Frente
al mantra de que no hay margen para nuevos tributos, una propuesta para gravar
al 1 por ciento más rico vuelve a instalar el debate sobre la desigualdad y el
modelo fiscal. Mientras los depósitos en el exterior alcanzan los 62 mil
millones de dólares y unas 25 mil personas acumulan el 40 por ciento de la
riqueza nacional, la iniciativa tensiona al nuevo gobierno del Frente Amplio
entre su promesa de redistribución y las señales promercado.
Desde
hace tiempo, la afirmación de que no existe margen para aumentar la carga
tributaria se ha convertido en una suerte de dogma que es repetido por
economistas, políticos y actores empresariales de distinto signo en nuestro
país. La idea de que el sistema fiscal alcanzó su techo se ha instalado con
fuerza, incluso en un contexto de crecientes desigualdades y demandas sociales
insatisfechas. Sin embargo, fuera de fronteras, el clima político y económico
empezó a virar en otra dirección. En 2024, Brasil dio un paso inédito al
proponer, durante la cumbre del G20, la necesidad de un impuesto global a los
«superricos». Ese país se encuentra discutiendo, además, un mayor gravamen
sobre determinadas transacciones financieras. No es el único. Chile, México,
Francia y España son algunos de los que, de igual modo, analizan medidas en ese
sentido (véase «Figurita repetida» en esta misma edición).
El
impulso por gravar la riqueza como vía para mejorar la progresividad fiscal,
reducir las brechas estructurales y financiar la cohesión social también
comenzó a encontrar eco en Uruguay. A mediados de junio, el PIT-CNT entregó al
presidente Yamandú Orsi una propuesta para aplicar un impuesto sobre el
patrimonio del 1 por ciento más rico. La iniciativa fue recogida, a su vez, por
el senador frenteamplista Gustavo González, quien sostuvo que podría
formalizarse como una alternativa si no prospera la idea de atraer
inversionistas que lleva a cabo el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La
propuesta, todavía incipiente, ya generó repercusiones. Por ejemplo, el
multimillonario propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, opinó que el
planteo era «absurdo» y «obsoleto», ya que «si tenés más millones, podés
invertir más». Sin embargo, tras lo que López Mena consideró un sinsentido,
existen varios fundamentos.
EL UNO A UNO
En
Uruguay hay amplia literatura e indicadores para medir la pobreza –aunque ello
no impidió su subestimación hasta la última actualización metodológica–, pero
un número acotado de investigaciones respecto a la riqueza. La dificultad para
contar con una base de datos sólida y completa es quizás la principal
restricción a la hora de querer profundizar en las características que
conforman el sector con más recursos de la población. Aun así, en los últimos
años, diversos estudios comenzaron a abordar el tema mediante la combinación de
distintas fuentes de información.
Los
resultados obtenidos de esos trabajos fueron elocuentes: poco menos del 1 por
ciento más rico –unas 25 mil personas– concentraba entre el 35 y el 40 por
ciento de la riqueza total del país. Había más. A diferencia del 99 por ciento
restante –cuyos ingresos provienen de salarios o jubilaciones–, en ese tramo
más del 40 por ciento de los ingresos se originan en el capital. A su vez, casi
el 80 por ciento de la riqueza financiera y el 90 por ciento de la empresarial
se encontraban en sus manos.1
Para
formar parte del 1 por ciento más rico de la población uruguaya no se necesita
una gran fortuna, si se compara con los montos que se manejan en otros países.
Según las estimaciones, alcanza con contar con un patrimonio acumulado en el
entorno al millón de dólares. De todas formas, dentro del selecto grupo la
conformación es heterogénea y las dimensiones de riqueza tienden a crecer de
forma abrupta. Así, en la misma categoría es posible encontrar a quienes apenas
superan el umbral «mínimo» junto con el propio López Mena o los empresarios
uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel, cofundadores de la empresa de
tecnología financiera dLocal, cuya fortuna se estima en 1,1 mil millones de
dólares cada uno.
Hacia
ese sector apuntaría la propuesta de implementar un gravamen del 1 por ciento
sobre el patrimonio. La iniciativa se sustenta en un trabajo elaborado por los
economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración de la Universidad de la República, Mauricio de Rosa y Joan
Vilá,2 publicado en 2024. En ese trabajo, los investigadores estudiaron
distintos escenarios en los cuales se podría aplicar el impuesto, su impacto en
la recaudación y las posibles reacciones de los eventuales contribuyentes.
Como
resultado, los economistas calcularon que, de aplicarse un tributo del 1 por
ciento sobre el 1 por ciento más rico de la población, en un escenario sin
evasión impositiva, podrían recaudarse, aproximadamente, entre 664 millones y
1.016 millones de dólares por año (entre 0,83 y 1,27 puntos del PBI). Esa cifra
se ubicaría entre los 568 millones y los 840 millones de dólares (0,71 y 1,05
puntos del PBI) en un escenario de evasión del 17 por ciento, y entre 344
millones y 512 millones de dólares, con una evasión del 50 por ciento.
