La Policía y los adolescentes de la periferia. «Rutina es pegarnos»

 

 

Un informe de varias instituciones da cuenta de que habitar los barrios periféricos de Montevideo y Paysandú siendo adolescente implica situaciones de violencia cotidianas, que incluyen golpizas, balas de goma y hasta amenazas con cuchillos y picanas.

«En Casabó te paran diciendo que es rutina, todo el tiempo; vas caminando tranqui y te paran mal. Les preguntás qué hacen y siempre te dicen: “Rutina”. Rutina es pegarnos, siempre es rutina», dice uno de los chiquilines citados en el informe Adolescentes en comunidad. Experiencias de violencia institucional en Montevideo y Paysandú.

El informe releva el accionar policial cotidiano en barrios periféricos de Montevideo, específicamente en los Municipios A, D, F y G, y también en los de las zonas sureste y norte de la ciudad de Paysandú. El nombre de los barrios se omitió para evitar la estigmatización, pero la elección de los sitios no fue azarosa: según cuenta a Brecha Diego Silva, docente y coordinador de la Red de Estudios sobre Pedagogía Social y Subjetivación del Instituto Académico de Educación Social –una de las instituciones que llevó adelante el estudio–, decidieron dialogar con jóvenes que habitan los mismos barrios que los que están privados de libertad.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Universidad Católica del Uruguay también participaron en el informe. Los adolescentes entrevistados, en una o más ocasiones, fueron 115 en total: 78 de Montevideo y 37 de Paysandú, y más del 90 por ciento eran varones. Todos son estudiantes de educación media, viven con sus familias y participan en alguna organización de la sociedad civil. También hubo diálogo con los referentes institucionales. En resumen, el estudio afirma que los barrios en los que viven, sus edades y algunas «características estéticas», como la ropa, el pelo y los «modos de habitar» el espacio, son factores que «explican las intervenciones policiales».

A pesar de la gravedad de los relatos que se desarrollarán a continuación, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), señaló al semanario que aún no leyó el informe, y aunque se le ejemplificó con alguno de los testimonios, dijo que no hablaría de «supuestos» y que prefería no expedirse sobre «un informe que no conozco ni sobre denuncias que no vi». El MI había sido invitado por la INDDHH a la presentación del estudio, pero según Gianina Podestá, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la institución, no asistió, aunque sí se hizo presente el Poder Judicial. La semana pasada, Podestá junto con el director de la INDDHH, Wilder Tyler, presentaron el informe junto con el de Adolescentes en privación de libertad. Situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

INTERVENCIONES DE RUTINA

Patadas, cachiporra, golpes, manotazos en la nuca, amenazas, maltrato verbal, provocaciones, humillaciones y «manoseo en zonas íntimas» son algunas de las características habituales del accionar policial al momento de detener en la vía pública a los adolescentes, según recoge el informe. Hubo consenso, a su vez, con respecto a que la Policía trata «peor» a los jóvenes que a los adultos. Cabe destacar que ninguno de los casos de detención ocurrió a causa de la comisión de un delito, sino simplemente transitando el barrio.

«Ahora es normal si te agarran, te pegan, y eso es normal. No sé si en otro tiempo habrá sido diferente», afirmaba uno de los entrevistados. «Antes te paraban y te preguntaban a dónde vas o te pedían cédula, ahora no te preguntan nada, solo te cagan a patadas y te abren de piernas», contaba otro. Silva, quien especificó que las instancias de diálogo fueron en setiembre, octubre y noviembre de 2020, no encuentra una asociación directa con la, en ese entonces, reciente Ley de Urgente Consideración, pero afirmó que varios adolescentes mencionaron que, desde que la ley rige, los policías tienen «un poco más de libertad en el despliegue represivo».

Aseguran que las intervenciones de rutina de la Policía están orientadas a «intimidar y atemorizar». De hecho, en los barrios mencionados la noche no es habitable porque «su sola presencia justifica intervenciones policiales para retirarlos del lugar». Según los adolescentes, cómo se visten o cómo caminan son factores de discriminación y, por ende, causas para ser detenidos.

«Ellos juzgan cómo te ves, asocian mucho al turro con el chorro.»
«Paran más a los que están mal vestidos; si andás con la ropa rota, descalzo, sucio o revisando volqueta.» «Ponele un día de frío, los gurises que juegan al fútbol, porque van con una mochila y con la capucha ya son delincuentes.» «Yo cuando andaba con el pañuelito de No a la Reforma en la mochila, me paraban mucho más.» Esos son algunos de los relatos. Por otro lado, el informe concluye que si bien mujeres y niñas no suelen ser detenidas, su rutina incluye el acoso callejero ejercido por la Policía.

