El trabajo en Uruguay luego del Covid 19

 

A pesar de las facetas distópicas que ofreció el 2020, el panorama con relación al trabajo luego del impacto del covid no es más que una versión empeorada de la «vieja normalidad». Casi 40 por ciento de la población ocupada en Uruguay percibe salarios menores a 25 mil pesos, más de 400 mil trabajadores informales profundizaron su situación de precariedad y se agravaron las desigualdades de ingresos por diferencias de edad, género y residencia.

Durante los meses más álgidos de vigencia de las restricciones a la circulación, en Uruguay alrededor de un 20 por ciento de los trabajadores ocupados tuvo la posibilidad de volcarse de lleno al teletrabajo. Esto significa aproximadamente 300 mil personas. Las estimaciones señalaron que, antes de la llegada del virus, solo el 5 por ciento teletrabajaba de forma habitual: unas 74 mil personas, con lo cual se trató de un salto importante. En Montevideo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cantidad de teletrabajadores fue mayor: entre marzo y abril de 2020, representó alrededor del 30 por ciento de los ocupados. En el interior, en cambio, el pico máximo apenas alcanzó el 12 por ciento,¹ toda una prueba de adaptación a un contexto de emergencia.

Mientras tanto, alrededor de 600 mil trabajadores (casi un 40 por ciento del total de ocupados) vieron sus fuentes de trabajo afectadas directamente más o menos en el mismo período, pues se desempeñaban en sectores expuestos a un alto riesgo frente a la pandemia –la actividad turística, la gastronómica, el comercio–, según la definición que adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).² El núcleo más crítico de los asalariados formales de estos sectores encontró al menos un colchón en la vieja institución del seguro de paro. En el momento álgido de la crisis, se contabilizaron más de 180 mil trabajadores amparados, con un promedio mensual que llegó a registrar 80 mil ingresos. La mayoría fueron enviados con causal de suspensión y no de despido, toda una demostración de amortiguación de la emergencia.

Dentro de los afectados directos cuentan también los trabajadores informales. Según la OIT, un 85 por ciento de ellos directamente empleados en los sectores de riesgo medio, medio alto y alto. También un 46 por ciento de trabajadores independientes –no asalariados–, directamente involucrados en los sectores de riesgo alto. «Muchos de los empleos de por sí más precarios estarían relativamente más concentrados en sectores más expuestos», decía un informe de la OIT sobre Uruguay a fines de 2020. La tasa de informalidad en Uruguay era, a fines de 2019, de un 24,8 (se redujo 16 puntos entre 2004 y 2019):³ es decir, más de 400 mil personas. El 64 por ciento de ellos eran trabajadores por cuenta propia (el 10 por ciento no poseía local ni inversión); un 27 por ciento se encontraba subempleado y un 17 por ciento percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza. Aproximadamente 86 por ciento no había alcanzado a completar la educación secundaria. Toda una muestra de precariedad ante la emergencia.

Es difícil hacer algún balance positivo respecto al mundo del trabajo luego de la pandemia del covid-19. Lo cierto es que los 300 mil teletrabajadores, los 600 mil trabajadores afectados directos y los 400 mil trabajadores informales no necesariamente padecen la crisis del mismo modo. Ni la progresiva reapertura de la economía despliega, en el corto o en el mediano plazo, respuestas que puedan considerarse homogéneas.

TELETRABAJADORES

Por lo pronto, la fotografía de 2020 muestra que todavía gran parte de la estructura del mercado laboral en el país no es pasible de migrar a modalidades virtuales. En uno de los momentos más acuciantes de la crisis, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) calculó, para Uruguay, el llamado índice de posibilidad de trabajo a distancia,⁴ una herramienta que arroja un porcentaje indicativo acerca de cuán proclive es determinada ocupación de reconvertirse en una actividad no presencial. Casi el 60 por ciento de los trabajadores –según el reporte– presentó dificultades para poder teletrabajar. Además, se señaló que esta modalidad es especialmente desfavorable para los trabajadores de menores ingresos y para los informales, respecto a los cuales la imposibilidad del teletrabajo ascendía al 72 por ciento.

De todos modos, no es bueno desatender las tendencias. Teletrabajador y teletrabajadora son palabras que ingresaron recientemente al nomenclátor de la lengua española. Pero el año pasado se integraron definitivamente al habla cotidiana. Y también a la legislación. En abril de 2020, cuando las circunstancias vertiginosas hicieron del trabajo a distancia una necesidad irremediable, la senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) presentó un proyecto de regulación de esta actividad en el Parlamento. El texto fue sancionado por la Cámara de Senadores en octubre, modificado por Diputados en julio de este año y finalmente promulgado en agosto de este año (ley 19.978).

La ley tiene 15 artículos, que pretenden regular el teletrabajo. Para sus críticos, como el jurista Hugo Barreto, nunca hubo una regulación que regulara tan poco. En el mismo sentido que la bancada opositora, las dos críticas principales de Barreto tienen que ver con que la norma, en lugar de establecer regulaciones concretas, las traslada al ámbito de negociación entre el empleador y el empleado. Así ocurre, según el jurista, con la obligatoriedad o no del empleador en proveer las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante el trabajo, con la determinación precisa de la jornada laboral, de descanso, de la desconexión, o con la forma de rendir las horas extraordinarias. Tampoco se hace mención expresa a la posibilidad de dirimir esas definiciones en los ámbitos de negociación tripartita, lo cual es interpretado por los críticos como una negación expresa de la negociación colectiva.

Si bien resta conocer la regulación, la norma va en consonancia con la forma de entender las relaciones laborales de los socios de la coalición. Al margen de ello, de momento no está claro el porcentaje de trabajadores que se verían afectados. Si se tienen en cuenta los estudios llevados adelante a efectos de dimensionar el teletrabajo durante la pandemia, alcanzaría –en un escenario de máxima– a menos del 20 por ciento de la población ocupada. Un número abultado, en cierta medida, pues fue tomado en un contexto por demás extraordinario. Una encuesta reciente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana, difundida por La Mañana,afirma queun 71 por ciento de las empresas «trabajará en un formato híbrido», mientras que un 12,8 por ciento «volverá a la oficina de manera presencial». Al margen de ello, no existen proyecciones atendibles con relación al futuro inmediato del teletrabajo en Uruguay.

