Lo que paso en el puerto, la LUC y lo que no es LUC

 

Hasta el referéndum del 27 de marzo, serán muchos los hechos cotidianos vinculados, en el debate público, con los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se someterán a consulta popular. Ayer hubo un ejemplo claro cuando la Guardia Republicana detuvo a trabajadores del sindicato de transporte de carga que se manifestaban sentados, bloqueando el ingreso al puerto de Montevideo.

Hay varios aspectos a considerar. Por un lado, están el artículo 468 de la LUC, impugnado, que declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”; y el 469, también impugnado, que habilita al Ministerio del Interior (MI) a adoptar “las medidas pertinentes” para “preservar” tales espacios.

Por otro lado, está el artículo 392 de la LUC, impugnado, donde dice que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Cabe señalar que, como es costumbre, cada artículo tiene al comienzo, entre paréntesis, un resumen de su contenido, y el de este dice significativamente “(Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa)”, sin referencia al derecho de huelga.

Yendo más allá de lo que establece la LUC, está el decreto del 15 de octubre del año pasado, reglamentario del artículo 392, donde se establece que, cuando hay ocupación de una institución pública o privada por parte de sus trabajadores, “el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención”, y que esa secretaría de Estado “podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio”, pero que “en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia”, podrá también intimar a la “desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública”, y solicitar al MI “el desalojo inmediato de los ocupantes” si la intimación no da resultado.

En el caso del puerto no había en realidad una ocupación, pero el relato de lo que ocurrió por parte del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Santiago González, remitió al “derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar”, haciendo hincapié en que la sentada de los sindicalistas era “un obstáculo para que el resto” pudiera “trabajar, salir, mover los camiones, circular”. En la misma línea opinó el presidente Luis Lacalle Pou: “Que protesten con sus pancartas, pero cortar el ingreso a un trabajador que quiere hacer su jornal, no”.

Por último, está el despropósito de González al afirmar que la Fiscalía decidió que la Policía actuara si los trabajadores no dejaban libre el acceso al puerto en diez minutos. Como aclaró el encargado de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, lo que se le indicó a la Policía fue que “se notificara a los manifestantes que debía cumplirse con todos los derechos”, pero que “obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo” y “quien se encarga de manejar la situación es la Policía”. González debería saberlo. La Diaria, 23 de diciembre de 2021.

 

 

La crisis pospandémica y los delitos

 

¿Qué podemos esperar de la criminalidad en Uruguay ahora que la covid-19 parece bajo control y volvemos a la normalidad? ¿Cuáles son los desafíos para el Ministerio del Interior en materia de políticas públicas? ¿Cómo incide, en este contexto, la polarización política sobre los artículos de seguridad que el oficialismo defiende y la oposición quiere eliminar de la LUC? Mientras vuelven a aumentar los homicidios y la violencia doméstica, dos académicos se aproximan a las respuestas y llaman a no «engañarse» con las estadísticas cortoplacistas.

Aunque reacios a las predicciones sobre el comportamiento del crimen y la violencia en Uruguay, ahora que la amenaza del nuevo coronavirus parece controlada, el criminólogo Nicolás Trajtenberg y la socióloga Nilia Viscardi coinciden en poner paños fríos al exitismo gubernamental sobre la baja de algunos delitos y llaman a reflexionar sobre lo que cabe esperar en los próximos meses, incluso años, con respecto a la criminalidad en el país. Consultados por Brecha con el ánimo de despejar las interrogantes de marras, ambos académicos dijeron, en principio, que la comparación de delitos en cortos períodos a que nos tiene acostumbrados el Ministerio del Interior (MI) es «engañosa»; entienden que la polarización del debate político en torno a los 33 artículos sobre seguridad de la Ley de Urgente Consideración (LUC) entorpece la llegada al fondo de los diferentes delitos, tanto desde la derecha como desde la izquierda; no descartan que, vuelta la movilidad, algunos delitos experimenten un «efecto rebote», y consideran que la falta de sustento empírico para determinar el impacto de las políticas públicas más recientes conspira contra una estrategia efectiva sobre criminalidad y violencia, particularmente en los barrios vulnerados, donde la pandemia golpeó con más fuerza que en los integrados.