La violencia institucional escala al uso de armas: cuchillos, picana, balas de goma. «Me apoyaron la cuchilla en la panza y me decían: “Dale, llorá; decime algo y te apuñalo y digo que te desacataste»», narraba uno de los adolescentes. Otra situación sucedió a la salida del liceo: le pidieron los documentos, le dijeron que se apoyara contra el móvil, pero solo con los dedos.

—No me vayas a tocar mucho el móvil –manifestó el policía.

—Ni que te vaya a manchar el móvil, vamo’ arriba –respondió el joven.

—Vamo’ arriba ¿qué? –le dijo, sacó la picana y se la «dio» en la costilla.

Balas de goma que rozan los cuerpos de los adolescentes o que tiran para arriba con el fin de asustar también forman parte de las cotidianidades relatadas. En una ocasión, uno de los adolescentes había ido a jugar al fútbol a la plaza de deportes, llegó una patrulla, les dijeron que tenían que irse, eran alrededor de las cinco de la tarde, «y uno agarró y cargó el arma para asustarnos».

«Los matamos y los dejamos tirados por ahí», contó que les dijo en otra oportunidad un policía, mientras los amenazaba de muerte con una cuchilla. Sobre esta misma arma, uno de los jóvenes aseguró que les quisieron «encajar un cuchillo para llevarnos para adentro».

El «tirados por ahí» manifestado como amenaza muchas veces se volvió hecho: «Nos metieron adentro de una camioneta, un par de vueltas manzana, nos cagaron a palos y nos dejaron allí donde no hay nadie». «En vez de ir para una comisaría, nos llevaron para una casa. No sé ni para dónde nos llevaron, sé que era cerca de Maroñas, veía por los agujeritos que tienen atrás las camionetas, casi que no te dejan ver, los botones estaban vestidos de particular.»

Algunas circunstancias de las detenciones fueron especificadas por los adolescentes: «Un amigo estaba en el lago tirándoles piedras a los patos, los cuidaparques llamaron a la Policía y lo colgaron en un árbol y le pegaban cachetazos. Lo tenían atado y lloraba». «Por robar Internet en el bar nos llevaron al contenedor rojo de ahí atrás y nos cagaron a palos.»

INDEFENSIÓN, DESCONFIANZA, NATURALIZACIÓN

«Ya es costumbre, ya. Como que decís: “Y bueno ta”. Hay que aguantarlo nomás, porque son varias veces, la primera vez sí estaba cagada, no sabía ni por qué, tenía miedo y todo. Pero ahora siempre es lo mismo, te paran hasta porque vas caminando lento.»

La naturalización de la violencia es uno de los factores que concluye el informe y que le preocupa a Silva. Como consecuencia, los adolescentes tienen una «sensación de indefensión y desconfianza en las instituciones y el mundo adulto». Debido a estas circunstancias denunciar las situaciones de violencia no suele ser una opción. En algunos de los casos más graves, como los últimos narrados, se hizo la denuncia, pero no tuvo mayor éxito. «La Policía no me transmite ninguna confianza, me siento perseguido»; «le tengo más miedo a la Policía que a los chorros», son algunos de los testimonios.

Ante la idea de que lo común es la violencia policial, el informe da cuenta de ciertas estrategias que desarrollaron los adolescentes para reducirla: «pasividad absoluta» cuando los detienen, no asistir a determinados sitios o mostrar documentos que «sirvan de disuasión o reducción de quantum de violencia».

Según Silva, se planea que el año entrante la INDDHH pueda continuar el trabajo con los referentes de las instituciones para que se puedan efectivizar algunas de estas denuncias, resguardando la identidad de las víctimas.

 

Publicado en: Brecha, Edición 1879 Sociedad. Autor Camila Zignago
26 noviembre, 2021

 

 

El trabajo en Uruguay luego del Covid 19

 

A pesar de las facetas distópicas que ofreció el 2020, el panorama con relación al trabajo luego del impacto del covid no es más que una versión empeorada de la «vieja normalidad». Casi 40 por ciento de la población ocupada en Uruguay percibe salarios menores a 25 mil pesos, más de 400 mil trabajadores informales profundizaron su situación de precariedad y se agravaron las desigualdades de ingresos por diferencias de edad, género y residencia.

Durante los meses más álgidos de vigencia de las restricciones a la circulación, en Uruguay alrededor de un 20 por ciento de los trabajadores ocupados tuvo la posibilidad de volcarse de lleno al teletrabajo. Esto significa aproximadamente 300 mil personas. Las estimaciones señalaron que, antes de la llegada del virus, solo el 5 por ciento teletrabajaba de forma habitual: unas 74 mil personas, con lo cual se trató de un salto importante. En Montevideo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cantidad de teletrabajadores fue mayor: entre marzo y abril de 2020, representó alrededor del 30 por ciento de los ocupados. En el interior, en cambio, el pico máximo apenas alcanzó el 12 por ciento,¹ toda una prueba de adaptación a un contexto de emergencia.