ASALARIADOS

Más allá de lo concerniente a la seguridad social,⁵ las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha desplegado –vinculadas con los trabajadores afectados por la crisis– fueron, en gran medida, dirigidas a retirar la presión fiscal sobre los empresarios de los sectores involucrados o al ofrecimiento de incentivos para la contratación de personal de forma temporaria, como parte de políticas laborales focalizadas. Algunos ejemplos visibles tienen que ver con el sector turístico o el comercio minorista. Asimismo, en materia legislativa se destaca, principalmente, la aprobación de la Ley de Promoción del Empleo, que establece estímulos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. Si bien la norma fue sancionada con anuencia de todos los partidos en agosto, hubo señalamientos de la oposición respecto a que la ley simplemente actualizaba normativas ya aplicadas por el gobierno anterior, cuando los índices de desocupación eran sensiblemente menores a los actuales. También se apuntó a que esta herramienta no está orientada a los problemas macro del empleo. Entre ellos figuraba el tópico de la automatización de los procesos productivos (y el de la consiguiente calificación de la mano de obra), que en buena medida asomaban como uno de los principales problemas antes de la pandemia.

En materia de política salarial, en tanto, hay menos señales sobre el futuro. Sobre el presente, sabemos que al inicio de la novena ronda de consejos de salarios –mitad de 2021– el Instituto Cuesta Duarte estimó una caída acumulada del 4,3 por ciento del salario real. También que los fenómenos asociados a la pandemia han determinado una caída generalizada del ingreso real de los hogares, del orden de un 6 por ciento, especialmente de los ingresos laborales. Según la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República,⁶ «los ingresos laborales han sido una de las fuentes de ingresos que se han visto particularmente comprometidas. Casi la mitad de la población que se encontraba ocupada antes del inicio de la pandemia redujo sus ingresos laborales durante el año y un 14 por ciento dejó de percibirlos».

Respecto a la estructura de ingresos, según datos del Cuesta Duarte publicados este mes,⁷ en 2020 existieron más de 650 mil trabajadores ocupados que recibieron remuneraciones por debajo de los 25 mil pesos líquidos mensuales por 40 horas semanales (considerado un «salario sumergido»). Entre ellos, alrededor de 225 mil no alcanzaron a percibir 15 mil pesos. Fuera de ese 42 por ciento de salarios bajos, alrededor de 327 mil trabajadores recibieron remuneraciones entre 25 mil y 35 mil pesos líquidos. Más de 267 mil cobraron mensualmente entre 35 mil y 50 mil, y alrededor de 308 mil recibieron remuneraciones que sobrepasaron los 50 mil pesos por mes.

Según el Cuesta Duarte, casi el 70 por ciento de los trabajadores menores de 25 años percibe salarios sumergidos. Entre ellos, casi el 20 por ciento son remuneraciones que no alcanzan los 15 mil pesos mensuales. «El análisis muestra que tan solo un 7 por ciento gana entre 35 mil y 50 mil pesos, mientras que solo un 4 por ciento (cerca de 5 mil personas) supera esta última cifra», se afirma. A la vez, si una persona tiene entre 25 y 39 años, la probabilidad de que perciba una remuneración mensual que no alcance los 25 mil pesos es del 37 por ciento. Y la probabilidad de que gane más de 50 mil pesos es de 17 por ciento. Respecto a la distribución del ingreso por franja etaria, el informe concluye: «Los jóvenes no solo enfrentan desempleo mucho más alto y niveles de informalidad significativamente mayores, sino que son quienes perciben remuneraciones más bajas, un resultado en principio esperable por su posible menor formación y capacitación, pero en una magnitud exageradamente alta que evidencia la inserción excesivamente precaria de este colectivo en el mercado laboral».

Por lo demás, todos los indicadores con tendencias desfavorables referentes al mercado laboral (tasa de empleo, de actividad, de desempleo) tuvieron mayor incidencia en las mujeres. Especialmente en los tres primeros quintiles de ingresos (los más bajos) y en el interior del país. La pobreza medida para 2020, por ejemplo, era de 11,3 para los hombres y de 11,9 para las mujeres. Pero cuando se integran datos relacionados con la jefatura de hogar, la información es más nítida: el índice de pobreza de los jefes de hogar es de 6,4 por ciento y de las jefas de hogar es de 10. Un dato a resaltar tiene que ver con la incidencia del teletrabajo, que fue significativamente mayor en mujeres que en hombres durante todo 2020. Pero con una particularidad: «Durante la pandemia, las mujeres de los estratos más altos resuelven su inserción laboral a través del teletrabajo, mientras las de estratos más bajos con mayor inserción en sectores vulnerables a la crisis que generó la covid-19 han sido las principales víctimas del desempleo», señaló un informe reciente de ONU Mujeres⁸ con base en datos del INE. De acuerdo con el estudio, «ello profundiza las desigualdades sociales y territoriales que resultan de la segregación ocupacional, la segmentación del mercado laboral y la división sexual del trabajo, que impone una carga de trabajo no remunerado desproporcionadamente mayor en las mujeres de los estratos medios y bajos».

INFORMALES

Una nota técnica de la OIT, difundida en setiembre,⁹ destacó que las acciones llevadas adelante para la recuperación del empleo en América Latina aún son insuficientes. Allí se afirma que, a nivel continental, «en 2021 son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación parcial del empleo». En este sentido, el documento calcula que «estas ocupaciones han dado cuenta de alrededor del 70 por ciento o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de la región». Asimismo, se advierte: «Si bien es prematuro afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, es un riesgo latente importante».

Aunque las evidencias para Uruguay indican que la informalidad tiende a extenderse en momentos de recesión, las conclusiones de la OIT no pueden trasladarse directamente, de momento, por falta de datos actualizados. Pero algo curioso ocurrió con el empleo informal en el último año. Los trabajadores no registrados en la seguridad social representan, en Uruguay, un estoico 25 por ciento de la población activa (casi 400 mil personas). El porcentaje de informalidad que divulgó el INE para 2020, sin embargo, estuvo extrañamente en el entorno del 20 por ciento. De acuerdo con el Cuesta Duarte, en el informe citado, «dado el importante rol desempeñado por el seguro de desempleo, que ofreció protección al sector formal de la economía, la caída se concentró entre los trabajadores informales […] naturalmente, este descenso no obedece a un mejor desempeño del empleo formal, sino a una fuerte disminución de los ocupados no cotizantes [informales] cuyos empleos se resintieron a partir del confinamiento».