Trajtenberg, doctorado por la Universidad de Cambridge e investigador sobre el impacto de la pandemia a nivel global y local,¹ advierte que «hay que ser cautelosos» con los vaticinios, aunque, por otro lado, subraya que «una vez que se reduce el confinamiento y aumentan los niveles de movilidad tienden a verse comportamientos cercanos a los preexistentes a la pandemia». Dice que se impone analizar el impacto económico de la emergencia sanitaria en los barrios y los hogares menos privilegiados: «Esto puede llegar a tener un efecto rebote, porque las crisis económicas inciden en la criminalidad. Suele haber un efecto fuerte en el crimen, de inmediato o, incluso, varios años después, por las generaciones que se crían en extrema pobreza, en contextos desprotegidos, en malas condiciones de alimentación… Eso puede explicar no solo el crimen entre los adultos en los meses siguientes a la crisis, sino varios años después en la generación de chicos que se enfrentan luego al mundo de la adolescencia», dijo a Brecha. No obstante, advirtió que «hay que tener cuidado» con la explicación económica del crimen, porque, cuando se miran los estudios de criminología, el vínculo entre pobreza y delito es bastante débil. «La desigualdad tiene más vínculo con el delito que la pobreza. Puede explicarlo mejor, pero no del todo», enfatizó.

Por otro lado, pensar en los retos para la seguridad pública pospandémica tiene la contra de que se hace en medio de un feroz debate político sobre los alcances de la LUC. «Si uno mira históricamente, entre el crecimiento de los delitos violentos en las últimas décadas y la reciente bajada, hay como dos posiciones extremas difíciles de aceptar: una es creer que la bajada de delitos es producto de las acciones del gobierno y no tiene nada que ver la pandemia. Esto es difícil de sostener, por los antecedentes del país y por lo que ocurre en otras ciudades. Lo otro difícil de aceptar es que toda la reducción del delito se deba a la pandemia. La verdad está más en un punto medio, en el que la pandemia y aspectos macroestructurales influyen en el delito», opinó Trajtenberg. Si el comportamiento de los delitos es atribuible a la gestión de gobierno, entonces, el gobierno debería explicar qué es lo que hace o qué agrega para que el delito disminuya: «Creo que una cosa es el discurso público, el griterío en las redes sociales y la retórica, y mucho más en el contexto de la votación de la LUC, que radicaliza ambas posiciones, y otra, la falta de un diagnóstico sensato».

OTRA POLÍTICA, MISMA ESTRUCTURA

Para Viscardi, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, tampoco es posible responder, por el momento, qué pasó en la pandemia ni qué cabe esperar. Entre otras variables asociadas al delito, el desempleo, la pobreza, los mercados ilícitos, la desigualdad y las armas de fuego (que intervinieron en nueve de cada diez muertes de niños, niñas y adolescentes entre 2018 y 2019) dificultan un diagnóstico riguroso. Sin embargo, a pesar de su cautela, no cree que haya «condiciones estructurales para un descenso» marcado de ciertos delitos –como las rapiñas y los hurtos–, «porque el modelo no ha cambiado». «El descenso puede hablar del vigilantismo, del punitivismo, en un contexto de pandemia en el que hubo un enorme control en los barrios integrados. Las clases medias y altas tuvieron la posibilidad de retraerse, pero la pandemia acentuó todos los elementos que derivan en la letalidad de los delitos sobre adolescentes y jóvenes en los barrios más vulnerados», observó la experta, coautora del libro Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos

Además, Viscardi observó que contrastar números mes a mes, como suele hacer el MI, no aporta a entender ni combatir la criminalidad. «Hay que mirar la secuencia histórica y levantar el manto del esclarecimiento. Esclarecer, por ejemplo, en qué circunstancias se producen las muertes de niños, niñas y adolescentes da acceso al problema de fondo detrás de esas muertes», señaló. Y cuando el gobierno multicolor insiste en que su misión es «proteger al trabajador honesto, castigar a los delincuentes y respaldar a la Policía», está reproduciendo un discurso neoliberal de la seguridad, que «se alimenta de la ficción de que quien delinque lo hace porque quiere y porque carece de valores morales, aunque sabemos que la falta de oportunidades inhabilita el acceso al empleo moralmente valorado y que tenemos permanentes niveles de endeudamiento para sobrevivir». «El discurso neoliberal niega la desigualdad de clase y coloca a quien delinque del otro lado de la sociedad. La economía capitalista, en su voluntad de enriquecimiento y en su incapacidad de dar lugar a todos, produce condiciones estructurales que hacen a la funcionalidad de una economía delictiva. Hay que preguntarse cómo funciona Uruguay en la economía del delito», enfatizó. En su opinión, durante este gobierno hubo un retroceso de la profesión policial que no contribuye a disminuir la violencia social: «El policía no es un sheriff que ve y dispara ante la duda y, además, le emboca. Para levantar el arma, tiene que tener un contexto clarísimo de defensa de su vida. Si 30 años de militarización de la favela en Brasil y cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro no han disminuido la violencia social, nuestro modelo tampoco auspicia un descenso sostenido y estructural de los niveles de delitos», advirtió.

DEL AUTOBOMBO A LA LUC

El oficialismo, en tanto, sigue aferrado a la LUC como factor determinante de la baja de los delitos. Esta semana, el abogado y diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que «la aplicación de las normas» de la controvertida ley y de «sus herramientas jurídicas» ha tenido una incidencia «muy positiva» en ese fenómeno. «No nos enamoramos de los números, pero vienen demostrando que 2020 fue ampliamente mejor respecto a la baja de los delitos con respecto al año anterior y también en 2021, con una movilidad prácticamente normal. Esto demuestra que la aplicación de la LUC tiene buenos resultados. El efecto positivo es un dato de la realidad», sentenció al participar como panelista en el encuentro virtual «Seguridad pública e inteligencia del Estado», organizado por el Instituto Manuel Oribe, del Partido Nacional.² También destacó que «la Policía viene teniendo una visión positiva en el ejercicio de su función» y que la LUC «permitió poner fin al binomio de una Policía desalentada y un gobierno resignado, por lo cual había un aumento permanente y sostenido de los delitos». «Se invirtió esa lógica y ahora la misión del gobierno multicolor es proteger al ciudadano honesto, castigar a los delincuentes y respaldar a la Policía», argumentó.

Rodríguez nunca se refirió a estudios ni investigaciones concretas para respaldar sus dichos, ni consideró las investigaciones académicas que sí atribuyen a la pandemia un impacto en el comportamiento criminal. Su actitud recordó a cuando el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, relativizó un estudio global publicado en junio por la revista Nature. «Habría que ver si no están mezclando papas con boniatos», soltó el funcionario de Estado cuando La Diaria le consultó sobre la investigación global.³ Aquellos datos indicaban que durante la pandemia de covid-19 los delitos experimentaron una reducción promedio del 37 por ciento en un conjunto de 27 ciudades –incluida Montevideo– de 23 países. La investigación fue desarrollada por un consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge, tuvo en cuenta las distintas medidas de restricción de movilidad vigentes en cada ciudad durante la pandemia y consideró seis tipos de delitos, aunque en el caso de Montevideo solo tomó los datos del MI sobre hurtos, homicidios y rapiñas.

