Impulsada
por un vigoroso aumento de la demanda y los precios de bienes a nivel
internacional, la economía uruguaya comenzó a recomponer algunos de los
indicadores macroeconómicos golpeados por la pandemia. Las cifras presentadas
por el equipo económico del gobierno echaron luz sobre los números más amables
para el oficialismo, en tanto otras no quedaron explícitas. Durante 2021, el
ahorro que el gobierno utilizó para dar respuesta a los efectos de la pandemia
recayó, mayoritariamente, sobre los ingresos de trabajadores y las pasividades.
Mientras los malla oro, volcados al exterior, recompusieron sus ganancias con
ingresos millonarios, el poder de compra de los asalariados se redujo por
segundo año consecutivo, en términos reales, y no hay señales a la vista de que
el vaso comience a derramar al resto.
Con
el apoyo de una presentación nutrida de números y gráficas, el equipo del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó, el martes, parte de los
resultados económicos del año pasado y avanzó en las perspectivas para el
presente. Por más de una hora, la ministra Azucena Arbeleche recorrió
exhaustivamente aquellas variables de la economía que habían mostrado una
mejora con respecto a 2020: crecimiento de la actividad, mejora del mercado de
trabajo, aumento de las transferencias para atender los efectos de la pandemia,
caída de la pobreza y, principalmente, su caballito de batalla, la reducción
del déficit fiscal. Pero, pese al minucioso detalle de su presentación, la
ministra no incluyó una explicación sobre los factores que permitieron esa
mejora en las cuentas públicas y la actividad, ni tampoco para mostrar los
resultados de lo que, hasta ese momento, era uno de los objetivos explícitos de
la cartera: la disminución de la inflación.
Al
cierre de 2021, el gobierno logró disminuir el déficit fiscal más allá de las
metas que se había propuesto a principios de año. Por segundo año consecutivo,
consiguió mejorar uno de los indicadores recurrentes en el ágora mediática.
Aquello, además, sin «aumentar los impuestos», hizo gala Arbeleche. Sin
embargo, a la hora de contestar la pregunta de un periodista sobre los motivos
que explican los ahorros que habrían permitido tal proeza, la ministra no solo
se mostró extrañamente esquiva, sino que retrucó la pregunta con una
justificación de tintes ortodoxos: «Es ese ahorro el que nos habilita a dar
respuesta y mitigar el impacto de la pandemia». De forma tajante, dejaba en
claro que no era una explicación que estuviera interesada en brindar.
La
mejora de las cuentas públicas es pasible de éxito, en forma genérica, a partir
de una disminución en los gastos del gobierno central, un aumento de los
ingresos a sus arcas, o ambas a la vez; esto último fue lo que sucedió durante
2021. La evasión en la respuesta de la ministra parece encontrar un sentido
lógico al considerar que la caída del gasto público no se explicó, en forma
sustancial, por una mayor eficiencia en la implementación de los recursos
disponibles, sino, principalmente, por la caída del salario real de los
trabajadores del sector público y de los ingresos de jubilados y pensionistas
–cuyo cálculo se hace con base en el índice medio de salarios del año anterior,
que también venía con pérdida–. Según las cifras analizadas por Gonzalo Zunino,
director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), el ahorro por estos
dos conceptos alcanzó el 0,7 por ciento del producto bruto interno (PBI), lo
que equivale a unos 370 millones de dólares.
Estos
no fueron los únicos rubros en los que el gobierno encontró un espacio para el
ahorro. Zunino explicó a Brecha que también hubo una caída de la inversión
pública en 2021, mediante la cual se evitó gastar unos 53 millones de dólares
–0,1 por ciento en términos de PBI–. Para el economista, este descenso debería
ser circunstancial y no se podría prolongar en el tiempo si se quiere mantener
la calidad de los servicios públicos y de la infraestructura que brinda el
Estado. También cayeron, en términos reales, los gastos vinculados a las
transferencias para las políticas sociales y las que se hacen a las AFAP,1
añadió al ser consultada por el semanario la economista Gabriela Mordecki,
integrante del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración de la Universidad de la República. La caída del 0,5 por ciento
del PBI equivale a unos 265 millones de dólares en este rubro, de acuerdo a los
datos del MEF, lo que tiene, según Mordecki, un efecto de «ajuste fiscal
encubierto».