Los trabajadores informales fueron las víctimas predilectas de la crisis económica desatada por el covid-19, en razón de que cursaron la pandemia sin respaldo y con posibilidades nulas de teletrabajar. Teóricamente, en porcentaje, representan un mayor número de personas que las incluidas en aquel sector que pudo acogerse al teletrabajo y supera en cantidad a todos los trabajadores que contaron con un ingreso mínimo proveniente del seguro de paro. De momento, sin embargo, no hay noticias de políticas laborales de gran escala respecto a ellos. Desde el PIT-CNT se apuesta por que los nuevos puestos de trabajo que se creen en el período poscrisis sean formales, de manera que el porcentaje de no registro en la seguridad social continúe bajando y la tasa de empleo se mantenga. De no mediar políticas específicas, hay pocas probabilidades de que esto ocurra, puesto que hay evidencia en cuanto a que la informalidad crece de forma contracíclica. En este sentido, esperan saber qué ocurrirá cuando se termine el plazo de las extensiones de los seguros de paro que aún continúan vigentes. En la medida en que los trabajadores formales no retornen a sus puestos, puede que el porcentaje histórico de informalidad retorne.

1. «Encuesta continua de hogares. Actividad, empleo y desempleo». Instituto Nacional de Estadística. Abril de 2021.

2. «Uruguay. Impacto de la covid-19 sobre el mercado de trabajo y la generación de ingresos», Andrés Marinakis (coordinador). OIT. Setiembre de 2020.

3. «Covid-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social», Daniela de los Santos, Inés Fynn. Razones y personas. Abril de 2020.

4. «Coronavirus y las vulnerabilidades de la Red de Protección Social en Uruguay». CINVE, Informe n.º 8. Marzo de 2020.

5. Los seguros de desempleo significaron el gasto más elevado del Fondo Covid al 31 de diciembre de 2020. Representó alrededor de 0,4 puntos del PBI.

6. «Una evaluación y lecciones aprendidas de las respuestas epidemiológicas, el impacto social y de las medidas de mitigación social ante la crisis del covid-19 en Uruguay: aciertos, oportunidades perdidas y asimetría de la respuesta social». UMAD, FCS. Agosto de 2021.

7. Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y la nueva Ley de Promoción del Empleo. Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT. Octubre de 2021.

8. «Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza, según el género». ONU Mujeres. Abril de 2021.

9. «Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual», Roxana Maurizio. Nota técnica. Serie Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. OIT. Setiembre de 2021.

(Titulo original: “ EL trabajo en el Uruguay luego de la pandemia.No tan cyborg” .Autor: Venancio Acosta 29 octubre, 2021 Publicado en Brecha numero 1875)

Las discusiones de cara al Congreso del PIT-CNT

 

El 5 de noviembre se va a celebrar el XIV Congreso del PIT-CNT. Allí, se discutirán las grandes líneas estratégicas del movimiento obrero y se elegirán las nuevas autoridades. En la preparación del congreso, las diferentes corrientes elaboraron documentos para largar la discusión.

Estas corrientes son la alianza entre el Partido Comunista y Articulación (abreviada C+A, que es hoy la línea mayoritaria), En Lucha (EL, en la que se destaca la presencia de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, junto con el sindicato de los obreros municipales y el de la bebida) y la Coordinación de Sindicatos (CS, usualmente llamada Grupo de los 8: los sindicatos de la UTE, la gastronomía, la pesca, la enseñanza privada, el correo, la seguridad social, el Consejo Directivo Central y la Unión Ferroviaria). Estas son, básicamente, las mismas corrientes que participaron del congreso anterior, aunque habrá que esperar a noviembre para ver claramente si hubo cambios en la relación de fuerzas entre ellas.

Si bien no todos los sindicatos participan en corrientes e, incluso, hay debates sobre cuán importantes deberían ser estas en la vida del PIT-CNT, en estos documentos pueden verse las grandes líneas de discusión en el movimiento sindical y también las zonas de acuerdo. Vale la pena prestar atención a sus contenidos, no solamente para entender las tendencias en uno de los grandes factores de poder del país, sino también porque estos documentos muestran una mirada abarcadora del país y del mundo, y plantean discusiones de fondo que no siempre vemos en la discusión. Así, la riqueza de estos documentos muestra la importancia del PIT-CNT no solo como organización social y campo de disputa política, sino también como núcleo intelectual.

Los temas cubiertos por los documentos son muchos, pero podemos organizarlos en seis: la situación del mundo y la clase trabajadora; la caracterización del proceso sudamericano y su trayectoria histórica reciente; la caracterización del actual gobierno uruguayo; la coyuntura, marcada por el referéndum; las discusiones internas de estrategia y organización, y la cuestión de la política de alianzas. Veamos.

SITUACIÓN MUNDIAL

El documento de la corriente mayoritaria caracteriza la situación actual como una «crisis sistémica de carácter civilizatorio», que incluye «dimensiones ambientales, energéticas, económicas, políticas y culturales». El diagnóstico de crisis general es compartido por las otras corrientes. Así lo dice EL: «El XIV Congreso del PIT-CNT nos encuentra en un contexto regional y global totalmente diferente al del último congreso, en un momento histórico en el que los cambios se generan con mayor celeridad». La CS hila más fino: diagnostica una «crisis de sobreproducción de capital […] que viene engendrando la economía mundial desde al menos la década del 70» y advierte que «históricamente las crisis de sobreproducción capitalista han desatado crisis profundas, como la de 1929, y finalmente han engendrado formas de violencia masiva».

El documento de C+A ve una «contraofensiva del capital contra el trabajo a escala universal», al igual que el de EL. Los tres documentos destacan las escandalosas desigualdades entre los superricos y el resto de la humanidad. El de C+A resalta especialmente la «revolución tecnológica», que «está marcada por la estrategia global de reestructuración del capital», lo que implica que «la investigación científica que produce nuevas tecnologías está diseñada para reproducir y profundizar la concentración». Esto conlleva la necesidad de analizar propuestas como la renta básica universal, el trabajo garantizado, la reducción de la jornada de trabajo y los impuestos para las empresas que sustituyen trabajo vivo por trabajo objetivado.

