¿Cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes de sus afiliados?

 

La comisión máxima del sistema se redujo a la mitad desde 2017, pero todavía representa 6,5% de los aportes que hacen los trabajadores.

El dato

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) cobran a sus afiliados entre 4,3% y 6,5% de los aportes previsionales que estos realizan para administrar sus ahorros previsionales. Solamente cinco años atrás la comisión máxima del sistema alcanzaba el 13% del aporte del trabajador, el doble que el valor máximo actual. En los 21 años previos, contados desde la creación del sistema, la comisión máxima se mantuvo prácticamente igual. ¿Qué pasó entonces?

El contexto

¿Qué son las comisiones? ¿Por qué es importante saber cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes?

Las AFAP administran los aportes personales a la seguridad social de los trabajadores que cotizan al Banco de Previsión Social (BPS) por salarios superiores al límite de aportación obligatorio (71.726 pesos) y de aquellos que, teniendo salarios menores, se afilian voluntariamente a una AFAP (cerca de 90% de los trabajadores jóvenes lo hace).

Como retribución por administrar las cuentas de los afiliados e invertir sus ahorros las AFAP cobran una comisión. La comisión se calcula como un porcentaje de los aportes que hacen los trabajadores al pilar de ahorro individual. A mayor comisión, menor el monto de dinero que queda en la cuenta individual del trabajador.¹

En este mercado actualmente operan cuatro AFAP: tres de capital privado (Sura, Integración y Unión Capital) y una de capital público (República AFAP). La existencia de una empresa pública en este mercado es una particularidad de Uruguay. La reciente iniciativa de reforma presentada por el presidente de Chile Gabriel Boric, incorpora la participación de una empresa de inversión pública, en el marco de otras transformaciones que plantea para todo el sistema de seguridad social.

¿Por qué bajó a la mitad la comisión máxima cobrada por el sistema?

En los mercados en los que se cumplen los supuestos clásicos de la competencia –existen productos relativamente homogéneos, numerosos oferentes y personas informadas–, los consumidores elegirán la opción más conveniente. Los mercados de ahorro previsional presentan ciertas fallas que restringen sensiblemente la competencia. Los consumidores no siempre eligen la opción que más les conviene (aquella que les permite obtener el mayor capital al final de su vida laboral), y las empresas carecen de incentivos para bajar sus costos. Por eso es necesaria la regulación de estos mercados.²

Desde comienzos de siglo, y particularmente desde 2005, República AFAP tuvo una política de reducción de las comisiones que les cobra a sus afiliados. La casi inexistencia de competencia permitió al resto de las empresas mantener sus precios sin perder participación relevante en el mercado. La diferencia de precios entre República AFAP y sus competidoras llegó a alcanzar un máximo de 171% en 2017. Por ello, en 2018 se reguló la comisión máxima que pueden cobrar las empresas. El límite máximo se fijó en 50% por encima de la comisión mínima del sistema.

Desde entonces, luego de un período de transición que fijó la ley, las AFAP privadas cobran 50% más que lo que cobra República AFAP. Sus precios se establecen en el límite máximo que fijó la regulación.

¿Qué propone el proyecto de ley que actualmente está en el Parlamento?

El proyecto de reforma de la seguridad social a estudio del Parlamento modifica el criterio para regular la comisión máxima. El nuevo tope se fijó en 20% por encima de la comisión promedio del sistema, ponderada por el volumen de fondos que administra cada AFAP. También se establece que dicho valor no podrá superar el vigente al 31 de diciembre de 2021. Si se aplicara este criterio, a valores actuales la comisión máxima bajaría levemente, de 6,5% a 6,3%.

Tanto el sistema vigente como el que se propone para reemplazarlo tienen un punto débil. Ninguno de ellos plantea incentivos para seguir bajando las comisiones a futuro. El vigente, que fue muy útil para disminuir diferencias de precio que llegaron a 171%, ha llegado a un estancamiento. Hacia adelante las nuevas rebajas dependen de las decisiones que tome República AFAP. Las AFAP privadas criticaron este hecho en el pasado. Tampoco mostraron voluntad de disminuir las comisiones por debajo del tope legal vigente. Probablemente atendiendo este reclamo empresarial, el gobierno plantea este nuevo formato, que topea las comisiones tomando como referencia el promedio del sistema más 20%. Este garantiza que a futuro no subirán respecto de los valores de cierre de 2021, pero no genera incentivos a realizar nuevas reducciones a futuro.

