Consecuencias de la predica antisindical

 

Hay actitudes políticas del oficialismo ante la cuestión de las relaciones laborales que abren espacio a posiciones empresariales reaccionarias, y la combinación de ambos factores puede llevarnos por un camino peligroso. Episodios como el que causó un conflicto en la empresa Marfrig son una señal de alerta –no la primera– que conviene tener muy en cuenta.

El problema político no está centrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco se trata de acuerdos de la coalición de gobierno: el tan mentado documento “Compromiso por el país”, que define sus lineamientos comunes, ni siquiera contiene las palabras “sindicatos” y “huelga”, y declara una compartible voluntad de favorecer “la búsqueda de acuerdos”. La cuestión es que sectores de importante peso en el oficialismo tratan de que gane terreno una doctrina contraria al ejercicio de los derechos sindicales, y esto envalentona a patronales muy poco dispuestas a la búsqueda de acuerdos.

La operación ideológica tiene un componente clave en la reivindicación del “derecho a trabajar de los no huelguistas”, señalado junto al derecho de huelga en el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), uno de los 135 que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo. Ese artículo fue invocado hace dos semanas para defender una intervención policial contra manifestantes del sindicato de transportistas de carga en el puerto de Montevideo.

En aquella ocasión, el presidente Luis Lacalle Pou alegó que su papel era defender tanto a los trabajadores manifestantes como a los que querían “hacer su jornal”, como si hubiera sido indiferente al interés de las empresas.

Sucede, sin embargo, que un sindicato no se forma para perjudicar a los trabajadores no afiliados a él, sino para cambiar, por aquello de que la unión hace la fuerza, una relación de poder muy desigual entre la patronal y el conjunto de los trabajadores, afiliados o no afiliados.

Sin la posibilidad de la huelga, los sindicatos quedarían librados a la buena voluntad ajena. Es preferible lograr, mediante el diálogo civilizado, acuerdos aceptables para todas las partes, pero la historia nacional e internacional muestra que esto no siempre sucede.

La Constitución reconoce el derecho de huelga y la legislación laboral se apoya en la premisa de que los sindicatos representen a los trabajadores. Estos principios no se establecieron, en Uruguay ni en la Organización Internacional del Trabajo, ignorando la existencia de intereses contrapuestos y la posibilidad de que conduzcan a conflictos.

Marfrig decidió premiar a trabajadores que no participaron en medidas sindicales, pagándoles entera una suma que quienes sí participaron cobrarán en tres cuotas, la última de ellas en diciembre de este año. No hay dos formas posibles de interpretar esto, y es evidente que una medida antisindical de este tipo sería mucho menos probable sin la prédica oficialista en defensa de “quienes quieren trabajar”.

Por este camino, a alguien se le puede ocurrir también, mañana o pasado, que la referencia de la LUC al “derecho de los no huelguistas” ampara contrataciones para reemplazar a quienes hacen huelga.

(La Diaria 5 de enero de 2021)

Aumento el salario minimo nacional. Ahora está en $ 19364

 

El salario mínimo aumenta 8% hasta 19.364 pesos.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto que actualiza de cara al 2022 el salario mínimo nacional, que pasará de 17.930 pesos a 19.364, un aumento del 8%. Se trata de un ajuste “en línea con la inflación”, dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En el decreto, se menciona que el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó el aumento de los precios en 7,862% en el año. “Ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país y como una medida de apoyo a los sectores sociales de menores ingresos es que se entiende oportuno y conveniente otorgar un aumento del salario mínimo nacional levemente superior a la variación del índice de precios al consumo (IPC)”, complementó la resolución.

(La Diaria, 3 de enero de 2022)

 

Mejora la economia, pero no los salarios.

 

Para el Cuesta Duarte, mejora el “ritmo de recuperación” de la economía aunque se sostiene en algunos “factores transitorios”

Este miércoles el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT divulgó un informe sobre la evolución de la actividad económicas, tras conocerse la semana pasada los datos oficiales del Banco Central, que mostraron un crecimiento en el tercer trimestre del año de 2,7% frente al trimestre previo y de 5,9% contra igual período del año anterior. “Los datos fueron particularmente buenos” y muestran “una aceleración en el ritmo de recuperación”, analizaron los técnicos de la central sindical.