A
esto se suma, por el lado opuesto, que los ingresos del gobierno central
mejoraron en comparación con el año anterior. El aumento fue apuntalado por una
mayor recaudación de la Dirección General Impositiva. Los impuestos sobre el
valor agregado que se pagan por la importación de bienes, los que se abonan por
las transferencias patrimoniales o por las rentas provenientes del factor
capital –rendimientos originados en depósitos, préstamos, alquileres o
incrementos patrimoniales– aumentaron su recaudación por encima del 10 por
ciento, en términos reales, en comparación con 2020. Si bien estos fueron los
más destacados, la recaudación de «todos los impuestos que tienen que ver con
las empresas aumentaron de forma muy importante», añadió la economista. La
mejora en los resultados de las empresas públicas también ayudó a reforzar las
finanzas del gobierno. Las exportaciones extraordinarias de energía eléctrica a
Brasil fueron capitalizadas mediante un aumento de las transferencias a rentas
generales por parte de UTE. Lejos quedó aquella promesa de no utilizar a los
entes estatales para financiar las cuentas públicas, luego de un «aporte extra»
de más de 100 millones de dólares.
El
orgullo que mostró el Ejecutivo por los resultados fiscales, sin embargo, no
fue de buen recibo por otros agentes que participan de la economía. Alejandra
Picco, economista del Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT), expresó a Brecha que
el sobrecumplimiento de las metas no es una buena noticia porque «gran parte
del ahorro se explica con la rebaja, en términos reales, de salarios públicos,
pasividades e inversiones». Para esta analista, se podría haber optado por
reducir las tarifas públicas a la par de que se cumplían las metas trazadas por
el gobierno. Aseguró, igualmente, que el crecimiento de la economía fue mejor
al esperado y que el desafío, ahora, es sostenerlo, «pero con un correlato en
los ingresos de los hogares».
(NO ES) VIENTO DE COLA
La
cifra anunciada por la ministra en la conferencia del martes fue mayor a la
proyectada por el propio MEF semanas antes, gracias a una mayor dinámica de la
actividad en el último trimestre del año. Luego de una caída abrupta, en 2021
la economía cerró con un crecimiento de 4,5 por ciento, en comparación con lo
sucedido en 2020. Si bien el dato es alentador, ya que representa que una de
las peores caras de la pandemia comenzaría a quedar atrás, no muestra por si
solo si ello sucede con un marco equitativo o si, por el contrario, algunos se
están adelantando.
«Vemos
que en el crecimiento de la economía hay una heterogeneidad muy grande entre
los sectores asociados al comercio exterior y los vinculados al sector interno
de la economía, que es generador de muchos puestos de trabajo y todavía están
rezagados», comentó Picco. Los datos publicados por Uruguay XXI reflejan lo
señalado por la economista: las exportaciones uruguayas de bienes crecieron más
de un 40 por ciento en el año, alcanzaron niveles históricos para el país y
superaron por un cuarto porcentual a las de 2019. En tanto, a nivel interno,
los sectores mejoraron sus números con relación a lo que había sido el primer
año de pandemia, pero respondiendo más a un «rebote» que a un crecimiento
genuino, aclaró Zunino. Los sectores vinculados al comercio y los servicios
recuperaron parte de su actividad, aunque todavía se encuentran afectados por
la caída en el consumo, derivado, principalmente, de la disminución de los
ingresos en los hogares. En tanto, la construcción, otro de los grandes
sectores de la economía, mostró un crecimiento consolidado debido a los nuevos
proyectos iniciados y al impulso de las grandes obras que venían del período
anterior, indicó Mordecki.
Pero,
aunque internamente la cosa esté mejorando, quien se lleva todos los elogios, y
la gran porción en la torta del crecimiento, ha sido el sector exportador. A
excepción del sector arrocero, que vio caer sus cifras, los principales
productos agropecuarios de exportación aumentaron el porcentaje de sus ventas
en más de dos dígitos. La venta de carne bovina creció en 1.000 millones de
dólares –aumentó su precio y el volumen exportado–, la de celulosa en 400
millones y la de soja en poco más de 130 millones. Otros, como los concentrados
de bebidas y los productos farmacéuticos, superaron en conjunto el centenar de
millones de dólares. De igual forma, alcanzar niveles récord en las exportaciones,
cosa que se experimenta en toda la región (véase artículo en página 4), no fue
impedimento para que la gremial que nuclea a las empresas exportadoras se
mostrara preocupada ante una nueva caída en el valor del dólar e instara al
gobierno a tomar medidas. En épocas de vacas gordas, cada fracción de dólar
perdido cuenta; todo sea por el derrame.