Mientras tanto, alrededor de 600 mil trabajadores (casi un 40 por ciento del total de ocupados) vieron sus fuentes de trabajo afectadas directamente más o menos en el mismo período, pues se desempeñaban en sectores expuestos a un alto riesgo frente a la pandemia –la actividad turística, la gastronómica, el comercio–, según la definición que adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).² El núcleo más crítico de los asalariados formales de estos sectores encontró al menos un colchón en la vieja institución del seguro de paro. En el momento álgido de la crisis, se contabilizaron más de 180 mil trabajadores amparados, con un promedio mensual que llegó a registrar 80 mil ingresos. La mayoría fueron enviados con causal de suspensión y no de despido, toda una demostración de amortiguación de la emergencia.

Dentro de los afectados directos cuentan también los trabajadores informales. Según la OIT, un 85 por ciento de ellos directamente empleados en los sectores de riesgo medio, medio alto y alto. También un 46 por ciento de trabajadores independientes –no asalariados–, directamente involucrados en los sectores de riesgo alto. «Muchos de los empleos de por sí más precarios estarían relativamente más concentrados en sectores más expuestos», decía un informe de la OIT sobre Uruguay a fines de 2020. La tasa de informalidad en Uruguay era, a fines de 2019, de un 24,8 (se redujo 16 puntos entre 2004 y 2019):³ es decir, más de 400 mil personas. El 64 por ciento de ellos eran trabajadores por cuenta propia (el 10 por ciento no poseía local ni inversión); un 27 por ciento se encontraba subempleado y un 17 por ciento percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza. Aproximadamente 86 por ciento no había alcanzado a completar la educación secundaria. Toda una muestra de precariedad ante la emergencia.

Es difícil hacer algún balance positivo respecto al mundo del trabajo luego de la pandemia del covid-19. Lo cierto es que los 300 mil teletrabajadores, los 600 mil trabajadores afectados directos y los 400 mil trabajadores informales no necesariamente padecen la crisis del mismo modo. Ni la progresiva reapertura de la economía despliega, en el corto o en el mediano plazo, respuestas que puedan considerarse homogéneas.

TELETRABAJADORES

Por lo pronto, la fotografía de 2020 muestra que todavía gran parte de la estructura del mercado laboral en el país no es pasible de migrar a modalidades virtuales. En uno de los momentos más acuciantes de la crisis, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) calculó, para Uruguay, el llamado índice de posibilidad de trabajo a distancia,⁴ una herramienta que arroja un porcentaje indicativo acerca de cuán proclive es determinada ocupación de reconvertirse en una actividad no presencial. Casi el 60 por ciento de los trabajadores –según el reporte– presentó dificultades para poder teletrabajar. Además, se señaló que esta modalidad es especialmente desfavorable para los trabajadores de menores ingresos y para los informales, respecto a los cuales la imposibilidad del teletrabajo ascendía al 72 por ciento.

De todos modos, no es bueno desatender las tendencias. Teletrabajador y teletrabajadora son palabras que ingresaron recientemente al nomenclátor de la lengua española. Pero el año pasado se integraron definitivamente al habla cotidiana. Y también a la legislación. En abril de 2020, cuando las circunstancias vertiginosas hicieron del trabajo a distancia una necesidad irremediable, la senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) presentó un proyecto de regulación de esta actividad en el Parlamento. El texto fue sancionado por la Cámara de Senadores en octubre, modificado por Diputados en julio de este año y finalmente promulgado en agosto de este año (ley 19.978).

La ley tiene 15 artículos, que pretenden regular el teletrabajo. Para sus críticos, como el jurista Hugo Barreto, nunca hubo una regulación que regulara tan poco. En el mismo sentido que la bancada opositora, las dos críticas principales de Barreto tienen que ver con que la norma, en lugar de establecer regulaciones concretas, las traslada al ámbito de negociación entre el empleador y el empleado. Así ocurre, según el jurista, con la obligatoriedad o no del empleador en proveer las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante el trabajo, con la determinación precisa de la jornada laboral, de descanso, de la desconexión, o con la forma de rendir las horas extraordinarias. Tampoco se hace mención expresa a la posibilidad de dirimir esas definiciones en los ámbitos de negociación tripartita, lo cual es interpretado por los críticos como una negación expresa de la negociación colectiva.