Según el reporte, se prevé que la economía crezca a 3,4% este año, en línea con la previsión del gobierno de 3,5%. “El desafío de la política económica en adelante es sostener el ritmo de crecimiento, el que en algunos puntos se sostiene en factores de corte más transitorio o que dejarán de operar en el corto plazo”, indicó el Cuesta Duarte. También mencionó “otros desafíos en materia económica” para el gobierno, que “hoy parecen algo lejanos de alcanzar, como la reducción de la inflación o la más rápida recuperación del ingreso de los hogares”.

Respecto de los datos recientes del PIB, se indicó que “la actividad económica del tercer trimestre se ubicó en un nivel similar al del último trimestre de 2019, el que se podría considerar el nivel prepandemia”, es decir que se logró una recuperación de los impactos del coronavirus. Igualmente, se apuntó que “el producto todavía se encuentra por debajo del promedio alcanzado en 2019 y seguramente recién sobre finales de 2022 se alcancen los niveles de actividad medios anteriores a la pandemia y se recupere, por ende, la caída registrada durante 2020”.

Sobre el análisis sectorial del nivel de actividad, el Cuesta Duarte repasó que el agro, la construcción y, en menor medida la industria mantienen una expansión a lo largo del año, mientras que el comercio y los servicios se recuperaron en el trimestre luego de registrar “tasas de crecimiento negativas muy por encima del promedio general”.

“En el caso del comercio seguramente su expansión en lo que va de 2021 se explique fundamentalmente por los sectores vinculados a exportaciones e importaciones, ya que el consumo todavía se encuentra deteriorado, producto más que nada de la caída, aún no recuperada, de los ingresos de los hogares. Adicionalmente, es uno de los sectores que más negativamente se ha visto afectado por el cierre de fronteras”, añadió el informe.

Acerca de la evolución del consumo, se apuntó que creció por segundo trimestre consecutivo tras la caída como consecuencia de la pandemia, pero lo hace por debajo del promedio del PIB. “Si bien desde setiembre el empleo viene registrando una tendencia de más rápida recuperación, los ingresos por el trabajo cayeron de manera importante durante 2020; el salario real se retrajo ese año y siguió haciéndolo durante todo 2021”, complementó el instituto.

Ligado al tema salarial, los técnicos del PIT-CNT mencionaron a la inflación, que “en los últimos meses siguió ubicándose por encima del rango meta, exhibiendo además una tendencia creciente”. Se espera que cierre el año en torno a 8% y en los meses siguientes siga por encima de la meta oficial, que pasará a ser entre 4% y 6% el año próximo.

“La reducción de la inflación es clave, no solamente como parte del cumplimiento de las metas gubernamentales, sino porque de su disminución dependerá que la recuperación salarial comience a verificarse el año entrante o que se postergue hasta la finalización de los convenios, a mediados de 2023”, señaló el documento.

“El principal desafío en adelante es sostener el proceso de crecimiento en la medida en que vayan finalizando distintos proyectos o factores transitorios que se encuentran detrás de este crecimiento”, concluye el Cuesta Duarte en su informe.

(La Diaria, 29 de diciembre de 2021, bajo el titulo:

Para el Cuesta Duarte, mejora el “ritmo de recuperación” de la economía aunque se sostiene en algunos “factores transitorios”)

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Evaluacion de la novena ronda de consejo de salarios

 

Consejos de salarios: de 21 negociaciones que fueron resueltas por votación, el Ejecutivo votó en 17 con los empresarios y en cuatro con los trabajadores.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó este lunes Novena ronda de los Consejos de Salarios. Resultados preliminares y evolución reciente del salario real, un balance que incluye las resoluciones tomadas hasta el 13 de diciembre de 2021.