Trajtenberg y Carlos Díaz, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, participaron de la investigación y explicaron a La Diaria que Montevideo estaba en sintonía con las restantes ciudades, donde la reducción de la movilidad hizo bajar la oportunidad de algunos delitos y favoreció otros. Cuando Nature publicó el paper, las cifras más recientes del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del MI marcaban que, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Montevideo había registrado una baja del 18,9 por ciento en los homicidios, el 10,2 por ciento en las rapiñas y el 12,2 por ciento en hurtos. En octubre, ya en plena campaña por el referéndum de la LUC, el observatorio reveló que los delitos bajaron en los primeros nueve meses de 2021 respecto del inicio de la pandemia. Sin embargo, también resultó que en el tercer trimestre de 2021 –ya casi en plena normalidad– los homicidios subieron un 3,8 por ciento y la violencia, un 6,2 por ciento, mientras que los hurtos apenas se redujeron un 0,2 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2020 (véase el recuadro). Rodríguez optó por soslayar estas cifras en su exposición virtual y también omitió considerar que las figuras de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, creadas por la LUC para blindar a la Policía, han tenido una incidencia marginal en las formalizaciones del último año (véase «¿Con las manos atadas?», Brecha, 26-XI-21).

Más allá de este discurso oficialista, Trajtenberg considera que «lo importante para el futuro de Uruguay» es que los gobiernos establezcan sus estrategias lo más claramente posible y demuestren por qué las siguen y qué recursos tienen asociados. «Los gobiernos tienden a tener una confianza mágica en las palabras o en las leyes, pero sin fuertes inversiones presupuestales es como si no pasara nada. Si un gobierno es más punitivo y cree que hay que incrementar los costos penales, si cree que lo que va a cambiar la política es focalizarse en los costos penales, sentarse sobre eso no es lo más adecuado. Incrementar los costos también es meter millones y millones para que todo el sistema represivo tenga más capacidad –encontrar, arrestar, condenar–. Pero en Uruguay hay un debate de discursos que no tiene que ver con los recursos. Los políticos deben decirle a la gente que el tema es complejo y que resolverlo lleva mucho dinero y mucho tiempo. Por eso no me gustan los debates en términos de cortinas de humo», dijo.

1. «A global analysis of the impact of covid-19 stay-at-home restrictions on crime», disponible en Nature.com, y «Pandemia y crimen», publicado por Carlos Díaz, Sebastián Fossati y Nicolás Trajtenberg en el blog Razones y personas, 4-XII-20.

2. Disponible en el canal de Youtube del Partido Nacional.

3. La Diaria, 3-V-21.

4. Informe divulgado por el MI, 18-10-21.

titulo: “EFECTOS Y DESAFÍOS DE LA CRISIS POSPANDÉMICA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Difícil para sagitario”. Autor: Mónica Robaina,17 diciembre, 2021, Brecha1882

 

 

El movimiento sindical: ¿la pesadilla de los sectores dominantes?

 

Podemos observar cómo “comunicadores-panelistas”, algunas cámaras empresariales, algunas empresas y también algunos voceros de estos empresarios convertidos en representantes nacionales (que a su vez son ellos mismos empresarios: ¿a quién representan?, ¿están interesados por el bien común o por el suyo particular?) lanzan una y otra vez sus feroces ataques contra los trabajadores organizados y claman castigos ejemplarizantes.

Antes de seguir es necesario dar un contexto para cepillar la historia a contrapelo (como proponía Walter Benjamin en La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia) para intentar entender las luchas del presente. La prédica contra los trabajadores organizados no es nueva. Desde la llegada de los primeros anarquistas (fines del siglo XIX) al Uruguay y la formación de los primeros sindicatos ya comenzaron a aparecer esos discursos anti organización obrera. Y siguió ocurriendo en los años 30 del siglo XX, cuando en el mundo entero asolaba el fascismo, el nazismo y en particular en Uruguay, el falangismo adquirió una relevancia particular (Carlos Zubillaga, Una historia silenciada).