La corriente mayoritaria también destaca cómo «se viene desplegando una malla de relaciones económicas mundiales, la llamada mundialización del capital», mientras «nuestra acción suele desarrollarse a escala de las economías nacionales», por lo que es «necesario analizar respuestas desde nuestra clase de alcance global y regional, al tiempo que se plantea con firmeza la defensa de la soberanía». La CS, mientras tanto, ve una tendencia a «la transición desde una hegemonía estadounidense o “atlantista” (OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]) hacia una multipolaridad en la que se destaca el desafío hegemónico que representa la República Popular de China», situación en la que es necesario «revitalizar la perspectiva internacionalista de su lucha» y en la que, si bien hay riesgos, se abre «una oportunidad para ganar espacios a nivel global de un eventual bloque político regional».

AMÉRICA LATINA

El documento de C+A destaca la importancia del análisis en la escala latinoamericana, ya que «existe evidencia histórica» de que América Latina se mueve como un conjunto «en sus dimensiones económicas y políticas». En esta escala de análisis, describe una ofensiva del imperialismo y los bloques de poder locales para «mantener el actual statu quo de dependencia y desigualdad», pero señala que esto «no debe ocultar los límites y rendimientos decrecientes del aliento histórico del progresismo en el continente»: «Está claro que el proceso de cambios en América Latina, con todos sus rasgos positivos, no pudo o no supo concretar la integración profunda de América Latina […], menos la complementación productiva intraindustrial».

Sobre este punto, el documento de EL dice que «los progresismos no tienen un carácter anticapitalista, pero impulsaron, e impulsan, programas de conciliación de clases, lo que implica la implementación de un conjunto significativo de medidas favorables a la clase trabajadora y el pueblo». «Es así que intentaron implementar un capitalismo con rostro humano, mejorando la distribución del ingreso», pero sin reducir la desigualdad, promoviendo «alianzas con el agronegocio» y beneficiando «a las grandes multinacionales en su proceso extractivo».

El análisis de la CS es el siguiente: «La región se encuentra, desde al menos 2014, en una fase de estancamiento económico, con crisis muy duras, como el caso venezolano, que empalma con una repolarización política y una alternancia entre fuerzas conservadoras crecientemente radicalizadas y con tintes fascistas y las coaliciones progresistas que no dan muestras de tener un ímpetu programático capaz de avanzar posiciones sobre las viejas clases dominantes de la región». Y reflexiona: «Solo la debilidad de una alternativa anticapitalista potente desde el movimiento social explica la impunidad de la que goza el sistema ante los estragos sociales de esta nueva crisis social y de derechos».

GOBIERNO Y COYUNTURA

A la hora de caracterizar la situación de Uruguay, hay grandes acuerdos. Los tres documentos señalan al actual como un gobierno favorable a los intereses del capital y contrario a los de la clase trabajadora. Y destacan el ajuste fiscal, el desempleo, el aumento de tarifas, el ataque a las empresas públicas y la reforma de la seguridad social como demostraciones de este diagnóstico. Los tres documentos también están de acuerdo en la importancia del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Para EL, «haber obtenido las firmas para el referéndum representa, en sí mismo, un punto de inflexión relevante, en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva, poniendo en cuestión el modelo regresivo de país que impulsa este gobierno». Para la CS, «las 800 mil firmas recogidas en medio de la emergencia sanitaria y en plazos más que acotados fueron un enorme hecho político construido desde abajo» y la campaña del referéndum fue «una gran tarea, que ya está en curso y hay que redoblar».

Para C+A, esta campaña es «el centro de las prioridades de la lucha en este momento», porque «una victoria popular en el referéndum significaría un antes y un después para el conjunto de las luchas populares», a partir de la cual podría abrirse «la construcción participativa de un programa para las grandes mayorías de nuestro pueblo y el despliegue de una estrategia que permita retomar la iniciativa programática y la iniciativa histórica de la clase trabajadora». El documento de la CS, directamente, ya hace propuestas programáticas, enfatizando la defensa de los bienes comunes, la lucha contra la impunidad y la necesidad de «desarrollar una nueva institucionalidad, que permita el control social de dos grandes resortes estratégicos: la deuda pública y los excedentes del sector primario».

INTERNA

Los documentos de las corrientes minoritarias (EL y CS) comparten algunas objeciones sobre la conducción del movimiento sindical. Ambos critican la falta de comparecencia de las representaciones del PIT-CNT en diferentes organismos ante la orgánica sindical. También reclaman que se cumpla con la periodicidad de las sesiones de los diferentes órganos previstos por los estatutos y el cumplimiento de sus resoluciones. EL, en particular, critica la poca participación del movimiento sindical en la discusión sobre la ley de teletrabajo. La CS cuestiona que el PIT-CNT haya firmado el acta de la octava ronda salarial, propuesta por el gobierno, y califica esa decisión como «un acto de conciliación de clases y un gran error de valoración estratégica».

 

También hay discusiones sobre temas estratégicos y organizativos. Para la CS, es «imperativo que se consolide una política de solidaridad con los conflictos», para que estos no «se desangren por falta de apoyo». Además, en su documento, esta corriente evaluó el cumplimiento de objetivos planteados en el congreso anterior. En particular, sobre el objetivo de «instrumentar una campaña de sindicalización que ubicara al PIT-CNT con 600 mil afiliados», evalúa que, «más allá de lo ambicioso del planteo y de distintas circunstancias que pudieron conspirar contra él, lo cierto es que sencillamente la campaña no llegó siquiera a delinearse».

El documento de C+A también entra en cuestiones organizativas: plantea la necesidad de formas flexibles de organización, que permitan una «plasticidad creativa para encolumnar en el movimiento sindical nuevas formas de organización de clase que son el resultado de los procesos de flexibilización implementados en el marco del modelo neoliberal», lo que puede tomar la forma de «grandes organizaciones de rama de actividad y/o encadenamientos productivos que permitan mixturar las formas organizativas tradicionales». En un sentido parecido, EL plantea que «el movimiento sindical se encuentra aturdido, como consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo», y que si no «piensa en una nueva forma de organización», «está condenado a no comprender a la nueva clase trabajadora que surge, a perder la representatividad de la clase y a quedar reducido a una mínima expresión».