El problema de los altos costos de los sistemas privados de ahorro individual no es exclusivo de Uruguay, sino que es un rasgo que también afecta al resto de los países de la región. Según la FIAP, organismo que nuclea a asociaciones y cámaras de empresas administradoras de fondos, Uruguay se encuentra a mitad de tabla en la región. Sus comisiones promedio son mayores que las de México y Bolivia y menores que las de Chile y Colombia.³ Todavía queda tela por cortar. La historia de este sistema en Uruguay muestra que sin una regulación que incentive a realizar nuevas rebajas, es probable que las comisiones se mantengan estancadas en los niveles actuales. Ya pasó durante 21 años y nada indica que no vuelva a suceder.

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1. Al trabajador también se le descuenta una prima de seguro colectivo para cubrir el riesgo de invalidez o fallecimiento en actividad. Esta prima actualmente representa aproximadamente 15% del aporte. ↩

2. Parte de esta discusión la abordamos con Rodrigo González en la diaria de 27 de enero de 2018. ↩

3. A efectos de poder ser realizable la comparación, solamente se toman en cuenta los países que cobran comisiones como un porcentaje del salario de aportación. ↩

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 14 de noviembre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Gráfico de la semana | Seguridad social: ¿cuánto cobran las AFAP por administrar los aportes de sus afiliados?”. Autor: Braulio Zelko.

Otra reforma de la seguridad social es posible

 

Otra reforma de la seguridad social es posible, más amplia, equilibrada, justa y solidaria.

Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años de edad y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales. Además, las estimaciones presentadas muestran que no es correcto lo afirmado por los impulsores de la reforma, cuando señalan que las personas deberán jubilarse más tarde pero que no percibirán jubilaciones más bajas a las que otorga en régimen vigente a edades más tempranas. El análisis muestra que alguien que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con $ 36.700, pasará a retirarse a los 65 años de edad con unos $ 28.400, una diferencia superior a $ 8.000 que representa una caída de 23% en el haber jubilatorio mensual.

 La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Si bien han existido espacios de discusión técnica y ámbitos donde se escuchó la opinión de diversos actores involucrados con el régimen jubilatorio, aun no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, un ingrediente esencial a cualquier proceso de diálogo social que se proponga construir acuerdos.  

Una reforma integral de la seguridad social para las próximas décadas no puede obviar cambios en su matriz de financiamiento. El gobierno optó por no discutir los ingresos del sistema y las diversas inequidades en torno al financiamiento. Se desestimaron diversas propuestas formuladas por el PIT CNT como revisar diversas exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, reequilibrar las mucho mayores contribuciones del trabajo y en relación a los aportes del capital e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio.

Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Se propone un aumento en la edad mínima de retiro sin contemplar desigualdades, y una mayor exigencia de años cotizados para acceder a la jubilación, que implicarán un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad.

Extraído de: “Algunas reflexiones sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno”. Documento del Instituto Cuesta Duarte, noviembre de 2022.

 

El rebote económico y sus circunstancias

 

A principios del año, el equipo económico del gobierno estimó que el mejor desempeño de la economía durante 2022 se vería reflejado en un crecimiento del 4,8 por ciento del PBI. Aunque se trataba de un buen número –si se toma en cuenta las tasas de crecimiento habituales–, ya por ese entonces las señales indicaban que la cifra podría ser incluso mayor. En el primer semestre se constató un crecimiento de 5 puntos en relación con igual período del año anterior, y no se esperaban cambios significativos que pudieran afectar la trayectoria en la segunda mitad del año. De todas formas, el gobierno prefería ser cauteloso en sus proyecciones, dado que todavía tenía por delante una nueva rendición de cuentas, en cuyo transcurso debería lidiar con las solicitudes de refuerzos presupuestales de los diferentes incisos, que ya habían experimentado diversos recortes en años anteriores. En este segundo semestre, algunos indicadores macroeconómicos han presentado resultados mejores a los esperados. Por ese motivo, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) estimó que el crecimiento de este año, efectivamente, sería mayor que la cifra que manejó el gobierno, y podría alcanzar el 5,4 por ciento del PBI. La firma CPA Ferrere, por su parte, lo sitúa en 5,9 puntos, con posibilidad de que sea aún mayor.