Quizá el punto más alto de este discurso anti organización obrera haya partido del gobierno de Jorge Pacheco Areco durante 1968. Ante el reclamo de los trabajadores y la fortaleza que estos estaban demostrando luego de conformada la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1966, los sectores dominantes tenían claro a quiénes tenían que combatir. De esa manera el poder político, en alianza con las cámaras empresariales, comenzó a desarrollar una política de represión sistemática contra los obreros y estudiantes. Así se decretaron medidas prontas de seguridad, se instauró la censura de medios de comunicación, se ilegalizó a sindicatos y partidos políticos opositores.

En definitiva, este endurecimiento de las acciones del gobierno pachequista obedeció a que se dio “un giro conservador que expresa[ba] [...] la voluntad de cohesionar la dispersión de propuestas y matices al interior de la propia clase [dominante] y encauzar una lucha ideológica frente a sectores sociales y políticos de oposición que, por esos años, sistematizaban en forma independiente sus propios planteos alternativos de contenido nacional y popular” (Álvaro Rico, El liberalismo conservador, página 14).

Es conocida la represión sufrida por los trabajadores organizados en la CNT durante fines de los años 60. Aquella terrible represión iniciada en los 60 se volvió sistemática y atravesó los años 70. Para intentar entender este proceso es clave estudiar y sistematizar cómo las derechas y las clases dominantes buscaban apoyos en las masas o construir una base social de apoyo. El libro coordinado por Magdalena Broquetas Historia visual del anticomunismo en el Uruguay permite acercarnos a un elemento fundamental para ello.

es conocida la represión sufrida por los trabajadores organizados en la CNT durante fines de los años 60. Algo me dice que en la lucha de ideas (en la lucha política en definitiva, al decir de Benjamin de nuevo) no hay nada evidente ni para siempre. Recordemos que los poderosos siempre intentan ocultar la historia de las mayorías explotadas y oprimidas.

Ayer se intentó tergiversar la historia (recordemos que hasta hace dos décadas se negaba que hubiesen existido desaparecidos en Uruguay). Hoy existe un partido político con representación parlamentaria que sostiene las acciones de quienes cometieron esos crímenes y pretende que la Justicia no juzgue a ningún otro criminal. En estos días, también, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia planteó que el golpe de 1973 se produjo, entre otros motivos, por el caos que generaban los paros y las huelgas de trabajadores.

En una línea de discurso coherente con la ideología que hoy gobierna, podemos ver cómo ayer el pachequismo señalaba que los problemas del país eran consecuencia de los trabajadores y cómo hoy el herrerismo (aliado en aquellos años del pachequismo) sigue manteniendo la misma lectura de la realidad. Por eso los trabajadores de la enseñanza no son parte de las soluciones, si no que son el problema (como expresó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira); por eso los trabajadores del puerto son los responsables ante los “atrasos” de las exportaciones; por eso los trabajadores de los frigoríficos toman de rehén a los empresarios del sector y a todo el país cuando paralizan sus actividades en plena faena, y así podríamos seguir con cada sector de actividad.

En el período posdictadura también existió un discurso oficial que veía en los trabajadores organizados un actor sospechoso. Pero los golpes y la represión ya no fueron necesarios. A partir de los años 90 los golpes pasaron por la desregulación laboral, el desempleo de ciento de miles que fueron a parar a los flamantes asentamientos (quedó atrás la palabra “cantegril”). Fue la continuidad de la fiesta de los poderosos, el sueño seguía haciéndose realidad: concentrar cada vez más riquezas en unos pocos.

Hoy vuelven a impulsarse con su sueño concentrador. Están cumpliendo su sueño de no tener que negociar, de sancionar y de perseguir a quienes están organizados. Buscan el trabajador ideal: dócil y obediente.

Como decíamos al principio de esta nota, “comunicadores”, voceros empresariales, representantes nacionales están saliendo a pedir públicamente que los trabajadores sean sancionados si paralizan las actividades. Está sucediendo en la educación, la salud, en algunas metalúrgicas, en la industria frigorífica, etcétera. La ley de urgente consideración les dio un impulso para desarrollar sus políticas represivas y concentradoras.