Así
y todo, por ahora parece que el Ejecutivo no les va a dar el gusto y dejará que
la evolución siga su curso. La ausencia de gravámenes sobre el sector exportador
en el peor momento de la pandemia es un crédito con el que todavía cuenta el
gobierno. Ciertamente, incluso con el incumplimiento de la promesa de campaña
sobre el aumento del precio de los combustibles, la situación de los agremiados
empresariales tampoco da lugar a mucha queja. En la presentación del MEF, la
ministra omitió explicar el motivo detrás del explosivo aumento de las
exportaciones. Quizás con ello se pretenda dejar de manifiesto que el impulso
de la economía fue posible gracias al virtuosismo del equipo económico. En los
hechos, el repunte responde a un nuevo auge en la demanda y los precios
internacionales de los commodities, valores que recuerdan un lejano 2013,
tiempos en los que el ahora oficialismo abundaba en lo fácil que era distribuir
siendo empujado por un viento de cola favorable.
SUJETOS OMITIDOS
Si
bien el crecimiento de la economía promovió una reactivación en el mercado
laboral, durante el año pasado la heterogeneidad de la recuperación no solo se
observó entre sectores de actividad, sino también en el de los ingresos
laborales. En 2021 se recuperaron casi 50 de los 60 mil empleos perdidos el año
anterior. La activación del empleo fue impulsada en forma importante por la
creación de 15 mil puestos de trabajo a partir de la implementación de los
jornales solidarios. También producto del dinamismo de la construcción,
sustentado, en buena medida, por el avance de la planta de UPM y las obras del
ferrocarril central –que explicaría el empleo de unas 8 mil personas–, sostuvo
en diálogo con el semanario el economista Federico Araya. A esto se suma el
repunte generalizado de los sectores vinculados al comercio y los servicios, y
un porcentaje menor responde al aumento en el sector público y a los derivados
del vigoroso crecimiento de las exportaciones.
La
reactivación del mercado laboral seguramente impactó en la caída de la pobreza,
sostuvo Araya, aunque todavía no están disponibles los datos cerrados para
saber su alcance. Pese a la mejora de la cifra, de concretarse la finalización
del programa de jornales solidarios y el cierre de la etapa de construcción de
UPM, se corre peligro de que se genere un sensible retroceso en la recuperación
del empleo y «podrían perderse 20 mil puestos de trabajo en algunos meses».
Dado que los jornales solidarios que llevan adelante las intendencias se
focalizaron en aquellas personas de bajos ingresos y, para el economista,
fueron uno de los motivos que contuvieron el aumento de la pobreza, su cierre
podía revertir parte de la mejora de 2021. Esa posibilidad adquiere mayor
relevancia si se tiene en cuenta que es mucho más costoso sacar a alguien de la
pobreza que evitar que caiga.
En
tanto, el equipo económico anunció que proyecta la creación de 40 mil nuevos
puestos de trabajo para este año, cifra que es analizada con cautela en el
Cuesta Duarte, ya que no solo implicaría volver a niveles prepandemia, sino un
avance importante en relación con los que se habían perdido en el último
quinquenio. «Parece bastante complicado», enfatizó Picco. Sin embargo, en su
presentación el gobierno quiso dar seguridad y estimó que 7 mil de esos nuevos
empleos se crearían con base en las inversiones que se concretarán con el
impulso de las herramientas de promoción. Sobre ello, Mordecki señaló que es un
cálculo hecho «arriba de proyectos de inversión» y que por el momento no se
sabe si se van a llevar adelante, además de que se toman como referencia las
cifras que presentan las propias empresas.