Este
último escenario proyectado, de una evasión tan elevada, es extremadamente
improbable y solo fue considerado a efectos prácticos, aseguró al ser
consultado por Brecha Mauricio de Rosa. De todas formas, frente a la aplicación
de una iniciativa de este tipo, el economista sostuvo que la evasión sería una
de las principales reacciones esperadas. «La literatura que investiga estos
temas ha buscado aislar los efectos de estos impuestos y lo que encontró es que
existen riesgos de evasión y elusión por parte de contribuyentes ricos, que
usan mecanismos legales e ilegales para minimizar sus pagos», explicó. En ese
sentido, según De Rosa, un tributo a la riqueza podría afectar la recaudación.
Aun así, consideró que con un «diseño muy cuidadoso» se pueden minimizar esas
respuestas.
Consultado
sobre los potenciales efectos en la economía, el investigador sostuvo que, a
diferencia de lo que se suele argumentar, «el cúmulo de evidencia que existe
muestra que los gravámenes sobre el patrimonio de las personas tienen efectos
relativamente bajos en variables como empleo o inversión, e incluso en
variables como el ahorro pueden tener efectos positivos». Respecto al impacto
sobre la desigualdad, explicó que el impuesto reduciría muy poco la desigualdad
patrimonial en el corto plazo, «pero genera una presión constante para que se
reduzca lentamente a lo largo del tiempo». Finalmente, De Rosa puntualizó que
«no basta con enunciar desafíos para que se caiga toda la propuesta» y que
Uruguay necesita avanzar en este tipo de instrumentos para enfrentar su
problema fiscal y de desigualdad, evitando una discusión binaria de «cuanto más
impuestos, mejor para algunos» o «cuanto menos, mejor para la economía».
MÁS ALLÁ DEL ÁRBOL
La
propuesta de establecer un impuesto adicional sobre el 1 por ciento más rico ha
abierto un debate sobre el rumbo que debería asumir la política tributaria en
el nuevo gobierno del Frente Amplio (FA). Lejos de tratarse de una medida
puntual, distintos referentes económicos de la izquierda advierten que la
discusión debe insertarse en una agenda más profunda que combine redistribución
y desarrollo.
Consultado
por Brecha, el economista y docente Fernando Isabella consideró que el actual
ciclo político obliga a plantear reformas de mayor alcance, ya que «hay una
necesidad de una nueva generación de políticas, que coloque en el centro el
tema de la igualdad, y eso implica redistribución». Para el exdirector de
Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la pasada
administración frenteamplista, la tributación de la riqueza no debería verse
como un castigo, sino como una vía para construir condiciones de desarrollo
inclusivo y sostenido.
Esa
mirada también es compartida por el economista Rodrigo Alonso, diputado
suplente por la lista 1001 en la actual legislatura. Alonso insistió en que la
discusión sobre gravar al 1 por ciento más rico debe formar parte de un debate
más amplio sobre la reforma tributaria y la política de desarrollo. «Uruguay no
puede darse el lujo de clausurar el debate tributario», advirtió al ser
consultado por el semanario. En un contexto de estancamiento económico, aseguró
que, sin una revisión de la estructura fiscal y sin nuevos mecanismos de
distribución del ingreso, será imposible cumplir con los compromisos de
campaña. «Hay un consenso implícito en que con el crecimiento esperado no
alcanza para generar el espacio fiscal necesario», remarcó.
Ambos
economistas coinciden en que el actual modelo económico, basado en incentivos
al capital y exoneraciones fiscales, ha mostrado sus límites. En tal sentido,
Alonso apuntó que durante los últimos cinco años «las exoneraciones al impuesto
a las rentas de las actividades económicas y al patrimonio aumentaron 1 punto
del PBI», sin que ello se tradujera en un repunte sustantivo de la inversión.
Isabella lo expresó en términos similares: «Los instrumentos tributarios están
cada vez más asociados a los incentivos a empresas, pero muchas veces no se
logra un retorno claro para la sociedad», aunque consideró que una mayor carga
sobre las empresas sí podría producir efectos negativos sobre la inversión.
En
ese sentido, los dos economistas entienden que la discusión no se reduce a cómo
gravar más, sino a cómo administrar estratégicamente los recursos en función de
un proyecto de país. Para Alonso, por ejemplo, es clave pensar cómo se capturan
parte de los ingresos extraordinarios derivados de las exportaciones, de modo
de evitar que terminen alimentando procesos de sobrevaluación cambiaria que a
fin de cuentas restan competitividad y causan más desigualdad. Una agenda
tributaria inteligente –insistió– debe articularse con una estrategia nacional
de desarrollo.