Si bien resta conocer la regulación, la norma va en consonancia con la forma de entender las relaciones laborales de los socios de la coalición. Al margen de ello, de momento no está claro el porcentaje de trabajadores que se verían afectados. Si se tienen en cuenta los estudios llevados adelante a efectos de dimensionar el teletrabajo durante la pandemia, alcanzaría –en un escenario de máxima– a menos del 20 por ciento de la población ocupada. Un número abultado, en cierta medida, pues fue tomado en un contexto por demás extraordinario. Una encuesta reciente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana, difundida por La Mañana,afirma queun 71 por ciento de las empresas «trabajará en un formato híbrido», mientras que un 12,8 por ciento «volverá a la oficina de manera presencial». Al margen de ello, no existen proyecciones atendibles con relación al futuro inmediato del teletrabajo en Uruguay.

ASALARIADOS

Más allá de lo concerniente a la seguridad social,⁵ las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha desplegado –vinculadas con los trabajadores afectados por la crisis– fueron, en gran medida, dirigidas a retirar la presión fiscal sobre los empresarios de los sectores involucrados o al ofrecimiento de incentivos para la contratación de personal de forma temporaria, como parte de políticas laborales focalizadas. Algunos ejemplos visibles tienen que ver con el sector turístico o el comercio minorista. Asimismo, en materia legislativa se destaca, principalmente, la aprobación de la Ley de Promoción del Empleo, que establece estímulos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. Si bien la norma fue sancionada con anuencia de todos los partidos en agosto, hubo señalamientos de la oposición respecto a que la ley simplemente actualizaba normativas ya aplicadas por el gobierno anterior, cuando los índices de desocupación eran sensiblemente menores a los actuales. También se apuntó a que esta herramienta no está orientada a los problemas macro del empleo. Entre ellos figuraba el tópico de la automatización de los procesos productivos (y el de la consiguiente calificación de la mano de obra), que en buena medida asomaban como uno de los principales problemas antes de la pandemia.

En materia de política salarial, en tanto, hay menos señales sobre el futuro. Sobre el presente, sabemos que al inicio de la novena ronda de consejos de salarios –mitad de 2021– el Instituto Cuesta Duarte estimó una caída acumulada del 4,3 por ciento del salario real. También que los fenómenos asociados a la pandemia han determinado una caída generalizada del ingreso real de los hogares, del orden de un 6 por ciento, especialmente de los ingresos laborales. Según la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República,⁶ «los ingresos laborales han sido una de las fuentes de ingresos que se han visto particularmente comprometidas. Casi la mitad de la población que se encontraba ocupada antes del inicio de la pandemia redujo sus ingresos laborales durante el año y un 14 por ciento dejó de percibirlos».

Respecto a la estructura de ingresos, según datos del Cuesta Duarte publicados este mes,⁷ en 2020 existieron más de 650 mil trabajadores ocupados que recibieron remuneraciones por debajo de los 25 mil pesos líquidos mensuales por 40 horas semanales (considerado un «salario sumergido»). Entre ellos, alrededor de 225 mil no alcanzaron a percibir 15 mil pesos. Fuera de ese 42 por ciento de salarios bajos, alrededor de 327 mil trabajadores recibieron remuneraciones entre 25 mil y 35 mil pesos líquidos. Más de 267 mil cobraron mensualmente entre 35 mil y 50 mil, y alrededor de 308 mil recibieron remuneraciones que sobrepasaron los 50 mil pesos por mes.

Según el Cuesta Duarte, casi el 70 por ciento de los trabajadores menores de 25 años percibe salarios sumergidos. Entre ellos, casi el 20 por ciento son remuneraciones que no alcanzan los 15 mil pesos mensuales. «El análisis muestra que tan solo un 7 por ciento gana entre 35 mil y 50 mil pesos, mientras que solo un 4 por ciento (cerca de 5 mil personas) supera esta última cifra», se afirma. A la vez, si una persona tiene entre 25 y 39 años, la probabilidad de que perciba una remuneración mensual que no alcance los 25 mil pesos es del 37 por ciento. Y la probabilidad de que gane más de 50 mil pesos es de 17 por ciento. Respecto a la distribución del ingreso por franja etaria, el informe concluye: «Los jóvenes no solo enfrentan desempleo mucho más alto y niveles de informalidad significativamente mayores, sino que son quienes perciben remuneraciones más bajas, un resultado en principio esperable por su posible menor formación y capacitación, pero en una magnitud exageradamente alta que evidencia la inserción excesivamente precaria de este colectivo en el mercado laboral».