El documento de EL propone discutir si «en esta coyuntura» no sería «una solución volver a los coordinadores en el secretariado», en lugar de «las figuras de presidente, vicepresidente y secretario general». En el mismo sentido, el documento de la CS señala que estas figuras no existen en el estatuto y destaca el rol de dirección de la Mesa Representativa, organismo que, según la CS, debería integrarse con un criterio de «unidad sin exclusiones», según el cual «ninguna filial que manifieste su voluntad y compromiso de participación quede sin voz ni voto», «independientemente de su tamaño, su inserción en el mundo del trabajo o la orientación política de su dirección». Sobre este punto, C+A propone una «Mesa Representativa lo más amplia y equilibrada posible, en el desarrollo de todas las ramas de actividad, de compañeras y compañeros del interior y la capital, en el desarrollo de la paridad de género».

El documento de la CS plantea que «una buena parte de los trabajadores desconfía de la herramienta sindical y cree que los dirigentes son una cúpula que no pisa su puesto de trabajo», y que, si bien «mucho han hecho la prensa y la derecha para la construcción de este relato», es necesaria una autocrítica de «las prácticas “dirigentistas” y burocráticas», incluido el uso de los fueros sindicales, que, aunque «son una conquista importante», deben «tener un férreo control», «asegurándose de que sean para el uso de la militancia sindical». El documento de C+A rechaza que se hable de «cúpula del PIT-CNT»: «Nuestra forma de organización es una pirámide invertida».

ALIANZAS

El documento de C+A considera que «una polémica central desde el punto de vista de la estrategia sindical» es si se debe «desarrollar una actuación solo en un concepto clase contra clase o desplegar una línea que, sin desdibujar su programa, establezca las alianzas más amplias posibles, que den cuenta de la acción de las grandes mayorías nacionales y populares», y se define en favor de esta última opción. Valora, como ejemplo, la campaña de recolección de firmas contra 135 artículos de la LUC, en la que «no interesaba si los participantes venían del movimiento sindical, del Frente Amplio, del feminismo, de las cooperativas o del movimiento estudiantil». Destaca que en ese proceso el movimiento sindical no fue un «furgón de cola de otros, sino que, efectivamente, es el que toma la iniciativa». Y llama a «abrir un proceso de congreso del pueblo» y a construir un programa que cubra las dimensiones «del desarrollo productivo, del desarrollo social y del desarrollo democrático».

EL, mientras tanto, señala: «Por momentos hemos quedado sometidos a lo que el gobierno progresista pudiera ceder ante las presiones de unos u otros». Y añade: «Si bien no pretendemos decir con esto que todos los gobiernos de las distintas fuerzas políticas que llegaron a conducir el país son iguales […], es necesario mantener una independencia de clase». Por esto, mantener la definición de ir hacia un «bloque social y político de los cambios» «limita la política de alianzas».

La CS plantea que «en el centro del debate sobre la perspectiva estratégica y el rol del movimiento sindical […] se encuentra la disyuntiva entre dos paradigmas»: «Por un lado, la visión que sostiene la llamada teoría de los bloques sociales y políticos […]; por otro, la concepción histórica que inscribe la lucha sindical bajo el principio rector de la independencia de clase y la unidad para luchar». Critica la primera opción, porque «provoca efectos de subordinación política del movimiento sindical, limitando su acción a la funcionalidad de la acumulación en la lógica de las superestructuras partidarias». Pone como ejemplos la «pasividad complaciente que adoptó la mayoría del movimiento sindical con los contratos leoninos firmados entre la presidencia de Uruguay y UPM o la mirada auspiciosa que recayó sobre la privatización de la diversificación de la matriz energética». Según este documento, el objetivo de la política de alianzas de la clase trabajadora organizada «debe ser la acumulación de fuerzas para habilitar las transformaciones revolucionarias».

 

 (Gabriel Delacoste, 15 de octubre de 2021, Brecha numero 1873)

 

La reforma jubilatoria y pensionaria: peor que en los pronósticos

 

En memoria de Eduardo Platero y Luis Iguini, y en ellos, homenajeo a su generación.

Quienes conocemos personalmente al Dr. Rodolfo Saldain –algunos, como en mi caso, de larga data y en distintos roles– no dudamos de su honestidad intelectual. Cuando en octubre de 1986, desde su lugar en la Dirección General de la Seguridad Social a nombre de la oposición nacionalista, sostenía por escrito en el mensuario La Chimenea de Fray Bentos que “la discrecionalidad de los ajustes jubilatorios debía ser eliminada [...]; que los ajustes deben tener una periodicidad menor al año y ser acompasados a los incrementos salariales de los trabajadores en actividad”, lo decía convencido.

En su importante libro La era de los nuevos viejos, publicado el año pasado, Saldain sostiene que “es necesario profundizar en el examen y en la definición de cuál sería la mejor medición para un índice medio salarial (IMS) a efectos de ajustar estas prestaciones”, agregando incluso que “las rentas vitalicias que paga” el Banco de Seguros del Estado (BSE) no “deben tener el mismo régimen de aumento que las jubilaciones que paga el BPS”, concluyendo en que “la actual fórmula de cálculo del IMS propicia desequilibrios entre ingresos y egresos”. Es decir: cambió de opinión.

En 1995 fue corredactor de la Ley 16.713 de seguridad social, y al mes siguiente de ser aprobada, publicó su libro Reforma jubilatoria. Allí, entusiastamente afirmaba que la ley tenía “las características de un proceso fundacional” en tanto: 1) “el nuevo modelo no es un mero recorte de gasto, sino, especialmente, una reasignación del mismo priorizando el tratamiento de las prestaciones de los sectores de menores ingresos”; 2) que se había “rediscutido el rol de los agentes y las técnicas de cobertura, redefiniendo el espacio de acción de los agentes públicos y la técnica de reparto de gastos e incorporando espacios para agentes privados” “y la técnica de la capitalización (redefinición de roles del Estado, la sociedad y el individuo)”.

Sin embargo, la vida le pasó por encima y a 26 años de su aprobación los resultados fueron bien distintos. Especialmente los sectores de menores ingresos estarían cobrando hoy pasividades mínimas de 6.000 pesos de no haber mediado la política específica de los gobiernos anteriores. Estos mismos sectores requirieron que se aprobara la Ley de flexibilización de pasividades de 2008 para poder acceder a una jubilación por edad avanzada antes de los 70 años como era su destino, o el cobro a los 65 de la Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o de una Pensión a la Vejez a los 70 años por el BPS, en ambos casos si además reúnen situaciones de pobreza crítica; y en 2017 debió aprobarse una ley que solucionara parcialmente el problema de los llamados “cincuentones” (diezmo mediante).