La
necesidad de repensar la tributación también se vuelve evidente si se observa
el comportamiento de los sectores de mayores ingresos en los últimos años. Los
datos informados por la Dirección General Impositiva, en respuesta a un pedido
de acceso a la información pública del diputado Bruno Giometti (FA), resultan
reveladores. Entre 2019 y 2023, el monto total de los depósitos e inversiones
financieras en el exterior de agentes residentes de la economía uruguaya se
multiplicó, pasando de poco más de 27 mil millones de dólares, en 2019, a casi
62 mil millones de dólares en 2023 (véase gráfica). Sin embargo, este
crecimiento no fue acompañado por mecanismos impositivos que permitieran captar
parte de esa riqueza acumulada fuera del país –como el gravamen propuesto
durante la pandemia por el exministro Danilo Astori.
Para
Isabella, fenómenos como este muestran que no solo hay espacio fiscal, sino que
existe una desigualdad estructural que debe ser abordada. Alonso complementó
esta visión señalando que, a casi 20 años de la primera reforma tributaria del
FA, «el problema de la desigualdad no desapareció, al contrario, está
agravado». Y añadió: «¿Qué sentido tiene un gobierno de izquierda si no está
combatiendo la desigualdad?».
UNA AGENDA EN PROCESO
Pese
al impulso que en algunos sectores de la izquierda comienza a adquirir la idea
de gravar al 1 por ciento más rico, hasta el momento, las principales señales
del equipo económico frenteamplista apuntan al diseño y la implementación de
medidas de estímulo a la inversión, en línea con una estrategia para dinamizar
el estancado crecimiento económico.
En
este marco, gana centralidad el objetivo de mantener un clima fiscal predecible
y favorable al capital sin alterar los pilares centrales del sistema
tributario, algo que parece dejar poco margen para la inclusión, en el corto
plazo, de propuestas más agresivas sobre la riqueza. Sin embargo, el propio
ministro de Economía, Gabriel Oddone, dejó una hendija abierta al debate.
Consultado en rueda de prensa sobre la propuesta de gravar al 1 por ciento más
rico, evitó una descalificación tajante y señaló que aún no conocía evidencia
suficiente sobre si un tributo de esas características tendría o no efectos
negativos sobre el crecimiento económico.
En
paralelo, el gobierno avanza en una de las iniciativas internacionales más
relevantes en materia tributaria: la implementación del impuesto mínimo global,
un acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos y el G20 que busca establecer un piso común del 15 por ciento en el
pago de tributos por parte de grandes empresas multinacionales, sin importar
dónde declaren sus beneficios. El objetivo es desalentar la competencia fiscal
entre países y limitar la erosión de las bases imponibles.
En
ese aspecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en un proyecto
de ley para adaptar el marco normativo interno, con el que prevé recaudar 350
millones de dólares, según sostuvo el subsecretario de Economía, Martín
Vallcorba (La Diaria, 14-VI-25). Sin embargo, la viabilidad del acuerdo
enfrenta desafíos significativos. Las naciones del G7 anunciaron el pasado 28
de junio que acordaron eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos
del alcance del impuesto mínimo global, una concesión clave al gobierno de Donald
Trump, que presionó fuertemente para lograr ese compromiso.
Este
esfuerzo se combina con una revisión de los regímenes de promoción de
inversiones, especialmente en lo que refiere al alcance de las exoneraciones
fiscales. Si bien por ahora no se plantea desarmar los beneficios vigentes, en
el MEF se ha manifestado la intención de introducir ajustes para mejorar la
eficiencia de los incentivos y garantizar que los beneficios otorgados se
traduzcan en retornos efectivos para la sociedad.
Así
las cosas, el primer tramo de la administración frenteamplista aparece marcado
por un delicado equilibrio entre señales promercado y tensiones internas que
reclaman retomar una agenda redistributiva. El desenlace de esa tensión aún
está por verse. Será a partir de la conformación del presupuesto cuando se
tendrá una visión más acabada de cuánto se pretende avanzar sobre la agenda
social que llevó al FA nuevamente al gobierno. Por lo pronto, la situación
fiscal plantea un desafío mayor del esperado, aunque aún no parece suficiente
para tocar donde más duele: allí donde se acumula la riqueza.
Juan
Geymonat (coord.), Los de arriba: estudios sobre la riqueza en Uruguay,
Montevideo, Fucvam, Enforma, 2021. ↩︎
Mauricio
de Rosa y Joan Vilá, Taxing the rich in Latin America: revenue and
distributional effects of a wealth tax, serie Documentos de Trabajo, DT
14/2024. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Universidad de la República. ↩︎
Titulo
original “LA PROPUESTA SOBRE UN NUEVO IMPUESTO A LOS RICOS EN URUGUAY.Un vuelto
necesario”. Autor: Luciano Costabel. Publicado en Brecha número 2067.
