«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación»

 

El dos de la cartera de Trabajo (Profesor Hugo Barretto) hizo un balance de lo que dejaron las extensas –e intensas– rondas de negociaciones colectivas y habló sobre los proyectos que tiene por delante el ministerio: el de exigir comunicación anticipada y, a su vez, la fundamentación en casos de despidos colectivos o cierres, de la nueva ley de empleo, la propuesta para reducir la siniestralidad y la de reducción del tiempo de trabajo.

—¿Qué balance hace el ministerio de la última ronda de los consejos de salarios en términos de recuperación salarial real y sostenibilidad empresarial?

—Muy positiva. Fue una ronda extendida. Se retrasó un poco el inicio efectivo de la negociación porque las primeras instancias, como sucede en la entrada de una nueva administración, tienen que ver con el planteo de los lineamientos del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito [CST]. Eso da lugar a intercambios de puntos de vista entre las partes. De un lado, los trabajadores consideraron que las innovaciones que incluían los lineamientos no aseguraban el crecimiento salarial. Los empleadores, a su vez, también criticaron, por ejemplo, la falta de consideración acerca de la heterogeneidad de las empresas y los sectores. En fin, eso demoró un poco el inicio efectivo de la negociación.

En su conjunto creemos que el resultado es auspicioso porque cerca del 85 por ciento de los grupos alcanzaron consenso en esta oportunidad con base en un gran trabajo de la Dirección Nacional de Empleo y los negociadores.

—¿Y qué está pasando con ese 15 por ciento restante?

—La falta de consenso en esos consejos motivó que debiera resolverse por votación, pese a que la forma de resolución óptima es el acuerdo o consenso. Sin embargo, la ley de 1943 permite que, si no se alcanza acuerdo, se decida por mayoría mediante votación. Esas mayorías a veces resultan de la votación conjunta de trabajadores y empleadores. A veces el Poder Ejecutivo vota junto con los empleadores, a veces con los trabajadores. Hay distintos juegos en la formación de esas mayorías.

—Habida cuenta de que el crecimiento económico ha sido inferior al esperado, ¿el gobierno está en condiciones de impulsar la generación de fuentes de empleo y que estos sean con mejores salarios?

—La situación económica responde a una cierta coyuntura, mientras que los planes del gobierno pensamos implementarlos en todo el período. No debemos atarnos a la coyuntura, sino tener una visión un poco más a mediano plazo para tomar en consideración la implementación de la política de empleo. En este sentido, lo que puede decirse es que la Dirección Nacional de Empleo está en los últimos tramos de la elaboración de una nueva ley de empleo con diversos dispositivos para promover la generación de empleo, fundamentalmente para aquellos sectores que tienen mayores dificultades de inserción laboral. Naturalmente, cuando hablamos de empleo, no hablamos de empleo de cualquier tipo, hablamos de lo que desde la OIT [Organización Internacional del Trabajo] se denomina trabajo decente.

—Han presentado el «Compromiso nacional por la vida y la seguridad en el trabajo», que plantea reducir la siniestralidad. ¿Cuáles son las metas en esta área?

—La accidentabilidad es un problema muy grave que requiere un conjunto de acciones y sinergia entre los actores. En este campo lo que ha hecho la Inspección General del Trabajo [IGT] es promover un amplio campo de consultas, de instancias de capacitación y de diálogo social a nivel de todo el territorio para producir un cambio cultural en torno a la importancia del cuidado y de la prevención frente a los accidentes de trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta el número alto de accidentes fatales.

No desconocemos que también hay una instancia que debe inevitablemente llevarse adelante y es la relativa a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas de seguridad. Desde ese punto de vista el ministerio se encuentra elaborando un protocolo de actuación y análisis, en particular para darles especial tratamiento a aquellos casos más graves y determinar con rapidez las eventuales responsabilidades emergentes en estas situaciones.

—El presupuesto reforzó un poco el cuerpo inspectivo del ministerio. ¿Se espera seguir reforzándolo en la rendición de cuentas de este año?