Finalmente, “los espacios incorporados para los agentes privados” (AFAP) sólo han traído consigo ganancias anuales superiores a los treinta millones de dólares para sus dueños (a costa de las comisiones de administración que se les cobra a sus afiliados), paupérrimas prestaciones que en promedio llegan a los 7.000 pesos, pero que pueden ser de uno, diez, treinta, cien, ciento cincuenta pesos y algo más. Un régimen que la propia Organización Internacional del Trabajo ha definido como una “experiencia fracasada”.

Finalmente, ahora Rodolfo es –con todos los micrófonos y cámaras de “los grandes medios de comunicación nacionales” a su entera disposición– el principal defensor del nuevo documento con las recomendaciones que hoy están discutiendo los 15 expertos (luego de que seis de ellos durmieran “la siesta de la buena fe”, permitiendo que la Comisión de Expertos en Seguridad Social –CESS– estuviera dos meses sin reunirse).

Nuestra posición en el debate

Nos ha tocado ser, a nombre de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, una de las pocas voces que han cuestionado severamente los documentos que se han venido haciendo, no sin dudas personales. Con sinceridad, cuando el 10 de marzo pasado la diaria publicó mi nota “Diagnóstico de la Comisión de Expertos en Seguridad Social: peligros para la mayoría del pueblo”, me pregunté seriamente si no habría exagerado en la caracterización de los contenidos del diagnóstico. En verdad, me había atenido estrictamente a las acepciones que de “peligro” da la Real Academia Española: 1) riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal, y 2) lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño. En mi concepción, toda pérdida o retroceso de un derecho es un daño real que afecta a una persona, un grupo o una clase social. Hoy, conocidas las ideas que andan en danza (y faltando importantísimos detalles que recién conoceremos cuando se estructure como proyecto articulado la ley), lamentablemente creemos no haberle errado en lo absoluto. Muchos de los peligros de los que hablábamos se han cristalizado en iniciativas concretas.

Hay en el documento una decena de iniciativas buenas (otorgar un año y medio de bonificación para las madres con hijos discapacitados, por ejemplo), pero no me extenderé en ellas porque Rodolfo tiene prensa suficiente para hacerlo.

Las modificaciones que se plantean

No por conocida deja de ser relevante la primera y más notoria modificación del aumento de la edad de retiro obligatoria (de manera escalonada como se ha hecho otras veces), con dos escenarios posibles, afectando a todos los que hoy tienen menos de 55 años (en el peor de los casos), o de 50 en el menos gravoso. Claro está que en cada situación, trabajar uno o más años equivale a aportar más y cobrar menos, y con eso solo, el daño se configura.

Pero apareció sorpresivamente un desmantelamiento parcial de la Ley de flexibilización de pasividades de 2008, que implica retroceder empeorando las causales por edad avanzada: hoy con 69 años de edad y 17 de trabajo una persona se puede jubilar (el documento dispone que se pasa a requerir 18 de trabajo); o con 68 y 19 (pasa a 21); o con 67 y 21 (pasa a 24); o con 66 y 23 (el documento propone 27). La sola mención de los casos me exime de comentarios.

Además tenemos la Base de Cálculo del Sueldo Básico Jubilatorio del BPS (que hoy es el promedio de los últimos diez años comparados con los 20 mejores, es decir, 240 meses) y se propone que pase a ser el promedio de los mejores 300 meses (es decir, 25 años). Pero la rebaja se agrava con las tasas de reemplazo que se aplicarán sobre dichos promedios, es decir, el porcentaje de los mismos que darán como resultado el valor de la jubilación. Se crea una “tasa de adquisición de derechos” que multiplicaría los años de trabajo con un coeficiente (que puede ser de 1,1 o 1,35), dando lugar desde un 33% del promedio a un 40,5% según se tome el primero o el último. Esta última rebaja es relevante especialmente para quienes cobran sueldos medios y medio-altos, ya que quedan excluidos del suplemento que se crea.

Como era de prever, los dueños del capital no pagan un solo peso más. Se fortalecen gigantescamente las AFAP y se achica en la misma proporción el BPS (y también los demás subsistemas estatales o paraestatales).

Como lo preveíamos, se rebajan las jubilaciones por incapacidad física, que pasarán de ser el 65% actual al 50%, de otro promedio, teniendo como aspecto positivo que si el trabajador o trabajadora tuviera hijos/as a cargo menores de 21 años, o mayores con derecho a pensión de sobrevivencia, percibirá un suplemento del 20%.

Las AFAP dueñas y señoras del universo previsional

Aparte del hecho de que las AFAP se generalizan para todas las cajas (y si las consideramos malas para el BPS, no podemos apoyar una “igualación hacia abajo”), lo realmente grave es la confirmación de nuestro pronóstico de que se achicaría el BPS: a todos los futuros ingresos se los afiliará a una AFAP por el artículo 8 de la Ley 16.713, lo que significa que –ganen lo que ganen– aportarán por la mitad al BPS (o a la Caja Bancaria, etcétera) y por la otra mitad a una AFAP. Esto trae aparejado la quita de recursos al BPS (o alguna de las otras cajas), y un claro perjuicio para las trabajadoras y trabajadores que pasarán a aportar más, a pagar más comisión por administración, más ganancias para los dueños de las AFAP y pasan a cobrar menos de jubilación mixta.

Se propone crear un Tercer Fondo para los más jóvenes, que permita inversiones de “mayor riesgo” y supuestamente mayor rentabilidad: es decir, jugar a la ruleta rusa con la plata de la gente trabajadora. Se habilita a invertir en renta variable en el exterior (o sea que con la plata de nuestra gente podrían hacerse inversiones en Seúl, Nueva Zelanda o Turquía). En cuanto a las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros, se amplían las opciones. Asimismo, se recomienda revisar las tablas de mortalidad, lo que, como se sabe, puede llegar a afectar a la baja el cobro de la parte generada por la AFAP.

Se crea un Tercer Pilar de Ahorro Complementario y Voluntario, que al no ser obligatorio, no habré de analizar. Por otro lado se crearía una superintendencia para monitorear todo el sistema (que habría que ver si no colide con el artículo 195 de la Constitución de la República que preceptúa que al BPS le corresponde “coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social”).