Estos valores, de todos modos, no explican mucho la situación. En primer lugar, porque su base de referencia –es decir, los resultados del año anterior– todavía estaba marcada por los efectos más inmediatos de la pandemia; fundamentalmente, durante el primer semestre. Por tanto, es razonable que se constatara un fuerte crecimiento solo por el efecto rebote. En segundo lugar, porque no reflejan la heterogeneidad de situaciones dentro de los sectores y de los diferentes actores que los componen. Si bien, de forma general, la mayoría de las actividades se encuentra en niveles similares o superiores a los de 2019, las diferencias de recuperación que persisten son notorias. Por ejemplo: mientras que, por un lado, la construcción, el agro y la industria manufacturera –durante un tiempo– se vieron beneficiados por un escenario internacional favorable, otros sectores, vinculados a los servicios y el turismo, todavía se están recuperando. «En promedio, los servicios y el comercio ya están alcanzando niveles de actividad previos a la pandemia», sostiene, en diálogo con Brecha, el economista Gabriel Oddone, de la consultora CPA Ferrere. Y agrega: «Pero si haces doble clic, te vas a encontrar con que no es lo mismo lo que ocurre en el área metropolitana y lo que ocurre con los que están expuestos al turismo. Y menos te vas a encontrar con un nivel de actividad similar en el litoral. Una vez que se abrieron las fronteras, les pegó muy fuerte la diferencia de precios».

Aunque la cifra de crecimiento de la economía no permite un análisis pormenorizado dentro de cada uno de los sectores y sus actores, sí refleja bastante bien lo que sucede de forma general y permite una aproximación acerca de cuáles han sido los motores de crecimiento en el último tiempo. Los sectores destacados en este año son los relacionados con la construcción y las ventas hacia el exterior. Los primeros están apuntalados en gran medida por la construcción de la planta de UPM y sus obras conexas –como el proyecto Ferrocarril Central–, y tienen un impulso adicional, aunque menor, en las viviendas construidas con la modalidad de vivienda promovida. Los exportadores, por su parte, se ven estimulados por un escenario de precios extraordinario para las materias primas, lo cual les asegura una proyección de exportaciones históricas al cierre del año. A modo de ejemplo: con valores que alcanzaron los 5 mil dólares por tonelada para la carne bovina y 550 dólares la de soja, en lo que va del año se llevan exportados más de 2.100 millones de dólares en carne bovina y 1.900 millones de dólares de soja. Como resultado, las exportaciones de carne bovina están cerca de superar el récord del año pasado y las ventas de soja ya duplican los montos de 2021.

EXTRAIDO (PARCIALEMENTE) DE BRECHA N° 1926. TITULO ORIGINAL: “LOS MOTORES QUE APUNTALARON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA COMIENZAN A ENFRIARSE.Nubes grises” Autor: Luciano Costabel,  21 de octubre, 2022

Brecha

 

La medición del delito y los silencios

 

En plena onda expansiva del caso que involucra al ex jefe de la seguridad presidencial, la noticia pasó relativamente desapercibida. Recientemente los medios se hicieron eco del testimonio de una fuente policial que revelaba presiones por parte de las más altas autoridades de la Jefatura de Durazno para que muchas denuncias de hurtos y rapiñas se incorporaran al sistema de registros bajo otras clasificaciones. Como se sabe, tanto las denuncias de la ciudadanía como las intervenciones policiales reciben una tipificación primaria que luego se ingresa al Sistema de Gestión para la Seguridad Pública, con el objetivo de habilitar los procedimientos de investigación correspondientes. Si bien algunas de esas tipificaciones luego pueden ser ajustadas en función de la disponibilidad de mayor información, el sistema de registro supone una exigencia importante para el funcionario policial, que debe ajustar las narraciones de los hechos a una categoría delictiva adecuada. Los sesgos de este trabajo siempre son muy grandes; por esa razón, sostener un sistema de información sobre delitos y hechos policiales requiere de altos niveles de capacitación, actualización y fiscalización.