—El presupuesto fue un primer paso. Uno de los aspectos señalados con mayor fuerza de parte del ministerio ha sido la disminución del número de inspectores en los últimos años. La IGT se encuentra trabajando en la superación de este déficit con que nos encontramos desde que asumió el gobierno.

—Sin embargo, hubo un artículo que no se aprobó en el presupuesto, que es el de que la IGT accediera a las pericias de la Policía Técnica sobre los accidentes laborales. ¿Se presentará un proyecto de ley para que esa información llegue a la inspección?

—Sí, se va a insistir con la necesaria interacción que debe gestarse entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y el Ministerio del Interior, y yo te agregaría un elemento muy importante: la Fiscalía, tema sobre el cual se está trabajando.

—El gobierno tiene previsto exigir comunicación anticipada y, a su vez, la fundamentación en casos de despidos colectivos o cierres. ¿En qué etapa está esa iniciativa?

—Ese es un proyecto producto de los casos que hemos visto en el transitar de este casi primer año de gobierno. Recordemos que en febrero de 2025, antes de asumir, se produjo el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de Yazaki por la deslocalización definitiva de la empresa. Hubo otros casos de despidos colectivos, también de manera intempestiva, sin preaviso para que las personas acomoden un poco su vida a partir de la pérdida, nada más y nada menos, que del empleo y sin dar tiempo tampoco a que el MTSS pueda arbitrar y proponer medidas alternativas a la pérdida masiva del empleo.

En ese marco, el ministro Juan Castillo ha propuesto la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de algunos dispositivos, que están vigentes en muchos países, que hacen a dos elementos fundamentales. Uno, la exigencia de que las empresas deban tener la obligación de dar preaviso a la organización sindical y al MTSS en caso de despidos colectivos, de tal forma de habilitar allí un lapso de tiempo en el cual el ministerio pueda ofrecer alternativas y soluciones a los casos de despido masivo.

El otro elemento a incorporar en la regulación de la terminación de la relación de trabajo es la expresión de las causas, lo que se llama las justas causas del despido. Es decir, que las empresas tengan también la obligación de dar motivo del despido. Transparentar el motivo del despido contribuye a prevenir prácticas, que entiendo que no son generalizadas, pero que pueden existir, por ejemplo, de discriminación a la hora de desvincular personas trabajadoras.

Lo que se pretende por este proyecto es generalizar una práctica que ya existe. O sea, no es que la obligación de dar un preaviso o la obligación de dar motivo para el despido sean novedades absolutas en nuestras relaciones laborales. En general, muchas empresas preavisan cuando tienen dificultades para mantener el nivel de empleo.

—¿Te sorprenden las resistencias que ya generó el proyecto antes de ser presentado?

—No me sorprenden porque todo movimiento, toda innovación, genera resistencias. Estimo que tampoco es una resistencia generalizada, porque, aunque venga del lado empresarial, hay empresas que ya cumplen con las prácticas que el proyecto aspira generalizar. Las relaciones laborales son de por sí conflictivas. Muchos ven que cualquier innovación en materia laboral recorta libertades, cosa que yo no comparto.

—¿Cómo compatibiliza el MTSS esa propuesta con la libertad de empresa y el clima de inversión?

—Ninguno de los dos elementos se ven afectados. En primer lugar, porque la obligación, por ejemplo, de dar justas causas para el despido no está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí en muchísimos países. Los códigos de trabajo y hasta las constituciones, sin ir más lejos, de Brasil y de Argentina, establecen condiciones que tienen que ver con la protección contra el despido arbitrario o injustificado. Por lo tanto, esos dispositivos ya existen en algunos países de la región, y ni qué hablar en la Unión Europea.

No creo que eso afecte el clima de inversiones, es más, yo creo que puede favorecerlo en la medida que las empresas que pretendan invertir en el Uruguay sean empresas que cumplan con estándares tan razonables como puede ser dar causa de un despido o avisar previamente al gobierno que la acoge y le da facilidades. Tendría un efecto selectivo.

—La inteligencia artificial [IA] está causando bastantes sacudones en el mundo del trabajo y se espera que haya más. ¿El ministerio está pensando presentar algún proyecto para evitar las consecuencias dañinas que puede traer?