Por lo demás, todos los indicadores con tendencias desfavorables referentes al mercado laboral (tasa de empleo, de actividad, de desempleo) tuvieron mayor incidencia en las mujeres. Especialmente en los tres primeros quintiles de ingresos (los más bajos) y en el interior del país. La pobreza medida para 2020, por ejemplo, era de 11,3 para los hombres y de 11,9 para las mujeres. Pero cuando se integran datos relacionados con la jefatura de hogar, la información es más nítida: el índice de pobreza de los jefes de hogar es de 6,4 por ciento y de las jefas de hogar es de 10. Un dato a resaltar tiene que ver con la incidencia del teletrabajo, que fue significativamente mayor en mujeres que en hombres durante todo 2020. Pero con una particularidad: «Durante la pandemia, las mujeres de los estratos más altos resuelven su inserción laboral a través del teletrabajo, mientras las de estratos más bajos con mayor inserción en sectores vulnerables a la crisis que generó la covid-19 han sido las principales víctimas del desempleo», señaló un informe reciente de ONU Mujeres⁸ con base en datos del INE. De acuerdo con el estudio, «ello profundiza las desigualdades sociales y territoriales que resultan de la segregación ocupacional, la segmentación del mercado laboral y la división sexual del trabajo, que impone una carga de trabajo no remunerado desproporcionadamente mayor en las mujeres de los estratos medios y bajos».

INFORMALES

Una nota técnica de la OIT, difundida en setiembre,⁹ destacó que las acciones llevadas adelante para la recuperación del empleo en América Latina aún son insuficientes. Allí se afirma que, a nivel continental, «en 2021 son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación parcial del empleo». En este sentido, el documento calcula que «estas ocupaciones han dado cuenta de alrededor del 70 por ciento o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de la región». Asimismo, se advierte: «Si bien es prematuro afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, es un riesgo latente importante».

Aunque las evidencias para Uruguay indican que la informalidad tiende a extenderse en momentos de recesión, las conclusiones de la OIT no pueden trasladarse directamente, de momento, por falta de datos actualizados. Pero algo curioso ocurrió con el empleo informal en el último año. Los trabajadores no registrados en la seguridad social representan, en Uruguay, un estoico 25 por ciento de la población activa (casi 400 mil personas). El porcentaje de informalidad que divulgó el INE para 2020, sin embargo, estuvo extrañamente en el entorno del 20 por ciento. De acuerdo con el Cuesta Duarte, en el informe citado, «dado el importante rol desempeñado por el seguro de desempleo, que ofreció protección al sector formal de la economía, la caída se concentró entre los trabajadores informales […] naturalmente, este descenso no obedece a un mejor desempeño del empleo formal, sino a una fuerte disminución de los ocupados no cotizantes [informales] cuyos empleos se resintieron a partir del confinamiento».

Los trabajadores informales fueron las víctimas predilectas de la crisis económica desatada por el covid-19, en razón de que cursaron la pandemia sin respaldo y con posibilidades nulas de teletrabajar. Teóricamente, en porcentaje, representan un mayor número de personas que las incluidas en aquel sector que pudo acogerse al teletrabajo y supera en cantidad a todos los trabajadores que contaron con un ingreso mínimo proveniente del seguro de paro. De momento, sin embargo, no hay noticias de políticas laborales de gran escala respecto a ellos. Desde el PIT-CNT se apuesta por que los nuevos puestos de trabajo que se creen en el período poscrisis sean formales, de manera que el porcentaje de no registro en la seguridad social continúe bajando y la tasa de empleo se mantenga. De no mediar políticas específicas, hay pocas probabilidades de que esto ocurra, puesto que hay evidencia en cuanto a que la informalidad crece de forma contracíclica. En este sentido, esperan saber qué ocurrirá cuando se termine el plazo de las extensiones de los seguros de paro que aún continúan vigentes. En la medida en que los trabajadores formales no retornen a sus puestos, puede que el porcentaje histórico de informalidad retorne.

1. «Encuesta continua de hogares. Actividad, empleo y desempleo». Instituto Nacional de Estadística. Abril de 2021.

2. «Uruguay. Impacto de la covid-19 sobre el mercado de trabajo y la generación de ingresos», Andrés Marinakis (coordinador). OIT. Setiembre de 2020.

3. «Covid-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social», Daniela de los Santos, Inés Fynn. Razones y personas. Abril de 2020.

4. «Coronavirus y las vulnerabilidades de la Red de Protección Social en Uruguay». CINVE, Informe n.º 8. Marzo de 2020.

5. Los seguros de desempleo significaron el gasto más elevado del Fondo Covid al 31 de diciembre de 2020. Representó alrededor de 0,4 puntos del PBI.

6. «Una evaluación y lecciones aprendidas de las respuestas epidemiológicas, el impacto social y de las medidas de mitigación social ante la crisis del covid-19 en Uruguay: aciertos, oportunidades perdidas y asimetría de la respuesta social». UMAD, FCS. Agosto de 2021.

7. Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y la nueva Ley de Promoción del Empleo. Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT. Octubre de 2021.

8. «Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza, según el género». ONU Mujeres. Abril de 2021.

9. «Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual», Roxana Maurizio. Nota técnica. Serie Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. OIT. Setiembre de 2021.

(Titulo original: “ EL trabajo en el Uruguay luego de la pandemia.No tan cyborg” .Autor: Venancio Acosta 29 octubre, 2021 Publicado en Brecha numero 1875)

Las discusiones de cara al Congreso del PIT-CNT

 

El 5 de noviembre se va a celebrar el XIV Congreso del PIT-CNT. Allí, se discutirán las grandes líneas estratégicas del movimiento obrero y se elegirán las nuevas autoridades. En la preparación del congreso, las diferentes corrientes elaboraron documentos para largar la discusión.

Estas corrientes son la alianza entre el Partido Comunista y Articulación (abreviada C+A, que es hoy la línea mayoritaria), En Lucha (EL, en la que se destaca la presencia de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, junto con el sindicato de los obreros municipales y el de la bebida) y la Coordinación de Sindicatos (CS, usualmente llamada Grupo de los 8: los sindicatos de la UTE, la gastronomía, la pesca, la enseñanza privada, el correo, la seguridad social, el Consejo Directivo Central y la Unión Ferroviaria). Estas son, básicamente, las mismas corrientes que participaron del congreso anterior, aunque habrá que esperar a noviembre para ver claramente si hubo cambios en la relación de fuerzas entre ellas.

Si bien no todos los sindicatos participan en corrientes e, incluso, hay debates sobre cuán importantes deberían ser estas en la vida del PIT-CNT, en estos documentos pueden verse las grandes líneas de discusión en el movimiento sindical y también las zonas de acuerdo. Vale la pena prestar atención a sus contenidos, no solamente para entender las tendencias en uno de los grandes factores de poder del país, sino también porque estos documentos muestran una mirada abarcadora del país y del mundo, y plantean discusiones de fondo que no siempre vemos en la discusión. Así, la riqueza de estos documentos muestra la importancia del PIT-CNT no solo como organización social y campo de disputa política, sino también como núcleo intelectual.

Los temas cubiertos por los documentos son muchos, pero podemos organizarlos en seis: la situación del mundo y la clase trabajadora; la caracterización del proceso sudamericano y su trayectoria histórica reciente; la caracterización del actual gobierno uruguayo; la coyuntura, marcada por el referéndum; las discusiones internas de estrategia y organización, y la cuestión de la política de alianzas. Veamos.

SITUACIÓN MUNDIAL

El documento de la corriente mayoritaria caracteriza la situación actual como una «crisis sistémica de carácter civilizatorio», que incluye «dimensiones ambientales, energéticas, económicas, políticas y culturales». El diagnóstico de crisis general es compartido por las otras corrientes. Así lo dice EL: «El XIV Congreso del PIT-CNT nos encuentra en un contexto regional y global totalmente diferente al del último congreso, en un momento histórico en el que los cambios se generan con mayor celeridad». La CS hila más fino: diagnostica una «crisis de sobreproducción de capital […] que viene engendrando la economía mundial desde al menos la década del 70» y advierte que «históricamente las crisis de sobreproducción capitalista han desatado crisis profundas, como la de 1929, y finalmente han engendrado formas de violencia masiva».

El documento de C+A ve una «contraofensiva del capital contra el trabajo a escala universal», al igual que el de EL. Los tres documentos destacan las escandalosas desigualdades entre los superricos y el resto de la humanidad. El de C+A resalta especialmente la «revolución tecnológica», que «está marcada por la estrategia global de reestructuración del capital», lo que implica que «la investigación científica que produce nuevas tecnologías está diseñada para reproducir y profundizar la concentración». Esto conlleva la necesidad de analizar propuestas como la renta básica universal, el trabajo garantizado, la reducción de la jornada de trabajo y los impuestos para las empresas que sustituyen trabajo vivo por trabajo objetivado.

La corriente mayoritaria también destaca cómo «se viene desplegando una malla de relaciones económicas mundiales, la llamada mundialización del capital», mientras «nuestra acción suele desarrollarse a escala de las economías nacionales», por lo que es «necesario analizar respuestas desde nuestra clase de alcance global y regional, al tiempo que se plantea con firmeza la defensa de la soberanía». La CS, mientras tanto, ve una tendencia a «la transición desde una hegemonía estadounidense o “atlantista” (OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]) hacia una multipolaridad en la que se destaca el desafío hegemónico que representa la República Popular de China», situación en la que es necesario «revitalizar la perspectiva internacionalista de su lucha» y en la que, si bien hay riesgos, se abre «una oportunidad para ganar espacios a nivel global de un eventual bloque político regional».

