La represión contra el movimiento
popular –desde 1968 y durante la dictadura– dejó a miles de personas presas,
asesinadas, desaparecidas y exiliadas, y desató una gran represión interna, con
destituciones y persecuciones. Pero ¿cuál fue la base material sobre la que se
asentó el proceso represivo? Intentaremos aquí responder a esa pregunta.
EL CONTEXTO ECONÓMICO DE AQUELLOS
AÑOS
Desde 1957, la economía entró en un
estancamiento general. Como resultado de ello, se desató lo que Danilo Astori1 denominó desequilibrios
básicos, que provocaron una gran puja distributiva. Entre ellos, un
creciente proceso inflacionario –mecanismo central del capital cuando la
economía no crece–,2 el
déficit fiscal, el endeudamiento externo y la fuga de capitales.
Esto desencadenó también un
alineamiento de los partidos y de los sectores empresariales más poderosos para
remover el modelo de protección necesaria3 y
poner en marcha un modelo liberal y de apertura externa. Un primer intento
fracasado fue la reforma monetaria y cambiaria,4 que
finalmente no se impuso, dada la resistencia popular y también de los sectores
industriales empoderados con la industrialización de los años cincuenta.
Un segundo intento (que dio inicio al
modelo liberal, aperturista, concentrador y excluyente, al que llamamos LACE)5 ocurrió
en 1968. Concretamente, se inició el 28 de junio de ese año, cuando se decidió
no convocar a los consejos de salarios y dejar el ajuste salarial en manos del
gobierno y se decretó la seudocongelación de precios y salarios. Decimos seudo porque
el último ajuste de salarios había sido en enero de 1968, la inflación
acumulada hasta ese momento era de 63,7 por ciento y la congelación se decretó
tres días antes del nuevo ajuste salarial.
Entre 1968 y 1973, el salario real
cayó 11 por ciento, contribución de los gobiernos previos a la dictadura a la
concentración. Y no fue mayor pues, como se ve en el gráfico 1, en 1971 tuvo un
pico ascendente derivado del clientelismo electoral, ya presente en aquellos
años.
Pero los gobiernos previos a la
dictadura también aportaron un modelo, ya que en 1972 se definió una nueva
estrategia económica en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, que
establecía la liberalización interna y la apertura externa como ejes y la
rebaja salarial como necesidad.
LA TESIS PRINCIPAL DE ESTE ENSAYO
A fines de los años setenta y
principios de los ochenta, varios libros analizaron la economía de la
dictadura.6 La
tesis principal que surge de estas lecturas es que la continuidad de la
acumulación de capital en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de la
década de los 60, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Y
esto, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo
político de las organizaciones populares, requería alterar las condiciones
institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía decreto,
garantizara la rebaja salarial y, vía represión, la inactividad sindical y
popular.
LAS BASES CONCEPTUALES DEL MODELO DE
LA DICTADURA
Podemos –siguiendo a Jorge Notaro7–
caracterizar tres momentos de la dictadura, todos ellos con un punto en común:
la concentración de la riqueza a través de la caída del salario real y el apoyo
al capital concentrado.
Un primer período hasta 1978, al que
Notaro llama intervencionismo reestructurador debido al manejo
de los instrumentos de política económica, pero con intervención para
consolidar un reajuste estructural en los procesos de producción y distribución
del ingreso, así como de los precios relativos de la economía.8
Una segunda etapa, a partir de
noviembre de 1978 y hasta noviembre de 1982, que el autor define como liberalismo
estabilizador, por el manejo más liberal de los instrumentos y la prioridad
del objetivo de estabilización de precios.9
Y, finalmente, una crisis, en la que
el objetivo es intervenir para garantizar la supervivencia del capital
financiero y dar cierta protección al gran capital industrial y agropecuario,
acompañada de una nueva rebaja salarial.
EL SALARIO REAL: LA CAÍDA DESEADA
El gráfico 2 es claro al mostrar el
proceso permanente de rebaja salarial junto con el crecimiento de la economía,
al menos hasta 1981. La fijación de salarios por decreto, la inexistencia de
consejos de salarios y la muy dura represión desatada sobre sindicatos
ilegalizados explican este resultado, objetivo central de la dictadura.
La base material sobre la que se
asentó la economía política de la dictadura fue la de concentrar la riqueza en
beneficio del gran capital.
LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA
ECONÓMICA
En paralelo, se pusieron en marcha
medidas para aumentar las ganancias del capital.
Entre las medidas tendientes a
aumentar los ingresos, destacamos la concesión de reintegros (subsidios) a las
exportaciones no tradicionales, la aplicación de una política cambiaria de
ajuste periódico con la inflación, que aumentó el valor de las exportaciones, y
los acuerdos comerciales con Argentina (Convenio Argentino-Uruguayo de
Cooperación Económica) y Brasil (Protocolo de Expansión Comercial) para
garantizar los mercados.