—Sí. Estimo que todavía es difícil evaluar con precisión el posible impacto de la IA. Hay pronósticos apocalípticos. Pero muchas veces la pérdida de puestos de trabajo en, por ejemplo, empresas que trabajan con IA, no tienen que ver tanto con el impacto de esta, sino con la deslocalización de la empresa. O sea, la pérdida del empleo se debe a la volatilidad del empleo en el sector, pero no por el reemplazo de trabajadores por máquinas.

También es cierto que la IA, más que afectar puestos de trabajo, afecta ciertas tareas de la categoría. Quiere decir que la IA no implica necesariamente la desaparición de un puesto de trabajo, aunque sí de algunas tareas de ese puesto de trabajo y la necesidad de la recalificación del trabajador en torno a las nuevas competencias y saberes que requeriría el empleo de la IA. Allí radica justamente una de las pistas sobre cuáles deberían ser las políticas a implementar en clave de formación y capacitación.

La IA, así como suprime algunas tareas, crea otras. Es decir, hay un elemento que algunos economistas llaman de destrucción creativa en el capitalismo, que tiene que ver con esto también, ¿verdad? Porque también algunos estudios señalan que, si bien coyunturalmente es un desafío, en el mediano o en el largo plazo, el impacto en el empleo de la aplicación de una nueva tecnología sería recomponer los niveles de empleo bajo otras bases. Pero hay que dar protección social y laboral a las personas que verán comprometido su ingreso en lo inmediato.

—¿Ya se prepara un proyecto para reducir la jornada laboral?

—La reducción del tiempo de trabajo, más que de la jornada laboral, es uno de los componentes esenciales del propio programa de gobierno que se ofreció a la población al momento de la campaña electoral. Nosotros estamos pensando, así lo ha planteado el ministro en el CST, que la política en materia de reducción del tiempo de trabajo se someta a un amplio campo de diálogo social y de consulta con los actores sociales. O sea que la metodología del MTSS, en este caso, no es presentar desde ya un proyecto de ley que rebaje sustantivamente el tiempo de trabajo, sino que cualquier proyecto de ley sea precedido de un amplio diálogo social.

—Se está discutiendo la reforma laboral en Argentina, donde restringe derechos a los trabajadores. ¿Eso puede perjudicar a Uruguay? ¿Puede haber empresas que se puedan trasladar allí, teniendo en cuenta esos cambios?

—Estimo que no, porque, en realidad, el modelo laboral argentino y el uruguayo presentan disimilitudes desde el punto de vista histórico. Veremos qué pasa con esa reforma, pero no tenemos registro, al menos en el MTSS, de que haya una especie de corrida de instalarse en Argentina. Entiendo que el modelo de relaciones laborales en el Uruguay es un modelo virtuoso, que es muy valorado en lo internacional, con actores sociales muy representativos del lado de las empresas y del lado de los sindicatos, y unos mecanismos de negociación y composición de conflictos que reposa en unas tradiciones muy asentadas.

—Usted ha planteado que el gobierno debería modificar el decreto que reglamentó el artículo de la Ley de Urgente Consideración [LUC] que determina que «el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». ¿Se podrá avanzar en eso a pesar de la presión en contra de la Comisión de Expertos de la OIT?

—Hay que tener en cuenta que es un artículo mediante el cual el gobierno anterior trató de dar una respuesta a una observación hecha por la OIT en el sentido de que las ocupaciones de los lugares de trabajo, para ser legítimas, deben permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares de la empresa al establecimiento.

Eso es más o menos lo que dice el artículo 392 de la LUC, con un problema muy evidente en su redacción, que fue objeto de crítica en su momento, cuando se promovió que esa norma quedara sin efecto: la ley, en lugar de hablar precisamente de la ocupación, habla de la huelga, un término mucho más general que la ocupación, que es simplemente una modalidad del ejercicio de la huelga.

Con todo, el problema que nosotros señalábamos en su momento respecto de esta norma se agravó cuando el gobierno anterior dictó, además, el decreto 281 de 2020. ¿Por qué? Porque ese decreto permite al MTSS y al Ministerio del Interior promover la desocupación del lugar de trabajo, sin tener en cuenta si los trabajadores estaban o no permitiendo el acceso de los no huelguistas, lo que supone una limitación del ejercicio de la huelga aun cuando se estuviera cumpliendo con el artículo de la LUC.