Como ha explicado muy bien el periodista Mathías da Silva en la diaria, el nuevo régimen se aplicará completamente a quienes ingresen al mercado de trabajo desde la reforma en adelante, y en el caso de un trabajador que tenga determinada cantidad de años por el régimen actual, y otra cantidad por el nuevo régimen, se haría un prorrateo: una parte por el sistema viejo y otra por el nuevo.

Por último, como lo denunciamos reiteradas veces, para quienes tienen actividades bonificadas (docentes, quienes trabajan con asbesto, iones o silicio, en fin: son cerca de 50 grupos distintos de compañeros y compañeras) se creará una comisión especial para analizarlas, con un horizonte seguramente restrictivo.

La vedette del proyecto: el Ingreso Mínimo Garantizado

El famoso Pilar Cero del que tanto se habló se terminó transformando en un suplemento, en apariencia benigno para quienes ganan menos que –como demostraremos– se pagará con la plata de esas mismas personas que ahora se verán obligadas a laborar, o esperar, más años, siendo el razonamiento sencillo: “por cada año que me postergás el retiro es un año menos de jubilación que cobro”. El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) sería una suma decreciente que tendría un tope de tres pensiones a la vejez, (39.000 pesos), y que lo cobrarían quienes tengan alguna causal jubilatoria o 71 años de edad y un mínimo de residencia en el país. Además, como vemos en la fórmula, se tomarían en cuenta otros ingresos que pueda tener la persona para deducirlos del suplemento del IMG.

Sobre este punto hay quienes creen que si la jubilación le da 20.000 pesos, ahora le van a suplementar 19.000 hasta llegar a los 39. Lo anterior es falso: el suplemento es un monto que se calcula muy complejamente, sumando, restando, multiplicando y dividiendo distintos valores (que todavía no están totalmente definidos por lo que es imposible profundizar). Por tanto, el nombre del invento no es precisamente el más adecuado ya que “se garantizarán varios mínimos distintos”.

Pero pongamos un caso como ejemplo: un/a trabajador/a de 50 o 46 años, según el escenario que sea, que pensaba jubilarse a los 60 años de edad con 30 de trabajo con la mínima: 15.000 pesos y muy poquito más. Esta persona ahora deberá esperar hasta los 65 años para poder acceder al beneficio. ¡Es decir que durante 60 meses dejará de cobrar 900.000 pesos! (Por supuesto, si tiene la mala suerte de no tener trabajo, su nivel de vida se deteriorará, etcétera). Supongamos (por decir una cifra cualquiera) que ahora con el suplemento a los 65 años va a cobrar 18.000. ¿Son realmente 3.000 pesos más que cobrará por mes? No. En absoluto. Si divido los 900.000 que no cobró por los 3.000 “más” que cobraría cinco años después, me da 300 meses de Ingreso Mínimo Garantizado, o sea que –con su propia plata– se pagará 25 años del referido “beneficio”. Es así que se pagará a sí mismo con su propio dinero de otra manera (si tiene la suerte de vivir esos 25 años) y recién podría empezar a “ganar” al empezar el año número 26 (o sea, con 91 de edad).

En mi pueblo, Fray Bentos, hay una expresión muy dura para este tipo de situaciones: le llaman “hacer morcilla con la propia sangre”, en este caso la de quienes trabajan.

A manera de conclusiones primarias

Con estas propuestas, primero se incumple flagrantemente el discurso preelectoral del presidente Lacalle Pou, quien como candidato había prometido que “no le parecía justo cambiarles las reglas de juego a quienes ya estuvieran en el mercado de trabajo”, por lo que les aumentaría la edad obligatoria a quienes ingresen a trabajar a partir de determinada fecha. Simultáneamente, se desconoce el 76% de la población que se opone al aumento de dicha edad. En segundo lugar, reitero que “lo positivo” de la reforma lo pagan el propio trabajador y trabajadora con su propio dinero, cobrado en el mejor de los casos de distinta manera, y más tarde. Tercero: como era de prever, los dueños del capital no pagan un solo peso más. Cuarto: se fortalecen gigantescamente las AFAP, y se achica en la misma proporción el BPS (y también los demás subsistemas estatales o paraestatales).

Visto desde el lado del trabajo, según un estudio de Cinve de diciembre de 2020, el 45% de los varones y el 47% de las mujeres tendrán serios problemas para jubilarse a los 65 años por no reunir los 30 años de trabajo, por las ya famosas dificultades de la llamada densidad de cotización. Los de menores ingresos, que son quienes tienen su historia laboral con mayores “lagunas de cotización”, deberán esperar a los 71 años para ver un peso. Y los “privilegiados” (dependiendo de distintos supuestos muy volátiles, “podrían” ser los que ganen más de 73.000 pesos y no tengan problemas con la totalidad de su historia laboral) verán cómo su tasa de reemplazo va bajando desde 40,5% hasta llegar a 33% del promedio de los mejores 300 meses de aportes.

Con todos estos datos: ¿puede sostenerse que esta es una reforma beneficiosa para nuestro pueblo? En fin: la resistencia popular prontamente comenzará. Como quien dice, “el plebiscito de 2024 está cantado” y –seguramente– tendrá más de una sorpresa. Los avances en la unidad sindical y social de los últimos 20 días permiten avizorar estos horizontes.

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra la comisión especializada en seguridad social. 20 de octubre de 2021. Publicado en La Diaria

 

 

Huelga y trabajadores en jaque

 

Lo que hemos visto en estos días no es nuevo: un grupo de trabajadores ejerciendo su derecho a protestar, amparados esencialmente en el derecho a huelga. La reacción tampoco ha sido novedosa: a los empresarios esto no les gustó, al actual gobierno tampoco. Pero los trabajadores lo necesitan y la Constitución se los garantiza.

¿Cómo entender este escenario complejo de intereses cruzados?

El ajedrez es un buen recurso para exponerlo, ya que se trata de un juego de estrategia que puede utilizarse como una alegoría de las estructuras de poder de la sociedad. Así, en el tablero se representa una confrontación entre opuestos, y las piezas dispuestas en él —todas con distinta posición y poder— simbolizarían el orden social, siendo el peón la pieza más numerosa y la de menor valor. Este juego sirve como referencia simbólica para demostrar los erráticos movimientos adoptados por quienes detentan más poder, con la pretensión —así pareciera— de dejar en una mala posición a aquellos más débiles.