El Ministerio del Interior (MI) minimizó el hecho con un comunicado vacío, y, como hubo una denuncia anónima, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación. No es la primera vez que, en el contexto del actual gobierno, surgen situaciones de este tipo. Tampoco son infrecuentes las quejas de las personas ante los obstáculos y los desestímulos a la hora de radicar una denuncia en las seccionales. Los criterios y las prácticas que alimentan un sistema de información, que luego emite las tendencias sobre la situación delictiva en el país, se han poblado de sospechas y de manejos arbitrarios, muy a tono con el estilo de una política de seguridad cuya única intención es convencernos a todos de que los niveles de delito han mejorado significativamente. Entre el propósito de la política y las prácticas institucionales que se han denunciado en Durazno hay vínculos evidentes.

Estas situaciones están muy lejos de ser nuevas. Desde siempre, la Policía ha encontrado estímulos para «moldear» las denuncias de delitos. Desde el momento en que las jerarquías policiales son evaluadas internamente a través de resultados (aumento o disminución de los delitos) y de rumores, el trabajo cotidiano queda condicionado por un conjunto de procedimientos que se avienen a la lógica de que el fin justifica los medios. Este rasgo trasciende a la Policía uruguaya y hace décadas que se lo tiene identificado. Sobre esa línea, al menos en nuestro país, desde finales de los noventa se viene trabajando para la modernización de los sistemas de información de denuncias y para la minimización de las prácticas discrecionales. Convencer a la Policía de que tener un mapa realista sobre la situación del delito era institucionalmente más beneficioso que alimentar algunas ficciones para la sobrevivencia individual de cada jerarca fue un esfuerzo denodado que finalmente dio sus frutos. Hoy ese trabajo parece severamente comprometido.

Desde siempre, la estadística policial ha estado sometida a los criterios de cada una de las jefaturas de Policía en el país. Entre 1980 y 2003, a través del Departamento de Sistemas del MI, hubo una política de centralización y unificación de la estadística. Fue un primer paso importante, pero plagado de problemas de validez y confiabilidad. A principios de los 2000, el Programa de Seguridad Ciudadana publicó varios anuarios como forma de visibilizar la estadística de delito, identificar fallas graves y profundizar una línea de trabajo que permitiera generar información sólida para un problema creciente. En ese contexto, se comenzó a trabajar en el Sistema de Gestión Policial (SGP), una plataforma informática para la recepción de denuncias que implicaba una ruptura importante en la contabilidad tradicional de la Policía. También, en esos años, se llevaron a cabo varias encuestas de victimización en Montevideo y Canelones, que revelaron un resultado importante: cerca del 40 por ciento de los delitos que ocurrían no se denunciaban a la Policía.

El SGP empezó a consolidarse en Montevideo en 2002. Al año siguiente, se creó el Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis en la órbita del MI. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional, en agosto de 2005 se creó el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Los avances de esos años permitieron que, por primera vez en el país, se dispusiera de información pública para regular sobre el tema. Aun así, el proceso de trabajo estaba muy lejos de consolidarse. En 2007, una encuesta encargada por el MI a la Facultad de Ciencias Sociales reveló que el porcentaje de no denuncia a nivel nacional se mantenía cercano al 40 por ciento. Promover la denuncia, mejorar y fiscalizar los registros internos, y disponer de fuentes alternativas de información fueron los pilares del esfuerzo de aquellos años.

El sistema de denuncia de delitos logró consolidarse y aplicarse de manera uniforme en todas las jefaturas de Policía del país, y en 2011 pasó a denominarse Sistema de Gestión para la Seguridad Pública (SGSP). Durante varios años se reforzaron las políticas internas para que las denuncias recibidas se ingresaran al sistema en tiempo y forma. Aun así, implementado el nuevo Código del Proceso Penal y cerrado el año 2017, las denuncias de hurtos y rapiñas tuvieron un significativo aumento. Mucho se discutió en esos meses sobre las razones de tales incrementos, pero lo cierto es que la nueva operabilidad entre los sistemas de la Fiscalía y del MI dejó al descubierto importantes niveles de subregistro de denuncias. Por si fuera poco, una encuesta nacional de victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística mostró que el porcentaje de no denuncia estaba próximo al 70 por ciento. A pesar de los máximos esfuerzos para su mejor administración, los sistemas de información sobre denuncias de delitos a la Policía adolecen de varios problemas que tienen que ser abordados con estrategias complementarias de medición.