En
contraposición a la mejora del mercado laboral, el comportamiento de la
evolución de los salarios no fue mencionado por la ministra. Es que los datos
del pasado año marcaron un segundo año consecutivo de caída del salario real,
acumulando un descenso del 3 por ciento en el poder de compra de los
asalariados. De los convenios que se comenzaron a negociar en julio,
correspondientes a la novena ronda de salarios, cerca de la mitad siguieron los
porcentajes de recuperación propuestos en los lineamientos del gobierno. Esto
significa que, para mediados de 2023, «recién estarían recuperando un tercio de
esa caída», sostuvo la integrante del Cuesta Duarte. Esa recuperación, además,
se encuentra atada a la evolución de la inflación y los correctivos durante el
año. Como antecedente inmediato, «la inflación del segundo semestre del año
pasado fue más alta de lo proyectado por el gobierno; a pesar de incorporarse
un porcentaje de recuperación, el salario real volvió a caer», redondeó.
Hasta
el martes, la reducción de la inflación era uno de los objetivos explícitos del
equipo económico. Sin embargo, luego de un habilidoso manejo discursivo de la
ministra, pasó a ser responsabilidad casi en solitario del Banco Central del
Uruguay (BCU). Los motivos al respecto no fueron explicados, aunque es posible
aproximar varias hipótesis. La principal es que el gobierno no ve como una
posibilidad cercana encorsetar a la inflación dentro del rango meta –que en
setiembre se fijaría entre 3 y 6 por ciento– debido al contexto internacional.
El aumento en los precios de consumo del país es un fenómeno histórico, pero
actualmente también se extiende a nivel mundial, por efecto del precio de los
combustibles, la flexibilización en la política monetaria de los países y el
boom de precios de bienes y alimentos (véase columna de Joseph Stiglitz en
Mundo). Por ello, más allá de los vaivenes internos, el contexto tampoco
ayudaría a facilitar el objetivo.
La
otra posibilidad es que para intentar hacerlo estuviera dispuesto a disgustar
al vigoroso sector exportador. La suba de las tasas de interés, herramienta de
la política monetaria formulada por el BCU, busca fortalecer el peso uruguayo y
atraer inversores desde la moneda estadounidense hacia instrumentos en moneda
local. También entra en el menú del gobierno la posibilidad de que asuma que no
podrá bajar la inflación y busque amortiguar el costo político ante una nueva
caída del poder de compra durante este año. La proyección de CINVE va en esta
línea y se proyecta en un punto de caída salarial en términos reales para 2022,
estimó Zunino. Desde el ángulo del costo político, ese panorama no sería del
todo negativo para el gobierno, en tanto el ajuste salarial podría ser uno de
los factores que hiciera ceder, finalmente, a la inflación. Mientras no lo
haga, que los salarios se sigan ajustando por debajo de su evolución le
permitiría al gobierno «licuar» parte de sus gastos y seguir mejorando las
cuentas públicas. Uno de los mayores, sino el principal, de sus objetivos.
1.
Las transferencias para las políticas sociales se ajustan mediante la base de
prestaciones y contribuciones, esta se puede actualizar según el índice medio
de salarios o el índice del precio al consumo. El gobierno decidió ajustarlo
mediante el primero, cuyo valor es menor al segundo, por tanto el ajuste fue
menor. Esto impactó, además, en el valor monetario del mínimo no imponible, y
de las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas y del impuesto
de asistencia a la seguridad social.
ODIOSAS COMPARACIONES
En
la presentación de los resultados económicos de 2021, la ministra Azucena
Arbeleche afirmó que la pobreza en menores de 6 años se encontraba en los
valores más bajos de la serie desde 2006. La comparación con datos anuales –tal
como se hizo en la presentación– no resultaba procedente y era necesario un
análisis de la serie entre semestres. La afirmación de la ministra se constata
desde el punto de vista técnico, aunque estadísticamente no es significativa,
sostuvo el economista Federico Araya. En el primer semestre de 2021 la pobreza
en niños menores a 6 años se ubicó en 16,1 por ciento, lo que representa una
diferencia de 0,3 por ciento con respecto a los datos del primer semestre de
2019. La elección del tramo de edad para destacar no parece ser casual. Si se observa
al siguiente, que comprende a los niños de 6 a 11 años, en el primer semestre
de 2021 la pobreza ascendió al 17,8 por ciento, lo que representa un aumento
del 2,1 por ciento con respecto al primer semestre de 2019. En el tramo de edad
de 12 a 17 la diferencia es aún mayor –19,2 por ciento en el primer semestre de
2021, contra 15,2 por ciento en el primer semestre de 2019.
(Luciano
Costabel, 18 febrero, 2022, Brecha edición 1891)