Los sectores conservadores tienen claro que el movimiento obrero y el movimiento popular en su conjunto continuarán resistiendo todos los ataques. Si fueron capaces de sostener la más cruda represión de los 60 y 70, el clima que hoy se vive se superará (con organización y conciencia). La semilla está intacta y los dominadores nunca tendrán paz ni descansarán tranquilos, porque temen que un día se vuelva realidad el País de las Maravillas que cantaba con su inolvidable voz Nancy Guguich

(Hector Altamirano, La Diaria, 16 de diciembre de 2021)

Trabajadores rurales logran acuerdo en consejo de salarios. Un proceso tortuoso

Fue un proceso muy tortuoso”, aseguró uno de los dirigentes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines.

Los trabajadores del grupo 22 (Ganadería, Agricultura y actividades conexas) llegaron a un acuerdo en los Consejos de Salarios; el convenio es a dos años y tiene 3,5% de recuperación de salarios, un total de ajuste de un 14% en el período.

César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), dijo que no quedaron conformes con lo acordado pero fue lo máximo que pudieron alcanzar.

“Desde julio fue un proceso muy tortuoso. Ha habido mucho aprovechamiento, nosotros le llamamos garroneo en el sentido de que como trabajadores estamos avalando idas y venidas que en realidad no tienen una clara finalidad de avanzar y poner voluntad en concretar acuerdos. Esto no es nuevo, así siempre se ha manejado la parte empleadora rural y en esta ronda se marcó mucho esa oportunidad que tenían de usar unos lineamientos que flecharon la negociación”, señaló Rodrígue.

El integrante del sindicato aseguró que la pandemia no afectó al sector. Desde la Unatra señalaron que las exoneraciones tributarias rondaron los 139 millones de dólares en 2020, con una caída del 4,7% de los ingresos de los hogares rurales, mientras que el conjunto de la economía caía 6%. En tanto, los precios de las exportaciones entre el 2020 y lo que va del 2021 aumentaron en promedio 12%.

En un comunicado emitido por el sindicato aseguran: “Al cierre de agosto 2021, anualizado, la carne bovina exportó 2.070 millones de dólares (21%), seguido por la celulosa con 1.269 millones de dólares (13%); la Soja con 807 millones (8%) y los lácteos U$S 715 millones (7%)”, en tanto “la tasa de imposición sobre ingresos nominales termina quedando tres veces más chica que un titular de industria y comercio”.

Sobre la novena ronda señalan que fueron hechos algunos planteos que no prosperaron, como la creación de nuevas categorías o el límite de ocho horas para la jornada laboral, tomando nueve horas y media diarias como horas simples, que después se compensarían con días libres.

“En ese contexto la delegación de trabajadores nos hemos tenido que revolver como gato entre la leña”, enfatizó Rodríguez.

 (Fuente "La Diaria")

 

El concepto de huelga se construye desde la realidad y tiene como esencia el de ser un acto de resistencia al poder.

 

La huelga es ante todo un fenómeno social muy difícil de atrapar en un formato de norma jurídica, es una cuestión íntimamente vinculada con la vida real y un instituto propio y exclusivo de los trabajadores, fruto directo de la cuestión obrera. Todos los fenómenos del último siglo, todas las conquistas y todas las transformaciones han estado vinculadas de uno u otro modo con la huelga. La huelga es también, si dejar de ser un fenómeno social, fuente permanente de producción normativa y por qué no factor fundamental para la aparición del derecho del trabajo. La fuerza de la huelga exalta uno de los más bellos valores de la humanidad, la solidaridad; resumidas en el sentir la circunstancia del otro como propia. Nació y se mantiene como un elemento equilibrador y también como un espacio de libertad.

La libertad sindical, un género que comprende a la huelga, está sometida a un alto nivel de variables que relativiza la pretensión de formular consideraciones en forma abstracta, validas para todo espacio y todo tiempo. Vale más que toda tención hacia lo inmutable o duradero reconocer en el tema una tensión dialéctica, que obliga al oído atento a la cambiante realidad.