Se dice que los malos jugadores mueven las piezas con cuidado de hacerlo dentro de lo que les permiten las reglas del juego, pero sin tener nociones claras de qué es lo que implican esos movimientos, por eso, se lanzan a realizar acciones sin mirar más allá, basándose generalmente en un simplista y primario análisis. Este parece ser el tono del gobierno cuando se escucha al presidente decir que el paro “es legítimo”, “pero la gente que quiere trabajar y no hacer huelga va a ser defendida por el gobierno”; y del sector empresarial cuando señala el carácter “abusivo” de la huelga, por la paralización total de la actividad, reprochando los daños en el sector y dando a entender que se parece más “a una movida coordinada para desestabilizar”.

¿Qué hay detrás de toda esta parafernalia argumentativa? Básicamente rechazo a que los trabajadores y sus organizaciones sindicales se constituyan como agentes relevantes, y cuyo radio de acción supere el estrecho marco controlable por la empresa. Actitud que no es nueva, sino que es parte de la historia de nuestros trabajadores y sus organizaciones, quienes se han enfrentado a la represión de muchas acciones de autotutela por la vía de la calificación de su ilicitud, mala fe o abusividad. Recordemos que la huelga fue tipificada como delito en el Código Penal hasta mediados del siglo XX y en los años siguientes se la consideró como un ilícito civil cuyo ejercicio implicaba un incumplimiento del trabajador y, por tanto, la ruptura del vínculo laboral por su culpa. Asimismo, a esto le siguieron otras normas con ánimo de regular los conflictos colectivos y cohibir conductas que resultaban ser más nocivas para los intereses empresariales.

Rechazo, a todo esto, construido sobre un puñado de vaguedades que solo han servido para desacreditar la huelga y a los trabajadores que hacen uso de la misma, lo que atenta contra el más básico sentido de igualdad y significa una jugada ofensiva para los trabajadores, en términos del juego, implica sacrificar al peón. Veamos las más importantes.

De partida, la idea de que con la huelga los trabajadores solo buscan causar daño. Estamos aquí ante una imprecisión: la huelga no busca dañar como fin, sino como medio. Su fin es la presión sobre la contraparte de la relación laboral para la obtención de una pretensión colectiva (por ejemplo, mejorar el salario, las condiciones laborales, la posición en la negociación colectiva, etc.), el daño efectivo puede estar como no. De hecho, en buena parte de los casos, esa presión que supone la huelga conduce a un efecto puramente coactivo, sin traducirse en daño efectivo.

Este elemento hace a la huelga un derecho muy particular, ya que es el único que permite a aquellos que están en una situación de dominación o subordinación —como es el caso de los trabajadores— alterar el proceso productivo para alcanzar una posición de equilibrio en la relación de poder a la que están sometidos. Por tanto, ni la presión ni el daño en el proceso productivo son resultados extraños o exóticos del ejercicio de la huelga, sino parte de su propio contenido.

Llama la atención que el interés de proteger el trabajo y garantizarlo se manifieste con tanta intensidad y únicamente frente a las acciones de las organizaciones sindicales.

Pero claro, esta comprensión plantea serios problemas para la cultura liberal propia de las sociedades capitalistas que sostiene como principio básico lo contrario: el daño no es aceptable y, por ende, siempre debe ser reprimido. No obstante, la huelga -en tanto derecho de máxima jerarquía- supone una ruptura con este dogma, y autoriza un daño deliberado en la propiedad y a la producción empresarial.

A esta altura se trata de una aclaración trivial, pero no todo tipo de daño potencialmente proveniente de la acción colectiva goza de igual protección. La producción de un daño grave, desmedido e irrazonable —jurídicamente hablando— el derecho no lo autoriza. En este sentido, la fuerza de la protección decrece según se trate de un perjuicio innecesario y desproporcionado para lograr las reivindicaciones de los trabajadores, situación que ha de resolverse analizando el caso concreto y por los mecanismos previstos para estos efectos.

La protección del derecho al trabajo de los no huelguistas es otro de los argumentos utilizados para rechazar la acción colectiva; en rigor, se presenta la dicotomía trabajo y huelga como una cuestión de buenos y malos, pero la realidad demuestra que ambos derechos conviven en el espacio laboral y aunque a veces ello sea problemático, no existe tal enfrentamiento. En efecto, la huelga resulta un instrumento colectivo de protección al propio trabajo, ya que a través de ella se persiguen mejoras en las condiciones o incluso, la preservación de la propia fuente laboral.

Llama la atención que el interés de proteger el trabajo y garantizarlo se manifieste con tanta intensidad y únicamente frente a las acciones de las organizaciones sindicales. Para ser coherentes con una genuina defensa de la libertad individual al trabajo, deberían establecerse mecanismos de protección no solo frente a actuaciones colectivas de trabajadores, sino también frente a acciones del empleador, cosa que no parece preocupar. Solo para dar algunos ejemplos, basta mirar la reciente ley que regula el teletrabajo ( 19.978), que desdibuja los límites entre la vida privada y el trabajo dejando un escenario propicio para largas jornadas de trabajo o la ausencia de normas especiales de tutela jurisdiccional ante la lesión de derechos fundamentales de los trabajadores tales como la integridad física, psíquica, la privacidad o la honra.

Por lo visto, quienes mueven las piezas usan la defensa al trabajo como un mecanismo para evitar el tan indeseado efecto de la huelga, porque si los trabajadores siguen con su labor, y la empresa sigue produciendo normalmente, la presión de los trabajadores huelguistas queda convertida en una mera expresión de intenciones.

El ideal democrático supone el ejercicio del poder colectivo, no sólo como una declaración de buena intención, sino que exige el ejercicio de acciones que permitan a los trabajadores expresar sus preferencias y posiciones. Por ello, así como en el juego, donde el peón en coordinación con otros peones forman estructuras que son el esqueleto de una posición robusta convirtiéndose en un elemento de gran importancia, es necesario el ejercicio eficaz de la acción concertada de los trabajadores, para que dejen de ser la pieza más débil y pasen a ser la pieza determinante dentro del sistema de relaciones laborales; de lo contrario, sin el derecho de huelga, en palabras del Tribunal Federal del Trabajo Alemán, no hay más que mendicidad colectiva.

(La Diaria, 9 de octubre de 2021. Autor:  Andrea Rodríguez Yaben abogada especialista en Derecho del Trabajo)