Y, entre las medidas tendientes a
reducir costos (además de la rebaja salarial), contamos la implementación del
régimen de admisión temporaria para la importación de insumos de producción de
exportación, el otorgamiento de financiamiento a tasas reales negativas
(régimen de prefinanciación de exportaciones) y la eliminación de recargos y
demás gravámenes a la introducción de bienes de capital. Además, entre 1974 y
1976 se decidió la total liberalización del sistema financiero, tanto en la
entrada y la salida de capitales, la tenencia de moneda extranjera y la
fijación de la tasa de interés.
También en 1974 se aprueba una muy
liberal Ley de Inversiones Extranjeras, que promueve la radicación de
inversiones extranjeras directas y asegura la remisión de utilidades y
capitales al exterior. Y se da la casi total liberalización de precios que
culmina con la liberalización de los precios del sector agropecuario (agosto de
1978) y la libre contratación de arrendamientos inmobiliarios (junio de 1979).
Finalmente, en noviembre de 1979,
comenzó a regir una reforma tributaria. Por ella, se generaliza la aplicación
del impuesto al valor agregado, se rebajan los aportes patronales a la
seguridad social (en 1974 eran 32 por ciento y llegaron a 10 por ciento) y se
derogan el impuesto a las actividades financieras y el impuesto único a la actividad
bancaria, que gravaban la actividad financiera. Ello se suma a la eliminación,
en 1974, del impuesto a la renta de las personas físicas.
Es claro, entonces, que la política
económica de la dictadura, combinando lo salarial, lo fiscal, lo comercial, lo
tributario y lo financiero, tuvo un objetivo de aumentar ganancias, concentrar
capital y reducir salarios.
EL MONTO DE ESTA ENORME TRANSFERENCIA
Hasta 1981 no hubo estancamiento,
sino crecimiento económico con caída salarial, lo que aumentó el plusvalor y
generó enormes masas de ganancia que transitaron hacia el capital. El trabajo
de Notaro10 realiza
un cálculo del volumen de transferencias del trabajo al capital y el monto es
del orden de 5.000 millones de dólares en 1981, similar al valor del PBI al fin
de la dictadura y a la magnitud de la deuda externa del país en 1984.
PRIVATIZAR GANANCIAS Y SOCIALIZAR
PÉRDIDAS
Este lema se muestra claro en su
primera parte con la caída salarial, mientras la economía crecía. Ahora veremos
la socialización de las pérdidas.11
A principios de 1982, el Citibank y
el Bank of America le ofrecieron al Banco Central del Uruguay (BCU) la venta de
una parte de su cartera; de lo contrario, pedirían a la Justicia la liquidación
de los deudores en mora, con los efectos sobre las empresas que irían a la
quiebra.
A esta propuesta, el BCU respondió:
no tenemos plata. Y entonces los bancos le dijeron: no importa. Nuestras casas
matrices te la prestan para comprar nuestra cartera vencida. Cómico si no fuera
trágico.
El BCU compró las carteras de esas y
de otras 21 instituciones financieras por un total de 588 millones de dólares.
Los costos de la cartera incobrable de la banca privada se transfirieron hacia
el Estado uruguayo, que contrajo una deuda para comprar una cartera que fue, en
gran parte, incobrable.
Síntesis: la dictadura significó, en
su economía política, la validación de un modelo de concentración de la
riqueza.
1.
Danilo Astori, Tendencias
recientes de la economía uruguaya. FCU, 1981. ↩︎
2.
Instituto de Economía (IECON), El
proceso económico del Uruguay. FCU, 1969. ↩︎
3.
Sobre el concepto de modelo de
protección necesaria. Ver IECON, óp. cit. ↩︎
4.
Nelson Noya, Política
económica. 25 años de fracasos. Banda Oriental, 1985. ↩︎
5.
Daniel Olesker, Crecimiento y
exclusión. Editorial Trilce, Montevideo, 2001. ↩︎
6.
Jorge Notaro, La política
económica en el Uruguay 1968-1984. Banda Oriental, 1985; D. Astori, óp.
cit.; D. Olesker, óp. cit.; Luis Macadar, Uruguay 1974-1980. ¿Un nuevo
ensayo de reajuste económico?. Banda Oriental, 1982; Octavio Rodríguez, L.
Macadar y Celia Barbato, La crisis uruguaya y el problema nacional.
Banda Oriental, 1985. ↩︎
7.
J. Notaro, óp. cit. ↩︎
8.
J. Notaro, óp. cit. ↩︎
9.
J. Notaro, óp. cit. ↩︎
10. J. Notaro, óp. cit. ↩︎
11. Luis Stolovich et al., Compra de carteras: crisis
del sistema bancario uruguayo. Banda Oriental, 1986. ↩︎
TITULO
ORIGINAL: “A 52 AÑOS DE LA REPRESIÓN. La economía política de la dictadura”.
Autor: Daniel Olesker. Publicado en Brecha numero 2066 de fecha 27 de junio de
2025
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