AMÉRICA LATINA

El documento de C+A destaca la importancia del análisis en la escala latinoamericana, ya que «existe evidencia histórica» de que América Latina se mueve como un conjunto «en sus dimensiones económicas y políticas». En esta escala de análisis, describe una ofensiva del imperialismo y los bloques de poder locales para «mantener el actual statu quo de dependencia y desigualdad», pero señala que esto «no debe ocultar los límites y rendimientos decrecientes del aliento histórico del progresismo en el continente»: «Está claro que el proceso de cambios en América Latina, con todos sus rasgos positivos, no pudo o no supo concretar la integración profunda de América Latina […], menos la complementación productiva intraindustrial».

Sobre este punto, el documento de EL dice que «los progresismos no tienen un carácter anticapitalista, pero impulsaron, e impulsan, programas de conciliación de clases, lo que implica la implementación de un conjunto significativo de medidas favorables a la clase trabajadora y el pueblo». «Es así que intentaron implementar un capitalismo con rostro humano, mejorando la distribución del ingreso», pero sin reducir la desigualdad, promoviendo «alianzas con el agronegocio» y beneficiando «a las grandes multinacionales en su proceso extractivo».

El análisis de la CS es el siguiente: «La región se encuentra, desde al menos 2014, en una fase de estancamiento económico, con crisis muy duras, como el caso venezolano, que empalma con una repolarización política y una alternancia entre fuerzas conservadoras crecientemente radicalizadas y con tintes fascistas y las coaliciones progresistas que no dan muestras de tener un ímpetu programático capaz de avanzar posiciones sobre las viejas clases dominantes de la región». Y reflexiona: «Solo la debilidad de una alternativa anticapitalista potente desde el movimiento social explica la impunidad de la que goza el sistema ante los estragos sociales de esta nueva crisis social y de derechos».

GOBIERNO Y COYUNTURA

A la hora de caracterizar la situación de Uruguay, hay grandes acuerdos. Los tres documentos señalan al actual como un gobierno favorable a los intereses del capital y contrario a los de la clase trabajadora. Y destacan el ajuste fiscal, el desempleo, el aumento de tarifas, el ataque a las empresas públicas y la reforma de la seguridad social como demostraciones de este diagnóstico. Los tres documentos también están de acuerdo en la importancia del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Para EL, «haber obtenido las firmas para el referéndum representa, en sí mismo, un punto de inflexión relevante, en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva, poniendo en cuestión el modelo regresivo de país que impulsa este gobierno». Para la CS, «las 800 mil firmas recogidas en medio de la emergencia sanitaria y en plazos más que acotados fueron un enorme hecho político construido desde abajo» y la campaña del referéndum fue «una gran tarea, que ya está en curso y hay que redoblar».

Para C+A, esta campaña es «el centro de las prioridades de la lucha en este momento», porque «una victoria popular en el referéndum significaría un antes y un después para el conjunto de las luchas populares», a partir de la cual podría abrirse «la construcción participativa de un programa para las grandes mayorías de nuestro pueblo y el despliegue de una estrategia que permita retomar la iniciativa programática y la iniciativa histórica de la clase trabajadora». El documento de la CS, directamente, ya hace propuestas programáticas, enfatizando la defensa de los bienes comunes, la lucha contra la impunidad y la necesidad de «desarrollar una nueva institucionalidad, que permita el control social de dos grandes resortes estratégicos: la deuda pública y los excedentes del sector primario».

INTERNA

Los documentos de las corrientes minoritarias (EL y CS) comparten algunas objeciones sobre la conducción del movimiento sindical. Ambos critican la falta de comparecencia de las representaciones del PIT-CNT en diferentes organismos ante la orgánica sindical. También reclaman que se cumpla con la periodicidad de las sesiones de los diferentes órganos previstos por los estatutos y el cumplimiento de sus resoluciones. EL, en particular, critica la poca participación del movimiento sindical en la discusión sobre la ley de teletrabajo. La CS cuestiona que el PIT-CNT haya firmado el acta de la octava ronda salarial, propuesta por el gobierno, y califica esa decisión como «un acto de conciliación de clases y un gran error de valoración estratégica».

 

También hay discusiones sobre temas estratégicos y organizativos. Para la CS, es «imperativo que se consolide una política de solidaridad con los conflictos», para que estos no «se desangren por falta de apoyo». Además, en su documento, esta corriente evaluó el cumplimiento de objetivos planteados en el congreso anterior. En particular, sobre el objetivo de «instrumentar una campaña de sindicalización que ubicara al PIT-CNT con 600 mil afiliados», evalúa que, «más allá de lo ambicioso del planteo y de distintas circunstancias que pudieron conspirar contra él, lo cierto es que sencillamente la campaña no llegó siquiera a delinearse».