Desde marzo de 2020 nos encontramos en otro escenario. Los efectos de la pandemia, los cambios en los comportamientos sociales a la hora de radicar denuncias, la asunción de un nuevo gobierno que introduce sus criterios de gestión y la restauración de viejas prácticas policiales, sin duda, son elementos que han tenido un profundo impacto sobre la configuración del delito y sus formas de medirlo. Emergentes como el caso de Durazno alertan sobre la incidencia de esas viejas prácticas y, más allá de su generalización o no, perforan la confianza en un sistema de registro que, de por sí, carga con problemas. Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha insistido en que los delitos más importantes han descendido gracias a las políticas aplicadas y la metodología para medir estas tendencias es la misma que aplicaban los gobiernos del FA. El relato no se ha movido un milímetro de ese lugar, aunque la tasa de homicidios haya explotado en el último año y los reclamos ante obstáculos y manejos discrecionales de la estadística se planteen un día sí y otro también. Llegaremos al final de este año con un gobierno que anuncia una nueva baja de las denuncias de hurtos y rapiñas.

 

Es curioso cómo una evidencia tan débil es asumida sin chistar por periodistas, opinantes e incluso por ceñudos académicos que solo ven el pelo en la leche cuando les conviene. Reina sobre este punto un marcado silencio. Como se comprenderá, no estamos reclamando que se construya una actitud de sospecha o que se activen quejas automáticas sobre maquillajes y manipulaciones. Queremos insistir sobre tres asuntos bien concretos. En primer lugar, tenemos en el país una política de seguridad tributaria del «realismo de derecha» y carente de cualquier sustento técnico. Al menos desde el debate público, lo que se observa es la ausencia de fundamentos, ideas y evaluaciones. Hay una política pública de mando y control que no puede dialogar con nadie, ni abrirse a ninguna discusión que suponga un intercambio intelectualmente honesto a partir de evidencias. En este contexto, los datos sobre el comportamiento de algunos delitos siempre serán funcionales a esa política. La única estrategia que existe es un encuadre comunicacional para mostrar firmeza, proactividad y resultados de la gestión.

En segundo lugar, las denuncias de delitos que la Policía procesa no pueden ser la única vía para medir estos fenómenos. Es un camino plagado de problemas que no necesariamente nos deja ver todas las aristas importantes del fenómeno. Y, en el contexto de la situación que hemos vivido en los últimos años, es razonable pensar que las dificultades de confiabilidad y validez se han multiplicado. Esto nos conduce directamente al tercer asunto: el país necesita acuerdos políticos y técnicos para formar una estructura institucional encargada del estudio, el monitoreo y la evaluación del delito y las políticas de seguridad. Autonomía técnica, participación interinstitucional, amplitud de estrategias metodológicas, etcétera, son algunos de los mínimos básicos que se requieren para salir del atolladero actual. No es un atajo tecnocrático lo que estamos proponiendo, sino apenas un punto de apoyo para librarnos de las políticas facciosas y de los encuadres comunicacionales vacíos.

EXTRAIDO DE BRECHA N° 1928. TITULO ORIGINAL: “La medición del delito y los silencios” Autor: Rafale Paternain,  4 de noviembre, 2022

Radiografía del hambre

 

Uno de cada cinco hogares con menores de 6 años sufre inseguridad alimentaria moderada y grave.

El dato

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó por primera vez un reporte representativo a nivel nacional del grado de inseguridad alimentaria de los hogares uruguayos. Según dicho informe, la inseguridad alimentaria moderada y grave, en junio de este año, alcanzaba al 21,5% de los hogares con menores de 6 años. A su vez, los hogares con niños menores de 6 años con inseguridad alimentaria grave en el mismo período alcanzaban al 3,8% del total. En los hogares sin menores de 6 años, la inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzaba al 13,9% de los hogares y la grave al 2,4%.

El contexto

¿Cómo se mide y qué es la inseguridad alimentaria?

El estudio presentado por el INE fue realizado mediante un módulo específico aplicado a un subgrupo de la Encuesta Continua de Hogares durante el mes de junio de 2022.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,¹ la inseguridad alimentaria grave implica que en ese hogar no se consumieron alimentos durante un día o más. Mientras tanto, la inseguridad alimentaria moderada implica que se redujo la cantidad de alimentos o se saltearon comidas.

