrar.

Extraído de Caras & Caretas numero 1101 correspondiente al Viernes  13 de enero de 2023. Titulo Original: “Brasil: Advertencia a la navegación democrática”. Autor: Boaventura de Sousa Santos.

13 DE ENERO DE 2023