El documento de C+A también entra en cuestiones organizativas: plantea la necesidad de formas flexibles de organización, que permitan una «plasticidad creativa para encolumnar en el movimiento sindical nuevas formas de organización de clase que son el resultado de los procesos de flexibilización implementados en el marco del modelo neoliberal», lo que puede tomar la forma de «grandes organizaciones de rama de actividad y/o encadenamientos productivos que permitan mixturar las formas organizativas tradicionales». En un sentido parecido, EL plantea que «el movimiento sindical se encuentra aturdido, como consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo», y que si no «piensa en una nueva forma de organización», «está condenado a no comprender a la nueva clase trabajadora que surge, a perder la representatividad de la clase y a quedar reducido a una mínima expresión».

El documento de EL propone discutir si «en esta coyuntura» no sería «una solución volver a los coordinadores en el secretariado», en lugar de «las figuras de presidente, vicepresidente y secretario general». En el mismo sentido, el documento de la CS señala que estas figuras no existen en el estatuto y destaca el rol de dirección de la Mesa Representativa, organismo que, según la CS, debería integrarse con un criterio de «unidad sin exclusiones», según el cual «ninguna filial que manifieste su voluntad y compromiso de participación quede sin voz ni voto», «independientemente de su tamaño, su inserción en el mundo del trabajo o la orientación política de su dirección». Sobre este punto, C+A propone una «Mesa Representativa lo más amplia y equilibrada posible, en el desarrollo de todas las ramas de actividad, de compañeras y compañeros del interior y la capital, en el desarrollo de la paridad de género».

El documento de la CS plantea que «una buena parte de los trabajadores desconfía de la herramienta sindical y cree que los dirigentes son una cúpula que no pisa su puesto de trabajo», y que, si bien «mucho han hecho la prensa y la derecha para la construcción de este relato», es necesaria una autocrítica de «las prácticas “dirigentistas” y burocráticas», incluido el uso de los fueros sindicales, que, aunque «son una conquista importante», deben «tener un férreo control», «asegurándose de que sean para el uso de la militancia sindical». El documento de C+A rechaza que se hable de «cúpula del PIT-CNT»: «Nuestra forma de organización es una pirámide invertida».

ALIANZAS

El documento de C+A considera que «una polémica central desde el punto de vista de la estrategia sindical» es si se debe «desarrollar una actuación solo en un concepto clase contra clase o desplegar una línea que, sin desdibujar su programa, establezca las alianzas más amplias posibles, que den cuenta de la acción de las grandes mayorías nacionales y populares», y se define en favor de esta última opción. Valora, como ejemplo, la campaña de recolección de firmas contra 135 artículos de la LUC, en la que «no interesaba si los participantes venían del movimiento sindical, del Frente Amplio, del feminismo, de las cooperativas o del movimiento estudiantil». Destaca que en ese proceso el movimiento sindical no fue un «furgón de cola de otros, sino que, efectivamente, es el que toma la iniciativa». Y llama a «abrir un proceso de congreso del pueblo» y a construir un programa que cubra las dimensiones «del desarrollo productivo, del desarrollo social y del desarrollo democrático».

EL, mientras tanto, señala: «Por momentos hemos quedado sometidos a lo que el gobierno progresista pudiera ceder ante las presiones de unos u otros». Y añade: «Si bien no pretendemos decir con esto que todos los gobiernos de las distintas fuerzas políticas que llegaron a conducir el país son iguales […], es necesario mantener una independencia de clase». Por esto, mantener la definición de ir hacia un «bloque social y político de los cambios» «limita la política de alianzas».

La CS plantea que «en el centro del debate sobre la perspectiva estratégica y el rol del movimiento sindical […] se encuentra la disyuntiva entre dos paradigmas»: «Por un lado, la visión que sostiene la llamada teoría de los bloques sociales y políticos […]; por otro, la concepción histórica que inscribe la lucha sindical bajo el principio rector de la independencia de clase y la unidad para luchar». Critica la primera opción, porque «provoca efectos de subordinación política del movimiento sindical, limitando su acción a la funcionalidad de la acumulación en la lógica de las superestructuras partidarias». Pone como ejemplos la «pasividad complaciente que adoptó la mayoría del movimiento sindical con los contratos leoninos firmados entre la presidencia de Uruguay y UPM o la mirada auspiciosa que recayó sobre la privatización de la diversificación de la matriz energética». Según este documento, el objetivo de la política de alianzas de la clase trabajadora organizada «debe ser la acumulación de fuerzas para habilitar las transformaciones revolucionarias».

 

 (Gabriel Delacoste, 15 de octubre de 2021, Brecha numero 1873)