—En el pasado gobierno iban las fuerzas policiales, prácticamente, a desocupar. ¿Hubo cambios en ese marco?

—Exactamente. Lo que ha hecho la Dirección Nacional de Trabajo [DNT], en lugar de determinar inmediatamente la desocupación a través de la fuerza policial, es tentar la negociación para que la desocupación se produzca de manera voluntaria por parte de los trabajadores y desarrollar a partir de eso instancias de superación del conflicto a través del diálogo. Y tengo que decir que la DNT ha sido absolutamente exitosa desde el punto de vista de la aplicación de mecanismos de conciliación y mediación para alcanzar el objetivo de la composición del litigio antes de recurrir a la fuerza pública de acuerdo a lo que establece el decreto.

—Desde su perspectiva académica, ¿qué distingue la política laboral actual de la aplicada en gobiernos anteriores?

—Creo que en los gobiernos del Frente Amplio hay que distinguir dos momentos. Por un lado, entre 2005 a 2010, se pone en práctica una reforma laboral que retoma el impulso reformista de principios del siglo XX, actualizándolo ante los nuevos problemas y dándoles respuestas pertinentes. Allí hubo un intento exitoso, desde mi punto de vista, de reformismo laboral atento a los cambios que habían ocurrido en el mundo del trabajo y en contraposición del modelo neoliberal de los años noventa.

El segundo momento es la agenda de derechos. Hubo una serie de normas jurídicas, de transformaciones en materia de no discriminación, de reconocimiento de la diversidad y demás que fueron políticas más globales que impactaron, además, en lo laboral. En ese segundo momento también tengo que mencionar la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que es absolutamente clave.

En cuanto a la anterior administración del Partido Nacional y sus socios, tuvo una impronta distinta. No podemos hablar en ese caso de reformismo, sino que distinguiría dos elementos. Por un lado, valoro mucho que el gobierno anterior hubiera mantenido el funcionamiento de la negociación colectiva tripartita, a diferencia de lo que había pasado en el período neoliberal de los años noventa, cuando se habían dejado de convocar los consejos de salarios.

Se marcó así una diferencia muy nítida entre el gobierno del Partido Nacional y sus socios en el período anterior y el de los años noventa, que fue desconocedor de la negociación colectiva en general y en particular de la tripartita, con resultados muy perjudiciales para las personas que trabajan.

Sin embargo, a pesar del mantenimiento de la negociación colectiva mediante convocatorias de los consejos de salarios, la administración pasada tuvo un costado flexibilizador en las normas sobre teletrabajo y sobre trabajo en plataformas.

—¿Hubo un retroceso?

—Considero que sí. Las dos normas, la ley de teletrabajo y la ley de trabajo en plataformas, tienen un sesgo flexibilizador muy pronunciado.

—¿El gobierno busca revertir eso?

—Lo que hemos tratado de hacer en el caso del trabajo en plataformas digitales, a través del dictado del decreto reglamentario de la ley, es contextualizar dicha norma con lo que es la legislación general del Uruguay y tomando insumos del derecho internacional del trabajo, que nuestro país está comprometido a cumplir.

—¿Cuál considera que va a ser la reforma más importante en este período de gobierno?

—Creo que la apuesta tiene que ver con mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Fundamentalmente en lo que hace a la prevención y también a la sanción de aquellas conductas que no contribuyen o que directamente incumplen aspectos de la salud y la seguridad que llevan a consecuencias tan dramáticas como es la muerte de personas en ocasión del trabajo. Ese es un punto.

El otro punto es la reducción del tiempo de trabajo. Este es un proyecto que va a ocupar mucho este año. El tercer elemento es continuar contribuyendo a la mejora de las relaciones laborales en general y particularmente de la calidad de la negociación colectiva. Y debería sumar un cuarto: la presentación y el impacto que pueda tener la nueva ley de empleo.

Publicada en : Brecha número 2100. Autor : Enzo Adinolfi.  Titulo Original: “«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación», 20 febrero, 2026