La inseguridad alimentaria se midió a través de la escala FIES (por su sigla en inglés, Food Insecurity Experience Scale) que consta de ocho preguntas clave sobre alimentación del hogar. A partir de las respuestas obtenidas, se construye un puntaje para cada hogar que permite clasificarlo en dicha escala.

¿Cómo es la inseguridad alimentaria según los niveles de ingresos de los hogares?

Si se dividen los hogares uruguayos según sus ingresos en cinco grupos, la inseguridad alimentaria moderada y grave alcanza a poco menos de la mitad de los hogares (42,8%) del grupo de menores ingresos (el primer quintil). En ese mismo grupo, la inseguridad alimentaria grave alcanza a casi uno de cada diez de esos hogares (9,5%).

¿Por qué es importante discutir a fondo las políticas para la niñez?

Los impactos negativos de la mala alimentación en el desarrollo infantil de largo plazo están ampliamente documentados en la literatura científica.²

La preocupación por los datos de pobreza e indigencia en la niñez en Uruguay se refuerzan con este tipo de estudios sobre inseguridad alimentaria. Según los datos del primer semestre de 2022, 22,5% de los niños menores de 6 años viven en la pobreza.

La investigadora Mariana Zerpa señalaba sobre el tema pobreza en la infancia, en una reciente columna en este mismo medio, que “los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza tienen peores desempeños en múltiples dimensiones, incluyendo aspectos tan fundamentales como el rendimiento escolar, el comportamiento emocional y social, y la salud física y mental”.³

¿Cómo es la inseguridad alimentaria según las regiones del país?

El estudio divide al país en cuatro regiones. La inseguridad alimentaria moderada y grave es de 16.9% en la región noreste (Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres), 15,7% en la zona metropolitana (Montevideo y Canelones), 13,7% en el litoral oeste (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José), y 12,2% en el centro y este.

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1. Ver Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FAO): https://bit.ly/3DosltE2 ↩

2. Se puede acceder a una revisión sistemática de la literatura científica sobre el impacto de la inseguridad alimentaria sobre el desarrollo infantil aquí https://www.mdpi.com/1660-4601/18/17/8990/pdf ↩

3. Ver Pobreza infantil: más allá de las estadísticas. https://bit.ly/3F89qob. ↩

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 24 de octubre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Gráfico de la semana | Radiografía del hambre: ¿Qué sucede en los hogares con niños?”. Autor: Santiago Soto.

 

Medio millón de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos

 

Medio millón de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por mes en su principal trabajo, según informe del Cuesta Duarte. Además, hay 169.000 ocupados que no alcanzan ni siquiera a un sueldo de $ 15.000. Con exactitud, hay 541.000 “veinticincomilpesistas” en Uruguay, que representan 35% de la población ocupada, desde trabajadores asalariados a independientes. Es decir, un poco más de medio millón de personas ganan menos de 25.000 pesos líquidos mensuales por 40 horas de trabajo semanales, según marca un reciente informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Este porcentaje de trabajadores con salarios “sumergidos” ha subido en el último tiempo.

Luego de contabilizar dos años y cuatro meses de pérdida salarial, en un contexto económico que “ya muestra niveles de actividad superiores a los vigentes antes de la pandemia”, el Cuesta Duarte analizó el nivel de los ingresos laborales, esto es, cuánto ganan los trabajadores y cómo se distribuyen los salarios en función de distintas características.

El procesamiento de los datos del primer semestre del año revela además que dentro del universo de ocupados que ganan menos de 25.000 pesos, hay cerca de 169.000 (11%) trabajadores que no alcanzan ni siquiera los 15.000 pesos mensuales. Actualmente el salario mínimo nacional fijado por el Poder Ejecutivo es de 19.364 pesos.

Por encima de los “veinticincomilpesistas”, hay 357.000 (23%) personas que ganan entre 25.000 y 35.000 pesos. Más arriba aún, hay 304.000 (19%) que perciben entre 35.000 y 50.000; y hay 358.000 (23%) que cobran sueldos superiores a los 50.000 pesos líquidos mensuales.

El documento del Cuesta Duarte advierte que la elección de los 25.000 pesos como límite entre salarios sumergidos y no sumergidos es “intrínsecamente subjetiva”. A diferencia de la línea de pobreza, “no existe un umbral determinado sobre el que exista un consenso técnico y un reconocimiento social para delimitar cuándo una remuneración puede resultar muy baja”. No obstante, el instituto de la central sindical entiende que un sueldo inferior a 25.000 pesos mensuales por 40 horas de trabajo semanales es “insuficiente en relación al costo de vida que enfrentan las y los trabajadores”.