El informe dice que “de las 156 resoluciones analizadas, 16 pertenecen a subgrupos calificados como muy afectados por la pandemia y que abarcan a algunos de los comprendidos en las exoneraciones del pago de aportes patronales que otorgó el artículo 2 de la Ley 19.942 [Aprobación de nuevas medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia de la emergencia nacional sanitaria, por covid-19]. Dichas resoluciones, que prevén un año de caída de salario real con condiciones similares a las de la octava ronda (un único ajuste salarial de 3% en el año y sin correctivo final) abarcan a unos 35.000 trabajadores (aproximadamente 4% del total)”.

De los 16 subgrupos que cerraron en diciembre, 14 habían tenido un año de caída de salario real de 4,2%, por lo que al terminar la novena ronda, a mediados de 2022, “habrán acumulado una pérdida de poder de compra de aproximadamente 8,6%. Se trata de subgrupos como la hotelería, los locales de comida, cines y servicio de taxis, entre otros”.

El documento destaca que en hotelería y locales de comida, por ejemplo, “de ingresos relativamente bajos”, la caída en el poder de compra del salario “afecta duramente las condiciones de vida de estos trabajadores”.

De los 16 subgrupos, nueve resolvieron gracias a un acuerdo entre las partes, mientras que en seis el Poder Ejecutivo y las patronales votaron juntos, y en uno solo se decretó el convenio.

“De las 140 resoluciones restantes relevadas, no pertenecientes a sectores muy afectados por la pandemia, 30 negociaron en el marco de la novena ronda pero llegando a la misma sin pérdida de salario real. De estas 30 mesas, la mayoría provenía de la séptima ronda, donde en general habían firmado acuerdos por tres años de duración, los que iban desde mediados de 2018 a mediados de 2021”, señala el documento.

El instituto señala que para esos sectores el Poder Ejecutivo no incorporó porcentajes de recuperación salarial, “ya que no habían tenido pérdida de poder de compra del salario previa. Se trata de subgrupos que abarcan a unos 137.000 asalariados del sector privado. Ejemplos de subgrupos en esta categoría son el servicio doméstico, la forestación y el sector de la bebida, entre otros.

Hubo 110 subgrupos que venían del año puente que tuvieron una pérdida salarial de 2020. “Para la mayoría de estos subgrupos la pérdida salarial fue de 4,2%”, pero hubo casos en los que la pérdida fue mayor”, como en el subgrupo de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental, internacional, interurbano y de turismo, donde la pérdida de salario real con la que comenzaron a negociar en 2021 fue de entre 9% y 10%, porque “en el marco de la pandemia los trabajadores dejaron de percibir algunos de los ajustes que tenían pactados previamente”.

La mayoría de los acuerdos (85%) tiene dos años de duración, 2,9% fueron de un año de vigencia, y 2,1% de tres años.

En cuanto a la forma en que llegaron a los convenios el análisis dice que “tanto en los decretos como en las propuestas de votación, los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se alinearon de manera exacta a las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, independientemente del devenir previo de la negociación”.

En esta ronda los acuerdos tripartitos, bipartitos y las votaciones entre las patronales y los trabajadores alcanzó casi 84% de las resoluciones. El Instituto Cuesta Duarte destaca que en esta ronda hubo varios grupos en los que votaron juntas las “partes sociales” (50,7%), en estos casos el Poder Ejecutivo se abstuvo de votar. “Entre las votaciones en la que el Ejecutivo fue acompañado únicamente por una de las partes sociales, en la mayoría de los casos fue acompañado por la parte patronal. De un total de 21 negociaciones que fueron resueltas por votación entre el Ejecutivo y una de las partes sociales, en 17 lo hizo con los empresarios y tan sólo en cuatro con los trabajadores”, dice el informe. “De las 140 resoluciones relevadas, 137 incorporaron ajustes semestrales en todo el período de vigencia de la resolución, en un solo subgrupo se incorporaron ajustes anuales y en dos subgrupos se aplicó un régimen mixto, combinando ajustes semestrales y anuales”, dice el texto; además, en “78% de los casos que incorporan ajustes por inflación esperada, emplean la estimación gubernamental”.

(La Diaria: 21 de diciembre de 2021)