Se advierte, además, que la cantidad de gente con este nivel “insuficiente” de ingresos aumentó en los últimos dos años. Mientras que en el primer semestre de 2020 el número de ocupados con salarios por debajo de 25.000 pesos era 34% del total, en el primer semestre de 2022 es 35%. Ese incremento de 1% supone ni más ni menos que 47.000 personas.

“Los ingresos laborales han caído” tanto en 2020 como en 2021 “y eso ha provocado un incremento en la proporción de trabajadores con salarios sumergidos”, apunta el informe. “El mercado laboral uruguayo continúa exhibiendo problemas en relación a la calidad del empleo. Sumado al elevado número de ocupados que se desempeñan en condiciones de informalidad, subempleo y otras formas de precariedad laboral, se observa que los ingresos insuficientes afectan a una proporción muy importante del total de trabajadoras y trabajadores”.

Diferencias

El análisis del Cuesta Duarte revela que las mujeres son “las más afectadas” por los bajos salarios. Del total de las mujeres ocupadas en el mercado de trabajo, 37% gana menos de 25.000 pesos por mes. En el mismo caso se registra una disminución de cuatro puntos porcentuales para los hombres.

También hay diferencias por edades. “Los jóvenes son particularmente afectados por los salarios sumergidos”, resume el informe. Mientras que, en el promedio general, 35% de los ocupados cobra menos de 25.000 pesos, entre los menores de 25 años el porcentaje sube a 58%. Además, 13% de los jóvenes que trabajan no llegan a ganar 15.000 pesos.

Estos números, “en principio esperables” dada la “menor formación y capacitación” de los trabajadores jóvenes, se presentan, sin embargo, en “una magnitud exageradamente alta, que evidencia la inserción excesivamente precaria de este colectivo en el mercado laboral”.

Por otra parte, se observan “diferencias marcadas” entre el interior y la capital del país con relación a la distribución salarial. La cantidad de asalariados de los departamentos del interior que ganan menos de 25.000 pesos “asciende a 212.000 personas, lo que representa 35% del total”. Mientras que, en Montevideo, “la proporción de trabajadores veinticincomilpesistas asciende a 22%”.

En cuanto a los sectores de actividad, el documento del Cuesta Duarte destaca cuatro rubros “con una proporción de salarios sumergidos especialmente alta”: restaurantes y hoteles (55%), servicio doméstico (51%), comercio (50%) y sector rural (48%). Estos cuatro sectores concentran la mitad de los trabajadores ocupados con remuneraciones bajas: 271.000 de 541.000.

 

 

Conclusiones

El informe del Cuesta Duarte concluye que el mercado de trabajo “continúa mostrando una alta proporción de salarios sumergidos que afectan a cientos de miles de trabajadores”, una alta proporción que se ha incrementado por “la caída del salario real que se registra desde el año 2020”.

En ese sentido, el instituto de la central obrera señala que gracias a “la negociación colectiva” los salarios “crecieron sostenidamente hasta 2020”, con un “fuerte crecimiento” del salario mínimo nacional entre 2010 y 2013, que “logró alcanzar a todos los trabajadores”.

“En un contexto de mejora en varios indicadores macroeconómicos, el país requiere un empuje a la política salarial que a través de la negociación colectiva garantice incrementos reales importantes con un énfasis mayor en el salario mínimo nacional y en las categorías más sumergidas de los diferentes sectores de actividad”, cierra el documento.

EXTRAIDO DE LA DIARIA Publicado el 24 de octubre de 2022. TITULO ORIGINAL: “Medio millón de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por mes en su principal trabajo, según informe del Cuesta Duarte”.

 

 

Pero en este mundo yo soy y seré partidario de los pobres

 

“Pero en este mundo yo soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Nosotros - me refiero a los hombres de significación intelectual y educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas - estamos llamados al sacrificio. Aceptémoslo. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mi me ponen en una balanza el resultado de esta lucha: aquí, tu dolor, tu sacrificio; y aquí la justicia para todos, aún con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente, pero que se desconoce, y descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo".

 

Federico García Lorca

Diario El Sol, 15 de diciembre de 1934